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El PSOE rectifica y el Congreso estudiará despenalizar la jubilación anticipada a personas con 40 años cotizados

El PSOE rectifica y el Congreso estudiará despenalizar la jubilación anticipada a personas con 40 años cotizados

El Congreso de los Diputados estudiará acabar con las penalizaciones económicas que sufren los trabajadores que han cotizado 40 años o más a la Seguridad Social y que adelanten su jubilación. La Cámara Baja ha votado a favor de tramitar una proposición de ley en este sentido presentada por Podemos. La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos a favor de PSOE, Sumar, Podemos y los socios de investidura del Gobierno, incluido Junts. El inesperado respaldo de los socialistas, que el pasado mes de junio habían rechazado una iniciativa similar, ha sido clave para que la iniciativa saliera adelante. El PP, que también se opuso aquella vez, se ha abstenido y Vox, ha votado en contra. La norma que ha presentado Podemos prevé acabar con los coeficientes reductores para los trabajadores que se jubilen anticipadamente con cuarenta años o más cotizados. Tanto si lo hacen voluntariamente, como si se ven abocados a ello tras perder su empleo a pocos años de alcanzar la edad legal de retirarse. Estos coeficientes reducen la pensión inicial en función de cuánto se anticipe el retiro. Con la norma actual, las personas que adelantan su jubilación involuntariamente con más de 41 años cotizados sufren un recorte de su pensión que oscila entre el 26% para quienes la anticipan cuatro años hasta el 0,5% en el caso de hacerlo un mes. Adelantar un año resta un 5% de la pensión, hacerlo dos, un 13% y hacerlo tres, un 19,5%. Esta reducción dura para siempre.En muchos casos, son trabajadores que iniciaron su vida laboral muy jóvenes y en condiciones difíciles y que se quedaron sin trabajo cuando les quedaba poco para jubilarse. Algo que le sucedió a la generación que estaba cerca de jubilarse cuando estalló la crisis financiera de 2008. Además, comparten el denominador común de haber cotizado a la Seguridad Social más de lo exigido legalmente para jubilarse con el 100% de la pensión (en 2027 este periodo será de 37 años).»Son personas que no solo han cumplido con sus familias y con la Seguridad Social, han cumplido con ese país y han sido quienes más tiempo han contribuido al sostenimiento de lo público», ha defendido Ione Belarra, secretaria general de Podemos, que se ha encargado de defender la proposición de ley desde la tribuna en el Congreso. La toma en consideración aprobada este martes implica que los grupos podrán presentar enmiendas para modificar el texto y debatirlas, pero no garantiza su aprobación final. De hecho, no es extraño que las iniciativas acaben metidas en un cajón en las Cortes mientras se prorroga indefinidamente el plazo para enmiendas. Algo particularmente relevante cuando a la legislatura actual le queda menos de un año en el mejor de los casos. Los grupos debatirán la iniciativa, pero introducirán cambiosLos grupos parlamentarios han reconocido la necesidad de abordar la situación de los jubilados con carreras largas que se ven penalizados, pero han discrepado de varios de los puntos de la propuesta de Podemos. Desde el PSOE el diputado Alberto Mayoral ha anunciado el voto positivo de su formación, pero no ha entrado a valorar el fondo del texto. «Vamos a votar que sí porque creemos que hay que hablar de aquellos españoles y españolas que eran muy mayores para reincorporarse al mercado laboral y demasiado jóvenes para no ser penalizados», ha trasladado. No obstante, ha añadido que analizarán con el Pacto de Toledo las herramientas para hacerlo de manera sostenible. En el grupo popular, que se ha abstenido, han reconocido que se producen «muchas injusticias» dentro de este colectivo, pero consideran que el texto, tal y como está planteado, «puede ser inasumible». En concreto, han criticado que se quieran despenalizar también las jubilaciones anticipadas voluntarias y que se recojan «efectos retroactivos amplísimos, aunque reconocen que la penalización actual «es realmente injusta». Por su parte, Vox -que ha votado en contra- ha calificado de «paripé sin escrúpulos» la proposición de ley de Podemos porque «reduce una reclamación seria a siete páginas que no se sostienen», en referencia a la extensión del texto. El grupo parlamentario ha cuestionado que se ponga la frontera en los 40 años cotizados sin explicar por qué y ha criticado que se dispense el mismo trato a quien anticipa cuatro años o cuatro meses. Desde Sumar, hermano menor de la coalición, han respaldado la proposición de ley, pero han señalado que «debe ser mejorada sustancialmente». En concreto, el grupo parlamentario ha criticado que la regla propuesta es «excesivamente rígida» porque quitaría la penalización a los trabajadores con 40 años cotizados, pero la dejaría igual a aquellos que trabajaron 39 años y 11 meses. También han cuestionado que también se busque eliminar la penalización a los trabajadores que se jubilaron voluntariamente. «No se podemos tratar de la misma manera a quien se jubila de forma anticipada que a quien ha sido expulsado del mercado laboral», ha trasladado la diputada Aina Vidal. Entre los socios de investidura del Gobierno, las opiniones también han sido favorables, incluida la de Junts. Desde el PNV han trasladado que las penalizaciones actuales «no son proporcionales y no reflejan el esfuerzo real de quienes han contribuido durante décadas», mientras que EH Bildu ha trasladado que «no es justo, razonable y mucho menos legítimo» que se penalice a quienes han cotizado 40 años o más. El grupo parlamentario de Junts ha trasladado que «trabajar 40 años no merece castigo, sino reconocimiento» y en ERC han recordado que su grupo ya presentó una iniciativa para abordar esta cuestión en 2018 y han trasladado su temor a que la iniciativa no llegue a convertirse en ley. «Nos da miedo que vuelva a pasar lo de siempre», han trasladado. 

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La factura regulada del gas podría disparar su coste más de un 50% en octubre

La factura regulada del gas podría disparar su coste más de un 50% en octubre

Malas noticias de nuevo para los consumidores españoles. A la subida del coste de la vida y el imparable ascenso de las gasolinas, podría añadirse una enorme subida en la próxima revisión de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas, prevista para el próximo 1 de octubreSegún las estimaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el precio del consumo de gas para los hogares acogidos a la modalidad TUR.2, con consumos de entre 5.000 y 15.000 kWh anuales, pasaría de 4,12 a unos 6,95 céntimos por kWh, lo que supone un encarecimiento cercano al 69%.De esta forma, para un hogar con calefacción de gas y un consumo anual de 9.000 kWh, la factura pasaría de unos 600 euros a alrededor de 910 euros al año. «Aunque el incremento del precio de la energía rondaría el 69%, el impacto final sería menor debido al peso de los costes fijos, impuestos y alquiler del contador. Aun así, el sobrecoste anual se situaría en torno a los 310 euros, un 54% más que con los precios actuales», explica la OCU en un comunicado. La principal causa de esta subida está en el sistema de cálculo de la TUR: » En el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gas estacional, que representa cerca del 47% del coste de aprovisionamiento. Los futuros del gas utilizados para calcular esta parte de la tarifa cotizan actualmente en niveles elevados, lo que podría llevar a duplicar prácticamente el coste de la materia prima. Los peajes, cargos regulados y otros componentes también serán revisados a partir del 1 de octubre cuando entra el nuevo año gas, pero tendrían una incidencia limitada en el incremento». Pese a este escenario, este colectivo aconseja «no abandonar precipitadamente la tarifa regulada», ya que «la TUR sigue siendo por ahora más competitiva que las ofertas del mercado libre, con ahorros que hasta ahora alcanzaban al menos el 22% frente a las mejores tarifas de precio fijo y más del 40% respecto a numerosas propuestas comerciales». Eso sí, la OCU recomienda «revisar las condiciones de las tarifas del mercado libre a partir de octubre, ya que algunas ofertas fijas que antes resultaban menos atractivas podrían ganar competitividad si se confirma la subida prevista. Para ello, conviene analizar no solo el precio del kWh, sino también el término fijo, la duración de las condiciones contratadas y la existencia de servicios adicionales».Por otro lado, esta organización recomienda apuntarse a su X Compra Colectiva de Energía, que busca reunir el mayor número posible de consumidores para negociar mejores tarifas de gas y luz con las comercializadoras. La participación es gratuita y sin compromiso a través de la web Quiero pagar menos luz. El año pasado se inscribieron más de 33.000 usuarios que consiguieron un ahorro medio de 75 euros anuales solo en electricidad.

