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Funcas calcula que el uso del suelo vacío elevaría un 18% el parque de viviendas en grandes ciudades: «Está en manos muertas»

España dispone de una gran cantidad de suelo aún sin edificar, gran parte de ellos de titularidad pública. Al menos un 30% de ese suelo vacante pertenece a ayuntamientos por cesiones legales. Así lo ha asegurado Ignacio Ezquiaga, investigador de Funcas, durante su intervención en el XLIII seminario de economía organizado en Santander por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). El think tank calcula que el suelo vacío de las quince mayores áreas urbanas de España ayudaría a incrementar el parque disponible en un 18%. «Hay muchas viviendas que podrían acometerse, y no precisamente en zonas recónditas», ha asegurado Ezquiaga. Pone como ejemplo el caso de Murcia, región en la que podría llegar a duplicarse el número de inmuebles si se llevan a cabo este tipo de proyectos. «La mayor parte del suelo está en manos muertas desde la crisis financieras. Es decir, de agentes que no quieren promoverlo», ha remarcado. En el informe presentado este martes ha hecho un repaso por el mercado de la vivienda desde la burbuja inmobiliaria (1998-2008) para concluir que los suelos financiados previamente y absorbidos por grandes fondos y Sareb no han regresado al mercado como se había previsto. De hecho, Ezquiaga critica que pese a la abundante liquidez, la inversión en edificación residencial es escasa, algo que ha llevado a paralizar muchos proyectos en fase inicial. Si en 2011 la banca financiaba suelo por el equivalente a tres millones en viviendas, en el momento actual Sareb tiene proyectos abiertos para unas 400.000 potenciales. «Tenemos que conseguir que estos suelos vuelvan al mercado, que lo inunden de precios bajos y construyan», ha explicado. En su opinión, una de las soluciones pasaría por penalizar la ociosidad de esos suelos. El experto considera que la política de vivienda debería incluir medidas que permitan volver a poner en el mercado dichos terrenos en aras de movilizar el patrimonio municipal y destinarlo a vivienda pública, así como a liberar los suelos privados «encapsulados». Para ello, pone sobre la mesa la posibilidad de establecer sanciones como la pérdida de derechos edificatorios si pasa un largo periodo de tiempo sin ejecución o la edificación forzosa de solares. En materia fiscal, Ezquiaga defiende la aplicación de un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre el potencial de edificabilidad en lugar de hacerlo solamente sobre el suelo. KPMG apuesta por más incentivos fiscales En contraposición, el responsable del sector inmobiliario de KPMG, Carlos Bardavío, atribuye la crisis de acceso actual más a la falta de vivienda en alquiler que a la normativa vigente. El experto ha asegurado que con las políticas impulsadas se ha reducido la oferta para arrendamiento, a lo que se suma la competición del hogar tradicional con el alquiler turístico, el de temporada, el enfocado en estudiantes y el dedicado al arrendamiento por habitaciones.Si bien defiende la colaboración público-privada en aras de promover nuevas viviendas en alquiler en suelo público, Bardavío se ha centrado en las ya construidas, que están en manos de pequeños propietarios. En este sentido, ve necesario apostar por una mayor seguridad jurídica e incentivos fiscales, sobre todo, los hogares vulnerables, dado que la ley de vivienda ha tensionado aún más el mercado, provocando la retirada de un gran número de viviendas. 

Garamendi activa la maquinaria electoral: CEOE fijará fecha para elegir un nuevo presidente antes de lo previsto

