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España se retrasa en la aplicación del sistema de recogida de botellas de plástico y latas que exige Bruselas

España se retrasa en la aplicación del sistema de recogida de botellas de plástico y latas que exige Bruselas

La puesta en marcha en España de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR)de botellas de plástico y latas no está resultando sencilla. A la existencia de cuatro operadores interesados se suma el hecho de que aún no hay el real decreto ley que desarrolle el Reglamento Europeo de Envases. Otro problema es el calendario: en noviembre se cumplen los dos años del plazo fijados por el Ministerio de Transición Ecológica para implantar en todo el territorio el SDDR. Una resolución que se adoptó tras incumplirse el objetivo de reciclaje del 70% para 2023 marcado por la Ley de Residuos de 2022. En el sector privado creen que no hay tiempo suficiente, mientras que en el Ministerio ven «clave» invertir ya ante los plazos «exigentes» de Bruselas, que exige que el 90% de estos residuos se reciclen en 2029. Una cuestión de plazos El gerente de la Asociación SDDR para España, Antonio Romero, apunta en declaraciones a La Información Económica que llevan «un año» con las autorizaciones de licencia para los operadores, y que ahora el ‘sí’ definitivo está en manos de las comunidades autónomas, y constata que «ningún país en Europa ha logrado montar sus sistemas en tan poco tiempo». Apenas quedan seis meses hasta noviembre y, en Transición Ecológica, instan a invertir «desde ya, dado que los plazos de implantación son exigentes» y cumplir con la meta de 2029 hace necesario «disponer del sistema plenamente operativo con suficiente antelación una vez se resuelvan las solicitudes de autorización». Romero, que se declara «no pesimista» y asegura «no tener queja con la administración, que nos está escuchando y atendiendo», se muestra escéptico y exige que «se aclaren las reglas de juego» en referencia al real decreto ley nonato.  El representante de esta asociación impulsada por la patronal del Gran Consumo (AECOC) o la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), entre otras, menciona que de los 19 sistemas existentes en la Unión Europa solo dos cuentan con más de un operador y que todos han necesitado meses para implantarse. Por ejemplo, Portugal lo hizo en 16 meses comenzando el proceso en 2021 y, añade, que en España ya hay 6 grupos de trabajo dimensionando el reto de implantarlo. El gerente de la Asociación SDDR para España, Antonio Romero, se muestra escéptico y exige que «se aclaren las reglas de juego» en referencia al real decreto ley nonato¿Nuevo real decreto en verano? El gerente del operador impulsado por patronales como AECOC añade que, desde la secretaría de Estado de Medio Ambiente, su titular Hugo Morán se ha apuntado la posibilidad de que se someta a consulta pública el texto para adaptar a la normativa española el Reglamento Europeo de Residuos en los próximos días. Un paso muy esperado desde el sector privado.  En una nota aclaratoria, publicada por Transición Ecológica el pasado 19 de mayo, se limitaba a confirmar que estaban trabajando en esta nueva norma «con el objetivo de adaptar el marco jurídico nacional al Reglamento UE 2025/40 y asegurar la adecuada coherencia y aplicación en el ordenamiento jurídico español». Un real decreto ley que permita «desarrollar aquellas disposiciones del Reglamento que requieran un desarrollo o concreción a nivel nacional para su plena efectividad». «Un reto logístico» Romero reconoce que estamos ante «un reto logístico» que requiere importantes inversiones y dedicar mucha atención a cuestiones como el diseño de los contenedores, cómo gestionar el transporte en las zonas de bajas emisiones o el alcance de la red de puntos de retorno dada la dispersión de los más de 8.000 municipios españoles. El gerente de la Asociación SDDR para España recuerda que, en el caso de Noruega, «la mayor parte de los envases se genera en el entorno de Oslo» y apuesta por avanzar hacia «un modelo universal con capacidad suficiente para garantizar una gestión eficiente en todo el territorio».Fuentes consultadas del Ministerio de Transición Ecológica responden que la obligación de implantar un sistema de recogida de botellas y latas de plástico (SDDR) se hizo efectiva en noviembre de 2024 «como consecuencia de lo estipulado en la ley en caso de que se incumpliera el objetivo de recogida separada de botellas SUP (botellas de plástico de un solo uso de hasta 3 litros) en 2023» del 70% de la Ley de Residuos. Lo que constataron en un informe publicado en noviembre del año siguiente, cuando concluyeron que el porcentaje de recogida fue del 41,3%. Muy lejos de lo marcado en la Ley de Residuos. «En consecuencia se deberá implantar en todo el territorio nacional, y en el plazo de dos años, un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR)», apuntaban en las conclusiones del informe.   Objetivo: 90% de botellas y latas en 2029 Desde el departamento ministerial que dirige Sara Aagesen añaden que el Reglamento comunitario establece que, como máximo, el 1 de enero de 2029 se debe alcanzar una recogida separada del 90% en peso para botellas de plástico y recipientes metálicos de bebidas de hasta 3 litros. Estas fuentes  justifican en lo anterior, que «los sistemas que permitan alcanzar ese objetivo, como el SDDR, deben estar implantados con la suficiente antelación», y ven «inviable» alcanzar en poco tiempo este nivel de recogida.  Las fuentes consultadas añaden que la legislación española es «plenamente compatible» con el Reglamento Europeo de Envases y que «sigue siendo de aplicación en todo aquello que no resulte incompatible». Además, recuerdan, que en la nota aclaratoria publicada el pasado 19 de mayo ya se advertía que hasta que no se apruebe el nuevo texto regirá la normativa europea y el real decreto de envases de 2022. 

