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Mañana entra en vigor el nuevo sistema de notificaciones del INSS para las incapacidades temporales o permanentes

Este martes, 1 de septiembre, la Seguridad Social introduce un cambio en las notificaciones para todas aquellas personas que hayan solicitado una incapacidad temporal o permanente. A partir de entonces, las cartas desaparecerán con el fin de dar paso a la vía electrónica para comunicar resoluciones o requerimientos. La modificación hace parte del esfuerzo de la Administración Pública para introducir herramientas de digitalización que puedan simplificar procesos burocráticos. Las notificaciones electrónicas se contemplan en la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, que modifica la anterior Orden ISM/903/2020 relativa a las notificaciones y comunicaciones electrónicas de la Seguridad Social. La propia normativa se justifica en que los solicitantes de incapacidad, «por estar incorporados al mundo laboral o profesional (…), cuentan con conocimientos y medios suficientes para recibir las comunicaciones y notificaciones por estos medios». Cabe aclarar que la Administración no se olvida de quienes pueden presentar dificultades con el avance de la digitalización, como lo son, por ejemplo, las personas mayores o de zonas muy alejadas de los núcleos urbanos. De esta manera, «se introducen ciertas salvaguardas para garantizar que las actuaciones administrativas llegan a la persona destinataria». Cómo funcionan las nuevas notificaciones del INSSLa Seguridad Social podrá utilizar los datos de contacto disponibles para enviar un aviso al interesado cuando tenga una comunicación pendiente. Ese aviso puede llegar mediante SMS o correo electrónico. Pero ojo ahí: este mensaje sirve para informar de que existe una comunicación que debe consultarse; el documento con efectos legales estará disponible a través de los canales habilitados por la Administración, como lo es la sede electrónica de la Seguridad Social. Cabe recordar que, para que las notificaciones se lean a tiempo, se ha implementado un sistema de alertas para verificar el correo electrónico personal o el número de teléfono en las bases de datos de la entidad. En los casos en los que no se haya realizado esa gestión, las personas podrán ser atendidas presencialmente en una oficina. Para poder acceder a las comunicaciones, será necesario identificarse mediante alguno de los sistemas disponibles. Entre ellos se encuentran Cl@ve, el certificado digital y el DNI electrónico.Plazos para revisar las notificaciones La Administración Pública comunicará tanto la denegación, la prórroga o el reconocimiento de las prestaciones por incapacidad temporal o permanente; pero también las solicitudes de documentos. A partir de ahí, los solicitantes disponen de 10 días naturales para leer dichas notificaciones. 

Yolanda Díaz encara su último año de legislatura con el registro horario, el SMI y el despido pendientes y la cabeza en la OIT

