Vida Gerente

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acelera con los trámites para subir el salario mínimo interprofesional (SMI). Díaz ha reunido este jueves al comité asesor designado por el ministerio para que empiece a elaborar una propuesta de incremento del SMI que tengan en cuenta la inflación -y en particular, cómo afecta a los hogares más pobres- y la situación de crecimiento económico que vive el país. Así como la evolución del resto de los salarios o el incremento de la productividad que, según Trabajo, acompaña al aumento en el empleo. Lo que no ha aclarado Díaz es qué dato de inflación servirá de referencia para definir la subida, algo que ha dejado a decisión de la comisión de expertos. La cuestión no es baladí, dado que las últimas cifras de IPC (4,9% en septiembre) son considerablemente más elevadas que la media mensual acumulada (3,2%), aunque la vicepresidenta ha mencionado el 4,9% en las dos ocasiones que ha mencionado la cuestión. Una subida del salario mínimo del 4,9% implicaría elevar esta retribución en casi 60 euros al mes, situándola en 1.281 euros brutos al mes en 14 pagas (17.932 euros brutos al año). En cambio, un incremento cercano al 3,2% elevaría esta renta en 39 euros al mes hasta situarla en 1.261 euros en 14 pagas (17.641 euros al año).La ministra encargada de la política laboral del Gobierno ha dado de plazo a sus expertos hasta que concluya octubre o a más tardar los primeros días de noviembre para que emitan el informe que sirve de base para que Trabajo negocie con los agentes sociales. El año pasado, el comité presentó sus conclusiones el 11 de diciembre, más de dos meses después de haber celebrado su primera reunión. Una vez se conozca la conclusión de los asesores, Trabajo reunirá a sindicatos y patronal para aprobar la mejora retributiva. Por el momento, las organizaciones sindicales, centradas en la huelga general, no se han pronunciado sobre su propuesta de subida. Mientras que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha tachado de «electoralista» que el Gobierno pretenda aprobar dos subidas del salario mínimo el mismo año. Habida cuenta de lo apretado de los tiempos, la subida del salario mínimo podría aprobarse coincidiendo con la campaña electoral. «Me gustaría que la mesa de diálogo social hiciera las tareas lo más rápido posible, pero no depende de mí», ha señalado Díaz en una comparecencia ante los medios posterior a la reunión. Es importante recordar que la subida del SMI es una prerrogativa del Gobierno, que solo necesita publicar un decreto con su contenido sin someterlo al Parlamento.La vicepresidenta ha quitado hierro al hecho de que el proceso se inicie con las elecciones ya convocadas sin esperar a que se defina el nuevo Gobierno. «El proceso sigue su curso absolutamente normal, sigue la lógica de los ejercicios anteriores», ha señalado en varias ocasiones. «El tiempo va a ser el mismo, pero es evidente que la vida de las las empresas y los trabajadores no se detiene porque haya un proceso electoral», ha agregado. Tanto Díaz como la presidenta de la comisión asesora, la académica Begoña Cueto, han defendido que el método para calcular la subida ya está asentado, lo que debería agilizar los pasos. «Tenemos una reflexión acumulada y un estudio acumulado que fue intenso estos años», ha señalado Díaz. «Intentaremos ser muy concisos y sintéticos respetando la estructura que ha seguido el informe para mantener la coherencia», ha agregado la presidenta del grupo de expertos. La vicepresidenta ha hecho referencia también a los márgenes empresariales de las empresas españolas que, ha dicho, «duplican los europeos en todos los sectores» y están «en máximos». «Nunca en la historia de la democracia han alcanzado estos márgenes, para tenerlo en cuenta. Toca ajustarse el cinturón por arriba, no por abajo», ha añadido. Díaz ha hecho, además, un llamamiento a las empresas a que suban los salario. «La mediana salarial son 1.700 euros, este país necesita mejores salarios. Sería conveniente que repartamos la riqueza en nuestro país. Con 1.700 euros se corren enormes dificultades con la vivienda o la alimentación», ha añadido. 

