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El automóvil reclama un impulso urgente al Plan España Auto 2030 para recuperar terreno en la electrificación y revitalizar la industria española

La crisis de ventas en Europa, con la llegada de nuevas marcas chinas o el salto a la electrificación, mantiene a la industria automovilística en el alambre. En aras de reinventarse, España publicó hace poco más de un año el Plan España Auto 2030. Un compendio de medidas impulsadas entre la patronal de fabricantes Anfac, junto con el Ministerio de Industria, para reavivar el gen competitivo del sector. Un año después, solo algunas de las propuestas están en funcionamiento, por lo que la asociación, junto a patronales como Ganvam (vendedores) o Faconauto (concesionarios), ha instado a darle un impulso para recuperar el ritmo de la electrificación y revitalizar la industria automovilística. El ritmo de implementación de las medidas no es, ni mucho menos, el deseado. Y esto tiene consecuencias, como explica a este medio Francisco Gracia, decano del Colegio de Economistas de Aragón. «Toda tardanza, cuando se trata de un plan posible y deseable por todas las partes, es una pérdida», advierte. A su juicio, «no se puede cuantificar directamente el impacto de esta demora en la implantación completa», pero sí se puede decir que no está siendo ni mucho menos positivo para el tejido industrial: «Todo retraso en poner en marcha un plan que contribuye a mantener una industria tan potente y que genera bienestar en términos de empleo y riqueza siempre es negativo». «Serviría para dar un salto»Para las patronales, tener esta estrategia en la que ha participado todo el sector «va a permitir avanzar en la descarbonización», con la que todos están comprometidos. Sin embargo, esta «tiene que ponerse en marcha y avanzar», explica a La Información Económica Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam. A su juicio, «no basta con exigir en términos de emisiones o precios competitivos», sino que la Administración también tiene que brindar las herramientas para poder seguir adelante. Un progreso que se antoja primordial: «Serviría para dar un salto y nos situaríamos a un nivel de electrificación parecido al de nuestros vecinos europeos». Para cumplir con el también conocido como ‘Auto 2030’, lo primero en lo que todos coinciden es en aprobar oficialmente en el BOE la conocida prestación del Plan Auto+. El incentivo económico para vehículos eléctricos anunciado el pasado diciembre sucede al exitoso Moves, pero todavía no está vigente. «Nuestra máxima prioridad es la publicación de las bases y la convocatoria del plan», defendió también el pasado jueves José López Tafall, director general de Anfac, durante la presentación de su informe anual, momento en el que aseguró que el Gobierno había garantizado la aprobación antes de que termine julio. En la misma línea apunta también Puche, que exige esta medida concreta para «darle certidumbre a los compradores de coches eléctricos que están creciendo a doble dígito» y reclama también la necesidad de «que haya fondos». «Se han establecido 400 millones, pero tienen que garantizarlos». Fuentes de Faconauto matizan, además, que «aplicar este tipo de medidas fiscales es claramente una palanca para que el ritmo de electrificación se multiplique», tal y como está ocurriendo en Portugal. Mirar al futuro sin descuidar el pasado Todos estos preceptos, sin embargo, no podrían funcionar sin preservar los factores de competitividad que han hecho grande la industria de la automoción en España, recalca también Tafall, instando a «mirar al futuro, pero sin dejar de lado el pasado». Por ello destaca varios aspectos a tener siempre presentes, como son los costes energéticos, sobre lo cual se han producido buenas noticias en los últimos tiempos. «Se ha eliminado el impuesto de valor de la producción de energía eléctrica, que bajará en enero», apunta, calificando la medida como «muy sensata». También insta a seguir insistiendo en una mejora de «la política de apoyo al i+D+I», que podría ser mucho más generosa, incluso a una progreso del entorno laboral. Porque el absentismo laboral está perjudicando mucho la competitividad de la industria, reconoce, por lo que debe paliarse con máxima urgencia. «Ha aumentado un 50% desde 2018. Cada día faltan en nuestras fábricas unas 5.200 personas, lo que equivale a tener una cerrada cada día», indica, y pide encarecidamente a las administraciones tomar medidas.Para que todo pueda tomar forma, el responsable de Anfac asegura que ya están en marcha varios grupos de seguimiento gracias a la colaboración de las Comunidades Autónomas. Uno de los primeros que se ha creado ha sido el «upstream», con el objetivo de generar la cadena de valor del vehículo industrial para hacerla crecer en términos de baterías, refinado de materias primas, aunque detalla que es una parte que «tardará más tiempo», de ahí a que haya sido «el primero que se ha convocado». Pero no es el único, porque también opera ya el que atañe a la descarbonización del vehículo pesado. Un plan del que Tafall asegura «sentirse especialmente orgulloso», pues considera que la patronal lleva «tiempo sola y atravesando el desierto» en este ámbito. Los pasos a seguir incluirían impulsar el mercado, desarrollar las infraestructuras de recarga o adaptarse a la regulación europea. A pesar de estos avances, todavía queda poner en marcha el tercero de los grupos: «Es el relativo a revisar las políticas de demanda y las de recarga», para el que ya «están empujando Anfac o el Ministerio de Transportes», con un compromiso total. 

Sergio Roitberg, CEO de Newlink: «La comunicación es la vía, el 'engagement' es el fin»

¿Usted detecta cuando una empresa no persigue un propósito compartido?Lo veo como un gran desperdicio. Es un rubro que, a pesar de tener mucha creatividad, es el menos creativo en cuanto a los cambios; no adopta la creatividad. Está parado en un lugar donde se siente dueño de la verdad y cree que siendo creativo le va a alcanzar para conseguir los éxitos. La creatividad debería estar en todos lados, pero hoy se necesitan otras cosas para no estar corriendo de atrás a lo que sucede. Nos hemos acostumbrado, pero hemos cambiado poco. Cuesta mucho cambiar. Cambiamos de la televisión a YouTube, pero seguimos haciendo lo mismo. El consumidor hoy tiene capacidad para hacer tres, cuatro o cinco cosas al mismo tiempo. Mientras mira un partido, tiene el teléfono al lado, chatea, mira X, otras aplicaciones, hace apuestas y muchas cosas más. Esa persona es un actor empoderado.La forma en que creemos que hoy una persona puede conectarse mejor es encontrando un propósito compartido. Si seguimos haciendo creatividad sin conectar dos niveles más abajo, esa persona, que hoy es un actor empoderado, le va a pedir a la empresa una relación diferente. Tiene tantos vínculos que se la debe entender como un sistema. Primero hay que entender cuál es el propósito compartido, por qué le ofrecemos todo eso y por qué las personas van a estar interesadas en mi producto, en mi posicionamiento o en lo que les digo.Por eso decidimos cambiar la forma de pensar. Esa forma de pensar se llama pensamiento orbital y tiene como objetivo conseguir el engagement. En un mundo que sufrió una gran implosión, la pandemia hizo que todo se desparramara y tuviera otros objetivos. Conseguir un propósito compartido en las organizaciones, las instituciones, los productos y los gobiernos es la forma de volver a unir ese mundo que se desarmó y se desorganizó. Así se consigue el engagement: una vinculación que no sea solo transaccional. Al final, quien va a elegir transaccionar con nosotros, con la empresa o con la institución será quien conecte mejor con las personas, y esa persona hoy tiene muchos vínculos.

