Vida Gerente

El trágico incendio de Los Gallardos (Almería), que se cobró la vida de 13 personas, sirvió para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ‘resucitara’ una propuesta de agosto del año pasado cuando otra ola de incendios asolaba los montes españoles: la firma de un gran pacto nacional contra la emergencia climática. Según ha podido constatar este medio, a través de la web oficial del Ministerio de Transición Ecológica, los dos últimos hitos publicados fueron un texto con propuestas publicado en diciembre, así como un gran acto en Moncloa con el propio Sánchez el pasado 17 de diciembre. Desde entonces no ha habido grandes movimientos hasta la tragedia en la provincia andaluza. Esta semana, con las llamas volviendo a estar presentes en media España, el Gobierno cargaba contra el presidente del PP Alberto Núñez Feijoo. El líder del Partido Popular se ha comprometido a que si gobierna llegará a un acuerdo con las demás administraciones para gestionar este tipo de fenómenos. Desde el Ejecutivo criticaban que «llega tarde» con sus propuestas, porque ya estarían recogidas en los primeros documentos del citado Pacto de Estado presentados en septiembre de 2025 y completados en una conferencia posterior en Ponferrada (León) en octubre. La propuesta de un gran pacto nacional con la emergencia climática ya fue planteada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en agosto del año pasado en medio de otra ola de incendios Fuentes del Ejecutivo, citadas por EFE, destacaban que el informe presentado a finales de año había sido el producto de casi 4.000 aportaciones provenientes de los más de 1.300 representantes de la comunidad científica, las patronales, los sindicatos, expertos de las administraciones públicas, ONG y organizaciones agrarias.Diagnostico y propuestas El documento, que presenta a España como uno de los países más vulnerables al cambio climático,  propone hasta 15 ejes de actuación como un nuevo modelo de gestión forestal, potenciar la contribución de la agricultura y la pesca, promover «una cultura cívica de la prevención», la lucha contra la «desinformación climática» y el refuerzo de los servicios de emergencia, entre otros. Entre los que participaron en los trabajos desarrollados durante el último cuatrimestre de 2025, representantes del campo como el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano. En conversación con ‘La Información Económica’ recuerda que su organización estuvo presente desde el principio y asistió a la presentación de las primeras aportaciones al Pacto de Estado en septiembre del año pasado, así como a la Conferencia de Ponferrada del mes siguiente. La financiación también será complicada porque, esta semana, el Congreso de los Diputados ha rechazado la senda de estabilidad con los votos de PP, Vox, UPN y Junts. Un paso fundamental para elaborar las cuentas públicas La financiación, ¿misión imposible? Tampoco ayuda que la posibilidad de aprobar unos Presupuestos Generales, por primera vez en esta legislatura, se aleje cada vez más. Unas nuevas cuentas públicas permitirían dotar al ‘Pacto de Estado’ de una financiación adecuada. Este martes el Congreso de los Diputados tumbaba la senda de estabilidad presentada por el Ministerio de Hacienda con los 178 votos de PP, Vox, UPN y Junts. La Cámara Baja devolvía al Gobierno un documento clave para elaborar los presupuestos ya que fija los objetivos de déficit, deuda pública y la regla de gasto hasta 2029. «Altura de miras» «No ha habido más avances en un tema prioritario, que se debe sacar de la confrontación política», critica Cano, quien defiende que el diagnóstico de la situación ya está realizado así como una paquete de medidas «muy concretas» basadas en el conocimiento científico «y la experiencia del campo».  El máximo responsable de UPA exige «altura de miras» a los partidos políticos con responsabilidades de Gobierno y asegura que, este año, nos encontramos en «un punto de partida peor por la evolución del cambio climático».Tener en cuenta la voz del campo El secretario general de COAG, Andrés Góngora, que mantuvo este jueves una reunión con el ministro de Agricultura Luis Planas, le planteó que se siga contando con el sector agrario para la formulación del acuerdo contra la emergencia climática que ha vuelto a poner sobre la mesa el Gobierno.  Góngora alerta que, muchas personas en el campo, «tienen la sensación de que deciden por nosotros» y cita ejemplos recientes como la paralización de las cosechadoras por las elevadas temperaturas.El responsable de esta organización agraria insta a que las medidas que se pongan en marcha sean «pactadas con la gente que vive en el medio rural». Para Cano (UPA) «falta voluntad para llegar a un acuerdo en nada» y recuerda que detrás del cambio climático hay auténticos dramas humanos. Desde esta organización agraria cree que Pacto de Estado sobre esta materia debe pasar por el Congreso de los Diputados y que va más allá de un Gobierno o legislatura concretas. Góngora (COAG) critica que se intente presentar como «normal» que todos los años arda bien España.  «Falta voluntad para llegar a un acuerdo en nada», apunta Cristóbal Cano (UPA) mientras su homólogo de COAG, Andrés Góngora, reconocía que ve «difícil» que haya avances por la confrontación política El secretario general de COAG coincide en que acuerdos como el propuesto requieren de «un alto grado de consenso, para que no se modifique al día siguiente independientemente de quien gobierne» y exige que el presidente del Gobierno lidere su impulso aunque ve «difícil» que haya avances por la confrontación política.

El cereal es la gran víctima del calor en el campo. Lo que se traduce en una caída de la producción nacional. Cooperativas Agroalimentarias ha dado a conocer este miércoles su segunda estimación de cosecha y esta se situaría en los 18,6 millones de toneladas, para una superficie estimada de 5,28 millones de hectáreas. El rendimiento medio sería de 3,52 toneladas por hectárea. Esto supone un 9,5% menos de cosecha que en mayo, cuando hicieron su primera proyección. Los expertos consultados coinciden en que nos empujará a depender más del exterior y, por lo tanto, a convivir con un contexto internacional volátil (Irán, Rusia, Ucrania…).     Para conocer la magnitud de la merma este año, Cooperativas recuerda que la campaña de 2025 fue «excepcional» y concluyó con 26,64 millones de toneladas. Lo que supondría que, con los actuales cálculos, la producción se reduciría hasta un 30% y el rendimiento un 24%, respectivamente. La producción de cereales de invierno se estima en torno a 14,8 millones de toneladas. El descenso se ha producido de manera generalizada en todos los cultivos, tras dispararse el mercurio por un mayo y junio secos y cálido. Lo que ha terminado por acelerar la maduración del grano en zonas del centro y norte del país. Por ejemplo, el trigo blando apenas alcanzaría los 5,6 millones de tonelada cayendo un 36% y  por 6,9 millones de la cebada que vería su producción mermada en un 32%.  A todo lo anterior cabe añadir una cosecha de maíz que se proyecta en unas 3,83 millones de toneladas. La campaña de 2025 fue «excepcional» y concluyó con 26,64 millones de toneladas. Con las últimas proyecciones de Cooperativas, la producción se reduciría hasta un 30% y el rendimiento un 24%Más dependientes de una geopolítica inestable España es un país deficitario estructuralmente en lo que respecta al consumo de cereales y una menor producción nacional aumentará nuestra dependencia del exterior. Según el último ‘Balance de Cereales en España’, elaborado por el Ministerio de Agricultura, el consumo total para la campaña 2025-2026 será de 38,41 millones de toneladas aunque estimaban unas importaciones superiores a los 16 millones. De todo este montante, para alimentación humana solo se utilizarán 5,3 millones de toneladas por 27,71 millones para la fabricación de pienso para animales.  Desde la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España  (ACCOE), secretario general José Manuel Álvarez, constata la evolución negativa del cereal ‘made in Spain’ en las últimas semanas y apunta hacia una mayor dependencia exterior. Álvarez reconoce que, a medida que entraba el verano, «las condiciones en las zonas más tardías han variado para mal». «Los e «los precios de los cereales en España no influyen. Estamos en un mercado global. Solo nos hará más deficitarios», apunta José Manuel (Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, ACCOE)  Sin embargo, el secretario general de ACCOE admite que «los precios de los cereales en España no influyen. Estamos en un mercado global. Solo nos hará más deficitarios». Además niega que esta situación pueda favorecer a los comerciantes de grano nacionales. Para Miquel Berges, director del mercado de cereales de Mercolleida, todo lo anterior significa que «vamos a importar más que en un año normal, aunque menos que el anterior por la sequía, especialmente de cereales como la cebada que antes se servía de cereal nacional y de Francia.  Lo que para el representante de los comerciantes de cereales y oleaginosas, nos hace más dependientes de la geopolítica. «El abastecimiento está garantizado» apunta Álvarez quien reconoce que un enquistamiento de la guerra entre Estados Unidos e Irán puede provocar «una crisis petrolífera, que unido al conflicto entre Rusia y Ucrania, aumentará los precios del transporte y repercutir sobre el precio final de los alimentos».  

