Vida Gerente

El presidente no ejecutivo de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha aprovechado su intervención en la junta general de accionistas para avisar de los retos que afronta España en los próximos años, entre ellos, el gap del mercado de trabajo. En los próximos cinco años se jubilarán en torno a cinco millones de personas frente a los dos millones de jóvenes que previsiblemente se incorporarán al mercado laboral. Esto derivará en un gap de tres millones de trabajadores, ante lo que plantea políticas flexibles de jubilación que garanticen el relevo generacional. «Se necesitarán perfiles con mayor formación en todos los sectores, y sobre todo, en los más especializados», ha precisado. En un contexto de elevada incertidumbre como consecuencia de la guerra en Irán, Muniesa ha instado a afrontar los cambios demográficos en los que está inmerso el país, que derivan no sólo de una mayor longevidad y envejecimiento de la población, sino también del crecimiento del número de habitantes. España está cerca de alcanzar los 50 millones de personas y la previsión es que crezca hasta los 55 millones en los próximos quince años. «Resulta ineludible plantear un debate sereno y reflexivo sobre la sostenibilidad de las pensiones y la necesidad de fomentar el ahorro a largo plazo. Sin olvidar, anticipar una demanda de servicios de dependencia en aumento», ha precisado tras apelar a la inmigración como una solución para atajar estas brechas.»Es motor de crecimiento y rejuvenecimiento poblacional y, lo seguirá siendo», ha remarcado. Un escenario, sin embargo, que añade presión sobre el mercado inmobiliario. En su opinión, la longevidad, el mercado laboral, la inmigración y la vivienda son factores interrelacionados que necesitan un planteamiento global y «gran consenso político», ante lo que pide no olvidarse de estos desafíos en un escenario marcado por la incertidumbre. El servicio de estudios del grupo, CaixaBank Research, estima que la guerra en Irán podría reducir en cuatro décimas el crecimiento inicial previsto para la economía española hasta el 2%. «Los últimos cinco años han sido turbulentos a escala mundial y la segunda mitad de la década puede ser, cuando menos, parecida. La incertidumbre va a ser el término que mejor defina los riesgos globales de este 2026 y en adelante», ha alertado después de citar el conflicto entre potencias como la mayor amenaza para la estabilidad global. «Es sinónimo de riesgos económicos: inflación, reducción del comercio, afectación a las cadenas de suministros y volatilidad en los mercados financieros», ha dicho, para mencionar otros riesgos como los desafíos tecnológicos y ambientales, así como la desigualdad y el cambio demográfico, que son transversales a las dos anteriores. En este sentido, ha indicado que la fragmentación regulatoria en Europa no contribuye a favorecer el crecimiento. «La regulación debe existir, pero debe permitir que la innovación actúe como motor de la economía. Hay que lograr el equilibrio. Esperamos avances reales porque Europa lo necesita para ser más competitiva», ha subrayado. Muniesa también ha hecho un repaso en su discurso de los resultados obtenidos en 2025, cuando obtuvo unas ganancias récord de 5.800 millones, que les permitirá repartir más de 50 céntimos de euros por acción, equivalente a casi el 60% de las ganancias. Mantiene los objetivos pese a la guerra en IránEn esta línea, Gonzalo Gortázar ha repasado los objetivos establecidos en el marco de su plan estratégico (2025-2027) y mantiene los objetivos revisados al alza este año al detectar un «mar de fondo más favorable» de lo anticipado, a pesar del entorno incierto derivado de la guerra en Irán. En concreto, ha elevado del 4% al 6% la meta de crecimiento medio anual durante la vigencia del plan estratégico, al tiempo que la ratio de morosidad se reducirá al 1,75%, en lugar del 2% inicial. Todo ello debería conducir a una rentabilidad sobre recursos propios tangibles del 18%, frente al 15% estipulada en un primer momento. «El año que acabamos de cerrar supone un paso firme en la ejecución de nuestro plan estratégico», ha destacado Gortázar, quien ha sacado pecho de que el dinamismo de la actividad comercial les ha ayudado a amortiguar los efectos de la caída de los tipos de interés.Además del dividendo, los accionistas han aprobado todos los puntos recogidos en el orden del día, entre los que figuran la reelección como consejero dominical de Tomás Muniesa -presidente no ejecutivo desde 2025- por un periodo de cuatro años. De su lado, Ana María García Fau ha sido nombrada consejera independiente para cubrir la vacante de Amparo Moraleda Martínez, que ha presentado su renuncia al cargo al cumplirse doce años desde su nombramiento inicial. Tras la asamblea, el consejo de administración ha designado a Peter Löscher nuevo vicepresidente del órgano y asumirá la presidencia de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad, mientras que la Comisión de Auditoría y Control seguirá encabezada por Sanchiz Irazu. De forma paralela, también ha salido adelante el nombramiento por cooptación de Pablo Arturo Forero Calderón como consejero independiente, y la reelección de Eduardo Javier Sanchiz como independiente por cuatro años. 

