Vida Gerente - Colombia
Registro  /  Login

Portal de Negocios en Colombia

Garamendi confirma su candidatura para la reelección al frente de CEOE para un tercer mandato

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, aspira a un tercer mandato al frente de la patronal de los empresarios. Así lo ha confirmado este miércoles, asegurando que se presentará a la reelección tras convocar elecciones, para las que aún no hay fecha concreta. «Tengo un apoyo expreso de las organizaciones y de las empresas que tengo que tener, por lo que estoy agradecido de que se me reconozca el trabajo», ha expresado durante su intervención en el XLIII seminario de economía organizado en Santander por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Garamendi, que ha invitado a quién quiera a presentarse, responde así un día después de trascender la convocatoria del comité ejecutivo y de la junta directiva para el próximo 1 de julio. Su mandato vence el próximo 23 de noviembre, por lo que previsiblemente se celebrarán en septiembre u octubre. En este sentido, los estatutos de CEOE establecen un mínimo de tres meses para la convocatoria ordinaria. No obstante, ha confirmado que el proceso se adelantará como consecuencia de la celebración de la Cumbre Iberoamericana, un evento que gestiona junto con la Secretaría General Iberoamericana (Segib). «No tiene sentido que el proceso coincida con la visita de los inversores latinoamericanos», ha subrayado. Cabe recordar que la organización aprobó en 2023 la limitación de la presidencia a dos mandatos consecutivos de cuatro años, dejando vía libre para que se vuelva a presentar. El anuncio de la maquinaria electoral se produce ante las informaciones que apuntan a que José Manuel de la Riva Zorrilla, antiguo vicepresidente de Cepyme, ha recibido el apoyo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) por un escrito presentado contra Garamendi acerca del desarrollo de los comiciones en la patronal de las pequeñas y medianas empresas. En concreto, apunta a hechos como posibles delitos de corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de administración desleal y de apropiación indebida, si bien no consta ninguna denuncia contra Garamendi en ningún tribunal. Sobre este punto, Garamendi ha asegurado que se trata de «campañas sucias que no van a ningún lado». Así, ha pedido mayor claridad en los plazos en alusión a lo sucedido el año pasado, cuando se convocaron elecciones en Cepyme. En aquellos comicios, Garamendi impulsó una candidatura alternativa a Gerardo Cuerva, con el apoyo a Ángela de Miguel. Cuerva salió derrotado, pero lo hizo por un escaso margen en una campaña marcada por el cuestionamiento de Garamendi al frente de CEOE. El empresario que presidió Cepyme entre 2019 y 2025 se desmarcó de la línea oficial fijada por la organizaciones en varias ocasiones. Rechazó explícitamente la reforma laboral que CEOE pactó con sindicatos y el Gobierno. Y en los últimos compases de su mandato elevó el tono contra el Ejecutivo, con declaraciones encendidas sin autorizar. Carga contra la falta de presupuestosMás allá de su candidatura, ha aprovechado su intervención para cargar contra la falta de cuentas públicas, lamentando que el Gobierno lleve «más de tres años» sin presentar presupuestos. Ha extrapolado esta situación a una empresa, en la que el responsable de esta partida «estaría en la calle» en caso de producirse. «Lo que escribís (en alusión a los periodistas) se lee en Londres, Alemania, París… Nunca se habla de reinversiones», ha criticado, a la vez que advierte de que la inestabilidad institucional «no es buena», dado que la inversión va donde la empresa ve «estabilidad y seguridad».De forma paralela, Garamendi ha abordado otros aspectos como el incremento del absentismo laboral, un problema que preocupa a la patronal. «El Gobierno tiene que ser más valiente para tomar las medidas que tenga que tomar», ha precisado. Recuerda que España registra diariamente un total de 1,5 millones de bajas por incapacitación temporal en el ámbito privado de un total de 18 millones de cotizantes en esta área. «Hay un problema en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Hacen falta más médicos, retribuirles mejor, hay problemas de seguimiento y no se deja espacio a las mutuas para colaborar, para que las pruebas se adelanten», ha remarcado. Por este motivo, ha insistido en que la Seguridad Social asuma el pago de las prestaciones y cotizaciones de los trabajadores en los primeros quince días de baja laboral, que ahora asumen las empresas. 