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Los mayores de 52 años que cobran subsidio tienen tres veces menos probabilidades de encontrar trabajo que un parado estándar

Los mayores de 52 años que cobran subsidio tienen tres veces menos probabilidades de encontrar trabajo que un parado estándar

Las personas que cobran el subsidio al paro para mayores de 52 años tienen tres veces menos probabilidad de encontrar trabajo que el común de los parados. Así lo refleja un estudio publicado por el Banco de España el jueves incluido dentro de su Informe Anual 2025, en el que el organismo da un repaso a los factores que más condicionaron la economía española el año pasado.En el monográfico, el supervisor dedica un recuadro especial al subsidio, en el que refleja que las probabilidades de encontrar trabajo cuando se cobra la ayuda son muy reducidas. El documento muestra cómo solo el 8,9% de los perceptores de esta ayuda que no trabajaron en 2021 encontraron empleo en 2022. Una tasa que, en el caso de los parados que cobran prestación contributiva, alcanzó el 29,9% en aquel ejercicio.El supervisor bancario señala, además, que la mayor parte de quienes cobran el actualmente la empezaron a percibir relativamente jóvenes. El 55% de ellos empezaron a cobrar la ayuda entre los 52 y los 55 años, un porcentaje que se reduce al 30% al grupo de edad entre 56 y 59 años y cae al 15% en los mayores de 60 años. El subsidio de mayores de 52 años es una ayuda que se introdujo por primera vez en 1984 para garantizar una renta mínima a los trabajadores en sus últimos años de vida laboral que habían agotado su prestación de paro contributiva. Es decir, la que se cobra tras haber cotizado como trabajador. Según datos del Ministerio de Trabajo, el pasado abril percibían esta ayuda 467.749 personas. Su cuantía es muy baja (580 euros al mes), pero la gran ventaja que ofrece es que funciona como una suerte de pasarela hacia la jubilación. Los parados que lo perciben no cotizan como si ganaran esos 580 euros, sino que disfrutan de una sobrecotización del 125% de la base mínima. Es decir, cotizan como si tuvieran una base de 1.780 euros al mes. Esto les permite aguantar el tiempo que les faltan hasta retirarse sin sufrir la enorme penalización en el cálculo de su pensión que supone pasar años en blanco. El Banco de España, que ya se ha mostrado crítico con el diseño de las prestaciones por desempleo en otras ocasiones,  señala que es necesario mejorar «las políticas activas de empleo y asegurar los incentivos adecuados para la reincorporación laboral». Ello en un país donde la tasa de paro de larga duración entre los mayores de 55 años supera el 5% y supone la mitad del desempleo en ese grupo de edad. Respecto al subsidio, los investigadores apuntan a que cuando el trabajador vive en un hogar que ingresa otras rentas los incentivos a volver a trabajar se reducen. Algo que sucede también con especial fuerza entre los trabajadores que están más cerca de jubilarse y entre las mujeres. En líneas generales, los autores del estudio coinciden en que tanto la duración del subsidio -es indefinido hasta la jubilación- como la cuantía «desincentivan la reentrada el empleo». Aunque destacan que el efecto duración «es de un orden de magnitud mayor». Además, para comprobar cómo influye la sobrecotización sobre la probabilidad de conseguir trabajo, se plantean una pregunta: qué sucedería si la cotización, en lugar de ser del 125% de la base mínima, fuera igual a los 580 euros de prestación. El resultado que obtienen es que la probabilidad de encontrar trabajo se incrementa. En los hombres pasa de en torno al 2% al mes siguiente a cerca del 3%, mientras que en las mujeres mejora desde algo más del 1% hasta el 2,5%. «Los resultados anteriores apuntan a que una parte relevante del desincentivo a la reincorporación al empleo que genera el subsidio por desempleo para mayores de 52/55 años estaría asociado a la sobrecotización que conlleva esta prestación», concluye el Banco de España. aunque añade: «esta evidencia requiere ciertas cautelas adicionales, ya que los datos que permiten separar el efecto de la sobrecotización del resto de las características del subsidio proceden exclusivamente de las variaciones del salario mínimo independientes del Iprem, así como de los cambios de base de cotización entre el 100 y el 125% del SMI (…). «Parte de los efectos de la sobrecotización estimados en este ejercicio podrían estar en realidad asociados a otras características de este subsidio, como por ejemplo, su duración indefinida», concluyen.

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Naturgy ficha a Enrico Letta como independiente para renovar su consejo tras la salida de los fondos

Naturgy ficha a Enrico Letta como independiente para renovar su consejo tras la salida de los fondos

Naturgy apuesta por uno de los pesos pesados la política europea para rearmar su gobierno corporativo tras la salida de los fondos. La energética ha anunciado la incorporación del exprimer ministro italiano Enrico Letta en calidad de consejero independiente, a propuesta de la Comisión de nombramientos y remuneraciones, así como el nombramiento de la alemana Anke Groth como consejera, a propuesta de IFM. Los movimientos, comunicados este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) coinciden con las salidas de los dominicales de Rioja SARL (CVC) Javier de Jaime, Marta Martínez y José Antonio Torre de Silva, así como la renuncia del también dominical Nicolás Villén, vinculado a IFM.Los nombramientos se han acordado durante el encuentro estratégico anual con el comité de dirección que ha celebrado Naturgy esta semana en su campus corporativo de Puente Nuevo. En esta cita, la cotizada ha modificado el reglamento del consejo y de sus comisiones suprimiendo el esquema de mayorías reforzadas vigente desde 2016. De esta forma, explica en su comunicado, las decisiones se tomarán de nuevo por mayoría ordinaria. Junto a los cambios en el consejo, la primera gasista española ha acometido una reorganización de sus principales comisiones internas, donde destaca la incorporación de Enrico Letta a la comisión de proyectos de inversión, uno de los órganos con mayor peso estratégico dentro de la compañía. El exprimer ministro italiano compartirá responsabilidades con Ramón Adell, Helena Herrero, Pedro Sáinz de Baranda y Jaime Siles. Además, la compañía ha renovado la composición de las comisiones de nombramientos, retribuciones y gobernanza y de auditoría y sostenibilidad, adaptando su estructura a la nueva configuración del consejo tras la salida de CVC.La renovación de su consejo llega apenas un mes después de que CVC consumase la venta de su participación del 13,8%, siguiendo así los pasos de BlackRock-GIP, que abandonó el capital de la compañía el pasado mes de marzo. La llegada de los nuevos perfiles sientan así las bases de una nueva Naturgy que busca elevar su influencia internacional con más peso en Bruselas. «El consejo de Naturgy ha reafirmado su compromiso con la excelencia en gobierno corporativo y con impulsar una nueva fase de crecimiento rentable y sostenible, manteniendo la disciplina financiera que ha caracterizado a la compañía» explican desde la compañía.En este sentido, con la llegada de Letta suma el expertise de una de las figuras más influyentes del pensamiento político y económico europeo, gracias a una trayectoria que combina experiencia de gobierno, conocimiento de las instituciones comunitarias y una sólida carrera académica. Licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Derecho Europeo por la Universidad de Pisa, Letta ha sido primer ministro de Italia, ministro de Industria y eurodiputado. Actualmente preside el Instituto Jacques Delors y es decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs en Madrid, desde donde participa activamente en los debates sobre competitividad, integración europea y gobernanza económica. En el caso de Anke Groth, la apuesta de IFM, su bagaje está marcado por una dilatada trayectoria en el sector energético europeo. La economista alemana desarrolló buena parte de su carrera en E.ON, uno de los mayores grupos energéticos del continente, donde llegó a formar parte de su órgano de supervisión. Actualmente es consejera no ejecutiva en DKV Mobility Group y Mondi.