Los inquilinos tendrán una nueva ventaja fiscal a partir de 2027. El Gobierno ha aprobado una deducción estatal por el alquiler de la vivienda habitual que permitirá recuperar a través del IRPF hasta 1.163 euros al año, pero, ojo, no todos los arrendatarios podrán beneficiarse de la misma cantidad. La deducción está vinculada a los ingresos del contribuyente y se reduce progresivamente a medida que aumenta su base imponible.La medida aparece recogida en el Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 7 de octubre, y tendrá efectos desde el 1 de enero de 2027. Por tanto, se aplicará al alquiler correspondiente a ese ejercicio y no supone una deducción adicional para la declaración de la renta que se presente en 2027 por los ingresos de 2026.¿Quién podrá beneficiarse de la deducción por el alquiler?La nueva deducción está dirigida a los contribuyentes que tengan una base imponible inferior a 33.007,20 euros anuales. Este punto es importante porque el límite no se establece directamente sobre el salario bruto, sino sobre la base imponible que resulte a efectos del IRPF. La deducción será, con carácter general, del 10% de las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual. Sin embargo, existe un límite máximo sobre la cantidad de alquiler que puede utilizarse para calcular esa deducción.Cuando la base imponible del contribuyente no supere los 23.007,20 euros, la base máxima de la deducción será de 11.630 euros. Al aplicar sobre esa cantidad el 10%, el beneficio fiscal máximo alcanza los 1.163 euros al año. Esto significa que para conseguir la deducción máxima no basta con pagar un alquiler elevado. También es necesario encontrarse dentro del tramo de ingresos más bajo establecido por la norma.¿Qué ocurre si se ganan más de 23.007 euros?La deducción no desaparece automáticamente cuando la base imponible supera los 23.007,20 euros. En ese caso, el límite sobre el que se calcula se va reduciendo progresivamente hasta llegar al segundo umbral establecido por la norma: 33.007,20 euros. Para calcular esa reducción, el decreto establece que a los 11.630 euros de base máxima se le reste el resultado de multiplicar por 1,163 la diferencia entre la base imponible del contribuyente y los 23.007,20 euros.Por ejemplo, una persona con una base imponible de 25.000 euros todavía podría beneficiarse de la deducción, pero sobre una cantidad inferior a los 11.630 euros.Cuanto más se acerque su base imponible a los 33.007,20 euros, menor será el importe que podrá deducirse. De esta forma, la medida establece una especie de transición entre quienes tienen las rentas más bajas y quienes se encuentran cerca del límite máximo.El decreto también establece condiciones relacionadas con la vivienda. Durante al menos la mitad del periodo impositivo, ni el contribuyente ni los miembros de su unidad familiar podrán ser titulares de la totalidad del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda situada a menos de 50 kilómetros de la vivienda alquilada. La norma contempla una excepción cuando exista una resolución administrativa o judicial que impida utilizar esa otra vivienda como residencia.Una medida pendiente del trámite parlamentarioPara finalizar, cabe aclarar que esta medida todavía no tiene carácter definitivo. El Real Decreto-ley 29/2026 ha sido aprobado por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero deberá ser sometido a debate y votación para su convalidación o derogación dentro de los 30 días siguientes a su promulgación, tal y como establece el artículo 86 de la Constitución. En el contexto actual, con las Cortes Generales disueltas por el adelanto electoral, el trámite corresponde a la Diputación Permanente del Congreso. 

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La Comisión Europea trabaja en un paquete de medidas para limitar las importaciones de vehículos híbridos chinos a la región, en un momento en el que los fabricantes del bloque atraviesan una grave crisis y en el que las ventas de coches del gigante asiático suponen ya una de cada cuatro. Según han confirmado a Bloomberg de fuentes próximas a estos trabajos, Bruselas prevé activar las medidas de salvaguardia que permiten a la UE restringir los productos de un sector si se ha producido un aumento repentino de las importaciones a territorio europeo.Una forma en que la Comisión puede aplicar estas medidas es mediante el uso de aranceles a las importaciones que superen un determinado volumen. El límite propuesto por la UE no sería permanente, sino que tendría una duración limitada, según explican las mismas fuentes. El objetivo sería utilizar los coches híbridos como un test que, de funcionar, podría llevar a las autoridades comunitarias a impulsar las mismas medidas en otros sectores en los que se aprecian desequilibrios comerciales.El responsable de comercio de la UE, Maros Sefcovic, viajará a Pekín a finales de esta semana para reunirse con su homólogo chino, Wang Wentao. La decisión final dependerá de cómo se desarrollen finalmente esas conversaciones, si bien Bruselas trata de buscar un punto de equilibrio para evitar que las autoridades chinas tomen represalias.El déficit comercial de la UE con China supera los 1.000 millones de euros diarios, y la Comisión se ha esforzado por endurecer su política comercial para proteger a los sectores europeos que se ven afectados por las importaciones del gigante asiático. Los Veintisiete se reunirán a mediados de octubre para analizar la situación y los posibles nuevos instrumentos que pueden utilizar para