Funcas calcula que el uso del suelo vacío elevaría un 18% el parque de viviendas en grandes ciudades: «Está en manos muertas»

España dispone de una gran cantidad de suelo aún sin edificar, gran parte de ellos de titularidad pública. Al menos un 30% de ese suelo vacante pertenece a ayuntamientos por cesiones legales. Así lo ha asegurado Ignacio Ezquiaga, investigador de Funcas, durante su intervención en el XLIII seminario de economía organizado en Santander por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). El think tank calcula que el suelo vacío de las quince mayores áreas urbanas de España ayudaría a incrementar el parque disponible en un 18%. «Hay muchas viviendas que podrían acometerse, y no precisamente en zonas recónditas», ha asegurado Ezquiaga. Pone como ejemplo el caso de Murcia, región en la que podría llegar a duplicarse el número de inmuebles si se llevan a cabo este tipo de proyectos. «La mayor parte del suelo está en manos muertas desde la crisis financieras. Es decir, de agentes que no quieren promoverlo», ha remarcado. En el informe presentado este martes ha hecho un repaso por el mercado de la vivienda desde la burbuja inmobiliaria (1998-2008) para concluir que los suelos financiados previamente y absorbidos por grandes fondos y Sareb no han regresado al mercado como se había previsto. De hecho, Ezquiaga critica que pese a la abundante liquidez, la inversión en edificación residencial es escasa, algo que ha llevado a paralizar muchos proyectos en fase inicial. Si en 2011 la banca financiaba suelo por el equivalente a tres millones en viviendas, en el momento actual Sareb tiene proyectos abiertos para unas 400.000 potenciales. «Tenemos que conseguir que estos suelos vuelvan al mercado, que lo inunden de precios bajos y construyan», ha explicado. En su opinión, una de las soluciones pasaría por penalizar la ociosidad de esos suelos. El experto considera que la política de vivienda debería incluir medidas que permitan volver a poner en el mercado dichos terrenos en aras de movilizar el patrimonio municipal y destinarlo a vivienda pública, así como a liberar los suelos privados «encapsulados». Para ello, pone sobre la mesa la posibilidad de establecer sanciones como la pérdida de derechos edificatorios si pasa un largo periodo de tiempo sin ejecución o la edificación forzosa de solares. En materia fiscal, Ezquiaga defiende la aplicación de un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre el potencial de edificabilidad en lugar de hacerlo solamente sobre el suelo. KPMG apuesta por más incentivos fiscales En contraposición, el responsable del sector inmobiliario de KPMG, Carlos Bardavío, atribuye la crisis de acceso actual más a la falta de vivienda en alquiler que a la normativa vigente. El experto ha asegurado que con las políticas impulsadas se ha reducido la oferta para arrendamiento, a lo que se suma la competición del hogar tradicional con el alquiler turístico, el de temporada, el enfocado en estudiantes y el dedicado al arrendamiento por habitaciones.Si bien defiende la colaboración público-privada en aras de promover nuevas viviendas en alquiler en suelo público, Bardavío se ha centrado en las ya construidas, que están en manos de pequeños propietarios. En este sentido, ve necesario apostar por una mayor seguridad jurídica e incentivos fiscales, sobre todo, los hogares vulnerables, dado que la ley de vivienda ha tensionado aún más el mercado, provocando la retirada de un gran número de viviendas. 

El 'efecto dominó' de los fertilizantes: la crisis alimentaria que espera si el cierre de Ormuz se dilata