Bruselas plantea liberar 230.000 millones de euros y recortar la burocracia un 50% para que los bancos europeos compitan con EEUU

Todo es geopolítica, y también lo son los bancos. Por eso Bruselas ha analizado la competitividad del sector y ha llegado a la conclusión, en un informe publicado este viernes, de que necesita agitar el panorama para que los bancos europeos compitan con los estadounidenses. El gran obstáculo ahora mismo es la división del mercado según fronteras nacionales, avisa el Ejectivo comunitario. Los 4.500 bancos que operan en la Unión Europea sufren una fragmentación que frena su capacidad de competir con gigantes de otros países. Muchas entidades son grandes en su nación, pero pequeñas si se comparan con la economía total del bloque. Esta falta de unión impide que el crédito llegue a todos los rincones con igual facilidad y a precios bajos. Bruselas detecta que los bancos se han vuelto resistentes tras años de reformas, pero siguen atrapados en marcos locales que limitan su eficiencia.Fuentes comunitarias explicaron que el informe es uno de los elementos principales de la Estrategia de la Unión de Ahorros e Inversiones y parte de la premisa de que la resiliencia es un elemento inseparable de la competitividad. En este sentido, sostienen que el debate no puede limitarse a la simplificación del marco regulatorio, sino que debe abordar también la fragmentación del mercado bancario europeo, considerada el principal obstáculo para que las entidades ganen tamaño y puedan competir en igualdad de condiciones con los grandes bancos estadounidenses. Según estas fuentes, la falta de escala impide a las entidades europeas aprovechar economías de tamaño y ofrecer servicios con los mismos niveles de eficiencia y costes que sus competidores internacionales.También señalan que el informe plantea eliminar las barreras que dificultan la actividad bancaria transfronteriza, especialmente las que impiden una gestión más eficiente del capital y la liquidez dentro de la UE. No obstante, reconocen que se trata de un asunto especialmente sensible para los Estados miembros de origen y de acogida, por lo que cualquier avance deberá ir acompañado de salvaguardias que garanticen la estabilidad de los grupos bancarios en su conjunto y refuercen la confianza entre supervisores y autoridades nacionales. Entre esas garantías, añaden, figura el debate sobre los sistemas de garantía de depósitos, aunque subrayan que el objetivo va más allá e incluye el fortalecimiento de la cooperación y la confianza entre los distintos supervisores europeos.Una de las cifras clave del proyecto es la liberación de 230.000 millones de euros en activos líquidos. En estos días, las normas obligan a los grupos bancarios a guardar reservas de dinero en cada país donde tienen filiales, lo que inmoviliza fondos de gran valor. El plan de la Comisión permitiría mover este capital de un Estado a otro según las necesidades de cada mercado. Con este cambio, el dinero que hoy está quieto por trabas burocráticas pasará a financiar proyectos de calado. Es un paso hacia una gestión centralizada que dará más «potencia» al sector, recalca la Comisión.Y es que todo va de números. La UE necesita invertir 1,2 billones de euros cada año para no perder el tren de la competitividad. Este dato, extraído de informes de alto nivel, pone de relieve la urgencia de contar con un sector bancario sano y activo. Sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología o las energías limpias requieren inyecciones de capital que los fondos públicos no pueden cubrir solos. Por ello, la banca debe dar un paso al frente y actuar como el gran canal de ahorro hacia la innovación de vanguardia.El exceso de normas tiene un precio muy alto para las entidades y sus clientes. Los bancos europeos gastan unos 11.200 millones de euros cada año solo en cumplir con los trámites de reporte de datos a las autoridades. Este gasto en personal, sistemas informáticos y asesoría legal resta recursos que podrían ir a parar a la concesión de nuevos créditos. Bruselas admite que la regulación se ha vuelto una selva de requisitos que a veces se pisan unos a otros. El objetivo ahora es limpiar este marco para hacerlo más sencillo y menos costoso de gestionar.Para aliviar esta carga, la Comisión se compromete a reducir en un 50% los puntos de datos que los bancos deben comunicar. El uso de tecnologías modernas permitirá integrar los informes de supervisión, estadística y resolución en un sistema único. Se busca eliminar las peticiones de información que se repiten y que no aportan valor real a la estabilidad del sistema. Menos tiempo dedicado al papeleo significa más tiempo para atender a las pequeñas empresas y a las familias. Desde el Ejecutivo comunitario insisten en que esta ‘poda burocrática’ es vital para la supervivencia de los bancos más pequeños.»Facilitar la circulación de capital es la clave para impulsar el crecimiento en Europa. Nuestra Unión del Ahorro y la Inversión necesita contar con un sector bancario sólido y competitivo como pilar fundamental», sostuvo sobre el asunto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para quien el análisis que ha hecho Bruselas «supone un paso claro en esta dirección, ya que reajusta nuestro enfoque respecto al riesgo y fomenta el crecimiento y la innovación, al tiempo que mantiene la estabilidad financiera».Unas palabras muy parecidas dejó la comisaria de Servicios Financieros, Maria Luisa Alburquerque. «Hemos trazado una hoja de ruta clara hacia un sector bancario más integrado, eficiente y competitivo. Simplificar la normativa y hacerla más proporcionada es importante, pero no será suficiente», avisó. Cree, de hecho, que la estrategia tiene que darse a largo plazo. «Los bancos de la UE necesitan las condiciones adecuadas para crecer, consolidarse y competir a escala mundial. Eso implica eliminar las barreras en el mercado único bancario y completar la Unión Bancaria. Los retos son evidentes. Ahora necesitamos la determinación colectiva para actuar, concluyó la dirigente portuguesa.