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El Gobierno no prolongará más allá de este año las ayudas a los fertilizantes, pero garantiza el apoyo al sector en 2027

El Gobierno no prolongará más allá de este año las ayudas a los fertilizantes, pero garantiza el apoyo al sector en 2027

Los ministros de Economía y Agricultura, Carlos Cuerpo y Luis Planas, han mantenido un encuentro este lunes con los representantes de la industria agroalimentaria, los fabricantes de fertilizantes y los de piensos para alimentación del ganado, así como de los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y UGT. Una reunión que se enmarca en la ronda que está manteniendo el vicepresidente primero del Gobierno, para abordar las medidas destinadas a paliar los efectos del conflicto en Oriente Próximo más allá del 30 de septiembre. En la misma, el Ejecutivo ha garantizado su apoyo al sector agroalimentario después de que caduque el actual paquete de medidas. En conversación con ‘La Información Económica’ el presidente de la Confederación Nacional de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFC), Fernando Antúnez, ha confirmado que los ministros no contemplan prolongar las actuales ayudas a la compra de fertilizantes – de 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y de hasta 38,33 euros para los de secano – más allá de este año. Fuentes del Gobierno han asegurado tras la reunión que han trasladado al sector agroalimentario «la voluntad  de seguir apoyándole tras finalizar la vigencia del actual Plan de Respuesta al impacto de la guerra de Irán». Esto es, a cierre de este artículo, el próximo 30 de septiembre. A principios de este mes, el Ministerio de Agricultura anunció el abono de 494,57 millones de euros por este concepto a 249.000 agricultores.En la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) hablan de un sobrecoste energético de cerca de 7.400 millones de euros para la industria manufacturera y se posicionan a favor de prorrogar las medidas por la guerra en Irán más allá del próximo 30 de septiembre, «especialmente las vinculadas al transporte y los combustibles profesionales». Entre las propuestas que han realizado a ambos ministros «ayudas directas para que las empresas eviten que los sobrecostes energéticos, logísticos o aseguradores puedan comprometer su actividad», así como reforzar y adaptar los «instrumentos públicos de apoyo a la internacionalización» que ofrezca a las empresas alternativas para su financiación, así como avales y liquidez en un contexto en que el riesgo aumenta. «Preocupación» por la escalada del gasóleo El representante de los fabricantes de piensos para la alimentación animal y presidente de Cesfac, aplaude todas los apoyos a los productores adoptados hasta la actualidad en lo relacionado con insumos como los fertilizantes. Sin embargo, ha mostrado su «preocupación» por la escalada del gasóleo. Antúnez añade que este repunte coincide con «mala cosecha de cereal nacional, que incrementa nuestra dependencia del exterior». Antúnez (Cesfac) lamenta que esta situación se produzca «con la segunda mejor cosecha mundial de la historia» aunque con un repunte de los precios por la compleja geopolítica actual caracterizada por los conflictos de Estados Unidos con Irán y la guerra en Ucrania, que ya está afectando a infraestructuras por las que exporta su grano este último país. El presidente de la asociación que agrupa a los fabricantes de piensos anima apunta que traer materia prima es cada más complejo. «No hay suficiente soja, por ejemplo. Estimamos un sobrecoste de 40 euros por tonelada en la carne de porcino y hasta 15 euros en la de pollo», apunta Antúnez.Un polémico reglamento . También han pedido una prórroga que les permita adaptarse al nuevo Reglamento Europeo, que impedirá desde el 1 de enero importar materias primas y derivados de territorios desforestados después de 2021 en el caso del ganado bovino, el café, el chocolate o la madera. «Muchos importadores nos dicen que faltan mercados», advierte Antúnez.  Según el ‘Balance de Cereales’ del Ministerio de Agricultura para la campaña 2025-2026 España tendrá unas necesidades estimadas de 37,66 millones de toneladas de las que 27,71 millones se dedicarán a alimentación animal. Las estimaciones de cosecha de cereal para 2025-2026 en España se sitúa en 18,6 millones de toneladas, esto es por debajo de la media de las cinco campañas precedentes (19,47 millones de toneladas).Ronda de contactos de Cuerpo La reunión se ha produce dentro de los encuentros de Cuerpo con diferentes sectores económicos para abordar las medidas contra el repunte de precios más allá del 30 de septiembre, cuando está previsto que venza el actual paquete de medidas. Ambos han recordado que el actual plan tiene un capítulo agro específico de 1.107 millones de euros, incluida a la ayuda a la compra de fertilizantes. A la cita con los titulares de Economía y Agricultura han acudido la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación Española de Fertilizantes (ACEFER), la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE) así como de la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA). También han acudido miembros de la Confederación Nacional de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC), la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE) y de los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras. 

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La ola de inflación por Irán llega antes a España y abre una nueva brecha de precios con el resto de la UE

La ola de inflación por Irán llega antes a España y abre una nueva brecha de precios con el resto de la UE

