Vida Gerente

Yolanda Díaz no tiene ninguna intención de echarse atrás en su empeño por endurecer el control del registro horario, la gran apuesta de su vicepresidencia en materia de jornada tras el pinchazo del recorte a 37,5 horas. Pese al duro dictamen emitido por el Consejo de Estado en el que desaconseja su aprobación, fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que llevarán el texto en breve al Consejo de Ministros tras introducir leves retoques en su contenido. Cambios que, insisten en Trabajo, no desnaturalizarán el texto original, que plantea un registro horario que sea obligatoriamente digital y accesible en tiempo real por la Inspección de Trabajo.Desde el departamento que dirige Díaz trasladan que el Consejo de Estado es un órgano meramente consultivo y señalan que no sería la primera vez que se aprueba una norma en el seno del Gobierno pese a un informe desfavorable de este organismo. En concreto, señalan las fuentes, se ha hecho ya una quincena de veces con reales decretos que pasaron a Consejo de Ministros, aunque no especifican cuáles. Desde el ministerio sostienen que el Consejo de Estado se ha extralimitado en su resolución, que ven no vinculante y a la que acusan de falta de base jurídica. En Trabajo creen que detrás del duro dictamen del Consejo de Estado está la ‘mano negra’ del Ministerio de Economía, departamento al que acusa directamente de estar en contra del control de jornada. Ello, pese a que Carlos Cuerpo ha señalado este mismo martes que el registro horario es un objetivo «ambicioso, pero compartido» en el seno del Gobierno, pese a que ha reclamado que su implantación sea «equilibrada». Las citadas fuentes de Trabajo consideran que Economía incurre en una violación flagrante del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. Un texto que recoge, en términos literales, lo siguiente. «Reforzaremos los instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para asegurar el cumplimiento de las normas en todas las empresas». Pese a que el enfrentamiento con Economía es evidente, en el departamento que dirige Díaz dan por hecho que la norma llegará a Consejo de Ministros. No creen que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que dirige Carlos Cuerpo, vaya a ser un obstáculo, pese a que ya lo fue con la reducción de la jornada. En este sentido, confían en que Pedro Sánchez, que ha arbitrado ya varios conflictos entre los dos socios de Gobierno, acabe decantando la balanza en su favor.La resolución del Consejo de Estado, cuyo contenido trascendió el lunes, apunta a que el reglamento que ha diseñado Trabajo viola la normativa de protección de datos; no tiene el rango normativo suficiente (debiera ser una ley) e invade la negociación colectiva. Tres aspectos que rechazan las fuentes consultadas del Ministerio de Trabajo.Uno de los asuntos más polémicos de la resolución del Consejo de Estado es el del tratamiento de las pymes, para quienes sugiere un tratamiento diferenciado. Algo con lo que en Trabajo están en desacuerdo, dado que consideran que la norma ya prevé medidas de acompañamiento y un periodo de adaptación suficiente. Trabajo asume que habrá litigiosEn el ministerio asumen que no hay garantías de que los tribunales utilicen el informe del Consejo de Estado para tumbar el nuevo registro horario que propone Trabajo. Una litigiosidad que dan por hecho que sucederá, habida cuenta de que la patronal ha señalado en varias ocasiones su intención de llevar esta medida ante la justicia al considerar que los cambios propuestos exigen rango de ley y no de reglamento.En este sentido, en el ministerio creen que la resolución de este organismo sienta un precedente peligroso para otras disposiciones que Trabajo está desarrollando sin rango de ley. El ejemplo más evidente es la norma con la que se pretende limitar la compensación y absorción de los complementos salariales más frecuentes cuando se sube el salario mínimo, un texto todavía en fase de consulta pública. 

José Bogas pondrá fin a su etapa como primer espada de Endesa en la próxima Junta General de Accionistas convocada para el próximo 28 de abril. Según recoge la documentación remitida este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la energética española que controla al 70% la multinacional italiana Enel, el directivo madrileño figura en la propuesta como consejero externo, cerrando así un ciclo de casi doce años al frente de la compañía con funciones ejecutivas.Su continuidad como consejero delegado de la cotizada estaba en entredicho por razones de edad: Bogas cumplirá 71 años este año, de los cuales más de cuarenta los ha dedicado a Endesa, consolidándose como una de las figuras de referencia del sector energético español. Cuando el empresario fue consultado por su afán por seguir en el cargo, con motivo de la reciente presentación del nuevo plan estratégico 2026-2028, anticipó que su relevo podría ocurrir más tarde que pronto. «Yo me encuentro con fuerzas, pero la vida es como es y las cosas son como son. Después de 45 años en Endesa, cada día que pasa estoy más cerca de mi jubilación» confesó entonces.Si los accionistas aprueban el movimiento, la reelección contempla que Bogas ostentará la categoría de consejero externo durante los próximos cuatro años. En la misma cita, el mercado espera conocer la decisión sobre su sucesor, que recae en la italiana Enel, quien, como accionista mayoritaria, deberá llevar a su candidato a la próxima junta, que tendrá la última palabra. A la espera de conocer su elección, en las quinielas coge fuerza el nombre de Marco Palermo, actual director financiero de la firma.Al dejar la primera línea ejecutiva, Bogas pone fin a una etapa en la que ha estado al frente de Endesa durante más de diez años -a lo largo de tres mandatos-, en los que ha dirigido la adaptación de la compañía a un entorno dominado por la transición energética, el crecimiento de las renovables y el avance de la electrificación. Ingeniero industrial formado en ICAI, donde finalizó sus estudios en 1978, se incorporó a la empresa en 1982, cuando aún pertenecía al sector público, asumiendo funciones en el área de planificación como responsable de estudios de mercado.A partir de ese momento desarrolló toda su carrera dentro del grupo, ocupando distintos puestos de responsabilidad hasta alcanzar la cúpula. En 2014 fue nombrado consejero delegado, entonces como máximo responsable del negocio en España y Portugal, sustituyendo a Andrea Brentan, en una etapa en la que la compañía ya estaba controlada por Enel, accionista mayoritario desde 2009.A lo largo de más de cuatro décadas, ha participado de forma directa en los principales cambios del sector eléctrico español. Desde los años ochenta ha estado implicado en hitos como la definición del Plan Energético Nacional, la reorganización empresarial derivada del intercambio de activos entre compañías, el desarrollo del marco regulatorio que rigió durante años el sistema eléctrico o el proceso de liberalización iniciado con la ley de 1997.  Sin embargo, fue a partir de 2014, tras asumir el cargo de consejero delegado de Endesa, cuando adquirió un papel más visible y determinante en la gestión de los principales desafíos tanto del sector como de la propia compañía.Su paso a un lado llega en un punto de inflexión para la compañía, después de comprometer una inversión de 10.600 millones de euros para los próximos tres años, que supone un 10% más que lo destinado en su plan anterior y revela una firme apuesta por las redes eléctricas a las que dedica más de la mitad de los recursos del nuevo plan trienal, 5.500 millones (un 40% más que en el plan anterior). La empresa anunció este plan tras anotarse un beneficio neto de 2.198 millones de euros en 2025, que representa un incremento del 16,4% con respecto a los 1.888 millones de euros del ejercicio anterior y pulveriza los objetivos que se había marcado para el año, en los que apuntaba a unas ganancias de unos 2.000 millonesNoticia en ampliación…