contrarrestar las prácticas comerciales chinas.Protegerse y diversificar las cadenas de suministroLa Comisión tiene previsto presentar antes de fin de año una serie de herramientas para abordar el desequilibrio comercial y diversificar las cadenas de suministro del bloque. Bruselas y Pekín iniciaron negociaciones a principios de este año, y la UE fijó octubre como fecha límite para lograr resultados tangibles que permitan alcanzar una relación comercial más equilibrada.Además del comercio y la inversión, las negociaciones también se han centrado en los derechos de propiedad intelectual, la reforma de la Organización Mundial del Comercio y los controles de exportación, donde Europa busca agilizar trámites para el suministro de materias primas esenciales por parte de China. El bloque también pretende que China mejore el acceso a su mercado reduciendo las barreras comerciales y flexibilizando las restricciones sobre productos como el brandy, la carne de cerdo y los lácteos.Hasta ahora, Pekín se ha mostrado dispuesta a dialogar sobre inversiones e impulsar las importaciones procedentes de la UE, pero se ha mostrado reacia a explorar maneras de controlar sus propias exportaciones. Según las fuentes, no está clara la respuesta de Pekín, que ya se opuso anteriormente a la propuesta de limitar de forma voluntaria las exportaciones de automóviles híbridos.Cuota récord en el mercado europeoLos fabricantes de automóviles chinos alcanzaron una cuota récord del mercado automovilístico europeo en agosto, con marcas como BYD, que han llegado a representar casi el 12% del total de ventas de coches nuevos en la región. Estas marcas suponen una de cada cuatro ventas de todos los híbridos, o una de cada tres en el caso de los enchufables.Actualmente, los vehículos híbridos chinos no están sujetos a los mismos aranceles que las importaciones de vehículos eléctricos procedentes del país. Pekín ha impulsado la sustitución de estos aranceles por los denominados compromisos de precios, un mecanismo para controlar el volumen total de exportaciones mediante el establecimiento de precios mínimos.A principios de esta semana, Francia y Alemania propusieron que la UE desarrollara y adoptara una nueva herramienta que pudiera restringir el acceso al mercado único del bloque en caso de una guerra comercial. Las dos mayores economías de la UE también instaron a Bruselas a iniciar nuevas investigaciones comerciales en áreas críticas como la química.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/notas/kylie-jenner-debutara-como-actriz/ Kylie Jenner está lista para dar el siguiente paso en su carrera; y es que, además de su faceta …

La huelga general convocada por los sindicatos se celebrará el próximo miércoles 11 de noviembre, según ha confirmado este miércoles el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una entrevista en RTVE. La fecha coincide con la que había propuesto la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), que ha promovido esta movilización por el derecho a la vivienda. De este modo, la huelga general se celebrará dos días antes del inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dado su visto bueno a la convocatoria de huelga y al día fijado. «No es campaña electoral y es una fecha que han elegido los sindicatos. Nosotros no tenemos nada que añadir, pero compartimos los motivos por los cuales los sindicatos quieren reivindicar salarios más altos y un derecho a una vivienda a un precio asequible», ha dicho.CCOO y UGT acordaron este lunes la convocatoria de una huelga general de 24 horas, una movilización impulsada por los sindicatos de inquilinas, a la que también se han sumado CGT, CIG o ELA. Las centrales sindicales dieron este paso tras el rechazo en el Congreso de los Diputados a los decretos sobre vivienda el pasado viernes y que fueron de nuevo aprobados este martes por el Consejo de Ministros con algunas modificaciones. Según los sindicatos, la huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales «que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda».El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha insistido en que la huelga general acordada junto a UGT «no va solo de vivienda», sino también de impulsar una subida de los salarios, en un momento de bloqueo de la negociación con la patronal CEOE. La CEOE considera que es una huelga ilegalEl anuncio de la huelga general, la primera que convocan CCOO y UGT desde 2012 y, por tanto, la primera de la era Pedro Sánchez, ha sido criticado duramente por los empresarios, que ven en esta protesta un claro trasfondo político y electoral.La CEOE y Cepyme han calificado de «inadmisible» la huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios al considerar que busca trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno, al tiempo que han puesto en duda su «encaje jurídico».De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha denunciado que no es una huelga general que responda a motivos laborales y que podría ser ilegal. Algunos sindicatos, como CSIF, ya han manifestado que no secundarán este paro general, en el que ven «indicaciones políticas».Para lograr ese encaje laboral, los sindicatos han ampliado el alcance de la reivindicación más allá de la vivienda al reclamar también mejores salarios para poder acceder a un inmueble. «No es una huelga ilegal, primero porque la vivienda y los salarios tienen una relación directa. No podemos pensar que en la vida todo transcurre en el marco de la negociación en las empresas», ha dicho Pepe Álvarez.