Como si de un terremoto se tratase, la guerra en Irán ha provocado una crisis energética que se extiende por el mundo en forma de ola que va ganando envergadura. El incremento en los precios del petróleo y el gas está calentando los precios del consumo, un fenómeno que ya se observa claramente en varios países. Sin embargo, este nuevo brote inflacionario no está llegando igual de rápido a todo el mundo. Como ya sucediera con la crisis de precios iniciada en el 2021, la ola parece haber alcanzado a España antes que a la mayoría de Estados de la eurozona. El último Índice de precios de consumo armonizado (IPCA) europeo, publicado el pasado jueves, refleja que se está abriendo una nueva brecha inflacionaria entre España y el conjunto de países del euro. En agosto, el coste de la vida se disparó un 4,6% en comparación con el mismo mes del año pasado, frente al 3,2% que se registró en la eurozona. Esta última lectura sitúa a España como el quinto país de la UE donde más rápido está aumentando la inflación -solo por detrás de Rumanía, Lituania, Chipre y Bulgaria- y el tercero donde más se ha aceleró entre julio y agosto. Esto ha provocado que se ensanche aún más la brecha de precios que existe entre España y la eurozona, que ya es de 1,4 puntos porcentuales. Para encontrar una diferencia mayor hay que remontarse a agosto de 2022, cuando el shock inicial de la guerra en Ucrania todavía coleaba. 
Esta brecha es relevante porque puede acabar restando competitividad a la economía española si se mantiene durante mucho tiempo. Los consumidores de bienes y servicios que se producen en España pueden acabar sustituyéndolos por los de otros países que ofrezcan mejores precios. Máxime cuando el diferencial de inflación entre España y las grandes economías europeas -Alemania, Francia e Italia- está por encima de la media. Mientras que España registra un IPCA del 4,6%, Italia tiene la inflación en el 3,2%; Alemania, en el 2,9% y Francia, en el 2,6%. 
La llegada de la ola inflacionaria más rápido a España que a otros países europeos recuerda a lo que ya sucedió hace cinco años. La crisis inflacionaria de 2021 (la peor en 40 años), que se vio agravada por la guerra en Ucrania, se empezó a notar antes en España que en el resto de la UE. No obstante, la inflación también se redujo antes y más rápido que en el conjunto de países del euro. La energía y una subyacente que ya estaba ‘caliente’ son los sospechosos Los factores que explican por qué el coste de la vida está subiendo más rápido en España que en otros países europeos tienen mucho que ver con los precios de la energía y con lo que se conoce como inflación subyacente. El IPCA europeo muestra que España es uno de los países que peor ha logrado contener el subidón en los precios de la energía. En agosto, esta rúbrica se disparó un 17,1% en España, el quinto país donde más aumentó del Viejo Continente. Aunque Italia iguala el dato, el incremento es superior al de Francia (16,5%), Alemania (9,4%) y la media de la eurozona (14,3%). 
Esta diferencia se debe fundamentalmente a la factura de la luz y no a los combustibles. En el caso de España, esta rúbrica se ha encarecido un 9,2%, más del triple que en el conjunto de la eurozona (2,8%). Los carburantes, que son el producto más afectado por la guerra en Irán se dispararon un 23,9% en agosto. Sin embargo, aunque la subida es dramática, es algo inferior a la media de países del euro (24,5%), Alemania (27,5%) o Francia (27,4%).A la cuestión de la energía hay que añadirle que el estallido de la guerra en Irán pilló a España con una inflación subyacente superior a la de la eurozona. Este indicador mide las subidas de precios, pero sin tener en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados, que son muy volátiles. Esta medida sirve para conocer hasta qué punto los precios más estables se están calentando, es una suerte de termómetro que muestra hasta qué punto una subida de precios que es coyuntural se puede acabar convirtiendo en algo más serio. En España, la inflación subyacente era del 3,2% en agosto (dos décimas menos que en julio), claramente por encima del 2,1% del conjunto de la eurozona o el 1,2% de Francia, 1,2% de Italia o 2,3% de Alemania. Si cogemos el bisturí y diseccionamos lo que está ocurriendo en ese enorme cajón que es la inflación subyacente se observa que los servicios tienen mucho que ver. El precio de los servicios se incrementó un 4% en agosto frente al 3% en la eurozona. Y en particular, dentro de los servicios llama la atención la fuerte subida en los precios del alojamiento turístico (hoteles, hostales, pensiones…) que se dispararon un 9,4% en agosto frente a un 4,7% en la eurozona.Más allá de ello, España supera al conjunto del euro en la mayoría de grandes grupos de bienes y servicios. Es el caso de los alimentos (2,3% en España frente a un 0,7% en Europa); la ropa y el calzado (2,3% y 0,6%, respectivamente); los muebles y artículos para el hogar (1,3% y 0,6%); la información y las comunicaciones (3,2% y 1,8%) o las finanzas y seguros (3,4% y 2,8%).

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Cómo la subida del diésel encarecerá la vida: desde hacer la compra hasta ir a trabajar

Cómo la subida del diésel encarecerá la vida: desde hacer la compra hasta ir a trabajar

Llenar un depósito de 50 litros con diésel cuesta ya cerca de 90 euros en España, incluso después de que el Gobierno haya aplicado durante septiembre una rebaja fiscal temporal de 20 céntimos por litro. El precio medio ronda los 1,79 euros, frente a niveles sensiblemente inferiores hace apenas unos meses, y el gasóleo acumula una subida interanual superior al 30%. La ayuda termina el 30 de septiembre si no se prorroga, de manera que parte del colchón que ahora contiene el precio podría desaparecer justo cuando hogares y empresas empiezan a asumir una factura energética mucho mayor.Un trabajador que recorra 40 kilómetros diarios entre ida y vuelta al trabajo durante 22 días al mes hará unos 880 kilómetros. Con un coche que consuma seis litros cada 100 kilómetros necesitará aproximadamente 53 litros mensuales, de modo que una subida de 20 céntimos por litro añade algo más de 10 euros al mes y unos 127 euros al año. El cálculo aumenta rápidamente en hogares con dos vehículos, trayectos más largos o coches con mayor consumo, pero sigue representando únicamente la parte del encarecimiento que aparece directamente en el surtidor.Los camiones que recorren decenas de miles de kilómetros cada año convierten unos pocos céntimos adicionales por litro en miles de euros de sobrecoste. El Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera utiliza el combustible como una de las principales partidas para calcular cuánto cuesta mantener en funcionamiento un vehículo pesado, porque el diésel representa una parte muy relevante de sus gastos operativos. Cuando esa factura aumenta, las empresas pueden absorberla durante un tiempo reduciendo márgenes, pero mantener indefinidamente el mismo precio del transporte resulta mucho más difícil.Del camión a la compraAlimentos, ropa, electrodomésticos, materiales de construcción, medicamentos o pedidos de comercio electrónico recorren una parte de su camino hasta el consumidor por carretera. El aumento del combustible puede pasar así del transportista a la empresa que contrata el servicio, después al distribuidor o al comercio y finalmente al precio que paga el consumidor, aunque ese traslado no sea inmediato ni tenga por qué realizarse en su totalidad.Frutas, verduras, carne, pescado y lácteos soportan además una cadena especialmente dependiente de la energía porque muchos necesitan transporte rápido y refrigeración constante. Un producto perecedero no puede permanecer almacenado durante meses esperando a que baje el combustible y, cuando la mercancía debe reponerse continuamente, los cambios en los costes logísticos pueden llegar pronto al establecimiento.Antes de subir al camión, muchos alimentos ya han consumido diésel. Tractores, cosechadoras y otra maquinaria agrícola dependen de él, mientras que la pesca incorpora combustible directamente al coste de salir a faenar. En Alicante, ASAJA calcula que el gasóleo agrícola ha pasado de 1,211 euros por litro en febrero a 1,694 euros en septiembre, una subida de 48 céntimos que golpea especialmente a cultivos intensivos en maquinaria como cereales, olivar y hortalizas de invierno.En Baleares, las organizaciones agrarias estiman un sobrecoste anual de 1,7 millones de euros únicamente por la subida del gasóleo agrícola, después de que el precio haya pasado de unos 90 céntimos a cerca de 1,70 euros desde comienzos de año. Las explotaciones de las islas consumen alrededor de 3,4 millones de litros anuales, lo que permite comprobar cómo una variación aparentemente pequeña en una gasolinera adquiere otra dimensión cuando se multiplica por millones de litros.Del surtidor al IPCEl IPC español alcanzó el 4,3% en agosto, siete décimas más que en julio y su nivel más elevado desde febrero de 2023. El transporte registró una inflación interanual del 9,5%, más de tres puntos por encima del mes anterior, debido principalmente al encarecimiento de combustibles y lubricantes para vehículos personales. Solo durante agosto, este grupo subió un 3,3% y aportó 0,534 puntos a la variación mensual del IPC.El gasóleo se encareció alrededor de un 30% interanual en agosto, mientras que la gasolina subió cerca de un 17%, unas variaciones suficientemente grandes para que la energía vuelva a ocupar una posición central en la evolución de los precios. Los alimentos todavía muestran una subida mucho más contenida, del 2,3%, lo que significa que una parte del incremento energético todavía no se ha trasladado de forma generalizada a la cesta de la compra.Una familia que no tenga un coche diésel tampoco queda aislada de ese proceso. El combustible utilizado para cultivar una verdura, capturar pescado, refrigerar un alimento o llevar un electrodoméstico hasta una tienda no figura por separado en el ticket, pero forma parte del coste que soportan las empresas que intervienen en cada etapa. Cuanto más tiempo permanezca elevado el gasóleo, mayor será la presión para que una parte de esos costes termine avanzando por la cadena.30 de septiembreLa rebaja fiscal que permite reducir actualmente en 20 céntimos por litro el precio del diésel expira a finales de septiembre, salvo que el Gobierno decida prolongarla. La medida explica además que el gasóleo vuelva a costar algo menos que la gasolina pese a haberse encarecido mucho más durante el último año: la bonificación aplicada al diésel es superior a la de cinco céntimos vigente para la gasolina.Si esa protección desaparece mientras los precios internacionales y los márgenes de los combustibles continúan elevados, octubre puede añadir otra presión sobre transportistas, agricultores, empresas y conductores. Funcas y BBVA ya contemplan que la inflación pueda acercarse al 5% en septiembre, después del salto registrado durante agosto.Si transportistas, agricultores y distribuidores no pueden trasladar íntegramente el encarecimiento a sus clientes, la presión termina apareciendo en márgenes más estrechos, menos inversión, renegociación de contratos o cierres de las empresas más débiles.El precio del diésel puede dejar así de ser únicamente un problema de inflación para convertirse también en un problema de rentabilidad empresarial.

