La mayor subida de impuestos de la historia no ha sido aprobada a través de una ley, no ha pasado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero sí la sufren los trabajadores. El tipo medio que se paga por el Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF) no ha parado de crecer en los últimos años. Esto tiene una explicación lógica, y es que a medida que una persona recibe más salario paga más por el carácter progresivo de este tipo de tributo. Los salarios han subido, el problema es que las condiciones de vida apenas han mejorado. Descontado el efecto de la inflación, el sueldo real es el mismo que hace diez años. Sin embargo, todas las rentas soportan una carga mayor a excepción de los tramos más bajos. Todo ello a pesar de que los grandes elementos del impuesto no se han tocado a lo largo de la última década. Los tramos, el umbral establecido para los mínimos exentos y las deducciones casi no han variado prácticamente desde 2015, pero están diseñadas para un nivel de vida que no existe. La solución a esta problemática pasa por deflactar dicho impuesto. De hecho, algunas comunidades autónomas ya han aprobado esta medida, aunque se han quedado lejos de lo que sería necesario para repercutir el mayor encarecimiento de la vida. La pregunta es ¿por qué no se está deflactando? El quid de la cuestión radica en que genera unos ingresos muy valiosos para las administraciones públicas, especialmente, en un momento en el que hay que ajustar el presupuesto. La Información Económica lanza ‘Economía Indiscreta’, una serie de contenidos audiovisuales de carácter divulgativo con la que busca contribuir al debate público-económico. En el anterior, publicado hace justo una semana, lanzamos la pregunta de qué hacen los bancos españoles con los beneficios milmillonarios. 

Los tres sindicatos con más peso en la Administración General del Estado (AGE) han rechazado por unanimidad la oferta de empleo público (OEP) para 2026 que está preparando el Gobierno. Tanto CSIF como CCOO y UGT han cargado contra el ministerio de Función Pública que capitanea Óscar López por no ofrecer cifras del número de plazas que saldrán a concurso. Así lo han trasladado tras haberse reunido este miércoles con representantes del ministerio para negociar la medida. Según han revelado las organizaciones sindicales, el Gobierno se ha comprometido a que la OEP para este año suponga creación de empleo neto (es decir, que se convoquen más plazas que salidas de empleados públicos se produzcan). Sin embargo, no ha proporcionado una cifra, siquiera global, del alcance de la misma. Cabe recordar que el año pasado se ofertaron 36.588 plazas, 3.500 menos que en la OEP de 2024. Una reducción que los sindicatos no quieren que vuelva a repetirse En CSIF, el sindicato con mayor representación en la Administración General del Estado, afirman que no pueden valorar la propuesta porque Función Pública «oculta» las cifras. «Esta situación es inaudita y supone una falta de respeto a los representantes de los trabajadores a los que por primera vez se nos hurta el derecho a negociar el reparto de los refuerzos que requieren las plantillas». El sindicato apunta, además, que la regularización de migrantes ha puesto de manifiesto la situación de tensión y necesidad de la AGE, especialmente en sectores como Extranjería, Seguridad Social e Interior. En esa línea, sostienen que la reducción de la jornada a 35 horas aprobada recientemente debe ir acompañada de un refuerzo de efectivos. Desde el sindicato UGT han trasladado que no avalarán la propuesta de Función Pública «al considerar que continúa marcada por la falta de transparencia y la ausencia de planificación». «La administración sigue sin facilitar información clave sobre la distribución de las plazas por territorios, departamentos, cuerpos y escalas, lo que impide realizar una valoración rigurosa», han señalado a través de un comunicado.Por parte de CCOO, han trasladado que el Gobierno ha pedido «fe, pero sin números». «No podemos negociar una oferta de empleo público sin números ni compromisos», ha señalado este sindicato a través de un comunicado. En concreto, desde la organización han reclamado que la oferta que se ponga sobre la mesa suponga la creación de al menos 12.000 empleos netos y que se refuercen especialmente los niveles C1 y C2 (los más bajos). El sindicato denuncia que se está poniendo en riesgo la atención a la ciudadanía en más de 3.000 oficinas con nóminas «que rozan el salario mínimo habiendo aprobado una oposición». El Gobierno se compromete a sacar más plazas para gestión de catástrofes Además, Función Pública se ha comprometido a dar prioridad a las plazas en atención pública y ha convocar una oferta extraordinaria para el Ministerio de Transición Ecológica. La idea sería reforzar el personal especializado en la gestión de desastres naturales vinculados al cambio climático como la DANA de Valencia. El departamento que dirige Óscar López ha prometido también que convocará las plazas pendientes de personal laboral correspondientes a las OEP de 2023 y 2024 antes de que caduque el procedimiento. Según estiman los sindicatos todavía hay 9.000 plazas que no han salido de las OEP de los años 2023,2024 y 2025. De ellas, el 63% son de libre acceso y el resto, de promoción interna. Función Pública también ha asegurado que mejorará el desarrollo de los procesos selectivos con medidas como la obligación de elaborar informes en las convocatorias donde no se cubren más del 75% de las plazas, potenciar las competencias digitales o revisar el acuerdo de promoción interna por el gran pinchazo en la cobertura de estas plazas. 

