Asesinatos de indígenas: 6 claves para entender los crímenes en el Cauca

Publicado: noviembre 15, 2019, 5:43 pm

Marcos González Díaz – BBC News Mundo

«Que cada 72 horas maten a una persona indígena en Colombia solo se puede llamar genocidio».

Organizaciones sociales alertan una y otra vez sobre la crisis de inseguridad que esta población sufre en el país y que, según denuncian, incluso se agravó tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 que llevaron a la desmovilización de las FARC.

Pero de los 115 pueblos indígenas existentes en Colombia (1.905.000 personas según el Censo 2018, 4,4% de la población total) son quienes viven en el departamento del Cauca los que enfrentan aún mayor peligro.

Parte de su población, especialmente en el norte, se resiste a que distintos grupos armados utilicen sus territorios para el cultivo y distribución de droga, la raíz de una economía ilícita presente en la región durante décadas.

Y las consecuencias de esta disputa suelen ser dramáticas.

1. ¿Cuáles fueron los últimos crímenes en el Cauca?

Cristina Bautista, gobernadora de la reserva de Tacueyó en el municipio de Toribío, fue asesinada el pasado 29 de octubre junto a cuatro miembros de la Guardia Indígena.

Nora Elena Taquinás, gobernadora sobreviviente de la masacre, le relató a El País de Cali cómo las autoridades habían acudido a rescatar a personas secuestradas en varios vehículos de hombres armados cuando se vieron en el medio de «15 minutos» de disparos.

Las Fuerzas Armadas atribuyeron la masacre a un grupo armado organizado residual que quería rescatar a miembros de su organización detenidos por la guardia indígena. La población local señala a un grupo disidente de las FARC.

Solo cuatro días después, un joven indígena de 18 años fue asesinado en Toribío. Al día siguiente, otro miembro de la comunidad no logró escapar de la ráfaga de balas que hombres armados dirigieron contra su casa en el mismo municipio.

Además, cuatro ingenieros fueron asesinados el 31 de octubre mientras hacían trabajos de reconocimiento topográfico en una zona rural de Corinto, también en el norte del departamento. Ese mismo día, otro hombre apareció muerto en la zona.

Pero esa semana trágica para la comunidad del Cauca no hizo más que confirmar lo que es una clara tendencia de crímenes al alza en los últimos años.

Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), 22 indígenas fueron asesinados en este departamento el año pasado. En lo que llevamos de 2019, son ya 56 las víctimas mortales.

«Son cifras totalmente alarmantes, las tuvimos en la época de mayor confrontación en el país y no en un escenario de post-acuerdo como el de ahora», le dice a BBC Mundo Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Esta semana, organizaciones indígenas indicaron que denunciarían ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los últimos crímenes.

2. ¿Por qué es tan estratégico el norte del Cauca?

Para entender el riesgo al que están expuestos las comunidades del norte del Cauca, es importante entender la importancia estratégica de esta zona para los grupos armados.

El Cauca es un departamento ubicado en una región montañosa del suroeste colombiano con una importante población indígena. La comunidad Nasa, tercer grupo indígena de Colombia con 243.000 miembros, es la más numerosa en la región.

Su ubicación lo convierte en un corredor estratégico como zona de tránsito para actividades ilícitas al unir el occidente y el oriente con el centro de Colombia.

Además, su localización sobre el corredor del río Naya que conecta la cordillera central con el océano Pacífico, hacen del departamento un paso obligado para sacar la droga producida en esta zona del país.

Es por ello que en la región abundan los cultivos de coca y marihuana gracias a los que asegura subsistir parte de la población del Cauca, uno de los departamentos con mayor tasa de pobreza junto a La Guajira y Chocó, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Y estos cultivos -al margen de proyectos mineros en la zona- son la principal causa de la larga y sangrienta disputa por lograr el control de estas tierras entre distintos grupos armados frente a la resistencia de las autoridades indígenas.