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¿Frenar la inteligencia artificial haría más seguro a Estados Unidos o más fuerte a China?

¿Frenar la inteligencia artificial haría más seguro a Estados Unidos o más fuerte a China?

Dario Amodei, fundador y consejero delegado de Anthropic, la empresa que está detrás de Claude, lleva días avisando de que quizá ha llegado el momento de levantar un poco el pie del acelerador con la inteligencia artificial (IA). Y no está solo. Sam Altman, máximo responsable de OpenAI, y Elon Musk, fundador de xAI, también han advertido sobre los riesgos de seguir construyendo modelos cada vez más potentes sin tener completamente claro cómo controlarlos. Pero una pausa de Estados Unidos no sirve de mucho si China no hace lo mismo.Y China no tiene ninguna intención de parar. Entonces lo que parecía una medida de seguridad empieza a parecerse bastante a regalarle tiempo a tu principal competidor. Ese es precisamente uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo Washington. Desde Pekín, además, la historia se ve exactamente al revés.El Global Times, un periódico respaldado por el Estado chino, llegó a acusar a Amodei de utilizar la seguridad de la IA para promover una especie de «guerra fría silenciosa» que permitiría a Estados Unidos conservar su ventaja tecnológica. Desde China, por tanto, frenar la IA no se ve únicamente como una cuestión de seguridad, sino también como una forma de impedir que sus empresas sigan recortando distancias.Estados Unidos lleva años limitando el acceso de China a algunos de los chips más avanzados del planeta. Sus empresas dominan los modelos más potentes. Y justo cuando China empieza a acercarse, Washington plantea que quizá todos deberían correr un poquito menos. No hace falta ser especialmente desconfiado para entender por qué los chinos levantan una ceja.El problema es que esto nos lleva a una situación en la que Estados Unidos podría reducir algunos riesgos frenando la IA, pero si frena solo, ayuda a China. Así que podría seguir acelerando para que China no le alcance. Además, se trata de una carrera en la que la distancia entre ambos países ya no es tan enorme.Hace no demasiado tiempo se hablaba de una China situada varios meses por detrás de Estados Unidos en los modelos más avanzados. Ahora, dentro de la industria estadounidense existe el temor de que esa distancia continúe reduciéndose.Sin moratoriaPor eso Washington no parece demasiado dispuesto a correr el riesgo de detenerse. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y una de las figuras republicanas más importantes del Congreso, rechazó esta semana una moratoria obligatoria. Su argumento, simplificando mucho, es que si las empresas quieren ir más despacio, que vayan más despacio, pero el Gobierno estadounidense no debería obligarlas a hacerlo mientras China continúa avanzando. Porque entonces, según Johnson, Estados Unidos podría perder su ventaja tecnológica y convertir un problema de seguridad de la IA en otro problema de seguridad nacional.Visto así, parece bastante sencillo, hasta que miramos el problema desde China. Pekín no necesita la IA únicamente para competir con Estados Unidos, sino también para intentar solucionar uno de los mayores problemas que tiene dentro de casa, como es el envejecimiento. Durante décadas tuvo una cantidad gigantesca de trabajadores que alimentaron sus fábricas y ayudaron a convertir al país en la gran potencia industrial que conocemos. Sin embargo, ahora esa población envejece y la fuerza laboral empieza a reducirse, y eso significa que China necesita encontrar alguna manera de producir más con menos personas. Aquí entran la automatización, la IA y, sobre todo, los robots.Se trata de máquinas capaces de trabajar en fábricas, almacenes y otras tareas que hoy siguen necesitando personas. China cuenta ya con más de 150 empresas dedicadas a desarrollar robots humanoides, y sus administraciones gastaron al menos 230 millones de dólares en comprarlos y desarrollar tecnologías relacionadas durante la primera mitad de 2026. Para Pekín, por tanto, la IA no es simplemente tener un chatbot mejor que ChatGPT, sino intentar conseguir que una fábrica produzca más.China todavía está lejos de conseguir que esos robots sustituyan a un trabajador, pero el avance continúa. Spirit AI, una startup valorada en 2.900 millones de dólares, calcula que los primeros grandes avances en el «cerebro» de los humanoides pueden llegar a mediados de 2027. La empresa ha levantado más de 670 millones de dólares y cuenta con alrededor de 1.000 personas recogiendo datos reales para entrenar sus sistemas.China también tiene miedo a la IATodo esto podría llevar a pensar que Pekín simplemente está dispuesto a asumir cualquier peligro con tal de seguir avanzando, pero tampoco encaja del todo con lo que está haciendo dentro de sus fronteras. China obliga a etiquetar contenido generado por IA, controla determinados algoritmos y ha endurecido las reglas sobre el uso y el entrenamiento de los modelos, mientras sus expertos participan en conversaciones con Estados Unidos sobre sistemas autónomos, ciberataques y posibles límites militares. Es decir, Pekín también ve riesgos.Simplemente parece que intenta solucionarlos de otra manera. Mientras Amodei y otros responsables estadounidenses plantean reducir temporalmente la velocidad de los modelos más avanzados, Pekín prefiere seguir desarrollando la tecnología y controlar después cómo se utiliza. A eso se añade que cualquier acuerdo exigiría confiar en que el otro país también cumple, algo especialmente complicado cuando Washington restringe desde 2022 el acceso chino a los chips más potentes y acusa a empresas del país de copiar modelos estadounidenses mediante técnicas de destilación, acusaciones que China rechaza.Mientras tanto, Donald Trump y Xi Jinping tendrán precisamente la oportunidad de discutirlo el próximo 24 de septiembre en Washington, donde la IA estará entre los asuntos de una reunión que también incluirá comercio, Taiwán y las restricciones tecnológicas. Pekín quiere que Estados Unidos rebaje algunos de sus controles, mientras Washington busca compromisos sobre los riesgos de los sistemas más avanzados.En esta carrera, el problema ya no es solamente quién llega primero. Es que quizá los dos saben que están corriendo demasiado rápido. Y aun así, ninguno se atreve a mirar al otro y decir: «frena tú primero».