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Escrivá cifra en hasta 750.000 el déficit de viviendas y apuesta por un límite temporal a los pisos turísticos y de temporada

Escrivá cifra en hasta 750.000 el déficit de viviendas y apuesta por un límite temporal a los pisos turísticos y de temporada

El Banco de España (BdE) pone cifra al problema de la escasez de vivienda en España. El organismo sitúa el déficit de viviendas acumulado entre 2021 y 2025 en una horquilla que iría de las 700.000 hasta las 750.000. Son los inmuebles que harían falta para dar respuesta a las necesidades de un mercado en el que malconviven una demanda cada vez más fuerte (por el aumento de la población, el alza del empleo y de la renta de los hogares, las mejores condiciones financieras y los usos no residenciales) con esas restricciones de oferta que se derivan de la gestión urbanística del suelo, de la productividad del sector de la construcción o de la falta de mano de obra.La entidad, que ha publicado este jueves el ‘Informe Anual 2025’ y la actualización de las proyecciones macroeconómicas, dedica un capítulo específico a los retos de este mercado en el que apuesta por combinar medidas específicas sobre la oferta de vivienda, con un efecto más a medio y largo plazo en el mercado, con actuaciones a corto plazo sobre la demanda, para hacer frente a esos «severos problemas de acceso». En este segundo ámbito el organismo apuesta por fijar «límites a los usos no residenciales de la vivienda (pisos turísticos y de temporada) en las zonas más tensionadas, siempre que estos sean temporales y estén muy focalizados, dado que si bien este tipo de regulaciones «pueden contener la demanda en zonas con problemas de acceso», al mismo tiempo «reducen la actividad de otros sectores económicos», como el turismo, la restauración, el comercio o, incluso, afectan a la educación superior. Las viviendas turísticas suponen un 1,5% del parque total de la vivienda, «si bien su peso relativo alcanza cuotas en torno al 10% en el conjunto del mercado del alquiler», detalla.El documento señala que las políticas de demanda pueden servir para mitigar la actual crisis de acceso en el corto plazo, tanto para contener esa demanda no residencial como para «proteger a los hogares vulnerables». No obstante, incide en que el diseño de estas políticas debe tener en cuenta los riesgos que pueden tener sus efectos sobre la oferta si estas medidas se mantienen en el tiempo sin que a la vez se incorpore una cifra significativa de viviendas al mercado (sin que aumente la oferta). Por ello, considera «deseable» monitorizar y evaluarlas para examinar sus efectos y detectar posibles riesgos de forma temprana. Así, el BdE rechaza intervenciones generales en los precios y plantean medidas «focalizadas» para determinados grupos muy vulnerables.Prioritario actuar sobre una oferta insuficiente»El problema se ataja con medidas por el lado de la oferta, que requieren entender bien dónde está la dinámica de ese sector, cuál es el papel de las administraciones públicas, cómo se suministra suelo, cuál es el tema asociado a las licitaciones, a la regulación, a la complejidad, a la conectividad y coordinación entre administraciones públicas», ha enfatizado el Director General de Economía de la entidad. David López Salido reconoce que al ritmo actual de construcción de viviendas y de incorporación de pisos al mercado del alquiler «tardaremos bastante» en solucionar ese déficit de inmuebles.  El informe explica que España ha creado 240.000 nuevos hogares, al mismo tiempo que se ha reducido un 9% el incremento bruto del parque de viviendas, pues en 2025 se terminaron 92.000 nuevos inmuebles. La situación a nivel nacional es peor que el de otras grandes economías del entorno, puesto que el déficit acumulado de viviendas es mayor en España (3,7%), frente al 1,5% de Italia o a la situación de equilibrio de Francia. Mientras, Alemania fue la única gran economía en la que durante este período la producción de viviendas aumentó más que la creación de hogares.En el organismo capitaneado por José Luis Escrivá inciden en que la actual rigidez de la oferta de vivienda en España tiene una naturaleza estructural entre los que destacan aquellos que limitan el desarrollo de suelo edificable y el complejo proceso de planificación y gestión urbanística, que reduce la producción de viviendas y eleva los tiempos previstos de ejecución. Para atajar el exceso de burocracia, la entidad llama a las tres administraciones con competencias en este ámbito (gobiernos central, autonómico y, de manera muy especial, al local) para que coordinen más sus decisiones. 

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El éxito del huevo encierra un reto: cómo saciar una demanda creciente sin perder músculo exportador

El éxito del huevo encierra un reto: cómo saciar una demanda creciente sin perder músculo exportador