Las agencias de viaje empiezan a dar cuenta de sus perspectivas para una Semana Santa condicionada por el conflicto de Oriente Medio. La conclusión, a nivel nacional, invita a pensar que el sector está capeando el temporal con relativo éxito y las reservas de las grandes plataformas registran, incluso, mejores cifras que las anotadas el año pasado. «Los datos, tanto por parte de turistas españoles y extranjeros son muy positivos, a pesar de todo lo que está ocurriendo» reconoce a este medio Beatriz Oficialdegui, directora de comunicación de Destinia.Los datos facilitados por la agencia de viajes online constatan esta tendencia y su estimación de ventas para la siguiente ventana vacacional está un 50% por encima que la registrada durante la última Semana Santa, cuando la festividad tuvo lugar dos semanas más tarde. Desde la plataforma interpretan este cambio de calendario como un impulso a las reservas, también beneficiadas de las redirecciones de la demanda como consecuencia del conflicto de Oriente. «Las reservas para venir a España han subido un 10% desde que estalló el conflicto» apunta Oficialdegui, quien llama a la cautela y sitúa los precios como el factor determinante para que España mantenga o pierda esa ventaja frente a otros destinos igualmente percibidos como seguros, como Italia y Portugal. «España se va a beneficiar, pero también si subimos mucho los precios al final se pueden ir a otros destinos que también se consideran destinos seguros» explica.Sobre este aspecto, fuentes de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) no entran a valorar un potencial trasvase de demanda por la guerra de Irán, pero recuerdan que este sí se ha producido en otros conflictos previos como el de Ucrania. «En el caso de España los flujos hacia y desde los países afectados por el conflicto representa sólo un 1,3% por lo que el impacto es limitado. Sin embargo, podría producirse un efecto coyuntural similar al de la primavera árabe, con una reorientación del tráfico hacia destinos como España que son percibidos como más seguros» trasladó días atrás el presidente de la patronal, Javier Gándara.Desde Destinia ven prematuro hablar del efecto provocado por la entrada en vigor del decreto que rebaja los impuestos a las gasolinas por la guerra en Irán, pero sí vislumbran que pueda tener un efecto positivo de cara al último minuto. «No hemos visto un impacto a corto plazo en las reservas de Semana Santa por el incremento de las gasolinas, pero creemos que (el paquete de medidas del Gobierno) puede ayudar bastante en las próximas semanas» comenta.Alerta en la Costa del Sol por el corte del AVEDistinta es la situación que afrontan en la Costa del Sol por el retraso en la reapertura de la conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid, que amenaza con desviar 195.000 turistas hasta mediados de abril, según los cálculos de la Diputación de Málaga. Para la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), el impacto será más intenso en destinos del interior con la capital malagueña entre las más afectadas con una caída en las reservas del 30%. La asociación advierte, además, de que la desconexión ferroviaria ya está teniendo repercusiones en el empleo, con retrasos en las contrataciones previas a la temporada y en los llamamientos a trabajadores discontinuos.En clave nacional, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) también ha puesto el foco en la confluencia de dos factores que amenazan la movilidad turística en este periodo clave. Su presidente, Jorge Marichal, señala que «la conectividad es un factor determinante en la toma de decisiones del viajero» y advierte de que, si a la incertidumbre ferroviaria se suma el encarecimiento de los carburantes, «se reduce notablemente la competitividad de nuestros destinos».

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La entrada en vigor del decreto que rebaja los impuestos a las gasolinas por la guerra en Irán ha provocado una notable caída de los precios que se nota ya en el surtidor. Los datos de las más de 12.000 gasolineras españolas que recopila el Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica reflejan que el precio medio de los carburantes se desplomó hasta un 11% el domingo, primer día en que estuvieron vigentes las medidas, en comparación con el sábado.De esta forma, el precio de la gasolina 95 en la Península y Baleares se situaba en 1,619 euros el litro a última hora del domingo, un 10,9% menos que el que se podía ver el sábado (20 céntimos menos). Estas cifras, traducidas a un depósito de tamaño medio (55 litros), implican que el coste de llenar el tanque se ha reducido de los 99,9 euros el sábado a 89 el domingo (10,9 euros menos). Tras la rebaja, el precio de la gasolina ha caído a niveles que no se veían desde el pasado 6 de marzo.En lo que respecta al diésel, la rebaja fiscal ha permitido que el precio del litro de combustible se abarate hasta los 1,804 euros, un 8,3% menos (16 céntimos) que lo que se registraba el sábado. Con estos números, el precio de un repostaje promedio ha descendido desde 108,2 euros antes de que entrara en vigor el paquete fiscal a 99,2 euros (9 euros menos). El gasóleo se sitúa ya en unas cifras sin precedentes desde el 9 de marzo. La llegada al surtidor de los descuentos coincide con un momento de alivio en el mercado del petróleo. El anuncio de Trump de retrasar cinco días su ultimátum al régimen iraní para que reabra el estrecho de Ormuz ha sido bien recibido por los mercados. El precio del barril de Brent ha llegado a desplomarse hasta un 15% y ha caído por debajo de los 100 dólares, hasta situarse en torno a los 96 a primera hora de la tarde. Sin embargo, al cierre en Wall Street cotiza al filo de esta barrera, mínimos de la última semana. El paquete fiscal que aprobó el Gobierno el pasado viernes, pero que entró en vigor el domingo incluye una rebaja del IVA de los carburantes del 21 al 10%, así como una reducción al mínimo que permite la Unión Europea del impuesto especial a los hidrocarburos. Un tributo que, además de los combustibles para vehículos, también se aplica al gas natural y otros derivados del petróleo. Esta medida viene acompañada también de una drástica bajada de impuestos a la factura de la luz, cuyo IVA se reduce del 21 al 10%, mientras que el impuesto especial eléctrico se baja del 5 al 0,5% (el mínimo legal) y se suspende el impuesto a la generación con cargo a las eléctricas. La rebaja fiscal no se traslada por completoSin embargo, los últimos precios disponibles reflejan que la rebaja fiscal a los carburantes todavía no se ha traducido en la bajada de precios en el surtidor que buscaba el Gobierno. El Ejecutivo estimó que cuando entraran en vigor las medidas, el precio de la gasolina 95 se reduciría 29 céntimos y el del gasóleo, 23 céntimos. Los cálculos del Ministerio de Hacienda tomaban como referencia los precios vigentes el pasado jueves, cuando la gasolina se situaba en 1,8 euros por litro y el diésel en 1,9. Si se comparan estas cifras con los precios del domingo, se observa cómo la bajada que se ha producido ha sido de 17,2 céntimos en el caso de la gasolina (cuando el Gobierno estimaba que sería de 29 céntimos), mientras que en el diésel el abaratamiento ha sido de 11,6 céntimos (el Ejecutivo preveía 23).Hay que tener en cuenta, no obstante, que todavía hay gasolineras que no han remitido al Geoportal su última información de precios actualizada, por lo que es previsible que los precios medios todavía no estén reflejando por completo la rebaja fiscal.Sin embargo, aunque el Ejecutivo ha reforzado la capacidad de la CNMC para supervisar y sancionar a las empresas que se aprovechen para aumentar beneficios, la experiencia de la guerra en Ucrania sugiere que las petroleras terminarán apropiándose de parte del descuento. Un estudio publicado a finales de 2024 estima que las energéticas se apropiaron de 857 millones de euros de dinero público del descuento de 20 céntimos introducido en abril de 2022.En esta línea, desde la asociación de consumidores Facua denuncian que una de cada cuatro gasolineras ha aprovechado la bajada del IVA para aplicar nuevas subidas de precios. En concreto, señalan a 2.337 estaciones de servicio que subieron los precios pese a la entrada en vigor de la rebaja fiscal. 