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Los fabricantes chinos meten el turbo para conquistar España y dejan atrás la paciencia que encumbró a japoneses y coreanos

Los fabricantes chinos meten el turbo para conquistar España y dejan atrás la paciencia que encumbró a japoneses y coreanos

Hubo un tiempo en el que ver un Toyota, un Nissan o un Kia por las calles españolas era algo casi exótico. Desde hacía décadas las marcas francesas, alemanas e italianas dominaban el mercado europeo del automóvil y la entrada de estas enseñas asiáticas empezó a producirse sin prisa, pero sin pausa. Fue un proceso más paulatino que el que ha permitido a las marcas chinas conquistar casi un 20% de cuota en los últimos cinco años, con un gran número de marcas y a un ritmo de vértigo. Varias décadas separan la llegada a territorio nacional de gigantes japoneses como Toyota o Nissan (años 90) y de las coreanas Hyundai o Kia (años 2000) del desembarco reciente de MG, BYD, Omoda & Jaecoo o Geely y el contexto poco tiene que ver, como explica a La Información Económica Raúl Morales, director de la patronal de concesionarios Faconauto. «Son procesos totalmente diferentes, sobre todo porque los chinos están acaparando una importante cuota de forma muy rápida debido a unos precios muy competitivos», explica. «Entonces el comprador era muy fiel a una marca, pero ahora se mueve sobre todo por el precio», recalca. En unos años en los que las cifras macro han brillado pese a la incertidumbre global, el coste de la vida ha dejado a los hogares con menos margen de maniobra para afrontar un gasto tan importante. El encarecimiento de la cesta de la compra (la inflación subió un 2,9% el año pasado) se ha ‘comido’ buena parte del incremento de los sueldos, del 3,4% de media, en un momento en el que las familias han tenido que ajustarse también el cinturón para pagar la vivienda, con los precios de los alquileres en máximos y los de las compraventas muy cerca. Todo esto provoca que el usuario sea muy sensible a los precios, donde las marcas chinas son altamente competitivas. «Por eso a los japoneses y coreanos les costó mucho más asentarse», añade. El precio y la tecnología, factores claveLa diferencia, sin embargo, no solo tiene que ver con el bolsillo. Mientras Kia u Honda apostaban por una alternativa con equipamiento similar al que producían las líneas de fábricas europeas, China llega con ‘algo más’, tal y como confirma a este medio el economista Javier Santacruz: «El ritmo de llegada de los chinos es mucho más alto por la gran innovación tecnológica que están trayendo». Pone el foco así en la gran sofisticación que conquista a España y con la que cuentan otras firmas como Xpeng o Dongfeng: «Lo que traen no es, ni de lejos, lo que tenían los japoneses o coreanos». Para hacerlo han llevado a cabo un intenso trabajo de fondo en el que han invertido tiempo, tal y como recalca Morales, que pone el foco en su ardua labor de marketing y publicidad: «Están haciendo un esfuerzo enorme para posicionarse muy rápido». Una tarea que ha sido clave para el intenso ritmo de desarrollo de sus redes de distribución, algo que claramente les diferencia de lo que hicieron sus vecinos hace décadas. «Han formado redes muy rápido y son muy amplias. Para ello han apostado por concesionarios establecidos y con experiencia», defiende el responsable de la patronal, recordando que los desembarcos anteriores se hicieron mediante el mismo modus operandi, «aunque de forma mucho más tranquila y escalonada». Estos factores son claves para comprender unas cifras de ventas inéditas para un periodo tan corto de tiempo. Según datos de Anfac, la diferencia en el número de ventas se va estrechando cada vez más con la líder mundial Toyota (96.290), una Nissan en horas bajas (34.711) y con las constantes Hyundai (68.568) o Kia (61.708). Frente a estas, BYD, que acumula 29.950 matriculaciones en lo que va de 2026, ha puesto su techo anual en 50.000. Mientras tanto, en los primeros ocho meses del año, MG también ha alcanzado las 31.356 entregas. Un futuro incierto A pesar de que su techo parece difícil de cuantificar, puede que no logren mantener este ritmo de crecimiento durante mucho tiempo, apunta Santacruz: «En mi opinión, no van a poder hacerlo. Tienen un margen muy escaso y por eso hay muchas que están entrando en números rojos». En su opinión, esta política de precios se trata de una estrategia comercial para llegar al mercado y alcanzar cierta cuota. En la misma línea se posiciona Francisco García, Decano del Colegio de Economistas de Aragón, quien cree que estos precios no podrán mantenerse. «Es insostenible, por lo que, si los precios con el resto de marcas se van igualando, quizá dejen de ser un atractivo. Sin embargo, esto podría cambiar por completo cuando empiecen a producir sus vehículos en España, tal y como sucede ya con Ebro en Zona Franca, o como prevén hacer MG en Galicia o Leapmotor en Madrid (entre otras): «Entonces ensamblarán aquí sus coches, que ya serán europeos, y podrán librarse de los aranceles y multiplicar las ganancias». Su futuro también podría depender de otros factores, tal y como apuntan fuentes de Ganvam a este medio: «Su reto va a estar en la fidelización. La clave entonces no será si consiguen vender más, sino si podrán darle confianza al cliente en la postventa». Las opiniones son dispares. Morales, por su parte, apunta a que, teniendo en cuenta su evolución actual «lo normal sería pensar que seguirán creciendo». Sin embargo, cree que un mercado tan competitivo como es el español podría ser decisivo: «Puede que algunas marcas no cubran las expectativas y decidan dar un paso atrás». 

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Doménech (Heymondo): «Las coberturas son ahora más amplias porque el viajero es más consciente del riesgo»

Doménech (Heymondo): «Las coberturas son ahora más amplias porque el viajero es más consciente del riesgo»