El huevo vive una luna de miel con el consumidor en España, a pesar de la evolución reciente del precio y de la sombra de la gripe aviar, que obligó a un confinamiento preventivo en las granjas. Más valorado que nunca como proteína, España pasa por ser el tercer país productor de la Unión Europea (UE) con una facturación de 2.536 millones de euros. Sin embargo, la producción ha crecido apenas un 0,43% el año pasado en comparación con 2023 hasta los 1.171 millones de docenas de huevos. La creciente demanda, que aumentó un 2,8% en volumen durante 2025, presiona a una actividad que tiene como reto atender a un dinámico mercado nacional sin perder posición exportadora. ¿Seguirán siendo compatibles ambas cosas?  Casi 391 millones en exportaciones Fuentes consultadas estiman que entre el 15 y 20% de lo producido por una cabaña ganadera de unos 47,2 millones de gallinas se vende fuera de nuestras fronteras. El ‘Informe Interactivo de Comercio Exterior’ del Ministerio de Agricultura pone cifras a estas exportaciones: 390,75 millones de euros en el último año. España vendió en el exterior huevos con o sin cáscara de aves y yemas de huevo. E importó por valor de 263,56 millones, lo que hace un saldo positivo en la balanza comercial de 127,19 millones de euros. Según el ‘VI Observatorio del Consumo del Huevo en España 2025’, publicado este miércoles y que elabora la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPROVO), el consumo en los hogares creció un 2,8% en volumen durante el último ejercicio (un 15% en los últimos 3 años) hasta alcanzar los 438 millones de kilos. Esto son 9 kilos por persona al año. En paralelo, el huevo ha aumentado su peso en la cesta de la compra un 19% en los 2 últimos años. El gasto promedio estimado es de 7,3 euros mensuales por hogar, 88 euros al año. Lo ha hecho a pesar de que este alimento era un 13,7% más caro en mayo respecto al mismo mes de 2025.  ingrediente estrella A lo anterior ayuda que dentro de los 15 platos estrella de la cocina española, según un estudio de Inprovo, 3 tengan como principal ingrediente el huevo: la tortilla de patata, la tortilla francesa y, por supuesto, los huevos fritos o estrellados. A todo lo anterior se suman buenas noticias como el levantamiento del ‘confinamiento’ en las granjas, que el Ministerio de Agricultura impuso para evitar el riesgo de salto de la gripe aviar de aves silvestres a las de corral. No se registra ningún foco desde enero. «Una base productiva suficiente» A preguntas de ‘La Información Económica’, en Inprovo descartan que el abastecimiento corra peligro. «España cuenta con un sector sólido y muy profesional», señalan desde la interprofesional donde recuerdan que «somos el tercer país productor de huevos de la Unión Europea, lo que nos da una base productiva suficiente para acompañar el crecimiento del consumo». A lo que se suma la transición progresiva de las explotaciones hacia sistemas alternativos a las jaulas «para mantener el suministro estable y que el consumidor siga encontrado huevos de todas las categorías». Desde INPROVO destacan que de las 1.659 granjas censadas, el 76% ya cuenta con ‘sistemas alternativos’ a las tradicionales jaulas (gallinas sueltas en gallinero, camperas, ecológicas) y casi la mitad de los huevos envasados en España ya tienen su origen en métodos distintos del tradicional. Las gallinas sueltas en gallinero son el ‘motor’ de este cambio, ya que en los últimos 5 años ha triplicado su peso (ya es el 27,39% del censo de gallinas) y avanzó 2,4 puntos de cuota durante 2025. La producción en jaula ha perdido un importante peso y suma 16 puntos menos de cuota en el último lustro.   Poco apoyo público a la ‘revolución’ del sectorDesde la interprofesional ponen en valor el compromiso del sector con la transformación de sus sistemas de producción «de manera voluntaria y progresiva» para desterrar las tradicionales jaulas. Inprovo reconoce que «el apoyo público para esta transición es muy limitado y, en muchos casos, insuficiente para el nivel de inversión que requiere».  También denuncian «dificultades» con los permisos y licencias que las explotaciones necesitan para este cambio: «Razón por la cual el proceso no va aún más deprisa», apuntan.La «excepción» de Castilla-La Mancha  Como «excepción» citan un programa específico que impulsa la Junta de Castilla – La Mancha y lamentan que, en el resto de comunidades, no se hayan impulsado líneas de ayudas relevantes. Tampoco ayuda, añaden, que la actual Política Agraria Común (PAC) no contemple ningún apoyo específico.  

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Barceló deja en el aire la renovación de sus hoteles en Cuba ante las tensiones del país con EEUU

Barceló deja en el aire la renovación de sus hoteles en Cuba ante las tensiones del país con EEUU

La división hotelera de Barceló, la segunda cadena de España por número de establecimientos, estrecha la vigilancia de sus operaciones en Cuba ante la intervención de Estados Unidos que ha propulsado el cese de la gestión en decenas de hoteles de sus homólogas Meliá e Iberostar. La compañía que gestiona dos hoteles en la isla caribeña – y solo uno de ellos, el de Solymar de Varadero, está operativo- reconoce que no quiere asumir ningún riesgo y defiende estar «respetando completamente la normativa que ha marcado Estados Unidos». Si bien ninguno de sus hoteles está vinculado a Gaviota- la sociedad con la que el conglomerado militar cubano Gaesa-, como si lo estaban los de sus rivales, su CEO para EMEA, Raúl González, ha dejado la puerta abierta al ser consultado por la renovación de sus operaciones en el país a partir del año que viene.En un encuentro ante los medios celebrado este miércoles, González ha pasado revista de la situación que afronta su negocio para expresar relativo optimismo con lo que el interpreta como otro año «récord» para el sector, a pesar de vislumbrar una ralentización de los ritmos de crecimiento. A su juicio, la evolución del turismo mundial refleja precisamente esa moderación, sin que ello implique una caída de la actividad. Para González, es un error concentrar el análisis en el mensaje de España como destino refugio del conflicto de Oriente Próximo, ya que entran en juego una combinación de factores. Entre ellos, ha citado el encarecimiento del petróleo, que altera la operativa de las aerolíneas y los flujos de viajeros.Sobre el citado conflicto, el directivo ha reconocido que la región «sigue estando muy revuelta» y ha recordado que tuvieron que cerrar temporalmente un hotel en Baréin antes de reabrirlo. Según su análisis, la demanda turística se está recuperando principalmente gracias a viajeros procedentes de los propios países del Golfo, mientras que todavía no observa una recuperación fuerte del mercado europeo o estadounidense hacia la región. También ha alertado que las dificultades operativas en los grandes centros de conexión aérea de Doha y Dubái están afectando al tráfico internacional y condicionando parte de la demanda turística.En términos de expansión, ha asegurado que la compañía mantiene una fuerte capacidad inversora gracias a su sólida posición de caja y generación de EBITDA, con alrededor de 500 millones de euros anuales destinados a adquisiciones y reformas. Así, ha destacado recientes inversiones como la compra y renovación de un hotel en Roma y la futura reforma de un establecimiento adquirido en París, además de aperturas recientes en Casablanca, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Dresde. Entre los proyectos ya firmados figuran nuevas aperturas en Tailandia, Estambul (Turquía), El Cairo (Egipto), Riad (Arabia), Murcia, Maldivas, Albania, Georgia, Madeira (Portugal), Cabo Verde, Malasia y Zanzíbar. González ha señalado que el grupo continúa buscando oportunidades de crecimiento, tanto mediante operaciones individuales como corporativas, aunque considera que las valoraciones actuales siguen siendo elevadas. También ha explicado que Barceló analizó oportunidades surgidas tras varias quiebras relevantes en el norte de Europa, sin éxito hasta ahora, y que mantiene su interés en expandirse en regiones como África subsahariana.La división de hoteles del grupo Barceló mejoró sus registros en el último año con mejoras del 6% en el ADR (precio medio por habitación ocupada) que alcanzó los 113,7 euros y en el RevPAR (ingreso medio por habitación disponible) que ascendió a 86,5 euros. En este periodo, la compañía incorporó 33 nuevos hoteles a su porfolio para consolidarse como la segunda cadena hotelera a nivel nacional y la 35º del mundo con 286 establecimientos y 63.096 habitaciones repartidas por 32 países. A nivel grupal, Barceló elevó un 4% sus ingresos, hasta los 7.867,5 millones, y sus beneficios después de impuestos, hasta los 313,4 millones.