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha alertado de que el mundo afronta en el momento actual un escenario de mayor inflación y menor crecimiento, «amenazas que cada día es más probable que se concreten» al calor de la tensión en Oriente Próximo, si bien «la intensidad dependerá de la duración del conflicto y del impacto sobre la capacidad global de producción energética». Durante su intervención en la junta general de accionistas, la directiva ha apelado a estos riesgos en un contexto global marcado por la fragmentación y la «fragilidad». «Pasamos del paradigma de una globalización basada en la eficiencia a otro marcado por la necesidad de garantizar el suministro en cadenas clave, como la energética o la alimentaria, y por comprometerse la seguridad», ha expresado tras añadir que una expansión del PIB más lenta -alrededor de medio punto menos que la media histórica- viene acompañado de retos estructurales como el envejecimiento, la defensa o la transición energética, pero con una deuda pública global elevada. «Un bajo crecimiento es la mayor vulnerabilidad», ha añadido. La receta de Botín en este contexto, pasa por contar con una regulación «más inteligente, más proporcionada y dinámica, que puede liberar capacidad para financiar a empresas y familias sin comprometer la estabilidad financiera». En su opinión, todos estos retos requieren de mayor financiación por parte del sector privado, concretamente, del sector bancario. Botín ha hecho un llamamiento a la calma entre los accionistas, a los que les asegura que la diversificación del grupo les ayudará a amortiguar el impacto de la tensión en Oriente Próximo. De hecho, ha confirmado objetivos para el conjunto del año y anticipa un beneficio superior a los 14.100 millones obtenidos en 2025. Esto les permite elevar la remuneración un 14%, hasta los 12,5 céntimos por acción, con lo que el monto total ascenderá a 7.050 millones, una cifra histórica. En cuanto a las recompras de acciones, ya han ejecutado cerca de 7.000 de los 10.000 millones con cargo a 2025 y 2026, incluyendo el programa en curso. En total, desde 2014 han distribuido unos 42.500 millones entre efectivo y adquisición de títulos propios. De hecho, desde 2021 el importe de las recompras asciende a 16.200 millones, alrededor del 18% de las acciones en circulación. «Si pudiera resumir el año en un solo mensaje, sería este: nuestra prioridad es crecer en clientes, generar confianza, con un servicio cada día mejor, con rentabilidad y fortaleza financiera», ha subrayado. El último año de ejecución de su plan estratégico ha venido marcado por la desinversión en Polonia y la compra de TSB en Reino Unido y de Webster Bank en Estados Unidos, operaciones que aportarán de manera conjunta 2.000 millones de beneficio adicional en 2028. Según Botín, dichas transacciones contribuirán a que el 80% de su cartera de crédito y el 65% del beneficio bruto operativo provenga de mercados con «monedas fuertes» para reducir la volatilidad. Refuerza el seguimiento de los riesgosEl consejero delegado, por su parte, Héctor Grisi, ha explicado que el grupo se encuentra en estos momentos reforzando el seguimiento de esos riesgos citados y evalúa escenarios adversos, ante lo que asegura que la posición de capital del banco permite absorberlos de manera holgada. En esta situación, el ‘número dos’ del banco ha argumentado que la clave estará en la precisión de la asignación de capital, en el despliegue tecnológico y la gestión del talento, priorizando carteras, segmentos y aquellas geografías más rentables. Por último, ha destacado las novedades en Wealth, una de las cinco áreas globales en las que se divide el grupo. A partir de ahora, la división de gestión de activos y seguros operarán bajo una nueva organización estructurada en dos verticales: banca privada y soluciones de gestión de activos. «Nos enfocaremos en el desarrollo de la plataforma de Vida e Inversión, en la migración a plataformas globales y en el impulso de nuestra plataforma de Protección», ha precisado. Entre los puntos del día figura la ampliación de capital para entregar acciones de Santander a los accionistas de Webster Bank, que recibirán 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones de Santander dando lugar a una contraprestación total de 75 dólares por acción. Los accionistas también han votado el nombramiento de Deborah Vieitas como nueva consejera independiente, en sustitución de Homaira Akbari, que dejará el cargo este viernes, además de la reelección de Sol Daurella, Gina Díez Barroso, Antonio Weiss y la del empresario Carlos Barrabés, investigado por el juez Juan Carlos Peinado en el caso por presunto tráfico de influencias a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

Del surtidor a la cesta de la compra. La subida de las gasolinas por la guerra en Irán ha disparado un punto la inflación en marzo hasta situar la tasa anual en el 3,3%, su nivel más alto desde junio de 2024. Es el mayor incremento de la tasa general en un solo mes desde junio de 2022, en plena invasión rusa de Ucrania. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el avance del índice de precios al consumo, que muestra ya los primeros efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo y que apenas recoge el efecto de las medidas económicas aprobadas hace justo una semana por el Gobierno para hacerle frente. El encarecimiento de la energía aún no se ha trasladado a otros bienes y la inflación subyacente, que excluye de su cálculo tanto a esta como a los alimentos frescos, se mantiene en el 2,7%. El organismo estadístico explica que el comportamiento de la inflación de marzo se debe a la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y, en menor medida, al descenso de la electricidad, menor que el del año pasado, así como al aumento de los precios del gasóleo para calefacción. Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ponen en valor que el comportamiento de la electricidad ha contribuido a amortiguar la inflación en marzo. «La apuesta de España por las renovables —que hoy fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019— está actuando como escudo frente al shock energético por la guerra en Irán», sostienen. Además, recuerdan que el paquete de medidas anticrisis, que recibió el jueves luz verde en el Congreso de los Diputados, se ha aprobado «para que este shock externo no se traslade de forma permanente ni a la inflación, ni al poder adquisitivo de los hogares».La subida del precio de las gasolinas se notará al repostar esta Semana SantaDe momento, las familias van a notar en su bolsillo los efectos de la guerra si cogen el coche para ir de vacaciones estas fiestas. El precio medio del litro del diésel no había estado nunca tan caro a las puertas de una Semana Santa. Para esta, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 17 millones de desplazamientos desde hoy, cuando arranca la operación especial de tráfico que se prolongará hasta el próximo 6 de abril. El litro de diésel, que se ha abaratado de media un 9% tras la rebaja del IVA y del impuesto de hidrocarburos aprobada por el Ejecutivo, costaba de media 1,789 euros el martes, el comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la evolución de los precios diarios en estaciones de servicio. Mientras, el litro de gasolina se situaba en 1,587 euros.Desde Economía apuntan al abaratamiento de los carburantes esta última semana por la aplicación de las medidas fiscales, si bien reconocen que su precio sigue presionado por las cotizaciones internacionales, especialmente en el caso del diésel, debido a los mayores precios del petróleo, que se mantiene en el entorno de los 100 dólares, de los fletes (el coste del transporte marítimo de mercancías) y de los márgenes de refino.Este jueves era la OCDE, la organización que engloba a los países más desarrollados del planeta, la que advertía de que la inflación podría elevarse hasta el 3% de media este año -siete décimas más de lo que estimaba en diciembre- por el impacto de la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán en Oriente Próximo. Salvo que el conflicto se enquistase, el impacto en el crecimiento sería muy limitado. Apenas restaría una décima al avance de la economía, que sitúan en el 2,1%.