Vida Gerente

La Comunidad de Madrid no asistirá este viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al que están convocados el Ministerio de Hacienda y las autonomías para avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica y ha instado al resto de gobiernos del PP a seguir sus pasos para que no se dé el quorum necesario para constituir el órgano, una postura que el departamento que dirige Arcadi España ha tildado de «gamberrismo institucional». Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han justificado su negativa a acudir a la reunión porque consideran que la propuesta sobre la mesa está pactada «de manera bilateral» entre el Gobierno central y la Generalitat catalana y «de espaldas» al resto de comunidades.»Se trata de un sistema de financiación que rompe con la igualdad de todos los españoles y que persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y que ha seguido e intensificado el presidente socialista actual», han expresado este jueves a primera hora de la tarde sobre su negativa a acudir al CPFF. La reunión estaba prevista en un primer momento para finales del pasado julio para debatir sobre el borrador de la propuesta que había sido remitido a principios de ese mes por Hacienda, pero fue pospuesta por el ministro España a petición de los gobiernos autonómicos del PP. Los consejeros de Hacienda y Economía ‘populares’ enviaron una carta en la que trasladaban al sucesor de María Jesús Montero que veían un intento «apresurado» del Ejecutivo de Pedro Sánchez por aprobar una propuesta que era «fruto de un pacto bilateral con ERC» y que contaba con el rechazo 16 de los 17 territorios —incluidos Asturias y Castilla-La Mancha, gobernados por el PSOE— integrados en el modelo, según recordaron. El titular de Hacienda accedió a retrasar el Consejo, que se celebrará este viernes en ausencia de Madrid y está aún por ver si de otros gobiernos autonómicos del PP, a los que desde el Gobierno madrileño se insta a no acudir para que el órgano no se pueda constituir conforme a la normativa.»La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse en el CPFF es que no haya quorum en la reunión», han defendido este jueves desde el Ejecutivo de Díaz Ayuso. «El Gobierno de la Comunidad ha mostrado su posición en el seno de las reuniones internas que ha mantenido con la dirección nacional del PP y el resto de consejeros de Economía y Hacienda», han incidido las mismas fuentes. Al momento de redactar esta información no había trascendido que ninguna otra autonomía del PP se haya sumado al ‘plante’ promovido por Madrid.El Ejecutivo de Díaz Ayuso ha censurado la propuesta de reforma del actual sistema de financiación autonómica, en vigor desde 2009 y caducado desde 2014, abanderada por el Ministerio de Hacienda desde que el pasado enero María Jesús Montero, entonces vicepresidenta y titular de la cartera, esbozara sus líneas principales. «Lo que hoy se nos ha presentado es una corrupción de Estado en estado absoluto», apreció Rocío Albert, consejera madrileña de Economía, tras el primer CPFF que se celebró con la propuesta de reforma encima de la mesa. «No vamos a aceptar que Cataluña y los independentistas catalanes reciban un 83% más de lo que recibe Madrid con capacidades muy similares», agregó sobre el modelo que asignaba a la región 2.555 millones de euros más que el actual y 4.686 a Cataluña. «Es un sistema totalmente confiscatorio y que acaba con el alma de esta región», insistió en el reproche Díaz Ayuso hace tan sólo unas semanas.La dirección nacional del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, tampoco ha escatimado en críticas al planteamiento del ministerio. «Primero, no es un modelo, es un sistema de supervivencia; segundo, el Gobierno va a repartir un dinero que no tiene, no tiene los Presupuestos del Estado; y tercero, está diseñado por un partido independentista de Cataluña», valoró hace tan sólo unos días el líder de la oposición en una entrevista. Tras adelantar la Comunidad de Madrid sus intenciones, desde Génova, de momento, no ha habido pronunciamiento.

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El Ministerio de Hacienda ha acusado de «gamberrismo institucional» a la Comunidad de Madrid por intentar «boicotear» el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para este viernes después de que el gobierno regional anunciara esta tarde su intención de ausentarse del mismo. Hacienda convocó el cónclave antes de las vacaciones para debatir sobre la reforma del sistema de financiación autonómica que promueve el Gobierno y que rechazan todos los ejecutivos regionales a excepción de Cataluña y Canarias. El ejecutivo de Ayuso trasladó en la tarde de este jueves que no acudirá a la reunión y anima a hacer lo mismo al resto de comunidades gobernadas por el PP.  Según la comunicación, a la que ha tenido acceso este diario, Madrid arguye que la única forma de que no se materialice un acuerdo sería evitar haya el quorum suficiente para que no pueda votarse la propuesta de Hacienda. Según el reglamento del CPFF, para que el consejo esté válidamente constituido es necesario que asistan al menos la mitad de sus miembros, por lo que sería necesario una deserción amplia entre las doce autonomías que gobierna el PP y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La normativa interna de este órgano -que reserva la mitad de los votos al ministerio y reparte el resto entre las comunidades- hace que el Gobierno tenga garantizado que su propuesta saldrá adelante con el voto favorable de Cataluña y Canarias. Fuentes oficiales del departamento que dirige Arcadi España tachan de «irresponsable» la actitud del gobierno de Ayuso y lo acusan de hacer un llamamiento a «boicotear» la reunión. Desde el ministerio trasladan que todos los gobiernos autonómicos habían confirmado su asistencia al cónclave en el que Hacienda defenderá su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. De hecho, subrayan que todas las comunidades habían acudido con normalidad a las reuniones preparatorias que se han celebrado en la mañana de este jueves. Según Hacienda, ninguna consejería trasladó su intención de ausentarse del encuentro durante las conversaciones previas. El ejecutivo madrileño sostiene que ya había trasladado su postura al resto de autonomías y a la dirección nacional del PP en reuniones internas celebradas previamente. En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda recalca que la reforma del modelo se debatirá «en última