«En 1492 Colón llegó a América. En 2026 ING llega a Colón». Con este eslogan que se puede leer en las marquesinas de los autobuses de la plaza Colón en Madrid, la entidad holandesa ha arrancado una campaña para promocionar sus nuevas oficinas, que se ubican en el Paseo de la Castellana 2. Bajo el concepto de ‘flagship’, la filial española del grupo ha inaugurado este espacio con el que abre nueva etapa en España. Según ha avanzado el director general, Alfonso Tolcheff, ING dará el pistoletazo de salida a su unidad de banca privada el próximo 28 de octubre. El inicio de las operaciones en este segmento se produce tras la compra del 84,5% de Singular Bank al fondo Warburg Pincus, transacción que lideró junto a ProA Capital, Actinver y varios family offices. «La flagship nace para ayudarnos a remar en esta nueva dirección», ha precisado. En este sentido, arrancarán con un equipo de 35 banqueros, con la intención de llegar a 40 profesionales en el corto plazo, para atender a unos 5.000 clientes. «La apuesta por banca privada parte de la idea de movilizar el ahorro hacia la inversión», ha remarcado Tolcheff. El ticket mínimo de entrada lo han fijado en 500.000 euros invertidos. El buque insignia consta de 1.800 metros cuadrados repartidos a través de cuatro plantas y una terraza. El espacio, propiedad de Inbest GPF SOCIMI, es el más grande de ING en España. Prestarán todo tipo de servicios, desde banca de particulares a banca corporativa y de inversión, así como privada. Más adelante estará disponible también para empresas, área que todavía se encuentra en pañales. La previsión de ING pasa por tenerla lista en 2027. En un inicio arrancarán con pymes y autónomos y lo harán con un grupo reducido de clientes. En paralelo, Tolcheff también ha abordado la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa el país. «Tenemos que hacer todo lo que está en nuestra mano para abordar el problema», ha zanjado. A este respecto, ha recordado que la mitad de las hipotecas que conceden son para jóvenes menores de 36 años. A su juicio, la solución al problema pasa por construir más casas y agilizar los trámites administrativos. En cambio, considera que el problema no está en el crédito promotor, que atraviesa un momento «saludable». Preguntado si se puede producir un freno en el crecimiento de la demanda de hipotecas, el máximo responsable de ING en España considera que todavía es pronto para extraer conclusiones. 

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Una de las preguntas más buscadas por los conductores cada año es por qué sube el precio del seguro aunque no hayas registrado ningún parte a tu compañía. Casi siempre la respuesta está en la manera en que se calcula la prima, que no sólo depende del historial de siniestros, sino del coste real de la cobertura de la póliza y del riesgo del conjunto de asegurados. Dicho de otro modo, el precio sube porque más allá de la situación individual de cada uno, tiene en cuenta otras variables de mercado. Entre ellas figuran el coste de las piezas, de la reparación y de la mano de obra, así como la antigüedad del vehículo. A más antiguo, mayor es el precio a pagar por el seguro. Por tanto, si todos los costes se encarecen, la tarifa se ajusta al alza aunque no hayas necesitado usarlo. También hay que tener en cuenta las coberturas, pues la tarifa no es un gasto arbitrario. Por el contrario, es un reflejo de los bienes que protege. Los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan que la póliza de automóviles es la tipología que menos se ha encarecido desde la pandemia de Covid-19. En comparación con julio de 2019, el coste de los seguros de automóvil ha registrado un encarecimiento de casi el 35%, cifra que supone la mitad de la contabilizada en el ámbito de salud, en cuyo caso llega al 67%. La Información Económica lanza este nuevo episodio de ‘Economía Indiscreta’, una serie de contenidos audiovisuales de carácter divulgativo con la que buscamos contribuir al debate público-económico. En el anterior, publicado hace justo una semana, se abordaba si subir el salario mínimo destruye empleo. 

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Sobre el papel, la legislatura que termina ha sido la de los contrastes. La de unas cifras económicas sólidas, con un fuerte crecimiento del PIB y del empleo y en la que las familias han recuperado renta disponible; pero también ha sido un periodo en la que la transferencia de esa mejora al bienestar de los hogares ha sido desigual y se ha visto limitada por el efecto de la inflación acumulada, por el encarecimiento de la vivienda y por una distribución de la riqueza muy favorable a aquellos que ya eran propietarios de inmuebles.España ha resistido un entorno de incertidumbre a nivel internacional como la economía más dinámica entre las grandes de la Eurozona. Su crecimiento se ha mantenido robusto y ha despuntado también con respecto a otros países desarrollados. Sólo el año pasado el PIB avanzó al 2,6%, pese a agravarse la tensión en Oriente Próximo y Ucrania o la guerra de aranceles.El crecimiento de la actividad ha estado respaldado en buena medida por el tirón del mercado de trabajo, que alcanzó el récord de 22,4 millones de cotizantes a cierre de septiembre, y ha venido generando a su vez una recaudación histórica para las arcas públicas a través de las principales figuras tributarias. La tasa de paro ha caído hasta el 9,87%, en mínimos desde 2008, antes de que estallase la crisis financiera. El contrapunto a estas cifras lo ha puesto el precio de la vivienda, que se ha disparado de media más de un 36% entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo de este ejercicio, según el índice de Precios de la Vivienda que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso del alquiler -y a falta de cifras oficiales- se ha encarecido de media un 23% a lo largo de la legislatura, de acuerdo con los datos que recaba el portal inmobiliario Idealista.Estas subidas han provocado que alquilar una vivienda sea de media unos 379 euros más caro al mes que pagar una hipoteca, lo que ha consumido una parte notable del presupuesto de las familias y, en muchos casos, les ha impedido ahorrar. Para los jóvenes esa ha sido una barrera infranqueable a la hora de poder acceder a una vivienda en propiedad. Es lo que EAE Business School denomina «la trampa del ahorro imposible».La última Encuesta Financiera de las Familias publicada por el Banco de España viene a corroborar esta idea. La tasa de hogares con una vivienda en propiedad se sitúa en mínimos históricos, en el 70,6%, muy por debajo del máximo del 82,5% registrado en 2011. En el caso de los menores de 35 años, el porcentaje de quienes poseen un inmueble en propiedad se reduce hasta el 36,7%.Llenar la cesta de la compra no ha sido más fácil. Incluso en los momentos en los que la inflación apenas ha subido, los precios se encontraban ya en un nivel elevado por los incrementos que han venido registrando desde la pandemia de Covid, algo que ha sido más evidente en el caso de la alimentación y de los servicios. “El consumo de los hogares ha presentado en España una debilidad considerable tras la pandemia y su recuperación ha sido menos intensa de lo que habría cabido esperar según la evolución de sus rentas”, apunta el organismo capitaneado por José Luis Escrivá en su Boletín Económico.  Desde CaixaBank Research añaden que si la inflación en bienes básicos (vivienda, energía, alimentos o servicios) se mantiene o sube, el poder adquisitivo real de los hogares puede no mejorar, incluso aunque suba la renta nominal.Por ello, parte del crecimiento puede concentrarse en sectores productivos específicos, inversión o servicios, pero no necesariamente en los que emplean a la mayoría de hogares, por lo que «la distribución del crecimiento no es homogénea». En la entidad ponen como ejemplo la vivienda, cuyas tensiones hacen que, incluso con una economía que avance a buen ritmo, comprar o alquilar un piso siga siendo difícil para muchos hogares, lo que incrementa la presión sobre los ingresos disponibles.