Antonio Garamendi ha decidido activar la maquinaria electoral antes de tiempo. El presidente de la gran patronal CEOE, la organización empresarial más representativa del país, reunirá al Comité Ejecutivo de la organización el próximo miércoles 1 de julio. Tal y como ha adelantado Colpisa  y ha podido confirmar este periódico, el órgano ejecutivo de la patronal decidirá ese día una fecha para celebrar elecciones.Fuentes oficiales de CEOE señalan que no se trata de un adelanto electoral, dado que la organización tenía como límite el mes de noviembre para convocar el proceso, pero podía fijar una fecha en cualquier momento anterior. El motivo que arguyen en la presidencia de CEOE para lanzar el proceso antes de esta fecha es evitar que coincida con la cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.El actual presidente, Antonio Garamendi todavía no ha confirmado oficialmente su candidatura, pero todo hace pensar que se presentará a la reelección para optar a un tercer mandato. El empresario vasco accedió a la presidencia de CEOE en el año 2018 y revalidó el cargo por cuatro años más en 2022 sin gran oposición. Entonces, Garamendi se impuso a Virginia Guinda, candidata impulsada por la patronal catalana Foment del Treball, por un 86% de los sufragios.Por el momento, no se ha confirmado si se presentarán o no candidaturas alternativas a la de Garamendi. Pero dentro de la patronal, el principal antagonista al actual presidente en los últimos tiempos ha sido Gerardo Cuerva, expresidente de Cepyme, la organización que representa a las pequeñas y medianas empresas del país. El momento álgido de el enfrentamiento entre Cuerva y Garamendi se vivió el año pasado, cuando se convocaron las elecciones de Cepyme. En aquellos comicios, Garamendi impulsó a una candidata alternativa a Cuerva, Ángela de Miguel, a la que entregó su respaldo explícito. Cuerva salió derrotado, pero lo hizo por un escaso margen en una campaña marcada por el cuestionamiento de Garamendi al frente de CEOE.El empresario murciano que presidió Cepyme entre 2019 y 2025 se desmarcó de la línea oficial fijada por CEOE en varias ocasiones. Rechazó explícitamente la reforma laboral, que CEOE pactó con sindicatos y el Gobierno. Y en los últimos compases de su mandato elevó el tono contra el Ejecutivo, con declaraciones encendidas sin autorizar por Garamendi. Sin embargo, las cosas han cambiado bastante en el último año. El presidente de CEOE ha endurecido el tono considerablemente contra el Ejecutivo ante los casos de corrupción que rodean al PSOE y frente a los cambios en la legislación laboral que impulsa la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.En la Asamblea General de CEOE, celebrada la semana pasada, Garamendi aprovechó su intervención para denunciar la «deriva institucional» en la que quienes gobiernan tienen sumido al país por estar «más pendientes de sus intereses electorales e ideológicos», al tiempo que ha acusado en particular al ministerio de Trabajo de dinamitar el diálogo social para imponer un «ideario político e ideológico».

El acuerdo sobre el ERE de Nestlé se someterá este viernes a la opinión de las asambleas de trabajadores

