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La Marina de Estados Unidos (US Navy) ha dado el primer paso para renovar el histórico y complejo contrato de mantenimiento de sus buques de guerra de la Base Naval de Rota que, desde el pasado 2013, gestiona Navantia en virtud de un acuerdo de 822 millones de euros. Según ha podido saber La Información Económica, la Armada estadounidense ha puesto en marcha un estudio de mercado en busca de empresas capaces de asumir la reparación y revisión de sus DDG-51, los destructores claves del sistema antimisiles de EE.UU. y la OTAN en Europa.De cara al vencimiento del acuerdo vigente con la empresa pública española en enero de 2028, el centro de logística naval estadounidense (NAVSUP, por sus siglas en inglés) en la base gaditana ha lanzado un aviso -que por ahora se enmarca en una fase de exploración del mercado previa a la licitación – en el que invita expresamente a empresas españolas, estadounidenses con capacidad de operación en el extranjero y constructores navales de defensa internacionales a participar en el futuro contrato de mantenimiento de sus destructores. Entre los requisitos evaluados figuran la experiencia previa con la Armada de EE.UU., la disponibilidad de diques secos para buques de hasta 155 metros de eslora, y la capacidad de operar bajo la estricta normativa de seguridad que rige el acceso a instalaciones militares conjuntas hispano-estadounidenses. El astillero público aparece mencionado en el propio documento como referencia de infraestructura de dique seco en la zona y, según trasladan a este medio fuentes del sector, su interés en seguir colaborando con la US Navy en este mantenimiento es latente.Se trata de un contrato estratégico para Navantia, además de ser el primero que plasmó con el Gobierno de Estados Unidos; un hito que hoy se extiende también al programa de fragatas F-110, cuyo radar principal, el SPY-7, es de origen estadounidense. Según los últimos datos facilitados por el fabricante español, su contrato como mantenedor principal de la US Navy en Rota genera más de 1.000 empleos directos al año.La importancia estratégica que este contrato tiene para Navantia se escenificó tres años atrás, cuando la compañía celebró un acto de conmemoración de su décimo aniversario. Entonces, su presidente, Ricardo Domínguez, puso en valor la contribución de un contrato que «genera más de 12 millones de horas de trabajo en estos años, con picos de más de 500 personas por destructor en algunos periodos del año».La instalación alberga actualmente cinco destructores de la clase Arleigh Burke (DDG-51) asignados al sistema de defensa aérea e interceptación de misiles de la OTAN y espera recibir un sexto a mediados de 2026. No obstante, Navantia no solo mantiene los destructores sino también otros buques de la Marina estadounidense que pasan por Rota, a petición del cliente. La empresa estatal cuenta con instalaciones y alrededor de 600 operarios desplegados en la base naval de Rota, donde se centralizan todas las actividades asociadas a este contrato. Este movimiento coincide en un momento especialmente tenso para las relaciones bilaterales entre ambos países con la amenaza de Trump de suspender «toda relación comercial» con España sobre la mesa después de que el Gobierno de Pedro Sánchez rechazase prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases de Morón y Rota alegando que la operación estadounidense no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países.
Poco está funcionando como solía hacerlo. Esa es la primera pista. La guerra en Irán ha frenado las tendencias que dominaban el mercado desde principios de año y ha devuelto a la renta fija una amenaza que parecía más lejana. No hace falta que el Banco Central Europeo (BCE) suba tipos en abril o en junio para que el daño empiece antes. Basta con que el mercado vuelva a creer que puede hacerlo. Eso ya está pasando.Hace apenas unas semanas el mercado discutía cuántos recortes podían llegar en 2026. Ahora empieza a descontar justo lo contrario. Según Julius Baer, los tipos implícitos en el mercado monetario ya contemplan al menos una subida de 25 puntos básicos en la facilidad de depósito del BCE para finales de año, cuando antes del estallido del conflicto se esperaba un recorte.Más inflación, más tiposEl giro no nace en la política monetaria. Nace en la energía. La guerra en Irán ha alterado las tendencias que dominaban el mercado desde principios de año. El petróleo ha subido cerca de un 40% desde el inicio del conflicto y esa presión se está filtrando a las expectativas de inflación. El problema para los bancos centrales es conocido. Es un ‘shock’ de oferta. Y eso deja menos margen de actuación.La firma suiza considera que la guerra introduce perturbaciones inflacionarias similares a las de la etapa posterior a la pandemia y a la crisis energética de 2022. En ese contexto, los bancos centrales tienen pocas herramientas para frenar el impacto sin dañar el crecimiento. Ese equilibrio es el que está reescribiendo el precio de los bonos.El ajuste empieza por donde siempre. En el corto plazo. Ahí es donde el mercado incorpora antes cualquier cambio en las expectativas de tipos. Pero el efecto relevante aparece después. Si la posibilidad de subidas se mantiene, los rendimientos a largo plazo suben y los precios caen con más intensidad.Ese movimiento ya se está viendo fuera de Europa. El crédito estadounidense de alto rendimiento está resistiendo mejor que los bonos del Tesoro precisamente por su menor duración, mientras que los tramos largos han sufrido más al desaparecer parte de las expectativas de recortes.La otra señal es más amplia y afecta a todo el sistema. La diversificación está fallando. El petróleo ha subido un 40% desde el inicio del conflicto y el dólar algo más del 2%, pero el oro ha retrocedido un 5,4% y la plata más de un 15%. Incluso activos tradicionalmente defensivos como la bolsa suiza han retrocedido con fuerza. «El aumento de la aversión al riesgo no ha generado oportunidades de compra muy atractivas», señala Julius Baer.Eso deja a la renta fija en una posición distinta a la de otras crisis. No actúa como refugio automático porque el riesgo no está solo en el crecimiento o en el crédito. Está en el propio nivel de los tipos. Si el mercado empieza a asumir que pueden subir, el ajuste no se limita a un segmento concreto. Atraviesa toda la curva.Aun así, el escenario no es lineal. Antonella Manganelli, consejera delegada de Payden & Rygel para Europa, cree que «el mercado sigue descontando unas dos subidas de tipos de aquí a septiembre de 2026», pero añade que esas expectativas «parecen agresivas». Su argumento es que el BCE no tiene por qué verse obligado a actuar si el conflicto no se prolonga.El corto plazo toma la delanteraEse escenario abre una derivada más práctica para el ahorro. Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca Privada, señala que la parte del mercado que antes recoge ese cambio es la renta fija directa, porque las nuevas emisiones incorporan de inmediato mayores rentabilidades exigidas. Y añade que ese ajuste se traslada antes a los fondos monetarios que a los de renta fija a corto plazo, ya que trabajan con vencimientos más breves y pueden renovar cartera con mayor rapidez.Nacho Zarza, de Auriga Bonos, sitúa el foco en el tiempo más que en el producto. Explica que, cuando el mercado empieza a descontar subidas de tipos, los activos que antes reflejan esa mejora son los de menor duración, mientras que alargar plazos en ese momento puede dejar al inversor ligado a rentabilidades que se quedan atrás si el ajuste continúa. En ese contexto, la mejora en el corto plazo llega antes, pero el recorrido de la curva sigue dependiendo de si esa expectativa de tipos al alza se consolida o se diluye en las próximas semanas.
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El Gobierno ha anunciado este viernes un plan de medidas anticrisis, aprobadas en un consejo de ministros extraordinario, para combatir las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio. Entre las más de 80, Pedro Sánchez ha apuntado a una rebaja de impuestos y a una bonificación en el surtidor, ayudas que las asociaciones de transportistas han considerado insuficientes ante una escalada de precios que deja ya el depósito de diésel en más de 100 euros. El real decreto-ley apunta al restablecimiento de la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible que ya se implementó con la guerra de Ucrania en 2023. Una ayuda que para la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) tiene un «alcance limitado», tal y como ha podido saber La Información Económica. Para el grupo, la cuantía estimada es la misma que hace tres años, pero el precio del carburante es superior al de entonces.Entonces el carburante tenía un precio muy diferente al actual, cuando el litro era 20 céntimos más barato, apuntan en un comunicado. Por ello, señalan que esta medida es insuficiente: «Solo cubre el 50% del sobrecoste real que están sufriendo los transportistas por el alza de carburantes». Consideran, por tanto, que el gasto de la Administración para este propósito debería ser mayor: «El sector requería de un plan de ayudas más ambicioso para evitar la asfixia económica del sector». «No se ajusta»Una opinión que no es un rara avis. En la misma línea se ha posicionado también la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), quien apunta a que esta prestación «no se ajusta plenamente ni a la urgencia ni a la magnitud del problema», han indicado en una nota a la que ha tenido acceso este medio: «El transporte por carretera soporta una presión creciente sobre sus costes operativos, con un impacto directo en la viabilidad de miles de empresas». Respecto a la reducción del IVA del carburante de un 21% a un 10%, desde Fenadismer tampoco se han mostrado satisfechos. «Para el transportista profesional, esta rebaja es neutral al tratarse de un impuesto deducible en su actividad», defienden. Sin embargo, desde la federación reconocen que esto sirve para reducir el desembolso inicial al acudir al surtidor: «Permite disponer de mayor capital en el día a día de las flotas». No han sido los únicos desacuerdos con el Gobierno. CETM también asegura echar en falta la «existencia de ayudas directas por vehículo y la actualización de la fórmula de compensación del combustible», algo que ya habían solicitado anteriormente. Dada la situación, ambas instituciones indican mantenerse a la espera de que estas medidas se aprueben en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para hacer una valoración más precisa de las medidas. CETM destaca, además, su preocupación por los plazos de puesta en marcha y apunta a que una falta de respuestas adecuadas en esta situación puede «derivar en un deterioro progresivo de la actividad del sector». Es por ello que no descartan que, si la tensión aumenta, pueda tener lugar «un cese de actividad que podría resultar inevitable, lo que tendría un impacto directo sobre el abastecimiento y las cadenas de suministros». El carburante, por las nubesUnas medidas que llegan en un momento de gran tensión. De acuerdo con el Boletín Petrolero de la Unión Europea, publicado este jueves con datos hasta el 16 de marzo, llenar un depósito medio de diésel supera ya los 100 euros, mientras el de gasolina se sitúa en 94. Se trata de los valores más altos desde que estallara el conflicto en Oriente Próximo el pasado 28 de febrero. Desde entonces, el coste del diésel en España ha subido un 27,4%, hasta 1,836 euros el litro; y la gasolina un 14,9%, hasta 1,708, provocados por el repunte del barril de Brent, que este viernes ronda los 110 euros. Unos datos que muestran la novena semana consecutiva al alza en los surtidores, una tesitura que ya está generando consecuencias en las estaciones de servicio. De acuerdo con los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, son 485 donde el litro de diésel está por encima de los dos euros, por 435 en el caso de la gasolina 98 y 11 en el de la 95.