Banco Sabadell blinda su accionariado y alcanza un acuerdo amistoso con el grupo francés BPCE, que ha adquirido una participación del 7% en la entidad catalana. Si bien el importe se desconoce, el paquete accionarial podría estar valorado en unos 1.200 millones, teniendo en cuenta que el lunes cerró con una capitalización bursátil de 16.947 millones. La adquisición abre la puerta al consejo de administración con la intención de convertirse en un accionista estable. Según explican en el comunicado remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ambas partes prevén estudiar una cooperación «estratégica empresarial para poner las capacidades de BPCE a disposición de los clientes de Banco Sabadell y generar valor adicional de forma conjunta». En concreto, tienen la intención de explorar oportunidades de negocio, en particular en banca corporativa y de inversión, leasing de bienes de equipo, crédito al consumo y negocio internacional de clientes. Las conversaciones, que se cerrarán a principios de 2027, tienen por objetivo identificar ámbitos en los que la cooperación pueda apoyar el desarrollo de Banco Sabadell en España y, al mismo tiempo, reforzar la presencia europea de BPCE. El grupo, resultado de la unión de varias cajas de ahorros, es el segundo grupo bancario de Francia y el cuarto de la eurozona por capital, es dueño de Natixis y cuenta con una participación mayoritaria en la financiera Oney. Cabe recordar que el año pasado se impuso en la puja frente a CaixaBank para hacerse con Novobanco. «Su decisión de invertir en Banco Sabadell constituye un reconocimiento a la solidez de nuestro proyecto en solitario, al trabajo realizado por nuestros profesionales y las oportunidades de crecimiento que tenemos por delante. Su presencia refuerza la fortaleza  y la estabilidad de nuestra base accionarial», ha indicado el presidente no ejecutivo del Sabadell, Josep Oliu. El consejero delegado de BPCE, Nicolas Namias, ha destacado que la inversión en la entidad española «encaja plenamente» en el plan estratégico Visión 2030 y representa un paso adicional en la estrategia de crecimiento y diversificación de su presencia en Europa. El movimiento, según ha explicado, refleja el potencial de crecimiento que dan a largo plazo al Sabadell. «Su posición de liderazgo en España, combinada con la experiencia y las capacidades internacionales de Grupo BPCE, generan prometedoras oportunidades de cooperación y de creación de valor tanto para nuestros clientes como para la economía española», ha añadido tras expresar que priorizan las geografías en las que ya operan. BPCE no tiene intención de elevar su participación más allá del 9,9%, límite establecido para que no necesite la autorización del Gobierno. Con este movimiento, el Sabadell arma un núcleo duro de accionistas al que se suma la aseguradora Zúrich, su proveedor de seguros, que posee casi un 5% del capital. La compañía suiza se hizo fuerte en el accionariado para proteger su alianza frente a la OPA de BBVA, que finalmente no salió adelante. BlackRock figura como accionista principal con una participación indirecta del 8,4%. El mexicano David Martínez, por su parte, que controlaba un 3,8% en el momento de la citada OPA, movimiento que avaló, perdió la condición de accionista de referencia tras reducir sus acciones al 1,94%. El movimiento se produce en pleno debate sobre las fusiones transfronterizas en Europa, de la que Banco Sabadell es defensor, si bien admite la dificultad de las mismas ante la falta de sinergias. Desde el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea vienen tiempo poniendo el foco en la necesidad de impulsar las fusiones entre bancos de diferentes países y la regulación bancaria que prepara Bruselas rema en esta dirección. La operación es similar a la acometida por otro banco francés: Crédit Agricole, que anunció el pasado junio la adquisición del 9,9% del grupo cooperativo Cajamar por 150 millones. En este caso, la colaboración también se extiende a las áreas de custodia y administración de activos, factoring, leasing y renting que puedan surgir en un futuro. Banco Sabadell cotiza con un rebote del 2,8%, hasta los 3,6 euros por título, 

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El presidente de Fluidra, Eloi Planes, no ha tenido un debut plácido en su primer congreso al frente del Instituto de la Empresa Familiar. El empresario barcelonés se ha visto obligado a maniobrar su discurso en la inauguración a la que también estaba citado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de ‘congelar’ su agenda para formalizar el adelanto electoral. Una decisión, que, inevitablemente, marcará el guion de este encuentro en el que se dan cita hasta el martes una larga lista de autoridades y referencias del empresariado español.En la apertura de este congreso, Planes ha aprovechado los focos para hacer un llamamiento a la estabilidad institucional. «Los empresarios queremos que nuestro país avance. Queremos invertir, crear empleo, asumir riesgos y dejar empresas mejores a quienes vendrán después. Y para hacerlo necesitamos un país que funcione, un país que nos acompañe. Una fiscalidad competitiva y un marco jurídico estable que dé confianza para invertir y crecer» ha esgrimido entre aplausos.El presidente del IEF ha seguido así el tono mantenido por su predecesor, Ignacio Rivera, para instar a las instituciones a «reconocer el papel que la empresa juega en nuestra sociedad». «Necesitamos que la empresa deje de verse como