Yolanda Díaz afronta los últimos compases de la legislatura como vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo. Tras casi siete años encargada de la política laboral del Ejecutivo, Díaz, abogada laboralista de profesión, apura sus últimos meses en el Consejo de Ministros con la vista puesta ya en su candidatura a presidir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).La votación se celebrará en noviembre y en caso de resultar elegida tomaría posesión en octubre del año próximo. Pero antes deberá dejar zanjados varios expedientes que se acumulan en los despachos del ministerio, la Moncloa y el Congreso de los Diputados. La legislatura expirará, como tarde, el 22 de julio del año próximo y el Ministerio de Trabajo tiene todavía sobre la mesa varias carpetas. La reforma del registro horario, del despido, el estatuto del becario, la ampliación del permiso por fallecimiento o una nueva subida del salario mínimo -con cambio incluido en las reglas de compensación y absorción de los complementos retributivos- aparecen entre las más destacadas. El nuevo registro horario está, probablemente, en el primer lugar de la lista en el orden de prioridades. Tras el pinchazo de la ley de reducción de jornada a finales del año pasado, el Ministerio de Trabajo decidió impulsar una norma separada para endurecer el registro horario. La idea es acabar con las anotaciones de jornada en papel y que el registro sea totalmente digital y accesible en tiempo real por la Inspección de Trabajo. De esta forma, el ministerio confía en reducir las horas extra fraudulentas y provocar así una reducción de jornada de facto. Sin embargo, la norma no ha llegado a tramitarse todavía pese a que se empezó a impulsar por separado hace ya casi un año. La oposición frontal de la patronal y las dudas del Ministerio de Economía, con quien el equipo de Díaz ha vuelto a chocar, han frenado la medida. Hecho que ha disgustado a los sindicatos, que han amenazado con levantarse de todas las mesas de negociación si el texto no va a Consejo de Ministros este mes. Antes del parón político estival, Trabajo y Economía acordaron dejar este expediente para la vuelta de vacaciones, para terminar de pulir los detalles, especialmente después del duro revés que recibió el texto tras pasar por el Consejo de Estado. El órgano consultivo emitió un dictamen en el que cuestionó la falta de adaptación sectorial de la medida, su impacto en las pymes y el recurso a una norma sin rango de ley. Esto último, pensado deliberadamente para esquivar la situación de bloqueo en el Congreso.La reforma del salario mínimoUna vez solventada la cuestión del control de jornada, el Ejecutivo tendrá que empezar a pensar en el salario mínimo interprofesional (SMI). Las conversaciones para perfilar una nueva subida de cara al año próximo arrancarán en otoño, con el telón de fondo de un nuevo repunte inflacionario impulsado por la guerra en Irán. Más allá de la cifra que se decida, este año el protagonismo volverá a estar en la cuestión de la compensación y absorción de los complementos retributivos y en si el SMI seguirá sin tributar. Trabajo tiene otra norma ya elaborada con la que pretende que no se puedan compensar ni absorber determinados complementos cuando el salario mínimo sube. Esta práctica es habitual en muchas empresas con empleados con una nómina cercana, pero superior al SMI. Cuando la subida del salario mínimo eleva el sueldo base, el empleador les descuenta ese incremento de los complementos, de tal forma que su salario total no se ve afectado por la mejoría del SMI. El Ministerio de Trabajo pactó con los sindicatos acabar con este mecanismo para que las subidas del SMI empujen el resto de sueldos, pero la patronal rechaza frontalmente la idea y amenaza con recurrir el texto a los tribunales si finalmente se aprueba.Ampliación de los permisos de fallecimientoOtro de los frentes abiertos que tiene el Ministerio de Trabajo es la ampliación del permiso remunerado por fallecimiento hasta los diez días, así como la creación de un nuevo permiso por cuidados paliativos y eutanasia. Trabajo llegó a un acuerdo con los sindicatos -de nuevo, con el rechazo de la patronal- para impulsar esta medida en diciembre del año pasado y Yolanda Díaz trasladó su intención de tramitarla como real decreto ley para testar la voluntad del Congreso. Sin embargo, el texto todavía no ha llegado a audiencia previa y no hay novedades desde hace meses. Más allá de la cuestión de los permisos, el ministerio se ha comprometido también a abordar una reforma del sistema de despido español para elevar las indemnizaciones, en particular en el despido improcedente, y también reforzar la causalidad en los supuestos de extinción del contrato. Actualmente, la cuestión se está negociando en una mesa de diálogo social en la que la patronal amagó con levantarse de la mesa, pero finalmente permaneció.Y la recta final de la legislatura será clave también para esclarecer si sale a la luz el estatuto del becario, una norma que Trabajo acordó en diálogo social con los sindicatos durante la legislatura anterior. Tras diferentes vaivenes, el texto llegó al Congreso, donde lleva aparcado en un cajón desde marzo de este año. 

Del BCE a la ONU: aumenta la preocupación por una nueva crisis de precios de los alimentos

