Ghislaine Maxwell, la colaboradora más cercana de Jeffrey Epstein y quien mejor conoce los secretos del círculo de poder que rodeó a ese financiero durante años, se ha ofrecido a declarar ante el Capitolio. Con ello, sitúa a los republicanos ante una disyuntiva incómoda: … mientras Donald Trump demora la publicación de los documentos del caso, su propio partido se niega a facilitar un testimonio en directo que podría sacudir a toda la nación.
Esa negativa obedece a que Maxwell impone condiciones realmente draconianas: inmunidad total, evitar el centro penitenciario donde cumple condena, recibir por adelantado las preguntas de la comisión y que la comparecencia se programe solo después de que se resuelva su recurso ante el Tribunal Supremo.
En una carta enviada por sus abogados a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, Maxwell plantea incluso una opción alternativa: si el presidente Donald Trump le concede un indulto, testificará «abiertamente y con franqueza» en público.
Trump prometió desclasificar los documentos, pero seis meses después siguen bajo secreto de sumario. El FBI, policía judicial, dispone de ellos. La sospecha de muchos es que Epstein, que se suicidó, facilitaba niñas a millonarios y luego los chantajeaba con vídeos o les cobraba por hacer de proxeneta de lujo.
La misiva de Maxwell, entregada este martes, representa un giro explosivo en un caso que ha perseguido a Trump durante más de una década. En ella, la pareja de Epstein, condenada en 2021 por tráfico sexual de menores, se ofrece a hablar si se le garantiza un marco «seguro y justo», pero deja claro que no lo hará si eso puede poner en riesgo la casación o comprometer un posible nuevo juicio.
Advierte también que varios miembros del Congreso han «prejuzgado su credibilidad» antes de escucharla o revisar los documentos que, asegura, respaldan su versión. Ella niega haber sido la reclutadora de Epstein en la red de trata de mujeres y menores.
Respuesta del Congreso
La respuesta del Congreso fue inmediata. Desde la comisión que dirige el republicano James Comer se rechazó rotundamente conceder inmunidad. «No creo que haya muchos republicanos dispuestos a dar inmunidad a alguien que podría haber traficado con niños», declaró a la cadena CNN. Su portavoz añadió que el Capitolio responderá formalmente a los abogados de Maxwell en los próximos días, pero sin ceder en ese punto.
La carta es extensa y meticulosamente redactada. Detalla, entre otras cosas, que Maxwell no aceptará ser interrogada en la prisión federal donde cumple una pena de 20 años, que no participará en ninguna vista sin conocer previamente las preguntas y que no accederá a testificar mientras su apelación ante el Supremo y una petición de ‘habeas corpus’ sigan pendientes.
Según su equipo de abogados, esas dos acciones legales podrían resolverse en octubre, cuando el alto tribunal regrese de su receso de verano.
El apartado final de la carta ha sido el que más impacto ha causado: un llamamiento directo a Trump para que le conceda el indulto. «Si la señora Maxwell recibiera clemencia, estaría dispuesta —y deseosa— de testificar públicamente ante el Congreso en Washington. Desea compartir la verdad y disipar las muchas falsedades y malentendidos que han rodeado este caso desde el principio», afirman sus abogados.
Este ofrecimiento llega en el momento de mayor presión pública para que el Gobierno de Trump dé a conocer los documentos que vinculan a figuras de poder con la red de Epstein. Entre ellos, el propio presidente, que ha sido citado decenas de veces en registros de vuelo, agendas personales y testimonios que obran en poder del Departamento de Justicia.
Como informó el «Wall Street Journal», la fiscal general Pam Bondi le comunicó en mayo que su nombre figura reiteradamente en los archivos del caso.
Trump no se pronuncia
Maxwell, que fue la principal colaboradora y reclutadora de Epstein, según el fallo judicial que la condenó, ha sido interrogada en varias ocasiones por fiscales federales desde prisión. Ahora, su posible testimonio en el Congreso podría arrojar luz sobre los vínculos entre Epstein y una red de políticos, empresarios, celebridades y diplomáticos, varios de los cuales han sido protegidos por el sistema durante años.
El presidente Trump ha evitado referirse a este último ofrecimiento de Maxwell. Varios aliados temen que, de acceder a declarar, la condenada busque protegerse comprometiendo a antiguos socios. Este miedo no es nuevo, pero se ha intensificado con la difusión de grabaciones del periodista Michael Wolff, en las que Epstein describe al líder republicano como su amigo íntimo durante una década y ofrece detalles explícitos de fiestas privadas, encuentros sexuales y supuestas maniobras de chantaje.
Hasta ahora, Trump ha sostenido que rompió su relación con Epstein en 2004, tras una disputa inmobiliaria. De antes, hay imágenes de ambos en Mar-a-Lago, registros de vuelos, testigos de fiestas compartidas e incluso menciones a Melania en el entorno de Epstein. Lo que Maxwell podría confirmar —o desmentir— es hasta qué punto el actual presidente conocía las actividades ilegales de su entonces amigo.
Algunos demócratas presionan para que se le garantice a Maxwell protección como testigo colaborador, mientras que otros temen que un testimonio condicionado pierda valor jurídico o se convierta en espectáculo político. Para el entorno de Trump, sin embargo, la posibilidad de que hable en público bajo juramento representa una amenaza seria. Existen fotografías que documentan su cercanía con Epstein y el presidente.
Si Maxwell comparece, sería la primera vez que una figura central del caso Epstein testifica ante el Capitolio. Podría revelar nombres, describir dinámicas internas de captación e incluso dar detalles de lo que ocurría en los vuelos, las mansiones y la isla del financiero. Podría confirmar —o desmentir— si había grabaciones, si existió una estrategia de chantaje, si ciertas figuras públicas estaban al tanto.
Por ahora, la decisión está en manos del Congreso y de la Casa Blanca. Sin embargo, el simple hecho de que Maxwell haya puesto condiciones para hablar, y que una de ellas sea el perdón presidencial, apunta a que guarda información sensible y que está dispuesta a usarla como un último recurso desesperado.