Vida Gerente

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este miércoles que el Gobierno aprobará un nuevo paquete con medidas de apoyo por la guerra en Irán la semana que viene. El Ejecutivo dará luz verde a nuevas medidas en el Consejo de Ministros el próximo martes antes de que decaigan las actuales el próximo 1 de octubre. Aunque Cuerpo no ha precisado cuál será el contenido del decreto que se está preparando.Así lo ha trasladado el número dos en el Gobierno de Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde ha acudido esta mañana para responder a dos preguntas parlamentarias. Posteriormente, ya por la tarde, Cuerpo ha comparecido en comisión para dar cuenta del impacto que están teniendo los aranceles de Trump y ha aportado más datos sobre la situación de la economía española. El ministro ha revelado que las medidas de apoyo económico introducidas desde marzo hasta finales de septiembre han supuesto un gasto de más de 10.000 millones de euros. Entre ellas, cabe recordar la rebaja fiscal a los carburantes y el recibo de la luz que estuvo vigente hasta el 1 de julio que, posteriormente, fueron sustituidas por descuentos directos a las gasolinas que se han ido reduciendo desde entonces. Sin embargo, el agravamiento de la crisis energética durante el verano tanto en lo que respecta a la luz y el gas como los carburantes, han ido diluyendo el impacto de las medidas de apoyo. Cuerpo ha destacado que las medidas han permitido que el Estado absorba la mitad del incremento en el precio del gasóleo y la gasolina que, de otro modo, hubieran pagado directamente los hogares. Además, ha añadido que durante varios meses las medidas han provocado una reducción de hasta un punto porcentual en la tasa de inflación.El vicepresidente primero ha destacado que las medidas «están surtiendo efecto y ayudando a compensar la enorme subida de costes» y ha recogido el guante de los agentes sociales y los sectores económicos, que han pedido al Gobierno que amplíe el paquete de ayudas más allá de septiembre.El números dos del Gobierno ha reconocido que la crisis energética no tiene visos de mejorar en el corto plazo. La guerra en Irán sigue todavía sin visos de encontrar una salida, un fenómeno al que se suma también el recrudecimiento en la guerra de Ucrania, con ataques a refinerías que suponen un elemento extra, ha señalado Cuerpo. «Es muy probable que vengan más shocks energéticos», ha resumido el vicepresidente primero. El impacto de los arancelesEn esa intervención vespertina, el ministro ha reconocido que la situación comercial «todavía no está plenamente normalizada» desde que Estados Unidos impusiera aranceles a la UE en abril del año pasado. El Tribunal Supremo estadounidense los anuló en febrero de este año, Trump volvió a imponerlos temporalmente y actualmente se sitúan en torno al 10% en términos efectivos, según destaca Economía.Según el informe que ha presentado Cuerpo, desde que Trump impuso las tarifas las importaciones de Estados Unidos de productos españoles ha caído en torno a un 9%. Un extremo que el vicepresidente ha atribuido a que Estados Unidos ha cambiado la composición de sus importaciones: ahora compra de fuera más componentes tecnológicos, como ordenadores, servidores, teléfonos… un mercado en el que España tiene una cuota muy baja. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado este miércoles en sociedad su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la agencia de la ONU para el mundo del trabajo y uno de los organismos multilaterales más antiguos que existen. El organismo celebrará elecciones el próximo 16 de noviembre, en las que Díaz se medirá al actual director general, el togolés Gilbert F. Houngbo, y a Javier González-Olaechea, exministro de Exteriores de Perú. En una audiencia pública en celebrada en Ginebra, en la que ha tenido que responder a preguntas de diferentes miembros de la organización, Díaz se ha presentado a sí misma como una mujer «pragmática» y «con experiencia en la gestión», avalada por sus años como ministra. «He sido una ministra que ha tenido que gestionar muchas crisis en un país en que el PIB ha caído 11 puntos», ha destacado Díaz en su intervención inicial, que ha sacado a relucir en varias ocasiones su historial en el Gobierno.»Emprendí reformas clave que hoy permiten que España tenga récord de ocupación y sea la economía de la OCDE que más crece», ha defendido la vicepresidenta. Un historial en el que ha mencionado la reforma laboral -la única que ha funcionado y con acuerdo tripartito, según ha dicho- o los «30 acuerdos de diálogo social» que ha patrocinado durante su mandato. «Soy mujer, sé lo que es estar al mando de un mundo en crisis, fui capaz de gobernar y gestionar crisis increíbles», ha trasladado la ministra. Más allá de su historial en el Ejecutivo, Díaz se ha presentado como defensora de una OIT «en peligro» y que vive una «emergencia de máxima gravedad». La ministra se postula como alternativa ante «el continuismo» del actual director general, el togolés Gilbert F. Houngbo y promete relanzar y modernizar la organización.Uno de los temas que ha centrado las preguntas que ha recibido la vicepresidenta segunda ha sido la delicada situación económica que atraviesa el organismo desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera recortar en 107 millones de dólares la contribución del país a la OIT. Actualmente las cuentas de la OIT arrojan un déficit de 363 millones de dólares, que ha llevado a la dirección actual a proponer el despido de 120 trabajadores del organismo. Sobre esto, Díaz ha cuestionado que los problemas de liquidez que afronta el organismo se deban exclusivamente al recorte de financiación de Estados Unidos, que también han sufrido otros organismos multilaterales. «Lo que han hecho otros organismos fue anticiparse, gobernar bien», ha expresado. «El mandato de la OIT no puede basarse solo en planes de ajuste y no tener un proyecto de futuro», ha añadido.Díaz ha señalado que la OIT recibe menos fondos de los bancos de inversión regionales y del Banco Mundial en comparación con otras agencias de la ONU como la OMS o la FAO. Y se ha comprometido a negociar para conseguir que las entidades financieras aporten regularmente entre 40 y 45 millones de dólares más de lo que reciben ahora.  Respecto a las prioridades más acuciantes que afronta el organismo, Díaz ha destacado el descenso de productividad que se observa en el mundo. «Es una tarea para el mundo del trabajo y de las empresas recuperar la productividad global», ha señalado. Un elemento que ha ligado con la inteligencia artificial, cuya gobernanza debe tener «supervisión y control humano», ha dicho. Finalmente, la vicepresidenta se ha comprometido a liderar la organización desde lo colectivo y con diálogo social para resituar a la OIT «en el centro del sistema multilateral que hoy está en crisis». «Quiero dirigir la OIT porque creo en ella, es la casa de los trabajadores y las empresas. El crecimiento de las empresas se tiene que traducir en trabajo decente. Tenemos una gigantesca oportunidad» ha trasladado. «La OIT tiene que ser un fato de esperanza en el mundo para los trabajadores, para las empresas y para las personas migrantes», ha concluido.