El conflicto entre Irán y Estados Unidos, que ha provocado el cierre del Estrecho de Ormuz y bloqueado la única salida a océano abierto desde el Golfo Pérsico, sacude el tablero internacional. En los últimos días, dos organismos poco sospechosos de alarmistas han alertado sobre la crisis alimentaria que se avecina: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) habla de fuertes incrementos de los alimentos en un horizonte de entre seis y 12 meses si persiste la guerra, y el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, previno durante una conferencia en Londres contra «la amenaza de la inflación y de un shock de las cadenas de suministro de alimentos» por el diésel y los fertilizantes.Por Ormuz  se exporta el 20% del petróleo mundial (20 millones de barriles diarios) y alrededor del 25% del gas natural licuado. En un escenario en que el conflicto en Oriente Próximo y su desescalada se prolongará, con toda probabilidad varios meses, y llegue a alcanzar agosto, «la recuperación sería lenta y sujeta a garantías regionales e internacionales por ambas partes», sostiene Santos Gutiérrez, analista de riesgos de Solunion España, quien recuerda que » la realidad es que, actualmente, no hay fecha de resolución del conflicto».»La realidad es que, actualmente, no hay fecha de resolución del conflicto», avisa sobre la guerra en Irán el analista de Solunion España Santos Gutiérrez¿Una espiral inflacionaria en los alimentos? ¿Consecuencias? Una mayor inquietud a nivel internacional y, sobre todo, la consolidación de «una inflación elevada, agravada y reforzada». La FAO, advertía que la crisis alimentaria puede llegar tras varias «fases»: primer golpe sobre la energía, luego sobre el precio de fertilizantes y semillas, lo que impacta sobre la productividad de las cosechas (o rendimiento) y el valor de las materias primas básicas, que se encarecen: esto desemboca en una espiral inflacionista en la alimentación. A todo lo anterior, la FAO suma la reaparición de ‘El Niño’ que puede agravar la situación con sequías y alterar los patrones de lluvias y temperatura en muchas zonas del planeta. El economista agroalimentario, David Uclés, recuerda a ‘La Información Económica’ que desde los años 60 el uso de fertilizantes ha permitido sacar «rendimientos muy grandes en producción agraria», especialmente por los nitrogenados que están hechos con gas. «El precio que tienen que pagar los agricultores se han vuelto imposible y los rendimientos caerán», augura este experto quien recuerda que es un insumo «muy importante» en los países pobres. Menos cereal y ‘El Niño’ Uclés señala dos circunstancias preocupantes: unas existencias de cereales más estrechas, según estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Consejo Internacional de Cereales (IGC) tras varios años de producciones «con márgenes muy estrechos de producción y consumo». Este analista prevé que se tenga que tirar todavía más de las reservas «si efectivamente no llegan a tiempo los fertilizantes para las primeras siembras». El otro factor es ‘El Niño’ que, según advierte, implicaría fenómenos meteorológicos extremos en Latinoamérica y gran parte del Pacífico con daños en las cosechas.  «Hay dos factores preocupantes: unas existencias de cereales más estrechas y al fenómeno meteorológico de El Niño». El profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Hidalgo, coincide en que «el sistema alimentario mundial se basa en los fertilizantes». Este experto matiza que «la situación no es la misma que en 2022» a pesar de que «el golpe de costes se va a trasladar a los precios». Hidalgo señala que no se ha producido un corte en el suministro de gas ni un encarecimiento de la materia prima tan aguda como tras la invasión de Ucrania. «El gas pasó de los 20 dólares el MW a los 350 dólares, ahora el gas ha escalado hasta los 60 dólares MW», recuerda. El profesor de la Universidad Pablo de Olavide añade que, tanto Trump como Irán, tienen los suficientes incentivos como para llegar a un acuerdo aunque todo dependerá de la duración del conflicto. «Si terminara hoy hasta finales de año no se normalizará la situación», concluye Hidalgo.    Los fertilizantes, por las nubes El Índice de Precios de Commodities del Banco Mundial ya registraba en febrero unos fertilizantes casi un 45% más caros que en 2010, que es el ejercicio base de esta estadística que comienza en 1960. Solo en marzo de este año, el primer mes completo del actual conflicto en Irán, el precio subió más de un 38% en relación con febrero mientras que, en abril, se añadía otro alza del 25,71%. Si se compara con el año base, los fertilizantes ya habían triplicado su valor.  El escalada es muy gráfica en fertilizantes como la urea y el cloruro de potasio. El primero pasó en febrero de un precio de 472 dólares la tonelada a 856,88 dólares con que ha cerrado abril. Una suerte similar ha corrido el cloruro potásico que, en el segundo mes del año, cotizaba a 372,50 dólares por tonelada y que, en los dos meses de guerra, ha escalado hasta los 401,25 dólares la tonelada. Son dos de los fertilizantes más empleados en agricultura para aportar nutrientes esenciales a los cultivos»Según el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, la siembra está asegurada este año, no en 2027, aunque una cosa muy distinta es que el agricultor quiera ir a pérdidas», José María Castilla (Asaja Bruselas) Europa: «La siembra está asegurada este año, no en 2027» A todo lo anterior tampoco son ajenos los agricultores europeos y, en particular, los españoles. «Según el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, la siembra está asegurada este año, no en 2027, aunque una cosa muy distinta es que el agricultor quiera ir a pérdidas», comenta a ‘La Información Económica’ el director de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla, en relación a un sobrecoste que ya superaba los 100 millones de euros en el primer mes de la guerra.  «Europa no es la gran perjudicada ya que de la zona del conflicto llegaban entre el 30 y 40% de los fertilizantes, matiza José María Castilla. El director de la oficina de Asaja en Bruselas apunta que «hay otros países que tienen una dependencia del 70 u 80%, y lo van a pasar mal». Además los productores europeos y españoles pueden contar con el ‘colchón’ de la Unión Europea (UE), aunque todavía se desconoce la letra pequeña, de 200 millones de euros de la Política Agraria Común (PAC) y de ayudas estatales a la compra de fertilizantes como las de España (500 millones). 