Naciones Unidas advierte de que el mundo está al borde de otro episodio de inflación alimentaria. A las consecuencias de las guerras en Oriente Próximo y Ucrania se suman los efectos de fenómenos meteorológicos extremos que, como ‘El Niño’, están causando estragos en Centro y Norte de Europa en forma de sequías históricas. Este contexto, que genera costes más elevados para los productores y una merma de los cultivos, preocupa también al Banco Central Europeo (BCE). Su economista jefe, Philip Lane, advertía en declaraciones a la cadena RTE1 de que este tipo de episodios climáticos ejercerán «previsiblemente» una «mayor presión al alza sobre la inflación», sobre todo el año que viene, cuando la subida de precio de los alimentos «será uno de los principales impulsores» de la tasa de IPC en la Eurozona. En julio, los alimentos frescos se encarecieron un 2,4% de media en la región, algo menos que en meses anteriores, si bien los expertos explican que el alza del petróleo, la pérdida de fertilizantes en la región del Golfo, la escasez de diésel en algunas partes del mundo y el clima acabarán reflejándose en los precios al consumidor con cierto retraso.»Los precios de las materias primas comenzarán a subir más ahora y los precios de los alimentos empezarán a subir a finales de año, y el año que viene seguramente subirán aún más», advertía estos días Máximo Torero , economista jefe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en una entrevista a Reuters, donde especificaba además que la transmisión de una subida del coste de la materia prima al precio final de los alimentos se produce en un plazo de tres a seis meses.Esto se aprecia en productos básicos como el trigo, el maíz o el arroz, que aunque se han ido encareciendo, todavía están marcados por la buena marcha de las cosechas anteriores. Sin embargo, los costes relacionados con la energía ya están lastrando los márgenes de los fabricantes de alimentos, especialmente los costes de transporte (gasóleo) y de envasado. Esto plantea a los productores alimentarios un dilema, explican los analistas de Rabobank. O bien plantean ahora a sus clientes minoristas del sector un aumento de precios relativamente pequeño, «sabiendo que probablemente serán necesarios más incrementos y de mayor cuantía en un futuro no muy lejano», o bien absorben la actual inflación de los costes con la esperanza de limitar el ajuste necesario del precio de venta «a una única ocasión más adelante en el año».En la entidad neerlandesa recuerdan que el sector alimentario ya opera con unos márgenes muy bajos y que los fabricantes suelen tener una capacidad limitada para absorber una mayor inflación de los costes. Tampoco ven probable que el comercio minorista o la restauración puedan amortiguar el alza de costes sin repercutirlo en sus clientes. Así, prevén que los consumidores encaren otra ronda de subidas de los precios de los alimentos a partir de finales de año y que esta se prolongue en 2027.Esto supondrá un esfuerzo extra para las familias que, sin embargo, no tendrán que hacer frente a subidas de los alimentos como las que se registraron en 2023. El motivo es que las materias primas agrícolas se han comportado de forma más estable, como refleja el Índice de Precios de los Alimentos de la FAO. Los efectos del cambio climático en el precio de los alimentosExisten cálculos sobre los posibles efectos de los eventos climáticos extremos, si bien a nivel más global. Desde la gestora Generali estiman que un aumento de un grado centígrado en la temperatura del océano Pacífico podría elevar los precios mundiales de los alimentos hasta un 10% en un plazo aproximado de dieciséis meses. Si el incremento es de dos grados, el impacto acumulado podría alcanzar el 20%, con un máximo previsto hacia el primer trimestre de 2028. «Entre las materias primas más expuestas destacarían el café, el arroz y la soja, productos especialmente sensibles a las alteraciones en las condiciones climáticas de las principales regiones productoras», añaden sus analistas. El impacto sobre las economías desarrolladas sería relativamente contenido, con un incremento estimado de alrededor de cuatro décimas en la inflación general. Por el contrario, los mercados emergentes sufrirían consecuencias más graves.En estos países, el peso de los alimentos dentro de la cesta del IPC es muy superior, por lo que un encarecimiento de los productos agrícolas «se traduce de forma mucho más rápida e intensa en las tasas generales de inflación». Desde Generali calculan, así, que la inflación de los alimentos podría aumentar hasta siete puntos porcentuales en algunos mercados emergentes, mientras que el impacto sobre la inflación general podría elevarse hasta los tres puntos porcentuales en los casos más vulnerables.

España ya suma 15.842 hectáreas agrícolas dañadas por el fuego, la segunda mayor cifra de la década