El pacto de Estado contra la emergencia climática vuelve a chocar con el bloqueo político en su 'segunda' vida

El trágico incendio de Los Gallardos (Almería), que se cobró la vida de 13 personas, sirvió para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ‘resucitara’ una propuesta de agosto del año pasado cuando otra ola de incendios asolaba los montes españoles: la firma de un gran pacto nacional contra la emergencia climática. Según ha podido constatar este medio, a través de la web oficial del Ministerio de Transición Ecológica, los dos últimos hitos publicados fueron un texto con propuestas publicado en diciembre, así como un gran acto en Moncloa con el propio Sánchez el pasado 17 de diciembre. Desde entonces no ha habido grandes movimientos hasta la tragedia en la provincia andaluza. Esta semana, con las llamas volviendo a estar presentes en media España, el Gobierno cargaba contra el presidente del PP Alberto Núñez Feijoo. El líder del Partido Popular se ha comprometido a que si gobierna llegará a un acuerdo con las demás administraciones para gestionar este tipo de fenómenos. Desde el Ejecutivo criticaban que «llega tarde» con sus propuestas, porque ya estarían recogidas en los primeros documentos del citado Pacto de Estado presentados en septiembre de 2025 y completados en una conferencia posterior en Ponferrada (León) en octubre. La propuesta de un gran pacto nacional con la emergencia climática ya fue planteada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en agosto del año pasado en medio de otra ola de incendios Fuentes del Ejecutivo, citadas por EFE, destacaban que el informe presentado a finales de año había sido el producto de casi 4.000 aportaciones provenientes de los más de 1.300 representantes de la comunidad científica, las patronales, los sindicatos, expertos de las administraciones públicas, ONG y organizaciones agrarias.Diagnostico y propuestas El documento, que presenta a España como uno de los países más vulnerables al cambio climático,  propone hasta 15 ejes de actuación como un nuevo modelo de gestión forestal, potenciar la contribución de la agricultura y la pesca, promover «una cultura cívica de la prevención», la lucha contra la «desinformación climática» y el refuerzo de los servicios de emergencia, entre otros. Entre los que participaron en los trabajos desarrollados durante el último cuatrimestre de 2025, representantes del campo como el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano. En conversación con ‘La Información Económica’ recuerda que su organización estuvo presente desde el principio y asistió a la presentación de las primeras aportaciones al Pacto de Estado en septiembre del año pasado, así como a la Conferencia de Ponferrada del mes siguiente. La financiación también será complicada porque, esta semana, el Congreso de los Diputados ha rechazado la senda de estabilidad con los votos de PP, Vox, UPN y Junts. Un paso fundamental para elaborar las cuentas públicas La financiación, ¿misión imposible? Tampoco ayuda que la posibilidad de aprobar unos Presupuestos Generales, por primera vez en esta legislatura, se aleje cada vez más. Unas nuevas cuentas públicas permitirían dotar al ‘Pacto de Estado’ de una financiación adecuada. Este martes el Congreso de los Diputados tumbaba la senda de estabilidad presentada por el Ministerio de Hacienda con los 178 votos de PP, Vox, UPN y Junts. La Cámara Baja devolvía al Gobierno un documento clave para elaborar los presupuestos ya que fija los objetivos de déficit, deuda pública y la regla de gasto hasta 2029. «Altura de miras» «No ha habido más avances en un tema prioritario, que se debe sacar de la confrontación política», critica Cano, quien defiende que el diagnóstico de la situación ya está realizado así como una paquete de medidas «muy concretas» basadas en el conocimiento científico «y la experiencia del campo».  El máximo responsable de UPA exige «altura de miras» a los partidos políticos con responsabilidades de Gobierno y asegura que, este año, nos encontramos en «un punto de partida peor por la evolución del cambio climático».Tener en cuenta la voz del campo El secretario general de COAG, Andrés Góngora, que mantuvo este jueves una reunión con el ministro de Agricultura Luis Planas, le planteó que se siga contando con el sector agrario para la formulación del acuerdo contra la emergencia climática que ha vuelto a poner sobre la mesa el Gobierno.  Góngora alerta que, muchas personas en el campo, «tienen la sensación de que deciden por nosotros» y cita ejemplos recientes como la paralización de las cosechadoras por las elevadas temperaturas.El responsable de esta organización agraria insta a que las medidas que se pongan en marcha sean «pactadas con la gente que vive en el medio rural». Para Cano (UPA) «falta voluntad para llegar a un acuerdo en nada» y recuerda que detrás del cambio climático hay auténticos dramas humanos. Desde esta organización agraria cree que Pacto de Estado sobre esta materia debe pasar por el Congreso de los Diputados y que va más allá de un Gobierno o legislatura concretas. Góngora (COAG) critica que se intente presentar como «normal» que todos los años arda bien España.  «Falta voluntad para llegar a un acuerdo en nada», apunta Cristóbal Cano (UPA) mientras su homólogo de COAG, Andrés Góngora, reconocía que ve «difícil» que haya avances por la confrontación política El secretario general de COAG coincide en que acuerdos como el propuesto requieren de «un alto grado de consenso, para que no se modifique al día siguiente independientemente de quien gobierne» y exige que el presidente del Gobierno lidere su impulso aunque ve «difícil» que haya avances por la confrontación política.

