La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/notas/mensaje-entre-lineas-miss-grand-international-visibiliza-la-crisis-de-agua-en-puerto-rico/ La actual crisis de agua y el plan de racionamiento que afecta a varios sectores de Puerto …
Este martes, 1 de septiembre, la Seguridad Social introduce un cambio en las notificaciones para todas aquellas personas que hayan solicitado una incapacidad temporal o permanente. A partir de entonces, las cartas desaparecerán con el fin de dar paso a la vía electrónica para comunicar resoluciones o requerimientos. La modificación hace parte del esfuerzo de la Administración Pública para introducir herramientas de digitalización que puedan simplificar procesos burocráticos. Las notificaciones electrónicas se contemplan en la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, que modifica la anterior Orden ISM/903/2020 relativa a las notificaciones y comunicaciones electrónicas de la Seguridad Social. La propia normativa se justifica en que los solicitantes de incapacidad, «por estar incorporados al mundo laboral o profesional (…), cuentan con conocimientos y medios suficientes para recibir las comunicaciones y notificaciones por estos medios». Cabe aclarar que la Administración no se olvida de quienes pueden presentar dificultades con el avance de la digitalización, como lo son, por ejemplo, las personas mayores o de zonas muy alejadas de los núcleos urbanos. De esta manera, «se introducen ciertas salvaguardas para garantizar que las actuaciones administrativas llegan a la persona destinataria». Cómo funcionan las nuevas notificaciones del INSSLa Seguridad Social podrá utilizar los datos de contacto disponibles para enviar un aviso al interesado cuando tenga una comunicación pendiente. Ese aviso puede llegar mediante SMS o correo electrónico. Pero ojo ahí: este mensaje sirve para informar de que existe una comunicación que debe consultarse; el documento con efectos legales estará disponible a través de los canales habilitados por la Administración, como lo es la sede electrónica de la Seguridad Social. Cabe recordar que, para que las notificaciones se lean a tiempo, se ha implementado un sistema de alertas para verificar el correo electrónico personal o el número de teléfono en las bases de datos de la entidad. En los casos en los que no se haya realizado esa gestión, las personas podrán ser atendidas presencialmente en una oficina. Para poder acceder a las comunicaciones, será necesario identificarse mediante alguno de los sistemas disponibles. Entre ellos se encuentran Cl@ve, el certificado digital y el DNI electrónico.Plazos para revisar las notificaciones La Administración Pública comunicará tanto la denegación, la prórroga o el reconocimiento de las prestaciones por incapacidad temporal o permanente; pero también las solicitudes de documentos. A partir de ahí, los solicitantes disponen de 10 días naturales para leer dichas notificaciones.
Yolanda Díaz afronta los últimos compases de la legislatura como vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo. Tras casi siete años encargada de la política laboral del Ejecutivo, Díaz, abogada laboralista de profesión, apura sus últimos meses en el Consejo de Ministros con la vista puesta ya en su candidatura a presidir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).La votación se celebrará en noviembre y en caso de resultar elegida tomaría posesión en octubre del año próximo. Pero antes deberá dejar zanjados varios expedientes que se acumulan en los despachos del ministerio, la Moncloa y el Congreso de los Diputados. La legislatura expirará, como tarde, el 22 de julio del año próximo y el Ministerio de Trabajo tiene todavía sobre la mesa varias carpetas. La reforma del registro horario, del despido, el estatuto del becario, la ampliación del permiso por fallecimiento o una nueva subida del salario mínimo -con cambio incluido en las reglas de compensación y absorción de los complementos retributivos- aparecen entre las más destacadas. El nuevo registro horario está, probablemente, en el primer lugar