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado este jueves al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como nuevo vicepresidente primero en sustitución de María Jesús Montero. En paralelo, también ha anunciado que Arcadi España, actual secretario de Estado de Política Territorial, asumirá la cartera de Hacienda, completando una remodelación quirúrgica a causa de la salida de Montero para iniciar su candidatura para las elecciones de Andalucía del 17 de mayo.Cuerpo y España tendrán que prometer sus cargos en el Palacio de la Zarzuela ante el rey, un trámite que a la espera de confirmación oficial podría convocarse para este viernes. A continuación se hará el traspaso de carteras y Sánchez reunirá por primera vez a su Gobierno tras el nuevo reparto de competencias el próximo martes, en el habitual encuentro del Consejo de Ministros.Este nombramiento, como es habitual, lo ha anunciado Sánchez en una comparecencia desde La Moncloa. De esta forma, el presidente refuerza el protagonismo del Ministerio de Economía para lo que resta de legislatura. El nuevo vicepresidente primero ya sonaba en las quinielas desde hace días. Era el favorito en la cúpula socialista, mientras que en Moncloa le reconocían como un «magnífico político» para el presente y también para el futuro. Además, Cuerpo ha ganado peso político en los últimos tiempos. En esta última etapa, se ha encargado de la negociación del decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán que, precisamente, ha salido convalidado este mismo jueves del Congreso. Cuerpo es, además, uno de los ministros mejor valorados del Gobierno de Sánchez y, pese a no tener carnet socialista, fuentes de la cúpula de Ferraz sí le veían con potencial suficiente para asumir la Vicepresidencia primera junto con el Ministerio de Economía. Estas fuentes destacaban de él su «trabajo de hormiguita» y su perfil menos combativo como puntos a favor de que sea la nueva mano derecha del presidente.Aunque también se especulaba sobre la posibilidad de que asumiese la cartera de Hacienda, finalmente el presidente ha nombrado al actual secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, como sustituto de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda. Sánchez ha destacado su trayectoria en el Gobierno y también como conseller de Política Territorial y de Hacienda en la Generalitat Valenciana. «Es una persona recta, inteligente y comprometida, que dará continuidad al buen hacer de Montero», ha subrayado Sánchez. En todo caso, España hereda varias tareas pendientes de su antecesora, a la que Sánchez no ha escatimado en elogios. «Para mí la mejor política y el mejor político que he conocido y un pilar fundamental en este Gobierno y las distintas administraciones que he tenido el honor de presidir desde hace casi ocho años», ha subrayado. Montero se ha ido como candidata del PSOE a la Junta de Andalucía sin presentar los Presupuestos, incumpliendo el calendario que tanto ella como Sánchez se habían impuesto. Será Arcadi España quien tenga que hacerse cargo de ello y también de la parte que más desgasta: el tira y afloja con los grupos antes de llevar a votación parlamentaria las cuentas, si es que esto sucede. Sánchez afronta así una crisis de Gobierno quirúrgica en la última etapa de la legislatura. Lo hace con un Consejo de Ministros que, con estos dos nombramientos y la salida de Montero, ya se compone de una mayoría de hombres al frente de los ministerios. En todo caso, el presidente ha puesto en valor la «experiencia, la integridad, la solvencia técnica y la coherencia» como los perfiles que integran el renovado Consejo de Ministros.

Arcadi España García (Carcaixent, Valencia, 1974) será el nuevo ministro de Hacienda en sustitución de María Jesús Montero, que abandona Moncloa para dedicar sus esfuerzos a la campaña electoral en Andalucía. Montero será la candidata del PSOE e intentará recuperar la comunidad más poblada de España tras dos legislaturas del popular Juanma Moreno.España siempre había ejercido la política entre bambalinas, en la sala de máquinas, como asesor, sin saltar al ruedo de la gestión en primera línea. Se le consideraba la materia gris, un hombre de estrategia. Hasta que Ximo Puig, de quien había sido jefe de gabinete en la oposición y en su primera legislatura al frente de la Generalitat, lo nombró conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Corría el año 2019, justo antes de la pandemia de covid, y allí empezó a tocar tierra con la gestión del metro, de las obras y de las carreteras. Tres años después, en la última remodelación del Botànic, su destino fue la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, donde pasó a ocuparse de los números y a exigir la reforma del modelo de financiación autonómica. Ahora pasa al otro lado de la batalla.Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, se especializó en gestión pública. El gusanillo político le viene de su padre, un histórico del socialismo en la comarca valenciana de la Ribera Alta que falleció en 2016. Ha ocupado cargos en el PSPV-PSOE y posteriormente en la Ejecutiva federal del partido, donde asumió el área de Transportes y Movilidad Sostenible.De trato afable y con un perfil moderado, tras las elecciones generales de 2023 renunció a su acta de diputado en Les Corts Valencianes e hizo las maletas hacia Madrid, ya que fue nombrado secretario de Estado de Política Territorial tras la última investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Allí ha ejercido de número dos del ministro Ángel Víctor Torres.España no ha perdido su relación con Valencia, ya que suele visitar esta comunidad con frecuencia para actos oficiales y de partido. De hecho, ha sido una de las caras visibles del Gobierno central en la crisis de la fatídica DANA que arrasó media provincia el 29 de octubre de 2024. Con su nombramiento, será el segundo ministro valenciano, junto a la gandiense y titular de Ciencia Diana Morant.»Es una persona recta, inteligente, comprometida, que dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero y que estoy convencido de que, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando», ha dicho Sánchez al anunciar su nombramiento.¿Cuáles son los retos del nuevo ministro Arcadi España?El nuevo ministro de Hacienda tiene por delante varias tareas: una, la presentación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, diseñados por María Jesús Montero y que aún no han llegado a la Cámara Alta pese a anunciarse (y posponerse su entrega) en múltiples ocasiones. Unas cuentas para las que aún no se tienen los apoyos parlamentarios para que salgan adelante, mientras siguen en vigor los de 2023 tras sucesivas prórrogas y con el colchón que confiere haber cumplido con el objetivo de déficit del año pasado.También tiene como reto el nuevo ministro llevar hacia delante el proyecto de financiación autonómica que se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el único apoyo de Cataluña —la autonomía más beneficiada del plan junto a Andalucía— y que los partidos de la oposición tachan de «cupo catalán» como precio al apoyo de los partidos independentistas ERC y Junts a la legislatura de Pedro Sánchez. 