instancia» en el Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía nacional, insisten. Como sucede con las leyes que salen del ministerio que afectan a las autonomías, lo habitual es que se vote primero en el Consejo de Política Fiscal y después pasen al Consejo de Ministros para acabar, finalmente, en el Congreso y el Senado. Por el momento, ninguna otra autonomía gobernada por los populares ha trasladado públicamente su intención de no acudir a la reunión. Hasta la fecha, los gobiernos regionales del PP habían hecho frente común tanto contra la reforma de la financiación como con la condonación de la deuda. Y eso pese a que dentro del bloque conviven territorios como Comunidad Valenciana o Murcia -que se encuentran entre las peor financiadas y con más deuda pública- con Cantabria o Baleares, que reciben recursos por encima de la media o la propia Madrid, que apenas tiene deuda. De hecho en febrero del año pasado, todas las autonomías del PP se coordinaron para abandonar el CPFF en el que se debatió la condonación de la deuda y escenificaron su desacuerdo con una declaración improvisada en las escaleras del Ministerio de Economía, donde se celebran las reuniones. Entonces, una de las portavoces de la protesta fue Rocío Albert, la consejera de Hacienda madrileña. El frente autonómico del PP trató de impugnar la votación al considerar que no había quorum suficiente, pero Hacienda rechazó esa interpretación al considera que ya se había constituido la reunión.Las líneas generales de la reforma del sistema de financiación que presentará Arcadi España el viernes son ya conocidas desde hace tiempo. El Ejecutivo plantea incrementar la parte del pastel de los impuestos que le corresponde a las comunidades autónomas en 21.000 millones de euros para que ninguna vea reducidos sus recursos. Sin embargo, el reparto de los nuevos fondos beneficia particularmente a Cataluña -que recibiría unos 507 euros más de financiación por habitante, según estima Fedea-, Comunidad Valenciana (496 euros), Murcia (468), Baleares (450 euros) y Madrid (409).Al mismo tiempo, modifica el cálculo de población ajustada -que determina cómo se reparten los recursos en función de la necesidad de gasto público- y altera elementos fundamentales del sistema como la solidaridad interterritorial. Con la nueva financiación, la Comunidad de Madrid contribuiría con unos 8.000 millones a financiar al resto de territorios (una cifra muy similar a la que ya realiza), mientras que Cataluña reduciría notablemente su aportación de los 2.266 millones actuales a apenas 810 millones. 

El grupo Volkswagen encara un día crucial para su futuro este viernes, cuando está previsto que el consejo de administración de la compañía se reúna para trazar los planes de ahorro del grupo. El encuentro se celebra en un contexto marcado por los cambios que afectan a la industria del automóvil, especialmente durante el último año. «El grupo está trabajando en un plan de transformación para todas sus actividades con el fin de reforzar su competitividad y eficiencia», precisan en un comunicado, en el que remarcan «su compromiso con la electrificación». En este sentido, desde la firma germana señalan la necesidad de aprovechar el potencial de sinergias tecnológicas, estrategia que se ha debatido en varias reuniones del Consejo de Supervisión. Este programa de recortes podría plantear hasta el cierre de cuatro fábricas en Alemania (Zwickau, Emden, Hannover y la de Audi en Neckarsulm), además del recorte de miles de empleos en todo el mundo. En cualquier caso, todavía no hay nada en firme. Hace unos meses anunció hasta 50.000 despidos en el país germano hasta 2030 después de registrar sus peores beneficios desde el ‘diéselgate’.Entre las medidas de ajuste también entraría la posibilidad de dejar de producir la marca Seat a finales de 2029 como muy tarde, según el diario WirtschaftsWoche, que cita un documento confidencial destinado al consejo de supervisión de Volkswagen. «La marca Seat se retirará de forma ordenada y rentable como muy tarde a finales de 2029, garantizando al mismo tiempo el apoyo continuado a los clientes existentes (por ejemplo, en materia de servicio)», indican. No obstante, Cupra se mantendría. Los representantes de los trabajadores y el sindicato IG Metall, así como el estado federado de Baja Sajonia, con una participación del 20% en el grupo, han expresado su rechazo a los planes del consejero delegado, Oliver Blume, según recoge Bloomberg, citando al periódico alemán Handelsblatt. El rotativo asegura que ambas partes se reunieron el pasado lunes y martes, pero no lograron acercar posturas, y no están previstas nuevas conversaciones antes de la reunión del consejo de mañana. Desde el lado de la dirección, ya se están preparando para que los accionistas voten dicho acuerdo en una junta general extraordinaria, previsiblemente este otoño.Noticia en ampliación…

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La Seguridad Social perdió 162.839 afiliados el pasado agosto, un mes en el que es habitual que se destruyan puestos de trabajo, mientras que el paro se incrementó en 44.000 personas, la mayor subida desde 2019. Así lo reflejan los datos que han publicado este miércoles los ministerios de Seguridad Social y Trabajo, respectivamente. Pese a la pérdida de cotizantes, la caída en la afiliación es la más reducida de los últimos cinco años. Habría que remontarse a agosto de 2021 -un mes todavía muy afectado por el rebote económico tras el confinamiento- para encontrar un dato más bajo. En concreto, se han destruido unos 30.000 puestos de trabajo menos que la media de los cuatro años anteriores.En este dato más benigno de lo habitual tiene mucho que ver la regularización masiva de migrantes que concluyó el pasado 30 de junio. Los datos que maneja el Gobierno reflejan que el proceso ha aflorado ya 337.917 cotizantes extranjeros, de los cuales muchos, previsiblemente, ya trabajaban aunque lo hacían fuera del radar protector de la Seguridad Social y no computaban en la estadística. El auge de las afiliaciones por la regularización ha elevado a 3.551.759 los cotizantes extranjeros, que ya suponen el 15,9% de los trabajadores del país. Así, España cerró agosto con 22.345.226 puestos de trabajo, casi 680.000 más que a estas alturas del año pasado y un nuevo máximo histórico para este mes. De hecho, el dato desestacionalizado refleja un incremento de 83.844 empleos, aunque también está inflado por el efecto de la regularización. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha celebrado un dato que ha calificado como «histórico». «Llevamos más de cinco años y medio sumando afiliados mes a mes en la serie desestacionalizada; nuestro mercado laboral goza de muy buena salud», ha expresado. En una línea similar se expresó el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien tachó el dato de «muy positivo», subrayando que el crecimiento interanual del empleo se ha acelerado gracias a la regularización y la «inercia positiva» de la economía. No obstante, analistas como Funcas -el centro de estudios de las antiguas cajas de ahorro- apuntan a que, descontando el efecto de la regularización, los datos de agosto muestran una ralentización en la creación de empleo. En el caso de los parados registrados en las oficinas del SEPE, la cifra asciende a 2.355.918 personas, un nuevo mínimo desde el año 2007. No obstante, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que la regularización ha incrementado el dato de desempleo de agosto por encima de lo habitual, dado que muchos migrantes se registran por primera vez como demandantes de empleo. «El paro en España se ha reducido en el último año en 70.593 personas, esto es un 2,9% menos, y tenemos 710.000 parados menos en el mercado laboral que en 2019», ha destacado la vicepresidenta.Educación, fijos discontinuos y despidos por vacacionesA diferencia de lo que pueda parecer a simple vista, el descenso del empleo en agosto no tiene nada que ver con el fin de la campaña turística de verano. De hecho, la hostelería es uno de los pocos sectores que incorpora trabajadores: el mes pasado la afiliación se incrementó en más de 7.000 ocupados en el sector. Este dato solo superan la sanidad y los servicios sociales, actividad que sumó 17.226 afiliados. En este caso, el incremento se debe a las contrataciones temporales que se hacen en sanidad para cubrir las vacaciones del personal, dado que es un sector que no puede permitirse parar en verano. En cambio, la mayoría de los sectores de actividad pierden afiliación en agosto, fundamentalmente por el parón en la actividad económica que se produce este mes en particular. Casi la mitad del descenso en el empleo se explica por el sector educativo, donde la afiliación se redujo en 78.272 cotizantes. Los empleos que se pierden son contratos temporales que finalizan al caer la actividad en agosto y trabajadores fijos discontinuos que pasan a la inactividad, pero que después volverán a activarse cuando comience el curso escolar.El descenso en el empleo es notable también en otros sectores, como las actividades administrativas y servicios auxiliares (-18.083), en las actividades profesionales, científicas y técnicas (16.924), en la industria manufacturera (16.417), en actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento (-15.238), construcción (-12.653) o en el comercio (-10.180). 

La multinacional de juego y casinos, Cirsa, ha dado un vuelco en su estrategia tras anunciar un acuerdo con la italiana Lottomatica para gestar la segunda mayor compañía del sector a nivel mundial. El grupo catalán controlado por Blackstone será absorbido por la firma transalpina y dejará de cotizar en la Bolsa de Madrid, a la que regresará una vez se haya materializado la integración, prevista para el segundo trimestre de 2027. El grupo fundado en 1978 en Terrasa (Barcelona) pondrá fin tal y como se le conoce a su corta andadura bursátil, que arrancó el verano pasado con su estreno en el mercado continuo. Debutó a un precio de 15 euros por acción, nivel que no ha recuperado hasta este miércoles después de dispararse más de un 18% por el anuncio de este acuerdo. En el día previo cerró en 13,64 euros por título. Desde el toque de campana el 9 de julio de 2025 hasta ayer contabilizaba una caída del 9%. Los términos acordados para esta unión recogen que los accionistas de Lottomatica tendrán el control con un 67,5% del capital, mientras que el 32,5% estará en manos de los accionistas de Cirsa, de los cuales el citado fondo estadounidense poseerá cerca del 24%. Reduce así su participación desde el 74,23% que ostenta en el momento actual, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El conocido como uno de los grandes ‘caseros’ de España se hizo con el 100% de la compañía en 2018 tras cerrar un acuerdo con su fundador, Manuel Lao, cuyo importe nunca fue revelado. Cirsa opera en trece mercados, ubicados principalmente en Europa y América Latina. Además de España, entre sus mercados figuran Italia, Marruecos, México, República Dominicana o Puerto Rico. No obstante, el grueso del negocio está en España, que representa alrededor del 40% de su actividad con seis casinos, 40 bingos y 237 salones de juego. Cirsa ha pasado de posición compradora a ser comprada en cuestión de meses. El pasado julio cerró la adquisición de una participación mayoritaria en Sociedade Figueira Praia, propietaria y operadora de Casino Figueira en Portugal, un icono de los casinos en la Península Ibérica. Las cuentas correspondientes al segundo trimestre arrojan un beneficio operativo de 202 millones, superando por primera vez la barrera de los 200 millones. Destaca la división de juego ‘online’ y apuestas deportivas, que experimentó un crecimiento de los ingresos del 14,9% en comparativa interanual, registrando un récord histórico de usuarios activos y captación al calor de la Copa del Mundial de Fútbol. Desde el lado de Lottomatica, este movimiento para ampliar su presencia geográfica supone un cambio de estrategia, ya que con anterioridad había priorizado las compras complementarias dentro de Italia. La operación también podría ayudar a estas empresas a hacer frente a los retos planteados por las plataformas dedicadas a la predicción, que dejan apostar por todo tipo de acontecimientos, desde elecciones hasta ganadores de premios, y que están empezando a ganar terreno a las apuestas deportivas.Los analistas de Banca Akros ven este movimmiento con buenos ojos, sobre todo, para Cirsa, que abre la puerta a un potencial desarrollo para Cirsa. Los accionistas recibirán 0,668 títulos de nueva emisión de Lottomatica por cada título, lo que implica una prima del 21% con respecto al cierre del martes, hasta los 16,55 euros, ya que la integración se acometerá a través de un canje de acciones. La empresa resultante contará con un resultado bruto de explotación ajustado (Ebitda ajustado) de aproximadamente 2.000 millones. Lottomatica corrige más de un 10% en la Bolsa de Milán. 