Ha pasado cerca de un año desde que se consumase el fracaso de la opa de BBVA por Banco Sabadell y el goteo de reclamaciones siguen llegando a los buzones de Transparencia. Las últimas en ser estimadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) vuelven a poner el foco sobre el Ministerio de Economía y lo hacen apenas unas semanas después de que el mismo organismo ordenara a la cartera que dirige Carlos Cuerpo a desvelar el informe de la Abogacía del Estado con el que justificó su intervención en la operación.Mientras Economía debe dirimir si entregar esta documentación, Transparencia le ha puesto más deberes. En concreto, según las actas consultadas por este periódico, el CTBG ha estimado parcialmente en agosto la reclamación de un particular al instar al ministerio a revelar tanto el expediente completo de la consulta públicasobre los criterios de interés general afectados por la operación como la documentación de la intervención del Consejo de Ministros que autorizó la concentración el pasado 24 de junio de 2025 con condiciones como congelar la fusión al menos tres años y prohibir los despidos.El origen de la reclamación se remonta a esa misma fecha, cuando un ciudadano pidió a Economía acceso íntegro a ambos expedientes y se topó con una doble negativa del ministerio. Por un lado, inadmitió el acceso a la consulta pública alegando que se trataba de información «auxiliar o de apoyo» y, en segunda instancia, denegó el acceso al expediente de la operación amparándose en la Ley de Defensa de la Competencia. A la negativa de Economía, según consta en la documentación, se sumó la de Banco Sabadell, quien presentó un escrito detallado oponiéndose frontalmente a la entrega de estos papeles, argumentando que estimar la reclamación supondría publicar de forma indiscriminada cientos de documentos enviados en la confianza de que se mantendrían confidenciales, e invocando jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre presunciones de confidencialidad en procedimientos de control de concentraciones. BBVA, en cambio, no formuló oposición alguna al acceso.En su resolución, el organismo que preside María de la Concepción Campos Acuña desmonta ambas líneas de defensa del ministerio, aunque con matices. Respecto a la consulta pública, recuerda que ya resolvió un caso prácticamente idéntico en marzo y reitera que las aportaciones recibidas en ese trámite ya sirvieron para valorar si elevar o no la operación al Consejo de Ministros y, por ende, son relevantes para conocer la motivación real de la decisión. Ordena su entrega, eso sí, respetando la privacidad de las personas que participaron.Sobre el expediente de la operación, Transparencia distingue entre las dos primeras fases del procedimiento -tramitadas por la CNMC, con información de alta sensibilidad comercial como valoraciones empresariales o proyecciones financieras- y la tercera fase, la de la intervención del Consejo de Ministros, que considera de naturaleza distinta. El órgano concluye que Economía aplicó la confidencialidad de forma genérica y sin justificación individualizada documento por documento, algo que la doctrina del Tribunal Supremo exige expresamente. Tampoco admite como suficiente la mera publicación en la web ministerial del Acuerdo del Consejo de Ministros, al entender que publicidad activa y derecho de acceso no son equivalentes. En cualquier caso, Economía puede recurrir ambas peticiones ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses.

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La cita entre las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones) y el ministro de Agricultura Luis Planas ha terminado con un importante anuncio y una nueva fecha a señalar en todos los calendarios del campo español. Las ayudas al gasóleo agrícola, de 20 céntimos por litro en la actualidad, serán prorrogadas hasta el  31 de diciembre. Esta medida se aprobará en el Consejo de Ministros del martes que viene, en lo que será el tercer paquete contra los efectos del conflicto en Oriente Próximo, que estalló el pasado mes de febrero.  El titular de Agricultura ha abierto también las puertas a elevar la cuantía de este apoyo por encima de los 20 céntimos por litro actuales. «Vamos a hacerlo teniendo en cuenta los márgenes actuales, que hasta ahora eran de 20 céntimos por litro y el límite máximo de compensación del 70% del sobrecoste tanto en gasóleo como en fertilizantes, que autorizó la Comisión Europea (CE9 el pasado 29 de abril». Planas ha añadido que España recibirá 50,17 millones de euros de la Reserva Agrícola de la Política Agraria Común (PAC), que su Ministerio ya ha repartido entre las comunidades autónomas. «Estamos en fase de discusión interna para llevar al Consejo de Ministros este paquete y continuar apoyando al sector, a nuestros agricultores y ganaderos», ha apuntado el ministro quien también ha abierto la puerta estudiar algunos temas de ámbito fiscal que impactan en el sector agrícola. Planas ha anunciado la disposición de Agricultura para estudiar, junto a la Agencia Tributaria, el mecanismo de compensación del gasóleo agrícola dentro del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), así como en el IVA. Tampoco excluyen aplicar un pago más directo de este tipo de ayudas sin vincularlas a estos dos tributos, así como analizar la relación del gasóleo y los fertilizantes en el régimen simplificado del IVA y la tributación por módulos. «Vamos a estudiar la forma en que contribuir fiscalmente para compensar este sobrecoste en materia de gasóleo y fertilizantes», ha insistido el titular de Agricultura en referencia a una situación geopolítica que describe como «extraordinaria». El uso de fertilizantes cae hasta un 30% Planas, que ha descrito la reunión como «positiva y constructiva» destacando el diálogo regular que mantiene con las organizaciones agrarias, no ha aclarado si los apoyos a la compara de fertilizantes también se prorrogarán. Sí ha alertado el ministro sobre una utilización de entre un 2 5 y 30% inferior a la de campañas anteriores. El ministro ha asegurado que «no es una buena noticia» con las ayudas existentes y subrayado que las subvenciones actuales son temporales y extraordinarias. El titular de Agricultura ha remitido al Plan Nacional de Fertilizantes y a la búsqueda de formas para ahorrar en el uso de estos insumos. Las agricultores seguirán con las movilizaciones La reacción de las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA, Unión de Uniones y Cooperativas Agroalimentarias) a las palabras de Luis Planas se han movido entre el escepticismo y la decepción, a la espera de lo que aprueba el Consejo de Ministros en una semana. Entre los más escépticos el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien se ha limitado «a valorar la voluntad y el próximo martes valoraremos el contenido» en referencia al siguiente Consejo de Ministros. Tanto Barato como el resto de organizaciones han coincidido en que las movilizaciones anunciadas – aunque aún sin calendario concreto- se mantienen. El presidente de Asaja también ha pedido que, si en el contexto actual, no se puede ser competitivo les hagan la vida más fácil a los agricultores y ganaderos en el ámbito de la Política Agraria Común (PAC). Un planteamiento similar ha puesto sobre la mesa el secretario general de COAG Andrés Góngora, quien ha reconocido que «veníamos con mucha esperanza después de la semana pasada y puedo decir que nos vamos un poco desilusionados». El máximo responsable de COAG insta a implicar a otros ministerios como Economía y Hacienda, así como a las comunidades autónomas. Góngora ha advertido que «el incremento brutal de los costes de producción en determinados productos puede dejar sin sembrar miles de hectáreas con un impacto en el precio de la alimentación y en la soberanía alimentaria». Un punto en el que el representante de COAG cree que España necesita «recuperar soberanía» ante las decisiones de algunas potencias, que impactan en el día a día de la sociedad española «y también en su cesta de la compra». Por todo lo anterior, insta a que el próximo paquete de medidas sea «importante» y con medidas medio y largo plazo. En una línea similar se mueven tanto el secretario general de UPA, Cristóbal Cano como el coordinador nacional de Unión de Uniones, Luis Cortés. El primero ha instado a la continuidad de la ayuda a la compra de gasóleo de 20 céntimos por litro, así como a que se aplique una deducción cuando se tribute por estimación objetiva «de al menos el 35% en el caso de la factura del gasóleo y del 15% de la de los fertilizantes». También cree que es «una buena noticia» la liberación de 50,17 millones de la reserva de crisis de la PAC para EspañaEl rol de las comunidades autónomas Cano ha recordado que las comunidades autónomas pueden complementar «hasta en un 200%» esta ayuda europea. «Seremos muy beligerantes con las comunidades autónomas para den ese paso y ayuden a resarcir al sector de una situación de crisis por el aumento de los costes de producción», ha aseverado. También ha apostado por establecer «un tope máximo al precio del gasóleo agrícola» para transformarlo definitivamente en un gasóleo profesional.Críticas a las administraciones públicas Cortés, de Unión de Uniones, se ha mostrado «defraudado» tras la reunión con Planas y lamentado que «no vemos más que buena voluntad ya que quienes tienen que aprobar realmente las medidas son Economía y Hacienda que brillan por su ausencia». El coordinador nacional de Unión de Uniones ha reprochado que un gasóleo agrícola a 2 euros el litro «genera el doble de ingresos» y considera que las administraciones públicas se enriquecen en este contexto. 

