Publicado: octubre 22, 2018, 10:39 pm
La educación es uno de los pilares más importantes para el desarrollo económico, social y político de un país. Esto está documentado y todos lo repiten a diario. El punto crítico es cómo alcanzar la financiación de proyectos educativos amplios, universales y gratuitos.
Es necesario comenzar por decir que la educación es un derecho de todo ciudadano y que el Estado está en la obligación de proveerla; por eso se debe invertir en ella. Sobre el tema, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que los resultados de los sistemas educativos están asociados con el nivel de gasto que se destina para ello.
Si el Gobierno nacional está realmente interesado en subsanar la crisis financiera por la que atraviesan las universidades públicas y así garantizar una educación de calidad, es necesario aumentar y garantizar los recursos requeridos para ello, pues los actuales niveles de gastos del Estado colombiano en educación están muy por debajo de los países de la OCDE, el club al que está por ingresar el país.
Para cerrar la brecha financiera de las universidades públicas se necesitan recursos que ascienden a los 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones de pesos en inversión. Y, contrario a lo que se afirma en muchas partes, sí existen fuentes de financiamiento para cumplirles a los ciudadanos con la promesa tanto de garantizarles una educación de calidad y universal en preescolar, primaria y secundaria, como de ampliar los niveles de cobertura en la educación terciaria.
Tributación y consentimiento
Al hablar sobre la tributación existe un elemento crucial, que es el consentimiento de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales “impuestas”.
Los estudiosos de la materia consideran que entre los elementos que hacen que los ciudadanos cumplan sus obligaciones fiscales existe un componente de voluntariedad por parte de quien paga impuestos (Quasi-voluntary). Este elemento resulta de la interacción entre el poder de la autoridad fiscal y la confianza en el Estado en general.
A todo gobernante le gustaría contar con el máximo de recursos posibles para poner en marcha sus políticas. Sin embargo siempre encuentra restricciones, entre las que se pueden contar: capacidad de negociación, costos de transacción, y percepción sobre la gobernanza. Además todas esas limitaciones están determinadas por la estructura económica, la distribución de los medios de producción, el contexto internacional y la forma que tienen el Gobierno y el Estado en particular.
Un Estado como el colombiano se caracteriza por fuertes macroestructuras de corrupción que se reproducen a sí mismas (un sistema autopoiético del que hablaron en su momento Maturana y Varela) al reportar ganancias políticas y económicas permanentes a los integrantes de la red, que lo retroalimenta.
En sus investigaciones sobre redes sociales, el profesor Luis Jorge Garay ha mostrado que en la macroestructura de la criminalidad aparecen “nodos” de diversa índole: agentes privados (empresas lícitas y de fachada), “funcionarios públicos”, criminales (narcotraficantes, blanqueadores de dinero, entre otros) y agentes que, sin calificarse como tales, realizan acciones criminales, entre las que se cuentan instituciones financieras y empresas offshore.
La interacción de doble vía entre estos agentes ha dado pie a lo que Garay y sus colegas han llamado “reconfiguración cooptada del Estado”. Esta se puede explicar así:
la acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas, de doble vía, modifican, desde dentro del Estado y del sector privado, el régimen político y económico de manera sistémica. De ese modo, influyen en la formulación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas de juego y de las políticas públicas, para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, así como legitimados socialmente en el largo plazo, aunque no obedezcan al interés rector del bienestar social.[1]
La reconfiguración cooptada del Estado, en últimas, menoscaba la capacidad de negociación de los gobernantes con los ciudadanos, eleva los costos de transacción de los ciudadanos para monitorear la intervención pública y daña el consentimiento para cumplir con las obligaciones fiscales existentes o para aceptar la creación de nuevos tributos.
Aun con esta situación, la propuesta que aquí se presenta se centra en no dejar de marchitar el impuesto a la riqueza o impuesto al patrimonio, de manera que los recursos recaudados por esta vía se destinen a cuatro asuntos prioritarios para el desarrollo del país: el financiamiento de las universidades públicas, la puesta en marcha de la jornada única, la universalización de la educación preescolar y el desarrollo rural.