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El conjunto de medidas ideadas por el Gobierno para dar respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo tiene fecha de caducidad, el próximo 30 de junio. Fuentes del Gobierno confirman que hasta entonces se extenderán las rebajas fiscales contempladas en el real Decreto ley que ha presentado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha dado luz verde a un paquete valorado en 5.000 millones de euros. En la ‘letra pequeña’ del decreto, el Ejecutivo incluye una cláusula de desactivación que se aplicaría si la guerra termina y la situación económica se normaliza. Las mismas fuentes precisan que las medidas estarán en vigor durante el mes de abril y mayo y que la citada cláusula operaría ya en el mes de junio. Para decidir si se activa o no, el Gobierno tomará como referencia la tasa de IPC de carburantes, electricidad y gas del mes de abril (que se hace pública en mayo) y la comparará con la del mismo mes del año anterior. Sólo si la tasa aumenta más de un 15% en ese periodo se mantendrían las medidas anticrisis. Siguiendo esta lógica, en el caso de la electricidad, el IPC de abril de 2025 fue del 10,6%. Por lo tanto, para que la rebaja fiscal a la factura de la luz se mantenga en junio, el IPC de abril de 2026 tendría que superar el 12,2%, dado que el 15% del 10,6% son 1,59 puntos porcentuales. En lo tocante al gas natural, el IPC del ejercicio anterior fue del -3,2%, por lo que el descuento se mantendría si el dato de abril de 2026 supera el -2,7%. Mientras que en lo que respecta a los carburantes, cuyo IPC fue del -10,8% el año pasado, bastaría con que el IPC de 2026 fuera superior al -9,2%, algo que se antoja prácticamente seguro en la coyuntura actual.
El Gobierno aprobará este viernes en Consejo de Ministros un paquete de medidas de respuesta a la guerra en Oriente Próximo que incluirá una fuerte rebaja de impuestos a los carburantes y a la factura de la luz, pero que también recuperará parte del escudo social que decayó recientemente al no ser convalidado. Según ha adelantado la Cadena Ser y confirman fuentes conocedoras a 20minutos el Ejecutivo va a aprobar una bajada del IVA de los carburantes, que pasaría del 21% actual al 10%. Una medida de alivio en el surtidor que vendría acompañada de la supresión del impuesto especial a los hidrocarburos. Este segundo gravamen cubre, además de la gasolina y el diésel, otros productos energéticos de consumo cotidiano como el gas natural, querosenos, fuelóleos y los gases licuados de petróleo.El Ejecutivo ha optado por la vía de una rebaja fiscal directa en lugar del esquema del descuento de los 20 céntimos por litro repostado que se aplicó tras la invasión rusa de Ucrania y que estuvo vigente buena parte del año 2022. Sin embargo, la bajada de impuestos que se ha diseñado es bastante más generalizada y ambiciosa de lo que el Ejecutivo había deslizado en un primer momento, cuando apuntó a medidas más quirúrgicas y focalizadas en sectores como el campo o el transporte. El paquete de medidas incluye también una fuerte rebaja fiscal a la factura de la luz que en este caso sí imita la fórmula que se aplicó tras la invasión de Ucrania. El Ejecutivo va a reducir el IVA del recibo del 21 al 10%, va a recortar el impuesto especial eléctrico fijado actualmente en el 5% y suprimirá el impuesto a la producción que tienen que abonar las eléctricas. Además, el Gobierno tiene previsto recuperar parte de las medidas del escudo social que decayeron al no haber logrado la convalidación parlamentaria a finales del mes pasado. En concreto, se recuperará la prohibición de cortar suministros básicos a personas vulnerables y se ampliará el bono social eléctrico, que introduce descuentos en la factura de la luz a consumidores con pocos recursos. Tampoco se incluirán, al menos de momento, rebajas en el IVA de los alimentos. Además, todo apunta a que no se incluirán en el decreto que se aprobará este viernes ningún tipo de medidas para congelar los alquileres o limitar los márgenes empresariales como había reclamado Sumar. Este hecho ha enfadado sobremanera al socio minoritario de la coalición en el Gobierno, que tiene paralizado el Consejo de Ministros a la espera de encontrar una respuesta a sus reivindicaciones. Tres semanas de guerra El paquete de respuesta del Ejecutivo llega cuando se cumplen ya tres semanas desde los primeros ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos a Irán. Desde entonces, la guerra ha ido escalando y contagiándose a los precios de los productos energéticos de los que España es muy dependiente.El petróleo se ha disparado por encima de los 100 dólares el barril de Brent y ha arrastrado tras de sí a los carburantes, que suben ya entre un 19 y un 32% desde que estalló el conflicto. El precio medio del diésel ronda ya los dos euros por litro, mientras que el de la gasolina se acerca poco a poco a los 1,8 euros por litro de repostaje. Esto ha llevado a que llenar un depósito de diésel cueste ya más de 100 euros. El conflicto también ha golpeado de lleno a los precios del gas que se han duplicado desde que comenzaron las hostilidades en Oriente Próximo. Sin embargo, el impacto ha sido mucho menor que cuando comenzó la guerra en Ucrania. El precio del gas en su referencia en Países Bajos ronda los 60 euros el megavatio hora, mientras que en los primeros compases de la invasión a Ucrania llegó a superar los 300 euros entre un temor al desabastecimiento.
