El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, aspira a un tercer mandato al frente de la patronal de los empresarios. Así lo ha confirmado este miércoles, asegurando que se presentará a la reelección tras convocar elecciones, para las que aún no hay fecha concreta. «Tengo un apoyo expreso de las organizaciones y de las empresas que tengo que tener, por lo que estoy agradecido de que se me reconozca el trabajo», ha expresado durante su intervención en el XLIII seminario de economía organizado en Santander por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Garamendi, que ha invitado a quién quiera a presentarse, responde así un día después de trascender la convocatoria del comité ejecutivo y de la junta directiva para el próximo 1 de julio. Su mandato vence el próximo 23 de noviembre, por lo que previsiblemente se celebrarán en septiembre u octubre. En este sentido, los estatutos de CEOE establecen un mínimo de tres meses para la convocatoria ordinaria. No obstante, ha confirmado que el proceso se adelantará como consecuencia de la celebración de la Cumbre Iberoamericana, un evento que gestiona junto con la Secretaría General Iberoamericana (Segib). «No tiene sentido que el proceso coincida con la visita de los inversores latinoamericanos», ha subrayado. Cabe recordar que la organización aprobó en 2023 la limitación de la presidencia a dos mandatos consecutivos de cuatro años, dejando vía libre para que se vuelva a presentar. El anuncio de la maquinaria electoral se produce ante las informaciones que apuntan a que José Manuel de la Riva Zorrilla, antiguo vicepresidente de Cepyme, ha recibido el apoyo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) por un escrito presentado contra Garamendi acerca del desarrollo de los comiciones en la patronal de las pequeñas y medianas empresas. En concreto, apunta a hechos como posibles delitos de corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de administración desleal y de apropiación indebida, si bien no consta ninguna denuncia contra Garamendi en ningún tribunal. Sobre este punto, Garamendi ha asegurado que se trata de «campañas sucias que no van a ningún lado». Así, ha pedido mayor claridad en los plazos en alusión a lo sucedido el año pasado, cuando se convocaron elecciones en Cepyme. En aquellos comicios, Garamendi impulsó una candidatura alternativa a Gerardo Cuerva, con el apoyo a Ángela de Miguel. Cuerva salió derrotado, pero lo hizo por un escaso margen en una campaña marcada por el cuestionamiento de Garamendi al frente de CEOE. El empresario que presidió Cepyme entre 2019 y 2025 se desmarcó de la línea oficial fijada por la organizaciones en varias ocasiones. Rechazó explícitamente la reforma laboral que CEOE pactó con sindicatos y el Gobierno. Y en los últimos compases de su mandato elevó el tono contra el Ejecutivo, con declaraciones encendidas sin autorizar. Carga contra la falta de presupuestosMás allá de su candidatura, ha aprovechado su intervención para cargar contra la falta de cuentas públicas, lamentando que el Gobierno lleve «más de tres años» sin presentar presupuestos. Ha extrapolado esta situación a una empresa, en la que el responsable de esta partida «estaría en la calle» en caso de producirse. «Lo que escribís (en alusión a los periodistas) se lee en Londres, Alemania, París… Nunca se habla de reinversiones», ha criticado, a la vez que advierte de que la inestabilidad institucional «no es buena», dado que la inversión va donde la empresa ve «estabilidad y seguridad».De forma paralela, Garamendi ha abordado otros aspectos como el incremento del absentismo laboral, un problema que preocupa a la patronal. «El Gobierno tiene que ser más valiente para tomar las medidas que tenga que tomar», ha precisado. Recuerda que España registra diariamente un total de 1,5 millones de bajas por incapacitación temporal en el ámbito privado de un total de 18 millones de cotizantes en esta área. «Hay un problema en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Hacen falta más médicos, retribuirles mejor, hay problemas de seguimiento y no se deja espacio a las mutuas para colaborar, para que las pruebas se adelanten», ha remarcado. Por este motivo, ha insistido en que la Seguridad Social asuma el pago de las prestaciones y cotizaciones de los trabajadores en los primeros quince días de baja laboral, que ahora asumen las empresas. 

España dispone de una gran cantidad de suelo aún sin edificar, gran parte de ellos de titularidad pública. Al menos un 30% de ese suelo vacante pertenece a ayuntamientos por cesiones legales. Así lo ha asegurado Ignacio Ezquiaga, investigador de Funcas, durante su intervención en el XLIII seminario de economía organizado en Santander por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). El think tank calcula que el suelo vacío de las quince mayores áreas urbanas de España ayudaría a incrementar el parque disponible en un 18%. «Hay muchas viviendas que podrían acometerse, y no precisamente en zonas recónditas», ha asegurado Ezquiaga. Pone como ejemplo el caso de Murcia, región en la que podría llegar a duplicarse el número de inmuebles si se llevan a cabo este tipo de proyectos. «La mayor parte del suelo está en manos muertas desde la crisis financieras. Es decir, de agentes que no quieren promoverlo», ha remarcado. En el informe presentado este martes ha hecho un repaso por el mercado de la vivienda desde la burbuja inmobiliaria (1998-2008) para concluir que los suelos financiados previamente y absorbidos por grandes fondos y Sareb no han regresado al mercado como se había previsto. De hecho, Ezquiaga critica que pese a la abundante liquidez, la inversión en edificación residencial es escasa, algo que ha llevado a paralizar muchos proyectos en fase inicial. Si en 2011 la banca financiaba suelo por el equivalente a tres millones en viviendas, en el momento actual Sareb tiene proyectos abiertos para unas 400.000 potenciales. «Tenemos que conseguir que estos suelos vuelvan al mercado, que lo inunden de precios bajos y construyan», ha explicado. En su opinión, una de las soluciones pasaría por penalizar la ociosidad de esos suelos. El experto considera que la política de vivienda debería incluir medidas que permitan volver a poner en el mercado dichos terrenos en aras de movilizar el patrimonio municipal y destinarlo a vivienda pública, así como a liberar los suelos privados «encapsulados». Para ello, pone sobre la mesa la posibilidad de establecer sanciones como la pérdida de derechos edificatorios si pasa un largo periodo de tiempo sin ejecución o la edificación forzosa de solares. En materia fiscal, Ezquiaga defiende la aplicación de un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre el potencial de edificabilidad en lugar de hacerlo solamente sobre el suelo. KPMG apuesta por más incentivos fiscales En contraposición, el responsable del sector inmobiliario de KPMG, Carlos Bardavío, atribuye la crisis de acceso actual más a la falta de vivienda en alquiler que a la normativa vigente. El experto ha asegurado que con las políticas impulsadas se ha reducido la oferta para arrendamiento, a lo que se suma la competición del hogar tradicional con el alquiler turístico, el de temporada, el enfocado en estudiantes y el dedicado al arrendamiento por habitaciones.Si bien defiende la colaboración público-privada en aras de promover nuevas viviendas en alquiler en suelo público, Bardavío se ha centrado en las ya construidas, que están en manos de pequeños propietarios. En este sentido, ve necesario apostar por una mayor seguridad jurídica e incentivos fiscales, sobre todo, los hogares vulnerables, dado que la ley de vivienda ha tensionado aún más el mercado, provocando la retirada de un gran número de viviendas. 

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