La rentabilidad de la deuda se convierte en un nuevo foco de tensión para los mercados en el inicio de septiembre. El Bloomberg Global Government Bond Index, que mide el rendimiento de los bonos soberanos de todo el mundo, ha escalado hasta el 3,72%, su nivel más elevado desde mediados de 2008. El recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo, con un nuevo ataque por parte de Estados Unidos y el tono más restrictivo de la Reserva Federal en Jackson Hole, en el que su presidente, Kevin Warsh, abrió la puerta a retomar las subidas de los tipos de interés, impulsa al alza dicho rendimiento, con la consecuente caída de su precio. En estas últimas dos semanas, el bono americano a 30 años ha repuntado hasta el 5,31%, un nivel inédito desde 2007, mientras que el rendimiento del bono a diez años ya se mueve en el 4,8%, máximos desde enero de 2025 años. En la misma línea, al otro lado del Atlántico, el ‘bund’ alemán, la referencia en el Viejo Continente, alcanza el 3,34%, máximos desde 2011, mientras que en el caso español se dispara al 3,8%, su cota más alta desde finales de 2023. «La intervención militar se une a las sanciones económicas anunciadas por EEUU y eleva la tensión en Oriente Próximo. Como consecuencia inmediata, el petróleo repuntó situándose por encima de la barrera psicológica de los 90 dólares el barril. Un petróleo más elevado implica inflaciones superiores, lo que añade más presión a los bonos y penaliza las valoraciones de las bolsas», precisan los analistas de Bankinter. La cotización del petróleo se ha disparado por la tarde del martes ante la mayor preocupación porque el conflicto se extienda más de lo previsto. El Brent, la referencia en Europa, ha cerrado este martes con una subida del 4,6%, hasta los 94,65 dólares el barril, máximos desde el pasado mayo. En la misma línea, el West Texas Intermediate (WTI) supera de nuevo los 90 dólares tras rebotar un 5,7% ante un nuevo ataque de EEUU a Irán, el segundo en 48 horas. La situación en el mercado de deuda se ha dado la vuelta a partir del pasado viernes con el discurso de Warsh, en el que enfatizó en la necesidad de priorizar el control sobre la inflación. Tras esto, la probabilidad de un alza de tipos en septiembre ha aumentado hasta el 60%, sin descartar que el aumento desde el rango objetivo del 3,5-3,75% se produjera en el encuentro de septiembre. «Creemos que ha dejado pocas dudas de que los datos de inflación del índice de precios del consumo (IPC) de agosto, que se publicarán en apenas unos días antes de la reunión de la Fed de septiembre, serán cruciales», señala Richard Clarida, asesor económico de PIMCO y exvicepresidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Esta situación se da con un volumen de deuda pública en máximos históricos en Estados Unidos, después de que haya rebasado los 40 billones de dólares. Como receta, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha defendido el crecimiento y la desregulación como única vía para reducir los volúmenes de deuda, y señala como principales obstáculos las cargas regulatorias excesivas, los sistemas fiscales mal diseñados y la insuficiente inversión pública y privada. En Japón, el interés de la deuda ha sobrepasado el 3%, máximos de tres décadas, impulsado también por las expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) acelere con una subida de los tipos de interés. Concretamente, la cifra más elevada desde 1996. La intervención conjunta entre Japón y Estados Unidos para frenar la depreciación del yen en el mercado de divisas en julio ha tenido una intervención limitada, ante lo que algunos analistas defienden que el banco central nipón podría dar un paso al frente. Este martes se ha conocido además la tasa de inflación en la Eurozona, que ha repuntado hasta el 3,3% por los precios energéticos y da vía libre para que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés en la cita de la próxima semana, tal y como espera el mercado. Entre los argumentos para ese movimiento en el precio del dinero figuran los precios energéticos, que han subido cuatro puntos por encima del 10,3% registrado en julio. «El repunte de la tasa de inflación general justifica una subida de tipos en septiembre. Sin embargo, la persistente moderación de la tasa subyacente debería dar lugar a un debate interesante sobre un repunte posterior», apunta el analista de ING Bert Colijn.