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Boricua se destaca en Man of the World 2026

Boricua se destaca en Man of the World 2026

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/notas/boricua-se-destaca-en-man-of-the-world-2026/ El puertorriqueño Kelvin López Reyes culminó una destacada participación en la edición 2026 de Man of the …

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Garamendi advierte sobre la «deriva institucional» en España y urge a «levantar las alfombras»

Garamendi advierte sobre la «deriva institucional» en España y urge a «levantar las alfombras»

Claro y rotundo. El líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha aprovechado su intervención ante la asamblea general de la organización para denunciar la «deriva institucional» en la que quienes gobiernan tienen sumido al país por estar «más pendientes de sus intereses electorales e ideológicos», al tiempo que ha acusado en particular al ministerio de Trabajo de dinamitar el diálogo social para imponer un «ideario político e ideológico».El representante de los empresarios ha situado la inestabilidad institucional como uno de los peores riesgos para la actividad económica y la creación de empleo y ha citado como ejemplo la prórroga por tres años de los que son ya los Presupuestos Generales del Estado más longevos de la Democracia. Garamendi, que ha defendido la labor de la prensa «libre», de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los jueces, ha criticado el «ataque brutal» que a su juicio sufren estos últimos y ha llamado a «levantar las alfombras» en plena oleada de casos de corrupción.En el ámbito laboral, el jefe de la patronal ha denunciado abiertamente la «asfixia normativa» que supone para los empresarios el hecho de que el departamento que encabeza Yolanda Díaz haya dado luz verde a 61 cambios en la normativa laboral entre septiembre de 2022 y diciembre de 2025. No es solo un problema de «inseguridad jurídica» e «injerencias» en la negociación colectiva, sino que a su juicio responde al intento de utilizar el diálogo social para imponer un «ideario político e ideológico», frente a las acusaciones de que la patronal bloquea el acuerdo. De hecho, ha asegurado que el colectivo al que representa está «profundamente» orgullosos de los más de veinte acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social desde 2020, como la reforma laboral, la del sistema de Seguridad Social o la del teletrabajo, entre otras.Crítica el ‘hachazo’ fiscal a las empresasAntonio Garamendi ha lamentado que frente a este esfuerzo de los agentes sociales, España se sitúe entre los países de la OCDE donde más ha aumentado la presión fiscal y ha vuelto a pronunciarse en favor de una deflactación del IRPF que evite que los trabajadores pierdan poder adquisitivo por la subida de los precios.Impuestos y cotizaciones se ‘comen’, en su opinión, buena parte de las mejoras salariales pactadas entre empresarios y trabajadores. Ha puesto el ejemplo, así de que por cada 100 euros de alza salarial, el empleado recibe alrededor de 65 euros, mientras que los 35 restantes van a parar a abonar los impuestos correspondientes. Así, ha reclamado una reducción de la carga fiscal para empresas y trabajadores.Garamendi ha hecho referencia también a la regularización de inmigrantes, como una medida necesaria cubrir las vacantes existentes en distintos sectores -el Instituto Nacional de Estadística confirmó el martes que estas habían tocado máximos nunca visto en el primer trimestre del año-, si bien ha puntualizado que debería haberse debatido en sede parlamentaria por tratarse de una cuestión de Estado.

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El Gobierno apura la segunda prórroga del decreto anticrisis y estudia nuevas medidas de protección a familias y empresas

El Gobierno apura la segunda prórroga del decreto anticrisis y estudia nuevas medidas de protección a familias y empresas

El Gobierno trabaja en una nueva prórroga, la segunda hasta la fecha, del escudo de medidas para combatir los efectos de la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Próximo. El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo aprobará un real decreto ley de protección al tejido productivo y a la ciudadanía a la espera de los resultados del alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán.Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa explican que están terminando las reuniones con los sectores más afectados para analizar el impacto económico y la efectividad de las medidas ya adoptadas (hoy es el turno del agroalimentario). Una buena parte de esas medidas decae el 30 de junio, por lo que un día antes, el 29, el nuevo paquete se aprobará en una reunión ordinaria del consejo de ministros, de forma que dé tiempo a publicarlo en el BOE para su entrada en vigor a tiempo.Desde el Gobierno no entran en detalles sobre el contenido del escudo e inciden en que siguen trabajando en la definición de las medidas, que abordarán con los grupos parlamentarios. A lo largo de este mes se han mantenido la bonificación de los carburantes -tanto la rebaja del IVA al 10% para las gasolinas como la reducción al mínimo del impuesto sobre Hidrocarburos-, así como la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, las ayudas para agricultores y transportistas o los descuentos adicionales del bono social eléctrico.Esta misma semana, el Consejo de Ministros aprobó extender la exigencia a las energéticas de informar de los precios mayoristas de las gasolinas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En concreto, los operadores al por mayor de productos petrolíferos con capacidad de refino deben informar semanalmente a la CNMC sobre sus costes de adquisición de esos productos y sobre los precios de venta de carburante a las estaciones de servicio. El pasado 1 de junio decayeron la rebaja del IVA del gas y la luz, que ha regresado al 21% desde el 10% en el que estaba fijado en los últimos meses.Los precios de las gasolinas se dispararon en mayo Los datos en detalle del Índice de Precios de Consumo (IPC) de mayo mostraron cómo el precio de los carburantes se disparó un 15,9% el mes pasado, casi cuatro puntos por encima del nivel registrado en abril. Es la subida más intensa para esta partida en casi cuatro años, desde octubre de 2022, cuando la economía luchaba contra las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. El paquete fiscal de medidas de alivio por la guerra ha permitido amortiguar las subidas de precios. De hecho, si no se hubiese producido esa rebaja impositiva a las gasolinas, estas se habrían encarecido de media un 29%. Sin embargo, pese a que la inflación en la gasolinera se acentuó, el INE confirmó a la vez que la tasa general de inflación se mantuvo estable en el 3,2%.El petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, ha caído por debajo de los 80 dólares tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la reapertura paulatina del estrecho de Ormuz, la vía marítima clave para el comercio de ‘oro negro’ y de gas natural licuado. Los precios de las gasolinas sólo dependen en parte de su cotización internacional, ya que se ven impactados también por los impuestos y por la cotización de los productos refinados. 