de la lista en el orden de prioridades. Tras el pinchazo de la ley de reducción de jornada a finales del año pasado, el Ministerio de Trabajo decidió impulsar una norma separada para endurecer el registro horario. La idea es acabar con las anotaciones de jornada en papel y que el registro sea totalmente digital y accesible en tiempo real por la Inspección de Trabajo. De esta forma, el ministerio confía en reducir las horas extra fraudulentas y provocar así una reducción de jornada de facto. Sin embargo, la norma no ha llegado a tramitarse todavía pese a que se empezó a impulsar por separado hace ya casi un año. La oposición frontal de la patronal y las dudas del Ministerio de Economía, con quien el equipo de Díaz ha vuelto a chocar, han frenado la medida. Hecho que ha disgustado a los sindicatos, que han amenazado con levantarse de todas las mesas de negociación si el texto no va a Consejo de Ministros este mes. Antes del parón político estival, Trabajo y Economía acordaron dejar este expediente para la vuelta de vacaciones, para terminar de pulir los detalles, especialmente después del duro revés que recibió el texto tras pasar por el Consejo de Estado. El órgano consultivo emitió un dictamen en el que cuestionó la falta de adaptación sectorial de la medida, su impacto en las pymes y el recurso a una norma sin rango de ley. Esto último, pensado deliberadamente para esquivar la situación de bloqueo en el Congreso.La reforma del salario mínimoUna vez solventada la cuestión del control de jornada, el Ejecutivo tendrá que empezar a pensar en el salario mínimo interprofesional (SMI). Las conversaciones para perfilar una nueva subida de cara al año próximo arrancarán en otoño, con el telón de fondo de un nuevo repunte inflacionario impulsado por la guerra en Irán. Más allá de la cifra que se decida, este año el protagonismo volverá a estar en la cuestión de la compensación y absorción de los complementos retributivos y en si el SMI seguirá sin tributar. Trabajo tiene otra norma ya elaborada con la que pretende que no se puedan compensar ni absorber determinados complementos cuando el salario mínimo sube. Esta práctica es habitual en muchas empresas con empleados con una nómina cercana, pero superior al SMI. Cuando la subida del salario mínimo eleva el sueldo base, el empleador les descuenta ese incremento de los complementos, de tal forma que su salario total no se ve afectado por la mejoría del SMI. El Ministerio de Trabajo pactó con los sindicatos acabar con este mecanismo para que las subidas del SMI empujen el resto de sueldos, pero la patronal rechaza frontalmente la idea y amenaza con recurrir el texto a los tribunales si finalmente se aprueba.Ampliación de los permisos de fallecimientoOtro de los frentes abiertos que tiene el Ministerio de Trabajo es la ampliación del permiso remunerado por fallecimiento hasta los diez días, así como la creación de un nuevo permiso por cuidados paliativos y eutanasia. Trabajo llegó a un acuerdo con los sindicatos -de nuevo, con el rechazo de la patronal- para impulsar esta medida en diciembre del año pasado y Yolanda Díaz trasladó su intención de tramitarla como real decreto ley para testar la voluntad del Congreso. Sin embargo, el texto todavía no ha llegado a audiencia previa y no hay novedades desde hace meses. Más allá de la cuestión de los permisos, el ministerio se ha comprometido también a abordar una reforma del sistema de despido español para elevar las indemnizaciones, en particular en el despido improcedente, y también reforzar la causalidad en los supuestos de extinción del contrato. Actualmente, la cuestión se está negociando en una mesa de diálogo social en la que la patronal amagó con levantarse de la mesa, pero finalmente permaneció.Y la recta final de la legislatura será clave también para esclarecer si sale a la luz el estatuto del becario, una norma que Trabajo acordó en diálogo social con los sindicatos durante la legislatura anterior. Tras diferentes vaivenes, el texto llegó al Congreso, donde lleva aparcado en un cajón desde marzo de este año.
