Por desconocimiento, las empresas no recurren a la ley de insolvencia, que les permite sobrevivir a la crisis, sino que prefieren sortear a su manera las difíciles situaciones económicas por las que esté atravesando.
A través de la Ley de insolvencia la empresa, prácticamente congela sus deudas, es protegida de embargos y procesos judiciales de cobro, y le da la posibilidad de reorganizar sus obligaciones en un acuerdo con condiciones muy favorables, en muchos casos sin intereses, a muy largos plazos y con varios años de gracia.
A continuación, algunos mitos que tienen las empresas sobre esta Ley:
- Los empresarios suelen creer que durante el proceso pierden la autonomía en la administración de la empresa y no es cierto. Es claro que no hay coadministración y que las funciones siguen en cabeza de los órganos de administración de la sociedad y la empresa sigue desarrollando su actividad.
- Se cree que hay que estar al día en impuestos y tampoco es cierto. Las deudas por impuestos como IVA, renta, CREE, ICA, prediales, entre otros, pueden ser reorganizadas. Las retenciones no se pueden reorganizar dentro del proceso, pero estar en mora en su pago no es obstáculo para acogerse al proceso. En este caso el empresario propone las fórmulas de pago.
- También se cree que contratos de arrendamiento o de suministro serán terminados anticipadamente y les exigirán a la empresa devolver los inmuebles por acogerse al proceso de reorganización, y tampoco es cierto. Por el contrario, una vez una empresa es admitida, el arrendador no puede invocar la mora como causal para terminar el contrato de arrendamiento, y los cánones de arrendamiento vencidos van a entrar al proceso. La ley también prevé que no se puede hacer efectiva ninguna cláusula en algún contrato que implique una sanción o una desmejora para la empresa por entrar en reorganización, ni mucho menos terminarlos unilateralmente.
El proceso de reorganización de pasivos constituye una herramienta muy poderosa para salvar empresas, para evitar que se pierdan las unidades productivas y los activos. Permite a las empresas lograr acuerdos blandos, ajustados a sus finanzas y sus posibilidades, mientras las protegen de embargos, demandas y procesos de restitución.
Ante tanta desinformación y mitos alrededor del tema, la principal recomendación para los empresarios es que consulten un experto tan pronto detecten desmejora en sus finanzas.
Lea también Más de 23.000 empresas salieron del mercado durante el primer semestre de 2017