Publicado: noviembre 16, 2017, 4:16 pm
Los debates sobre la minería en Colombia han aumentado en los últimos años y la participación de organizaciones defensoras del medio ambiente ha guiado la opinión pública hacia las consultas populares para frenar algunos proyectos con altas inversiones.
En el caso de Santurban, hay quienes aseguran que la mina de oro que empezará a construir la multinacional Minesa afectará el ecosistema del páramo, aunque tanto la empresa como el gobierno han desmentido esa posibilidad asegurando que las obras se realizarán a 2.640 metros sobre el nivel del mar y que el páramo está a 3.100, lo que no afectaría la zona protegida.
El debate se intensifica si se suma que el Gobierno de Emiratos Árabes anunció la inversión de 1.000 millones de dólares para la construcción de una mina de oro cercana al páramo y que, casi a la par, la Corte Constitucional dio su fallo en el que impide a la población participar en la delimitación del páramo lo que despierta el debate sobre si esta obra afecta o no el ecosistema.
Sobre esto, el biólogo Orlando Rangel, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), asegura que aunque está claro que la zona que explotaría la firma está por fuera de la región delimitada como páramo, es necesario que se mire cuidadosamente la solicitud de licencia presentada a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), para analizar cuáles son las medidas que se proponen para hacer una correcta explotación de los recursos.
Entre los aspectos a considerar está el uso del recurso hídrico: “es preciso saber de dónde se obtendrá el agua para las labores de minería, para que estas no afecten la disponibilidad del recurso en las fuentes de las cuales se abastece el Acueducto de Bucaramanga”, detalla el docente Rangel.
También debe ser claro cómo se dispondrán los residuos sólidos resultantes de las pérdidas del proceso; cómo se afectarían los sitios conservados por las vías de penetración necesarias para transportar herramientas y personas, y aunque el proyecto plantea que se harán excavaciones subterráneas se debe tener claro cómo será el manejo de la contaminación del aire.
“Estos aspectos se deben consultar con especialistas para revisar los estudios realizados y los planes de contingencia planteados por la multinacional. En la U.N. tenemos expertos que conocen el páramo y podrían analizar la viabilidad del proyecto”, agrega el académico.
De esta forma, en caso de que no se ofrezcan alternativas viables, los organismos oficiales podrán tener argumentos para contrarrestar cualquier efecto pernicioso que pueda sufrir este ecosistema.
Vale aclarar que el fallo emitido por la Corte Constitucional establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene un año para delimitar el páramo incluyendo la participación ciudadana para asegurar la legitimidad de la zonificación, ya que las reacciones de alarma frente a las actividades de minería son consecuencia de no tener en cuenta la percepción de los habitantes frente al asunto.
El profesor Rangel enfatiza en que la Corte no está despreciando la delimitación, sino que se estalece un plazo para mejorar este proceso: “lo ideal es que durante este tiempo también se hagan ajustes en el estudio que aún no están bien argumentados, especialmente para que la parte cartográfica pueda tener un conocimiento real del terreno”.
Para el experto de la U.N., “los recursos naturales renovables y no renovables se pueden usar, pero es de vital importancia saber cómo y en dónde utilizarlos. Esta es una oportunidad para que el Gobierno entienda que la biodiversidad es un asunto de todos los colombianos, y que la academia se debe integrar a este”.
