El doble decreto sobre vivienda que el Gobierno ha aprobado este martes -apodado ‘decreto Maricarmen’- ha sido recibido con rechazo en el Partido Popular, que ha reprochado al Ejecutivo la falta de detalles sobre los textos que han pasado por Consejo de Ministros esta mañana.»Lo que no han sido capaces de hacer en ocho años, lo van a arreglar en cuatro días», ha ironizado Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP en un encuentro informativo con periodistas en el que también ha participado el responsable de Economía del partido, Alberto Nadal. Esta misma línea argumental ya la había trazado esta mañana la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz. Aunque el tono general en el partido es de rechazo, tanto Bravo como Nadal han evitado hacer una valoración más completa de la norma porque, dicen, apenas tienen información sobre lo que se ha aprobado. De hecho, han reprochado al Gobierno que ni la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, conocía con exactitud los detalles. «Ha dicho la ministra [de Vivienda] que no tenía el texto definitivo, entonces ¿Qué es lo que se ha aprobado? es gravísimo», ha señalado Bravo. «Es surrealista mandar a cuatro ministros a una rueda de prensa sin el texto que realmente han aprobado», ha añadido. Los dos gurús económicos del partido tampoco han adelantado cuál será el sentido del voto de la formación el viernes, cuando los decretos se someterán a convalidación en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados. Ambos han justificado su postura en la ausencia de un texto sobre el que trabajar. Además, Bravo y Nadal han reprochado a la ministra que no haya aclarado cuál es la definición de «fondo buitre» o lo que se considera una compra especulativa. Aspectos muy relevantes de la norma dado que uno de los decretos plantea prohibir la compra de vivienda a estos fondos hasta el año 2028, así como el veto a los desahucios hasta el año 2030 y una prórroga de los alquileres vigentes también hasta 2028. El segundo decreto, cuya convalidación parece más en entredicho, recoge una renovación automática de los alquileres.Los responsables económicos del partido han esgrimido como contrapropuesta al Gobierno, el decálogo de medidas en vivienda presentadas recientemente para levantar un millón de pisos en cuatro años. Entre ellas, figura agilizar la concesión de licencias, movilizar todo el suelo público disponible, reducir a cuatro años años plazos para iniciar la construcción o reducir el IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales para compras de primera vivienda. Asimismo, Nadal y Bravo han cuestionado el decreto que prorroga las bonificaciones al carburante por la guerra en Irán también aprobado este martes en Consejo de Ministros. Ambos han reprochado al Gobierno que el paquete aprobado es menos ambicioso que el que se introdujo en marzo porque va reduciendo los descuentos hasta diciembre y se han quejado de que no se incluya ninguna de las propuestas del PP. Igual que con la vivienda, han evitado adelantar cuál será el sentido del voto del partido cuando llegue el momento de convalidarlos. Ven 2.500 millones de fondos europeos en peligroEl encuentro había sido convocado originalmente para hacer balance del plan de recuperación, aprovechando que el Gobierno solicitará el miércoles el último pago de 25.000 millones de los fondos europeos. Los populares han sido tremendamente críticos con la ejecución de un plan cuya función ha sido, según el PP, «mantener al Gobierno sin los Presupuestos Generales del Estado».El Partido Popular estima, además, que España está en riesgo de perder 2.500 millones de euros del plan de recuperación por incumplir o estar en riesgo de incumplimiento de reformas comprometidas con Bruselas.