Los sindicatos más representativos del sector público acarician un acuerdo con el Gobierno para reducir la jornada laboral hasta las 35 horas en la Administración General del Estado (AGE). Las centrales se han reunido este lunes con Función Pública y están a la espera de que les remita un nuevo borrador de la propuesta para debatirlo el próximo miércoles.UGT y CSIF confían en que ese nuevo texto extienda el recorte horario también a los funcionarios de prisiones y al personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla, que por ahora quedan excluidos, mientras que en Comisiones Obreras son algo más escépticos. Este es el principal escollo que queda pendiente en la negociación para implantar la reducción de jornada que UGT y CCOO pactaron con el Ejecutivo en 2022, pero que no se ha llegado a desarrollar. En CSIF, el sindicato más representativo en la AGE, dan por hecho que se llegará a un consenso el miércoles cuando llegue la nueva propuesta que se rubricará oficialmente el viernes en la mesa general de negociación de la AGE, el principal órgano de diálogo social en la administración central. La organización reclamará que también se apliquen las 35 horas a quienes tienen ‘jornadas especiales’, colectivos con semanas laborales que superan las 37,5 horas de semana laboral vigente actualmente en la AGE. Desde el sindicato UGT insisten en que la reducción de jornada llegará «a todos los colectivos» y hacen hincapié en que no permitirán «retrocesos» en las condiciones ya pactadas, como la flexibilidad horaria o determinadas «cortesías». Para ello, plantean introducir una cláusula en el acuerdo que garantice que seguirán vigentes todos los pactos internos en materia de jornada, horarios o calendarios. Donde no ven tan claro que se vaya a alcanzar un acuerdo es en CCOO. Fuentes sindicales de la central trasladan que con las condiciones actuales no están en disposición de firmar y señalan que el texto que se les ha mostrado el lunes no incluía todavía a funcionarios de prisiones, enseñanza ni sanidad, que para CCOO supone una línea roja. Si no se incluye a estos profesionales en el texto que se presente el miércoles, no accederán a firmar, sostienen las fuentes. En CCOO también son escépticos con los tiempos hasta la aplicación efectiva de la jornada. Aunque se firmase el viernes el acuerdo en el diálogo social, Función Pública tendría que redactar todavía la nueva instrucción sobre jornada y horario de trabajo, el texto legal que regula los horarios en la AGE. Algo para lo que no hay una fecha clara, pese a que los sindicatos confiaban en que pudiera llegar a tiempo para marzo, un plazo que se antoja ya imposible en el contexto actual. A la espera están unos 250.000 empleados públicos de la Administración del Estado, entre personal de los ministerios, organismos autónomos, agencias o entidades públicas estatales. En principio, parece que sí quedarán excluidas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o la Guardia Civil, así como la Administración de Justicia, que no forman parte de la AGE. 

Como apuntábamos en nuestra primera columna, España es uno de los países de la UE con mayor persistencia de la pobreza, incluso en momentos de expansión económica, y también con menor capacidad redistributiva. Uno de los motivos detrás de este indeseado panorama es que las transferencias sociales existentes no llegan, el llamado non-take-up. Los datos de AIReF son claros: más de la mitad (55%) de las familias con derecho al Ingreso Mínimo Vital no lo recibe, es decir, el IMV debería llegar al doble de hogares. En el caso del complemento de ayuda a la infancia (CAPI), aproximadamente tres de cada cuatro menores con derecho no lo están percibiendo (un 72% de los hogares).¿Pero por qué no llegan las ayudas? Se suele pensar que la burocracia es complicada o que la gente no las conoce. Eso es cierto, pero solo en parte. Las investigaciones muestran que otra causa importante es que muchas personas sencillamente no se perciben a sí mismas en situación de vulnerabilidad, es decir, con derecho a recibirlas. Es más fácil pensar que pobre es el vecino, no uno mismo. El resultado es un sistema que espera que parte de la ciudadanía se identifique como posible beneficiaria y llame a la puerta de la administración para preguntar, pero hay mucha gente que nunca va a hacerlo.Con la pobreza infantil además ocurre algo paradójico: las deducciones fiscales por hijo a cargo solo llegan a quienes presentan la declaración de la renta. Los menores más vulnerables, quienes viven en hogares que no tienen obligación de presentarla —precisamente por tener ingresos demasiado bajos—, se quedan fuera.La propuesta desde ISEAK es cambiar el enfoque: que sea la administración quien vaya a buscar a quienes tienen derecho. Para eso hacen falta dos cosas. La primera es una declaración de la renta universal — que todo el mundo, independientemente de sus ingresos, tenga que presentarla para quedar recogido en las bases de datos administrativas. Esta será la llave que permitirá identificar a quienes hoy son invisibles, también para las prestaciones, ya que quienes no tienen obligación son precisamente quienes se quedan fuera. La segunda es la interoperabilidad de datos entre administraciones. Los sistemas deben hablarse entre sí para que una persona no tenga que estar moviendo papeles, que la administración ya tiene, de una ventanilla a otra. De esta manera, se podría identificar automáticamente a quienes tienen derecho y no lo están ejerciendo. Hasta ahora, el cruce de bases de datos se ha utilizado fundamentalmente para perseguir a quien cobra de más, pero no para garantizar ingresos a quien no recibe lo que le corresponde.Un ejemplo cercano y prometedor es el del Consorci Administració Oberta (AOC) de Cataluña. La ley allí prohíbe cortar el suministro de luz a familias vulnerables, pero este proceso era lento, manual e ineficiente: las compañías enviaban listados de impagos a los ayuntamientos y estos tenían menos de 15 días para evaluar los casos, citando a las personas por carta y pidiéndoles documentación. La solución: una plataforma que cruza automáticamente datos del padrón, renta, prestaciones y otra información relevante y emite un informe en cuestión de horas en lugar de semanas. El potencial es evidente, evitar los más de 161.000 cortes de luz