La virulencia y extensión de la ola de incendios de este verano también está impactando sobre las explotaciones agrarias y, a cierre de este lunes, ya se han alcanzado las 15.842 hectáreas agrícolas siniestradas por incendio, según el Sistema Español de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro).  Esta es la segunda cifra más elevada de la última década solo superada por lo sucedido el año pasado, cuando el fuego dañó 20.740 hectáreas dando lugar al abono de 4,79 millones de euros en indemnizaciones. La entidad ya estima que, para este año, se superarán los 2 millones de euros. Los cultivos más impactados, en más de un 90% de los casos, son los herbáceos, especialmente el cereal de invierno que se recoge entre junio y agosto según la zona, aunque también se han registrado daños en girasol, leguminosas, frutos secos, aceituna, viñedo, frutales o cítricos. La superficie siniestrada se extiende por 41 provincias, especialmente, Sevilla (2.030 hectáreas), Huesca (1.559 hectáreas), Córdoba (1.489 hectáreas y Lleida (1.454 hectáreas).Los cultivos más impactados, en más de un 90% de los casos, son los herbáceos especialmente el cereal de invierto, que se recoge entre junio y agosto. También se han registrado daños en girasol, leguminosas, frutos secos, aceituna, viñedo o frutales   Desde el Sistema Español de Seguros Agrarios Combinados recuerdan que no es urgente comunicar el siniestro, ya que la prioridad es seguir las indicaciones de las autoridades y no correr riesgos personales durante los fuegos. Será en el momento en que se apaguen las llamas, y se pueda acceder a las fincas, cuando llegará la hora de hacer números de la mano del mediador o el perito. Más de 116.500 hectáreas siniestradas en 10 añosLa superficie agrícola afectada por las llamas en la última década excede ya las 116.500 hectáreas y ha supuesto el desembolso de 22,6 millones de euros en compensaciones. Un número que contrasta con lo sucedido con otro tipo de siniestros como el pedrisco, que en 2025 estuvo en el origen de casi 6 de cada 10 partes presentados. Sin embargo, han venido incrementándose las indemnizaciones por los fuegos en los últimos años.    Entre los incendios forestales con mayores daños para la agricultura de la última década ya hay 2 correspondientes al pasado mes de junio: el de la Comarca de la Segarra en Lleida con 639 hectáreas y el de La Litera en Huesca con 639 hectáreas. El récord negativo de 2025, más cerca «La incidencia de los incendios sobre las explotaciones agrarias y ganaderas está siendo especialmente elevada durante las dos últimas campañas», reconoce el director del área Técnica de Agroseguro Felix Novoa. Este técnico recuerda que el seguro agrario sigue siendo «la principal herramienta» para que agricultores y ganaderos recuperen lo antes posible su actividad. «La incidencia de los incendios sobre las explotaciones agrarias y ganaderas está siendo especialmente elevada durante las dos últimas campañas», advierte el responsable del área Técnica en Agroseguro Felix Novoa Fuentes de Agroseguro no ocultan su temor a que el pico histórico alcanzado el año pasado de 20.740 hectáreas, impulsado por los graves incendios registrados en la provincia de León (700 hectáreas agrícolas dañadas) y en la Comarca de la Segarra (6.345 hectáreas), se pueda superar en lo que resta de verano si persisten las temperaturas extremas y surgen nuevos focos. El fuego, una garantía básica en las pólizas Desde la sociedad conjunta que gestiona el seguro agrario en España recuerdan que los daños generados por incendio están cubiertos. Novoa recuerda que «todos los productores asegurados cuentan con protección frente a este riesgo dentro de las garantías básicas de sus pólizas, incluyendo los daños en la producción y, cuando corresponda, en las plantaciones».En el caso del cereal, que es el cultivo más dañado con diferencia, las pólizas cubren también la producción que se haya podido ver afectada por la creación de los cortafuegos preventivos. Los ganaderos asegurados también recibirán indemnizaciones por los rebaños dañados o mermados por el fuego. Los daños por los incendios, aseguran desde Agroseguro, se cubren independientemente de que el fuego haya sido o no provocado.  «Una política de Estado que invierta en los montes» El secretario general de Asaja Huesca, Ramón Solanilla Lanau, apunta en  declaraciones a este medio que «estamos ante un problema de deshumanización del medio rural por el que hay menos trabajos de mantenimiento y silvicultura en los montes».  También señala la menor presencia del ganado extensivo, lo que en su opinión, conducía a «una acumulación de vegetación, de combustible».El representante de Asaja Huesca advierte que hace falta  «una política de Estado que invierta en los montes» aunque no cree que sea un problema de presupuesto. El representante de esta organización apuesta por una buena gestión de los montes «que no ponga problemas para sacar la madera que sobra: importamos madera cuando aquí tenemos más que suficiente». «Hace falta una política de Estado que invierta en los montes», Ramón Solanilla (Asaja Huesca) El responsable de Sectores Agrícolas y Producción Ecológica de Unión de Uniones, Anastasio Yébenes, se pronuncia en términos similares y, asegura, que falta dinero para la prevención y ayudas a la ganadería extensiva «que limpiando el monte está previniendo incendios». Yébenes propone la formación de un cuerpo de protección forestal de agricultores y ganaderos voluntarios, «similar a Protección Civil», que ayude a controlar los incendios.