Publicado: agosto 20, 2018, 11:57 pm
A finales del año pasado, la Comisión de Gasto Público entregó la que podría ser la carta de navegación del nuevo gobierno en materia fiscal.
En pocas palabras, los nueve expertos que la integraron se mostraron alarmados por la brecha entre el bajo recaudo tributario (14% del PIB, por debajo del 16% de Lartinoamérica y muy inferior al 34% de la OCDE, club al que Colombia acaba de ser admitida) y el gasto público, altamente inflexible a la baja: 19% del PIB. En palabras de la Comisión, la brecha fiscal estructural de es del 3% del PIB, suponiendo que los ingresos no tributarios continúen aportando casi el 2% del PIB.
Y aunque en sus 10 capítulos el informe analiza los desafíos fiscales que enfrenta el país, el dedicado a las pensiones pone el dedo en la llaga al advertir que el actual régimen “presenta una bajísima cobertura y el gasto público destinado al pago de las pensiones resulta fuertemente regresivo en términos de la distribución del ingreso entre los colombianos y alarmantemente costoso en términos fiscales”.
¿La razón? Más de una cuarta parte de los impuestos pagados por los colombianos se destina a completar faltantes para el pago de las pensiones.
En efecto, según los expertos, los recursos destinados para cubrir el desequilibrio entre las cotizaciones y los beneficios en los diferentes regímenes públicos aumentó del 0,6% del PIB en 1990 al 3,9%, en 2017, es decir, el 28% de los ingresos tributarios de la Nación (o más de 40 billones de pesos).
Con una ‘camisa de fuerza’ (regla fiscal) que obliga al gobierno alcanzar un déficit total estructural de 1% del PIB en 2022, la Comisión advierte que el panorama fiscal no está despejado y que el nuevo gobierno deberá realizar ajustes por el lado de los gastos y/o ingresos.
“La abrupta reducción de los precios internacionales del petróleo y de otros bienes básicos golpearon de manera importante el crecimiento económico, los ingresos externos y los del Gobierno”, explican al recordar que los ingresos del Gobierno Nacional Central se redujeron 3.3% del PIB (aproximadamente $24 billones) entre 2013 y 2016.
Para enfrentarlos, el gobierno sacó adelante la reforma tributaria de 2014 y 2016 (esta última incrementó el IVA al 19%) y, dada la rigidez del gasto, hizo recortes importantes en la inversión pública afectando el crecimiento.
“A pesar de estos esfuerzos de ajuste, los niveles de deuda/PIB se han impactado por el aumento en los niveles de déficit efectivo y la devaluación observada en los últimos cuatro años”.
Y aunque el envejecimiento de la población y el costo de las pensiones es un desafío de la mayoría de los países, en Latinoamérica la controversia se ha polarizado entre quienes proponen la eliminación del régimen de prima media (RPM) vs aquellos que plantean su completa privatización (régimen de ahorro individual, RAIS).
El tema es polémico y a la mano está el caso de Chile, que optó por la segunda vía con pocas excepciones. En un artículo reciente, el New York Times recogía las protestas masivas de los chilenos de la siguiente manera: “El sistema de pensiones de Chile, modelo de privatización para muchos, se desmorona”.
¿La razón? En el sentir de quienes salieron a protestar, “la mayoría de la gente debe seguir trabajando aún después de su edad de jubilación mientras las empresas privadas han obtenido enormes ganancias invirtiendo los ahorros de seguridad social de los chilenos”.
Y aunque en Colombia algunos expertos apoyan la fórmula de la privatización total, en la reciente campaña presidencial ninguno de los aspirantes la avaló, pese a que la mayoría anunció reformas respetando los derechos adquiridos, pero buscando a la vez reducir los subsidios y garantizar su sostenibilidad.
De hecho, en palabras del presidente de la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, Santiago Montenegro, “hay que dejar atrás el debate de lo público vs lo privado, ya que se trata de pensar en un régimen pensonal viable y que pueda responderles efectivamente a los trabajadores con pensiones buenas y justas”.
En un país con índices de informalidad laboral que rayan en el 50% (según el Dane, la proporción de ocupados informales en 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas en el trimestre febrero-abril de este año fue 47,5% y 48,6%, respectivamente), algunos analistas han subrayado que, además de la corrección de sus distorsiones, un paso importante es el combate del flagelo de la informalidad y la reducción del desempleo.
De acuerdo con el Dane, el porcentaje de ocupados que cotizó a pensión en 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas en el mismo período (el trimestre febrero-abril de 2018) fue 50,2% y 48,9% respectivamente. El año pasado, los porcentajes habían sido 50,6% y 49,1%, respectivamente.
Aun así, en su documento final la Comisión del Gasto (la cual no logró ponerse de acuerdo en qué hacer hacia futuro para reformar el sistema pensional) hizo las siguientes recomendaciones:
- Aumentar la edad de jubilación, vinculándola de manera sistemática y periódica (por ejemplo. cada cinco años) a parámetros demográficos.
- Utilizar el promedio del salario de toda la vida laboral o al menos el de los últimos 20 años (en vez de los últimos 10 que se utilizan actualmente) para calcular el ingreso base de liquidación en el RPM, con el fin de reducir la magnitud de los subsidios y las inequidades que se generan contra las personas que tienen una senda de ingresos con menor crecimiento o incluso con decrecimiento a lo largo de la vida laboral.
- Aumentar los porcentajes de cotización a 18% para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema.
- Reducir el tope existente actualmente para las pensiones del RPM que en este momento se ubica en 25 salarios mínimos, el cual resulta atípicamente elevado en cualquier comparación internacional.
- Establecer un gravamen a las pensiones altas.
IMPACTOS DE LA PROPUESTA
- Beneficiaría a trabajadores formales (será auto sostenible, y sin subsidios a pensiones altas)
- Contempla un complemento tipo régimen de reparto, mejor diseñado y en el que quienes hayan cotizado al menos 1.150 semanas, pero no tengan el capital suficiente, también se pensionen, como se puede hacer hoy en los fondos privados mediante el llamado Fondo de Garantía de Pensión Mínima.
- En adición, habría un componente para beneficiar a aquellos trabajadores “semi-informales” y aquellos en condición de discapacidad (tipo BEPs para complementar con subsidios del Estado, los aportes que ya han hecho en el pasado dichas personas).
- Se reforzaría el pilar solidario para proteger a los más pobres con el programa Colombia Mayor cuyos recursos podrían provenir de los actuales subsidios a pensiones privilegiadas, que hoy ascienden a $41 billones y que salen del presupuesto de la Nación.