que se producían al año.En definitiva, la interoperabilidad de datos administrativos junto con el desarrollo tecnológico puede hacer la vida más fácil a la ciudadanía y garantizar que los derechos se cumplan, sin que tengan que ser reclamados. Pero para esto, de nuevo, hace falta que todas las personas sean visibles para el sistema. Esto no es ciencia ficción institucional. Bélgica lleva décadas funcionando así: su Banco de la Seguridad Social cruza datos entre administraciones para conceder automáticamente prestaciones —como bonificaciones en energía, transporte gratuito, exenciones fiscales— a quienes tienen derecho, sin que tengan que solicitarlas.Este es el horizonte que España debe alcanzar. Hasta entonces, medidas como las que recomienda AIReF — profundizar en automatismos para que el CAPI llegue desde el momento de inscripción del menor en el registro civil — y el ejemplo catalán son el camino. O algo aún más sencillo para quienes ya están en el sistema: enviar una carta que diga «Sabemos que usted tiene derecho a esta prestación, aquí tiene información sobre cómo solicitarla». La inclusión social a veces empieza por recordarle a alguien que el sistema también existe para ella.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cultura/notas/actriz-boricua-neysha-mendoza-castro-brilla-en-chicago-en-two-sisters-and-a-piano/ A muchas millas de distancia de la isla, en un íntimo teatro de la ciudad de Chicago, …

Los ataques de Estados Unidos e Israel de los últimos días han alcanzado parte del complejo de procesamiento de gas de Asaluyeh, en la costa sur de Irán, donde se trata el gas procedente de South Pars, el mayor yacimiento del mundo compartido con Qatar. El mercado entiende enseguida que no está ante un ataque más.Esta infraestructura canaliza buena parte de un yacimiento que suministra más del 70% del gas del país, y desplaza la atención fuera del frente militar. La cuestión ya no es solo qué respuesta prepara Teherán. La cuestión es cuánto de esta tensión puede empezar a filtrarse al gas, a los fertilizantes, al transporte y, desde ahí, a toda la cadena de suministro mundial, y principalmente de Asia.Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Asia concentrará más del 60% del crecimiento de la demanda global de gas hasta 2030, con China e India como principales motores, lo que refuerza la sensibilidad de la región ante cualquier disrupción en suministro.India y China concentran una parte enorme de la demanda incremental de energía y dependen de que el crudo, el gas y el transporte marítimo funcionen con relativa normalidad para sostener industria, exportaciones y consumo interno. Europa sigue muy expuesta al gas, pero llega a esta fase con una demanda industrial más débil, más capacidad de ajuste tras la crisis de 2022 y un sistema que ya ha interiorizado precios energéticos más altos. Asia, en cambio, sigue necesitando volumen, continuidad y costes contenidos.El cuello de botella energéticoIndia aparece en la primera línea de esa presión. Su exposición no termina en el petróleo. También alcanza al gas y a los fertilizantes, dos variables que pesan a la vez sobre la industria y sobre el campo. Si el encarecimiento se mantiene, el efecto no se limita a la factura exterior. Empieza a notarse en costes agrícolas, en transporte y en los márgenes empresariales. En este sentido, el Banco Mundial estima que los precios de los fertilizantes siguen altamente correlacionados con el gas natural, que representa hasta el 70% de los costes de producción.Por otro lado, el ajuste no es automático. India puede cambiar proveedores, pero no puede rehacer de un día para otro la estructura de costes de su agricultura ni sustituir sin prima adicional determinados suministros energéticos. Cuando coinciden problemas en el suministro de gas, presión sobre fertilizantes y encarecimiento del transporte, el golpe no llega por una sola vía.China observa el mismo movimiento desde una posición distinta. Tiene más capacidad financiera, más instrumentos de intervención y una estructura industrial diseñada para absorber parte de los shocks externos. Pero también tiene más que perder si la tensión se prolonga. Su aparato manufacturero necesita energía abundante y previsible para sostener producción, exportaciones y estabilidad de costes en miles de empresas que trabajan con márgenes ajustados.En este escenario, JPMorgan advierte que un aumento sostenido del precio del crudo por encima de los 90 dólares por barril puede recortar el crecimiento de Asia emergente entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales, debido al impacto directo en costes industriales y balanza comercial.Asia absorbe el golpe… y lo exportaAhí está otra de las razones por las que el mercado mira antes a Asia que a Europa. China e India no solo consumen mucha energía. También transforman esa energía en exportaciones, producción industrial y demanda de materias primas para el resto del mundo. Cuando el coste energético se mueve en Asia, la onda expansiva no se queda dentro de sus fronteras. Sale después en precios manufactureros, en cadenas logísticas y en comercio global. Europa sufre el shock y Asia lo retransmite.Por eso la atención se desplaza también hacia las reservas chinas. No tanto por una cuestión táctica inmediata, sino porque Pekín ya ha utilizado en otras fases de tensión la gestión de inventarios como colchón temporal. Si el conflicto mantiene la presión sobre el petróleo, el mercado empieza a descontar que China pueda liberar una parte de sus reservas para amortiguar el golpe sobre costes y suministro. Una señal de que la tensión ha dejado de ser puramente geopolítica para entrar en la gestión económica.Con todo, los ataques a las instalaciones energéticas, obliga a los países de la zona a medir su posición con más cuidado. Si se implican más, aumenta el riesgo de contagio regional. Si intentan preservar distancia, el mercado sigue añadiendo una prima sobre sus infraestructuras y sobre la estabilidad de los flujos energéticos.Ahí aparece también el límite de la política monetaria. La Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) pueden reaccionar a la inflación, pero no pueden reconstruir una planta gasista ni reducir el precio de los fertilizantes. La incertidumbre expresada por Jerome Powell en su última comparecencia encaja con ese problema. El origen del riesgo no está en la demanda ni en el crédito. Está en un shock de oferta que nace fuera del alcance de los bancos centrales.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/notas/gilberto-santa-rosa-sorprende-a-fanaticos-en-concierto-de-j-balvin-en-colombia/ El pasado sábado, los caleños se pusieron a bailar salsa en medio del concierto del artista urbano …