El BCE ve en la guerra de Irán y la crisis energética el mayor riesgo para la estabilidad del euro

La guerra de Irán y la crisis energética, de las que aún se desconocen las consecuencias reales sobre la economía por la incertidumbre que rodean al conflicto, suponen el mayor riesgo actual para la estabilidad del euro. La advertencia la lanza este miércoles el Banco Central Europeo (BCE) en su último Informe de Estabilidad Financiera.»La actual crisis de suministro energético plantea riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento económico», apunta en el documento Luis de Guindos. El vicepresidente de la entidad advierte de que este nuevo shock podría aumentar la volatilidad del mercado y poner en entredicho la capacidad de pago de la deuda, «dado el incremento de los costes de financiación» en un contexto en el que la actividad ha echado el freno.Hace solo unos días la Comisión Europea rebajaba su previsión de crecimiento para el área del euro hasta el 0,9% este año y al 1,2 % el próximo ejercicio, desde el 1,2 % y el 1,4 %, respectivamente. El emisor incide en que, si bien el sistema financiero global y la economía real habían demostrado una notable resiliencia al inicio de 2026, la crisis geoeconómica provocada por la guerra en Oriente Próximo va a ponerla a prueba. A este efecto contribuirán también la incertidumbre sobre el comercio mundial y la cooperación internacional, así como los riesgos de ciberseguridad y las amenazas híbridas a la infraestructura crítica, que están aumentando. «Los mercados financieros se están ajustando a la tensión geoeconómica y a las interrupciones en el suministro de energía». Sin embargo, el BCE cree que los ajustes iniciales de los mercados financieros resultaron efímeros, dejando las valoraciones de las acciones aún elevadas con respecto a los estándares históricos. Al mismo tiempo, las primas de riesgo de los bonos corporativos se han mantenido comprimidas a nivel mundial, por lo que los precios son «vulnerables al nivel inusualmente alto de incertidumbre geopolítica y de políticas públicas», precisa. Todo esto lleva al BCE a advertir de un «riesgo considerable» de que el sentimiento del mercado financiero se deteriore, ya que los riesgos a la baja relacionados con la evolución geopolítica, fiscal y macrofinanciera «parecen estar subestimados». El organismo cree que las medidas de expansión fiscal en un entorno como el actual podría ejercer mayor presión sobre las finanzas públicas en algunos países de la zona euro altamente endeudados y provocar una reevaluación del riesgo soberano.Pese a su resiliencia, las entidades no bancarias se enfrentan a riesgos derivados de caídas generalizadas del mercado -ante los bajos niveles de liquidez o las altas valoraciones- y, si bien su situación no supone una «preocupación sistémica» en sí, el BCE considera que la opacidad e interconexión de los mercados privados exige una estrecha vigilancia debido a los riesgos de contagio, especialmente los procedentes de Estados Unidos.El organismo capitaneado por Christine Lagarde recalca que los bancos de la zona euro han superado con éxito los recientes periodos de incertidumbre, gracias a su sólida rentabilidad y a sus amplias reservas de capital y liquidez. Sin embargo, advierte de que la importancia de las fuentes de financiación no bancarias en su estructura podría exponerlos a riesgos de liquidez y financiación si las condiciones del mercado se volvieran volátiles.»La calidad de los activos bancarios podría deteriorarse si las condiciones macrofinancieras empeoraran notablemente como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, si bien su exposición directa a la región es limitada y se concentra en unos pocos bancos», apostilla. Con todo, una crisis prolongada podría generar importantes efectos indirectos, sobre todo en el caso de las empresas de la zona euro que operan en sectores sensibles al comercio, la energía y los tipos de interés. De producirse, estos impactarían a su vez en los hogares a través del mercado laboral o el coste de la vida. El BCE resalta que en un contexto como el actual deben mantenerse los requisitos de colchón de capital vigentes y las medidas dirigidas a los prestatarios para preservar la resiliencia bancaria y garantizar estándares de crédito sólidos.