El 2026 se perfila como un año de recuperación para el seguro de coche. La vuelta a la rentabilidad de este ramo después de varios trimestres de revisión de tarifas abre una ventana de optimismo para el sector, que avista una moderación de precios para los próximos meses. Sin embargo, este escenario que proyectaban se ha topado con un factor que no estaba incluido en su cuadro de previsiones: la guerra en Irán. La tensión en Oriente Próximo reaviva la pesadilla de 2022, cuando la espiral inflacionaria tras la pandemia de Covid-19 y el estallido del conflicto bélico en Ucrania abocaron al seguro de coche a sufrir una profunda crisis de la que lograron salir el año pasado. El coste medio de una póliza de coche se ha encarecido alrededor de un 52% en los últimos cuatro años, pasando de los 641 euros a los 975 euros. Aunque las circunstancias son diferentes, dado que a falta de conocer el IPC de marzo, el avance de precios oscila sobre el 2%, frente al 10% que llegó a alcanzar en aquel momento, la situación ha puesto en guardia a las aseguradoras. La subida del petróleo ha derivado en un repunte del precio de la gasolina que puede permear a todas las patas de la economía y desembocar en los temidos efectos de segunda ronda, que derivan en un incremento generalizado de todos los bienes y servicios. Entre ellos también figura la cadena de suministros, que podría repercutir en una subida de precios de los materiales, pero también afectar al baremo de indemnizaciones que se actualiza a finales de año en función del dato de IPC de ese año. En este contexto, las compañías del sector encaran la renovación de las pólizas con total incertidumbre y tratando de equilibrar en la balanza el riesgo de un deterioro de la rentabilidad si bajan precios con la posibilidad de tener que hacer frente a mayores costes. El euríbor a doce meses ya recoge este repunte. El índice de referencia del mercado hipotecario ya se mueve (con datos de este martes) sobre el 2,8%, aunque ha llegado a rozar el 3%, empujando la media mensual de marzo al 2,555%, lo que ya anticipa hipotecas más caras, pero también una posible subida de los tipos de interés. El Banco Central Europeo (BCE) ha mostrado este miércoles su disposición a adaptar el precio del dinero al escenario de inflación, aunque no actuarán hasta contar con información suficiente acerca de la magnitud y la persistencia del impacto del conflicto. De momento, ha revisado al alza la expectativa de IPC para 2026 en siete décimas, hasta el 2,6%, anticipando un encarecimiento de la vida superior al proyectado inicialmente. Esta circunstancia empuja a las aseguradoras a la dicotomía de mantener la estrategia de bajar o congelar tarifas para acelerar la captación de clientes con ofertas gancho, que les abocó a la insuficiencia de primas en momentos de alta inflación; o bien abrirse a una reajuste de precios. Mutua Madrileña, que presentó resultados el 4 de marzo, a los pocos días del inicio de los ataques por parte de Estados Unidos e Israel a Irán, mostró su intención de congelar entre un 30% y un 40% de los seguros. Con datos recabados por la consultora ICEA, Grupo Mutua Madrileña se mantuvo líder el año pasado en el ramo de automóviles con un crecimiento del 13% en el acumulado de los doce meses y sitúa su cuota de mercado en el 18,6%, casi un punto porcentual por encima de Mapfre, que computa una cuota de alrededor del 17,8%. Completan la lista Allianz (12,4%) y Generali (8,46%). La compañía encabezada por Antonio Huertas ha conseguido enderezar la división de coches a costa de perder más de 1,2 millones de clientes en los últimos cuatro años, la mitad de ellos en España. Ahora encara el desafío de recuperar terreno. Línea Directa, en cambio, se desmarca y ya ha avisado de que descarta entrar en una guerra de precios. En su lugar, priorizará la rentabilidad técnica sobre el volumen y la suficiencia de primas. «El sector tiene una enorme responsabilidad», expresó la consejera delegada del grupo, Patricia Ayuela, durante la presentación de resultados. 

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Indra resuelve su consejo sin sobresaltos en el organigrama pese al clima de tensión que rodeaba este encuentro de carácter ordinario por el choque entre su presidente, Ángel Escribano, y el Gobierno, primer accionista de la cotizada con un 28% del capital (controlado a través de su brazo inversor, la SEPI). Según indican fuentes conocedoras, la reunión ha transcurrido sin que la cuestión de la presidencia llegara a someterse a votación, como tampoco lo ha hecho el futuro de José Vicente de los Mozos como consejero delegado, a pesar de que su contrato expira en tres meses.El empresario madrileño sale así reforzado de una cita que el mercado interpretaba como una prueba clave para medir el pulso entre el Ejecutivo y Escribano por el poder de la compañía, después de dejar sobre papel mojado la integración de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). La operación, impulsada por el Gobierno como palanca para alzar a Indra como un campeón nacional de Defensa, naufragó el pasado jueves ante la resistencia del propio presidente de Indra a la fusión con su negocio familiar tras el órdago enviado desde la Moncloa para resolver el conflicto de interés existente en la operación.Tras este movimiento, el Gobierno tenía en su mano forzar el relevo en la presidencia, pero para ello debía atar los apoyos necesarios dentro de un consejo fragmentado. El marco legal y estatutario no imponía ningún obstáculo procedimental para dar este paso y de haber puesto el ‘holding’ estatal el cese de Escribano sobre la mesa, habría bastado con que los votos favorables superasen a los contrarios en la propia sala para sacar adelante su pretensión, sin necesidad de mayoría cualificada alguna.En ese equilibrio, el peso decisivo habría recaído sobre los siete vocales independientes: Belén Amatriain, Virginia Arce, Teresa Busto, María Aránzazu Díaz, Eva Fernández, Oriol Piña y Bernardo Villazán. Hasta ahora han actuado como un bloque cohesionado en defensa de Escribano, pero si alguno cambiase de signo su voto, la balanza podría inclinarse del lado de Moncloa.El consejo lo completan los tres representantes de la SEPI -Juan Moscoso, Antonio Cuevas y Miguel Sebastián-, favorables al relevo, y a voces ya definidas como la de Jokin Aperribay, en representación de Sapa y crítico con la fusión con EM&E desde el primer momento. Enfrente se sientan Pablo Jiménez de Parga, por Amber Capital, y Javier Escribano, consejero dominical en representación del negocio familiar que controla el 14,3% del capital, ambos valedores del presidente. También presente en el consejo, aunque con el mandato a punto de expirar en junio, se encuentra De los Mozos, cuya continuidad también está en el aire y, en última instancia, quedaría supeditada al aval de la junta de accionistas.Entre las dudas por la continuidad de Escribano en el cargo, el paso atrás con la fusión y el frente con el Estado, quien decide en última instancia los préstamos del 0% para Programas Especiales de Modernización (PEM) que han impulsado el ascenso meteórico del negocio militar de Indra, la acción de la cotizada ya ha borrado todas las ganancias que registraba este año. Una situación que también ha dado alas a entidades como el fondo estadounidense T.Rowe para elevar su participación en Indra por encima del 5% esta misma tarde o a Millenium, que tomó un 1,05% del capital el pasado febrero.