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cultura/notas/las-artesanas-que-innovan-y-preservan-formas-de-arte-en-la-feria-de-artesanias-de-barranquitas/ La plaza pública Miguel A. Mendoza de Barranquitas volverá a convertirse este fin de semana en el …

Suenan campanas en el Palacio de la Bolsa de Madrid. No se escuchaban desde que la ingeniería asturiana TSK tomase la delantera con la primera salida a bolsa del año el pasado mayo. Ahora es el turno de Digi. La filial española de la ‘teleco’ de origen rumano ha iniciado este jueves su camino bursátil para poner a prueba el apetito de los inversores tras su incesante crecimiento que le ha situado como el operador que más líneas móviles sigue ganando entre las ‘telecos’ españolas. La compañía ha comenzado a cotizar en la Bolsa española con un precio de salida establecido en 5,60 euros por título y una subida inicial que ha llegado a impulsar su valor por encima de los 6 euros. Sin embargo, con el paso de las negociaciones, los inversores han enfriado la euforia con una caída del 8% que ha aterrizado la acción en los 5,15 euros. Su estreno ha estado marcado por una colocación de hasta 330 millones que representa un porcentaje cercano al 20% del capital de su filial española. Con estas condiciones, y de acuerdo con el folleto registrado y aprobado la semana pasada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa ha debutado con una capitalización cercana a 1.662 millones en su primera sesión en el parqué.El toque de campana ha corrido a cargo de Sergei Bulgac, CEO del grupo, y Marius Varzaru, CEO de Digi España, quien ha mostrado su convicción con esta estrategia previamente ante los medios. «Estamos contentos con la valoración que hemos obtenido, es muy buena y permite mucho recorrido y mejora a largo plazo del valor invertido de los inversores también. Para nosotros es un buen momento para dar un paso más dentro del plan de consolidación de nuestro plan de negocio aquí en España» ha esgrimido.Varzaru ha detallado que han sido alrededor de 50 los inversores institucionales que han participado en la colocación. «El inversor ancla, Global Portfolios -la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral)- ha entendido que es una buena oportunidad y nos está apoyando en esta salida a bolsa. Esto ha sido un gran aporte a que pueda tener éxito esta colocación. También hay mucha diversidad de inversores y nos hemos visto muy respaldados también por toda la comunidad inversora y fondos de inversión institucionales locales» ha defendido.El directivo de origen rumano no ha cerrado la puerta a elevar su apuesta en bolsa a largo plazo. Inicialmente el grupo había manifestado el interés de para esta salida a bolsa para llegar a poder colocar hasta un 25% del capital de la empresa. Entonces, de momento se coloca el 20%. Este 5% adicional es posible que se vaya ofreciendo al mercado en algún momento, porque confiamos mucho en que el valor de la empresa se va a ir revalorizando a lo largo de los años» ha confesado.Varzaru ha aprovechado la ocasión para poner de manifiesto un modelo «de éxito» que los inversores han sabido apreciar en la capacidad de «competir con los precios más bajos con muy buenos márgenes», algo que, a su juicio, supone «un voto de confianza al plan de negocio». «Somos la empresa que más crece en Europa en los últimos tres años en cuanto a ingresos, más de 20% por año y en el sector telco europeo es difícil encontrar empresas que realmente crezcan» ha destacado. De cara al futuro, el ejecutivo ha reiterado que sus planes en España pasan por «seguir desplegando red de fibra óptica». «Estamos cubriendo ahora con nuestra red de fibra óptica la mitad de todo lo que es el mercado potencial nuestro en España, unos 14,2 millones de hogares. Queremos llegar a 21 millones de hogares y, a la vez, invertir en la red de fibra en la red móvil que estamos empezando a desplegar ahora hasta llegar a 10.000 antenas en 2033» ha sentenciado.

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Sandra Ortega, hija mayor del fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha encontrado en Alemania un mercado estratégico para expandir el negocio inmobiliario que canaliza en su patrimonial Ferrado Inmuebles. Un año después de protagonizar varias compras en suelo germano, entre ellas la sede de Telefónica en Hamburgo, ha ampliado su cartera con un emblemático complejo de oficinas ubicado en Múnich a cambio de 168 millones de euros. El establecimiento pertenecía al fondo local Union Investment Real Estate y el acuerdo ha dado entrada a la inversora inmobiliaria Conren Land, que ha confirmado la operación y asumirá la gestión operativa del inmueble.El activo en cuestión se encuentra en la plaza Prinzregentenplatz de Múnich, el distrito de Bogenhausen, una de las zonas de oficinas más boyantes del país. Fue renovado en 2012 y ofrece en torno a 21.300 metros cuadrados de espacio en alquiler. Allí, desde el pasado otoño, se instala, entre otras firmas, la empresa inmobiliaria Immobilien Bayern, que gestiona y mantiene propiedades estatales. Para su adquisición, el vehículo de la primogénita del magnate español, ha recibido el asesoramiento del bufete de abogados Freshfields. Desde Conren Land, con sede en Fránkfurt, ponen de manifiesto que Ferrado Inmuebles quiere «reforzar su presencia en una de las zonas de oficinas más consolidadas de Alemania» dado que «ofrece condiciones atractivas a largo plazo para inmuebles de oficinas de alta calidad». Ya es, de hecho, terreno conocido para la inmobiliaria de Sandra Ortega. A la compra de la sede alemana de la teleco española, sumó otro inmueble de oficinas ubicado en Múnich de 4.000 metros cuadrados con el despacho de abogados Allen & Overy como inquilino. Entre las dos adquisiciones, la operación rondó los 115 millones.Se da la circunstancia de que apenas una semana atrás trascendió otra operación de calado que Ortega cerró en marzo en Reino Unido. Se trata de la adquisición del hotel Radisson Blu Leicester Square un inmueble que pertenecía al fondo estadounidense Starwood Capital, cuenta con 127 habitaciones y se ubica en el centro de Londres. En este caso, cerró la compra a un precio de 142 millones de euros a través de su filial británica Ferrado UK.A la espera de que la sociedad rinda cuentas con el Registro Mercantil, el último balance disponible, el de 2024, cifró en 1.227 millones el patrimonio neto que engloba esta inmobiliaria con propiedades en España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Austria y Portugal. Cabe precisar que una parte relevante de su cartera de activos está compuesta por participaciones en sociedades filiales ubicadas en Estados Unidos y Reino Unido y, por ende, está expuesta a la evolución de los tipos de cambio del dólar y la libra frente al euro.A cierre de 2024, la cartera inmobiliaria de la compañía presentaba un valor neto contable de 324 millones de euros. El resto de sus activos, valorados en 883 millones, corresponde a participaciones en empresas dedicadas igualmente a la gestión y promoción de activos inmobiliarios. De cara a los próximos ejercicios, incluido el anterior, Ferrado confíaba en una evolución favorable de su actividad, impulsada por nuevas adquisiciones y por una mejora de los niveles de ocupación de sus inmuebles, todo ello acompañado de unos costes de explotación que prevé mantener bajo control y en línea con la estrategia de gestión aplicada hasta la fecha.Ferrado está integrada en el grupo patrimonial Rosp Corunna, vehículo inversor que también concentra las participaciones de Sandra Ortega en Inditex (5,05%) y PharmaMar (5,09%), además de otras sociedades no cotizadas. En 2024, Rosp Corunna obtuvo un beneficio de 330,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 71% respecto al ejercicio anterior. Ese mismo año, la patrimonial reforzó los fondos propios de Ferrado Inmuebles con una aportación de 323 millones de euros mediante la capitalización de créditos.