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El Congreso de los Diputados estudiará acabar con las penalizaciones económicas que sufren los trabajadores que han cotizado 40 años o más a la Seguridad Social y que adelanten su jubilación. La Cámara Baja ha votado a favor de tramitar una proposición de ley en este sentido presentada por Podemos. La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos a favor de PSOE, Sumar, Podemos y los socios de investidura del Gobierno, incluido Junts. El inesperado respaldo de los socialistas, que el pasado mes de junio habían rechazado una iniciativa similar, ha sido clave para que la iniciativa saliera adelante. El PP, que también se opuso aquella vez, se ha abstenido y Vox, ha votado en contra. La norma que ha presentado Podemos prevé acabar con los coeficientes reductores para los trabajadores que se jubilen anticipadamente con cuarenta años o más cotizados. Tanto si lo hacen voluntariamente, como si se ven abocados a ello tras perder su empleo a pocos años de alcanzar la edad legal de retirarse. Estos coeficientes reducen la pensión inicial en función de cuánto se anticipe el retiro. Con la norma actual, las personas que adelantan su jubilación involuntariamente con más de 41 años cotizados sufren un recorte de su pensión que oscila entre el 26% para quienes la anticipan cuatro años hasta el 0,5% en el caso de hacerlo un mes. Adelantar un año resta un 5% de la pensión, hacerlo dos, un 13% y hacerlo tres, un 19,5%. Esta reducción dura para siempre.En muchos casos, son trabajadores que iniciaron su vida laboral muy jóvenes y en condiciones difíciles y que se quedaron sin trabajo cuando les quedaba poco para jubilarse. Algo que le sucedió a la generación que estaba cerca de jubilarse cuando estalló la crisis financiera de 2008. Además, comparten el denominador común de haber cotizado a la Seguridad Social más de lo exigido legalmente para jubilarse con el 100% de la pensión (en 2027 este periodo será de 37 años).»Son personas que no solo han cumplido con sus familias y con la Seguridad Social, han cumplido con ese país y han sido quienes más tiempo han contribuido al sostenimiento de lo público», ha defendido Ione Belarra, secretaria general de Podemos, que se ha encargado de defender la proposición de ley desde la tribuna en el Congreso. La toma en consideración aprobada este martes implica que los grupos podrán presentar enmiendas para modificar el texto y debatirlas, pero no garantiza su aprobación final. De hecho, no es extraño que las iniciativas acaben metidas en un cajón en las Cortes mientras se prorroga indefinidamente el plazo para enmiendas. Algo particularmente relevante cuando a la legislatura actual le queda menos de un año en el mejor de los casos. Los grupos debatirán la iniciativa, pero introducirán cambiosLos grupos parlamentarios han reconocido la necesidad de abordar la situación de los jubilados con carreras largas que se ven penalizados, pero han discrepado de varios de los puntos de la propuesta de Podemos. Desde el PSOE el diputado Alberto Mayoral ha anunciado el voto positivo de su formación, pero no ha entrado a valorar el fondo del texto. «Vamos a votar que sí porque creemos que hay que hablar de aquellos españoles y españolas que eran muy mayores para reincorporarse al mercado laboral y demasiado jóvenes para no ser penalizados», ha trasladado. No obstante, ha añadido que analizarán con el Pacto de Toledo las herramientas para hacerlo de manera sostenible. En el grupo popular, que se ha abstenido, han reconocido que se producen «muchas injusticias» dentro de este colectivo, pero consideran que el texto, tal y como está planteado, «puede ser inasumible». En concreto, han criticado que se quieran despenalizar también las jubilaciones anticipadas voluntarias y que se recojan «efectos retroactivos amplísimos, aunque reconocen que la penalización actual «es realmente injusta». Por su parte, Vox -que ha votado en contra- ha calificado de «paripé sin escrúpulos» la proposición de ley de Podemos porque «reduce una reclamación seria a siete páginas que no se sostienen», en referencia a la extensión del texto. El grupo parlamentario ha cuestionado que se ponga la frontera en los 40 años cotizados sin explicar por qué y ha criticado que se dispense el mismo trato a quien anticipa cuatro años o cuatro meses. Desde Sumar, hermano menor de la coalición, han respaldado la proposición de ley, pero han señalado que «debe ser mejorada sustancialmente». En concreto, el grupo parlamentario ha criticado que la regla propuesta es «excesivamente rígida» porque quitaría la penalización a los trabajadores con 40 años cotizados, pero la dejaría igual a aquellos que trabajaron 39 años y 11 meses. También han cuestionado que también se busque eliminar la penalización a los trabajadores que se jubilaron voluntariamente. «No se podemos tratar de la misma manera a quien se jubila de forma anticipada que a quien ha sido expulsado del mercado laboral», ha trasladado la diputada Aina Vidal. Entre los socios de investidura del Gobierno, las opiniones también han sido favorables, incluida la de Junts. Desde el PNV han trasladado que las penalizaciones actuales «no son proporcionales y no reflejan el esfuerzo real de quienes han contribuido durante décadas», mientras que EH Bildu ha trasladado que «no es justo, razonable y mucho menos legítimo» que se penalice a quienes han cotizado 40 años o más. El grupo parlamentario de Junts ha trasladado que «trabajar 40 años no merece castigo, sino reconocimiento» y en ERC han recordado que su grupo ya presentó una iniciativa para abordar esta cuestión en 2018 y han trasladado su temor a que la iniciativa no llegue a convertirse en ley. «Nos da miedo que vuelva a pasar lo de siempre», han trasladado. 

Malas noticias de nuevo para los consumidores españoles. A la subida del coste de la vida y el imparable ascenso de las gasolinas, podría añadirse una enorme subida en la próxima revisión de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas, prevista para el próximo 1 de octubreSegún las estimaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el precio del consumo de gas para los hogares acogidos a la modalidad TUR.2, con consumos de entre 5.000 y 15.000 kWh anuales, pasaría de 4,12 a unos 6,95 céntimos por kWh, lo que supone un encarecimiento cercano al 69%.De esta forma, para un hogar con calefacción de gas y un consumo anual de 9.000 kWh, la factura pasaría de unos 600 euros a alrededor de 910 euros al año. «Aunque el incremento del precio de la energía rondaría el 69%, el impacto final sería menor debido al peso de los costes fijos, impuestos y alquiler del contador. Aun así, el sobrecoste anual se situaría en torno a los 310 euros, un 54% más que con los precios actuales», explica la OCU en un comunicado. La principal causa de esta subida está en el sistema de cálculo de la TUR: » En el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gas estacional, que representa cerca del 47% del coste de aprovisionamiento. Los futuros del gas utilizados para calcular esta parte de la tarifa cotizan actualmente en niveles elevados, lo que podría llevar a duplicar prácticamente el coste de la materia prima. Los peajes, cargos regulados y otros componentes también serán revisados a partir del 1 de octubre cuando entra el nuevo año gas, pero tendrían una incidencia limitada en el incremento». Pese a este escenario, este colectivo aconseja «no abandonar precipitadamente la tarifa regulada», ya que «la TUR sigue siendo por ahora más competitiva que las ofertas del mercado libre, con ahorros que hasta ahora alcanzaban al menos el 22% frente a las mejores tarifas de precio fijo y más del 40% respecto a numerosas propuestas comerciales». Eso sí, la OCU recomienda «revisar las condiciones de las tarifas del mercado libre a partir de octubre, ya que algunas ofertas fijas que antes resultaban menos atractivas podrían ganar competitividad si se confirma la subida prevista. Para ello, conviene analizar no solo el precio del kWh, sino también el término fijo, la duración de las condiciones contratadas y la existencia de servicios adicionales».Por otro lado, esta organización recomienda apuntarse a su X Compra Colectiva de Energía, que busca reunir el mayor número posible de consumidores para negociar mejores tarifas de gas y luz con las comercializadoras. La participación es gratuita y sin compromiso a través de la web Quiero pagar menos luz. El año pasado se inscribieron más de 33.000 usuarios que consiguieron un ahorro medio de 75 euros anuales solo en electricidad.