Bruselas cree que no está justificado el recargo por combustible si el vuelo se compró con antelación en medio de una crisis derivada por la guerra en Irán, según han explicado los portavoces comunitarios que además han añadido que una medida como esta puede ir en contra de las directivas sobre el tema que tiene la UE. La española Volotea ya está aplicando esta medida.Y es que las líneas aéreas se enfrentan con la decisión de cómo compensar los sobrecostes de la escalada del precio del queroseno, que como indicaba este martes el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) Javier Gándara, ha duplicado su precio en las últimas semanas a consecuencia de la guerra en Irán. De momento, desde la patronal recomiendan a los consumidores comprar sus billetes con antelación. «Lo que está claro es que hay un incremento de costes para las compañías y no se sabe qué parte se va a poder cubrir con márgenes y cuáles con incremento de precios», apuntaba en rueda de prensa.De acuerdo con los expertos consultados, a las compañías aéreas se les abren dos opciones: bien trasladarlo directamente al consumidor o asumir esta factura perdiendo parte de su margen de beneficios. El profesor de EAE Business School, Romà Andreu, augura en declaraciones a ‘La Información Económica’  «una dinámica de subida de precios: la pregunta es qué pasará cuando el consumidor diga que no paga».En la situación actual,  la Comisión Europea ha presentado este miércoles en Bruselas el llamado Accelerate EU, es decir, su plan de choque para hacer frente a la crisis, con medidas que ahora tendrán que ser respaldadas por los Estados miembros. La propuesta incluye desde la opción de compartir queroseno, un almacenamiento de 200 GW para baterías o reducciones del IVA o las llamadas «autopistas energéticas», hasta unas inversiones de 660.000 millones al año para desterrar los combustibles fósiles, los cuales siguen poniendo en jaque la estabilidad energética europea: y es que suponen el 57% del consumo energético del continente.»La Comisión coordinará con los Estados miembros, los proveedores de combustible y el sector de la aviación el abastecimiento alternativo de queroseno y propondrá medidas para optimizar su distribución entre los Estados miembros con el fin de garantizar su disponibilidad en todas las regiones y aeropuertos», explica el documento remitido por Bruselas a los Estados miembros. Eso sí, se trata solo de una propuesta, y no de una obligación. El Ejecutivo comunitario quiere «optimizar la distribución de combustible» entre los países.Funtes comunitarias han explicado que el petróleo ha subido un 30% por barril y el gas un 22% por megavatio, con una situación descrita como muy volátil aunque lejos todavía de la presión que se dio en 2022 con la invasión rusa de Ucrania. Eso sí, la UE se ha gastado 26.000 millones extras en compras de energía en 52 días de guerra, según la última actualización, y ahora pone el foco en la producción interna, añaden desde Bruselas. El objetivo, dicen, es que el sistema sea resiliente a largo plazo y se toman estas medidas como una segunda parte de la estrategia iniciada hace ya cuatro años.En rueda de prensa fueron la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el comisario de Energía, Dan Jorgensen, quienes dieron cuenta del plan de choque. La española aseguró que la políticas energéticas van ahora de la seguridad y de la seguridad económica. «La energía no puede ser usada como un instrumento de dominación», alertó la número dos del Ejecutivo comunitario. «Por eso es importante acelerar nuestros planes energéticos», añadió, asegurando que el sistema de la UE tiene que estar basado en «reducir vulnerabilidades» y sostuvo que hay razones «para ser optimistas» a nivel europeo.Por su parte, Jorgensen explicó que la factura de compra de combustibles fósiles ha costado mucho ya a los europeos pero al mismo tiempo avisó que las consecuencias de esta crisis pueden verse a largo plazo porque los próximos meses «estarán llenos de incertidumbre» y la UE «no puede predecir nada» y por eso «tiene que estar preparada para todo» y acompañó la idea de Ribera de que el objetivo tiene que ser «proteger a los ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables». Y por eso el comisario danés pidió «actuar rápido» y «trabajar juntos» en otro llamamiento a los países miembros. Europa necesita «maximizar» sus capacidades y los gobiernos nacionales tienen ya herramientas para contener los precios, comentó Jorgensen para terminar. «Esto tiene que ser una llamada a despertar y un punto de inflexión», sentenció.