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El Gobierno llevará este viernes a la mesa general de la Administración General del Estado (AGE) la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en el sector público. La propuesta que ha lanzado cuenta, en principio, con el visto bueno de UGT, está en estudio en el caso de CCOO, que aún no se ha pronunciado al respecto, y se considera insuficiente por parte de CSIF, que reclama al Ejecutivo que incluya a más colectivos. Tampoco termina de convencer la propuesta para la oferta de empleo público de este año.Al término de la reunión del Ministerio de Función Pública con los sindicatos, UGT apuesta por una negociación más amplia, que aborde las necesidades específicas de cada sector tras la entrada en vigor de la jornada de 35 horas frente a las actuales 37,5 horas semanales.Entre ellas figuran el compromiso de publicar la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública en un plazo máximo de 15 días, con lo que la reducción de jornada entraría en vigor como máximo a mediados del mes que viene.Asimismo, el último borrador incluiría también cómo quedaría la jornada en cómputo anual (1.533 horas) y la adaptación de la jornada de especial dedicación, así como la concreción de los horarios fijos de presencia, que se incorporarán al texto definitivo a instancia de UGT, según el sindicato.Desde CCOO, han explicado a EFE tras la reunión que decidirán si avalan el nuevo documento presentado por Función Pública y, por tanto, si firman el acuerdo; mientras que CSIF ha reclamado la incorporación a esta nueva jornada de otros colectivos del Estado.Fuentes sindicales inciden en que el Gobierno se ha comprometido a llevar un texto el próximo viernes que incluya también a las instituciones penitenciarias, docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, que tendrán que negociar en su propio ámbito.Según las mismas fuentes podría incorporar además al personal de la AGE y sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público (empresas públicas). Igualmente, podrían introducirse cambios en las jornadas especiales para ajustarlas a las 35 horas reduciéndolas de manera proporcional.Paralizada la negociación de la oferta de empleo públicoLa oferta de empleo público (OEP), que estaba incluida en el orden del día del viernes, no se abordará finalmente y no se sabe cuándo se retomará la negociación, explican las fuentes sindicales, que habrían mostrado su rechazo ante la falta del dato de los puestos de trabajo a crear y su distribución por departamentos. En la reunión del pasado lunes, el Ministerio habría planteado una OEP «muy similar a la del año pasado», cuando salieron 26.889 plazas.UGT ha expresado en las reuniones técnicas previas la necesidad de una negociación más amplia, que aborde las necesidades específicas de cada sector tras la entrada en vigor de la jornada de 35 horas y se garantice la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

Los mercados financieros atisban nuevos brotes verdes. El plan de paz presentado por Donald Trump a Irán y la posibilidad de un alto el fuego en Oriente Próximo durante un mes inyecta oxígeno al mercado. Los inversores aprovechan para comprar y animan las bolsas en la apertura. El Ibex 35, la referencia española, llega a la media sesión con una subida del 1,3%, que le permiten recuperar los 17.100 puntos. Los principales índices se anotan ascensos que oscilan en el 1,5% en el caso del Dax alemán, el FTSE MIB y el CAC40, siendo del 1% en el caso del FTSE 100.»La incertidumbre persiste ya que se desconoce el detalle exacto de los quince puntos, si Irán acepta negociar o si Israel lo respalda. Las condiciones para avanzar pasan no sólo por un alto el fuego, sino también por la reapertura segura del estrecho de Ormuz que permita relajar las tensiones en el mercado de la energía», señalan los analistas de Bankinter. El mercado de materias primas recoge esa menor presión y abre a la baja. El Brent, la referencia en Europa, corrige más de un 5%, hasta los 98 dólares, en línea con el West Texas, que cede otro 4%, hasta los 88 dólares el barril.De su lado, la cotización de los futuros de gas en Europa se desploma más de un 6%, hasta los 50,5 euros en megavatio hora y regresa a mínimos de los últimos diez días. «El contexto sigue siendo inestable. Hay despliegue militar, tensiones abiertas y dudas reales sobre si Irán aceptará negociar. Eso implica que el riesgo geopolítico no ha desaparecido, solo se ha repricingado a la baja», comenta Sergio Ávila, de IG Markets. Hasta ahora, sólo ha trascendido que los ayatolás niegan un acuerdo. La reacción positiva de las bolsas asiáticas con avances cercanos al 3%, de los futuros estadounidenses, así como la caída del petróleo, parecen indicar que los inversores están por la labor de apostar por una pronta resolución del conflicto o, al menos, por una desescalada que permita dar fin al conflicto en unas semanas, según indican desde Link Securities. El euro se mueve sobre los 1,16 ‘billetes verdes’ y la deuda se repliega con el consecuente incremento de precio. En concreto, en el caso del bono español a diez años se coloca en el 3,4%. En el plano macroeconómico, destaca la publicación del índice IFO en Alemania, que mide el clima de negocio de marzo. Tal y como esperaban los analistas, ha empeorado como consecuencia del mayor pesimismo respecto de los próximos meses, situándose en marzo en los 86,4 puntos, frente a los 88,4 de febrero, su lectura más débil desde febrero de 2025, cuando la encuesta aún no recogía los resultados de las elecciones federales en Alemania, que dieron la victoria a Friedrich Merz y su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU/CSU).De vuelta a España, solamente Cellnex Telecom (-1,5%), Repsol (1,11%) y Puig Brands (-0,28%) acusan pérdidas. En contraste, las subidas vienen encabezadas por Grifols, que se dispara más de un 8% tras anunciar que explora una salida a bolsa para su negocio de Biopharma en Estados Unidos. Le siguen ArcelorMittal (+2,8%), BBVA (+2,65%) y Unicaja (+2,6%). Entre los grandes valores, Inditex avanza un 1,65% y Telefónica un 0,3%. De forma paralela, Indra registra una subida del 1,7% en un día marcado por la reunión del consejo de administración con la duda de si el cese del presidente, Ángel Escribano, podría aparecer encima de la mesa. 

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Yolanda Díaz no tiene ninguna intención de echarse atrás en su empeño por endurecer el control del registro horario, la gran apuesta de su vicepresidencia en materia de jornada tras el pinchazo del recorte a 37,5 horas. Pese al duro dictamen emitido por el Consejo de Estado en el que desaconseja su aprobación, fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que llevarán el texto en breve al Consejo de Ministros tras introducir leves retoques en su contenido. Cambios que, insisten en Trabajo, no desnaturalizarán el texto original, que plantea un registro horario que sea obligatoriamente digital y accesible en tiempo real por la Inspección de Trabajo.Desde el departamento que dirige Díaz trasladan que el Consejo de Estado es un órgano meramente consultivo y señalan que no sería la primera vez que se aprueba una norma en el seno del Gobierno pese a un informe desfavorable de este organismo. En concreto, señalan las fuentes, se ha hecho ya una quincena de veces con reales decretos que pasaron a Consejo de Ministros, aunque no especifican cuáles. Desde el ministerio sostienen que el Consejo de Estado se ha extralimitado en su resolución, que ven no vinculante y a la que acusan de falta de base jurídica. En Trabajo creen que detrás del duro dictamen del Consejo de Estado está la ‘mano negra’ del Ministerio de Economía, departamento al que acusa directamente de estar en contra del control de jornada. Ello, pese a que Carlos Cuerpo ha señalado este mismo martes que el registro horario es un objetivo «ambicioso, pero compartido» en el seno del Gobierno, pese a que ha reclamado que su implantación sea «equilibrada». Las citadas fuentes de Trabajo consideran que Economía incurre en una violación flagrante del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. Un texto que recoge, en términos literales, lo siguiente. «Reforzaremos los instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para asegurar el cumplimiento de las normas en todas las empresas». Pese a que el enfrentamiento con Economía es evidente, en el departamento que dirige Díaz dan por hecho que la norma llegará a Consejo de Ministros. No creen que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que dirige Carlos Cuerpo, vaya a ser un obstáculo, pese a que ya lo fue con la reducción de la jornada. En este sentido, confían en que Pedro Sánchez, que ha arbitrado ya varios conflictos entre los dos socios de Gobierno, acabe decantando la balanza en su favor.La resolución del Consejo de Estado, cuyo contenido trascendió el lunes, apunta a que el reglamento que ha diseñado Trabajo viola la normativa de protección de datos; no tiene el rango normativo suficiente (debiera ser una ley) e invade la negociación colectiva. Tres aspectos que rechazan las fuentes consultadas del Ministerio de Trabajo.Uno de los asuntos más polémicos de la resolución del Consejo de Estado es el del tratamiento de las pymes, para quienes sugiere un tratamiento diferenciado. Algo con lo que en Trabajo están en desacuerdo, dado que consideran que la norma ya prevé medidas de acompañamiento y un periodo de adaptación suficiente. Trabajo asume que habrá litigiosEn el ministerio asumen que no hay garantías de que los tribunales utilicen el informe del Consejo de Estado para tumbar el nuevo registro horario que propone Trabajo. Una litigiosidad que dan por hecho que sucederá, habida cuenta de que la patronal ha señalado en varias ocasiones su intención de llevar esta medida ante la justicia al considerar que los cambios propuestos exigen rango de ley y no de reglamento.En este sentido, en el ministerio creen que la resolución de este organismo sienta un precedente peligroso para otras disposiciones que Trabajo está desarrollando sin rango de ley. El ejemplo más evidente es la norma con la que se pretende limitar la compensación y absorción de los complementos salariales más frecuentes cuando se sube el salario mínimo, un texto todavía en fase de consulta pública. 