Las elevadas temperaturas debilitan la producción nacional de cereales y nos deja al albur de la inestabilidad geopolítica

El cereal es la gran víctima del calor en el campo. Lo que se traduce en una caída de la producción nacional. Cooperativas Agroalimentarias ha dado a conocer este miércoles su segunda estimación de cosecha y esta se situaría en los 18,6 millones de toneladas, para una superficie estimada de 5,28 millones de hectáreas. El rendimiento medio sería de 3,52 toneladas por hectárea. Esto supone un 9,5% menos de cosecha que en mayo, cuando hicieron su primera proyección. Los expertos consultados coinciden en que nos empujará a depender más del exterior y, por lo tanto, a convivir con un contexto internacional volátil (Irán, Rusia, Ucrania…).     Para conocer la magnitud de la merma este año, Cooperativas recuerda que la campaña de 2025 fue «excepcional» y concluyó con 26,64 millones de toneladas. Lo que supondría que, con los actuales cálculos, la producción se reduciría hasta un 30% y el rendimiento un 24%, respectivamente. La producción de cereales de invierno se estima en torno a 14,8 millones de toneladas. El descenso se ha producido de manera generalizada en todos los cultivos, tras dispararse el mercurio por un mayo y junio secos y cálido. Lo que ha terminado por acelerar la maduración del grano en zonas del centro y norte del país. Por ejemplo, el trigo blando apenas alcanzaría los 5,6 millones de tonelada cayendo un 36% y  por 6,9 millones de la cebada que vería su producción mermada en un 32%.  A todo lo anterior cabe añadir una cosecha de maíz que se proyecta en unas 3,83 millones de toneladas. La campaña de 2025 fue «excepcional» y concluyó con 26,64 millones de toneladas. Con las últimas proyecciones de Cooperativas, la producción se reduciría hasta un 30% y el rendimiento un 24%Más dependientes de una geopolítica inestable España es un país deficitario estructuralmente en lo que respecta al consumo de cereales y una menor producción nacional aumentará nuestra dependencia del exterior. Según el último ‘Balance de Cereales en España’, elaborado por el Ministerio de Agricultura, el consumo total para la campaña 2025-2026 será de 38,41 millones de toneladas aunque estimaban unas importaciones superiores a los 16 millones. De todo este montante, para alimentación humana solo se utilizarán 5,3 millones de toneladas por 27,71 millones para la fabricación de pienso para animales.  Desde la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España  (ACCOE), secretario general José Manuel Álvarez, constata la evolución negativa del cereal ‘made in Spain’ en las últimas semanas y apunta hacia una mayor dependencia exterior. Álvarez reconoce que, a medida que entraba el verano, «las condiciones en las zonas más tardías han variado para mal». «Los e «los precios de los cereales en España no influyen. Estamos en un mercado global. Solo nos hará más deficitarios», apunta José Manuel (Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, ACCOE)  Sin embargo, el secretario general de ACCOE admite que «los precios de los cereales en España no influyen. Estamos en un mercado global. Solo nos hará más deficitarios». Además niega que esta situación pueda favorecer a los comerciantes de grano nacionales. Para Miquel Berges, director del mercado de cereales de Mercolleida, todo lo anterior significa que «vamos a importar más que en un año normal, aunque menos que el anterior por la sequía, especialmente de cereales como la cebada que antes se servía de cereal nacional y de Francia.  Lo que para el representante de los comerciantes de cereales y oleaginosas, nos hace más dependientes de la geopolítica. «El abastecimiento está garantizado» apunta Álvarez quien reconoce que un enquistamiento de la guerra entre Estados Unidos e Irán puede provocar «una crisis petrolífera, que unido al conflicto entre Rusia y Ucrania, aumentará los precios del transporte y repercutir sobre el precio final de los alimentos».  

Digi debuta en bolsa con el respaldo de 50 grandes fondos y una jornada gris con caídas del 8%

Suenan campanas en el Palacio de la Bolsa de Madrid. No se escuchaban desde que la ingeniería asturiana TSK tomase la delantera con la primera salida a bolsa del año el pasado mayo. Ahora es el turno de Digi. La filial española de la ‘teleco’ de origen rumano ha iniciado este jueves su camino bursátil para poner a prueba el apetito de los inversores tras su incesante crecimiento que le ha situado como el operador que más líneas móviles sigue ganando entre las ‘telecos’ españolas. La compañía ha comenzado a cotizar en la Bolsa española con un precio de salida establecido en 5,60 euros por título y una subida inicial que ha llegado a impulsar su valor por encima de los 6 euros. Sin embargo, con el paso de las negociaciones, los inversores han enfriado la euforia con una caída del 8% que ha aterrizado la acción en los 5,15 euros. Su estreno ha estado marcado por una colocación de hasta 330 millones que representa un porcentaje cercano al 20% del capital de su filial española. Con estas condiciones, y de acuerdo con el folleto registrado y aprobado la semana pasada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa ha debutado con una capitalización cercana a 1.662 millones en su primera sesión en el parqué.El toque de campana ha corrido a cargo de Sergei Bulgac, CEO del grupo, y Marius Varzaru, CEO de Digi España, quien ha mostrado su convicción con esta estrategia previamente ante los medios. «Estamos contentos con la valoración que hemos obtenido, es muy buena y permite mucho recorrido y mejora a largo plazo del valor invertido de los inversores también. Para nosotros es un buen momento para dar un paso más dentro del plan de consolidación de nuestro plan de negocio aquí en España» ha esgrimido.Varzaru ha detallado que han sido alrededor de 50 los inversores institucionales que han participado en la colocación. «El inversor ancla, Global Portfolios -la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral)- ha entendido que es una buena oportunidad y nos está apoyando en esta salida a bolsa. Esto ha sido un gran aporte a que pueda tener éxito esta colocación. También hay mucha diversidad de inversores y nos hemos visto muy respaldados también por toda la comunidad inversora y fondos de inversión institucionales locales» ha defendido.El directivo de origen rumano no ha cerrado la puerta a elevar su apuesta en bolsa a largo plazo. Inicialmente el grupo había manifestado el interés de para esta salida a bolsa para llegar a poder colocar hasta un 25% del capital de la empresa. Entonces, de momento se coloca el 20%. Este 5% adicional es posible que se vaya ofreciendo al mercado en algún momento, porque confiamos mucho en que el valor de la empresa se va a ir revalorizando a lo largo de los años» ha confesado.Varzaru ha aprovechado la ocasión para poner de manifiesto un modelo «de éxito» que los inversores han sabido apreciar en la capacidad de «competir con los precios más bajos con muy buenos márgenes», algo que, a su juicio, supone «un voto de confianza al plan de negocio». «Somos la empresa que más crece en Europa en los últimos tres años en cuanto a ingresos, más de 20% por año y en el sector telco europeo es difícil encontrar empresas que realmente crezcan» ha destacado. De cara al futuro, el ejecutivo ha reiterado que sus planes en España pasan por «seguir desplegando red de fibra óptica». «Estamos cubriendo ahora con nuestra red de fibra óptica la mitad de todo lo que es el mercado potencial nuestro en España, unos 14,2 millones de hogares. Queremos llegar a 21 millones de hogares y, a la vez, invertir en la red de fibra en la red móvil que estamos empezando a desplegar ahora hasta llegar a 10.000 antenas en 2033» ha sentenciado.