La sucesión de vaivenes geopolíticos y catástrofes naturales de los últimos meses han puesto a prueba a una demanda turística que, tras el shock pandémico, venía pulverizando registros y recuperando con fuerza su pulso. Desde una posición privilegiada para valorar este reto se encuentra la industria de los seguros de viajes, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años a medida que el viajero ha ido incorporando la protección como parte de su planificación frente a un mundo más imprevisible. Al pie del cañón, como cofundador y co-CEO de Heymondo, se encuentra Ricard Doménech, quien atiende a La Información Económica para hacer balance de un año que ha obligado al sector a adaptarse a un escenario tan incierto.Para Doménech, si algo ha definido al sector travel ante los cisnes negros que han sobrevolado el negocio este año ha sido la «resiliencia». El ejercicio, recuerda, arrancó con «muy buenas tendencias», pero la escalada bélica en Oriente Próximo de finales de febrero provocó un rápido encarecimiento del transporte y «se paralizó un poco la demanda». El impacto fue especialmente severo durante Semana Santa, en un periodo muy intenso también de catástrofes naturales, aunque la recuperación llegó con rapidez: «El verano ha recuperado con muy buenas sensaciones, con unos números muy buenos». Ahora, asegura, «la tendencia otra vez muy positiva y se ha recuperado el terreno perdido en el segundo trimestre».Este escenario, inevitablemente, ha transformado también al cliente que acude a este tipo de plataformas, ahora mucho más exigente y consciente de los riesgos asociados al viaje. Así lo explica Doménech, quien asegura que «el cliente cada vez es más consciente del riesgo desde el Covid y muy conocedor de cualquier potencial riesgo que pueda haber» y que, por ello, «puede estar dispuesto a pagar más, pero siempre dentro de una horquilla». Una evolución que también está elevando las exigencias sobre las propias pólizas: «Los servicios tienen que ser un poquito más flexibles, las coberturas tienen que ser más profundas, más amplias». En este contexto, los seguros de viaje están registrando un incremento de alrededor del 5% anual.Es en esta necesidad de contar con una red de protección ante los imprevistos del viaje donde descansa la propuesta de Heymondo. «El seguro está para protegerte de aquellas cosas que te puedan repercutir económicamente» ante cualquier imprevisto, explica Doménech. «Hemos pagado siniestros de más de un millón de euros» y, cada mes, «tenemos siniestros de 200, 300 o 400.000 euros». De ahí que, señala, «si no tienes un seguro, tu patrimonio se ve afectado, te puedes incluso arruinar». «El seguro está para darte esa tranquilidad que te cuesta cerca de un 1% del budget de tu viaje», aunque «menos de un 8% de las personas que contratan el seguro acaban teniendo una incidencia».Está propuesta que ha encontrado un mercado cada vez más receptivo fue la que supieron vislumbrar Ricard Doménech y David Pérez cuando dieron vida a esta ‘insurtech’ del 22@ de Poblenou que ahora cuenta los meses para soplar las velas de su primera década. Y lo hace, admite su cofundador, en «un momento muy dulce». La plataforma barcelonesa mantiene «un crecimiento muy sólido» y prevé para este año un incremento de las primas de alrededor del 40%, después de haber crecido «casi un 70%» entre 2024 y 2025. En términos de volumen, la previsión para este año es superar los dos millones de viajeros asegurados. En el acumulado histórico, la compañía calcula que ya ha asegurado a más de tres millones de viajeros.Sobre esta base, Heymondo articula su crecimiento a través de dos vías: consolidarse en los mercados donde ya cuenta con una posición definida y seguir ampliando su huella internacional. «En España, Italia, Francia tenemos una posición relevante y ahí reside un vector de crecimiento», explica Doménech. La segunda palanca pasa por los nuevos mercados: «El otro vector de la compañía son los nuevos mercados». Tras su desembarco en Rumanía a finales del año pasado y su presencia en Portugal, Heymondo mantiene Europa como principal foco de expansión. «En el roadmap de compañía está seguir abriendo nuevos mercados», señala.En el plano financiero, esta estrategia está sustentada, además, por JC Flowers, el fondo de inversión estadounidense que entró en su capital el año pasado y, a ojos de Doménech, «ha venido para apoyar el crecimiento”. Dentro de esta estrategia, la firma ya analiza oportunidades de adquisición fuera de España  si encuentra «activos muy concretos» que aporten capacidad o diferenciación, aunque el crecimiento orgánico continúa siendo su principal palanca de desarrollo.

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A Wall Street le quedan siete semanas críticas ¿quién puede sostener el rally?

A Wall Street le quedan siete semanas críticas ¿quién puede sostener el rally?

Donald Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo que los estadounidenses volverían a sentir que su dinero alcanzaba para más. Durante meses presionó para bajar los tipos, defendió una energía más barata y convirtió la inflación en una de sus grandes batallas políticas. El problema es que, cuando faltan menos de siete semanas para las elecciones de medio mandato, la Reserva Federal (Fed) acaba de hacer exactamente lo contrario de lo que él quería y ha vuelto a subir los tipos de interés por primera vez en tres años.La inflación continúa en el 3,4%, el bono estadounidense a diez años ha superado el 5% y 16 de los 18 responsables de la Fed contemplan al menos otra subida antes de terminar el año. En circunstancias normales, semejante combinación debería hacer bastante daño a las acciones, pero el S&P 500 continúa resistiendo después de ganar alrededor de un 11,5% en 2026.Que la Bolsa aguante puede explicarse por los beneficios, por la fortaleza de la economía o simplemente porque buena parte del endurecimiento monetario ya estaba descontado. Pero el tiempo empieza a jugar también su propia partida. El próximo 3 de noviembre, Estados Unidos renueva los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, de modo que Trump afronta unas elecciones decisivas precisamente cuando los mercados entran en uno de los momentos más delicados del año.No hay ninguna prueba de que exista un plan para mantener Wall Street cerca de máximos hasta noviembre. Lo que sí existe es un incentivo político evidente para llegar a noviembre sin una caída brusca de la Bolsa, sin otra escalada del petróleo y sin que el coste de financiación termine asfixiando a familias y empresas.Mientras la Fed endurece las condiciones monetarias, el Tesoro lleva semanas intentando contener otro de los focos de tensión, el mercado de deuda a largo plazo, mediante mayores recompras de bonos. ¿Ha funcionado? De momento, no demasiado. La estrategia no ha impedido que el bono a diez años siguiera escalando hasta máximos desde 2023.El 5% que vuelve a competir con Wall StreetY ese 5% importa mucho más para Wall Street de lo que podría parecer, porque obliga a las acciones a competir contra una alternativa capaz de ofrecer una rentabilidad elevada sin asumir el mismo riesgo empresarial. Durante muchos años, con los bonos pagando prácticamente nada, aceptar múltiplos cada vez más altos tenía bastante menos coste de oportunidad. Ahora un inversor puede obtener alrededor de un 5% prestando dinero al Gobierno estadounidense durante diez años, mientras la Fed avisa de que el dinero podría encarecerse todavía más.Los tipos y los bonos altos ya están empezando a pasar factura a las previsiones de Wall Street. Wells Fargo ha recortado su objetivo para el S&P 500 desde 7.950 hasta 7.700 puntos y calcula que al índice apenas le queda alrededor de un 1% de subida hasta final de año.La tecnología se ha abaratado sin que sus acciones caiganLo curioso es que esta misma semana también están apareciendo argumentos para defender exactamente lo contrario. Truist sostiene que el S&P 500, prácticamente lateral desde junio, combinado con unas previsiones de beneficios crecientes, ha reducido las valoraciones sin necesidad de una gran corrección y ha dejado oportunidades especialmente interesantes dentro de tecnología. En ese sector, el PER esperado habría bajado desde unas 32 veces en octubre hasta alrededor de 21 mientras las estimaciones de beneficios crecían cerca de un 20% en apenas tres meses. Dicho de otra manera: no siempre hace falta que una acción caiga para que se vuelva más barata; también puede ocurrir que el precio se quede quieto mientras los beneficios esperados suben.Wall Street llega así a noviembre atrapada entre dos relatos que no pueden ganar simultáneamente para siempre. Uno sostiene que unos beneficios extraordinarios y la productividad asociada a la IA todavía justifican comprar las correcciones. El otro empieza a preguntarse cuánto tiempo puede seguir pagando el mercado múltiplos elevados cuando se ha acabado el tiempo del dinero barato.Por si faltaba algo, tenemos el petróleo por encima de 100 dólares. Si vuelve a subir con fuerza, aumenta la presión sobre la inflación, y si esta se mantiene elevada, la Fed tiene menos margen para bajar los tipos. Una pieza mueve a la siguiente.El rally necesita que los beneficios corran más que los tiposPero que los tipos sigan altos tampoco implica necesariamente que el rally tenga que terminar, y ahí está precisamente uno de los argumentos que utilizan los alcistas. KKR considera que la Fed está mostrando una confianza poco habitual en la fortaleza de la economía estadounidense, apoyada en el crecimiento, la inversión empresarial y las mejoras de productividad, hasta el punto de que la firma espera que el bono a diez años pueda terminar 2026 alrededor del 5,1%. Es decir, el mercado podría convivir con rentabilidades elevadas siempre que detrás haya una economía capaz de seguir generando beneficios y no simplemente otra oleada de inflación.Las últimas sesiones ofrecen una buena muestra de ese equilibrio. Después de la subida de tipos de la Fed, el S&P 500 cayó un 0,5%, pero apenas un día después rebotó más de un 1% cuando cedieron el petróleo y las rentabilidades de la deuda, con la tecnología recuperando alrededor de un 2%. Los inversores no parecen estar abandonando el mercado, sino aprovechando cualquier alivio para volver a comprar, aunque cada rebote depende cada vez más de que varias piezas encajen al mismo tiempo.Las próximas siete semanas van a servir, por tanto, para comprobar si Trump consigue llegar a noviembre con Wall Street cerca de máximos. El mercado tendrá que demostrar si puede seguir avanzando apoyado en unos beneficios que todavía sorprenden al alza, incluso mientras cambian las condiciones que hicieron posible buena parte del rally. FactSet calcula que el beneficio del S&P 500 crecerá un 28,7% en el tercer trimestre y 72 de las 114 compañías que han dado previsiones han superado las estimaciones de los analistas, muy por encima de la media de los últimos cinco años.