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Los ministros de Economía y Agricultura, Carlos Cuerpo y Luis Planas, han mantenido un encuentro este lunes con los representantes de la industria agroalimentaria, los fabricantes de fertilizantes y los de piensos para alimentación del ganado, así como de los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y UGT. Una reunión que se enmarca en la ronda que está manteniendo el vicepresidente primero del Gobierno, para abordar las medidas destinadas a paliar los efectos del conflicto en Oriente Próximo más allá del 30 de septiembre. En la misma, el Ejecutivo ha garantizado su apoyo al sector agroalimentario después de que caduque el actual paquete de medidas. En conversación con ‘La Información Económica’ el presidente de la Confederación Nacional de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFC), Fernando Antúnez, ha confirmado que los ministros no contemplan prolongar las actuales ayudas a la compra de fertilizantes – de 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y de hasta 38,33 euros para los de secano – más allá de este año. Fuentes del Gobierno han asegurado tras la reunión que han trasladado al sector agroalimentario «la voluntad  de seguir apoyándole tras finalizar la vigencia del actual Plan de Respuesta al impacto de la guerra de Irán». Esto es, a cierre de este artículo, el próximo 30 de septiembre. A principios de este mes, el Ministerio de Agricultura anunció el abono de 494,57 millones de euros por este concepto a 249.000 agricultores.En la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) hablan de un sobrecoste energético de cerca de 7.400 millones de euros para la industria manufacturera y se posicionan a favor de prorrogar las medidas por la guerra en Irán más allá del próximo 30 de septiembre, «especialmente las vinculadas al transporte y los combustibles profesionales». Entre las propuestas que han realizado a ambos ministros «ayudas directas para que las empresas eviten que los sobrecostes energéticos, logísticos o aseguradores puedan comprometer su actividad», así como reforzar y adaptar los «instrumentos públicos de apoyo a la internacionalización» que ofrezca a las empresas alternativas para su financiación, así como avales y liquidez en un contexto en que el riesgo aumenta. «Preocupación» por la escalada del gasóleo El representante de los fabricantes de piensos para la alimentación animal y presidente de Cesfac, aplaude todas los apoyos a los productores adoptados hasta la actualidad en lo relacionado con insumos como los fertilizantes. Sin embargo, ha mostrado su «preocupación» por la escalada del gasóleo. Antúnez añade que este repunte coincide con «mala cosecha de cereal nacional, que incrementa nuestra dependencia del exterior». Antúnez (Cesfac) lamenta que esta situación se produzca «con la segunda mejor cosecha mundial de la historia» aunque con un repunte de los precios por la compleja geopolítica actual caracterizada por los conflictos de Estados Unidos con Irán y la guerra en Ucrania, que ya está afectando a infraestructuras por las que exporta su grano este último país. El presidente de la asociación que agrupa a los fabricantes de piensos anima apunta que traer materia prima es cada más complejo. «No hay suficiente soja, por ejemplo. Estimamos un sobrecoste de 40 euros por tonelada en la carne de porcino y hasta 15 euros en la de pollo», apunta Antúnez.Un polémico reglamento . También han pedido una prórroga que les permita adaptarse al nuevo Reglamento Europeo, que impedirá desde el 1 de enero importar materias primas y derivados de territorios desforestados después de 2021 en el caso del ganado bovino, el café, el chocolate o la madera. «Muchos importadores nos dicen que faltan mercados», advierte Antúnez.  Según el ‘Balance de Cereales’ del Ministerio de Agricultura para la campaña 2025-2026 España tendrá unas necesidades estimadas de 37,66 millones de toneladas de las que 27,71 millones se dedicarán a alimentación animal. Las estimaciones de cosecha de cereal para 2025-2026 en España se sitúa en 18,6 millones de toneladas, esto es por debajo de la media de las cinco campañas precedentes (19,47 millones de toneladas).Ronda de contactos de Cuerpo La reunión se ha produce dentro de los encuentros de Cuerpo con diferentes sectores económicos para abordar las medidas contra el repunte de precios más allá del 30 de septiembre, cuando está previsto que venza el actual paquete de medidas. Ambos han recordado que el actual plan tiene un capítulo agro específico de 1.107 millones de euros, incluida a la ayuda a la compra de fertilizantes. A la cita con los titulares de Economía y Agricultura han acudido la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación Española de Fertilizantes (ACEFER), la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE) así como de la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA). También han acudido miembros de la Confederación Nacional de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC), la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE) y de los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras. 

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Como si de un terremoto se tratase, la guerra en Irán ha provocado una crisis energética que se extiende por el mundo en forma de ola que va ganando envergadura. El incremento en los precios del petróleo y el gas está calentando los precios del consumo, un fenómeno que ya se observa claramente en varios países. Sin embargo, este nuevo brote inflacionario no está llegando igual de rápido a todo el mundo. Como ya sucediera con la crisis de precios iniciada en el 2021, la ola parece haber alcanzado a España antes que a la mayoría de Estados de la eurozona. El último Índice de precios de consumo armonizado (IPCA) europeo, publicado el pasado jueves, refleja que se está abriendo una nueva brecha inflacionaria entre España y el conjunto de países del euro. En agosto, el coste de la vida se disparó un 4,6% en comparación con el mismo mes del año pasado, frente al 3,2% que se registró en la eurozona. Esta última lectura sitúa a España como el quinto país de la UE donde más rápido está aumentando la inflación -solo por detrás de Rumanía, Lituania, Chipre y Bulgaria- y el tercero donde más se ha aceleró entre julio y agosto. Esto ha provocado que se ensanche aún más la brecha de precios que existe entre España y la eurozona, que ya es de 1,4 puntos porcentuales. Para encontrar una diferencia mayor hay que remontarse a agosto de 2022, cuando el shock inicial de la guerra en Ucrania todavía coleaba. 
Esta brecha es relevante porque puede acabar restando competitividad a la economía española si se mantiene durante mucho tiempo. Los consumidores de bienes y servicios que se producen en España pueden acabar sustituyéndolos por los de otros países que ofrezcan mejores precios. Máxime cuando el diferencial de inflación entre España y las grandes economías europeas -Alemania, Francia e Italia- está por encima de la media. Mientras que España registra un IPCA del 4,6%, Italia tiene la inflación en el 3,2%; Alemania, en el 2,9% y Francia, en el 2,6%. 