Sandra Ortega compra un complejo de oficinas en Múnich por 168 millones

Sandra Ortega, hija mayor del fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha encontrado en Alemania un mercado estratégico para expandir el negocio inmobiliario que canaliza en su patrimonial Ferrado Inmuebles. Un año después de protagonizar varias compras en suelo germano, entre ellas la sede de Telefónica en Hamburgo, ha ampliado su cartera con un emblemático complejo de oficinas ubicado en Múnich a cambio de 168 millones de euros. El establecimiento pertenecía al fondo local Union Investment Real Estate y el acuerdo ha dado entrada a la inversora inmobiliaria Conren Land, que ha confirmado la operación y asumirá la gestión operativa del inmueble.El activo en cuestión se encuentra en la plaza Prinzregentenplatz de Múnich, el distrito de Bogenhausen, una de las zonas de oficinas más boyantes del país. Fue renovado en 2012 y ofrece en torno a 21.300 metros cuadrados de espacio en alquiler. Allí, desde el pasado otoño, se instala, entre otras firmas, la empresa inmobiliaria Immobilien Bayern, que gestiona y mantiene propiedades estatales. Para su adquisición, el vehículo de la primogénita del magnate español, ha recibido el asesoramiento del bufete de abogados Freshfields. Desde Conren Land, con sede en Fránkfurt, ponen de manifiesto que Ferrado Inmuebles quiere «reforzar su presencia en una de las zonas de oficinas más consolidadas de Alemania» dado que «ofrece condiciones atractivas a largo plazo para inmuebles de oficinas de alta calidad». Ya es, de hecho, terreno conocido para la inmobiliaria de Sandra Ortega. A la compra de la sede alemana de la teleco española, sumó otro inmueble de oficinas ubicado en Múnich de 4.000 metros cuadrados con el despacho de abogados Allen & Overy como inquilino. Entre las dos adquisiciones, la operación rondó los 115 millones.Se da la circunstancia de que apenas una semana atrás trascendió otra operación de calado que Ortega cerró en marzo en Reino Unido. Se trata de la adquisición del hotel Radisson Blu Leicester Square un inmueble que pertenecía al fondo estadounidense Starwood Capital, cuenta con 127 habitaciones y se ubica en el centro de Londres. En este caso, cerró la compra a un precio de 142 millones de euros a través de su filial británica Ferrado UK.A la espera de que la sociedad rinda cuentas con el Registro Mercantil, el último balance disponible, el de 2024, cifró en 1.227 millones el patrimonio neto que engloba esta inmobiliaria con propiedades en España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Austria y Portugal. Cabe precisar que una parte relevante de su cartera de activos está compuesta por participaciones en sociedades filiales ubicadas en Estados Unidos y Reino Unido y, por ende, está expuesta a la evolución de los tipos de cambio del dólar y la libra frente al euro.A cierre de 2024, la cartera inmobiliaria de la compañía presentaba un valor neto contable de 324 millones de euros. El resto de sus activos, valorados en 883 millones, corresponde a participaciones en empresas dedicadas igualmente a la gestión y promoción de activos inmobiliarios. De cara a los próximos ejercicios, incluido el anterior, Ferrado confíaba en una evolución favorable de su actividad, impulsada por nuevas adquisiciones y por una mejora de los niveles de ocupación de sus inmuebles, todo ello acompañado de unos costes de explotación que prevé mantener bajo control y en línea con la estrategia de gestión aplicada hasta la fecha.Ferrado está integrada en el grupo patrimonial Rosp Corunna, vehículo inversor que también concentra las participaciones de Sandra Ortega en Inditex (5,05%) y PharmaMar (5,09%), además de otras sociedades no cotizadas. En 2024, Rosp Corunna obtuvo un beneficio de 330,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 71% respecto al ejercicio anterior. Ese mismo año, la patrimonial reforzó los fondos propios de Ferrado Inmuebles con una aportación de 323 millones de euros mediante la capitalización de créditos.

Wilson (Ryanair) tiende la mano a Aena para reabrir sus bases cerradas si incentiva los aeropuertos regionales

