En los últimos años, algunos medios estadounidenses se deleitaban contando cómo a Donald Trump le costaba encontrar representación legal. Se habló de ello en 2018, durante su primer mandato como presidente de EE.UU., en medio de la investigación del fiscal especial Robert Mueller … sobre el supuesto complot electoral con Rusia, que acabó en nada. Y mucho más desde 2023, cuando a Trump le acosaron con una cascada de imputaciones criminales de las que ha salido, con la ayuda del Tribunal Supremo y de las urnas, indemne. El multimillonario era un cliente que pocos deseaban: tóxico para los grandes despachos, que no querían que les relacionaran con el protagonista de las turbulencias electorales de 2020 y del asalto al Capitolio de enero de 2021. Y mal pagador, decían algunos.
Los que están pagando ahora son los que entonces le despreciaron. Trump, en medio de un comienzo de segundo mandato arrollador y rupturista, ha declarado la guerra a los grandes despachos de abogados a los que considera sus enemigos. El objetivo es doble: venganza contra aquellos que considera que no estuvieron de su lado en sus batallas judiciales e intimidación para que no contribuyan a entorpecer su frenética agenda ejecutiva. El mensaje es claro y peligroso: cualquiera que represente causas en su contra está en peligro.
Durante el último mes, Trump ha sacado su célebre rotulador para firmar órdenes ejecutivas dirigidas a represaliar a los abogados y a limitar su capacidad de actuación contra la Casa Blanca.
El primer zarpazo fue el 25 de febrero: Trump atacaba a través de una orden ejecutiva a la firma Covington & Burling. Su pecado: haber representado ‘pro bono’ -de forma gratuita- al fiscal especial Jack Smith, el que imputó a Trump por su intento de dar la vuelta a los resultados electorales de 2020 y por haber retenido documentos clasificados en Mar-a-Lago, su mansión en Florida. La orden eliminaba las autorizaciones de seguridad para Peter Koski, el principal abogado de Smith, y de cualquier otro letrado que hubiera participado en su asistencia legal.
Casi 150 demandas
Desde entonces, ha firmado órdenes ejecutivas contra cuatro grandes despachos. Todos tienen en común alguna relación con la oposición política a Trump o haber representado intereses contrarios a los suyos en tribunales. En el fondo, lo que el presidente de EE.UU. ataca es un principio constitucional básico: la capacidad de los ciudadanos de enfrentarse en tribunales a las acciones del Ejecutivo, que se instrumenta a través de la representación legal que proporcionan los abogados.
El objetivo es apagar la contestación a sus políticas: se han presentado casi 150 demandas desde el comienzo de su mandato para bloquear sus medidas. Algunas de ellas han logrado paralizar de manera cautelar sus acciones ejecutivas -desde la deportación exprés de inmigrantes indocumentados a la eliminación del acceso a ciudadanía por nacimiento en EE.UU.-, en uno de los pocos límites que Trump tiene. Los despachos no aceptarán defender ‘pro bono’ estas causas -como hacen en muchas ocasiones- para no enfrentarse a la furia del presidente.
Los que se pliegan
Dos de los despachos atacados han capitulado: Paul Weiss (en la imagen su presidente, Brad Karp) y Skadden, que han acordado dedicar decenas de millones a causas de su gusto y revisar sus políticas de contratación.
Los que pelean
Otros tres despachos han decidido contestar en tribunales: Perkins Coie (en la foto su CEO, Patrick Casey), Jenner & Block y WilmerHale han logrado bloqueos cautelares. Todo acabará en el Supremo.
Pero el elemento de venganza también tiene mucho peso. Perkins Coie, con sede en Seattle, fue el segundo gran despacho en ser víctima de una orden ejecutiva. Tiene un largo historial de representación legal del Partido Demócrata y fue quien encargó el llamado ‘dossier Steele’, unas informaciones desacreditadas sobre la implicación de Trump con Rusia elaborado con el objetivo de dañar al entonces candidato en las elecciones de 2016. El despacho Jenner & Block, también atacado, tuvo en sus filas a Andrew Weissman, uno de los pesos pesados en la investigación de Mueller contra Trump. WilmerHale fue acusado en la orden de haber integrado a miembros del equipo de Mueller en su plantilla, además de hacer trabajos gratis contra los intereses de la Administración. Y Paul Weiss, uno de los mayores despachos de Nueva York, también en la lista negra de impactados por Trump, está muy vinculado históricamente al Partido Demócrata y a sus causas.