Todo empezó con un baile de sillas. El sábado 18 de enero de 2025, el Gobierno convocó a José María Álvarez-Pallete a un consejo extraordinario de Telefónica y le comunicó que su etapa había terminado. Su sustituto sería Marc Murtra, el hombre que ocupaba la presidencia de Indra desde 2021 y que desde entonces había gestionado la compañía bajo la confianza del Ejecutivo, primer accionista de la cotizada con un 28% del capital controlado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Para cerrar el círculo, Indra necesitaba un nuevo presidente. Y ahí apareció Ángel Escribano.Escribano tomó las riendas de la tecnológica el lunes 20 de enero de 2025 -el mismo día en que Donald Trump tomaba posesión en Washington-, pero no llegaba como un fichaje externo al uso. Lo hacía como el principal socio privado y el segundo mayor accionista de la compañía de la mano de su empresa familiar Escribano Mechanical and Engineering, dueña de un 14,3% del capital de la tecnológica. Su hermano Javier, CEO de EM&E, ya era consejero dominical de Indra en representación de la empresa madrileña.Con Escribano, y sus tres décadas en el sector de la defensa y la seguridad, el Gobierno reforzó su tesis de aupar a Indra como un campeón nacional de Defensa que pudiera canalizar las millonarias inversiones del rearme europeo. Dos meses después de su llegada, su compañero al frente de Indra y CEO de la compañía, José Vicente de los Mozos, desveló que la empresa mantenía en su radar una veintena de compras para entrar en la Champions League de la Defensa. La de EM&E tardó en conocerse sólo dos meses después. Y con ella, el conflicto de interés que ha condicionado la operación hasta el último día de su negociación.El presidente de Indra es propietario, a partes iguales con su hermano, de EM&E, la empresa cosladeña que puso en marcha Ángel Escribano, padre de los actuales dueños de la compañía, en 1989 como un pequeño taller de mecanización con tornos manuales. Con los años, los hermanos tomaron el testigo y transformaron con éxito el negocio al especializarlo en la ingeniería de diseño para el desarrollo y fabricación íntegro de sistemas complejos de Defensa. En 2016 aceptaron la entrada del fondo soberano de Omán, que adquirió un tercio de su empresa por unos 17 millones y seis años después recompraron su participación por el doble. Entonces, el 100% de la firma se tasaba en torno a 100 millones, lo que hoy equivaldría aproximadamente a un 5% de su capital.Al calor del auge de gasto en Defensa desde la guerra de Ucrania, los Escribano han posicionado su negocio como un actor estratégico en la fabricación de estaciones de armas para vehículos blindados y buques, un tipo de tecnología que complementaría el catálogo de Indra. Sus sinergias, durante estos años, no han hecho más que florecer y ambas han sido adjudicatarias de los dos grandes contratos de artillería del Ministerio de Defensa para el desarrollo de obuses autopropulsados de ruedas y cadenas, valorados en 7.200 millones.Desde un principio, Indra encontró la lógica industrial en esta operación y la concibió como una absorción, pero a diferencia de otras compras como Hispasat, el negocio de drones de Aertec o la tecnológica FYLA, la de EM&E obligó a su cúpula a maniobrar para resolver el conflicto de intereses y el consejo se vio obligado a crear en julio una comisión ‘ad hoc’, integrada por consejeros independientes, para supervisar la operación. Un semestre después, marcado por el ascenso meteórico de su acción y sus millonarias adjudicaciones en los préstamos del 0% que concede el Ejecutivo para Programas Especiales de Modernización (PEM), el consejo de Indra daba su visto bueno a la potencial fusión con EM&E al verla «coherente» con su estrategia. La decisión se tomó con unanimidad, con la natural abstención de Javier, y el mercado lo celebró con una nueva subida del 3% que alcanzaba ya el 30% desde que comenzaron los rumores de fusión.El cambio de año en el calendario confirmó la demora de una operación que desde EM&E, según reconoció su CEO ante los medios en octubre, esperaba tener cerrada antes de comerse las uvas. Las dudas sobre la fórmula de integración y la posición del Gobierno empezaban a trascender, ante la posibilidad de que el ascenso de los hermanos en la tecnológica mermase el control accionarial de la SEPI si se ejecutaba la primera opción planteada: la potencial fusión por absorción. Y fue en ese contexto cuando irrumpió en el capital de Indra, con una posición desconocida, el fondo activista estadounidense Third Point, defensor de la fusión.Durante este tiempo la tensión interna en la cotizada ha ido ‘in crescendo’ hasta que el pasado miércoles la SEPI tomó cartas en el asunto con su primera declaración pública: un comunicado a última hora del día con un órdago a Escribano para resolver el conflicto de interés antes de proceder a la fusión. En estas líneas remitidas a la CNMV, el ente que pende del Ministerio de Hacienda expresó su «preocupación por la influencia que el conflicto de interés está teniendo en el análisis» de una posible integración entre ambas compañías «a pesar de las medidas de mitigación» que se han puesto en marcha, dejando al presidente de Indra en el centro del debate.La respuesta del empresario madrileño no tardó en llegar y lo hizo en forma de un consejo extraordinario a primera hora de la tarde que se resolvió con la retirada de EM&E de las negociaciones con Indra por no «concurrir las circunstancias que permitirían una posible operación». Una maniobra que, hasta el momento, le ha permitido mantener su puesto como primer ejecutivo de Indra y, en cambio, le ha pasado factura a su acción que ha sufrido un descenso del 16% en la última semana y ha borrado todas las ganancias que acumulaba este año. La pelota queda ahora en el tejado del brazo inversor del Gobierno, que deberá definir su posición con respecto al movimiento de los hermanos Escribano. 