3. ¿Qué grupos armados están presentes?

El Cauca vive sumido en una espiral de violencia por la presencia de grupos armados, disidencias de las FARC, paramilitares y bandas de narcotraficantes en un departamento fuertemente militarizado y con varias bases del ejército instaladas.

La Defensoría del Pueblo, que desde enero de 2018 emitió una decena de alertas tempranas sobre la situación de riesgo en el norte del Cauca, alertó en octubre sobre «el rearme y fortalecimiento de los actores ilegales emergentes, que a la fecha al parecer se encuentran en una fase de expansión y consolidación».

Como recuerda Arias de la ONIC, «históricamente, la región fue controlada por el frente sexto y la columna móvil Jacobo Arenas de las FARC», considerados el brazo armado del bloque occidental de las antiguas guerrillas.

Tras el proceso de paz, sin embargo, grupos de disidentes planearon cómo retomar el control de la zona y regresaron «en una actitud más criminal y combativa», según el dirigente.

Entre las columnas de disidencias presentes en la actualidad destacan las conocidas como Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, si bien también hay presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos del Ejército Popular de Liberación (EPL) como Los Pelusos.

Según Jhoe Sauca, dirigente del CRIC, «son grupos que no tienen ninguna estructura de mando organizada con fines políticos, solo disparan sin ningún tipo de dialogo. Son grupos ya al servicio de los narcotraficantes».

Además, líderes indígenas denuncian desde hace tiempo a la presencia en la zona del mexicano Cartel de Sinaloa, a quien acusan de estar detrás de varios crímenes e incluso de reclutar menores para realizar labores de narcotráfico.

«La disidencia de ese cartel le ha puesto precio a las cabezas de los líderes y guardias indígenas en panfletos con amenazas, algo que no se veía desde la época de Pablo Escobar. Hoy están pagando 10 millones de pesos (US$3.010) por cabeza», asegura Arias.

El gobierno no reconoce la existencia de esta organización en territorio colombiano, y desmintió por ejemplo la veracidad de los panfletos en los que este cartel se atribuía supuestamente la autoría de la masacre en la que el pasado septiembre fue asesinada la candidata a la alcaldía del municipio de Suárez, Karina García.

4. ¿Quiénes son las principales víctimas?

Las comunidades del Cauca llevan décadas viviendo en un clima de terror. El CRIC cifra en más de 38.000 las víctimas indígenas en este departamento en el marco del conflicto entre los años 1985 y 2016.

En uno de sus últimos documentos, la Defensoría del Pueblo alertó del aumento del riesgo en la zona «pero especialmente para aquellos que asumen la defensa de sus territorios y, por lo tanto, son más visibles y vulnerables frente a estas amenazas».

La Constitución de Colombia reconoce que «las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos».

Parte de esta función recae en los guardias indígenas, quienes «velan por el equilibrio y la armonía de todos los comuneros, y protegen y preservan que personas ajenas lo alteren», le dice a BBC Mundo Asdrúbal Plaza, miembro del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO).

Su papel los hace -junto a gobernadores y autoridades- especialmente vulnerables a los ataques, como ocurrió en la reciente masacre de Tacueyó.

Plaza destaca cómo «frente al armamento pesado de la contraparte que los matan, los guardias indígenas están armados con un bastón de mando. Nosotros no estamos en plan de guerra, somos territorios de paz»,

«Han creído que la cosa es matar guardias, matar autoridades para que entendamos los indígenas que si no queremos a las buenas, a las malas nos van a obligar a dejar nuestros territorios», agrega.

Según Arias de la ONIC, la decisión de algunas comunidades de recuperar el control de su territorio, incautar parte de la droga producida y destruirla no hizo más que empeorar la relación con los grupos ilegales.

«Pero si bien hay miedo, zozobra y terror por lo que pueda ocurrir, la gente no va a salir, prefiere hacerse matar pero no abandonar su lucha por la tierra», advierte.