La primera aerolínea en España por número de pasajeros, Ryanair, afronta un momento decisivo para el devenir de su negocio. La aerolínea de bajo coste debe dirimir en los próximos cinco años el reparto de 300 aviones que encargó a Boeing en 2023, en el mayor pedido de su historia. Todo ello coincide en pleno cisma entre la compañía y las autoridades españolas, que ha llevado a los altos espadas de la irlandesa a advertir repetidamente de que podrían desviar esas aeronaves a otros mercados en protesta de la política tarifaria de Aena y su gestión en los aeropuertos regionales.Este jueves ha sido el CEO de la aerolínea, Eddie Wilson, quien ha tendido la mano a sus instituciones españolas para reconducir su apuesta de crecimiento en España. «Vemos lo que está sucediendo ahora con el DORA III (el nuevo marco regulatorio de Aena), ya saben, deberían comercializar esos aeropuertos que están al 70% vacíos. Pongan incentivos para todas las aerolíneas, llenen esos aeropuertos, llenen los hoteles, hagan nuevos destinos turísticos, háganlos conectados, háganlos conectados para la inversión interna. Tienen que trabajar para nosotros aquí. Queremos invertir y queremos asociarnos con ustedes» ha esgrimido durante un foro organizado por Nueva Economía Forum en Madrid.En un tono más reconciliador del habitual, Wilson ha reconocido que España es «un país fabuloso para invertir» y no ha ocultado su ambición de seguir incrementando su flota en España: «Ryanair va a recibir 300 aviones en los próximos cinco años, y quiero poner tantos de ellos en España como sea posible». Para ello, ha matizado, «hay problemas relacionados con su competitividad aquí que deben resolverse» porque, «de lo contrario, perderán el barco. Wilson ha cargado contra el modelo de gestión aeroportuaria en España y ha asegurado que el principal problema radica en la estructura «monopolística» de Aena, que, a su juicio, impide aprovechar el potencial de los aeropuertos regionales. El directivo ha sostenido que mientras los grandes aeropuertos como Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Baleares o Canarias afrontan problemas de saturación por la falta de inversiones acometidas a tiempo, las instalaciones regionales permanecen infrautilizadas. En este sentido, ha defendido que la solución pasa por modificar de forma inmediata la política de tarifas e introducir incentivos que permitan atraer aerolíneas y abrir nuevas rutas. «Toda la infraestructura ya existe: las pistas, la seguridad y los accesos. Lo único que hace falta es cambiar la estructura de precios», ha afirmado.Abre la puerta a reactivar las bases cerradas El CEO de Ryanair ha insistido en que la compañía quiere volver a crecer en los aeropuertos regionales españoles y ha citado expresamente la reapertura de la base de Santiago, además de nuevas inversiones en destinos como Zaragoza, Menorca, Granada, Jerez o el País Vasco. «Me gustaría reabrir nuestra base en Santiago. Creo que hay inversiones en lugares como Zaragoza y Menorca. Tenemos casi nueve millones de pasajeros en Málaga y cero en Granada; casi cinco millones en Sevilla y ninguno en Jerez. Necesitamos crecer en ambos al mismo tiempo», ha apuntado. Para ello, Wilson ha reivindicado que la infraestructura ya existe y que el único cambio necesario es una política de precios más competitiva: «Es un escándalo que tengas una infraestructura nacional vacía que solo necesita ajustarse por el precio»Sevilla, candidata para una inversión de 500 millonesPor otro lado, el directivo irlandés ha garantizado que Ryanair mantiene conversaciones con la Junta de Andalucía y el Gobierno central para instalar en Sevilla su primer taller de mantenimiento de motores, un proyecto valorado en 500 millones de euros cuya ubicación definitiva se decidirá en los próximos dos meses. Andalucía compite con una candidatura en Polonia para albergar estas instalaciones y, si resulta elegida, las obras comenzarían a principios del próximo año.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha advertido este miércoles de que España incumplirá, previsiblemente, la mayoría de límites fiscales que tiene fijados este año. Así, estima que el conjunto de las administraciones públicas elevarán el gasto un 6,4% según la regla europea, una cifra que casi duplica el objetivo del 3,5% establecido para este año. Además, ve necesario un ajuste que rondaría los 10.000 millones para cumplir con la regla nacional. Así se refleja en el informe sobre ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto que la institución ha presentado este miércoles. La Airef ve riesgos de que España incumpla todos los hitos fiscales. En concreto, estiman que el déficit público cerraría este año en el 2,6% del PIB, una cifra superior a la de 2025 y que superaría en cinco décimas el compromiso acordado con Bruselas en el plan fiscal estructural (2,1% del PIB). La deuda pública se situaría 99,3% del PIB este año, seis décimas menos de los previsto anteriormente. Además, la Airef ve un riesgo claro de que España incumpla también la regla de gasto europea, que es el principal indicador de vigilancia desde que se introdujeron las nuevas reglas fiscales en 2024. La autoridad fiscal estima que el gasto primario neto de medidas de ingreso (algo así como el gasto descontado los intereses de la deuda y las medidas que se adopten para reforzar los recursos) crecerá un 6,4% en 2026, una cifra que casi dobla lo pactado para este año (3,5%) y supone un deterioro adicional respecto al 5,8% que se preveía en el anterior análisis. No obstante, España podría salvar el incumplimiento de su pacto fiscal con la Comisión Europea si Bruselas amplía la cláusula de escape del gasto en defensa (que permite desvíos de gasto superiores al límite en algunas partidas), también a determinadas medidas energéticas. En el mejor de los escenarios, España se quedaría en el límite del incumplimiento este año. «No podemos decir con certeza que se cumplirá con esta regla de gasto flexibilizada, pero puede estar en el límite», ha señalado Inés Olóndriz, presidenta de la Airef.Sin ajustes, se incumplirá en 2027Sin embargo, si no se adoptan medidas, España incumpliría sus compromisos fiscales con Bruselas el año que viene y el siguiente. «Sí o sí a partir de 2027 se deberían tomar medidas si se quiere cumplir con el plan fiscal estructural a medio plazo que se ha pactado con las autoridades europeas», ha destacado Olóndriz. El tercer hito fiscal relevante que España está en riesgo de incumplir es la regla de gasto nacional, que convive con la norma europea que es la principal referencia. Los límites vigentes en 2026 permiten expandir el gasto a las administraciones públicas en un 3,5%. Un objetivo que el Estado, y la mayoría de comunidades autónomas están en riesgo de incumplir. La Airef estima que el Estado incrementará su gasto en un 8,8%, mientras que las autonomías lo harían un 4,2%. Solo las corporaciones locales (ayuntamientos, cabildos…) quedarían dentro del límite al expandir su gasto un 2,2%. Para cumplir con ese 3,5% de regla de gasto, la Airef estima que sería preciso realizar un ajuste fiscal -ya sea reduciendo gasto o incrementando ingresos- equivalente al 0,6% del PIB. En euros de 2025, estaríamos hablando de un ajuste equivalente a unos 10.000 millones de euros que, si se llevar a la práctica, reduciría el déficit público se reduciría al 1,9% del PIB, dos décimas por debajo del límite pactado con Bruselas. Mejora sus previsiones de crecimientoEn el plano macroeconómico, la Airef ha mejorado su previsión de crecimiento económico hasta el 2,5% este año, dos décimas más que lo que esperaba en hace apenas dos meses. Al mismo tiempo, ha reducido una décima el crecimiento esperado para el año próximo, para el que prevé una expansión del 2,1%. «Un crecimiento muy sólido y muy fuerte», en palabras de Esther Gordo, directora de la división de Análisis Económico del organismo. La autoridad fiscal sostiene que los indicadores económicos que se van conociendo apuntan a un crecimiento mayor del esperado, al mismo tiempo que las previsiones de los precios de la energía están siendo más favorables de lo previsto. Todo ello, eso sí, rodeado de una enorme incertidumbre. «El nuevo escenario mantiene a la demanda interna como principal motor del crecimiento en 2026 y 2027 en un contexto de fuerte afluencia de población extranjera y de impulso a la inversión procedente de los fondos europeos», se recoge en el informe. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este miércoles que la inflación se mantuvo en el mes de junio en el 3,2%, tal y como adelantó el pasado día 29. Pese al encarecimiento de las facturas de la luz y el gas tras el fin de las rebajas fiscales adoptadas por el Ejecutivo para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra de Irán, el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha sumado su tercer mes consecutivo en el mismo nivel. En concreto, el INE refleja en sus datos definitivos que los precios de la electricidad y el gas natural, que mantuvieron las bondades impositivas hasta el pasado 1 de junio, se dispararon el mes anterior un 16,1% y un 11,7%, respectivamente, en relación a mayo. Por contra, a la estabilización general de los precios han contribuido las gasolinas, que hasta el 1 de julio se han beneficiado de una reducción impositiva en el IVA del 21% al 10%, con un descenso mensual de hasta un 11%. El Ministerio de Economía ha puesto en valor que los precios de los carburantes, que durante los meses más duros del conflicto fueron «la principal presión al alza sobre los precios, moderan ahora su contribución y empujan a la baja la tasa de junio».Por otro lado, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas  ha moderado su subida hasta el 1,9%, tres décimas menos que en mayo y su nivel más bajo desde principio de 2025. «Es un respiro directo en el carrito de la compra de los hogares», ha destacado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo. No obstante, dentro de los alimentos -una de las partidas que más ha castigado a los hogares españoles estos últimos años- hay productos de la cesta de la compra que aún mantienen subidas elevadas, como los huevos (un 14,1% más caras que hace un año), las legumbres verdes (+15,7%) o las bayas frescas (+10,3%). También han incrementado su precio en el último año alimentos muy populares como la carne (+3,9%), el pescado (+8,8%) o las hortalizas (+5,4%). La inflación subyacente se situó en el 2,9%La tasa de variación anual de la inflación subyacente se situó en el 2,9%, una décima por debajo de la del mes anterior. Este indicador (que descuenta del cálculo los precios de la energía y los alimentos no elaborados) sirve como termómetro de hasta qué punto las subidas de precios se están contagiando al conjunto de la economía y afectando a los precios que deberían ser más estables.En términos mensuales (junio sobre mayo), el IPC subió un 0,6%, cinco décimas más que en mayo. Con el incremento de junio, la inflación mensual acumula cinco meses consecutivos de alzas.Para contener la inflación, el Banco Central Europeo (BCE) subió en junio los tipos de interés oficiales del euro por primera vez en tres años. Con esta medida el organismo pretende anticiparse y evitar una crisis inflacionaria como la que se vio en Ucrania, aunque esta decisión también podría acabar dañando a una economía europea ya muy debilitada.Desde el sindicato USO han opinado que estas cifras del IPC «muestran que la inflación no se explica solo por el índice general, sino por el encarecimiento real de la vida: la cesta de la compra sigue subiendo y los precios de la vivienda vuelven a tensionar el presupuesto de las familias». Para Joaquín Pérez, secretario general de la organización obrera, «es imprescindible que las subidas salariales no se limiten a seguir el IPC, sino que incorporen el aumento efectivo del coste de vida. Si los salarios solo se actualizan con el dato oficial de inflación, pero no con el precio de los alimentos, la energía o la vivienda, las personas trabajadoras seguirán perdiendo poder adquisitivo año tras año»

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Junts cumple sus amenazas y ha tumbado este martes en el Congreso la senda de estabilidad, al sumar sus votos a los del PP, UPN y Vox. Este documento, clave para elaborar los Presupuestos Generales del Estado del año que viene, marca los objetivos de déficit, deuda pública y la regla de gasto para los próximos tres años (2027-2029). Un total de 167 votos a favor, 178 en contra y 5 abstenciones han hecho decaer la hoja de ruta fiscal. El rechazo de sus socios obliga al Ejecutivo a volver a presentar esos topes, algo que según han confirmado fuentes próximas al ministerio de Hacienda se producirá la semana que viene.»Esta propuesta es una estafa para Cataluña, no pueden contar con los siete votos de Junts», zanjó por la mañana el diputado de Junts. Josep María Cruset fue más allá al calificar este trámite de «operación de marketing» del Gobierno para esconder sus flaquezas. «No tienen mayoría para aprobar los presupuestos y cada vez están más envueltos en casos de corrupción. Todo el mundo sabe que no tendrán presupuestos. Dejen de engañar a la gente», ha criticado.La senda de estabilidad propuesta por el Gobierno fija una reducción progresiva del déficit público para el conjunto de administraciones hasta el 1,8 % del PIB en 2027, al 1,6 % en 2028 y hasta el 1,5 % del PIB en 2029. El Ejecutivo replica lo acordado en el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo comprometido con la Comisión Europea. En el caso de las autonomías, fija un límite de déficit del  0,1 % del PIB en los ejercicios 2027, 2028 y 2029, en tanto que para las administraciones locales se ha fijado el equilibrio presupuestario. Estos topes son los mismos que fueron rechazados hace meses. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha recordado que estas metas otorgan un margen de gasto extra de 5.849 millones de euros a las comunidades autónomas para los tres próximos años, de forma que el Estado asumiría la mayor parte del esfuerzo de reducción del desequilibrio con unos topes el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el citado periodo. «No se puede reclamar más capacidad de gasto y luego votar en contra de los instrumentos que permiten tenerlo», ha asegurado, para considerar además «incomprensible» que algunas comunidades los rechazasen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado la pasada semana. Cuando se conoció esa propuesta del déficit las del PP las rechazaron en bloque y Junts también expresó su disconformidad con ella. Finalmente estas dos formaciones, junto a Vox y UPN han votado en contra, mientras que Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Mico, se han abstenido, y el resto del hemiciclo ha votado a favor.No es la primera vez que el Congreso tumba una senda de déficit. De hecho, en lo que va de legislatura el Parlamento ha rechazado varias veces este punto en diferentes trámites presupuestarios, lo que ha obligado finalmente al Ejecutivo a prorrogar las cuentas de 2023 en tres ocasiones, convirtiéndolas en las más longevas de la historia reciente.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/notas/omar-courtz-anuncia-su-regreso-al-choliseo-con-un-video-desde-la-playa/ El cantante urbano Omar Courtz sorprendió este martes a sus seguidores al anunciar su regreso al Coliseo …