La llegada de la ola inflacionaria más rápido a España que a otros países europeos recuerda a lo que ya sucedió hace cinco años. La crisis inflacionaria de 2021 (la peor en 40 años), que se vio agravada por la guerra en Ucrania, se empezó a notar antes en España que en el resto de la UE. No obstante, la inflación también se redujo antes y más rápido que en el conjunto de países del euro. La energía y una subyacente que ya estaba ‘caliente’ son los sospechosos Los factores que explican por qué el coste de la vida está subiendo más rápido en España que en otros países europeos tienen mucho que ver con los precios de la energía y con lo que se conoce como inflación subyacente. El IPCA europeo muestra que España es uno de los países que peor ha logrado contener el subidón en los precios de la energía. En agosto, esta rúbrica se disparó un 17,1% en España, el quinto país donde más aumentó del Viejo Continente. Aunque Italia iguala el dato, el incremento es superior al de Francia (16,5%), Alemania (9,4%) y la media de la eurozona (14,3%). 
Esta diferencia se debe fundamentalmente a la factura de la luz y no a los combustibles. En el caso de España, esta rúbrica se ha encarecido un 9,2%, más del triple que en el conjunto de la eurozona (2,8%). Los carburantes, que son el producto más afectado por la guerra en Irán se dispararon un 23,9% en agosto. Sin embargo, aunque la subida es dramática, es algo inferior a la media de países del euro (24,5%), Alemania (27,5%) o Francia (27,4%).A la cuestión de la energía hay que añadirle que el estallido de la guerra en Irán pilló a España con una inflación subyacente superior a la de la eurozona. Este indicador mide las subidas de precios, pero sin tener en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados, que son muy volátiles. Esta medida sirve para conocer hasta qué punto los precios más estables se están calentando, es una suerte de termómetro que muestra hasta qué punto una subida de precios que es coyuntural se puede acabar convirtiendo en algo más serio. En España, la inflación subyacente era del 3,2% en agosto (dos décimas menos que en julio), claramente por encima del 2,1% del conjunto de la eurozona o el 1,2% de Francia, 1,2% de Italia o 2,3% de Alemania. Si cogemos el bisturí y diseccionamos lo que está ocurriendo en ese enorme cajón que es la inflación subyacente se observa que los servicios tienen mucho que ver. El precio de los servicios se incrementó un 4% en agosto frente al 3% en la eurozona. Y en particular, dentro de los servicios llama la atención la fuerte subida en los precios del alojamiento turístico (hoteles, hostales, pensiones…) que se dispararon un 9,4% en agosto frente a un 4,7% en la eurozona.Más allá de ello, España supera al conjunto del euro en la mayoría de grandes grupos de bienes y servicios. Es el caso de los alimentos (2,3% en España frente a un 0,7% en Europa); la ropa y el calzado (2,3% y 0,6%, respectivamente); los muebles y artículos para el hogar (1,3% y 0,6%); la información y las comunicaciones (3,2% y 1,8%) o las finanzas y seguros (3,4% y 2,8%).

Llenar un depósito de 50 litros con diésel cuesta ya cerca de 90 euros en España, incluso después de que el Gobierno haya aplicado durante septiembre una rebaja fiscal temporal de 20 céntimos por litro. El precio medio ronda los 1,79 euros, frente a niveles sensiblemente inferiores hace apenas unos meses, y el gasóleo acumula una subida interanual superior al 30%. La ayuda termina el 30 de septiembre si no se prorroga, de manera que parte del colchón que ahora contiene el precio podría desaparecer justo cuando hogares y empresas empiezan a asumir una factura energética mucho mayor.Un trabajador que recorra 40 kilómetros diarios entre ida y vuelta al trabajo durante 22 días al mes hará unos 880 kilómetros. Con un coche que consuma seis litros cada 100 kilómetros necesitará aproximadamente 53 litros mensuales, de modo que una subida de 20 céntimos por litro añade algo más de 10 euros al mes y unos 127 euros al año. El cálculo aumenta rápidamente en hogares con dos vehículos, trayectos más largos o coches con mayor consumo, pero sigue representando únicamente la parte del encarecimiento que aparece directamente en el surtidor.Los camiones que recorren decenas de miles de kilómetros cada año convierten unos pocos céntimos adicionales por litro en miles de euros de sobrecoste. El Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera utiliza el combustible como una de las principales partidas para calcular cuánto cuesta mantener en funcionamiento un vehículo pesado, porque el diésel representa una parte muy relevante de sus gastos operativos. Cuando esa factura aumenta, las empresas pueden absorberla durante un tiempo reduciendo márgenes, pero mantener indefinidamente el mismo precio del transporte resulta mucho más difícil.Del camión a la compraAlimentos, ropa, electrodomésticos, materiales de construcción, medicamentos o pedidos de comercio electrónico recorren una parte de su camino hasta el consumidor por carretera. El aumento del combustible puede pasar así del transportista a la empresa que contrata el servicio, después al distribuidor o al comercio y finalmente al precio que paga el consumidor, aunque ese traslado no sea inmediato ni tenga por qué realizarse en su totalidad.Frutas, verduras, carne, pescado y lácteos soportan además una cadena especialmente dependiente de la energía porque muchos necesitan transporte rápido y refrigeración constante. Un producto perecedero no puede permanecer almacenado durante meses esperando a que baje el combustible y, cuando la mercancía debe reponerse continuamente, los cambios en los costes logísticos pueden llegar pronto al establecimiento.Antes de subir al camión, muchos alimentos ya han consumido diésel. Tractores, cosechadoras y otra maquinaria agrícola dependen de él, mientras que la pesca incorpora combustible directamente al coste de salir a faenar. En Alicante, ASAJA calcula que el gasóleo agrícola ha pasado de 1,211 euros por litro en febrero a 1,694 euros en septiembre, una subida de 48 céntimos que golpea especialmente a cultivos intensivos en maquinaria como cereales, olivar y hortalizas de invierno.En Baleares, las organizaciones agrarias estiman un sobrecoste anual de 1,7 millones de euros únicamente por la subida del gasóleo agrícola, después de que el precio haya pasado de unos 90 céntimos a cerca de 1,70 euros desde comienzos de año. Las explotaciones de las islas consumen alrededor de 3,4 millones de litros anuales, lo que permite comprobar cómo una variación aparentemente pequeña en una gasolinera adquiere otra dimensión cuando se multiplica por millones de litros.Del surtidor al IPCEl IPC español alcanzó el 4,3% en agosto, siete décimas más que en julio y su nivel más elevado desde febrero de 2023. El transporte registró una inflación interanual del 9,5%, más de tres puntos por encima del mes anterior, debido principalmente al encarecimiento de combustibles y lubricantes para vehículos personales. Solo durante agosto, este grupo subió un 3,3% y aportó 0,534 puntos a la variación mensual del IPC.El gasóleo se encareció alrededor de un 30% interanual en agosto, mientras que la gasolina subió cerca de un 17%, unas variaciones suficientemente grandes para que la energía vuelva a ocupar una posición central en la evolución de los precios. Los alimentos todavía muestran una subida mucho más contenida, del 2,3%, lo que significa que una parte del incremento energético todavía no se ha trasladado de forma generalizada a la cesta de la compra.Una familia que no tenga un coche diésel tampoco queda aislada de ese proceso. El combustible utilizado para cultivar una verdura, capturar pescado, refrigerar un alimento o llevar un electrodoméstico hasta una tienda no figura por separado en el ticket, pero forma parte del coste que soportan las empresas que intervienen en cada etapa. Cuanto más tiempo permanezca elevado el gasóleo, mayor será la presión para que una parte de esos costes termine avanzando por la cadena.30 de septiembreLa rebaja fiscal que permite reducir actualmente en 20 céntimos por litro el precio del diésel expira a finales de septiembre, salvo que el Gobierno decida prolongarla. La medida explica además que el gasóleo vuelva a costar algo menos que la gasolina pese a haberse encarecido mucho más durante el último año: la bonificación aplicada al diésel es superior a la de cinco céntimos vigente para la gasolina.Si esa protección desaparece mientras los precios internacionales y los márgenes de los combustibles continúan elevados, octubre puede añadir otra presión sobre transportistas, agricultores, empresas y conductores. Funcas y BBVA ya contemplan que la inflación pueda acercarse al 5% en septiembre, después del salto registrado durante agosto.Si transportistas, agricultores y distribuidores no pueden trasladar íntegramente el encarecimiento a sus clientes, la presión termina apareciendo en márgenes más estrechos, menos inversión, renegociación de contratos o cierres de las empresas más débiles.El precio del diésel puede dejar así de ser únicamente un problema de inflación para convertirse también en un problema de rentabilidad empresarial.