un problema, como un obstáculo y empiece a verse como lo que es: una parte esencial de la solución, porque ¿cómo se puede construir un país con más bienestar y más riqueza si no se cuenta con las empresas?» ha cuestionado.El portavoz de los empresarios familiares ha abogado por priorizar el consenso en el gran debate que se avecina, algo que, a su juicio, la empresa familiar conoce bien. «No es un capricho y no significa pensar todos igual, sino ser capaces de acordar lo esencial y mantenerlo en el tiempo, porque cuando cambiamos constantemente las reglas, es muy difícil construir». Para Planes, los esfuerzos se deben concentrar en que «la moderación vuelva a ser más sexy que la polarización». «Y ahí -ha tendido la mano- encontrarán al Instituto, con voz propia, con voluntad de diálogo y siempre con una mirada constructiva, ayudando a construir los consensos que nos permitan avanzar».Con este cambio de agenda, Sánchez ha protagonizado una nueva ausencia en este congreso al que no ha acudido en los últimos ocho años. Sí lo ha hecho el Rey, quien no estará presente por primera vez en el encuentro de parientes debido a su viaje de Estado a Finlandia. No obstante, Felipe VI ha querido transmitir su apoyo a la empresa familiar a través de una carta: «Sois mucho más que una parte esencial de nuestro tejido productivo. Sois proyectos que nacen de una iniciativa personal, crecen gracias al esfuerzo compartido y adquieren una fuerza renovada con cada generación. Vuestra capacidad para crear empleo, formar talento, impulsar la innovación y vertebrar el territorio es un aporte fundamental al progreso de España. Os reitero mi afecto y mi apoyo. Sois, desde luego, un centro de gravedad de nuestro país, un punto de apoyo desde el que generar oportunidades, mantener el arraigo y proyectarnos hacia el futuro. Muchas gracias por vuestra labor y por vuestro compromiso con España».

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La Agencia Tributaria ha decidido aplazar la implantación de ‘Verifactu’ hasta la entrada en vigor de la factura electrónica para todos los obligados tributarios, es decir, en octubre de 2028, según se desprende de una nota informativa publicada por el Ministerio de Hacienda.El Gobierno ya había retrasado un año, hasta 2027, la entrada en vigor del sistema ‘Verifactu’, que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas. En concreto, estaba estipulado que el sistema fuera obligatorio a partir del 1 de enero de 2027 para empresas declarantes del Impuesto sobre Sociedades y a partir del 1 de julio de 2027 para el resto de autónomos y empresas.Sin embargo, con el objetivo de favorecer la máxima convergencia posible entre los sistemas de facturación electrónica y el Reglamento de sistemas informáticos de facturación (Verifactu), tanto desde el punto de vista normativo como técnico, se ha considerado conveniente alinear los calendarios de implantación de la normativa de facturación electrónica para pymes y autónomos y del Reglamento de sistemas informáticos de facturación.Se ha procedido, por tanto, al aplazamiento de las obligaciones pendientes de aplicación del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, –que incluye el reglamento de Verifactu– hasta octubre de 2028, para hacerlas coincidir con la obligatoriedad de la factura electrónica para empresarios y profesionales cuya facturación anual no supere los 8 millones de euros.Según apunta Hacienda en la nota recogida por Europa Press, una vez aprobada dicha alineación de los calendarios de implantación, se abordará una modificación centrada en conseguir la convergencia de los ámbitos de aplicación y ciertos aspectos técnicos de la normativa vigente teniendo en cuenta los futuros requisitos de reporte digital derivados de la directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age o IVA en la Era Digital).En todo caso, las exigencias establecidas en el reglamento de ‘Verifactu’ en materia de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, así como las restantes garantías técnicas del sistema, se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes a los previstos en su desarrollo normativo actual.Los asesores fiscales celebran que el calendario se alineeLa Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha recordado a través de un comunicado que presentó en junio de este año una propuesta de hoja de ruta para la transición de la factura electrónica – Verifactu – SII y la Directiva VIDA, propuesta elaborada por el grupo de expertos en impuestos indirectos que se presentó tanto a los medios de comunicación como a todos los grupos políticos con representación parlamentaria.»Esta acción de Aedaf derivó en que se debatiera una propuesta de modificación en el Senado, lo que ha propiciado la decisión de la Agencia Tributaria», ha recordado la Asociación. Según fuentes de Aedaf, el objetivo que perseguía la Asociación con su propuesta de hoja de ruta era buscar una transición ordenada hacia un modelo armonizado que redujera costes, evitara duplicidades y reforzara la eficiencia del sistema tributario, objetivo que se ha conseguido.»Esta coordinación permitirá, además, alinear progresivamente el sistema español con el modelo de información digital que será obligatorio en el ámbito de la Unión Europea a partir de 2030 y que hasta ahora no estaba siendo suficientemente contemplado, evitando así sucesivas adaptaciones de los sistemas de facturación en un periodo muy reducido de tiempo», ha destacado la asociación.