La primera aerolínea en España por número de pasajeros, Ryanair, afronta un momento decisivo para el devenir de su negocio. La aerolínea de bajo coste debe dirimir en los próximos cinco años el reparto de 300 aviones que encargó a Boeing en 2023, en el mayor pedido de su historia. Todo ello coincide en pleno cisma entre la compañía y las autoridades españolas, que ha llevado a los altos espadas de la irlandesa a advertir repetidamente de que podrían desviar esas aeronaves a otros mercados en protesta de la política tarifaria de Aena y su gestión en los aeropuertos regionales.Este jueves ha sido el CEO de la aerolínea, Eddie Wilson, quien ha tendido la mano a sus instituciones españolas para reconducir su apuesta de crecimiento en España. «Vemos lo que está sucediendo ahora con el DORA III (el nuevo marco regulatorio de Aena), ya saben, deberían comercializar esos aeropuertos que están al 70% vacíos. Pongan incentivos para todas las aerolíneas, llenen esos aeropuertos, llenen los hoteles, hagan nuevos destinos turísticos, háganlos conectados, háganlos conectados para la inversión interna. Tienen que trabajar para nosotros aquí. Queremos invertir y queremos asociarnos con ustedes» ha esgrimido durante un foro organizado por Nueva Economía Forum en Madrid.En un tono más reconciliador del habitual, Wilson ha reconocido que España es «un país fabuloso para invertir» y no ha ocultado su ambición de seguir incrementando su flota en España: «Ryanair va a recibir 300 aviones en los próximos cinco años, y quiero poner tantos de ellos en España como sea posible». Para ello, ha matizado, «hay problemas relacionados con su competitividad aquí que deben resolverse» porque, «de lo contrario, perderán el barco. Wilson ha cargado contra el modelo de gestión aeroportuaria en España y ha asegurado que el principal problema radica en la estructura «monopolística» de Aena, que, a su juicio, impide aprovechar el potencial de los aeropuertos regionales. El directivo ha sostenido que mientras los grandes aeropuertos como Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Baleares o Canarias afrontan problemas de saturación por la falta de inversiones acometidas a tiempo, las instalaciones regionales permanecen infrautilizadas. En este sentido, ha defendido que la solución pasa por modificar de forma inmediata la política de tarifas e introducir incentivos que permitan atraer aerolíneas y abrir nuevas rutas. «Toda la infraestructura ya existe: las pistas, la seguridad y los accesos. Lo único que hace falta es cambiar la estructura de precios», ha afirmado.Abre la puerta a reactivar las bases cerradas El CEO de Ryanair ha insistido en que la compañía quiere volver a crecer en los aeropuertos regionales españoles y ha citado expresamente la reapertura de la base de Santiago, además de nuevas inversiones en destinos como Zaragoza, Menorca, Granada, Jerez o el País Vasco. «Me gustaría reabrir nuestra base en Santiago. Creo que hay inversiones en lugares como Zaragoza y Menorca. Tenemos casi nueve millones de pasajeros en Málaga y cero en Granada; casi cinco millones en Sevilla y ninguno en Jerez. Necesitamos crecer en ambos al mismo tiempo», ha apuntado. Para ello, Wilson ha reivindicado que la infraestructura ya existe y que el único cambio necesario es una política de precios más competitiva: «Es un escándalo que tengas una infraestructura nacional vacía que solo necesita ajustarse por el precio»Sevilla, candidata para una inversión de 500 millonesPor otro lado, el directivo irlandés ha garantizado que Ryanair mantiene conversaciones con la Junta de Andalucía y el Gobierno central para instalar en Sevilla su primer taller de mantenimiento de motores, un proyecto valorado en 500 millones de euros cuya ubicación definitiva se decidirá en los próximos dos meses. Andalucía compite con una candidatura en Polonia para albergar estas instalaciones y, si resulta elegida, las obras comenzarían a principios del próximo año.

La Airef estima que el gasto público se disparará un 6,4%, el doble de lo pactado con Bruselas, y aconseja un ajuste de 10.000 millones

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha advertido este miércoles de que España incumplirá, previsiblemente, la mayoría de límites fiscales que tiene fijados este año. Así, estima que el conjunto de las administraciones públicas elevarán el gasto un 6,4% según la regla europea, una cifra que casi duplica el objetivo del 3,5% establecido para este año. Además, ve necesario un ajuste que rondaría los 10.000 millones para cumplir con la regla nacional. Así se refleja en el informe sobre ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto que la institución ha presentado este miércoles. La Airef ve riesgos de que España incumpla todos los hitos fiscales. En concreto, estiman que el déficit público cerraría este año en el 2,6% del PIB, una cifra superior a la de 2025 y que superaría en cinco décimas el compromiso acordado con Bruselas en el plan fiscal estructural (2,1% del PIB). La deuda pública se situaría 99,3% del PIB este año, seis décimas menos de los previsto anteriormente. Además, la Airef ve un riesgo claro de que España incumpla también la regla de gasto europea, que es el principal indicador de vigilancia desde que se introdujeron las nuevas reglas fiscales en 2024. La autoridad fiscal estima que el gasto primario neto de medidas de ingreso (algo así como el gasto descontado los intereses de la deuda y las medidas que se adopten para reforzar los recursos) crecerá un 6,4% en 2026, una cifra que casi dobla lo pactado para este año (3,5%) y supone un deterioro adicional respecto al 5,8% que se preveía en el anterior análisis. No obstante, España podría salvar el incumplimiento de su pacto fiscal con la Comisión Europea si Bruselas amplía la cláusula de escape del gasto en defensa (que permite desvíos de gasto superiores al límite en algunas partidas), también a determinadas medidas energéticas. En el mejor de los escenarios, España se quedaría en el límite del incumplimiento este año. «No podemos decir con certeza que se cumplirá con esta regla de gasto flexibilizada, pero puede estar en el límite», ha señalado Inés Olóndriz, presidenta de la Airef.Sin ajustes, se incumplirá en 2027Sin embargo, si no se adoptan medidas, España incumpliría sus compromisos fiscales con Bruselas el año que viene y el siguiente. «Sí o sí a partir de 2027 se deberían tomar medidas si se quiere cumplir con el plan fiscal estructural a medio plazo que se ha pactado con las autoridades europeas», ha destacado Olóndriz. El tercer hito fiscal relevante que España está en riesgo de incumplir es la regla de gasto nacional, que convive con la norma europea que es la principal referencia. Los límites vigentes en 2026 permiten expandir el gasto a las administraciones públicas en un 3,5%. Un objetivo que el Estado, y la mayoría de comunidades autónomas están en riesgo de incumplir. La Airef estima que el Estado incrementará su gasto en un 8,8%, mientras que las autonomías lo harían un 4,2%. Solo las corporaciones locales (ayuntamientos, cabildos…) quedarían dentro del límite al expandir su gasto un 2,2%. Para cumplir con ese 3,5% de regla de gasto, la Airef estima que sería preciso realizar un ajuste fiscal -ya sea reduciendo gasto o incrementando ingresos- equivalente al 0,6% del PIB. En euros de 2025, estaríamos hablando de un ajuste equivalente a unos 10.000 millones de euros que, si se llevar a la práctica, reduciría el déficit público se reduciría al 1,9% del PIB, dos décimas por debajo del límite pactado con Bruselas. Mejora sus previsiones de crecimientoEn el plano macroeconómico, la Airef ha mejorado su previsión de crecimiento económico hasta el 2,5% este año, dos décimas más que lo que esperaba en hace apenas dos meses. Al mismo tiempo, ha reducido una décima el crecimiento esperado para el año próximo, para el que prevé una expansión del 2,1%. «Un crecimiento muy sólido y muy fuerte», en palabras de Esther Gordo, directora de la división de Análisis Económico del organismo. La autoridad fiscal sostiene que los indicadores económicos que se van conociendo apuntan a un crecimiento mayor del esperado, al mismo tiempo que las previsiones de los precios de la energía están siendo más favorables de lo previsto. Todo ello, eso sí, rodeado de una enorme incertidumbre. «El nuevo escenario mantiene a la demanda interna como principal motor del crecimiento en 2026 y 2027 en un contexto de fuerte afluencia de población extranjera y de impulso a la inversión procedente de los fondos europeos», se recoge en el informe. 