5. ¿Por qué aumentaron los asesinatos de indígenas?

Preguntadas por la causa de este repunte de crímenes en la región, todas las organizaciones indígenas consultadas coinciden al mencionar una fecha histórica: los Acuerdos de Paz firmados en 2016.

«Tras el acuerdo, la violencia cesó en algunas partes del país. Pero en el caso de los territorios indígenas siguieron los señalamientos, los persecuciones… y empezó a crecer gradualmente la violencia», asegura Jhoe Sauca, coordinador del programa de defensa de la vida y derechos humanos del CRIC.

¿Y por qué ocurre esto? «Porque la gente creyó en un acuerdo de paz y se creía que iba a llegar la armonía territorial. Pero lo que hay son unos gobiernos expertos en incumplir los acuerdos pactados con comunidades indígenas», responde tajante en conversación con BBC Mundo.

Las organizaciones critican duramente lo que consideran un incumplimiento por parte del gobierno respecto al punto 4 del acuerdo que habla de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito por otras alternativas de subsistencia para las comunidades más pobres.

Sin embargo, aseguran que esas oportunidades nunca se han materializado. «Creemos que la omisión del Estado pareciera cómplice frente a lo que sucede en esta región», dice Arias, líder de la ONIC.

Además, Sauca apunta a otra causa y cuestiona que, tras la firma de los Acuerdos de Paz, se redujera «a la mitad» la presencia de hombres armados de la Fuerza Pública en el Cauca.

«Si lo que se intentaba era que no crecieran los cultivos de uso ilícito, que no proliferaran los grupos armados… ¿cuál era la intención con esa retirada?», pregunta el dirigente del CRIC.

6. ¿Cuál es la solución al conflicto?

Tras la masacre de Tacueyó, el presidente colombiano Iván Duque anunció el despliegue de 2.500 militares en el Cauca con tres propósitos: «control territorial, cerrar las rutas del narcotráfico empleadas por estas organizaciones y desmantelar esas organizaciones», afirmó el mandatario.

Pero los indígenas no creen que la medida sea suficiente.

Según Sauca, «hablar nuevamente de militarización es volver a caer en un error y es una terquedad del gobierno, que no está viendo que en vez de mejorar la seguridad de las poblaciones lo que va a hacer es generar mas violencia y muerte de gente inocente. Ese no es el camino».

Y aunque el dirigente del CRIC reconoce que la actuación de las Fuerzas Armadas en casos como el del bombardeo del pasado agosto en que murieron varios menores «genera dudas entre la población», niega que las comunidades indígenas prohíban el ingreso de la Fuerza Pública a sus territorios, como se les acusa en ocasiones.

Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, también cree que la presencia militar «profundizará el conflicto, y la población es la que quedará en el medio de la confrontación armada».

Por eso cree que para solucionar de raíz el problema, es necesaria una inversión social del Estado de manera integral que permita realmente a los indígenas abandonar los cultivos de uso ilícito a favor de otro tipo de proyectos que garanticen su sostenibilidad económica.

Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz y nombrado por el presidente Duque para liderar un plan de acción social para el Cauca tras los últimos asesinatos, anunció una inversión cercana a los US$390 millones para subvencionar proyectos y procesos de emprendimiento, construir infraestructuras y mejorar la cobertura sanitaria y educativa en la región.

Las comunidades indígenas acogieron con cautela este anuncio a la espera de su implementación y de que se convierta, realmente, en alternativas concretas para la población.

«El Cauca es una región sin oportunidades, no hay presencia del Estado, es controlada por los intereses del narcotráfico y las familias que viven aquí apelan a la opción de estos cultivos ilícitos para sobrevivir», reconoce Arias.

«La gente tiene disposición, pero entonces me preguntan: ‘¿Y como vamos a erradicar el hambre y la pobreza, si aquí no tenemos ninguna otra oportunidad para garantizar la superviviencia de nosotros como familias?'», concluye el consejero mayor de la ONIC.