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Los efectos del pacto entre Mercosur y la UE ya impactan en la carne: «Toda la cadena lo nota y será más barata para los europeos»

Los efectos del pacto entre Mercosur y la UE ya impactan en la carne: «Toda la cadena lo nota y será más barata para los europeos»

Apenas han pasado tres meses desde que Mercosur y la Unión Europea sellaron uno de los pactos más importantes entre ambas regiones. Un acuerdo histórico que cerró más de 25 años de negociaciones y abrió la puerta de un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del PIB global. El pacto eliminó el 91% de los aranceles a las exportaciones europeas y el 92% a las de Mercosur para algunos productos. Aunque no estuvo exento de polémicas, el 1 de mayo ambas regiones comenzaron a enviar sin restricciones sus principales mercancías. Para Europa, los más beneficiados serán el sector automovilístico, la maquinaria y el vino. Mientras que para Mercosur será la miel, el azúcar y, por supuesto, la carne. Este último, un producto esencial en una parte del mundo en la que se concentran cuatro de los diez exportadores más importantes del planeta: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.Para Argentina esto supondrá un espaldarazo más a una economía en la que el sector exportador se ha convertido en un aliado fundamental para el Gobierno de Javier Milei, que defiende su gestión a través de los resultados macroeconómicos; y donde el superávit comercial es uno de sus datos estrella. «Antes era una economía muy enfocada en el mercado interno, con todas las restricciones económicas posibles, lo que le llevó a un estancamiento total. Aunque está abriéndose, Argentina es todavía la economía más cerrada de la región, por lo que cualquier tipo de acuerdo y alineamiento en ese sentido encaja con esa apertura económica”, explica a 20minutos el economista argentino Fausto Sportorno, que reconoce que, aunque todavía es pronto para hacer un análisis exacto, sí se ha apreciado “una reacción rapidísima de las empresas argentinas”. “A China y Estados Unidos se exportan partes de la vaca que no interesan tanto en Europa, que come el lomo, una de las partes más magras, más ricas y, también, más caras. La carne es uno de los mercados con más potencial del mundo y su industria lo sabe”, añade Spotorno.Las negociaciones entre ambos bloques sufrieron también el rechazo de algunos sectores. El campo europeo puso desde el principio muchas reticencias, ya que ganaderos y agricultores afirmaban que la entrada de carne de Mercosur sin aranceles supondría un peligro sanitario y comercial. Por el contrario, la industria agropecuaria latinoamericana, y en especial la argentina, ha recibido con agrado dicho acuerdo, que lo ven como una oportunidad no solo para ellos, sino también para Europa.“Los ganaderos europeos reciben un soporte muy fuerte del Estado, a diferencia de lo que ocurre aquí, y si ves los tamaños de las producciones latinoamericanas y de las producciones europeas te das cuenta de que un productor en Europa con 20 vacas vive, en Argentina necesita por lo menos 200. El nivel de producción es muy distinto en cada uno de los casos, pero lo que no quieren los europeos es competir”, afirma Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).Schiariti defiende que la producción en Argentina cumple con todos los requisitos climáticos y sanitarios necesarios, incluido el balance de carbono que ha sido presentado a la Organización Mundial de la Salud. En el mismo sentido se expresa Carlos J. Colombo, presidente del Mercado de Cañuelas, el principal mercado concentrador de ganado vacuno de Argentina y uno de los más importantes de América del Sur, que reconoce que el acuerdo fomentará la bajada del precio de la carne y la competitividad que el ganadero de la UE está tratando de evitar. “Los aranceles influían en el precio de la carne, que se derramaba en los frigoríficos y el poder de compra del animal en pie, por lo que esto terminará influyendo para bien. Y para Argentina, como país exportador, que se levanten estas barreras es muy importante. Toda la cadena ya lo está notando y el comprador europeo tendrá carne de mejor calidad y más barata”.Para Argentina, como país exportador, que se levanten barreras es muy importante. Toda la cadena ya lo está notando y el comprador europeo tendrá carne de mejor calidad y más barataAun así, Colombo dice entender la reacción del campo europeo, ya que ocurrió algo parecido en Argentina con la importación del cerdo de Brasil. “Siempre está el miedo de que estas aperturas o estos arreglos opaquen el negocio del ganadero, pero creo que no es la idea y por eso se ha puesto el sistema de cuotas y reglas”, agrega, en referencias a las condiciones con las que finalmente se aprobó el acuerdo. La UE, para proteger los intereses de su campo y de posibles perjuicios por la importación de estos productos agrícolas, aprobó medidas de salvaguarda que permiten la suspensión temporal de las preferencias arancelarias si no se cumplen requisitos como: controlar que las importaciones no aumenten un 5% sobre la media de tres años y una cuota máxima con arancel cero. Es por ello que hay un tope de 99.000 toneladas anuales de carne que entrarán libres de aranceles. Además, otra de las condiciones impuestas por la UE es la de aumentar los controles fitosanitarios, una medida que ya se ha cobrado su primera víctima: la carne brasileña.El pasado 3 de septiembre la Unión Europea vetó la importación de carne o productos de origen animal procedentes de Brasil por la falta de garantías del cumplimiento de las normas europeas sobre el uso de antibióticos en el ganado. Esto ha supuesto un revés para Brasil, que ya prácticamente había agotado el cupo de exportaciones de carne sin aranceles que tiene con China, su principal comprador, y estaba compitiendo con el resto de países de Mercosur por entrar dentro de ese cupo máximo de carne sin gravamen con destino Europa.El sistema de cuotas, la gran disputa interna de MercosurDesde que el acuerdo comercial entró en vigencia, la distribución de las cuotas se convirtió en la piedra en el zapato de los países de Mercosur. Todos quieren que sea su producto el que entre con arancel cero, por lo que comenzaron unas negociaciones que, por el momento, no han dado frutos. Entre los países exportadores de carne de Mercosur hay posiciones enfrentadas. Por un lado, Paraguay quiere un reparto a partes iguales, es decir, 25% para cada país; por su parte, Brasil aboga por utilizar el peso comercial en la región de cada país; y por último, Argentina y Uruguay prefieren un sistema basado en el historial de exportaciones, por lo que quien tradicionalmente ha vendido más de un producto a Europa tenga una cuota mayor.Mientras se llega a un acuerdo, el sistema que se está utilizando es el de «primero llegado, primero servido». Esto quiere decir que, una vez aprobado el acuerdo, todos los empresarios se lanzaron a la venta de su producto lo antes posible. En Uruguay, por ejemplo, entre mayo y agosto, se produjo «un rédito neto superior a los 27 millones de dólares» de ahorro que antes se habrían destinado a aranceles, según informó el ministro de Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin. «No estamos hablando de poco dinero. Estamos hablando de resultados potentes de una realidad que apenas nace y que le está dando estos resultados a nuestro país», dijo el canciller en una primera valoración de lo que ha supuesto para su país el acuerdo.Para Miguel Schiariti, pese a lo positivo de este acuerdo, hay que tener en cuenta que dentro de la exportación de carne de Argentina, el mercado europeo no es el principal. “China es el que se lleva más del 60% de la carne que exportamos. Ese es el mercado de mayor volumen. También EEUU e Israel, que es un gran comprador de carne argentina”. De hecho, recientemente Estados Unidos ha aumentado la cuota de importaciones de carne procedente de América Latina, en especial de Brasil y Argentina, para evitar el aumento de precio que estaba sufriendo el país.“Si hay algo en lo que a Argentina le está yendo bien es en las exportaciones”, sentencia Fausto Spotorno. Aunque son los sectores petroleros y mineros los que más beneficio están dando, el economista afirma que este acuerdo con Mercosur traerá beneficios no solo a la industria cárnica, un sector que “ha pasado por momentos complicados en el pasado”, sino también al Gobierno, que podrá seguir mostrando en el exterior las cifras positivas de la balanza comercial.

