La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) da la razón a las aerolíneas y pide rebajar las tasas aeroportuarias durante los próximos cinco años. El organismo que capitanea Cani Fernández incorpora esta demanda en el informe sobre el Documento de Regulación Aeroportuaria correspondiente al periodo 2027-2031 (DORA III), que ha publicado este martes. En concreto, el informe de la CNMC plantea una reducción tarifaria del 0,59% anual a lo largo del periodo 2027-2031, frente al incremento del 3,82% planteado por Aena. Su estimación responde a que la Comisión discrepa con varios cálculos que el gestor aeroportuario incorpora su propuesta. Así, revisa al alza las previsiones de tráfico aéreo (del 1,3% de Aena al 2,2%), en línea con las «tendencias observadas» y las estimaciones de organismos internacionales.Así, el número de pasajeros alcanzaría los 366,7 millones en 2031, frente a los 346,7 millones estimados por Aena. La CNMC reduce los gastos de explotación (OPEX) en 741,5 millones de euros, frente a la propuesta del gestor, que plantea un crecimiento de costes muy superior al del tráfico. Esto supondría «asumir ineficiencias operativas que no estarían justificadas», afirma el regulador.El organismo también reduce el coste de capital (WACC) del 9 al 7,4%, según criterios alineados con la regulación europea y con la práctica en otros sectores económicos bajo su supervisión. «Esta revisión adapta los ingresos por pasajero a las previsiones de evolución del tráfico y de los costes, y favorece el mantenimiento de la competitividad de los aeropuertos españoles», señala el informe.Competencia defiende que, con los ajustes propuestos, el sistema aeroportuario español mantiene su sostenibilidad económica durante el periodo 2027-2031. La propuesta de DORA III, que el Consejo de ministros debería aprobar antes del próximo 30 de septiembre, incorpora un plan de inversiones que asciende a 9.991 millones de euros, de los cuales más del 70% se destinará a aumentar la capacidad para atender el crecimiento del tráfico, al mantenimiento de las instalaciones y al refuerzo de la seguridad de los aeropuertos y de los pasajeros. El organismo detalla cómo el procedimiento de transparencia y consultas llevado a cabo por Aena con las aerolíneas se ha desarrollado conforme a la ley, con participación de las compañías aéreas y la suya propia como observadora.La propuesta de DORA III incluye 26 indicadores de calidad (frente a los 23 del documento anterior). Por último, la CNMC recomienda ajustar algunos parámetros para reforzar los incentivos y mejorar la evaluación de la calidad de los servicios aeroportuarios básicos.

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. Es decir, los anticipos con cargo al sistema de financiación que los gobiernos regionales reciben para atender sus necesidades de gasto. Según ha informado el ministro de Hacienda, Arcadi España, las autonomías recibirán un total de 170.300 millones de euros en 2026, un 7,7% más que el año pasado y un nuevo máximo histórico.La aprobación de las entregas a cuenta se produce apenas unos días después de que las 12 comunidades autónomas gobernadas por el PP enviaran una carta al Ministerio de Hacienda reclamando que se actualizaran estas cuantías. En la misiva, 14 consejeros de Economía y Hacienda (incluidas Ceuta y Melilla) lamentaban la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y la falta de un mecanismo automático para actualizar los anticipos que reciben las autonomías del sistema de financiación. Además, estimaron que llevan seis meses recibiendo fondos un 21% inferiores de lo que les correspondería si se hubieran actualizado las entregas a cuenta, con los consiguientes problemas de tesorería que ello supone.Se trata de la tercera vez en los últimos seis meses que el Ejecutivo lleva al Consejo de Ministros la cuestión de los anticipos a cuenta a las autonomías. En las dos ocasiones anteriores (diciembre de 2025 y febrero de 2026) esta medida se incluyó en un decreto ómnibus y junto al escudo social que PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso cuando se votó para convalidarlos. En esta ocasión, las entregas a cuenta van en un real decreto en el que solo conviven con otra medida, que además es favorable a las finanzas de las entidades locales. Ello hace pensar que, en esta ocasión, el Congreso no pondrá trabas para desbloquear la actualización de los anticipios, muy demandada por el conjunto de las comunidades autónomas. En este sentido, el ministro de Hacienda ha emplazado al Partido Popular a que no rechace la medida una tercera vez. Arcadi España se ha dirigido directamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo a quien ha reclamado que «no le pase las facturas a las comunidades autónomas por ganarse un titular en el Congreso». España ha atribuido la cifra récord de anticipos a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno de España y ha emplazado a los gobiernos autonómicos a que los destinen «a las prioridades de sus ciudadanos». «Muchos ciudadanos de nuestro país se preguntan cómo no ven reflejado ese incremento en la financiación en la calidad de los servicios públicos», se ha planteado, retóricamente, el ministro que ha acusado a las comunidades del PP de gastarlos en «bajar a los impuestos a las rentas más altas o privatizar» en lugar de «luchar contra las listas de espera o mejorar las condiciones de los profesionales de la educación».  «Nosotros ponemos los recursos. Pedimos que las comunidades autónomas los destinen a las prioridades de sus ciudadanos, como son la sanidad y la educación», ha concluido. El ministro carga contra las comunidades del PP que no acudirán a las reuniones sobre financiación autonómicaInterrogado sobre las reuniones bilaterales que Hacienda ha convocado con las comunidades para perfilar la reforma de la financiación autonómica, el ministro España se ha mostrado molesto por la intención que han manifestado varias de ellas de ausentarse. «Se me escapan las razones para no sentarse a dialogar, te puede gustar más o menos el modelo, pero no puedes decir ‘no quiero sentarme’ a hablar de él», ha señalado España. El ministro ha añadido que ve tres motivos por los que las comunidades del PP querrían ausentarse. «No tienen un modelo de financiación, priorizan lo que dice la dirección de su partido a los intereses de su territorio o no necesitan más recursos», ha enumerado el ministro. «No sé cuál de las tres me parece peor, igual son las tres juntas», ha añadido. Por el momento, los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria y Andalucía (todos ellos liderados por el PP) ya han anticipado que no acudirán a las reuniones bilaterales con Hacienda. La Rioja, también del PP, ha dicho que esperará a conocer más detalles y el gobierno aragonés no ha confirmado directamente su ausencia, pero ha dicho que solo contemplaría acudir si van todas las comunidades en una misma mesa. Solo Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña -las tres donde gobierna el PSOE- han confirmado que se sentarán a dialogar con Hacienda. Casi 30.000 millones para los ayuntamientosDe los fondos que se entregará a las comunidades autónomas, 157.731 corresponden a los propios anticipos a cuenta y los 12.569 restantes proceden de la liquidación definitiva del sistema correspondiente al ejercicio 2024. Además, el Gobierno ha aprobado también actualizar los anticipos que reciben las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…). En este caso, les corresponderán 29.247 millones de euros, un 8,8% más que el año pasado.Con el sistema de financiación actual, el Gobierno adelanta cada año los fondos que estima que corresponde a cada comunidad autónoma en función de los impuestos que se estima que se recaudarán. Cuando se conoce la cifra definitiva de ingresos fiscales, dos años después del cierre del ejercicio, se abona la diferencia si lo anticipado se queda corto o se exige una devolución si el adelanto fue superior a lo que correspondía.Además, al margen de las entregas a cuenta, el Gobierno ha dado luz verde a una disposición que es clave para la tesorería de las entidades locales. En el mismo decreto ha incluido una autorización para que los ayuntamientos puedan gastar el superávit presupuestario de 2025 en inversiones financieramente sostenibles. Esto permitirá a las corporaciones locales que tengan saneadas las cuentas invertir esos remanentes en cuestiones como el alcantarillado, protección civil, comercio, energía, industria o infraestructura, ha señalado el ministro España. Se estima que hasta 2.540 entidades locales podrán desbloquear un total de 3.168 millones de euros en recursos extra.Asimismo, como novedad este año, los ayuntamientos podrán destinar por primera vez esos remanentes a inversión en vivienda. Además, el Ejecutivo ha incluido una habilitación legal que permitirá utilizar los remanentes que se generen durante los próximos cuatro años sin necesidad de aprobar un nuevo decreto. 

Las consecuencias económicas de la guerra en Irán comienzan a permear sobre la economía. La crisis energética provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz presiona de nuevo sobre los precios y dispara la inflación dos décimas, hasta el 3,2% en mayo, su nivel más alto desde septiembre de 2023, ante las subidas de los combustibles y el impacto del transporte y las cadenas de suministro. El dato preliminar publicado este martes por Eurostat, la oficina de estadísticas europea, arroja que los productos energéticos se encarecieron un 10,9%, una décima más con respecto al mes anterior y el doble del observado en marzo (5,1%), el primer mes que ya registró el impacto del conflicto en Oriente Próximo. Tras la energía, el IPC de los alimentos frescos fue la partida que registró el mayor incremento (+4,2%), si bien es cuatro décimas inferior a la contabilizada en abril. Le sigue servicios, que repunta medio punto, hasta el 3,5%, mientras los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco disminuyen en la misma proporción (1,1%). En cambio, los bienes industriales no energéticos retroceden una décima (0,9%). Con todo, la tasa subyacente, que excluye los alimentos más volátiles como la energía y los alimentos, se ha elevado tres décimas en mayo, desde el 2,2% observado un mes antes. En ambos casos, ambos datos están por debajo de las estimaciones de mercado. Este dato es el que toma como referencia el Banco Central Europeo (BCE) a la hora de tomar decisiones de política monetaria. El avance general de precios de los últimos meses respalda una posible subida de tipos de interés en su cita de la próxima semana. En el momento actual, la tasa de referencia del dinero se encuentra en el 2%. Las actas del encuentro de abril recogen que el organismo apostó por contar con más información antes de tomar una decisión al respecto. Entre las cuatro grandes economías, España es el país con la tasa con mayor inflación con un avance de precios armonizado del 3,6%, por encima del 3,3% contabilizado en Italia, el 2,8% observado en Francia y el 2,7% de Alemania. Sin embargo, es Bulgaria -que adoptó el euro el pasado mes de enero- el país que encabeza la clasificación con un 6,3%. Le siguen Lituania (5,1%), Grecia (5%), Croacia (4,9%), Luxemburgo (4,5%), Bélgica (4,1%), Eslovaquia y Eslovenia (4%), Chipre y Austria (3,7%), Irlanda (3,5%), Letonia y Países Bajos (3,4%) e Italia (3,3%). Solamente cinco países registran un IPC por debajo del promedio de la eurozona. Se trata de Portugal (3,1 %), Finlandia (3%), Francia (2,8%), Alemania (2,7%) y Malta (2,1%).En la revisión de las previsiones correspondiente a marzo, el organismo encabezado por Christine Lagarde revisó al alza la cifra de IPC para el conjunto de 2026. En concreto, su cálculo de inflación para este año se eleva siete décimas hasta el 2,6% y rebaja tres el de PIB hasta el 0,9%. Eso, en su escenario central, porque en el más severo -si la guerra se alarga y el estrecho de Ormuz sigue bloqueado- la inflación se dispararía hasta el 4,4% y la economía prácticamente se estancaría al crecer solo un 0,4%.