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La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha hecho un llamamiento a la calma durante su intervención tras la reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno, que ha mantenido los tipos de interés en el 2%. La responsable de la política monetaria en la Eurozona traslada un mensaje de optimismo, con todas las cautelas, y asegura que la región se encuentra bien posicionada para afrontar los efectos que pueda desencadenar la guerra en Irán. «Estamos bien equipados para lidiar con el gran ‘shock’ que se está desarrollando», ha dicho. Con ello, trata de convencer al mercado de que no parten de la misma situación que en 2022, coincidiendo con el estallido de la guerra en Ucrania. «Cuando digo que estamos bien equipados, me refiero a que en estos cuatro años hemos aprendido, hemos mejorado nuestros modelos y cambiado nuestra estrategia. En particular estamos más atentos a los riesgos asociados a las perspectivas económicas», ha expresado. En esta línea, también ha aprovechado para recordar que el escenario es diferente, puesto que en febrero de 2022 la inflación estaba en niveles del 6% tras el fin de la pandemia de Covid-19 y ahora se parte de un dato de IPC inferior al 2%. La cuestión radica en que en aquel momento no optó por mover ficha rápidamente, sino que esperó a julio de ese año, cuando el IPC ya estaba en niveles del 10% para abandonar la era de los tipos ‘ultrabajos’ y subir el precio del dinero por primera vez en once años. En este contexto, el conjunto de los miembros que forman parte del Consejo de Gobierno del BCE ha decidido mantener por unanimidad la facilidad de depósito en el 2% por sexta reunión consecutiva. Si bien ha insistido en que las consecuencias derivadas de la tensión en Oriente Próximo dependerán de la intensidad y la duración del conflicto, pero también de la propagación, con la que alude a los temidos efectos de segunda ronda, el mayor riesgo se concentra ahora en el impacto «significativo» que tendrá en la inflación a corto plazo la escalada de los precios del petróleo y del gas, así como en sus efectos en los precios del consumidor y la economía. Sobre este escenario, el organismo proyecta ahora que el avance de precios en la región de la moneda única cierre 2026 en el 2,6%, siete décimas por encima de lo previsto en diciembre, a la vez que rebaja el crecimiento tres décimas, hasta el 0,9%. De cara al próximo ejercicio, la entidad incrementa dos décimas la tasa de IPC estimada hasta el 2% y recorta una décima el avance de la economía al 1,3%. Al ser preguntados por la exposición al crédito privado de la eurozona, el vicepresidente, Luis de Guindos, ha asegurado que es «mucho más limitada» en comparación con Estados Unidos, si bien es un mercado al alza. A este respecto, critican la falta de transparencia en la valoración de los activos. «Observamos que el mercado está creciendo y este tipo de actividades han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos tiempos», ha expresado. Lagarde insta a los Estados miembro a mantener el gastoEn su intervención también ha instado a los Estados a mantener las finanzas públicas «saneadas» ante la «urgente necesidad» de reforzar la economía. «Las respuestas fiscales a la perturbación de los precios energéticos deben ser temporales, específicas y adaptadas», comenta en una clara advertencia a los Gobiernos de que desplieguen programas de ayuda similares a los puestos en marcha en 2022. En el caso de España, estas abarcaron desde ayudas al transporte a facilidades para realizar el cambio de tipo variable a fijo en la hipoteca en el caso de España. Está previsto que el Gobierno español celebre un Consejo de Ministros extraordinario este viernes para aprobar el decreto de medidas con las que amortiguar el impacto de la guerra de Irán. El denominado Plan de Respuesta Integral contemplará tanto medidas estructurales como coyunturales, con el foco puesto en el sector energético, uno de los más afectados.En última instancia, ha apelado a la necesidad de completar la unión de ahorro e inversiones para financiar la innovación y apoyar la transición verde. «El euro digital y el dinero mayorista de banco central tokenizado reforzarán la autonomía estratégica, la competitividad y la integración financiera de Europa, e impulsarán la innovación en los pagos», ha añadido.