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Dario Amodei, fundador y consejero delegado de Anthropic, la empresa que está detrás de Claude, lleva días avisando de que quizá ha llegado el momento de levantar un poco el pie del acelerador con la inteligencia artificial (IA). Y no está solo. Sam Altman, máximo responsable de OpenAI, y Elon Musk, fundador de xAI, también han advertido sobre los riesgos de seguir construyendo modelos cada vez más potentes sin tener completamente claro cómo controlarlos. Pero una pausa de Estados Unidos no sirve de mucho si China no hace lo mismo.Y China no tiene ninguna intención de parar. Entonces lo que parecía una medida de seguridad empieza a parecerse bastante a regalarle tiempo a tu principal competidor. Ese es precisamente uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo Washington. Desde Pekín, además, la historia se ve exactamente al revés.El Global Times, un periódico respaldado por el Estado chino, llegó a acusar a Amodei de utilizar la seguridad de la IA para promover una especie de «guerra fría silenciosa» que permitiría a Estados Unidos conservar su ventaja tecnológica. Desde China, por tanto, frenar la IA no se ve únicamente como una cuestión de seguridad, sino también como una forma de impedir que sus empresas sigan recortando distancias.Estados Unidos lleva años limitando el acceso de China a algunos de los chips más avanzados del planeta. Sus empresas dominan los modelos más potentes. Y justo cuando China empieza a acercarse, Washington plantea que quizá todos deberían correr un poquito menos. No hace falta ser especialmente desconfiado para entender por qué los chinos levantan una ceja.El problema es que esto nos lleva a una situación en la que Estados Unidos podría reducir algunos riesgos frenando la IA, pero si frena solo, ayuda a China. Así que podría seguir acelerando para que China no le alcance. Además, se trata de una carrera en la que la distancia entre ambos países ya no es tan enorme.Hace no demasiado tiempo se hablaba de una China situada varios meses por detrás de Estados Unidos en los modelos más avanzados. Ahora, dentro de la industria estadounidense existe el temor de que esa distancia continúe reduciéndose.Sin moratoriaPor eso Washington no parece demasiado dispuesto a correr el riesgo de detenerse. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y una de las figuras republicanas más importantes del Congreso, rechazó esta semana una moratoria obligatoria. Su argumento, simplificando mucho, es que si las empresas quieren ir más despacio, que vayan más despacio, pero el Gobierno estadounidense no debería obligarlas a hacerlo mientras China continúa avanzando. Porque entonces, según Johnson, Estados Unidos podría perder su ventaja tecnológica y convertir un problema de seguridad de la IA en otro problema de seguridad nacional.Visto así, parece bastante sencillo, hasta que miramos el problema desde China. Pekín no necesita la IA únicamente para competir con Estados Unidos, sino también para intentar solucionar uno de los mayores problemas que tiene dentro de casa, como es el envejecimiento. Durante décadas tuvo una cantidad gigantesca de trabajadores que alimentaron sus fábricas y ayudaron a convertir al país en la gran potencia industrial que conocemos. Sin embargo, ahora esa población envejece y la fuerza laboral empieza a reducirse, y eso significa que China necesita encontrar alguna manera de producir más con menos personas. Aquí entran la automatización, la IA y, sobre todo, los robots.Se trata de máquinas capaces de trabajar en fábricas, almacenes y otras tareas que hoy siguen necesitando personas. China cuenta ya con más de 150 empresas dedicadas a desarrollar robots humanoides, y sus administraciones gastaron al menos 230 millones de dólares en comprarlos y desarrollar tecnologías relacionadas durante la primera mitad de 2026. Para Pekín, por tanto, la IA no es simplemente tener un chatbot mejor que ChatGPT, sino intentar conseguir que una fábrica produzca más.China todavía está lejos de conseguir que esos robots sustituyan a un trabajador, pero el avance continúa. Spirit AI, una startup valorada en 2.900 millones de dólares, calcula que los primeros grandes avances en el «cerebro» de los humanoides pueden llegar a mediados de 2027. La empresa ha levantado más de 670 millones de dólares y cuenta con alrededor de 1.000 personas recogiendo datos reales para entrenar sus sistemas.China también tiene miedo a la IATodo esto podría llevar a pensar que Pekín simplemente está dispuesto a asumir cualquier peligro con tal de seguir avanzando, pero tampoco encaja del todo con lo que está haciendo dentro de sus fronteras. China obliga a etiquetar contenido generado por IA, controla determinados algoritmos y ha endurecido las reglas sobre el uso y el entrenamiento de los modelos, mientras sus expertos participan en conversaciones con Estados Unidos sobre sistemas autónomos, ciberataques y posibles límites militares. Es decir, Pekín también ve riesgos.Simplemente parece que intenta solucionarlos de otra manera. Mientras Amodei y otros responsables estadounidenses plantean reducir temporalmente la velocidad de los modelos más avanzados, Pekín prefiere seguir desarrollando la tecnología y controlar después cómo se utiliza. A eso se añade que cualquier acuerdo exigiría confiar en que el otro país también cumple, algo especialmente complicado cuando Washington restringe desde 2022 el acceso chino a los chips más potentes y acusa a empresas del país de copiar modelos estadounidenses mediante técnicas de destilación, acusaciones que China rechaza.Mientras tanto, Donald Trump y Xi Jinping tendrán precisamente la oportunidad de discutirlo el próximo 24 de septiembre en Washington, donde la IA estará entre los asuntos de una reunión que también incluirá comercio, Taiwán y las restricciones tecnológicas. Pekín quiere que Estados Unidos rebaje algunos de sus controles, mientras Washington busca compromisos sobre los riesgos de los sistemas más avanzados.En esta carrera, el problema ya no es solamente quién llega primero. Es que quizá los dos saben que están corriendo demasiado rápido. Y aun así, ninguno se atreve a mirar al otro y decir: «frena tú primero».