La presión sobre los precios, que ha supuesto el estallido de la guerra en Irán a principios de este mes, está empezando a impactar en la cesta de la compra. En este contexto, la ‘marca blanca’ cobra un mayor protagonismo no solo por el factor precio sino también porque su calidad la hace merecedora de la confianza de miles de consumidores. Según un estudio de la consultora especializada Simon-Kucher, en el que mide el comportamiento del consumidor frente a este tipo de enseñas en varios países, el 57% de los españoles ya la eligen de forma predominante o casi exclusiva. Muy por encima de la media de la Unión Europea (UE), de un 50%, así como de países como Francia (55%), Reino Unido (51%) y Alemania (40%). «La marca blanca ha dejado de competir únicamente en precio para hacerlo en una propuesta de valor más amplia», apunta a ‘La Información Económica’ el socio de Consumo y Retail en la citada consultora, Javier Rubio. El ‘hermando pequeño’ del súper se hace mayor.Crisis y vientos de cola Pero, ¿cómo le afectará la actual escalada de precios? Rubio (Simon- Kucher) apunta que «más de la mitad de los consumidores (51%) afirma que aumentaría su compra de productos de marca blanca». Para este experto, datos como este, demuestran que «cualquier ola inflacionista, independientemente de su origen, contribuiría a consolidar aún más su posición en España».  ¿Y si los precios se volvieran a estabilizar? El 84% de los participantes en el estudio de esta consultora aseguran que no modificarían o reforzarían el peso de la marca blanca en su carrito de la compra.»Cualquier ola inflacionista, independientemente de su origen, contribuiría a consolidar aún más su posición en España», Javier Rubio (Simon -Kucher)  El profesor de ESIC University, Carlos Victor Costa, opina que el conflicto en Oriente Próximo puede ser «una palanca indirecta» porque, si el consumidor percibe que se reduce su poder adquisitivo, «ajusta su cesta». Costa recuerda que «históricamente el crecimiento de las marcas blancas está estrechamente ligado a las condiciones económicas, con picos claros en épocas de inflación, y crisis del coste de la vida».  El ‘reino’ de la marca blanca abarca categorías habituales en la cesta de la compra, especialmente en el caso de los productos del hogar tal y como declara un 57% de consumidores seguido de  las conservas y frutos secos (41%), así como por los productos para desayuno y panadería (40%). También hay especial preferencia por los dulces y snacks de enseñas del distribuidor , que alcanza el 36%. Muy superior a la media internacional estimada en un 25%. Sin embargo, todavía la preferencia es menor en otras categorías como las bebidas alcohólicas (46%) y los productos infantiles (35%) con un fuerte posicionamiento de marca e innovación.  Las ‘marcas blancas’, ¿una cuestión de ingresos? Los expertos de Simon-Kucher sostienen que, el mayor o menor peso de la marca blanca en nuestra lista de la compra, también tiene mucho que ver con nuestro nivel de ingresos. La consultora destaca que el 70% de los hogares con menos de 1.000 euros al mes compra mayoritaria o exclusivamente marca del distribuidor (o blanca), frente al 32% en aquellos que cuentan con más de 5.000 euros. Esto representa una de las tasas más bajas, en relación con otros países de la Unión Europea, que ronda el 40%. El socio de Consumo y Retail de esta consultora, Javier Rubio, habla de «una particularidad del mercado español» y constata que en otros países el consumo está más distribuido entre todos los niveles de ingresos. El director del Máster de Comunicación y Publicidad de ESIC, Carlos Victor Costa, matiza lo anterior y menciona el ‘orgullo low cost’: «Hoy comprar marca blanca no solo está aceptado, está normalizado», subraya. En un estudio, la consultora especializada Simon – Kucher, destaca que el 70% de los hogares con menos de 1.000 euros al mes compra mayoritaria o exclusivamente marca del distribuidor (o blanca), frente al 32% en aquellos que cuentan con más de 5.000 euros.El profesor de ESIC opina que la marca blanca todavía no ha alcanzado su techo y recuerda que «ronda ya el 50% de la cesta de la compra y, además, sigue creciendo». Costa cita el estudio «Trend or Hype» de Publicitis, donde el 46% de los consumidores españoles reconocían haber aumentado el consumo de este tipo de artículos en el último año y 6 de cada 10 consumidores ya ven este tipo de enseñas como una realidad social. «En definitiva, el consumidor no siente que renuncia, siente que decide bien», concluye este experto. Grandes cadenas de supermercados como Mercadona, líder en el mercado español con un 29,5% de cuota y Dia innovan con frencuencia en su surtido. La compañía presidida por Juan Roig cerró el ejercicio de 2025 con 400 novedades y 34 innovaciones de producto, desde el yogur líquido + Proteínas con sabor fresa y plátano hasta el té verde zero de mango y maracuyá pasando por un nuevo maquillaje y corrector sérum.  El cuarto grupo de distribución alimentaria en España cerró el año pasado con 135 innovaciones en artículos introduciendo novedades en su marca Dia como el helado de pistacho cheesecake y el de cacahuete alto en proteína, así como el lanzamiento de diferentes smoothies funcionales y el friegasuelos para hogares con mascotas.  El ‘asalto’ al premium Otro de los fenómenos sobre el que llaman la atención desde Simon – Kucher es el de las ‘marcas blancas premium’ o de calidad superior. En su análisis, el 38% de los consumidores afirmaba que había aumentado la compra de este tipo de productos a comienzos de 2025 y, un 57%, compraba estos artículos de forma frecuente o exclusiva. Para Costa (ESIC University) es «una evolución natural» y demuestra que la marca «sube» de nivel cuando hay confianza. Algo que, añade, se está produciendo también en Reino Unido con ejemplos como el del  supermercado Sainsbury`s y ‘Taste the Difference’, con artículos que ofrecen calidades superiores. El socio de Simon -Kucher, Javier Rubio, comparte un punto de vista similar y considera que «cada vez tiene menos sentido hablar de ‘marca blanca’, porque el consumidor la percibe como una más».  «Las marcas del distribuidor ya no compiten solo en precio, construyen propuestas completas, también en premium», Carlos Víctor Costa (ESIS University)  Este experto destaca que «las marcas del distribuidor ya no compiten solo en precio, construyen propuestas completas, también en premium». ¿Y las marcas del fabricante, las marcas con ‘marca’? El profesor de ESIC University, autor del libro ‘Brandig Integral’,  sostiene que «todo depende de cómo gestionen su propuesta de valor» y advierte que «si no hay diferenciación real, todo se convierte en precio». Un terreno en el que la marca blanca nada como pez en el agua. Para Costa, los fabricantes deben competir en tres frentes: innovacióin, construcción de marca y valor percibido. «Si no explican bien por qué son mejores, el consumidor simplemente cambia», concluye. 