La energía es una magnitud conservada, no conservadora. No es progresista, ni liberal, ni de izquierdas, ni de derechas. No es ni democrática ni autoritaria. La energía no tiene ideología. Es, simplemente, algo que permanece constante en cualquier proceso físico que implique un cambio. Parafraseando a un sabio, la energía es la única moneda de cambio universal: sin transformación de energía no hay nada de nada.El Universo tiende siempre al caos y al desorden. Una aplicación práctica de este principio lo tenemos en la política: es lo que provoca, por ejemplo, que puestos de gobernanza en materia energética acaben siendo ocupados por personas sin conocimientos, o que otros que no ocupan esos puestos se tomen la licencia de opinar de forma banal sobre cuestiones sin la debida instrucción.El pasado día 14 de agosto de 2026, el Gobierno de España, aprobó mediante Orden TED/864/2026 la prórroga, hasta el año 2030, de la central nuclear de Almaraz. De su exposición de motivos se deduce que lo hizo sin mucho convencimiento, pero fue una decisión acertada, ya que es plenamente consciente de que el apagón del mes de abril del pasado año no fue más que la refutación de una política energética sectaria, basada más en la ideología que en la ciencia, la técnica o la economía.La energía nuclear no es la panacea, tampoco es de derechas. Es simplemente una tecnología de generación no renovable, con todos sus inconvenientes y algunas ventajas como, por ejemplo, que aporta una gran estabilidad a la red eléctrica y no genera emisiones de CO2. Por tanto, a día de hoy, en España, no podemos prescindir de ella. En el resto del mundo, incluso en algunos países del jardín europeo, esto lo tienen bastante claro.La alternativa, es decir, cerrar las nucleares, es profundizar en el actual ‘modo de operación reforzado’, como lo denomina Red Eléctrica de España, concepto que, por cierto, no existe en la normativa del sector eléctrico, y que, en esencia, consiste en quemar gas como si no hubiese un mañana. Las renovables sin (o con) almacenamiento, no son, a día de hoy, una tecnología fiable que permita operar un sistema eléctrico, ni continental ni insular, en las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.Por tanto, manifestaciones como las vertidas por algunos ministros del Gobierno de España acerca de que el mantenimiento del parque nuclear ‘sigue el camino de la derecha y la extrema derecha’, ‘obedece a presiones corporativas’, ‘frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía’ o ‘posterga la descarbonización real apoyada en renovables’, son afirmaciones de tipo emocional e ideológico, sin fundamento científico, técnico ni económico.Mención aparte merece el comentario surrealista sobre el ‘oligopolio energético’, conformado por empresas como Iberdrola, Endesa o Naturgy. Estos ministros no solo deberían saber que la generación de energía eléctrica está liberalizada en España desde el año 1997, sino que, además, dichas empresas, no invierten ya casi ni un solo euro en nuevas plantas de generación no renovable, ni a nivel nacional ni internacional, salvo que no les quede otra, como en el caso de Almaraz, o de las Islas Canarias. Toda su inversión es de izquierdas, es decir, promueven plantas de generación renovable, principalmente eólica y fotovoltaica, e instalaciones de almacenamiento.Por tanto, el Gobierno de España ha tomado la decisión correcta: la concesión de la prórroga de Almaraz hasta 2030 y por ello hay que felicitarle. Solo le queda nominar a estos ministros díscolos para el próximo Premio Nobel de física, por haber descubierto que la energía tiene ideología, siendo la nuclear de derechas y las renovables, de izquierdas.
