Publicado: junio 4, 2026, 2:00 pm
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La Comisión Europea da un paso más allá en el toque de atención a España por su papel en la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell. El Ejecutivo comunitario ha remitido una carta de emplazamiento en la que urge al Estado a modificar su poder de veto a las fusiones en un plazo de dos meses. «La Comisión considera que las medidas españolas en cuestión son incompatibles con el nuevo marco de la Directiva CRD VI que regula las adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales que afectan a las entidades de crédito, lo que refuerza aún más las preocupaciones ya expuestas en la carta de requerimiento de 2025″, expresa en el comunicado.
En ausencia de una respuesta, Bruselas podría decidir si emite un dictamen motivado, contando en última instancia, con la baza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). España recibió la primera notificación el pasado 17 de julio de 2025, con la que iniciaba un expediente de infracción al considerar que el Estado incumplió la legislación europea al otorgar en las normas nacionales «facultades ilimitadas» al Gobierno para intervenir en fusiones bancarias, algo que choca con las leyes comunitarias. En concreto, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa decretó el veto a la fusión, que no a la OPA, entre las dos citadas entidades por un periodo de tres años, prorrogables por otros dos.
Para aprobar esta medida se apoyó en la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, sobre la que Bruselas opina que debe ser empleada «correctamente»; la ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, así como la directiva de requisitos de capital. En los dos primeros casos exige un «cambio bastante profundo» al considerar que confieren a Economía una «capacidad de veto» que podría «socavar» los poderes del Banco Central Europeo (BCE), con competencias exclusivas en este ámbito. Este organismo ya mostró su «no oposición» a la potencial unión entre BBVA y Banco Sabadell en septiembre de 2024.
La normativa confiere poder de intervención al Gobierno en caso de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) derivara la operación a ‘fase II’, tal y como ocurrió, pactando compromisos con BBVA. Un proceso que forzaba a Economía a analizar si esta potencial unión debía pasar el filtro del Consejo de Ministros, como finalmente ocurrió. La prohibición a fusionarse fue aprobada al amparo de criterios de interés general distintos a la defensa de la competencia como la cohesión territorial, la protección de los trabajadores o la promoción del desarrollo tecnológico. Desde Moncloa siempre han argumentado que su decisión se respalda en el derecho comunitario y que «han sido respetuosos con el marco legal», pues la ley española va alineada con la europea.
Así lo aseguraron desde el departamento que lidera Carlos Cuerpo en su respuesta el pasado octubre, tras solicitar una prórroga de seis semanas que le permitiera disponer de más tiempo. No lo ven así desde Bruselas, desde el que dudan si la intervención del Ejecutivo en la operación estaba motivada por el interés general. No obstante, la OPA no salió adelante al no contar con los apoyos necesarios, por lo que no ha entrado en vigor dicho veto.
En cualquier caso, desde la Comisión exponen que «las fusiones y adquisiciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para la consecución de la Unión Bancaria«, dado que garantizan «una distribución eficiente del capital y que los ciudadanos y las empresas tengan acceso a productos financieros a precios competitivos, un objetivo clave de la Unión de Ahorros e Inversiones». Fuentes del Gobierno explican que ya trabajan «intensamente» en la transposición de la directiva de requerimientos de capital en aras de «adaptar la normativa doméstica y garantizar la competencia exclusiva del BCE y el Banco de España (BdE) en materia de supervisión prudencial, «sin perjuicio del papel de otras autoridades en el marco de sus competencias, como es el caso de la CNMC».