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Gloria Martínez encabeza la Oficina de Protección al Inversor desde 2021, convirtiéndose en la primera mujer en acceder al cargo. Su llegada a este departamento, que forma parte de Bolsas y Mercados Españoles (BME), ha coincidido con una transformación interna, en la que ha pasado de atender de manera presencial a operar a través de canales telemáticos. El último informe anual, correspondiente a la actividad de 2025, contabiliza casi 1.200 llamadas telefónicas y más de 700 correos electrónicos, de los cuales el 90% se corresponde con minoristas. ¿Cómo han sido estos cinco años al frente de la Oficina del Protector del Inversor?Los comienzos fueron un poco difíciles porque me incorporé en plena pandemia de Covid-19. Los inversores estaban acostumbrados a acudir presencialmente a la oficina, pero eso cambia a partir de ese momento. Hay una transformación de la atención que ahora se realiza de forma telemática, vía telefónica y por correo, principalmente. Adicionalmente a ello, se fusionan las cuatro oficinas de las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia en una única ventanilla. Hasta entonces, había cuatro ‘protectores’, ya que todos habían sido hombres. Por tanto, teníamos que homogeneizar los criterios. Cinco años después puedo decir que la experiencia es muy positiva porque te permite acercarte a las preocupaciones del inversor y detectar en qué fallan las entidades. Ha sido la primera mujer en acceder al cargo. ¿Se ha encontrado con alguna barrera?La verdad es que no. Creo que la mujer aporta esa visión diferencial de actuar con más cautela y visión a largo plazo a la hora de invertir. Implantamos nuestro sentir desde ese punto de vista y, en definitiva, aporta más estabilidad. ¿Qué funciones tiene la Oficina de Protección del Inversor?Esta oficina nace en 1991 con la misión de defender los intereses y los derechos de los minoristas. Esa es su principal función, que se reflejaba primordialmente en el objetivo de mediación. Con el tiempo se ha segregado. Hay una tarea informativa; una precontenciosa, que es cuando un usuario necesita información más en profundidad; y en tercer lugar, se brinda la posibilidad del procedimiento de mediación para interponer una reclamación.¿Cuál es el principal motivo por el que solicitan vuestros servicios?Me ha llamado la atención el gran aumento de los intentos de estafa por suplantación de identidad. Muchas de las personas que contactan con la oficina son cautelosos y precavidos. Nos llaman para comprobar y chequear si la persona que les ha contactado es una entidad autorizada y registrada o, incluso si ha habido un intento de suplantar a Bolsas y Mercados Españoles (BME). Acuden para asegurarse si hemos sido nosotros. Lo cierto es que BME nunca llama por teléfono para ofrecer productos ni recomendaciones. Si vuelven a llamarles, les ayudamos a captar pruebas para que puedan reclamar a las autoridades competentes. El inversor está alerta ante posibles intentos de estafa y eso nos ha permitido conocer de primera mano el repunte de esas prácticas fraudulentas.»Los más jóvenes conocen conceptos y tienen nociones de los mercados financieros que nuestra generación a esa edad ni aspirábamos a tenerlas»¿El desarrollo de la inteligencia artificial puede favorecer un incremento de los fraudes?La inteligencia artificial bien entendida puede ayudar a desarrollar herramientas que ayuden al inversor. Por tanto, no tienen porqué ir de la mano la incorporación de herramientas de mejora de análisis de la inversión a posibles estafas. Dicho esto, abogo porque en todas las plataformas que integran esas herramientas se incorporen equipos humanos para, primero, revisar los famosos algoritmos, y en segundo lugar, para cuando haya una queja poderla atender. ¿Ha mejorado la educación financiera en España?Los más jóvenes conocen conceptos y tienen nociones de los mercados financieros que nuestra generación a esa edad ni aspirábamos a tenerlas. Eso demuestra que la educación financiera se está empezando a enseñar desde edades cada vez más tempranas. Cuentan con muchas herramientas al alcance de su mano como para poder mejorar. También es cierto que desde el punto de vista de los mercados financieros, los productos ahora son más complejos. Debemos conseguir que sea consciente de que no todos estamos hechos para contratar todo tipo de productos. Ahí es donde radica uno de los pilares fundamentales de la educación financiera. En conocer tu perfil y saber a qué productos podemos aspirar. ¿En periodos de volatilidad como el actual a causa de la guerra en Irán se registran un mayor número de consultas?No, no está ligado a los periodos de mayor volatilidad. Los picos se registran cuando se producen OPAS de exclusión. En estos casos, si el inversor minorista se queda fuera no tiene nada que hacer, porque ese valor es difícil que gane liquidez. También registramos otro repunte de las consultas durante la campaña de la declaración de la Renta, especialmente, en los meses de mayo y junio.  

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La Marina de Estados Unidos (US Navy) ha dado el primer paso para renovar el histórico y complejo contrato de mantenimiento de sus buques de guerra de la Base Naval de Rota que, desde el pasado 2013, gestiona Navantia en virtud de un acuerdo de 822 millones de euros. Según ha podido saber La Información Económica, la Armada estadounidense ha puesto en marcha un estudio de mercado en busca de empresas capaces de asumir la reparación y revisión de sus DDG-51, los destructores claves del sistema antimisiles de EE.UU. y la OTAN en Europa.De cara al vencimiento del acuerdo vigente con la empresa pública española en enero de 2028, el centro de logística naval estadounidense (NAVSUP, por sus siglas en inglés) en la base gaditana ha lanzado un aviso -que por ahora se enmarca en una fase de exploración del mercado previa a la licitación – en el que invita expresamente a empresas españolas, estadounidenses con capacidad de operación en el extranjero y constructores navales de defensa internacionales a participar en el futuro contrato de mantenimiento de sus destructores. Entre los requisitos evaluados figuran la experiencia previa con la Armada de EE.UU., la disponibilidad de diques secos para buques de hasta 155 metros de eslora, y la capacidad de operar bajo la estricta normativa de seguridad que rige el acceso a instalaciones militares conjuntas hispano-estadounidenses. El astillero público aparece mencionado en el propio documento como referencia de infraestructura de dique seco en la zona y, según trasladan a este medio fuentes del sector, su interés en seguir colaborando con la US Navy en este mantenimiento es latente.Se trata de un contrato estratégico para Navantia, además de ser el primero que plasmó con el Gobierno de Estados Unidos; un hito que hoy se extiende también al programa de fragatas F-110, cuyo radar principal, el SPY-7, es de origen estadounidense. Según los últimos datos facilitados por el fabricante español, su contrato como mantenedor principal de la US Navy en Rota genera más de 1.000 empleos directos al año.La importancia estratégica que este contrato tiene para Navantia se escenificó tres años atrás, cuando la compañía celebró un acto de conmemoración de su décimo aniversario. Entonces, su presidente, Ricardo Domínguez, puso en valor la contribución de un contrato que «genera más de 12 millones de horas de trabajo en estos años, con picos de más de 500 personas por destructor en algunos periodos del año».La instalación alberga actualmente cinco destructores de la clase Arleigh Burke (DDG-51) asignados al sistema de defensa aérea e interceptación de misiles de la OTAN y espera recibir un sexto a mediados de 2026.  No obstante, Navantia no solo mantiene los destructores sino también otros buques de la Marina estadounidense que pasan por Rota, a petición del cliente. La empresa estatal cuenta con instalaciones y alrededor de 600 operarios desplegados en la base naval de Rota, donde se centralizan todas las actividades asociadas a este contrato. Este movimiento coincide en un momento especialmente tenso para las relaciones bilaterales entre ambos países con la amenaza de Trump de suspender «toda relación comercial» con España sobre la mesa después de que el Gobierno de Pedro Sánchez rechazase prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases de Morón y Rota alegando que la operación estadounidense no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países. 