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Los ataques cruzados a instalaciones e infraestructuras energéticas en Oriente Próximo están provocando fuertes turbulencias este jueves en los mercados de materias primas. El precio del barril de Brent, el petróleo de referencia en Europa, se dispara casi un 7% y roza los 115 dólares, por lo que sube ya más de un 59% desde el inicio de la guerra en Irán. Al mismo tiempo, el precio mayorista del gas en el mercado holandés TTF, que es también la referencia europea, se dispara más de un 23%, hasta los 67,3 euros por megavatio/hora, un nivel que no alcanzaba desde principios de 2023, cuando los efectos de la invasión rusa de Ucrania eran todavía palpables en la economía del Viejo Continente. La fuerte subida de ambas materias primas tiene lugar después de que Irán haya atacado un complejo de gas natural licuado situado en la localidad qatarí e Ras Lafan, sólo unas horas después de que Israel bombardeara el campo de South Pars, el mayor yacimiento de gas natural del mundo, que Teherán comparte con Catar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido a última hora de este miércoles que «Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars», si bien ha amenazado con destruirlo si Irán vuelve a atacar «a un país inocente», después de que Irán haya tomado represalias por el bombardeo israelí lanzando misiles contra el complejo de gas natural licuado (GNL) de Ras Lafan, en Qatar.Los precios del crudo llegaron a tocar los 119 dólares hace apenas unos días ante el temor a que el conflicto se enquiste y a que persista el bloqueo del Estrecho de Ormuz, principal arteria del comercio energético del planeta. Teherán controla en buena medida este paso y ha bombardeado a varios buques petroleros que intentaban atravesarlo, al tiempo que ha permitido el tránsito selectivo de barcos con destino a China, India o Paquistán. Por Ormuz pasa una cuarta parte de todo el petróleo que se consume en el mundo y buena parte del gas natural licuado. Nuevos ataques a buques en el Golfo Pérsico y Ormuz Los ataques a embarcaciones se han extendido también a otros puntos del Golfo Pérsico. Este mismo jueves, las autoridades marítimas británicas han informado de que un buque ha sido alcanzado por un proyectil de carácter y procedencia desconocidos a apenas cuatro millas náuticas (7,4 kilómetros) de Ras Lafan, la localidad qatarí que acoge el complejo de gas natural licuado atacado por Irán tras el bombardeo israelí contra uno de sus yacimientos de gas. Otro ataque similar ha provocado, también este jueves, un incendio en una embarcación que se encontraba a once millas náuticas (unos 17,7 kilómetros) al este de la ciudad de Jawr Fakan, en Emiratos Árabes Unidos y en el sureste del estrecho de Ormuz.»Las incertidumbres han aumentado e incluyen la gravedad de los daños, las respuestas pendientes de los países del Golfo y la capacidad militar restante de Irán», advierte Norbert Rücker, director de Investigación Económica del banco privado suizo Julius Baer. El experto cree que en los próximos días se podrá vislumbrar la probabilidad de un escenario bajista con una crisis energética más duradera e intensa. A medida que aumenta el nivel de estrés, el activismo político excesivo y las restricciones comerciales podrían intensificarse y prolongar el alza de los precios de la energía.El nerviosismo es evidente por el impacto que esta situación pueda tener en los combustibles y el transporte y, con ello, en los precios del resto de bienes y en la inflación general. A la espera del diagnóstico que haga el Banco Central Europeo (BCE) este mediodía, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener los tipos de interés en su reunión del miércoles y su presidente, Jerome Powell, reconoció que el conflicto afectará a la inflación, aunque de manera «incierta».
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El Gobierno hace finalmente público su descontento con la operación de fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha remitido esta misma noche un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador de los mercados bursátiles, en el que muestra su «preocupación por la influencia que el conflicto de interés está teniendo en el análisis» de una posible integración entre ambas compañías «a pesar de las medidas de mitigación» que se han puesto en marcha. En el comunicado remitido al regulador, la SEPI, dueña de un 28% de Indra, incide en que la fusión «no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo». Por el contrario, el vehículo inversor del Gobierno defiende que este conflicto «sea resuelto» de cara a poder continuar el análisis de la operación y «adoptar una decisión sobre la misma que sea lo más ventajosa para Indra». El presidente de Indra, Ángel Escribano, es propietario de EM&E junto a su hermano Javier. El comunicado del brazo inversor del Ejecutivo supone la primera declaración pública de la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda sobre este conflicto y se produce después de que los titulares de Economía y Transformación Digital, Carlos Cuerpo y Óscar López eludiesen este martes pronunciarse sobre la continuidad al frente de Indra ante los rumores que vienen agitando su cotización en la última semana.La multinacional española celebrará su consejo de administración el próximo 25 de marzo y, si bien el orden del día no se ha hecho público, todo apunta a que en él se abordará la operación, puesto que este órgano había acordado crear una comisión con consejeros independientes para supervisar la operación y gestionar el «conflicto de interés».El pasado mes de junio, Escribano recibió un respaldo casi unánime de los accionistas, con un 98,49% de votos a favor de su ratificación. A la vez, el directivo cuenta con el beneplácito de los distintos fondos de inversión que tienen presencia en el accionariado de la empresa, como Amber o Thrid Point, que ya se expresó al respecto pidiendo que la operación con su compañía familiar saliese adelante.Cuando el mismo Escribano fue consultado por su situación este lunes, el directivo insistió en su postura neutral en la compra de EM&E. «Como todos bien sabéis, yo estoy totalmente al margen de la operación. Es un proyecto que nació antes de que yo fuera presidente de Indra» defendió durante un encuentro de defensa organizado por el diario Expansión. En este contexto, el CEO de Indra, José Vicente de los Mozos, aseguraba semanas atrás que, cuando tuviera formadas todas las opiniones sobre esta potencial operación se sentaría con el consejo de la empresa española, dado que él lleva el asunto «personalmente».Al margen de la SEPI, la compra también se estudia con detalle desde la CNMV, que estrechó el cerco sobre la operación el mes pasado al exigir a Indra, siete meses después, que hiciese público el protocolo en el que se acordó crear una comisión ad hoc para gestionar posibles conflictos de interés que pudieran surgir en a la operación prevista entre su empresa y EM&E. En el protocolo se explica que el objetivo es velar por los mejores estándares de gobierno corporativo y se establece, por ejemplo, que los consejeros o directivos, que pudieran verse afectados por determinados conflictos de interés directa o indirectamente se abstengan de participar.