Uber se encuentra en conversaciones avanzadas para adquirir la empresa alemana de reparto de comida Delivery Hero, matriz de Glovo, según avanza Bloomberg. La tecnológica estadounidense, que en los últimos tiempos ha elevado su participación hasta alcanzar el 24,99% del capital, pretende alcanzar un acuerdo con la plataforma tan pronto como esta misma semana, de acuerdo con estas fuentes. La operación probablemente valoraría a la compañía alemana muy por encima de su reciente precio de cotización, de alrededor de 36 euros por acción, señalaron algunas de ellas.Las acciones de Delivery Hero han subido aproximadamente un 62 % en lo que va de año, lo que otorga a la empresa una capitalización bursátil de 11.200 millones de euros. Además de su participación en Delivery Hero, la tecnológica posee instrumentos derivados que elevan su interés total hasta aproximadamente el 36,8%. Uber ya había presentado anteriormente una oferta de 33 euros por acción por la alemana, aunque los inversores han estado apostando a que será necesario un precio más alto para cerrar la operación. La firma de inversión en internet con sede en Ámsterdam Prosus NV también mantiene una participación significativa en Delivery Hero.Es probable que cualquier acuerdo sea objeto de un intenso escrutinio por parte de las autoridades de competencia de distintos países. Delivery Hero opera en más de 60 mercados, y tanto la empresa como Uber compiten en varias zonas de Europa y Oriente Medio. Las negociaciones continúan y, según las fuentes, el acuerdo aún podría retrasarse o incluso no concretarse. Estas personas solicitaron permanecer en el anonimato debido al carácter confidencial de la información.Se de la circunstancia de que Delivery Hero ha estado llevando a cabo una revisión estratégica tras la presión ejercida por sus accionistas, entre ellos Aspex Management, el fondo de cobertura que logró la salida del fundador Niklas Östberg y que ha abogado por una mayor venta de activos. Este proceso se produce en un momento en que el sector mundial del reparto de comida atraviesa una fase de consolidación, impulsada por el freno del crecimiento y la intensa competencia. Varias empresas comparables a Delivery Hero en Europa han sido objeto de adquisiciones. DoorDash, por ejemplo, acordó el año pasado la compra de la británica Deliveroo, mientras que la citada Prosus adquirió Just Eat.Además, otros posibles compradores han estado analizando la adquisición de Delivery Hero o de algunos de sus activos. Según personas conocedoras del asunto, tanto DoorDash como la startup saudí de entregas rápidas Ninja han manifestado por separado su interés en adquirir parte o la totalidad del negocio de la compañía en Oriente Medio. El negocio del reparto de comida experimentó un fuerte auge durante los confinamientos provocados por la pandemia, lo que llevó a las empresas del sector a expandirse rápidamente y a realizar importantes inversiones. Sin embargo, el crecimiento se desaceleró de forma significativa cuando los restaurantes y supermercados reabrieron. Del mismo modo,  el aumento del escrutinio regulatorio sobre los llamados trabajadores de plataformas digitales o gig workers también ha incrementado los costes laborales para las empresas del sector.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha anulado el despido disciplinario de un comercial que cogió una baja laboral por ansiedad, al considerar que la empresa no demostró que la incapacidad temporal no se debiera a ese motivo. La sentencia desestima íntegramente el recurso de suplicación interpuesto por la compañía y confirma la resolución dictada por el Juzgado de lo Social 2 de Murcia, que declaró nulo el despido por discriminación y condenó a la readmisión del trabajador, al abono de los salarios de tramitación, a una indemnización de 6.000 euros por daños morales y al pago de cantidades salariales pendientes, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).La resolución recuerda que el trabajador inició la incapacidad temporal por ansiedad y que fue despedido al día siguiente mediante una carta en la que la empresa le imputaba una disminución voluntaria y continuada del rendimiento, cifrada en un 30% respecto de otros comerciales del centro de trabajo.La Sala comparte que la empresa no acreditó la existencia real de esa disminución del rendimiento ni aportó datos concretos que permitieran al trabajador conocer y rebatir la comparación efectuada. En este sentido, subraya que «no solo no se dice en la carta de despido cuál fue esa disminución más allá de decir que era de un 30% en relación con otros trabajadores al no hacer un estudio comparativo», sino que tampoco quedó acreditado que esa bajada de rendimiento existiera.Al resolver el recurso, la Sala reproduce la doctrina que ya había fijado en anteriores resoluciones sobre la aplicación de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, junto con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de despidos vinculados al estado de salud.La sentencia recuerda que el artículo 2.2 de la citada ley incorpora la enfermedad o la condición de salud entre las circunstancias respecto de las que «nadie podrá ser discriminado» y que el artículo 30 establece que, cuando la parte actora aporta indicios fundados de discriminación, corresponde a la parte demandada acreditar «una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad».En el caso analizado, la Sala considera que «nuestra doctrina es enteramente aplicable al caso que examinamos», ya que, aunque la empresa presentó el cese como un despido disciplinario por disminución del rendimiento, nada de ello fue «real». Razona que en la carta de despido no se concreta cuál fue esa disminución más allá de afirmar que alcanzaba el 30% respecto de otros trabajadores, sin realizar un estudio comparativo que permitiera al trabajador conocer el rendimiento de quienes desempeñaban las mismas funciones y recuerda que la magistrada de instancia declaró que tampoco quedó acreditada la existencia de esa disminución del rendimiento.Con base en esas consideraciones, la Sala concluye que «el despido obedeció a un propósito discriminatorio por razón del estado de salud del trabajador que condujo a la incapacidad temporal», por lo que confirma íntegramente la sentencia recurrida al no apreciar las infracciones jurídicas denunciadas por la empresa.La resolución desestima igualmente las alegaciones procesales formuladas por la empresa respecto a la admisión del recurso y confirma íntegramente la sentencia recurrida, imponiendo además las costas de la suplicación a la mercantil, con una cuantía de 800 euros por los honorarios de la representación letrada del trabajador. Contra la sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/notas/kevin-gabriel-demuestra-que-la-salsa-sigue-viva-y-joven/ En un momento en que una nueva generación de cantantes busca abrirse espacio dentro de la salsa, …