José Bogas pondrá fin a su etapa como primer espada de Endesa en la próxima Junta General de Accionistas convocada para el próximo 28 de abril. Según recoge la documentación remitida este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la energética española que controla al 70% la multinacional italiana Enel, el directivo madrileño figura en la propuesta como consejero externo, cerrando así un ciclo de casi doce años al frente de la compañía con funciones ejecutivas.Su continuidad como consejero delegado de la cotizada estaba en entredicho por razones de edad: Bogas cumplirá 71 años este año, de los cuales más de cuarenta los ha dedicado a Endesa, consolidándose como una de las figuras de referencia del sector energético español. Cuando el empresario fue consultado por su afán por seguir en el cargo, con motivo de la reciente presentación del nuevo plan estratégico 2026-2028, anticipó que su relevo podría ocurrir más tarde que pronto. «Yo me encuentro con fuerzas, pero la vida es como es y las cosas son como son. Después de 45 años en Endesa, cada día que pasa estoy más cerca de mi jubilación» confesó entonces.Si los accionistas aprueban el movimiento, la reelección contempla que Bogas ostentará la categoría de consejero externo durante los próximos cuatro años. En la misma cita, el mercado espera conocer la decisión sobre su sucesor, que recae en la italiana Enel, quien, como accionista mayoritaria, deberá llevar a su candidato a la próxima junta, que tendrá la última palabra. A la espera de conocer su elección, en las quinielas coge fuerza el nombre de Marco Palermo, actual director financiero de la firma.Al dejar la primera línea ejecutiva, Bogas pone fin a una etapa en la que ha estado al frente de Endesa durante más de diez años -a lo largo de tres mandatos-, en los que ha dirigido la adaptación de la compañía a un entorno dominado por la transición energética, el crecimiento de las renovables y el avance de la electrificación. Ingeniero industrial formado en ICAI, donde finalizó sus estudios en 1978, se incorporó a la empresa en 1982, cuando aún pertenecía al sector público, asumiendo funciones en el área de planificación como responsable de estudios de mercado.A partir de ese momento desarrolló toda su carrera dentro del grupo, ocupando distintos puestos de responsabilidad hasta alcanzar la cúpula. En 2014 fue nombrado consejero delegado, entonces como máximo responsable del negocio en España y Portugal, sustituyendo a Andrea Brentan, en una etapa en la que la compañía ya estaba controlada por Enel, accionista mayoritario desde 2009.A lo largo de más de cuatro décadas, ha participado de forma directa en los principales cambios del sector eléctrico español. Desde los años ochenta ha estado implicado en hitos como la definición del Plan Energético Nacional, la reorganización empresarial derivada del intercambio de activos entre compañías, el desarrollo del marco regulatorio que rigió durante años el sistema eléctrico o el proceso de liberalización iniciado con la ley de 1997.  Sin embargo, fue a partir de 2014, tras asumir el cargo de consejero delegado de Endesa, cuando adquirió un papel más visible y determinante en la gestión de los principales desafíos tanto del sector como de la propia compañía.Su paso a un lado llega en un punto de inflexión para la compañía, después de comprometer una inversión de 10.600 millones de euros para los próximos tres años, que supone un 10% más que lo destinado en su plan anterior y revela una firme apuesta por las redes eléctricas a las que dedica más de la mitad de los recursos del nuevo plan trienal, 5.500 millones (un 40% más que en el plan anterior). La empresa anunció este plan tras anotarse un beneficio neto de 2.198 millones de euros en 2025, que representa un incremento del 16,4% con respecto a los 1.888 millones de euros del ejercicio anterior y pulveriza los objetivos que se había marcado para el año, en los que apuntaba a unas ganancias de unos 2.000 millonesNoticia en ampliación…

Las agencias de viaje empiezan a dar cuenta de sus perspectivas para una Semana Santa condicionada por el conflicto de Oriente Medio. La conclusión, a nivel nacional, invita a pensar que el sector está capeando el temporal con relativo éxito y las reservas de las grandes plataformas registran, incluso, mejores cifras que las anotadas el año pasado. «Los datos, tanto por parte de turistas españoles y extranjeros son muy positivos, a pesar de todo lo que está ocurriendo» reconoce a este medio Beatriz Oficialdegui, directora de comunicación de Destinia.Los datos facilitados por la agencia de viajes online constatan esta tendencia y su estimación de ventas para la siguiente ventana vacacional está un 50% por encima que la registrada durante la última Semana Santa, cuando la festividad tuvo lugar dos semanas más tarde. Desde la plataforma interpretan este cambio de calendario como un impulso a las reservas, también beneficiadas de las redirecciones de la demanda como consecuencia del conflicto de Oriente. «Las reservas para venir a España han subido un 10% desde que estalló el conflicto» apunta Oficialdegui, quien llama a la cautela y sitúa los precios como el factor determinante para que España mantenga o pierda esa ventaja frente a otros destinos igualmente percibidos como seguros, como Italia y Portugal. «España se va a beneficiar, pero también si subimos mucho los precios al final se pueden ir a otros destinos que también se consideran destinos seguros» explica.Sobre este aspecto, fuentes de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) no entran a valorar un potencial trasvase de demanda por la guerra de Irán, pero recuerdan que este sí se ha producido en otros conflictos previos como el de Ucrania. «En el caso de España los flujos hacia y desde los países afectados por el conflicto representa sólo un 1,3% por lo que el impacto es limitado. Sin embargo, podría producirse un efecto coyuntural similar al de la primavera árabe, con una reorientación del tráfico hacia destinos como España que son percibidos como más seguros» trasladó días atrás el presidente de la patronal, Javier Gándara.Desde Destinia