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El petróleo cae por debajo de 80 dólares tras el acuerdo entre EEUU e Irán y se aproxima al precio previo a la guerra

El petróleo cae por debajo de 80 dólares tras el acuerdo entre EEUU e Irán y se aproxima al precio previo a la guerra

El petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, cae por debajo de los 80 dólares tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la reapertura paulatina del estrecho de Ormuz, la vía marítima clave para el comercio de ‘oro negro’ y de gas natural licuado. La materia prima se ha abaratado alrededor del 5% en el mercado de futuros de Londres, cotiza en el entorno de los 79 dólares, y acumula una caída próxima al 10% en lo poco que levamos de semana.Este descenso lo acerca cada vez más al nivel previo al estallido del conflicto el pasado 28 de febrero (72 dólares). Su precio apenas se sitúa ya un 9% por encima. A la espera de que Washington y Teherán ratifiquen formalmente su tregua este viernes en Suiza, los mercados de materias primas van recuperando una cierta calma. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el paso marítimo de Ormuz estará «totalmente abierto» desde el viernes. Para garantizarlo, una coalición internacional liderada por Reino Unido y Francia llevará a cabo las labores de desminado del estrecho para que el tránsito por el mismo pueda recuperar la normalidad lo antes posible.»La navegación por el estrecho tardará en normalizarse y podría mantener una prima de riesgo en el mercado petrolero durante meses, si no más tiempo»Desde Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo, advierten de que el acuerdo entre ambas potencias podría ser más “el final del principio” que un final definitivo del conflicto, ya que aplaza muchos de los asuntos más complejos. «Incluso quienes se muestran más optimistas consideran que alcanzar un acuerdo duradero llevará más de 60 días», añaden desde la firma.Desde un punto de vista práctico, prevén que transcurra un tiempo antes de que los buques puedan navegar cómodamente por el estrecho debido a la presencia de minas y otros riesgos, lo que «podría mantener una prima de riesgo en el mercado petrolero durante meses, si no más tiempo», señalan.Desde una perspectiva política, supondrá un alivio bien recibido, ya que «reduce el riesgo extremo de una escalada del conflicto en el futuro previsible» y podría ofrecer cierto apoyo a los índices de aprobación de Trump en su país. Sin embargo, inciden en que, dado que Irán ha transformado una fuente teórica de influencia —el cierre del estrecho— en una herramienta real de presión, y considerando que el alivio de las sanciones probablemente formará parte de cualquier acuerdo, el valor estratégico y político del conflicto dependerá en última instancia de cómo quede configurado el programa nuclear iraní.La producción de petróleo tardará en normalizarse»Probablemente harán falta varios meses para que la situación del mercado petrolero se normalice, dado el cierre total de la producción en varios países productores y el tiempo necesario para que los petroleros completen múltiples viajes hacia Asia o Europa», añaden desde Edmond de Rothschild. En la gestora advierten de que durante este periodo, el mercado seguirá en déficit de oferta y continuará recurriendo a las reservas mundiales de crudo, que ya se encuentran en niveles históricamente bajos, lo que probablemente mantendrá los precios de la energía en niveles superiores a los previos a la guerra. Es una análisis similar al que hacen desde Carmignac. En la firma inciden en que el acuerdo no eliminaría la amenaza que las tensiones geopolíticas representan para la inflación mundial. «Aunque dicho acuerdo aliviaría a los mercados energéticos al permitir la reapertura del estrecho de Ormuz, no resolvería las cuestiones fundamentales que están en el origen del conflicto, es decir, las capacidades nucleares, misilísticas y de intervención exterior de Irán», señalan. Además, la normalización del transporte marítimo, la reactivación de las instalaciones petroleras del Golfo y la reconstrucción de los niveles de inventario de seguridad a lo largo de las cadenas de suministro implican que el impacto del shock de precios «seguirá propagándose» por las cadenas de suministro globales.

Vida Gerente
La patronal propone que la Seguridad Social asuma el coste de las bajas a partir del cuarto día

La patronal propone que la Seguridad Social asuma el coste de las bajas a partir del cuarto día