Poco está funcionando como solía hacerlo. Esa es la primera pista. La guerra en Irán ha frenado las tendencias que dominaban el mercado desde principios de año y ha devuelto a la renta fija una amenaza que parecía más lejana. No hace falta que el Banco Central Europeo (BCE) suba tipos en abril o en junio para que el daño empiece antes. Basta con que el mercado vuelva a creer que puede hacerlo. Eso ya está pasando.Hace apenas unas semanas el mercado discutía cuántos recortes podían llegar en 2026. Ahora empieza a descontar justo lo contrario. Según Julius Baer, los tipos implícitos en el mercado monetario ya contemplan al menos una subida de 25 puntos básicos en la facilidad de depósito del BCE para finales de año, cuando antes del estallido del conflicto se esperaba un recorte.Más inflación, más tiposEl giro no nace en la política monetaria. Nace en la energía. La guerra en Irán ha alterado las tendencias que dominaban el mercado desde principios de año. El petróleo ha subido cerca de un 40% desde el inicio del conflicto y esa presión se está filtrando a las expectativas de inflación. El problema para los bancos centrales es conocido. Es un ‘shock’ de oferta. Y eso deja menos margen de actuación.La firma suiza considera que la guerra introduce perturbaciones inflacionarias similares a las de la etapa posterior a la pandemia y a la crisis energética de 2022. En ese contexto, los bancos centrales tienen pocas herramientas para frenar el impacto sin dañar el crecimiento. Ese equilibrio es el que está reescribiendo el precio de los bonos.El ajuste empieza por donde siempre. En el corto plazo. Ahí es donde el mercado incorpora antes cualquier cambio en las expectativas de tipos. Pero el efecto relevante aparece después. Si la posibilidad de subidas se mantiene, los rendimientos a largo plazo suben y los precios caen con más intensidad.Ese movimiento ya se está viendo fuera de Europa. El crédito estadounidense de alto rendimiento está resistiendo mejor que los bonos del Tesoro precisamente por su menor duración, mientras que los tramos largos han sufrido más al desaparecer parte de las expectativas de recortes.La otra señal es más amplia y afecta a todo el sistema. La diversificación está fallando. El petróleo ha subido un 40% desde el inicio del conflicto y el dólar algo más del 2%, pero el oro ha retrocedido un 5,4% y la plata más de un 15%. Incluso activos tradicionalmente defensivos como la bolsa suiza han retrocedido con fuerza. «El aumento de la aversión al riesgo no ha generado oportunidades de compra muy atractivas», señala Julius Baer.Eso deja a la renta fija en una posición distinta a la de otras crisis. No actúa como refugio automático porque el riesgo no está solo en el crecimiento o en el crédito. Está en el propio nivel de los tipos. Si el mercado empieza a asumir que pueden subir, el ajuste no se limita a un segmento concreto. Atraviesa toda la curva.Aun así, el escenario no es lineal. Antonella Manganelli, consejera delegada de Payden & Rygel para Europa, cree que «el mercado sigue descontando unas dos subidas de tipos de aquí a septiembre de 2026», pero añade que esas expectativas «parecen agresivas». Su argumento es que el BCE no tiene por qué verse obligado a actuar si el conflicto no se prolonga.El corto plazo toma la delanteraEse escenario abre una derivada más práctica para el ahorro. Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca Privada, señala que la parte del mercado que antes recoge ese cambio es la renta fija directa, porque las nuevas emisiones incorporan de inmediato mayores rentabilidades exigidas. Y añade que ese ajuste se traslada antes a los fondos monetarios que a los de renta fija a corto plazo, ya que trabajan con vencimientos más breves y pueden renovar cartera con mayor rapidez.Nacho Zarza, de Auriga Bonos, sitúa el foco en el tiempo más que en el producto. Explica que, cuando el mercado empieza a descontar subidas de tipos, los activos que antes reflejan esa mejora son los de menor duración, mientras que alargar plazos en ese momento puede dejar al inversor ligado a rentabilidades que se quedan atrás si el ajuste continúa. En ese contexto, la mejora en el corto plazo llega antes, pero el recorrido de la curva sigue dependiendo de si esa expectativa de tipos al alza se consolida o se diluye en las próximas semanas.

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El Gobierno ha anunciado este viernes un plan de medidas anticrisis, aprobadas en un consejo de ministros extraordinario, para combatir las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio. Entre las más de 80, Pedro Sánchez ha apuntado a una rebaja de impuestos y a una bonificación en el surtidor, ayudas que las asociaciones de transportistas han considerado insuficientes ante una escalada de precios que deja ya el depósito de diésel en más de 100 euros. El real decreto-ley apunta al restablecimiento de la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible que ya se implementó con la guerra de Ucrania en 2023. Una ayuda que para la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) tiene un «alcance limitado», tal y como ha podido saber La Información Económica. Para el grupo, la cuantía estimada es la misma que hace tres años, pero el precio del carburante es superior al de entonces.Entonces el carburante tenía un precio muy diferente al actual, cuando el litro era 20 céntimos más barato, apuntan en un comunicado. Por ello, señalan que esta medida es insuficiente: «Solo cubre el 50% del sobrecoste real que están sufriendo los transportistas por el alza de carburantes». Consideran, por tanto, que el gasto de la Administración para este propósito debería ser mayor: «El sector requería de un plan de ayudas más ambicioso para evitar la asfixia económica del sector». «No se ajusta»Una opinión que no es un rara avis. En la misma línea se ha posicionado también la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), quien apunta a que esta prestación «no se ajusta plenamente ni a la urgencia ni a la magnitud del problema», han indicado en una nota a la que ha tenido acceso este medio: «El transporte por carretera soporta una presión creciente sobre sus costes operativos, con un impacto directo en la viabilidad de miles de empresas». Respecto a la reducción del IVA del carburante de un 21% a un 10%, desde Fenadismer tampoco se han mostrado satisfechos. «Para el transportista profesional, esta rebaja es neutral al tratarse de un impuesto deducible en su actividad», defienden. Sin embargo, desde la federación reconocen que esto sirve para reducir el desembolso inicial al acudir al surtidor: «Permite disponer de mayor capital en el día a día de las flotas». No han sido los únicos desacuerdos con el Gobierno. CETM también asegura echar en falta la «existencia de ayudas directas por vehículo y la actualización de la fórmula de compensación del combustible», algo que ya habían solicitado anteriormente. Dada la situación, ambas instituciones indican mantenerse a la espera de que estas medidas se aprueben en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para hacer una valoración más precisa de las medidas. CETM destaca, además, su preocupación por los plazos de puesta en marcha y apunta a que una falta de respuestas adecuadas en esta situación puede «derivar en un deterioro progresivo de la actividad del sector». Es por ello que no descartan que, si la tensión aumenta, pueda tener lugar «un cese de actividad que podría resultar inevitable, lo que tendría un impacto directo sobre el abastecimiento y las cadenas de suministros». El carburante, por las nubesUnas medidas que llegan en un momento de gran tensión. De acuerdo con el Boletín Petrolero de la Unión Europea, publicado este jueves con datos hasta el 16 de marzo, llenar un depósito medio de diésel supera ya los 100 euros, mientras el de gasolina se sitúa en 94. Se trata de los valores más altos desde que estallara el conflicto en Oriente Próximo el pasado 28 de febrero. Desde entonces, el coste del diésel en España ha subido un 27,4%, hasta 1,836 euros el litro; y la gasolina un 14,9%, hasta 1,708, provocados por el repunte del barril de Brent, que este viernes ronda los 110 euros. Unos datos que muestran la novena semana consecutiva al alza en los surtidores, una tesitura que ya está generando consecuencias en las estaciones de servicio. De acuerdo con los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, son 485 donde el litro de diésel está por encima de los dos euros, por 435 en el caso de la gasolina 98 y 11 en el de la 95.

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