Publicado: noviembre 1, 2018, 9:02 pm
La duodécima edición del Informe Nacional de Competitividad, primera que se presenta en el Gobierno del presidente Iván Duque, hace un balance de los avances de Colombia en materia de competitividad y establece los retos pendientes. El Gobierno Nacional encontrará en el diagnóstico y las recomendaciones propuestas por el CPC, un insumo valioso para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y para la priorización de las acciones de política pública de los próximos años.
El Informe se presenta días después del lanzamiento del nuevo Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial. El énfasis de la agenda promovida por el CPC coincide con el nuevo indicador del Foro, el cual se concentra en evaluar los determinantes de la productividad como elemento central del crecimiento económico de largo plazo.
El CPC reconoce en su informe que Colombia ha avanzado en varios frentes: inversión en infraestructura, cobertura en salud y educación, atracción de inversión, solidez macroeconómica, reforma a las regalías, reducción del desempleo y de la informalidad laboral, reducción de la pobreza y de la desigualdad, fin del conflicto con las FARC e ingreso a la OCDE, entre otros. Pero, al mismo tiempo, Rosario Córdoba afirma: “Por cada logro hay una tarea aplazada. Colombia debe acelerar el paso para lograr cambios estructurales y, así, mayor competitividad. Hoy el reto es consolidar los pasos que se han dado en la dirección correcta, y actuar con decisión para avanzar en los que están pendientes”.
Y es que el desempeño reciente de Colombia en los indicadores internacionales de competitividad confirma que la tarea continúa. Más allá de los avances que se dieron en algunos periodos y de los cambios metodológicos, desde 2015 se observa una caída en los tres indicadores más empleados a nivel internacional: (1) en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, Colombia pasó del puesto 61 entre 140 países en 2015 al puesto 66 entre 137 en 2017 y, con la nueva metodología, del puesto 57 entre 135 en 2017 al 60 entre 140 en 2018; (2) en el Anuario de Competitividad Mundial del Instituto para el Desarrollo Gerencial, el país descendió del puesto 51 en 2015 al 58 en 2018; y (3) en el escalafón Doing Business del Banco Mundial, de la posición 51 a la 65 en el mismo periodo.
En relación con el primer tema, el Informe establece que Colombia tiene el costo de transporte más alto de América Latina, escasez de talento técnico calificado acorde con las necesidades del sector productivo, instituciones precarias y bajas capacidades estatales para solucionar problemas como la corrupción y para garantizar la presencia del Estado y la provisión de bienes públicos en zonas rurales.
Frente al segundo, el CPC advierte que la economía colombiana es aún cerrada por barreras no arancelarias y engorrosas operaciones y trámites de comercio exterior. Igualmente, se ponen de presente la inflexibilidad del mercado laboral y las distorsiones generadas por subsidios y regulaciones dirigidas a proteger intereses particulares. También se destaca el exceso de normas y el costo que estas le imponen al sector privado, así como la ineficiencia del sistema tributario.
Y en relación con la innovación empresarial, el Informe advierte desarticulación entre entidades y una falta de compromiso con aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI). En palabras de Rosario Córdoba: “Nada indica que la meta de que Colombia invierta uno por ciento del PIB en actividades de CTI se hará realidad en el mediano plazo. El Gobierno ha fallado en tener una estrategia clara en esta materia y el CONPES de CTI nunca vio la luz. Por parte del sector privado, aunque aumentó la inversión frente al rubro público, las empresas tienen aún una gran responsabilidad en adopción de tecnología e innovación, pues sus niveles actuales están lejos de los estándares internacionales”.
Priorizar acciones en estos tres frentes con liderazgo al más alto nivel en el Gobierno Nacional, y asumir un compromiso con la política pública rigurosa y basada en evidencia, son las recomendaciones principales del CPC para que el país pueda avanzar en competitividad.
La presidenta del Consejo agregó que aunque el informe entra al detalle tanto en diagnóstico como en recomendaciones para cada uno de los temas que afectan la competitividad del país, es fundamental enfocarse al menos en las siguientes acciones clave que no dan espera:
- Regulación: Formalizar el rol del Departamento Nacional de Planeación como autoridad única de coordinación y supervisión regulatoria, hacer obligatorio el Análisis de Impacto Normativo para todas las entidades del orden nacional, y establecer una agenda de revisión del inventario normativo actual por sector administrativo con carácter obligatorio. El exceso de regulación, su costo para la actividad privada, las distorsiones que genera entre sectores y las barreras que impone a la libre competencia, hacen de la mejora regulatoria una prioridad en la agenda de eficiencia del estado.
- Transporte de carga: Culminar el esquema de libertad vigilada y permitir que los fletes se generen en condiciones de competencia. El sistema actual no solo es complejo, genera incertidumbre y su aplicación se presta para múltiples interpretaciones, sino que impide que las empresas justifiquen eficiencias frente a los costos de referencia del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-TAC), lo que va en contra de la competitividad del sector e impide el buen funcionamiento del mercado de bienes.
- Modernización de la DIAN: Aprobar e implementar el CONPES de modernización tecnológica de la DIAN. A mediados de 2017 venció el plazo que por ley estableció la reforma tributaria de 2016 para que el director de la DIAN le presentara al CONPES el plan de modernización tecnológica de la entidad. Es fundamental que el país cuente con una administración tributaria eficiente para reducir la alta evasión y elusión.
- Formalización laboral: Reducir los costos laborales no salariales asociados a la contratación formal. En línea con la eliminación de los parafiscales en 2012, con demostrada efectividad en la reducción de la informalidad laboral, es esencial avanzar en la sustitución de algunos costos que aún asumen empleadores y que en la práctica fungen como un impuesto a la formalidad, para que sean financiados con otras fuentes. Se debe modificar la fuente de financiación de las cajas de compensación familiar, el ICBF y el SENA, e incluirlas en el Presupuesto General de la Nación.
- Facilitación del comercio exterior: Reducir los tiempos de exportación e importación. Hoy los tiempos de las operaciones de comercio exterior superan las 110 horas, cuando el promedio de América Latina es de 70 y el país asumió compromisos internacionales en sus tratados de libre comercio de reducir los tiempos a 48 horas. Acelerar la implementación cabal del nuevo estatuto aduanero es fundamental para eliminar barreras no arancelarias que hacen que el comercio exterior pese en nuestro PIB lo mismo que pesaba hace 30 años.