El presidente de la gran patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha propuesto este martes que sea la Seguridad Social y no la empresa quien cargue con los costes laborales de los trabajadores que estén de baja médica a partir del cuarto día de incapacidad. Así lo ha anunciado el líder empresarial tras participar en unas jornadas sobre incapacidad temporal -el término técnico para referirse a las bajas- organizadas por CEOE en las que han participado organizaciones empresariales sectoriales y territoriales. Actualmente, los tres primeros días de baja médica el trabajador no recibe prestación, aunque muchas empresas ofrecen complementos salariales en sus convenios para compensar la pérdida de salario. Sin embargo, entre los días cuatro y quince de la baja, el coste recae íntegramente sobre las empresas. La Seguridad Social asume el impacto económica de las bajas a partir del día 16 y hasta que el asalariado es dado de alta.La propuesta de la patronal implicaría que las empresas dejaran de pagar la prestación por incapacidad temporal y las cotizaciones sociales del trabajador a partir del cuarto día de baja. De hecho, en la práctica lo que plantea Garamendi implicaría que la prestación por incapacidad corra a cargo íntegramente de la Seguridad Social, dado que esta ya la asume a partir del día 16. Los empresarios se escudan en que el 69% de las bajas actuales duran menos de 15 días y en ellas el coste recae exclusivamente sobre los hombros de las empresas.Además, el responsable de CEOE ha incorporado a su lista de reivindicaciones que las empresas queden exoneradas de pagar las cotizaciones por contingencias comunes en las bajas que duren más de un año. Garamendi sostiene que las incapacidades temporales por este motivo se han duplicado en los últimos seis años debido a «cuellos de botella» en el sistema público de salud. En esa misma línea, el líder empresarial ha pedido que la Seguridad Social perdone las cotizaciones empresariales a los refuerzos que se contraten para sustituir a los trabajadores de baja. También ha reclamado que se refuerce la plantilla de inspectores, tanto en los servicios públicos de salud como en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y que se hagan controles cada tres meses a partir del tercer mes de baja en lugar de al año, como sucede en la actualidad. En esa misma línea, Garamendi ha reivindicado que se invierta más en sanidad y en sus profesionales.Según un informe de la Airef publicado el pasado febrero, el coste de las bajas médicas alcanza ya los 33.000 millones de euros al año, que se reparten a partes casi iguales entre las empresas y la Seguridad Social. Además, la incidencia de este fenómeno se ha incrementado un 60% desde 2018 y la duración ha aumentado un 15%.Para Garamendi, estas cifras reflejan «un esfuerzo económico gigantesco sin mejora equivalente de la salud de los trabajadores». «Cuando escuchamos a los sectores, los territorios, las empresas… comprendemos que no es un problema coyuntural y sectorial. Es un desafío estructural que exige respuestas estructurales», ha añadido.El Gobierno toma nota y los sindicatos rechazan la propuesta Consultadas sobre esta cuestión, fuentes oficiales de Seguridad Social se limitan a señalar que la mejora en la gestión de las bajas médicas y la recuperación de la salud de los trabajadores es un asunto capital para el Gobierno. Y que esta cuestión se está abordando en el diálogo social junto a sindicatos y empresarios, donde se han alcanzado importantes acuerdos, sostienen. Además, recuerdan que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas recursos de las mutuas para realizar pruebas diagnósticas y tratamientos en procesos traumatológicos. A quien no ha gustado nada la propuesta de la patronal es a los sindicatos, que siempre han negado que haya un abuso de las bajas médicas. «Si se retrasan las citas que se les dan a los trabajadores ¿Quién se extraña de que a veces se alarguen innecesariamente los procesos de baja si a la gente le están condenando a estar más tiempo enferma porque se han debilitado los servicios de atención sanitaria primaria en la sanidad pública?», ha valorado Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Desde UGT, Pepe Álvarez ha señalado que la patronal no ha tenido interés en abordar esta cuestión en el Observatorio de Bajas Laborales creado hace dos meses por el Gobierno para analizar el fenómeno y ha pedido mejoras en la sanidad y en prevención de riesgos laborales. Algo, esto último, de lo que considera que las empresas «no quieren hablar». 

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Warsh afronta su primer gran reto en la Fed entre Trump y la presión del mercado para subir tipos

Warsh afronta su primer gran reto en la Fed entre Trump y la presión del mercado para subir tipos

Apenas tres semanas después de asumir el cargo, Kevin Warsh afronta su primer gran reto al frente de la Reserva Federal. La inflación está repuntando al ritmo más rápido de los últimos tres años. Crece el desacuerdo entre los responsables de la política monetaria del banco central. Y, para más inri, los inversores han estado vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos y apostando cada vez más a que la Fed tendrá que empezar a subir los tipos de interés antes de diciembre, desafiando el llamamiento del presidente Donald Trump para que los reduzca.En este escenario, hay poco en juego en el resultado de la reunión de política monetaria de la Fed de esta semana. El consenso de los analistas confían en que el banco mantendrá su tasa de referencia sin cambios en un rango de entre el 3,5% y el 3,75%, mientras espera ver cómo el impacto de los precios de la energía derivado de la guerra con Irán se traslada a la economía, incluso después del acuerdo provisional alcanzado el domingo para detener el conflicto.El foco, no obstante, estará sobre la primera rueda de prensa de Warsh, así como el comunicado posterior a la reunión y las previsiones de la Fed, que serán examinados minuciosamente en busca de pistas sobre los próximos pasos. Si transmite de forma convincente que la Fed está dispuesta a volver a centrarse en la lucha contra la inflación, es probable que Wall Street se sienta tranquila respecto al compromiso de Warsh con la independencia política del banco central. Si no lo consigue, inquietará a unos mercados que ya temen que pueda poner en riesgo la credibilidad de la Fed al ceder a las presiones de la Casa Blanca.»Es una posición muy difícil para él desde cualquier punto de vista», afirmó James Clouse, economista del Andersen Institute y exsubdirector de la división de asuntos monetarios de la Fed. Sin embargo, en el caso de Warsh, el conflicto inmediato entre las prioridades de la Casa Blanca y la dirección que está tomando la economía resulta especialmente delicado. La tensión en Wall Street ha aumentado debido a las dudas sobre las opiniones de Warsh y a unas perspectivas más amplias complicadas por la guerra y por un auge de la inversión en inteligencia artificial que está impulsando aún más una economía sorprendentemente resistente.Cabe precisar que Warsh fue un firme partidario de una política monetaria restrictiva durante su mandato como gobernador de la Fed entre 2006 y 2011, cuando el colapso del mercado inmobiliario llevó a Estados Unidos a una profunda recesión. Pero en los años posteriores se convirtió en un duro crítico del banco central y el año pasado cuestionó que siguiera pronosticando una inflación elevada, argumentando que la inteligencia artificial desencadenará una «fuerza desinflacionaria significativa» al aumentar la productividad. El silencio de Warsh desde que juró el cargo el mes pasado -algo no inusual en un nuevo presidente que intenta orientarse- complica aún más la situación. Además, la evolución de la economía ha cambiado rápidamente desde que la guerra con Irán impulsó al alza los precios del petróleo. A medida que las empresas ven aumentar sus costes, los trasladan a los consumidores mediante precios más altos, alimentando una inflación que ya llevaba cinco años por encima del objetivo del 2% de la Fed. En mayo, el índice de precios al consumo (IPC) aumentó un 4,2% respecto al año anterior, la cifra más alta desde abril de 2023.Esto ha cambiado drásticamente las expectativas en Wall Street. Los operadores han abandonado las apuestas, antes generalizadas, de que la Fed volvería a recortar los tipos este año y ahora se inclinan por el escenario contrario. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años han superado el 4%, situándose por encima del tipo oficial de la Fed, mientras que los rendimientos a 30 años alcanzaron el mes pasado su nivel más alto desde 2007. Ambos movimientos fueron interpretados como mensajes claros de Wall Street de que los tipos deberían subir.El lunes, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y el rendimiento a dos años descendió cuatro puntos básicos hasta el 4,04%. Esta dinámica no pasa desapercibida para los responsables de la Fed. En la última reunión de abril, muchos miembros advirtieron que probablemente tendrían que empezar a subir los tipos si la inflación seguía elevada y querían eliminar el sesgo favorable a futuras bajadas, según las actas de aquella reunión. Tres miembros discreparon porque se opusieron al lenguaje utilizado en el comunicado de la Fed.Al mismo tiempo, Warsh asume el cargo después de un ataque sin precedentes contra el banco central por parte de la administración Trump, incluyendo un intento de destituir a la gobernadora Lisa Cook y una investigación penal que Jerome Powell, predecesor de Warsh, calificó como una represalia por no haber adaptado la política monetaria a los deseos del presidente. Cuando Trump promovió a Warsh al consejo de la Fed, afirmó que respetaba su independencia. Sin embargo, Trump criticó repetidamente a Powell y este mes declaró que Warsh se equivocaría si subiera los tipos, insistiendo en que la Fed debería reducirlos.»Espero que el Kevin Warsh que veamos sea el mismo Kevin Warsh claramente comprometido con la lucha contra la inflación que vimos durante muchos años, porque la inflación es demasiado alta», afirmó Ellen Meade, profesora de Economía en la Universidad de Duke y antigua asesora de responsables de la Fed durante una larga carrera en la institución. «Necesita hacer algo que demuestre que entiende el mensaje de los datos económicos que están llegando».Otros expertos consideran exagerados los temores de que Warsh pueda sacrificar la credibilidad de la Fed para complacer al presidente. «No hay realmente ninguna razón para esperar que simplemente diga: vamos a bajar los tipos porque el presidente quiere tipos más bajos» señaló Norbert Michel, del Center for Monetary and Financial Alternatives del Cato Institute. «Kevin sabe que así no funcionan las cosas».Aun así, Warsh ha prometido una importante reestructuración del banco central que incluye una cooperación más estrecha con el Departamento del Tesoro. Ha afirmado que la Fed necesita cambiar la forma en que evalúa la inflación y se comunica con el público, y también ha defendido la reducción de la enorme cartera de bonos del banco central, una medida que podría elevar los tipos de interés a largo plazo al obligar a los mercados a absorber una mayor cantidad de deuda. Sin embargo, la atención inmediata se centrará en las señales que Warsh decida enviar sobre cómo pretende dirigir el banco central durante los próximos meses. «Tu primera reunión siempre será tu primera reunión», dijo Jason Granet, director de inversiones de BNY en Nueva York. «El comunicado, las actas y la rueda de prensa: esta reunión dará mucho de qué hablar y analizar».