El acceso a la vivienda es cada vez más complicado para una parte creciente de la población. La crisis habitacional afecta de lleno a quienes buscan un piso para alquilar, que se topan con precios que no dejan de crecer. Los nuevos contratos son los que soportan ese aumento de los precios. Se firman de media un 10,9% por encima de lo que un inquilino promedio paga en España, según datos de la Agencia Tributaria (AEAT). Esa distancia se ensancha en las zonas más tensionadas, donde la escalada de los precios llega a situar los nuevos acuerdos entre propietario e inquilino más de un 20% por encima de la media.La estadística de viviendas declaradas en el IRPF publicada recientemente por la Agencia Tributaria —elaborada a partir de las declaraciones de la renta presentadas en 2025— refleja que el alquiler medio pagado por los inquilinos en 2024 fue de 691 euros. No obstante, al excluir del cálculo los contratos antiguos en vigor y observar únicamente los firmados en ese mismo año, la marca sube hasta los 766 euros, lo que supone que una persona con un contrato recién rubricado pagaba de media 75 euros más al mes.La zona en la que más diferencia se registra entre los precios con los que se topan los inquilinos con nuevos contratos y el resto es Baleares, donde la brecha llega al 23,2%, con alquileres de media a 869 euros mensuales y nuevos contratos a 1.071 euros, es decir, 202 euros por encima. La sigue la provincia de Valencia, donde los inquilinos que entran a un nuevo piso o que firman nuevas condiciones con sus caseros pagan de media 784 euros al mes, un 22,1% por encima de la media de 642 del conjunto global de alquileres. En Valencia capital la brecha escala un poco más hasta el 25,5%, con nuevos contratos a 945 euros al mes, casi 200 euros más caros que la media (753).También en las otras dos provincias de la Comunidad Valenciana y en Madrid la brecha supera el 15%. Esta última es la región con alquileres más costosos y la única, junto con Baleares, donde el precio de los nuevos contratos supera los 1.000 euros al mes. En concreto, alcanza los 1.079 euros, un 15,9% por encima de los 931 pagados de media por los inquilinos en la comunidad capitalina. Las cifras son ligeramente más altas en Madrid capital (1.012 y 1.167 euros respectivamente). Detrás de estas dos comunidades, la siguiente zona más cara para los nuevos inquilinos es la provincia de Barcelona, donde los nuevos contratos alcanzan los 948 euros mensuales, un 12,6% por encima de la media. Bajando al detalle municipal, en Barcelona capital el alquiler medio sí supera la barrera de los 1.000 euros y los nuevos contratos llegan a los 1.145, 137 euros mensuales por encima de la media.Entre las cuatro grandes comunidades, Cataluña y Andalucía se sitúan más en línea con la media nacional, con una brecha de un 10,8% y un 11,6% respectivamente entre el precio de los nuevos contratos (853 y 701 euros) y la media global de lo declarado en el IRPF (770 y 628 euros). Andalucía se caracteriza por la heterogénea situación dentro de su territorio. Málaga es la tercera provincia de España donde mayor brecha se detecta entre ambas marcas, con nuevos contratos a 914 euros, un 18,2% por encima de la media. En cambio, en Sevilla la diferencia es de apenas un 8,8% en el conjunto de la provincia (717 y 659 euros respectivamente) y un 8,5% en la capital (731 y 793 euros).Nuevas viviendasEsta diferencia de precios refleja que el encarecimiento de los alquileres castiga a quienes firman un nuevo contrato. El último informe anual del Banco de España también detecta este fenómeno. En concreto, señala que el precio medio de las viviendas que no estaban alquiladas previamente sino que entraban de nuevas al mercado se situó en 2024 un 16,5% por encima del precio medio del stock total de alquileres. La brecha ha ido creciendo con el tiempo. En 2020 era de un 6,2%. Del mismo modo, el precio de los nuevos contratos de pisos que ya estaban en el mercado creció de media en 2024 un 4,6%, mientras que el de aquellos que habían sido firmados previamente se mantuvo prácticamente estable, con un mínimo descenso de un 0,1%.»El aumento de los precios se produce en el momento de la firma de un nuevo contrato, mientras que los precios del alquiler de las actualizaciones se encuentran por debajo de la inflación durante la duración del contrato», indica el informe del Banco de España, que apunta a que las revisiones anuales que se producen durante la vigencia de los contratos apenas suelen conllevar variaciones en la renta pagada por el inquilino —están limitadas por ley—, a diferencia de lo que ocurre cuando se firma un nuevo contrato. «Los precios marginales de entrada son cada vez mayores, mientras que los inquilinos con contratos vigentes se encuentran protegidos temporalmente de las subidas durante la duración de los contratos», añade.En esa misma línea, informe anual de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria también concluye que la práctica más habitual es subir el alquiler únicamente cuando se rubrica un nuevo acuerdo entre casero e inquilino, no en las actualizaciones anuales. Según sus datos, más de la mitad de los propietarios de inmuebles alquilados como vivienda habitual durante todo el año y sin cambio de inquilino no incrementaron el alquiler a sus arrendatarios entre 2019 y 2023. En 2024 esa proporción bajó ligeramente, pero siguió siendo mayoritaria.»Esta evidencia sugiere un proceso de capitalización de rentas futuras del alquiler en el momento de la firma del contrato por parte de los propietarios», explica el informe del Banco de España sobre el precio notablemente más alto de los nuevos contratos, agregando que el objetivo de los propietarios es cubrirse ante las regulaciones que limitan los aumentos por debajo de la inflación y que reducen el rendimiento real esperado del alquiler. «Este hecho endurece las condiciones de acceso de los nuevos entrantes, que se enfrentan a esfuerzos más elevados en el momento de la firma del contrato del alquiler», advierte el análisis, que añade que la cuota de mercado de los contratos renovados y el peso relativo de las nuevas viviendas que entran al mercado de alquiler ha disminuido progresivamente en los últimos años, lo que sugiere una disminución de la oferta de pisos disponibles.

El drástico incremento en las bajas laborales que ha vivido España en los últimos años ha reavivado un debate que los empresarios sitúan dentro del marco del «absentismo», mientras que los sindicatos colocan como una cuestión exclusivamente de salud pública. Aunque este auge se ha visto también en la gran mayoría de países europeos, lo cierto es que el caso de España tiene escaso parangón dentro del Viejo Continente. Según reflejan los datos tanto de Eurostat como de la OCDE, España es el país donde más ha crecido la incidencia de bajas laborales en la última década y desde la pandemia. Un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la mutua Umivale publicado a principios de año sitúa España como el país europeo con mayor tasa de bajas laborales por trabajador.El análisis, elaborado a partir de microdatos de la EPA europea de 2024, refleja que el 4,5% de los empleados españoles no acudió a su puesto en la semana de referencia en que se elabora la encuesta al estar de baja médica. Una tasa que se ha incrementado en 1,9 puntos desde el año 2018 y que sitúa a España como el país con mayor porcentaje de trabajadores de baja de toda la UE en 2024 tras subir cinco puestos en el escalafón.  