Este viernes ha supuesto el punto y final definitivo a la dura negociación sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que presentó Nestlé España el 21 de abril. Hasta el martes se van a convocar asambleas en los diferentes centros de trabajo para testar el apoyo al acuerdo, aunque el documento ya es firme. El ‘sí’ ha sido mayoritario tanto en la fábrica de Girona como en de La Pinilla (Cantabria). A primera hora de este jueves sindicatos (Comisiones Obreras, UGT FICA, CSIF…) y empresa alcanzaban un preacuerdo, que ya se ha sido rubricado. Según fuentes conocedoras, lo acordado reduce las salidas desde el máximo de 301 planteado hasta las 242. Esto es un 41% menos. Además se crean 64 nuevas vacantes por lo que el número de afectados puede reducirse a 178.Priorizar la voluntariedad Los despidos se ejecutarán entre el 31 de julio de este año y el 31 de marzo de 2027, aseguran fuentes consultadas. Nestlé España y la representación de los trabajadores han acordado también 3 instrumentos con los que se persigue incentivar las salidas voluntarias con sus correspondientes compensaciones económicas y protección social: indemnizaciones, un plan de rentas hasta los 63 años y la posibilidad de movilidad interna o permutas bajo determinadas condiciones. A lo que se añaden un plan de recolocación externa de 6 meses gestionado por la compañía LHH que forma parte del Grupo Adecco y la  mencionada creación de 64 nuevas vacantes y de medidas de recolocación dentro de Nestlé España y otras sociedades del grupo creándose dos hubs en Barcelona y ampliando determinadas posiciones.Salidas con indemnizacionesEl preacuerdo, cuyo borrador no estuvo listo hasta bien entrada la tarde de ayer, y que aún está siendo revisado por las fuerzas sindicales, también supone la fijación de indemnizaciones para los menores de 54 años de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades sin una antigüedad mínima. Los mayores de 63 años o más recibirán un pago único equivalente al 75% de su salario multiplicado por 18 mensualidades. Unas compensaciones que se refuerzan con complementos por antigüedad desde los 15.000 euros por hasta 15 años a los 30.000 euros para quienes lleven más de 40 años en la compañía. A lo que se suman otros complementos adicionales por edad que van desde los 20.000 euros para los menores de 30 años a los 10.000 euros para los mayores de 50 años. Unas cantidades que son acumulativas. Un plan de rentas hasta los 63 años El documento acordado también establece un plan de rentas voluntario, en el que aquellos que cumplan 54 años tendrán un 58% del salario bruto hasta los 63 años, mientras que aquellos que cumplan entre 55 y 56 años dispondrán del 58% del salario bruto y aquellos que ostenten entre 57 y 58 años un 60% por un 63% de los que cumplan 59 y 60 años. El grupo de 61 a 62 años el 65% del salario bruto incluido un complemento especial con la Seguridad Social y una revalorización anual del 2%. Para estos cálculos se tomará como referencia la fecha de la primera contratación den Nestlé España. Las personas afectadas que se acojan a este Plan o tengan más de 63 años conservarán algunos beneficios sociales como la Tarjeta Nestlé Market, el obsequio de Navidad, el acceso al boletín online de Nestlé, la posibilidad de mantener el seguro médico en las condiciones negociadas por la multinacional con la aseguradora y la participación en las comidas de jubilados.  Además se ha acordado la creación de una bolsa de empleo por si surgen nuevas vacantes hasta el 31 de diciembre de 2027, dando prioridad a las personas despedidas.Recolocaciones y permutas Bajo la idea de fomentar la voluntariedad de las salidas y de aminorar el impacto, sindicatos y empresa abren la puerta en el documento a las recolocaciones internas y las permutas voluntarias bajo determinadas condiciones. Entre los requisitos para las primeras, que la persona cumpla con la formación y experiencia necesarias para el puesto al que quiere cambiar. Se establece también un complemento personal del 50% de la diferencia de retribución para salarios medios de hasta 50.000 euros, así como del 30% para aquellos que ganen más de 50.000 euros anuales. Esto va dirigido a la plantilla de oficina especialmente las ubicadas en la sede central de Esplugues de Llobregat (Barcelona). En el caso del personal obrero de las fábricas, que decida tomar parte en las permutas no se han establecido limitaciones y hay un compromiso de respetar el 100% de las condiciones salariales.Colectivos excluidos del procesoAmbas partes han acordado la exclusión del proceso de varios colectivos por su vulnerabilidad como las personas con discapacidad igual o superior al 33%, así como de las mujeres víctimas de violencia de género, de cónyuges o parejas de hecho que trabajen ambos en Nestlé permaneciendo una de ellas en la compañía, y a las familias monoparentales. Lo que deberá estar debidamente acreditado con anterioridad al 6 de mayo. 

La economía de la Eurozona se contrajo un 0,2% por la guerra de Irán y pone en aprietos al BCE