ven prematuro hablar del efecto provocado por la entrada en vigor del decreto que rebaja los impuestos a las gasolinas por la guerra en Irán, pero sí vislumbran que pueda tener un efecto positivo de cara al último minuto. «No hemos visto un impacto a corto plazo en las reservas de Semana Santa por el incremento de las gasolinas, pero creemos que (el paquete de medidas del Gobierno) puede ayudar bastante en las próximas semanas» comenta.Alerta en la Costa del Sol por el corte del AVEDistinta es la situación que afrontan en la Costa del Sol por el retraso en la reapertura de la conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid, que amenaza con desviar 195.000 turistas hasta mediados de abril, según los cálculos de la Diputación de Málaga. Para la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), el impacto será más intenso en destinos del interior con la capital malagueña entre las más afectadas con una caída en las reservas del 30%. La asociación advierte, además, de que la desconexión ferroviaria ya está teniendo repercusiones en el empleo, con retrasos en las contrataciones previas a la temporada y en los llamamientos a trabajadores discontinuos.En clave nacional, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) también ha puesto el foco en la confluencia de dos factores que amenazan la movilidad turística en este periodo clave. Su presidente, Jorge Marichal, señala que «la conectividad es un factor determinante en la toma de decisiones del viajero» y advierte de que, si a la incertidumbre ferroviaria se suma el encarecimiento de los carburantes, «se reduce notablemente la competitividad de nuestros destinos».

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La entrada en vigor del decreto que rebaja los impuestos a las gasolinas por la guerra en Irán ha provocado una notable caída de los precios que se nota ya en el surtidor. Los datos de las más de 12.000 gasolineras españolas que recopila el Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica reflejan que el precio medio de los carburantes se desplomó hasta un 11% el domingo, primer día en que estuvieron vigentes las medidas, en comparación con el sábado.De esta forma, el precio de la gasolina 95 en la Península y Baleares se situaba en 1,619 euros el litro a última hora del domingo, un 10,9% menos que el que se podía ver el sábado (20 céntimos menos). Estas cifras, traducidas a un depósito de tamaño medio (55 litros), implican que el coste de llenar el tanque se ha reducido de los 99,9 euros el sábado a 89 el domingo (10,9 euros menos). Tras la rebaja, el precio de la gasolina ha caído a niveles que no se veían desde el pasado 6 de marzo.En lo que respecta al diésel, la rebaja fiscal ha permitido que el precio del litro de combustible se abarate hasta los 1,804 euros, un 8,3% menos (16 céntimos) que lo que se registraba el sábado. Con estos números, el precio de un repostaje promedio ha descendido desde 108,2 euros antes de que entrara en vigor el paquete fiscal a 99,2 euros (9 euros menos). El gasóleo se sitúa ya en unas cifras sin precedentes desde el 9 de marzo. La llegada al surtidor de los descuentos coincide con un momento de alivio en el mercado del petróleo. El anuncio de Trump de retrasar cinco días su ultimátum al régimen iraní para que reabra el estrecho de Ormuz ha sido bien recibido por los mercados. El precio del barril de Brent ha llegado a desplomarse hasta un 15% y ha caído por debajo de los 100 dólares, hasta situarse en torno a los 96 a primera hora de la tarde. Sin embargo, al cierre en Wall Street cotiza al filo de esta barrera, mínimos de la última semana. El paquete fiscal que aprobó el Gobierno el pasado viernes, pero que entró en vigor el domingo incluye una rebaja del IVA de los carburantes del 21 al 10%, así como una reducción al mínimo que permite la Unión Europea del impuesto especial a los hidrocarburos. Un tributo que, además de los combustibles para vehículos, también se aplica al gas natural y otros derivados del petróleo. Esta medida viene acompañada también de una drástica bajada de impuestos a la factura de la luz, cuyo IVA se reduce del 21 al 10%, mientras que el impuesto especial eléctrico se baja del 5 al 0,5% (el mínimo legal) y se suspende el impuesto a la generación con cargo a las eléctricas. La rebaja fiscal no se traslada por completoSin embargo, los últimos precios disponibles reflejan que la rebaja fiscal a los carburantes todavía no se ha traducido en la bajada de precios en el surtidor que buscaba el Gobierno. El Ejecutivo estimó que cuando entraran en vigor las medidas, el precio de la gasolina 95 se reduciría 29 céntimos y el del gasóleo, 23 céntimos. Los cálculos del Ministerio de Hacienda tomaban como referencia los precios vigentes el pasado jueves, cuando la gasolina se situaba en 1,8 euros por litro y el diésel en 1,9. Si se comparan estas cifras con los precios del domingo, se observa cómo la bajada que se ha producido ha sido de 17,2 céntimos en el caso de la gasolina (cuando el Gobierno estimaba que sería de 29 céntimos), mientras que en el diésel el abaratamiento ha sido de 11,6 céntimos (el Ejecutivo preveía 23).Hay que tener en cuenta, no obstante, que todavía hay gasolineras que no han remitido al Geoportal su última información de precios actualizada, por lo que es previsible que los precios medios todavía no estén reflejando por completo la rebaja fiscal.Sin embargo, aunque el Ejecutivo ha reforzado la capacidad de la CNMC para supervisar y sancionar a las empresas que se aprovechen para aumentar beneficios, la experiencia de la guerra en Ucrania sugiere que las petroleras terminarán apropiándose de parte del descuento. Un estudio publicado a finales de 2024 estima que las energéticas se apropiaron de 857 millones de euros de dinero público del descuento de 20 céntimos introducido en abril de 2022.En esta línea, desde la asociación de consumidores Facua denuncian que una de cada cuatro gasolineras ha aprovechado la bajada del IVA para aplicar nuevas subidas de precios. En concreto, señalan a 2.337 estaciones de servicio que subieron los precios pese a la entrada en vigor de la rebaja fiscal. 