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Amancio Ortega se expande en Canadá con la compra del mayor centro logístico de Lactalis por 110 millones

Amancio Ortega se expande en Canadá con la compra del mayor centro logístico de Lactalis por 110 millones

Pontegadea redobla su apuesta por Canadá e incorpora un nuevo activo a su cartera logística. Apenas una semana después de comprar un centro de distribución en Países Bajos, la firma patrimonialista del fundador de Inditex Amancio Ortega, cierra la adquisición del mayor almacén refrigerado del Grupo Lactalis a nivel mundial. Según confirman fuentes conocedoras a este medio, la operación se ha cerrado por más de 180 millones de dólares canadienses (más de 110 millones de euros al cambio actual).Ubicado en el parque empresarial Northwood de Oshawa (Ontario), el nuevo almacén del ‘family office’ de Ortega centro se extiende a lo largo de 379.000 pies cuadrados (35.210 metros cuadrados). La operación, avanzada por el portal especializado Green Street News supone una de las mayores adquisiciones industriales cerradas este año en el país donde Pontegadea concentra algunos de sus activos más emblemáticos como la sede del Royal Bank (Toronto) que adquirió en 2022 a cambio de 800 millones o el complejo The Post (Vancouver) comprado por 680 millones el año pasado.Allí, no obstante, ya había tenido ocasión de extender las ramas de su imperio logístico con la compra de una nave alquilada a Amazon en Burnaby, al sureste de la ciudad canadiense de Vancouver, por unos 200 millones de euros. En esta ocasión, las instalaciones de Ontario pueden almacenar hasta 60.000 palés en zonas de refrigeración y congelación, e incluyen unas oficinas de dos plantas. El centro fue desarrollado por Broccolini, que también asumió su construcción y posterior arrendamiento a Lactalis mediante un contrato a largo plazo.html:

Lejos de reducir el ritmo inversor, Pontegadea continúa ampliando una cartera inmobiliaria que supera los 121.000 millones de euros en activos distribuidos por todo el mundo. El vehículo inversor de Amancio Ortega, financiado en gran medida por los dividendos procedentes de Inditex, mantiene abiertas varias operaciones de relevancia en Europa. Entre ellas figura la posible adquisición del complejo de oficinas Capital 8, en París, propiedad de Invesco y valorado en torno a 850 millones de euros, según adelantó Bloomberg. Paralelamente, la firma explora la compra del Hotel Steigenberger de Hamburgo, un establecimiento de cinco estrellas y 235 habitaciones actualmente en manos del fondo alemán Union Investment.En los últimos años, Pontegadea ha acelerado la diversificación de sus inversiones más allá de los inmuebles de oficinas y los locales comerciales situados en las principales arterias de España, Europa, Reino Unido y Estados Unidos. Aunque el negocio inmobiliario sigue siendo el eje de su actividad, el brazo inversor de Amancio Ortega ha ampliado progresivamente su presencia en nuevos segmentos, como la logística y el residencial de alta gama, incorporando activos en distintos mercados internacionales. En paralelo, ha reforzado su apuesta por sectores considerados estratégicos, entre ellos la energía, las telecomunicaciones y las infraestructuras, mediante participaciones en compañías como Repsol, Telxius, REN, Redeia, Enagás y EDF. A ello se suman inversiones en activos como la red europea de aparcamientos Q-Park o el operador portuario británico PD Ports. La más reciente muestra de esta estrategia es su desembarco en el grupo logístico australiano Qube, una operación aún pendiente de las autorizaciones regulatorias.

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