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El Gobierno ha movilizado un paquete económico de 309 millones de euros de apoyo y dinamización para Ceuta, cuando se cumple un mes desde que estalló la crisis migratoria y humanitaria en la ciudad autónoma. El Real Decreto-ley de medidas urgentes incluye un refuerzo de los servicios esenciales, de la seguridad, de la financiación asociada a los menores acogidos y medidas de apoyo a las empresas y a los trabajadores. Entre ellas destaca un paquete fiscal con bonificaciones permanentes en el impuesto sobre Sociedades y en el IRPF que se extenderá a la ciudad autónoma de Melilla.  El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el plan pretende atender a las peticiones de los agentes sociales y de la ciudad autónoma en el último mes. «El objetivo principal es dar confianza y tranquilidad tanto a empresas como a trabajadores (…) Es el principio que explica este plan de choque», ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El plan de apoyo a Ceuta cuenta con cuatro ejes. En primer lugar, contempla un refuerzo de los servicios esenciales (Sanidad, Educación o tratamiento del agua, entre otros) por valor de 21 millones de euros; incorpora, además, un refuerzo de la seguridad por más de 90 millones de euros destinado a Defensa, Policía y Guardia Civil. El Ejecutivo incrementa también la dotación para la acogida de menores y la atención humanitaria en 118 millones; y, finalmente, anuncia 80 millones de euros en apoyo a las empresas y a los trabajadores. Las ayudas directas podrán solicitarse desde el día 14 El también ministro de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que esos 80 millones «superan con creces la estimación de pérdidas que había hecho la Cámara de Comercio», que rondaban los 30 millones en el conjunto del mes, y equivalen al 4% del PIB de la ciudad autónoma. Entre las medidas de respaldo al tejido productivo se incluyen 36,6 millones en ayudas directas que gestionará la Agencia Tributaria (AEAT) y que se articularán de forma parecida a como se hizo en Valencia con la Dana. Estas incluyen ayudas de 5.000 euros por cada autónomo y de entre 10.000 y 150.000 euros por empresa, en función del volumen de facturación que podrán solicitarse a partir del lunes 14 de septiembre, en la propia web de la Agencia Tributaria, con el objetivo de iniciar los pagos a principios de octubre. Cuerpo prevé que esta actuación beneficie a 2.600 autónomos y 1.400 empresas. Moncloa anuncia, además, 14 millones en ayudas directas para contribuir a recuperar la actividad económica y empresarial de Ceuta y reforzar la confianza de consumidores, visitantes y empresas en modo de bonos de consumo y al turismo, descuentos al transporte de no residentes o de campañas específicas… Dos de las medidas ‘estrella’ del paquete son fiscales y tienen carácter permanente. Se trata de la bonificación del Impuesto de Sociedades, que pasará del 50% al 60% para entidades residentes en ambas ciudades autónomas y para las que mantienen actividad y los puestos de trabajo en la ciudad. A esta se suma una mejora en la tributación del IRPF para los autónomos que supone la ampliación de la deducción de gastos de difícil justificación en el IRPF. Las dos, que están cuantificadas en unos 12 millones de euros, se extienden a Melilla. Avales del ICO y bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad SocialA todas las actuaciones anteriores se suman un millón de euros para el Plan Ceuta Exporta, que ICEX pondrá en marcha, así como otro millón de euros para una campaña específica de promoción internacional de Ceuta como destino turístico. Carlos Cuerpo ha incidido en que el paquete suma una línea de avales del ICO por hasta 50 millones; así como exenciones en cuotas a la Seguridad Social para las empresas que hayan visto interrumpida o limitada su actividad y se vean obligadas a recurrir a un ERTE.En el ámbito laboral se aprueban también una prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, una bonificación permanente en la cuota empresarial a la Seguridad Social del 50% actual al 75% (se cuantifica en 12,2 millones para cuatro meses) destinada a los trabajadores con contrato indefinido en Ceuta y Melilla y vinculada a que desarrollen actividades formativas. Por último, habrá ayudas de 650.000 euros para la formación de trabajadores a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La inflación se disparó en la Eurozona al 3,3% en agosto, el nivel más alto desde que se inició la guerra en Irán. El coste de la vida sube muy por encima del 2% que el Banco Central Europeo (BCE) tiene marcado como objetivo a medio plazo, lo que empobrece a las familias y resta competitividad a las empresas. El dato avanzado, que ha dado a conocer este martes Eurostat, allana el camino para que la entidad anuncie una nueva subida de los tipos de interés en septiembre, la segunda en lo que va de año.La guerra en Irán se prolonga ya por más de medio año, la tensión entre Estados Unidos e Irán no afloja y la cotización del petróleo ha vuelto a escalar en los mercados internacionales. El barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, se encarece cerca del 41% en lo que va de año. En este contexto, los precios energéticos subieron un 14,3% interanual en agosto, frente al 10,3% al que se habían incrementado un mes antes. La inflación de servicios aumentó un 3%, tres décimas menos que en julio. Esta tasa preocupa especialmente al BCE porque indica si la inflación se está estancando y puede generar efectos de segunda ronda, la temida espiral inflacionista. Esto es, cuando