Una de las justificaciones que esgrimía la orden ejecutiva es que el despacho había asistido ‘pro bono’ al fiscal que interpuso una demanda civil contra los grupos extremistas que participaron en el asalto violento y trágico del Capitolio (y a los que Trump perdonó nada más llegar al poder). También que entre sus filas había estado Mark Pomerantz, en su día fiscal de Manhattan que lideró una investigación en su contra.
La embestida de Trump a los despachos no acabó con esas órdenes ejecutivas específicas. También envió una orden a su fiscal general, Pam Bondi, para que imponga sanciones «contra abogados y despachos que interpongan litigios frívolos, no razonables y engorrosos contra EE.UU.». Es paradójico que esto venga de Trump, que ha estirado los límites del sistema judicial, tanto en su carrera empresarial como en su último ascenso político para salirse con la suya: desde amenazar con su ejército de abogados para no pagar a un contratista hasta entorpecer hasta prolongar sus causas criminales el año pasado para buscar, con éxito, que las urnas le salvaran. «Es un maestro del abuso estratégico del proceso judicial», dijo de él un juez en 2023.
Entrada prohibida
Las órdenes ejecutivas contra los despachos son gravosas al extremo: inhabilitan a sus abogados a tener encuentros con miembros del Gobierno, les impide entrar en edificios gubernamentales -lo que podría incluir los propios juzgados- y amenaza con suspender los contratos gubernamentales de sus clientes. Para los despachos, es una amenaza existencial: los clientes empezaron a buscar otros despachos y algunos abogados-estrella dijeron adiós ante la certidumbre de que allí ganarían menos dinero.
La campaña contra los abogados va paralela a las presiones contra los jueces que dictan en su contra. La mano derecha de Trump, Elon Musk, ha defendido con ferocidad el ‘impeachment’ de los magistrados que bloquean de manera cautelar sus órdenes judiciales. El propio Trump, algo extraordinario para el líder del Ejecutivo, ha exigido la expulsión de uno de esos jueces.
Los despachos afectados tomaron dos caminos: pelear contra Trump o plegarse a él. Perkins Coie, Jenner & Block y WilmerHale acudieron a los tribunales para contestar la orden ejecutiva. «Es un abuso de poder inconstitucional contra los abogados, sus clientes y el sistema legal», defendió Jenner & Block. «Es un ataque ilegal a la libertad de todos los estadounidenses para elegir representación legal sin miedo a represalias o castigos por el Gobierno», clamó Perkins Coie. En todos esos casos, lograron que los jueces bloqueen de forma cautelar esas órdenes.
Otros han optado por la capitulación. Es el caso de Paul Weiss, que acordó dedicar 40 millones de dólares a causas ‘pro bono’ más del interés de Trump, como servicios a los veteranos del Ejército. Y, además, otras concesiones, como eliminar las prácticas de DEI (diversidad, equidad, inclusión) en sus contrataciones. Toda una humillación para Paul Weiss, un despacho que ha alardeado en su web de ser el primero en Nueva York en integrar a judíos y no judíos, en contratar a un abogado negro o en hacer socia a una mujer. Su líder, Brad Karp, decía en campaña que no le importaba posicionarse a favor de Kamala Harris y arriesgarse a represalias si Trump ganaba. «Todos nosotros debemos hacer lo que creemos que es correcto, con independencia de las consecuencias», dijo entonces. «Ese ha sido siempre mi mantra al frente de Paul Weiss». Ha cambiado de opinión de forma radical: «Nuestro despacho no sobrevivirá una disputa larga contra la Administración», dijo para justificar la claudicación.
Una decisión «vergonzosa»
También se plegó otro gran despacho, Skadden, que todavía no había recibido una orden ejecutiva, pero puso sus barbas a remojar: negoció un «acuerdo» con Trump con cien millones para causas ‘pro bono’ de su gusto.
«Es la decisión más vergonzosa por parte de un parte de un despacho que he visto en mi vida», reaccionó uno de los pocos republicanos que mantiene un activismo anti-Trump, el abogado George Conway, en refrencia a Skadden. «Es una mancha permanente para un gran despacho que ha buscado mejorar sus beneficios con la renuncia a su alma», lamentaban en una carta noventa exabogados de Paul Weiss.
La guerra contra los despachos de abogados acabará en el Tribunal Supremo. Incluso en una derrota allí de Trump, la medida de su éxito va por otro lado: cuántos abogados y despachos van a renunciar ahora a pelear contra él en los juzgados.