El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó en el Congreso el proyecto de reforma tributaria -llamado Ley de Solidaridad Sostenible- que levantará ampolla ya que, aunque busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, mantener algunos programas sociales y evitar la pérdida del grado de inversión, afecta a la clase media de donde provendrá el grueso del recaudo.
Después de reiterar que el déficit de 2021 ascenderá a $94 billones, Carrasquilla dijo: tenemos que revertir el aumento de la deuda pública, por los déficit de 2020 y 2021, 7,8% y 8,6% respectivamente.
“En ausencia de un esfuerzo fiscal, la deuda del Gobierno como proporción del PIB aumentaría hasta el 108% en 2031, por lo cual se requiere un aumento de los ingresos (1,5% del PIB) y tomar medidas para reducir la evasión y la elusión (1,1%)”.
Pero para lograrlo, la propuesta del Gobierno tocará especialmente a la clase media (sobre la que recaerá el grueso de la reforma), que pagaría $17 billones adicionales, mientras que $7,3 billones provendrían del IVA y $3,7 billones de las empresas.
Sin embargo, el funcionario destacó que a cambio del garrote tributario, si el Congreso aprueba la reforma el país lograría reducir la incidencia de la pobreza extrema disminuiría en 5,8 puntos porcentuales, mientras que la desigualdad disminuiría en 2,3 puntos.
Dicha caída se lograría con programas con la extensión hasta junio del subsidio a la nómina (PAEF) y el pago de las cotizaciones de seguridad social para jóvenes en su primer empleo, personas en situación de discapacidad, aprendices del Sena, mujeres mayores de 40 años en situación de desempleo y adultos mayores no pensionados.
En el proyecto se incorporan algunos impuestos verdes, con el ánimo de fomentar comportamientos y métodos de producción sostenible. Entre estos se resalta el impuesto al carbono, a los vehículos, plásticos de un solo uso, al consumo de plaguicidas y se creará el FonClima y el FonEnergía.
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IVA
La reforma propone eliminar la categoría de bienes exentos de IVA, excepto para los bienes de exportación, aunque tampoco gravaría los alimentos de la canasta familiar.
Aunque la nueva política del IVA comenzaría en 2022, el Gobierno propone que las compensaciones comiencen este mismo año. Esa medida beneficiaría a
4,7 millones de hogares, que recibirían una transferencia anticipada de $50.000.
De aprobarse los cambios, el potencial de recaudo del IVA pasaría a ser de 43% del potencial, mientras que hoy el recaudo es de 39%.
En total, esta compensación tendría un costo fiscal de $1,7 lo que representa 0,2% del PIB.
La gasolina también será gravada con un impuesto del 19% y adicional a ello se creará una sobretasa al ACPM, que tendrá aspectos técnicos iguales a la sobretasa de la gasolina, mientras que para la base gravable de la gasolina motor corriente y extra oxigenadas, no se incluirá el alcohol carburante.
Personas naturales
Carrasquilla explicó que solo el 4% de las personas naturales empleadas (23 millones en total) pagan el impuesto de renta. La propuesta busca llevar esa cifra al 18%, para aquellos situados en la parte alta de la distribución del ingreso.
Por cuenta de la ampliación de la base de declarantes del impuesto de renta, la cifra pasaría de 3,8 millones (de esos, solo 1,6 millones pagan) a 7 millones en 2023 (declarantes).
En cuanto a los pensionados, la propuesta busca que aquellos que reciben desde $7,2 millones en adelante (28.000 personas de 2 millones de pensionados, incluyendo el régimen privado, Colpensiones y los especiales) paguen imporrenta.
La reforma propone un mecanismo de transición según el cual a partir de 2022 se pagaría impuesto de renta desde $4,1 millones mensuales; en 2022 a partir de los $2,9 millones, y en 2024 a partir de los $2,5 millones.
El proyecto también propone un impuesto temporal y solidario por dos años, que es deducible al impuesto de renta y aumentaría el impuesto a los dividendos de 10% a 15%.
Otros impuestos dirigidos a las personas naturales son un gravamen temporal a la riqueza para patrimonios superiores a $5 mil millones; el fortalecimiento del impuesto a los dividendos y un impuesto temporal solidario para ingresos mensuales de más de $10 millones.
Empresas
El proyecto insiste en disminuir la tarifa del impuesto de renta a las empresas. Para ello, establecería un esquema de tarifas marginales a partir de una utilidad de $500 millones, iniciando con una tarifa de 24% para las empresas pequeñas y 30% para las medianas y grandes.
Sin embargo, establecería una sobretasa de renta de tres puntos por dos años para financiar el Programa de Impulso a la Recuperación del Empleo.
«La sobretasa de 3% se hace para que se mantenga el espíritu de solidaridad que cobija a este proyecto que estamos proponiendo y se hace por dos años para solventar la salida de esta crisis», explicó Carrasquilla.
El proyecto propone mantener los beneficios tributarios relacionados con economía naranja y turismo hasta 2022, así como el descuento del IVA de bienes de capital y el descuento de 50% del impuesto ICA.
«Es un descuento que ha generado muchísima polémica y nosotros aceptamos esa polémica, manteniendo el descuento del ICA en 50%», concluyó.
Finalmente, el proyecto propone cambios a la actual Regla Fiscal, con el fin de lograr un ajuste más ordenado, que persiga objetivos orientados a reducir la deuda pública y que no ponga en riesgo la reactivación del país, según Carrasquilla.
También busca el fortalecimiento de la independencia del comité de expertos en esta materia, con el fin de robustecer la institucionalidad de la política fiscal,
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