la inflación se eleva, lo hacen también los salarios, la demanda aumenta ante la expectativa de que los precios sigan subiendo y todo vaya a estar mucho más caro en un futuro y esto genera una nueva subida de los precios de bienes y servicios. Es un escenario que los bancos centrales temen porque en él es muy complicado controlar el alza de los precios sin dañar la economía -una subida demasiado brusca o fuerte de los tipos puede lastrar la inversión y el consumo al encarecer demasiado la financiación-. La tasa subyacente, el otro termómetro que indica si el alza de precios es temporal o se está enquistando, se moderó una décima hasta el 2,1%.El precio de los alimentos frescos sube másLos datos que ha publicado la oficina de estadísticas europea reflejan que  los bienes industriales no energéticos se encarecieron un 1,2%, tres décimas más que en julio; y la subida en los alimentos, el alcohol y el tabaco se mantuvo estable en el 1,2%. Sin embargo, los alimentos frescos subieron un 2,7%, más que en julio. Este es otro tema que preocupa a los organismos internacionales. Los efectos del rally del petróleo y de la escasez de fertilizantes por el bloqueo del Estrecho de Ormuz pueden empezar a reflejarse en unos meses en los lineales de los supermercados. Por países, las mayores subidas de precios se registraron en Lituania (5,8%) y en Bulgaria (5,1%), mientras que en Estonia el alza fue del 1,3%, la más baja. En España, la inflación armonizada, dato que Eurostat toma como referencia para poder hacer comparaciones entre los distintos países, se disparó al 4,5%, por encima de la media. Esto resta competitividad a la economía nacional frente a sus principales socios, que son precisamente las grandes economías del área del euro. «Los precios de la energía podrían volver a subir, las sequías están afectando a las cadenas de suministro y la economía sigue funcionando razonablemente bien, lo que facilita que se repercutan en costes más elevados», advierten los analistas de ING. En la entidad recuerdan que los indicadores de crecimiento salarial han empezado a repuntar por lo que, si bien la situación actual es favorable, «cabe esperar que la inflación subyacente siga aumentando en los próximos meses».

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Los trabajadores de Airbus han decidido por una mayoría muy holgada continuar con la huelga indefinida que empezaron el pasado 25 de agosto para exigir mejores condiciones laborales. La plantilla estaba convocada este lunes a una votación para decidir si suspendían temporalmente las movilizaciones para seguir negociando con la empresa, una propuesta que ha sido rechazada por un 81,2% de los votos y que solo ha tenido el respaldo del 16,4% de los empleados (el 2,4% restante se ha abstenido). Airbus cuenta en España con unos 14.000 trabajadores repartidos entre las plantas de Getafe —9.000 empleados—, Illescas (Toledo), Albacete, Cádiz y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo. Las plantas de Albacete y Cádiz no han votado este lunes, pero han afirmado que se adherirán al resultado de la mayoría, por lo que tampoco pausarán las movilizaciones. Solo los empleados de Illescas votaron a favor de pausar la movilización. Los sindicatos y la empresa se volverán a reunir el próximo martes en una nueva sesión de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), aunque la empresa ha condicionado la continuidad de las negociaciones a una suspensión temporal de la movilización. Las organizaciones sindicales han señalado que acudirán mañana a esta nueva reunión en el SIMA y «veremos si la empresa cumple o no con sus amenazas».Durante la reunión del pasado jueves, la dirección de Airbus España rechazó la propuesta de subidas salariales que presentaron los sindicatos convocantes de la huelga, aunque introdujo algunas mejoras a su planteamiento inicial.En un comunicado interno remitido posteriormente a la plantilla, Airbus defendió el pasado viernes su última propuesta presentada a la representación social que prevé la vinculación del salario al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo perdido del 7,6% en un periodo de 5 años hasta 2030.Asimismo, Airbus se compromete a un incremento del 0,5 % para la revisión salarial anual (RSI) y del 0,5 % para las promociones y compensar el denominado «efecto abril» con un pago excepcional de 2.000 euros en enero de 2027.En su misiva, la empresa asegura que su objetivo es encontrar «un acuerdo común que sea bueno para todos, para los empleados y para Airbus en España» y que lo quiere encontrar «a través del diálogo y una negociación que se lleve a cabo en un entorno tranquilo y respetuoso».A su juicio, su última oferta presentada a los mediadores establece «una base sólida para un acuerdo duradero» que corresponde a los puntos que fueron puestos sobre la mesa por los interlocutores sociales y los trabajadores, tanto en el aspecto económico como en el no económico.Sin embargo, advierte de que la continuación de la huelga está creando «una situación crítica tanto para nuestro negocio como para nuestros clientes», de algunos de los cuales ha recibido «claros mensajes de preocupación», así como de diferentes partes interesadas que necesitan continuidad de negocio y fiabilidad. Por ello, Airbus ha condicionado la finalización de su oferta a la desconvocatoria o suspensión de la huelga.El resto de sindicatos de Airbus España, que no han convocado la huelga —CCOO, SIPA y ATP— indicaron tras la reunión del pasado jueves que iban a analizar la propuesta de la compañía de cara a la nueva reunión, aunque de forma interna.