La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/notas/amanda-miguel-vivimos-en-un-mundo-de-mentiras/ Luego de más de cuatro décadas, la cantante y compositora Amanda Miguel sigue abrazando con fuerzas uno …
La escalada de los precios de la vivienda, que acumulan una subida del 68,4% sólo en la última década según los Registradores, está expulsando a cada vez más colectivos del mercado inmobiliario. Ese ascenso contrasta con el aumento del salario medio, que apenas ha sido del 34% en el mismo periodo, según el INE. Son dos de las muchas cifras que cuantifican la crisis de acceso más grave desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Pese a que el grado de tensión entre los precios y las rentas familiares actual dista aún del que se registró entonces, ya hay indicadores que apuntan a que el ritmo de subida de los precios se enfriará los próximos meses. Las compraventas han encadenado dos trimestres consecutivos de caídas. De abril a junio se registraron 167.934 operaciones, casi un 6% menos que a principios de año y un 2,3% por debajo de las que se formalizaron en el mismo periodo del pasado ejercicio. Es cierto que las transacciones se incrementaron en junio -un 1% interanual en su mejor registro para ese mes desde 2008-, pero los economistas no descartan que este sea un movimiento puntual ante la expectativa de que el Banco Central Europeo subiera los tipos, como finalmente hizo. Pese a que la caída de las operaciones superará muy probablemente el 2% los próximos meses, el precio de la vivienda seguirá subiendo porque la demanda es aún muy fuerte y no hay oferta suficiente para darle respuesta, explica a La Información Económica, José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. Las transacciones se reducen y los precios suben, pero menos porque a esos niveles «cada vez hay menos demanda solvente», puntualiza el economista, uno de los mayores expertos en la materia a nivel nacional. A lo anterior se suma el fin de la llamada ‘guerra hipotecaria’ (de ofertas en los préstamos para adquirir vivienda), que ha llevado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a abrir expediente a los seis grandes bancos españoles y a investigar si se pusieron de acuerdo a través de sus declaraciones públicas para encarecer el crédito. Precios en ascenso y una financiación más costosa suponen un obstáculo difícil de salvar para muchas familias. Esa «gran brecha entre lo que el vendedor quiere cobrar y lo que el comprador puede pagar o está dispuesto a pagar es lo que hace que las transacciones se estén ralentizando», destaca García Montalvo. El comprador no va a poder ceder «porque ya está al límite»Desde su punto de vista el comprador «no va a poder ceder porque ya está al límite», por lo que deberá hacerlo el vendedor, si bien este proceso llevará algo de tiempo. Como ya hizo el Banco de España, descarta que el mercado afronte una burbuja, en tanto que no existe un exceso de crédito -como sí se dio en la pasada crisis-. Por entonces, el crédito a familias para la adquisición de vivienda representaba el 64% del total y el inmobiliario más del 40%, y ahora ambos se sitúan en el 31% y el 8%, respectivamente.Hay más cifras que alejan el escenario de burbuja, al menos de momento. Actualmente la oferta de viviendas aumenta entre las 90.000 y las 100.000 al año, frente a una creación anual de hogares que, según el INE, ronda los 250.000. Mientras, en la época del ‘crash’ inmobiliario los inmuebles iniciados rondaban los 300.000 -con algún año en el que se alcanzaron las 600.000-, mientras que apenas se creaban alrededor de 100.000 familias. La situación actual responde más a un problema de escasez de oferta que a una burbuja inmobiliaria como la de los años 2000, aunque «no pueden descartarse episodios de sobrevaloración en determinados mercados muy puntuales de la geografía española», apunta a este diario Camilo Ulloa, economista principal para España y Portugal de BBVA Research. Desde su punto de vista, la demanda sigue apoyada en la creación de empleo y hogares, la inmigración, el crecimiento de las rentas y unas condiciones financieras relativamente favorables y, frente a ello, la oferta «continúa reaccionando con lentitud».Esto es lo que explica que los precios puedan seguir aumentando incluso cuando disminuyen las compraventas. A los problemas de suelo, licencias, mano de obra y rentabilidad se añaden, en opinión de Ulloa, nuevos cuellos de botella, como la saturación de la red eléctrica. «A diferencia del ciclo anterior, no se observa un exceso de construcción: el principal problema es precisamente la falta de vivienda», coincide.En BBVA Research no contemplan una corrección de precios a corto plazo, sino una «desaceleración progresiva», en un contexto en el que la oferta seguirá siendo insuficiente para absorber la creación de nuevos hogares. Si bien y con posterioridad, el aumento gradual de la construcción y el deterioro de la accesibilidad deberían moderar el crecimiento. Así, calculan que la vivienda se encarecerá aún un 12% en el conjunto de este año y que lo haga al 5,7% ya el próximo.