El sector del transporte profesional ha quedado disconforme con el nuevo paquete de medidas anticrisis aprobado este martes en el Consejo de Ministros. De igual manera que han expresado otros actores implicados, como el sector agrario, los transportistas consideran «insuficiente» el esfuerzo del Gobierno en paliar los efectos económicos de la guerra de Irán y reclaman que las ayudas se ajusten a la evolución real de los costes del combustible.Las principales organizaciones del sector, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), valoran que el Ejecutivo haya decidido mantener las ayudas al combustible durante el último trimestre del año, evitando su desaparición a partir de este miércoles, 30 de septiembre. Sin embargo, ambas entidades consideran que las cuantías anunciadas no responden a la magnitud del incremento que están soportando las empresas y los autónomos del transporte.El nuevo paquete contempla una reducción del Impuesto de Hidrocarburos de 20 céntimos por litro durante octubre, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre. Para la CETM, estas cantidades son «claramente insuficientes» ante la evolución del precio del gasóleo, que ha pasado de alrededor de 1,44 euros por litro al inicio del conflicto de Irán a situarse actualmente en torno a los 1,93 euros, lo que supone un incremento superior al 40%.Aunque las empresas de transporte han podido trasladar parte de esta subida a sus clientes, el presidente de la CETM, Carmelo González, considera que la situación es ya «inasumible» para muchas compañías, cuyos márgenes se están reduciendo hasta desaparecer y que cada vez cuentan con menos capacidad para absorber nuevos incrementos de costes.La presión de los carburantes ya se está trasladando también a la economía en su conjunto. El IPC español alcanzó en septiembre el 4,9%, según el dato adelantado, con los carburantes entre los componentes que están impulsando esta evolución. Ante este escenario, la CETM reclama que las medidas de apoyo sean proporcionales a la evolución real del precio del combustible y que parte del incremento de la recaudación pública derivado de esta subida revierta en la economía para evitar una mayor pérdida de actividad, inversión, empleo y poder adquisitivo. Una petición que, según la organización, fue trasladada la pasada semana por Carmelo González al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.Por su parte, Fenadismer comparte la preocupación por la reducción progresiva de las ayudas y advierte de que el repliegue de los estímulos fiscales se produce en un contexto de «máxima volatilidad internacional». La Federación asegura que vigilará especialmente la aplicación de las cláusulas de revisión previstas para los dos últimos meses del año y reclama que, si el recrudecimiento del conflicto provoca un nuevo repunte del precio del petróleo, se active de forma automática un incremento de las ayudas para evitar que el sector tenga que asumir nuevamente las consecuencias de una crisis energética.Una de las principales diferencias de esta asociación respecto al nuevo paquete se refiere, además, al sistema de gestión de las ayudas. La Federación rechaza que se vuelva a imponer un modelo de gestión a través de las estaciones de servicio y defiende que la vía más eficaz para garantizar la liquidez inmediata de las empresas y los autónomos es transferir directamente el importe de las ayudas a las cuentas de los transportistas, sin intermediarios.Ambas organizaciones coinciden también en reclamar que las ayudas ya aprobadas se abonen con carácter inmediato. La CETM denuncia que, mientras el Gobierno prepara ya el tercer paquete de medidas, numerosas empresas todavía no han cobrado las ayudas correspondientes al primero, pese a llevar meses afrontando prácticamente al contado el encarecimiento del gasóleo. En la misma línea, Fenadismer reclama al Ministerio de Hacienda un compromiso para agilizar al máximo la tramitación de las ayudas directas destinadas tanto a los vehículos pesados como a los ligeros y evitar que vuelvan a producirse los retrasos registrados en anteriores trimestres.

El Gobierno ha anunciado que ha aprobado este martes dos decretos sobre vivienda, uno que contendría medidas como la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030 o la prórroga por dos años de los contratos de alquiler en vigor hasta 2019 -y que tendría, a priori, el visto bueno de Junts- y otro que incluiría el establecimiento de contratos indefinidos y que despierta más reticencias de las fuerzas conservadoras del Congreso. Además, las mismas fuentes informan de que el Gobierno ha solicitado formalmente al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación inmediata de ambos decretos.PSOE y Sumar han apurado al máximo la negociación en torno al bautizado como ‘decreto Maricarmen’ hasta el punto de retrasar una hora la reunión del Consejo de Ministros de este lunes. La fórmula para salvar las diferencias entre ambas partes ha sido finalmente aprobar no uno, sino dos textos, desgajando así del resto de las medidas la renovación automática de los alquileres para que los contratos sean indefinidos. La inclusión de este punto era una de las exigencias del Sindicato de Inquilinas y de las formaciones a la izquierda del PSOE y ha sido uno de los grandes escollos de la negociación.El otro decreto es en el que se incluyen el grueso de las medidas. Por el momento, fuentes del Gobierno señalan que este texto recoge la protección frente a los desahucios, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la prohibición de comprar vivienda a los fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.Para que todas estas medidas tengan carácter permanente no basta con su aprobación este martes en el Consejo de Ministros, sino que es necesario que también el Congreso dé el visto bueno a cada uno de los textos y los convalide. Para este trámite existe un plazo de 30 días, pero el Ejecutivo ha pedido al Congreso que celebre un pleno extraordinario este mismo viernes para que la votación se produzca de manera «inmediata» y se evite así que, si la Cámara Baja rechaza alguno de los textos, su validez momentánea entre la aprobación en el Consejo de Ministros y la votación del Congreso genere inseguridad.(Más información en breve…)