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Hubo un tiempo en el que ver un Toyota, un Nissan o un Kia por las calles españolas era algo casi exótico. Desde hacía décadas las marcas francesas, alemanas e italianas dominaban el mercado europeo del automóvil y la entrada de estas enseñas asiáticas empezó a producirse sin prisa, pero sin pausa. Fue un proceso más paulatino que el que ha permitido a las marcas chinas conquistar casi un 20% de cuota en los últimos cinco años, con un gran número de marcas y a un ritmo de vértigo. Varias décadas separan la llegada a territorio nacional de gigantes japoneses como Toyota o Nissan (años 90) y de las coreanas Hyundai o Kia (años 2000) del desembarco reciente de MG, BYD, Omoda & Jaecoo o Geely y el contexto poco tiene que ver, como explica a La Información Económica Raúl Morales, director de la patronal de concesionarios Faconauto. «Son procesos totalmente diferentes, sobre todo porque los chinos están acaparando una importante cuota de forma muy rápida debido a unos precios muy competitivos», explica. «Entonces el comprador era muy fiel a una marca, pero ahora se mueve sobre todo por el precio», recalca. En unos años en los que las cifras macro han brillado pese a la incertidumbre global, el coste de la vida ha dejado a los hogares con menos margen de maniobra para afrontar un gasto tan importante. El encarecimiento de la cesta de la compra (la inflación subió un 2,9% el año pasado) se ha ‘comido’ buena parte del incremento de los sueldos, del 3,4% de media, en un momento en el que las familias han tenido que ajustarse también el cinturón para pagar la vivienda, con los precios de los alquileres en máximos y los de las compraventas muy cerca. Todo esto provoca que el usuario sea muy sensible a los precios, donde las marcas chinas son altamente competitivas. «Por eso a los japoneses y coreanos les costó mucho más asentarse», añade. El precio y la tecnología, factores claveLa diferencia, sin embargo, no solo tiene que ver con el bolsillo. Mientras Kia u Honda apostaban por una alternativa con equipamiento similar al que producían las líneas de fábricas europeas, China llega con ‘algo más’, tal y como confirma a este medio el economista Javier Santacruz: «El ritmo de llegada de los chinos es mucho más alto por la gran innovación tecnológica que están trayendo». Pone el foco así en la gran sofisticación que conquista a España y con la que cuentan otras firmas como Xpeng o Dongfeng: «Lo que traen no es, ni de lejos, lo que tenían los japoneses o coreanos». Para hacerlo han llevado a cabo un intenso trabajo de fondo en el que han invertido tiempo, tal y como recalca Morales, que pone el foco en su ardua labor de marketing y publicidad: «Están haciendo un esfuerzo enorme para posicionarse muy rápido». Una tarea que ha sido clave para el intenso ritmo de desarrollo de sus redes de distribución, algo que claramente les diferencia de lo que hicieron sus vecinos hace décadas. «Han formado redes muy rápido y son muy amplias. Para ello han apostado por concesionarios establecidos y con experiencia», defiende el responsable de la patronal, recordando que los desembarcos anteriores se hicieron mediante el mismo modus operandi, «aunque de forma mucho más tranquila y escalonada». Estos factores son claves para comprender unas cifras de ventas inéditas para un periodo tan corto de tiempo. Según datos de Anfac, la diferencia en el número de ventas se va estrechando cada vez más con la líder mundial Toyota (96.290), una Nissan en horas bajas (34.711) y con las constantes Hyundai (68.568) o Kia (61.708). Frente a estas, BYD, que acumula 29.950 matriculaciones en lo que va de 2026, ha puesto su techo anual en 50.000. Mientras tanto, en los primeros ocho meses del año, MG también ha alcanzado las 31.356 entregas. Un futuro incierto A pesar de que su techo parece difícil de cuantificar, puede que no logren mantener este ritmo de crecimiento durante mucho tiempo, apunta Santacruz: «En mi opinión, no van a poder hacerlo. Tienen un margen muy escaso y por eso hay muchas que están entrando en números rojos». En su opinión, esta política de precios se trata de una estrategia comercial para llegar al mercado y alcanzar cierta cuota. En la misma línea se posiciona Francisco García, Decano del Colegio de Economistas de Aragón, quien cree que estos precios no podrán mantenerse. «Es insostenible, por lo que, si los precios con el resto de marcas se van igualando, quizá dejen de ser un atractivo. Sin embargo, esto podría cambiar por completo cuando empiecen a producir sus vehículos en España, tal y como sucede ya con Ebro en Zona Franca, o como prevén hacer MG en Galicia o Leapmotor en Madrid (entre otras): «Entonces ensamblarán aquí sus coches, que ya serán europeos, y podrán librarse de los aranceles y multiplicar las ganancias». Su futuro también podría depender de otros factores, tal y como apuntan fuentes de Ganvam a este medio: «Su reto va a estar en la fidelización. La clave entonces no será si consiguen vender más, sino si podrán darle confianza al cliente en la postventa». Las opiniones son dispares. Morales, por su parte, apunta a que, teniendo en cuenta su evolución actual «lo normal sería pensar que seguirán creciendo». Sin embargo, cree que un mercado tan competitivo como es el español podría ser decisivo: «Puede que algunas marcas no cubran las expectativas y decidan dar un paso atrás». 

La sucesión de vaivenes geopolíticos y catástrofes naturales de los últimos meses han puesto a prueba a una demanda turística que, tras el shock pandémico, venía pulverizando registros y recuperando con fuerza su pulso. Desde una posición privilegiada para valorar este reto se encuentra la industria de los seguros de viajes, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años a medida que el viajero ha ido incorporando la protección como parte de su planificación frente a un mundo más imprevisible. Al pie del cañón, como cofundador y co-CEO de Heymondo, se encuentra Ricard Doménech, quien atiende a La Información Económica para hacer balance de un año que ha obligado al sector a adaptarse a un escenario tan incierto.Para Doménech, si algo ha definido al sector travel ante los cisnes negros que han sobrevolado el negocio este año ha sido la «resiliencia». El ejercicio, recuerda, arrancó con «muy buenas tendencias», pero la escalada bélica en Oriente Próximo de finales de febrero provocó un rápido encarecimiento del transporte y «se paralizó un poco la demanda». El impacto fue especialmente severo durante Semana Santa, en un periodo muy intenso también de catástrofes naturales, aunque la recuperación llegó con rapidez: «El verano ha recuperado con muy buenas sensaciones, con unos números muy buenos». Ahora, asegura, «la tendencia otra vez muy positiva y se ha recuperado el terreno perdido en el segundo trimestre».Este escenario, inevitablemente, ha transformado también al cliente que acude a este tipo de plataformas, ahora mucho más exigente y consciente de los riesgos asociados al viaje. Así lo explica Doménech, quien asegura que «el cliente cada vez es más consciente del riesgo desde el Covid y muy conocedor de cualquier potencial riesgo que pueda haber» y que, por ello, «puede estar dispuesto a pagar más, pero siempre dentro de una horquilla». Una evolución que también está elevando las exigencias sobre las propias pólizas: «Los servicios tienen que ser un poquito más flexibles, las coberturas tienen que ser más profundas, más amplias». En este contexto, los seguros de viaje están registrando un incremento de alrededor del 5% anual.Es en esta necesidad de contar con una red de protección ante los imprevistos del viaje donde descansa la propuesta de Heymondo. «El seguro está para protegerte de aquellas cosas que te puedan repercutir económicamente» ante cualquier imprevisto, explica Doménech. «Hemos pagado siniestros de más de un millón de euros» y, cada mes, «tenemos siniestros de 200, 300 o 400.000 euros». De ahí que, señala, «si no tienes un seguro, tu patrimonio se ve afectado, te puedes incluso arruinar». «El seguro está para darte esa tranquilidad que te cuesta cerca de un 1% del budget de tu viaje», aunque «menos de un 8% de las personas que contratan el seguro acaban teniendo una incidencia».Está propuesta que ha encontrado un mercado cada vez más receptivo fue la que supieron vislumbrar Ricard Doménech y David Pérez cuando dieron vida a esta ‘insurtech’ del 22@ de Poblenou que ahora cuenta los meses para soplar las velas de su primera década. Y lo hace, admite su cofundador, en «un momento muy dulce». La plataforma barcelonesa mantiene «un crecimiento muy sólido» y prevé para este año un incremento de las primas de alrededor del 40%, después de haber crecido «casi un 70%» entre 2024 y 2025. En términos de volumen, la previsión para este año es superar los dos millones de viajeros asegurados. En el acumulado histórico, la compañía calcula que ya ha asegurado a más de tres millones de viajeros.Sobre esta base, Heymondo articula su crecimiento a través de dos vías: consolidarse en los mercados donde ya cuenta con una posición definida y seguir ampliando su huella internacional. «En España, Italia, Francia tenemos una posición relevante y ahí reside un vector de crecimiento», explica Doménech. La segunda palanca pasa por los nuevos mercados: «El otro vector de la compañía son los nuevos mercados». Tras su desembarco en Rumanía a finales del año pasado y su presencia en Portugal, Heymondo mantiene Europa como principal foco de expansión. «En el roadmap de compañía está seguir abriendo nuevos mercados», señala.En el plano financiero, esta estrategia está sustentada, además, por JC Flowers, el fondo de inversión estadounidense que entró en su capital el año pasado y, a ojos de Doménech, «ha venido para apoyar el crecimiento”. Dentro de esta estrategia, la firma ya analiza oportunidades de adquisición fuera de España  si encuentra «activos muy concretos» que aporten capacidad o diferenciación, aunque el crecimiento orgánico continúa siendo su principal palanca de desarrollo.

