Publicado: junio 2, 2026, 2:00 pm
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El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. Es decir, los anticipos con cargo al sistema de financiación que los gobiernos regionales reciben para atender sus necesidades de gasto. Según ha informado el ministro de Hacienda, Arcadi España, las autonomías recibirán un total de 170.300 millones de euros en 2026, un 7,7% más que el año pasado y un nuevo máximo histórico.
La aprobación de las entregas a cuenta se produce apenas unos días después de que las 12 comunidades autónomas gobernadas por el PP enviaran una carta al Ministerio de Hacienda reclamando que se actualizaran estas cuantías. En la misiva, 14 consejeros de Economía y Hacienda (incluidas Ceuta y Melilla) lamentaban la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y la falta de un mecanismo automático para actualizar los anticipos que reciben las autonomías del sistema de financiación.
Además, estimaron que llevan seis meses recibiendo fondos un 21% inferiores de lo que les correspondería si se hubieran actualizado las entregas a cuenta, con los consiguientes problemas de tesorería que ello supone.
Se trata de la tercera vez en los últimos seis meses que el Ejecutivo lleva al Consejo de Ministros la cuestión de los anticipos a cuenta a las autonomías. En las dos ocasiones anteriores (diciembre de 2025 y febrero de 2026) esta medida se incluyó en un decreto ómnibus y junto al escudo social que PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso cuando se votó para convalidarlos.
En esta ocasión, las entregas a cuenta van en un real decreto en el que solo conviven con otra medida, que además es favorable a las finanzas de las entidades locales. Ello hace pensar que, en esta ocasión, el Congreso no pondrá trabas para desbloquear la actualización de los anticipios, muy demandada por el conjunto de las comunidades autónomas.
En este sentido, el ministro de Hacienda ha emplazado al Partido Popular a que no rechace la medida una tercera vez. Arcadi España se ha dirigido directamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo a quien ha reclamado que «no le pase las facturas a las comunidades autónomas por ganarse un titular en el Congreso».
España ha atribuido la cifra récord de anticipos a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno de España y ha emplazado a los gobiernos autonómicos a que los destinen «a las prioridades de sus ciudadanos». «Muchos ciudadanos de nuestro país se preguntan cómo no ven reflejado ese incremento en la financiación en la calidad de los servicios públicos», se ha planteado, retóricamente, el ministro que ha acusado a las comunidades del PP de gastarlos en «bajar a los impuestos a las rentas más altas o privatizar» en lugar de «luchar contra las listas de espera o mejorar las condiciones de los profesionales de la educación». «Nosotros ponemos los recursos. Pedimos que las comunidades autónomas los destinen a las prioridades de sus ciudadanos, como son la sanidad y la educación», ha concluido.
El ministro carga contra las comunidades del PP que no acudirán a las reuniones sobre financiación autonómica
Interrogado sobre las reuniones bilaterales que Hacienda ha convocado con las comunidades para perfilar la reforma de la financiación autonómica, el ministro España se ha mostrado molesto por la intención que han manifestado varias de ellas de ausentarse.
«Se me escapan las razones para no sentarse a dialogar, te puede gustar más o menos el modelo, pero no puedes decir ‘no quiero sentarme’ a hablar de él», ha señalado España. El ministro ha añadido que ve tres motivos por los que las comunidades del PP querrían ausentarse. «No tienen un modelo de financiación, priorizan lo que dice la dirección de su partido a los intereses de su territorio o no necesitan más recursos», ha enumerado el ministro. «No sé cuál de las tres me parece peor, igual son las tres juntas», ha añadido.
Por el momento, los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria y Andalucía (todos ellos liderados por el PP) ya han anticipado que no acudirán a las reuniones bilaterales con Hacienda. La Rioja, también del PP, ha dicho que esperará a conocer más detalles y el gobierno aragonés no ha confirmado directamente su ausencia, pero ha dicho que solo contemplaría acudir si van todas las comunidades en una misma mesa. Solo Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña -las tres donde gobierna el PSOE- han confirmado que se sentarán a dialogar con Hacienda.
Casi 30.000 millones para los ayuntamientos
De los fondos que se entregará a las comunidades autónomas, 157.731 corresponden a los propios anticipos a cuenta y los 12.569 restantes proceden de la liquidación definitiva del sistema correspondiente al ejercicio 2024. Además, el Gobierno ha aprobado también actualizar los anticipos que reciben las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…). En este caso, les corresponderán 29.247 millones de euros, un 8,8% más que el año pasado.
Con el sistema de financiación actual, el Gobierno adelanta cada año los fondos que estima que corresponde a cada comunidad autónoma en función de los impuestos que se estima que se recaudarán. Cuando se conoce la cifra definitiva de ingresos fiscales, dos años después del cierre del ejercicio, se abona la diferencia si lo anticipado se queda corto o se exige una devolución si el adelanto fue superior a lo que correspondía.
Además, al margen de las entregas a cuenta, el Gobierno ha dado luz verde a una disposición que es clave para la tesorería de las entidades locales. En el mismo decreto ha incluido una autorización para que los ayuntamientos puedan gastar el superávit presupuestario de 2025 en inversiones financieramente sostenibles.
Esto permitirá a las corporaciones locales que tengan saneadas las cuentas invertir esos remanentes en cuestiones como el alcantarillado, protección civil, comercio, energía, industria o infraestructura, ha señalado el ministro España. Se estima que hasta 2.540 entidades locales podrán desbloquear un total de 3.168 millones de euros en recursos extra.
Asimismo, como novedad este año, los ayuntamientos podrán destinar por primera vez esos remanentes a inversión en vivienda. Además, el Ejecutivo ha incluido una habilitación legal que permitirá utilizar los remanentes que se generen durante los próximos cuatro años sin necesidad de aprobar un nuevo decreto.