El impacto de la guerra de Irán, de la que ya se cumplen más de tres meses, es visible ya en la economía de la Eurozona. El PIB del conjunto de países que comparten el euro se contrajo un 0,2% en el primer trimestre del año, que se vio afectado solo en parte por el conflicto. La actividad venía de crecer un 0,2% a finales del ejercicio anterior. El hecho de que el PIB del área del euro ya se haya resentido complica el horizonte para el Banco Central Europeo (BCE), sobre todo tras conocerse que la inflación del área se elevó hasta el 3,2% en mayo. La entidad tendrá que ser muy prudente con sus próximos movimientos, dado que si sube los tipos antes de tiempo para controlar el alza de los precios puede enfriar todavía más la actividad -el crecimiento interanual del PIB apenas fue del 0,3%-. No actuar y que la inflación se descontrole tendría efectos muy negativos para las familias y las empresas, que perderían un poder adquisitivo que les ha costado recuperar a raíz de la concatenación de crisis que se han ido produciendo desde la pandemia de coronavirus.La incertidumbre acerca de la duración y gravedad de la crisis, el bloqueo del estrecho de Ormuz y su impacto en los precios de la energía y de las cadenas de suministro y los primeros efectos en los costes de producción han hecho mella en la confianza de los agentes económicos. Así, la inversión productiva de las empresas o formación bruta de capital fijo cayó un 0,3% entre enero y marzo en relación al trimestre previo, cuando venía de crecer al 0,8% de octubre a diciembre.»Si el conflicto con Irán persiste y los precios de la energía se mantienen elevados, Europa será una de las regiones económicas más perjudicadas»“Las perspectivas de la eurozona se deterioran en medio de la crisis energética», apuntan desde la gestora Federated Hermes, y advierten de que si el conflicto con Irán persiste y los precios de la energía se mantienen elevados, «Europa será una de las regiones económicas más perjudicadas”. Desde la firma recuerdan que a principios de año las perspectivas de crecimiento e inflación para el área eran más halagüeñas y que la Comisión Europea se vio obligada a empeorarlas y a situar el encarecimiento medio de la cesta de la compra en el 3,1% debido a los efectos del shock energético.En una línea parecida, Martin Wolburg, economista senior en Generali Investments se muestra preocupado por cómo «el impulso estanflacionario está ganando fuerza en la eurozona». Los indicadores de sentimiento sugieren que la actividad del segundo trimestre se está estancando, a medida que el shock de los precios de la energía se traslada a los precios de los bienes.El gasto de las familias también se resienteCon las cifras que ha publicado Eurostat no sólo se aprecia un primer impacto de la guerra en la inversión. El aumento del gasto público se ha desacelerado, al pasar del 0,5 al 0,4%, como también lo ha hecho el de las familias, este de forma algo más intensa, dado que venía de avanzar un 0,4% a finales del año pasado y en el primer trimestre creció un 0,2%. En lo que respecta al sector exterior, las exportaciones han caído cuatro décimas menos en el trimestre (un 0,2%), mientras que las importaciones aumentaron más, un 0,5%. La confianza se debilita por el aumento de los precios de la energía y explica porqué la dinámica del crecimiento se está ralentizando de nuevo, señalan desde el banco privado suizo Julius Baer. Sus expertos ponen el punto de mira en cómo los bancos centrales mundiales han cambiado rápidamente su retórica, antes moderada, hacia un tono más agresivo desde que estalló la crisis en Oriente Próximo. Esto incluye al BCE. Por países, Dinamarca  (+1,9%) registró el mayor crecimiento con respecto al trimestre anterior, seguida de  Estonia y Malta  (ambas con un avance del +1,1%). Por el lado contrario, la actividad se contrajo con fuerza en Irlanda (-12,1%) y disminuyó también en Lituania (-0,3%), Suecia (-0,2%) y en Francia (-0,1%).El empleo también se resiente por la incertidumbre Los datos que ha publicado este viernes Eurostat, la oficina de estadísticas europea, muestran cómo en ese mismo periodo el empleo prácticamente se estancó, al crecer apenas un 0,1% con respecto al cuarto trimestre del último ejercicio. Según cifras ajustadas estacionalmente (eliminando las distorsiones por el calendario), Eurostat estima que en el primer trimestre de 2026 había 221,2 millones de personas empleadas en la UE, de las que 176,3 millones se encontraban en la  zona del euro.Las horas trabajadas se redujeron un 0,2% en comparación con el trimestre anterior, mientras que aumentaron un 0,4% en relación al mismo trimestre de hace un año. Lituania (+1,8%), Malta (+1,0%) y Estonia (+0,9%) registraron el mayor aumento del empleo, mientras que las mayores caídas se registraron en Rumania (-1,0%), Irlanda (-0,8%) y Portugal (-0,4%).