En abril de este año, entraría en operación esta herramienta tecnológica que permitirá rastrear a violadores y asesinos en serie en Colombia.
Esto será posible gracias a la firma de una resolución por parte de la directora del Instituto Nacional de Medicina Legal, Claudia García, quien mencionó que: «Pretendemos dar elementos de juicio desde el punto de vista científico, que le permita con certeza a nuestros fiscales poder agrupar casos que estén asociados con un mismo individuo”.
De acuerdo con un comunicado difundido por la entidad, la base empezará a funcionar de manera inicial con los perfiles genéticos que se han ido recolectando en el transcurso de las investigaciones por parte de Policía Judicial, tanto como por el material Instituto recogido por el Instituto durante los exámenes y las necropsias.
Un Comité de científicos será el encargado de evaluar cada seis meses el funcionamiento de la base de datos de violadores y asesinos, conforme estándares nacionales e internacionales. Para la administración de esta información de interés forense se diseñará un programa de aseguramiento de calidad que garantizará el manejo correcto de las evidencias biológicas en cualquier etapa del proceso, agregó la funcionaria.
Aunque las muestras están pensadas en alcanzar una mayor rapidez en la judicialización de las delincuentes, que parece ser una idea positiva, lo cierto es que los casos de otros países en la región, como Argentina, donde ya se ha implementado de medida plantean su efectividad.
Allí, el congreso sancionó la Ley que autorizaba la creación de un registro genético de violadores en 2013, pero fue hasta 2018 que empezó en funcionamiento y en el primer año “los jueces respondieron sólo un 7% de las solicitudes que recibieron para autorizar la extracción de la muestra de ADN a los sentenciados”, explica Martín Candalaft, periodista del portal Infobae.
Según la normatividad argentina, los jueces disponen de cinco días hábiles posteriores a quedar en firme las sentencias para la obtención del perfil genético del condenado, sin embargo, “en el tiempo que llevaba funcionando este banco de datos, se firmaron menos de 10 permisos”, lo cual es preocupante si se tiene en cuenta que las cifras responden a personas que fueron sentenciadas después de puesta en funcionamiento la ley, comentó.