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Este martes, 1 de septiembre, la Seguridad Social introduce un cambio en las notificaciones para todas aquellas personas que hayan solicitado una incapacidad temporal o permanente. A partir de entonces, las cartas desaparecerán con el fin de dar paso a la vía electrónica para comunicar resoluciones o requerimientos. La modificación hace parte del esfuerzo de la Administración Pública para introducir herramientas de digitalización que puedan simplificar procesos burocráticos. Las notificaciones electrónicas se contemplan en la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, que modifica la anterior Orden ISM/903/2020 relativa a las notificaciones y comunicaciones electrónicas de la Seguridad Social. La propia normativa se justifica en que los solicitantes de incapacidad, «por estar incorporados al mundo laboral o profesional (…), cuentan con conocimientos y medios suficientes para recibir las comunicaciones y notificaciones por estos medios». Cabe aclarar que la Administración no se olvida de quienes pueden presentar dificultades con el avance de la digitalización, como lo son, por ejemplo, las personas mayores o de zonas muy alejadas de los núcleos urbanos. De esta manera, «se introducen ciertas salvaguardas para garantizar que las actuaciones administrativas llegan a la persona destinataria». Cómo funcionan las nuevas notificaciones del INSSLa Seguridad Social podrá utilizar los datos de contacto disponibles para enviar un aviso al interesado cuando tenga una comunicación pendiente. Ese aviso puede llegar mediante SMS o correo electrónico. Pero ojo ahí: este mensaje sirve para informar de que existe una comunicación que debe consultarse; el documento con efectos legales estará disponible a través de los canales habilitados por la Administración, como lo es la sede electrónica de la Seguridad Social. Cabe recordar que, para que las notificaciones se lean a tiempo, se ha implementado un sistema de alertas para verificar el correo electrónico personal o el número de teléfono en las bases de datos de la entidad. En los casos en los que no se haya realizado esa gestión, las personas podrán ser atendidas presencialmente en una oficina. Para poder acceder a las comunicaciones, será necesario identificarse mediante alguno de los sistemas disponibles. Entre ellos se encuentran Cl@ve, el certificado digital y el DNI electrónico.Plazos para revisar las notificaciones La Administración Pública comunicará tanto la denegación, la prórroga o el reconocimiento de las prestaciones por incapacidad temporal o permanente; pero también las solicitudes de documentos. A partir de ahí, los solicitantes disponen de 10 días naturales para leer dichas notificaciones. 

Yolanda Díaz afronta los últimos compases de la legislatura como vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo. Tras casi siete años encargada de la política laboral del Ejecutivo, Díaz, abogada laboralista de profesión, apura sus últimos meses en el Consejo de Ministros con la vista puesta ya en su candidatura a presidir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).La votación se celebrará en noviembre y en caso de resultar elegida tomaría posesión en octubre del año próximo. Pero antes deberá dejar zanjados varios expedientes que se acumulan en los despachos del ministerio, la Moncloa y el Congreso de los Diputados. La legislatura expirará, como tarde, el 22 de julio del año próximo y el Ministerio de Trabajo tiene todavía sobre la mesa varias carpetas. La reforma del registro horario, del despido, el estatuto del becario, la ampliación del permiso por fallecimiento o una nueva subida del salario mínimo -con cambio incluido en las reglas de compensación y absorción de los complementos retributivos- aparecen entre las más destacadas. El nuevo registro horario está, probablemente, en el primer lugar de la lista en el orden de prioridades. Tras el pinchazo de la ley de reducción de jornada a finales del año pasado, el Ministerio de Trabajo decidió impulsar una norma separada para endurecer el registro horario. La idea es acabar con las anotaciones de jornada en papel y que el registro sea totalmente digital y accesible en tiempo real por la Inspección de Trabajo. De esta forma, el ministerio confía en reducir las horas extra fraudulentas y provocar así una reducción de jornada de facto. Sin embargo, la norma no ha llegado a tramitarse todavía pese a que se empezó a impulsar por separado hace ya casi un año. La oposición frontal de la patronal y las dudas del Ministerio de Economía, con quien el equipo de Díaz ha vuelto a chocar, han frenado la medida. Hecho que ha disgustado a los sindicatos, que han amenazado con levantarse de todas las mesas de negociación si el texto no va a Consejo de Ministros este mes. Antes del parón político estival, Trabajo y Economía acordaron dejar este expediente para la vuelta de vacaciones, para terminar de pulir los detalles, especialmente después del duro revés que recibió el texto tras pasar por el Consejo de Estado. El órgano consultivo emitió un dictamen en el que cuestionó la falta de adaptación sectorial de la medida, su impacto en las pymes y el recurso a una norma sin rango de ley. Esto último, pensado deliberadamente para esquivar la situación de bloqueo en el Congreso.La reforma del salario mínimoUna vez solventada la cuestión del control de jornada, el Ejecutivo tendrá que empezar a pensar en el salario mínimo interprofesional (SMI). Las conversaciones para perfilar una nueva subida de cara al año próximo arrancarán en otoño, con el telón de fondo de un nuevo repunte inflacionario impulsado por la guerra en Irán. Más allá de la cifra que se decida, este año el protagonismo volverá a estar en la cuestión de la compensación y absorción de los complementos retributivos y en si el SMI seguirá sin tributar. Trabajo tiene otra norma ya elaborada con la que pretende que no se puedan compensar ni absorber determinados complementos cuando el salario mínimo sube. Esta práctica es habitual en muchas empresas con empleados con una nómina cercana, pero superior al SMI. Cuando la subida del salario mínimo eleva el sueldo base, el empleador les descuenta ese incremento de los complementos, de tal forma que su salario total no se ve afectado por la mejoría del SMI. El Ministerio de Trabajo pactó con los sindicatos acabar con este mecanismo para que las subidas del SMI empujen el resto de sueldos, pero la patronal rechaza frontalmente la idea y amenaza con recurrir el texto a los tribunales si finalmente se aprueba.Ampliación de los permisos de fallecimientoOtro de los frentes abiertos que tiene el Ministerio de Trabajo es la ampliación del permiso remunerado por fallecimiento hasta los diez días, así como la creación de un nuevo permiso por cuidados paliativos y eutanasia. Trabajo llegó a un acuerdo con los sindicatos -de nuevo, con el rechazo de la patronal- para impulsar esta medida en diciembre del año pasado y Yolanda Díaz trasladó su intención de tramitarla como real decreto ley para testar la voluntad del Congreso. Sin embargo, el texto todavía no ha llegado a audiencia previa y no hay novedades desde hace meses. Más allá de la cuestión de los permisos, el ministerio se ha comprometido también a abordar una reforma del sistema de despido español para elevar las indemnizaciones, en particular en el despido improcedente, y también reforzar la causalidad en los supuestos de extinción del contrato. Actualmente, la cuestión se está negociando en una mesa de diálogo social en la que la patronal amagó con levantarse de la mesa, pero finalmente permaneció.Y la recta final de la legislatura será clave también para esclarecer si sale a la luz el estatuto del becario, una norma que Trabajo acordó en diálogo social con los sindicatos durante la legislatura anterior. Tras diferentes vaivenes, el texto llegó al Congreso, donde lleva aparcado en un cajón desde marzo de este año. 