La luz se disparó en junio un 16% y el gas casi un 12% tras el fin de las rebajas fiscales, pero la inflación se mantuvo en el 3,2% por tercer mes consecutivo

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este miércoles que la inflación se mantuvo en el mes de junio en el 3,2%, tal y como adelantó el pasado día 29. Pese al encarecimiento de las facturas de la luz y el gas tras el fin de las rebajas fiscales adoptadas por el Ejecutivo para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra de Irán, el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha sumado su tercer mes consecutivo en el mismo nivel. En concreto, el INE refleja en sus datos definitivos que los precios de la electricidad y el gas natural, que mantuvieron las bondades impositivas hasta el pasado 1 de junio, se dispararon el mes anterior un 16,1% y un 11,7%, respectivamente, en relación a mayo. Por contra, a la estabilización general de los precios han contribuido las gasolinas, que hasta el 1 de julio se han beneficiado de una reducción impositiva en el IVA del 21% al 10%, con un descenso mensual de hasta un 11%. El Ministerio de Economía ha puesto en valor que los precios de los carburantes, que durante los meses más duros del conflicto fueron «la principal presión al alza sobre los precios, moderan ahora su contribución y empujan a la baja la tasa de junio».Por otro lado, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas  ha moderado su subida hasta el 1,9%, tres décimas menos que en mayo y su nivel más bajo desde principio de 2025. «Es un respiro directo en el carrito de la compra de los hogares», ha destacado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo. No obstante, dentro de los alimentos -una de las partidas que más ha castigado a los hogares españoles estos últimos años- hay productos de la cesta de la compra que aún mantienen subidas elevadas, como los huevos (un 14,1% más caras que hace un año), las legumbres verdes (+15,7%) o las bayas frescas (+10,3%). También han incrementado su precio en el último año alimentos muy populares como la carne (+3,9%), el pescado (+8,8%) o las hortalizas (+5,4%). La inflación subyacente se situó en el 2,9%La tasa de variación anual de la inflación subyacente se situó en el 2,9%, una décima por debajo de la del mes anterior. Este indicador (que descuenta del cálculo los precios de la energía y los alimentos no elaborados) sirve como termómetro de hasta qué punto las subidas de precios se están contagiando al conjunto de la economía y afectando a los precios que deberían ser más estables.En términos mensuales (junio sobre mayo), el IPC subió un 0,6%, cinco décimas más que en mayo. Con el incremento de junio, la inflación mensual acumula cinco meses consecutivos de alzas.Para contener la inflación, el Banco Central Europeo (BCE) subió en junio los tipos de interés oficiales del euro por primera vez en tres años. Con esta medida el organismo pretende anticiparse y evitar una crisis inflacionaria como la que se vio en Ucrania, aunque esta decisión también podría acabar dañando a una economía europea ya muy debilitada.Desde el sindicato USO han opinado que estas cifras del IPC «muestran que la inflación no se explica solo por el índice general, sino por el encarecimiento real de la vida: la cesta de la compra sigue subiendo y los precios de la vivienda vuelven a tensionar el presupuesto de las familias». Para Joaquín Pérez, secretario general de la organización obrera, «es imprescindible que las subidas salariales no se limiten a seguir el IPC, sino que incorporen el aumento efectivo del coste de vida. Si los salarios solo se actualizan con el dato oficial de inflación, pero no con el precio de los alimentos, la energía o la vivienda, las personas trabajadoras seguirán perdiendo poder adquisitivo año tras año»

Junts tumba la senda de déficit en el Congreso y el Gobierno volverá a aprobarla en una semana

Junts cumple sus amenazas y ha tumbado este martes en el Congreso la senda de estabilidad, al sumar sus votos a los del PP, UPN y Vox. Este documento, clave para elaborar los Presupuestos Generales del Estado del año que viene, marca los objetivos de déficit, deuda pública y la regla de gasto para los próximos tres años (2027-2029). Un total de 167 votos a favor, 178 en contra y 5 abstenciones han hecho decaer la hoja de ruta fiscal. El rechazo de sus socios obliga al Ejecutivo a volver a presentar esos topes, algo que según han confirmado fuentes próximas al ministerio de Hacienda se producirá la semana que viene.»Esta propuesta es una estafa para Cataluña, no pueden contar con los siete votos de Junts», zanjó por la mañana el diputado de Junts. Josep María Cruset fue más allá al calificar este trámite de «operación de marketing» del Gobierno para esconder sus flaquezas. «No tienen mayoría para aprobar los presupuestos y cada vez están más envueltos en casos de corrupción. Todo el mundo sabe que no tendrán presupuestos. Dejen de engañar a la gente», ha criticado.La senda de estabilidad propuesta por el Gobierno fija una reducción progresiva del déficit público para el conjunto de administraciones hasta el 1,8 % del PIB en 2027, al 1,6 % en 2028 y hasta el 1,5 % del PIB en 2029. El Ejecutivo replica lo acordado en el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo comprometido con la Comisión Europea. En el caso de las autonomías, fija un límite de déficit del  0,1 % del PIB en los ejercicios 2027, 2028 y 2029, en tanto que para las administraciones locales se ha fijado el equilibrio presupuestario. Estos topes son los mismos que fueron rechazados hace meses. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha recordado que estas metas otorgan un margen de gasto extra de 5.849 millones de euros a las comunidades autónomas para los tres próximos años, de forma que el Estado asumiría la mayor parte del esfuerzo de reducción del desequilibrio con unos topes el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el citado periodo. «No se puede reclamar más capacidad de gasto y luego votar en contra de los instrumentos que permiten tenerlo», ha asegurado, para considerar además «incomprensible» que algunas comunidades los rechazasen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado la pasada semana. Cuando se conoció esa propuesta del déficit las del PP las rechazaron en bloque y Junts también expresó su disconformidad con ella. Finalmente estas dos formaciones, junto a Vox y UPN han votado en contra, mientras que Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Mico, se han abstenido, y el resto del hemiciclo ha votado a favor.No es la primera vez que el Congreso tumba una senda de déficit. De hecho, en lo que va de legislatura el Parlamento ha rechazado varias veces este punto en diferentes trámites presupuestarios, lo que ha obligado finalmente al Ejecutivo a prorrogar las cuentas de 2023 en tres ocasiones, convirtiéndolas en las más longevas de la historia reciente.