Los sindicatos más representativos del sector público acarician un acuerdo con el Gobierno para reducir la jornada laboral hasta las 35 horas en la Administración General del Estado (AGE). Las centrales se han reunido este lunes con Función Pública y están a la espera de que les remita un nuevo borrador de la propuesta para debatirlo el próximo miércoles.UGT y CSIF confían en que ese nuevo texto extienda el recorte horario también a los funcionarios de prisiones y al personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla, que por ahora quedan excluidos, mientras que en Comisiones Obreras son algo más escépticos. Este es el principal escollo que queda pendiente en la negociación para implantar la reducción de jornada que UGT y CCOO pactaron con el Ejecutivo en 2022, pero que no se ha llegado a desarrollar. En CSIF, el sindicato más representativo en la AGE, dan por hecho que se llegará a un consenso el miércoles cuando llegue la nueva propuesta que se rubricará oficialmente el viernes en la mesa general de negociación de la AGE, el principal órgano de diálogo social en la administración central. La organización reclamará que también se apliquen las 35 horas a quienes tienen ‘jornadas especiales’, colectivos con semanas laborales que superan las 37,5 horas de semana laboral vigente actualmente en la AGE. Desde el sindicato UGT insisten en que la reducción de jornada llegará «a todos los colectivos» y hacen hincapié en que no permitirán «retrocesos» en las condiciones ya pactadas, como la flexibilidad horaria o determinadas «cortesías». Para ello, plantean introducir una cláusula en el acuerdo que garantice que seguirán vigentes todos los pactos internos en materia de jornada, horarios o calendarios. Donde no ven tan claro que se vaya a alcanzar un acuerdo es en CCOO. Fuentes sindicales de la central trasladan que con las condiciones actuales no están en disposición de firmar y señalan que el texto que se les ha mostrado el lunes no incluía todavía a funcionarios de prisiones, enseñanza ni sanidad, que para CCOO supone una línea roja. Si no se incluye a estos profesionales en el texto que se presente el miércoles, no accederán a firmar, sostienen las fuentes. En CCOO también son escépticos con los tiempos hasta la aplicación efectiva de la jornada. Aunque se firmase el viernes el acuerdo en el diálogo social, Función Pública tendría que redactar todavía la nueva instrucción sobre jornada y horario de trabajo, el texto legal que regula los horarios en la AGE. Algo para lo que no hay una fecha clara, pese a que los sindicatos confiaban en que pudiera llegar a tiempo para marzo, un plazo que se antoja ya imposible en el contexto actual. A la espera están unos 250.000 empleados públicos de la Administración del Estado, entre personal de los ministerios, organismos autónomos, agencias o entidades públicas estatales. En principio, parece que sí quedarán excluidas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o la Guardia Civil, así como la Administración de Justicia, que no forman parte de la AGE. 

Como apuntábamos en nuestra primera columna, España es uno de los países de la UE con mayor persistencia de la pobreza, incluso en momentos de expansión económica, y también con menor capacidad redistributiva. Uno de los motivos detrás de este indeseado panorama es que las transferencias sociales existentes no llegan, el llamado non-take-up. Los datos de AIReF son claros: más de la mitad (55%) de las familias con derecho al Ingreso Mínimo Vital no lo recibe, es decir, el IMV debería llegar al doble de hogares. En el caso del complemento de ayuda a la infancia (CAPI), aproximadamente tres de cada cuatro menores con derecho no lo están percibiendo (un 72% de los hogares).¿Pero por qué no llegan las ayudas? Se suele pensar que la burocracia es complicada o que la gente no las conoce. Eso es cierto, pero solo en parte. Las investigaciones muestran que otra causa importante es que muchas personas sencillamente no se perciben a sí mismas en situación de vulnerabilidad, es decir, con derecho a recibirlas. Es más fácil pensar que pobre es el vecino, no uno mismo. El resultado es un sistema que espera que parte de la ciudadanía se identifique como posible beneficiaria y llame a la puerta de la administración para preguntar, pero hay mucha gente que nunca va a hacerlo.Con la pobreza infantil además ocurre algo paradójico: las deducciones fiscales por hijo a cargo solo llegan a quienes presentan la declaración de la renta. Los menores más vulnerables, quienes viven en hogares que no tienen obligación de presentarla —precisamente por tener ingresos demasiado bajos—, se quedan fuera.La propuesta desde ISEAK es cambiar el enfoque: que sea la administración quien vaya a buscar a quienes tienen derecho. Para eso hacen falta dos cosas. La primera es una declaración de la renta universal — que todo el mundo, independientemente de sus ingresos, tenga que presentarla para quedar recogido en las bases de datos administrativas. Esta será la llave que permitirá identificar a quienes hoy son invisibles, también para las prestaciones, ya que quienes no tienen obligación son precisamente quienes se quedan fuera. La segunda es la interoperabilidad de datos entre administraciones. Los sistemas deben hablarse entre sí para que una persona no tenga que estar moviendo papeles, que la administración ya tiene, de una ventanilla a otra. De esta manera, se podría identificar automáticamente a quienes tienen derecho y no lo están ejerciendo. Hasta ahora, el cruce de bases de datos se ha utilizado fundamentalmente para perseguir a quien cobra de más, pero no para garantizar ingresos a quien no recibe lo que le corresponde.Un ejemplo cercano y prometedor es el del Consorci Administració Oberta (AOC) de Cataluña. La ley allí prohíbe cortar el suministro de luz a familias vulnerables, pero este proceso era lento, manual e ineficiente: las compañías enviaban listados de impagos a los ayuntamientos y estos tenían menos de 15 días para evaluar los casos, citando a las personas por carta y pidiéndoles documentación. La solución: una plataforma que cruza automáticamente datos del padrón, renta, prestaciones y otra información relevante y emite un informe en cuestión de horas en lugar de semanas. El potencial es evidente, evitar los más de 161.000 cortes de luz que se producían al año.En definitiva, la interoperabilidad de datos administrativos junto con el desarrollo tecnológico puede hacer la vida más fácil a la ciudadanía y garantizar que los derechos se cumplan, sin que tengan que ser reclamados. Pero para esto, de nuevo, hace falta que todas las personas sean visibles para el sistema. Esto no es ciencia ficción institucional. Bélgica lleva décadas funcionando así: su Banco de la Seguridad Social cruza datos entre administraciones para conceder automáticamente prestaciones —como bonificaciones en energía, transporte gratuito, exenciones fiscales— a quienes tienen derecho, sin que tengan que solicitarlas.Este es el horizonte que España debe alcanzar. Hasta entonces, medidas como las que recomienda AIReF — profundizar en automatismos para que el CAPI llegue desde el momento de inscripción del menor en el registro civil — y el ejemplo catalán son el camino. O algo aún más sencillo para quienes ya están en el sistema: enviar una carta que diga «Sabemos que usted tiene derecho a esta prestación, aquí tiene información sobre cómo solicitarla». La inclusión social a veces empieza por recordarle a alguien que el sistema también existe para ella.