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO), los principales sindicatos españoles, han asegurado en las últimas horas que plantean realizar movilizaciones por la vivienda y los salarios en próximas fechas sin descartar que haya una huelga general debido al creciente descontento ciudadano, desatado tras el intento de desahucio de Maricarmen, de 87 años, y ante el rechazo el pasado viernes por una mayoría del Congreso de los Diputados a los dos decretos de vivienda promovidos por el Gobierno, lo que ha llevado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales el próximo 29 de noviembre. Así, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que el sindicato tiene previstas a lo largo de este lunes reuniones internas para ver «cómo dar soporte» a la movilización social en favor del derecho a la vivienda, sin descartar una eventual huelga general.»Vamos a continuar trabajando con las movilizaciones, tenemos reuniones para ver cómo dar soporte al movimiento social», ha afirmado en declaraciones a la Cadena Ser, donde le han preguntado expresamente si UGT convocaría una huelga general.Al respecto, «no descartamos nada», ha contestado Álvarez que, en todo caso, ha dicho que la decisión se tomará de manera conjunta en unidad de acción sindical con CC OO. La convocatoria de elecciones generales adelantadas no ha sorprendido al líder de UGT, que ha confiado en que la campaña electoral entre a fondo en los problemas de los ciudadanos, no solo en materia de vivienda, sino también de salarios y derechos laborales.En la misma línea se ha mostrado este pasado domingo Unai Sordo. El secretario general de CC OO aseguró que no descarta la posibilidad de una huelga general, al tiempo que apostó por ampliar la movilización ciudadana por la vivienda a los salarios, en un contexto en el que su organización ha venido advirtiendo sobre la llegada de un otoño «de precios altos», ante la inflación generada por la guerra en Ucrania y Oriente Próximo, que ha disparado el precio de las gasolinas a máximos anuales y que «va a morder los sueldos de la gente».Sordo reconoció que la reivindicación «es bastante transversal», pero recordó que «el tema de la vivienda no afecta igual en las grandes ciudades, en las zonas turísticas, en las islas o en la España vaciada». «Por tanto, hay que medir también en ese sentido la respuesta», ha subrayado. El líder sindical consideró, no obstante, que se abre un escenario propicio para una confluencia de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE de cara a elecciones, si bien les recuerda que «no queda» mucho tiempo.»Todo esto tiene que aglutinar algún tipo de movilización de carácter amplio», destacó, para indicar CC OO prevé impulsar jornadas de ‘lucha’ mediante la confluencia con otros agentes. De hecho, el pasado viernes ya anunció una reunión con UGT y otras organizaciones sindicales, sociales y de inquilinos para estudiar movilizaciones y «jornadas de lucha» frente a la «agresión» de la derecha a las condiciones de vida «de millones de personas» por la vivienda. Desde su perspectiva, en este contexto tan difícil para muchas familias es necesaria una subida salarial «muy relevante». Así incide en que las empresas tienen «más beneficios que nunca».En cuanto a un eventual adelanto de las elecciones generales y la posibilidad de una confluencia de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, Unai Sordo ha dicho que se abre un escenario propicio para ello.