La tasa del 4,5% de ocupados en edad de trabajar en situación de incapacidad temporal supera la de Eslovenia (4,3%), Bélgica (4,1%), Francia (3,9%), Portugal (3,6%), Alemania (3,2%), República Checa (2,8%) o Austria (2,7%), que son los países con mayor incidencia de bajas. Además, la tasa de España supera claramente el promedio europeo del 2,5%.  Encuesta ENCUESTA | ¿Has conocido en tu trabajo algún caso de fraude con una baja laboral o un absentismo no justificado? Esta encuesta no es científica y sólo refleja la opinión de aquellos lectores que han elegido participar. Los resultados no representan necesariamente la opinión de los internautas en general o de los lectores al completo. Esta tendencia también se muestra si se analizan las cifras de los países de la OCDE, un grupo de Estados principalmente de renta alta o media-alta. Así, en el año 2015, España era el noveno país con mayor incidencia de incapacidad temporal de la OCDE con 2,4 semanas de baja anuales de media contabilizadas por cada trabajador. Una década más tarde, en 2015, España ocupaba el tercer puesto, con una incidencia que alcanza las 5 semanas de incapacidad temporal por empleado y año. Es decir, el doble, que hace diez años. 
Dentro de la OCDE, solo Noruega y Eslovenia presentan una incidencia superior. En el caso del país nórdico es importante destacar que siempre ha ocupado los primeros puestos del escalafón, dado que tiene uno de los sistemas de protección social más generosos del mundo, con amplias coberturas, bajas parciales y también tasas de desempleo muy reducidas.
En el otro lado del espectro aparecen países como Grecia, donde el número de meses de baja pagada posibles está vinculado a los años trabajados y tiene un máximo de seis meses. O Italia, donde hay un máximo de 180 días de baja pagada por año y trabajador. El drástico repunte en la incapacidad temporal que se ha vivido en España obedece a diferentes factores. La Airef, que ha hecho uno de los análisis más completos sobre el fenómeno, enumera varios factores. El primero, es la falta de control y seguimiento por parte de la Seguridad Social, en una prestación que tiene un conflicto de competencias: los médicos de la sanidad pública (competencia autonómica) son quienes conceden las bajas, pero la prestación corre a cargo de el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).Además, la autoridad fiscal señala que hay una serie de mejoras normativas que se han introducido en los últimos años -convenios que complementan hasta el 100% del salario o la retirada de la penalización retributiva a empleados públicos- que también pueden haber influido. La Airef también destaca que el buen momento económico del país influye en el incremento en la incapacidad temporal. De igual modo, destacan que la saturación del sistema sanitario y el incremento en las listas de espera dilatan los procesos y agravan la situación.La cara B: millones de personas van a trabajar enfermasAunque la incapacidad temporal no ha parado de aumentar desde la pandemia, paralelamente, el fenómeno convive con una tendencia de signo inverso: millones de trabajadores acuden a su puesto de trabajo estando enfermos. Según un estudio de Eurofund, cuyo contenido adelantó El País,  la agencia de la UE encargada de estudiar la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, el 31% de los trabajadores europeos sostienen haber acudido a trabajar estando enfermos en los últimos doce meses o desde que empezaron su empleo.  Además, uno de cada cuatro empleados en España asegura sentirse físicamente exhausto por su trabajo, mientras que un 14% manifiesta esa misma opinión, pero en el plano emocional. 

El precio de la vivienda en España tiene margen para seguir subiendo muy por encima de la inflación prevista lo que queda de década. Lo apunta un informe de la agencia de calificación S&P Global, que estima un aumento medio del coste de los pisos del 7% anual de aquí a 2029, ambos ejercicios incluidos. El mayor incremento se registrará este año (9,1%) y a partir de aquí el alza se irá suavizando algo, si bien en 2029 el aumento será todavía del 5,4%.El análisis que ha elaborado la firma estadounidense compara la evolución de los precios a nivel nacional con la que se registrará en otras grandes economías de la Unión Europea (Alemania, Francia o Italia) y con Reino Unido. España liderará el encarecimiento de los inmuebles tanto en 2027 como en 2028 y 2029 y únicamente se verá superada este año por Portugal, para la que prevén una subida del 10%. La agencia recuerda que la inversión residencial «permanece prácticamente estancada desde principios de 2019, mientras que el crecimiento económico figura entre los más sólidos de la zona euro». A esto añade el hecho de que la fortaleza del mercado laboral, con una intensa creación de empleo y un sólido crecimiento de los salarios, «ha incrementado el poder adquisitivo y favorecido la inmigración, ampliando el desequilibrio entre la oferta y la demanda», explica. Frente a este contexto, que favorece un aumento de la demanda, S&P señala que las barreras administrativas existentes en el sector de la construcción continúan lastrando el desarrollo de nuevas viviendas. Cita como ejemplo la aprobación en abril del Plan Estatal de Vivienda 2026-30, dotado con 7.000 millones de euros -cuyo objetivo es incrementar la oferta de vivienda, mejorar su asequibilidad y ampliar la regulación aplicable a los alquileres de temporada y de corta duración-, pero advierte de que si bien la reciente intensificación de la actividad regulatoria es positiva, responde principalmente a una reacción frente a los problemas existentes.»Es poco probable que estas iniciativas resuelvan las dos principales fricciones del lado de la oferta: la inflación de los costes de construcción y la escasez de mano de obra», advierte la calificadora. Sus expertos también se pronuncian sobre medidas como los límites al incremento de los alquileres o la ampliación de los programas públicos de garantía hipotecaria y asegura  pueden, «de forma no intencionada», intensificar las presiones por el lado de la demanda. De ahí que sus previsiones sigan reflejando una insuficiencia estructural de la oferta, lo que mantendrá una tendencia alcista de los precios nominales de la vivienda en Europa hasta 2029. Una subida media de los precios del 4% este año en la UEDesde S&P Global esperan que los precios de la vivienda en Europa aumenten, en promedio, alrededor de un 4% en 2026 y más del 3% el año que viene, tras haber actualizado al alza sus previsiones a corto plazo para la mayoría de los mercados individuales.»Unos tipos hipotecarios reales inferiores a los que anticipábamos respaldarán los precios a largo plazo, mientras que el aumento del desempleo y el deterioro de la confianza en algunas zonas de Europa actuarán como factores de presión a la baja», señalan sus economistas.En un escenario macroeconómico más benigno, en el que el proceso de desinflación fuese más rápido y el empleo mejorase, los precios de la vivienda en Europa se situarían, al cierre de 2028, ligeramente por encima de sus previsiones del escenario central.A nivel europeo, los desafíos son muy similares a los que aprecian en el caso español, de modo que el ritmo de inicio de nuevas viviendas continúa siendo demasiado reducido para «aliviar de forma significativa» las presiones sobre los precios. Así, aunque los nuevos paquetes legislativos nacionales reconocen la escasez de inmuebles, los incrementos sustanciales de la oferta tardarán años en materializarse. 