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La batalla por el decreto de centros de datos inquieta a los inversores: «Hay un exceso de regulación»

La batalla por el decreto de centros de datos inquieta a los inversores: «Hay un exceso de regulación»

El goteo de reacciones de todo el ecosistema que rodea a los centros de datos al proyecto de real decreto con el que el Gobierno pretende regular su desarrollo en España no cesa. Después de que la patronal del sector desenterrase el hacha de guerra con la advertencia de una posible fuga de inversiones multimillonarias por los nuevos requisitos planteados por el Ejecutivo, el debate ha llegado también a las conferencias con inversores, especialmente preocupados por este escenario regulatorio. En pleno tira y afloja entre el sector y el Gobierno, y mientras Moncloa asegura estar en contacto con las empresas para negociar un real decreto «equilibrado», los inversores siguen de cerca una regulación que puede marcar el ritmo de un boom inversor que, según las previsiones de SpainDC, contempla hasta 66.900 millones de euros de inversión en centros de datos en España hasta el final de la década. La propia patronal ha advertido de que las nuevas exigencias podrían comprometer una parte significativa de esos proyectos.La inquietud por el nuevo marco regulatorio ya ha llegado a las conversaciones de las compañías con sus inversores. Así ocurrió en la última conferencia de resultados de Grenergy, en la que su consejero delegado, David Ruiz de Andrés, fue preguntado por el impacto que puede tener en España el proyecto de real decreto sobre centros de datos. «El exceso de regulación que está planteando ahora el Gobierno no es realmente bueno para el desarrollo de la industria de centros de datos en España», respondió el empresario, que añadió que esa es precisamente la impresión que le genera el último borrador presentado por el Ejecutivo.Con otros ojos veía días atrás el proyecto Rafael del Castillo, director de estrategia de TSK, durante otro encuentro con analistas. La compañía, que participa en proyectos energéticos vinculados a centros de datos, considera que el nuevo marco puede abrir oportunidades para su negocio, especialmente por las necesidades adicionales de generación eléctrica que pueden derivarse de los nuevos requisitos. «El real decreto sobre centros de datos, no somos desarrolladores, ni tampoco expertos, pero el proyecto que estamos analizando en España sobre centros de datos se beneficiará de esta regulación», explicaba Del Castillo. «Todos los proyectos de centros de datos en los que estamos involucrados actualmente son los que necesitan energía en España (…) Así que es bueno para nosotros, porque estas oportunidades que estamos analizando contarán con nuevas plantas de energía».Sus respuestas llegan después de que Amazon Web Services, la compañía con el mayor volumen de inversión anunciado en centros de datos en España, también fijase posición sobre el debate regulatorio y defendiese la necesidad de un marco que permita desarrollar el sector y valore a quienes ya han avanzado en sus proyectos. Mientras tanto, el movimiento empresarial no se limita a SpainDC. Otras organizaciones sectoriales han presentado alegaciones al proyecto, entre ellas Apecdata, que ha reclamado cambios para evitar que los nuevos requisitos tengan un impacto desproporcionado sobre los operadores locales. El Gobierno, por su parte, ha abierto la puerta a negociar algunos aspectos del texto para El debate ha terminado por escalar hasta La Moncloa con la entrada en escena de Pedro Sánchez, quien defendía este jueves en un artículo publicado en Bloomberg la necesidad de anticiparse a los efectos del crecimiento de los centros de datos y evitar que su demanda energética y de recursos termine generando costes excesivos: «La experiencia económica enseña una lección sencilla: que la regulación proactiva es más eficaz que la intervención reactiva. Y ciertamente es mucho mejor que la ausencia total de intervención».

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El INE revisa dos décimas a la baja el crecimiento de 2025 por el menor empuje de consumo e inversión

El INE revisa dos décimas a la baja el crecimiento de 2025 por el menor empuje de consumo e inversión

La economía española creció menos de lo previsto el año pasado. Lo hizo un 2,6%, dos décimas menos de lo que había estimado hasta ahora el Instituto Nacional de Estadística, porque el consumo de los hogares empujó con menos fuerza. Con todo, el avance siguió siendo robusto, en un contexto internacional marcado por la guerra de aranceles desatada por Donald Trump, los efectos de la invasión rusa en Ucrania y la incertidumbre. El INE ha publicado este viernes la revisión del producto interior bruto (PIB) anual del periodo que va de 1995 a 2025. Esta actualización eleva dos décimas el crecimiento del ejercicio 2024, hasta el 3,7%, al tiempo que fija como definitiva la evolución del año 2023 y la sitúa en el 2,4%, una décima inferior a la que había calculado hasta la fecha. Con todos estos cambios, el PIB anual a precios corrientes alcanzó los 1,693 billones de euros en el último año, un 0,5% superior al nivel calculado inicialmente.El año pasado la demanda interna (consumo e inversión) aportó 3,4 puntos porcentuales al crecimiento económico y no 3,5, como se pensaba. Pese a que España superó los 22 millones de ocupados y la tasa de paro se situó en torno al 10% de la población activa, el encarecimiento del coste de la vida y sobre todo de la vivienda se hizo sentir en los presupuestos familiares.Así, el consumo de los hogares se revisa tres décimas a la baja, hasta el 3,1%; el de las administraciones públicas se mantiene en el 2,4% y destaca el comportamiento de la inversión, que se eleva dos décimas hasta el 6%. Por su parte, la demanda externa, que incluye las exportaciones y las importaciones, resta una décima más respecto al cálculo anterior (0,8 puntos frente a 0,7), ya que el incremento de las exportaciones se desaceleró un punto al 2,6% en medio de la incertidumbre global. En el caso de las importaciones, aumentaron un 5,5%, frente al 6,2 % estimado.Noticia en ampliación…

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