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La emergencia habitacional ha desatado un terremoto social y político en los últimos días, con el desahucio de Maricarmen y el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda como telón de fondo. Según el CIS, la ciudadanía considera que la crisis de la vivienda es el principal problema de España. La situación se ha recrudecido en los últimos años hasta llevar los precios a niveles récord. La necesidad de vivienda es elevada en un país con cada vez más población y en el que ha crecido el uso de los inmuebles para fines no residenciales, como los pisos turísticos. Mientras tanto, la construcción sigue lastrada por las heridas de la burbuja inmobiliaria y no llega a cubrir los nuevos hogares que se crean cada año, a la par que el volumen de viviendas sociales sigue estando a la cola de Europa.El precio de una vivienda equivale actualmente en España a 8,4 años íntegros de ingresos de un hogar promedio, según el Banco de España. Es el nivel de esfuerzo más elevado para comprar una casa desde principios de 2011. Se acerca mucho al registrado durante 2005, cuando la burbuja inmobiliaria todavía ebullía. Hace dos años este indicador de accesibilidad apenas superaba los 7 años de ingresos. En esa misma línea, las familias tienen que destinar ya de media el 38% de su renta para pagar una hipoteca, por encima del umbral recomendado.Este creciente esfuerzo para poder comprarse una casa es el resultado de unos precios que crecen más rápido que los salarios. De acuerdo con los datos del INE, en los tres últimos años el precio de la vivienda ha subido casi el triple de rápido que los sueldos. Los inmuebles llevan una década encareciéndose de forma ininterrumpida hasta superar ya en un 12% los máximos de la burbuja —sin descontar la inflación—.La escalada se ha acelerado en los últimos tiempos. Desde 2021 el precio de la vivienda se ha disparado un 52,6% y solo en el último año se ha incrementado un 12,2%. En cambio, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos para este año apenas pasa del 3%. Según datos del Ministerio de Vivienda, un piso de 80 metros cuadrados ronda de media los 188.500 euros. Este monto es muy superior en las grandes ciudades, que concentran la emergencia habitacional, junto a las zonas vacacionales. En Madrid y Barcelona, por ejemplo, un piso de estas características alcanza los 433.500 y 368.000 euros respectivamente.Ese mismo desfase en comparación con el precio de los sueldos se repite también en los alquileres, que se han encarecido un 5,6% en el último año, según Idealista. El alza es del 43,8% desde 2021. Arrendar una vivienda de las características de 80 metros cuadrados supera actualmente los 1.200 euros de media en España. Pese a los precios desorbitados, vivir de alquiler es una fórmula que ha ganado peso en los últimos años, ante la imposibilidad para muchos de pensar en comprar un piso. Es el caso especialmente de los jóvenes, que se encuentran entre los colectivos más golpeados por la emergencia habitacional. Según el INE, la mitad de los hogares menores de 30 años y un tercio de los de 30 a 44 años son inquilinos. Hace dos décadas eran el 31,5% y 15% respectivamente. La tasa de emancipación se ha retrasado un año en la última década y supera ya los 30 años.Esta escalada de los precios es fruto del desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda. El número de habitantes de España ha pasado de 47,4 millones en 2021 a 49,8 millones en 2026, según el INE. En los últimos cinco años se han formado de media 240.000 hogares nuevos al año. En cambio, en ese mismo periodo se han empezado a construir una media de 121.600 viviendas al año y se han terminado unas 93.600. La construcción ha empezado a levantar el vuelo en los últimos años tras el desplome sufrido con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria —pasaron de finalizarse más de 600.000 inmuebles en 2008 a apenas 36.000 en 2013—, pero sigue todavía lejos de cubrir el volumen de nuevos hogares. El Banco de España calcula que solo entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit de hasta 750.000 viviendas.A esto se suma que una parte del parque inmobiliario ya existente ha dejado de destinarse a uso residencial, en busca de mayores rentabilidades por parte de los propietarios. En pleno boom turístico, destaca la proliferación de pisos turísticos —según el INE, existen 341.000—, en algunos casos de forma ilegal. El Banco de España calcula hay cerca de 900.000 inmuebles en manos de extranjeros no residentes o destinadas a alquiler vacacional.Otra fuga de viviendas está siendo el alquiler de temporada, que se ha convertido en foco de fraudes tras la aprobación de la ley de vivienda. Algunos propietarios recurren a esta fórmula para sortear las restricciones del alquiler residencial y fijar precios más altos, presentando como temporales contratos que en realidad no lo son. Según datos de Idealista, los anuncios de alquileres de temporada se han más que duplicado desde 2023, mientras que la oferta de alquileres residenciales se ha reducido un 20%. En esa misma línea, el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro calcula que el número de pisos disponibles para arrendar ha descendido en los últimos cinco años de 1,05 millones en 2021 a 660.993 en 2026.En medio de este escenario, la crisis habitacional ha puesto de manifiesto una de las grandes tareas pendientes de España en materia de vivienda: la falta de un parque de vivienda social robusto que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables. Según el último informe el Ministerio de Vivienda destinado a este asunto —de 2025—, en España los alquileres sociales representan apenas un 3,3% del parque inmobiliario, lo que equivale a menos de 1,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes. Son cifras muy lejanas a los países que llevan la delantera en Europa. En primer lugar se sitúa Países Bajos, con un 29% de viviendas sociales. Lo siguen Austria (24%), Dinamarca (20%) y Francia (17%).