La Reserva Federal (Fed) opta por el esperar y ver con los tipos de interés y mantiene las tasas en un rango objetivo de entre el 3,5-3,75%. El organismo salda uno de los últimos encuentros de política monetaria con Jerome Powell al frente sin cambios. La elevada incertidumbre derivada de la guerra en Irán aleja la posibilidad de recortes con el reto de cumplir el doble mandato que tiene encomedado el banco central, que conjuga el objetivo de la estabilidad de precios con la meta de alcanzar el máximo nivel de empleo. «Las repercusiones de los acontecimientos en Oriente Próximo para la economía estadounidense son inciertas. El Comité está atento a los riesgos que afectan a ambos aspectos de su doble mandato», explican desde el organismo. A diferencia de otras ocasiones, en las que la división en el seno de la Fed era más evidente, en este caso solamente ha votado en contra de la decisión Stephen I. Miran, el gobernador díscolo, el resto de los once miembros han optado por mantener tipos. La economía estadounidense ya daba síntomas de agotamiento antes del inicio del conflicto. El mercado laboral cerró febrero con la destrucción de 92.000 puestos de trabajo en contraste con la creación de 126.000 empleos registrados el mes anterior, a la vez que la tasa de desempleo, por su parte, ha repuntado un 4,4%, una décima más. En contraste, el índice PCE, que sirve de referencia para la Fed para monitorizar la inflación, se situó en enero en el 2,8%, por debajo de lo esperado. Todo apunta a un repunte de este indicador impulsado por la escalada del petróleo, que ya registra un avance superior al 46% desde el inicio de la escalada de tensión en Oriente Próximo. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha disparado los futuros del ‘oro negro’.
Banco Santander celebrará el próximo 27 de marzo la junta de accionistas 2026, en cuyo orden del día figura una ampliación de capital para financiar parte de la compra de Webster Bank. La entidad cuenta con el visto bueno de los grandes asesores de voto, que recomiendan a los inversores votar a favor de este punto. La entidad cántabra anunció el pasado febrero un acuerdo para hacerse con Webster Bank por 12.200 millones de dólares, equivalente al 4% de los activos totales del grupo. No obstante, el ‘proxy’ español Corporance pone el foco en la ausencia de un informe independiente por parte del Santander. «Consideramos que se podría haber facilitado a los accionistas información adicional, en particular sobre las repercusiones sociales de la adquisición y un informe independiente sobre el precio. No obstante, el banco ha presentado una sólida justificación de la adquisición y el nivel de dilución es mínimo», agrega tras remarcar que podría destinar parte del montante presupuestado para recompras de acciones a otros proyectos o inversiones ya comprometidas, como la citada compra en el mercado norteamericano o en Reino Unido. La adquisición posicionaría a Banco Santander entre los diez principales bancos comerciales en Estados Unidos, con la que ampliaría de forma significativa su presencia en uno de los mercados bancarios «más atractivos y prósperos» del país, esto es, la región noroeste, indican desde el citado ISS, el mayor ‘proxy’ del mundo, que apoya todas las medidas a aprobar en junta, a igual que Glass Lewis. «El aumento de acciones, equivalente al 2,2% de los títulos en circulación, no diluiría significativamente el valor de las acciones y la propuesta de adquisición está alineada con la estrategia de crecimiento inorgánico de la empresa», expresan desde ISS. Con ello, aluden a la venta del 49% de su filial en Polonia al austríaco Erste por 7.000 millones de euros, que le ha generado una plusvalía de 1.900 millones de euros, así como a la compra de TSB, la filial británica de Banco Sabadell, por 3.100 millones de euros. En este sentido, se muestra a favor de la medida, que implicará un aumento del capital social por un importe de 167,4 millones de euros con la emisión de 334.809.216 nuevas acciones en circulación. Los accionistas de Webster recibirán 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones de Santander dando lugar a una contraprestación total de 75 dólares por acción. Dicha ampliación sirve para financiar el 35% de la oferta. En la misma línea, Glass Lewis expone «la suma de los factores disponibles sugiere que la transacción merece el apoyo de los inversores en este momento», si bien puntualiza que el consejo de administración no detalla la participación de asesores externos, pero sí reconoce brevemente que contó con el apoyo de Centerview Partners, Goldman Sachs y Bank of America para determinar las condiciones económicas. «Aunque no se dispone de información precisa sobre las contribuciones de cada asesor a la revisión del consejo al momento de este informe, reconocemos que cada una de las partes mencionadas es reconocida y creíble, y que su participación contribuye a la impresión de que la forma y el monto de la contraprestación fueron minuciosamente analizados antes de la firma del acuerdo actual», subrayan. La importancia de las recomendaciones que emiten los asesores de voto radica en que sirve de guía a los grandes fondos a la hora de posicionarse. Desde la entidad presidida por Ana Botín explican que la operación se enmarca dentro de su estrategia de acometer compras complementarias, las denominadas adquisiciones ‘bolt-on’ con el objetivo de acelerar el crecimiento en sus mercados principales. Una vez formalicen esta operación, Banco Santander descarta acometer una adquisición de estas características, con la que constata la intención de crecer vía orgánica. El plan estratégico contempla un beneficio de casi 20.000 millones en 2028. En la junta también se votara la reelección de Sol Daurella, Antonio Weiss, Gina Díez Barroso y Carlos Barrabés, así como el nombramiento de Deborah Vieitas y la fijación del número de consejeros en quince miembros.