Uber ultima un acuerdo para comprar Delivery Hero, la matriz de Glovo

Uber se encuentra en conversaciones avanzadas para adquirir la empresa alemana de reparto de comida Delivery Hero, matriz de Glovo, según avanza Bloomberg. La tecnológica estadounidense, que en los últimos tiempos ha elevado su participación hasta alcanzar el 24,99% del capital, pretende alcanzar un acuerdo con la plataforma tan pronto como esta misma semana, de acuerdo con estas fuentes. La operación probablemente valoraría a la compañía alemana muy por encima de su reciente precio de cotización, de alrededor de 36 euros por acción, señalaron algunas de ellas.Las acciones de Delivery Hero han subido aproximadamente un 62 % en lo que va de año, lo que otorga a la empresa una capitalización bursátil de 11.200 millones de euros. Además de su participación en Delivery Hero, la tecnológica posee instrumentos derivados que elevan su interés total hasta aproximadamente el 36,8%. Uber ya había presentado anteriormente una oferta de 33 euros por acción por la alemana, aunque los inversores han estado apostando a que será necesario un precio más alto para cerrar la operación. La firma de inversión en internet con sede en Ámsterdam Prosus NV también mantiene una participación significativa en Delivery Hero.Es probable que cualquier acuerdo sea objeto de un intenso escrutinio por parte de las autoridades de competencia de distintos países. Delivery Hero opera en más de 60 mercados, y tanto la empresa como Uber compiten en varias zonas de Europa y Oriente Medio. Las negociaciones continúan y, según las fuentes, el acuerdo aún podría retrasarse o incluso no concretarse. Estas personas solicitaron permanecer en el anonimato debido al carácter confidencial de la información.Se de la circunstancia de que Delivery Hero ha estado llevando a cabo una revisión estratégica tras la presión ejercida por sus accionistas, entre ellos Aspex Management, el fondo de cobertura que logró la salida del fundador Niklas Östberg y que ha abogado por una mayor venta de activos. Este proceso se produce en un momento en que el sector mundial del reparto de comida atraviesa una fase de consolidación, impulsada por el freno del crecimiento y la intensa competencia. Varias empresas comparables a Delivery Hero en Europa han sido objeto de adquisiciones. DoorDash, por ejemplo, acordó el año pasado la compra de la británica Deliveroo, mientras que la citada Prosus adquirió Just Eat.Además, otros posibles compradores han estado analizando la adquisición de Delivery Hero o de algunos de sus activos. Según personas conocedoras del asunto, tanto DoorDash como la startup saudí de entregas rápidas Ninja han manifestado por separado su interés en adquirir parte o la totalidad del negocio de la compañía en Oriente Medio. El negocio del reparto de comida experimentó un fuerte auge durante los confinamientos provocados por la pandemia, lo que llevó a las empresas del sector a expandirse rápidamente y a realizar importantes inversiones. Sin embargo, el crecimiento se desaceleró de forma significativa cuando los restaurantes y supermercados reabrieron. Del mismo modo,  el aumento del escrutinio regulatorio sobre los llamados trabajadores de plataformas digitales o gig workers también ha incrementado los costes laborales para las empresas del sector.

Un tribunal anula el despido disciplinario de un comercial tras cogerse la baja por ansiedad

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha anulado el despido disciplinario de un comercial que cogió una baja laboral por ansiedad, al considerar que la empresa no demostró que la incapacidad temporal no se debiera a ese motivo. La sentencia desestima íntegramente el recurso de suplicación interpuesto por la compañía y confirma la resolución dictada por el Juzgado de lo Social 2 de Murcia, que declaró nulo el despido por discriminación y condenó a la readmisión del trabajador, al abono de los salarios de tramitación, a una indemnización de 6.000 euros por daños morales y al pago de cantidades salariales pendientes, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).La resolución recuerda que el trabajador inició la incapacidad temporal por ansiedad y que fue despedido al día siguiente mediante una carta en la que la empresa le imputaba una disminución voluntaria y continuada del rendimiento, cifrada en un 30% respecto de otros comerciales del centro de trabajo.La Sala comparte que la empresa no acreditó la existencia real de esa disminución del rendimiento ni aportó datos concretos que permitieran al trabajador conocer y rebatir la comparación efectuada. En este sentido, subraya que «no solo no se dice en la carta de despido cuál fue esa disminución más allá de decir que era de un 30% en relación con otros trabajadores al no hacer un estudio comparativo», sino que tampoco quedó acreditado que esa bajada de rendimiento existiera.Al resolver el recurso, la Sala reproduce la doctrina que ya había fijado en anteriores resoluciones sobre la aplicación de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, junto con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de despidos vinculados al estado de salud.La sentencia recuerda que el artículo 2.2 de la citada ley incorpora la enfermedad o la condición de salud entre las circunstancias respecto de las que «nadie podrá ser discriminado» y que el artículo 30 establece que, cuando la parte actora aporta indicios fundados de discriminación, corresponde a la parte demandada acreditar «una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad».En el caso analizado, la Sala considera que «nuestra doctrina es enteramente aplicable al caso que examinamos», ya que, aunque la empresa presentó el cese como un despido disciplinario por disminución del rendimiento, nada de ello fue «real». Razona que en la carta de despido no se concreta cuál fue esa disminución más allá de afirmar que alcanzaba el 30% respecto de otros trabajadores, sin realizar un estudio comparativo que permitiera al trabajador conocer el rendimiento de quienes desempeñaban las mismas funciones y recuerda que la magistrada de instancia declaró que tampoco quedó acreditada la existencia de esa disminución del rendimiento.Con base en esas consideraciones, la Sala concluye que «el despido obedeció a un propósito discriminatorio por razón del estado de salud del trabajador que condujo a la incapacidad temporal», por lo que confirma íntegramente la sentencia recurrida al no apreciar las infracciones jurídicas denunciadas por la empresa.La resolución desestima igualmente las alegaciones procesales formuladas por la empresa respecto a la admisión del recurso y confirma íntegramente la sentencia recurrida, imponiendo además las costas de la suplicación a la mercantil, con una cuantía de 800 euros por los honorarios de la representación letrada del trabajador. Contra la sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.