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/peliculas-series/notas/mariana-belaval-escribir-desde-puerto-rico-para-llegar-al-mundo/ Guaynabo – A sus 24 años, Mariana S. Belaval habla de cine con la misma naturalidad con …

Las bajas laborales han sido de nuevo objeto de debate político y social en los últimos tiempos después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificara el «absentismo laboral» como «un cáncer» que «cuesta más de 30.000 millones de euros» y asegurase que si llega a ser presidente del Gobierno tomaría medidas para atajarlo. Un reciente estudio por la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) concluye que el número de procesos de baja médica laboral se ha incrementado hasta un 60% entre 2017 y 2024. A este incremento del absentismo en el trabajo se une que los procesos son también más largos: la duración media de la incapacidad temporal se ha incrementado un 15%, pasando de 40 días en 2017 a 45,9 en 2024. La realidad es que la incapacidad temporal —término técnico con el que se conoce a las bajas laborales— es un serio problema para las empresas, que en muchas ocasiones desconfían de determinados empleados por su continuado absentismo. En este escenario, es habitual la contratación por parte de las compañía de agencias de detectives que investiguen en profundidad si una determinada baja está justificada o se trata de un fraude. Con 40 años de profesión, Antonio Labrador, presidente de la  Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), la más representativa del sector, explica en una conversación con La Información Económica de 20minutos que la investigación de un posible fraude en las bajas laborales de los trabajadores es ya «un clásico dentro las agencias», aunque asegura que ha habido un destacado incremento en los dos últimos años. «El 80% de los servicios que entran en nuestros despachos están relacionados con el  absentismo laboral y más concretamente con las bajas laborales», sentencia. ¿Han aumentado los encargos para investigar el absentismo y bajas laborales en los últimos tiempos?El tema de las bajas laborales es un clásico dentro las agencias de investigación. Pero si es cierto que a partir de la pandemia, a partir del año 2020, ha habido un incremento considerable en la petición de este tipo de servicios por parte de las empresas. Y también es cierto, si tenemos que ir ya a una franja temporal concreta, que posiblemente en los últimos dos años ese incremento se ha hecho todavía más evidente.¿Qué porcentaje de los trabajos que realizáis representan en la actualidad las bajas laborales?Me consta por los informes que tenemos de nuestra asociación -la APDPE- a nivel nacional que aproximadamente el 80% de los servicios que entran en nuestros despachos relacionados con el absentismo laboral y más concretamente con las bajas laborales.¿Se confirman las sospechas de fraude en la mayoría de los casos?Cuando las empresas contratan un servicio de investigación normalmente es porque el expediente del trabajador, en muchos casos, ya denota determinadas incidencias que hace pensar que esa baja pudiera ser fingida. Por ejemplo, si un trabajador lleva diez años en una empresa y acumula periodos de baja por cuatro o cinco años en distintos tramos pues es para sospechar. Cuando las empresas contratan el servicio normalmente es porque hay un histórico de bajas que induce a pensar que el trabajador no esté siendo totalmente sincero. El porcentaje de éxito que podemos tener los detectives privados en estos casos puede acercarse también al 80%.Por su experiencia, ¿cuál es el perfil de este tipo de defraudadores?Nunca hay un perfil específico. Si me pides que trace un perfil pues no lo puedo situar ni el sector industrial ni en el de servicios. Lo que sí es cierto es que dentro del colectivo de autónomos prácticamente no hay bajas laborales. Sin embargo, entre los trabajadores que están en el régimen general de la Seguridad Social se dan muchas circunstancias. Y si bien es cierto que puede influir el ámbito de la seguridad laboral, como muchas veces dicen los sindicatos en los medios de comunicación; no es menos cierto que el fraude existe y que se le ha ido de las manos a la administración.¿Existe la figura del ‘profesional de la baja’?Desgraciadamente sí existe. No podemos criminalizar a todas las personas que están de baja porque todos en algún momento de nuestra vida laboral necesitamos darnos de baja por motivos físicos o psicológicos, pero es evidente que un señor que acumula cuatro o cinco años de baja durante diez años cuando los médicos no encuentran una patología concreta o que su dolencia sea compatible con una baja de tan larga duración y en tantos periodos estamos hablando de un profesional de la baja. Hay muchísimos.¿Recuerda algún caso que haya sido especialmente llamativo?En una larga trayectoria como la mía hay pocas cosas que no haya visto y te puedo decir que hay trabajadores que son muy buenos actores. Te puedo contar la anécdota del falso ciego, un señor que debido a un accidente queda con una limitación visual prácticamente al 15-20% y que, por tanto, tiene limitadas ciertas actividades, como conducir. Luego hemos comprobado que esos falsos ciegos también conducen, leen el periódicos y van a la piscina sin usar ningún medio de los que puede utilizar una persona ciega. Con estas características hay verdaderos actores, verdaderos profesionales que a pesar de las dificultades que implica hacer eso en el día a días son capaces simular el engaño para conseguir una prestación de la Seguridad Social. ¿Cómo se montan este tipo de operativos?Para eso los detectives contamos con determinadas técnicas que se van aprendiendo tanto en la universidad como en el día a día con la experiencia. Es una labor de equipo y muy concienzuda en la que durante muchos días y en determinados horarios una persona es observada de una forma meticulosa siempre sin invadir su esfera íntima y personal ni por supuesto vulnerando ningún tipo de derecho. Cuando un detective realiza una investigación respeta los derechos fundamentales del sujeto investigado. Primero porque nos obliga la ley; y segundo porque si tenemos que llegar a sede judicial no queremos que ese informe pueda ser impugnado ni anulado.¿Qué tipo de pruebas específicas se consideran legales y válidas ante un tribunal?Las pruebas válidas son todas aquellas que el ordenamiento jurídico nos autoriza. Nuestra actividad está regulada por la Ley de Seguridad Privada 04/15 que nos da un campo muy amplio de investigación pero que es muy restrictiva en relación a cómo se deben realizar. Toda investigación que sea realizada en exteriores y en lugares que no se consideran reservados es competencia del detective. Para ello se nos permite usar todos los medios homologados de grabación a nuestro alcance, como una cámara de vídeo, de fotos o un teléfono móvil. Luego esas imágenes las podemos incluir en el informe final que se lleva a la sede judicial para instar un despido ante la jurisdicción social. El detective no puede vulnerar en ningún momento el derecho a la intimidad, el honor o la propia imagen del investigado. Las pruebas siempre deben estar en el contexto legal para que puedan ser usadas en sede legal.¿Cuál es el procedimiento si la baja finalmente es fraudulenta? ¿Hay despido inmediato?Lo normal es que una vez que nosotros entregamos el informe al cliente, este se lo haga llegar a sus servicios jurídicos para que comprueben si contiene información suficiente para poder aplicar el régimen normativo. Lógicamente, una situación de estas característica siempre nos lleva a aplicar la máxima sanción, que es el despido. Con el informe, el abogado se encargaría de convocar la audiencia previa y entregar la carta de despido al trabajador.Normalmente, existiendo pruebas contundentes en su contra, ¿el trabajador suele aceptar el despido?No siempre, aunque sería lo ideal porque se evitaría perder mucho tiempo y dinero. Yo, que también soy abogado, soy partidario de abrir siempre una negociación entre las partes, y más tal y como está ahora nuestro sistema judicial, que está colapsado.