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Los ministros de Economía y Agricultura, Carlos Cuerpo y Luis Planas, han tomado la temperatura a la industria agroalimentaria, así como a la agricultura y la pesca sobre las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo. Todos han coincidido en la urgencia de tomar medidas ante el fuerte repunte del petróleo, así como en que el guion de las futuras ayudas se parezca al adoptado tras el inicio de la guerra en Ucrania. Fuentes consultadas apuntan hacia algún tipo rebaja o exención fiscal sobre el gasóleo profesional y Planas habría descartado rebajar el IVA de los alimentos, como pedían expresamente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), si se alargara el conflicto. El secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha pedido que “las medidas sean lo antes posible y que, dentro de lo que se pueda, sean de forma directa”, para no tener que esperar a cobrarlas, como sucedió en 2022. Desde FIAB dan la máxima importancia a que «se adopten medidas de manera ágil en función de las repercusiones de la guerra en el conjunto de la cadena alimentaria». Esta patronal cita medidas para «mitigar» el impacto de los precios energéticos. «Atajar la especulación» Antes de la reunión, el presidente de Asaja Pedro Barato ha advertido problemas «en algunos lugares» para la distribución de fertilzantes – «en una semana hemos tenido un incremento de 175 euros/tonelada», apunta – e hidrocarburos y coincidió con otros actores del sector agroalimentario en la urgencia de las medidas a adoptar de carácter fiscal y directa. Eso sí, ha matizado Barato, dirigidas a los profesionales: «Hay que ayudar a quienes gasta, al que genera empleo y riqueza», ha concluido. Desde COAG, su secretario general Miguel Padilla, ha instado a «atajar la especulación» denunciado que nada más estallar el conflicto el combustible se disparara un 41% o un 30% los fertilizantes. El máximo responsable de esta organización, agraria espera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) esté ya investigando. En UPA, su secretario general Cristobal Cano, también ha exigido «más controles» a Competencia y apostado por «una batería de medidas bien diseñada, a corto plazo y dirigida a la parte más vulnerable del sector». Cano ha lamentado que sean los agricultores y los consumidores los que paguen por la situación actual «la distribución tiene el margen suficiente para maximizar sus beneficios». ¿Rebajar la presión fiscal al combustible? El presidente de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC), Fernando Antúnez, ha agradecido la reunión y alertado «contra la situación de incremento de las materias primas», especialmente por el lado de los fletes (coste del transporte marítimo) y por la volatilidad provocada por las oscilaciones del precio del petróleo. Además, ha mostrado su preocupación por la escalada del precio de la metionina, un aminoácido esencial en la formulación de piensos. «Hemos transmitido nuestra preocupación, porque si esto se alarga, a medio y largo plazo pudiera haber alguna escasez en el aprovisionamiento», ha apuntado Antúnez quien también se ha referido la «gran dependencia» del transporte que tiene la industria de los piensos. «No hay que olvidar que siendo uno de los mayores productores de pienso somos tremendamente deficitarios»»No hay que olvidar que siendo uno de los mayores productores de pienso somos tremendamente deficitarios, nos tenemos que abastecer en la mitad que producimos», señala el presidente de CESFAC. En Pesca el Gobierno estudia “medidas estructurales”, a medio largo plazo para rebajar la dependencia del gasoil de la flota, “así como soluciones específicas para ayudar al sector a seguir con su actividad”. El secretario general de Cepesca ha hablado de apoyo, en concreto, a las flotas activas, no a las que estén paradas, al tiempo que ha recordado que lo más urgente sería rebajar en unos céntimos la factura del gasóleo.No a la rebaja del IVA de los alimentos Sobre una eventual eliminación o reducción del IVA a los alimentos, Garat ha afirmado que el departamento de Planas “no lo tiene en su hoja de ruta”. El repesentante de la asociación que reúne los armadores españoles ha destacado que, en calidad de presidente de la patronal pesquera europea Europêche, ha solicitado ya una reunión esta semana con el comisario de Pesca Costas Kadis para abrir la puerta al uso del Fondo europeo marítimo de pesca y acuicultura (FEMPA) para compensar el subida del gasóleo. El secretario general de Cepesca también ha barajado la propuesta de elevar las ayudas de estado o ‘minimis’ para que sea por empresa no por barco y su cuantía se eleve de 40.000 a 400.000 o 500.000 euros para compensar el ‘agujero’ en las cuentas que está provocando el encarecimiento del combustible. El sector pesquero