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Donald Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo que los estadounidenses volverían a sentir que su dinero alcanzaba para más. Durante meses presionó para bajar los tipos, defendió una energía más barata y convirtió la inflación en una de sus grandes batallas políticas. El problema es que, cuando faltan menos de siete semanas para las elecciones de medio mandato, la Reserva Federal (Fed) acaba de hacer exactamente lo contrario de lo que él quería y ha vuelto a subir los tipos de interés por primera vez en tres años.La inflación continúa en el 3,4%, el bono estadounidense a diez años ha superado el 5% y 16 de los 18 responsables de la Fed contemplan al menos otra subida antes de terminar el año. En circunstancias normales, semejante combinación debería hacer bastante daño a las acciones, pero el S&P 500 continúa resistiendo después de ganar alrededor de un 11,5% en 2026.Que la Bolsa aguante puede explicarse por los beneficios, por la fortaleza de la economía o simplemente porque buena parte del endurecimiento monetario ya estaba descontado. Pero el tiempo empieza a jugar también su propia partida. El próximo 3 de noviembre, Estados Unidos renueva los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, de modo que Trump afronta unas elecciones decisivas precisamente cuando los mercados entran en uno de los momentos más delicados del año.No hay ninguna prueba de que exista un plan para mantener Wall Street cerca de máximos hasta noviembre. Lo que sí existe es un incentivo político evidente para llegar a noviembre sin una caída brusca de la Bolsa, sin otra escalada del petróleo y sin que el coste de financiación termine asfixiando a familias y empresas.Mientras la Fed endurece las condiciones monetarias, el Tesoro lleva semanas intentando contener otro de los focos de tensión, el mercado de deuda a largo plazo, mediante mayores recompras de bonos. ¿Ha funcionado? De momento, no demasiado. La estrategia no ha impedido que el bono a diez años siguiera escalando hasta máximos desde 2023.El 5% que vuelve a competir con Wall StreetY ese 5% importa mucho más para Wall Street de lo que podría parecer, porque obliga a las acciones a competir contra una alternativa capaz de ofrecer una rentabilidad elevada sin asumir el mismo riesgo empresarial. Durante muchos años, con los bonos pagando prácticamente nada, aceptar múltiplos cada vez más altos tenía bastante menos coste de oportunidad. Ahora un inversor puede obtener alrededor de un 5% prestando dinero al Gobierno estadounidense durante diez años, mientras la Fed avisa de que el dinero podría encarecerse todavía más.Los tipos y los bonos altos ya están empezando a pasar factura a las previsiones de Wall Street. Wells Fargo ha recortado su objetivo para el S&P 500 desde 7.950 hasta 7.700 puntos y calcula que al índice apenas le queda alrededor de un 1% de subida hasta final de año.La tecnología se ha abaratado sin que sus acciones caiganLo curioso es que esta misma semana también están apareciendo argumentos para defender exactamente lo contrario. Truist sostiene que el S&P 500, prácticamente lateral desde junio, combinado con unas previsiones de beneficios crecientes, ha reducido las valoraciones sin necesidad de una gran corrección y ha dejado oportunidades especialmente interesantes dentro de tecnología. En ese sector, el PER esperado habría bajado desde unas 32 veces en octubre hasta alrededor de 21 mientras las estimaciones de beneficios crecían cerca de un 20% en apenas tres meses. Dicho de otra manera: no siempre hace falta que una acción caiga para que se vuelva más barata; también puede ocurrir que el precio se quede quieto mientras los beneficios esperados suben.Wall Street llega así a noviembre atrapada entre dos relatos que no pueden ganar simultáneamente para siempre. Uno sostiene que unos beneficios extraordinarios y la productividad asociada a la IA todavía justifican comprar las correcciones. El otro empieza a preguntarse cuánto tiempo puede seguir pagando el mercado múltiplos elevados cuando se ha acabado el tiempo del dinero barato.Por si faltaba algo, tenemos el petróleo por encima de 100 dólares. Si vuelve a subir con fuerza, aumenta la presión sobre la inflación, y si esta se mantiene elevada, la Fed tiene menos margen para bajar los tipos. Una pieza mueve a la siguiente.El rally necesita que los beneficios corran más que los tiposPero que los tipos sigan altos tampoco implica necesariamente que el rally tenga que terminar, y ahí está precisamente uno de los argumentos que utilizan los alcistas. KKR considera que la Fed está mostrando una confianza poco habitual en la fortaleza de la economía estadounidense, apoyada en el crecimiento, la inversión empresarial y las mejoras de productividad, hasta el punto de que la firma espera que el bono a diez años pueda terminar 2026 alrededor del 5,1%. Es decir, el mercado podría convivir con rentabilidades elevadas siempre que detrás haya una economía capaz de seguir generando beneficios y no simplemente otra oleada de inflación.Las últimas sesiones ofrecen una buena muestra de ese equilibrio. Después de la subida de tipos de la Fed, el S&P 500 cayó un 0,5%, pero apenas un día después rebotó más de un 1% cuando cedieron el petróleo y las rentabilidades de la deuda, con la tecnología recuperando alrededor de un 2%. Los inversores no parecen estar abandonando el mercado, sino aprovechando cualquier alivio para volver a comprar, aunque cada rebote depende cada vez más de que varias piezas encajen al mismo tiempo.Las próximas siete semanas van a servir, por tanto, para comprobar si Trump consigue llegar a noviembre con Wall Street cerca de máximos. El mercado tendrá que demostrar si puede seguir avanzando apoyado en unos beneficios que todavía sorprenden al alza, incluso mientras cambian las condiciones que hicieron posible buena parte del rally. FactSet calcula que el beneficio del S&P 500 crecerá un 28,7% en el tercer trimestre y 72 de las 114 compañías que han dado previsiones han superado las estimaciones de los analistas, muy por encima de la media de los últimos cinco años.