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El proceso de venta de Deoleo, el fabricante de Carbonell, Hojiblanca o Koipe, se está convirtiendo en una pugna abierta por el liderazgo del sector del aceite de oliva. La pelota está ahora en el tejado de la italiana Coricelli que, a través de su holding con sede en Sevilla Farmers Elite, ha presentado una oferta de 500 millones por la compañía. Como alternativa permanece el gigante cooperativo DCOOP, que facturó el año pasado 1.421 millones de euros, y ofrece por la cotizada 470 millones. Hay un tercer pretendiente, Acesur (La Española y Coosur) que pagaría hasta 460 millones. Tanto el Gobierno español como el italiano se han pronunciado sobre una operación que afecta a un sector estratégico… y han mostrado sus cartas. Fuentes del Ministerio de Agricultura han confirmado a La Información Económica su preferencia de cara a que «el posible adquiriente (de Deoleo) fuera una entidad española, en el marco del cuadro legal vigente y el cumplimiento de las condiciones de mercado», como ha avanzado este jueves la agencia EFE. En el departamento de Luis Planas recuerdan que la operación afectará al sector agroalimentario español, como primer productor de aceite de oliva del mundo.  Las fuentes de Agricultura han abundado en que estarían a favor de «una opción que preserve nuestros intereses industriales», al mismo tiempo que han añadido que «deberían respetarse estrictamente los intereses de nuestros olivicultores».Hace unos días, fuentes de Moncloa aseguraban a este medio que «el Ejecutivo no entra en operaciones empresariales concretas» y comentaban que eran las empresas las que debían tomar sus decisiones, así como le correspondía a Competencia analizar cualquier movimiento. Sí deslizaban una idea: «El sector agroalimentario y el aceite de oliva son sectores estratégicos para España», concluían. «Nosotros no nos vamos a deslocalizar» Fuentes de DCOOP consultadas se felicitan de la toma de posición del Ministerio de Agricultura y sostienen que «sería malo para el sector oleícola que otro operador terminara en manos no españolas». Van más allá y se preguntan si un debate de este tipo se produciría en un país como Francia.  «Nosotros no nos vamos a deslocalizar», argumentan los mismos interlocutores, y advierten del riesgo de que prevalezcan «los intereses de un país competidor». Estas fuentes razonan que sería «bueno para el sector que una compañía como Deoleo quedara en manos de los agricultores». Además, insisten en que su camino es apostar por la calidad y la trazabilidad, así como por la lucha contra el fraude. Algo que aseguran compartir con los actuales gestores de Deoleo. Roma comienza a moverse Medios italianos como ‘Italia Oggi’ también han destacado que ejecutivo de Meloni también sigue con interés el proceso de venta de Deoleo, aunque sin pronunciamientos explícitos. Lo que sí asegura este periódico es que hay movimientos entre bambalinas. En llamadas con el sector, el ministro de Agricultura italiano, Francesco Lollobrigida, habría hecho un llamamiento para no dividir la candidatura italiana. Lo que, siempre según este relato, habría impulsado a Coricelli frente a otras opciones planteadas, como una hipotética alianza entre DCOOP y el grupo agroalimentario italiano Bonifache Ferraresi (BF) a través de Carapelli y Bertolli.Movimientos y tanteos Cada aspirante a hacerse con Deoleo juega sus bazas. En un contexto de movimientos y de posible desgajamiento de algún activo de Deoleo para evitar eventuales problemas con Competencia, CincoDías apuntaba que el gigante cooperativo español DCOOP estaría pensando en vender el 50% de la compañía propietaria de Pompeian a sus socios marroquíes, la familia Devico. Se trata de una de las marcas de aceite con mayor penetración en Estados Unidos. Preguntados por este extremo, fuentes de Dcoop se han limitado a asegurar que en su estrategia tienen «contemplados todos los posibles problemas que pudieran surgir y las soluciones… los posibles escenarios». Sin embargo, apuntan que no sería el único pretendiente (Coricelli y Acesur) que pudiera enfrentarse con las autoridades de Competencia en mercados como España o Estados Unidos. Tampoco se han pronunciado sobre una hipotética contraoferta frente a Coricelli. 

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