pide medidas para descontar varios céntimos de la factura del gasóleo: Eso va directamente al surtido, no hay que inventar ni aprobar nada”,El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), Basilio Otero, también quiere que se tome nota de lo hecho en Ucrania e insta a dar luz verde a medidas que descuenten varios céntimos de la factura del gasóleo para uso pesquero. ”Eso va directamente al surtido, no hay que inventar ni aprobar nada”, ha apuntado. Desde Cofradías también han planteado la rebaja de las cuotas a la Seguridad Social, una decisión que se tratará la próxima semana en el seno del Instituto Social de la Marina (ISM), así como la exención en las tarifas de pesca fresca en puerto. Lo que, reconocen, deberán de tratar tanto a nivel estatal como autonómico.Acuicultura: impacto sobre piensos, oxígeno y combustibles Desde la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar) su gerente Javier Ojeda, ha apuntado también que las medidas adoptadas por la guerra en Ucrania se pueden convertir en la “plantilla” para el paquete de apoyos que se está preparando el Gobierno. Ojeda ha apuntado que “los puntos críticos” en su sector son el impacto en el precio de los piensos, el oxígeno y en los combustibles. “Ahí es donde vamos a intentar concentrar las ayudas”, ha señalado.
La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/notas/tiktoker-alejo-little-fallecio-a-los-33-anos-tras-luchar-contra-una-enfermedad-genetica/ El influencer colombiano David Alejandro Peláez Marín, mejor conocido como Alejo Little, quien medía 90 centimetros (2 …
La multinacional de fragancias y moda Puig ha tomado la decisión de separar los cargos de presidente y consejero delegado (CEO), en cumplimiento con las mejores prácticas de las compañías cotizadas. La compañía que salio Bolsa en mayo de 2024, y ya es miembro del Ibex 35, ha nombado a José Manuel Alesa como nuevo CEO de la cotizada con efecto inmediato, mientras que la presidencia continuará en manos de Marc Puig que venía compaginando ambos cargos. Así lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la que también ha informado de más cambios en su cúpula: Miquel Serra será el nuevo máximo responsable financiero (o CFO, Chief Financial Officer) sucediendo a Joan Albiol, que ocupaba esta posicióni desde 2009, y que continuará como secretario del consejo de administración reportando a Marc Puig. Unos cambios que deberá ratificar la próxima junta general de accionistas prevista para mayo. Desde la cotizada aseguran que este cambio en la gobernanza es el fruto de «un proceso riguroso y formal iniciado hace más de un año», que también ha supuesto «un exhaustivo proceso de evaluación y sucesión, así como una amplia revisíon de candidatos tanto internos como externos». Albesa alcanza el cargo de consejero delegado tras ostentar responsabilidades sobre las operaciones globales de la multinacional y todas las divisiones de Puig, como Deputy CEO y presidente de Beauty and Fashion. Se incorporó a Puig en 1998 y ha ocupado diferentes responsabilidades en el desarrollo de marcas, marketing y operaciones, además de haber participado directamente en la expansión internacional del surtido de fragancias y moda de la multinacional. El nuevo máximo reponsable de Finanzas, Miquel Ángel Serra, que sucede al veterano Joan Alibiol mantendrá interlocución directa con el nuevo CEO José Manuel Alesa. Serra fue antes vicepresidente , Corporate Controlling & Investor Relations de la compañía y, según ha informado Puig, aporta «una amplia experiencia en finanzas, gestión del performance y de los mercados de capitales dentro de la compañía». «Nuevo capítulo en la gobernanza de la compañía» El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, ha apuntado que «el consejo de Puig abre un nuevo capítulo en la gobernanza de la compañía» y puesto en valor que la separación de los cargos de presidente y consejeor delegado reponden a las mejores prácticas corporativas. «He trabajado estrechamente con José Manuel y estoy plenamente convencido de su su talento, liderazgo y visión le conviernte en la persona idónea para ser CEO de Puig», ha apuntado Puig quien ha destacado el «produndo conocimiento» de la compañía que tiene Alesa. El nuevo CEO ha elogiado «el espíritu emprendedor, los valores y la creatividad que sustentan nuestra empresa siguen siendo fundamentales para el futuro que construiremos juntos». Alesa ha destacado que «el talento, compromiso y creatividad están en el corazón de todo lo que logramos» y subrayado que «aún queda mucho potencial por delante». Sobre la nueva etapa que su nombramiento abre en la cotizada, José Manuel Alesa ha instado a «renovar nuestra energía, afinar nuestro enfoque y construir sobre aquello que hace único a Puig, y me ilusiona continuar este viaje junto a Marc Puig y todos nuestros equipos”.