Vida Gerente

Juan Manuel Doncel es la persona encargada de administrar el puerto de Ceuta desde hace siete años. Un fondeadero pequeño en comparación con otros del resto del país, pero en fuerte crecimiento y crucial para la ciudad en el que el Gobierno ultima los preparativos para instalar a más de un millar de migrantes que cruzaron a Ceuta a finales de julio. Doncel atiende a La Información Económica por teléfono poco después de reunirse con la delegación del Gobierno para tratar este asunto. Señala que la ocupación de los dos campamentos que se están desplegando es «inminente» y se confiesa «muy preocupado» por cómo puede afectar la situación a la seguridad y el buen funcionamiento del puerto. Una terminal marítima a la que ve mucho futuro en un punto clave para el tráfico marítimo internacional como es el Estrecho de Gibraltar. «Si el puerto de Ceuta paraliza la actividad o decae la actividad estaríamos hablando de unas pérdidas cuantiosas, que se podrían cifrar en torno a 147 millones de euros, no es algo baladí», advierte Doncel, a quien el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, designó para el puesto en el año 2019. Un cálculo, que escalaría hasta los 600 millones si las carpas para el refugio de los migrantes se mantienen también en 2027, sostiene. De hecho, la crisis migratoria ya ha empezado a hacer mella en la actividad del puerto, con menor llegada de cruceros, traslada. El presidente de la autoridad portuaria reconoce la necesidad de dar respuesta a la crisis migratoria, pero no cree que el puerto sea la instalación más adecuada para ello. «Nadie discute la necesidad de atender a quienes están sin alojamiento, pero una cosa es hacer frente a esta situación, que es excepcional, y otra es comprometer uno de los principales núcleos económicos productivos de la ciudad», explica.Según estima Doncel, el puerto supone el 25% del valor añadido que produce la economía de la ciudad autónoma y genera en torno a 7.100 puestos de trabajo entre empleos directos o indirectos. Dicho de otro modo, uno de cada cuatro afiliados a la Seguridad Social de Ceuta está vinculado a la instalación. «Es un activo estratégico para la ciudad, es una parte fundamental de su engranaje territorial de la ciudad y, al final, es el cordón umbilical que nos une con la península para el transporte y para el abastecimiento», cuenta a este periódico.Una de las cuestiones que más inquieta al máximo responsable de la gestión del puerto es la seguridad. «Estamos muy preocupados, lo venimos manifestando en las reuniones que seguimos manteniendo con el Gobierno», cuenta Doncel, que confía en que el Ejecutivo sea capaz de garantizar la seguridad tanto de los migrantes como del personal del puerto.El despliegue de las carpas ha obligado al Ejecutivo a elevar a nivel 2 de protección portuaria (en una escala de tres) en Ceuta. Esto se traduce en mayores controles o más inspecciones, algo que también afecta a los barcos que fondean en sus aguas, que podrían verse disuadidos de hacerlo por esta razón.Doncel sostiene que el Gobierno no le ha informado debidamente de cuestiones como el dispositivo de seguridad, la fecha en que llegarán los migrantes, quién va a gestionar el campamento o los informes gubernamentales que avalan la instalación. «No sabemos absolutamente nada, estamos esperando respuestas», apunta en conversación con este diario.»Yo tengo que defender a la comunidad portuaria. No me niego a la colaboración institucional, de hecho le estoy agradecido a Puertos del Estado por las inversiones que se han canalizado en el puerto de Ceuta», sostiene Doncel. «Pero para hacer frente a esta situación excepcional no se puede generar un perjuicio que puede ser irreparable para una institución como el puerto de Ceuta», añade.Un puerto estratégico en un mundo cambianteEl Puerto de Ceuta está acostumbrado a las crisis. El cierre del paso del Tarajal en el año 2018 provocó una fuerte caída en el tráfico de mercancías, poco después la pandemia frenó las llegadas del barco y ya tuvo que afrontar una crisis migratoria en 2021, que llegó a paralizar las operaciones de avituallamiento y repostaje durante varios días. Sin embargo, Doncel es optimista con el porvenir. «Tenemos que aprovechar la situación del puerto, pero no es fácil. Estamos en uno de los cuatro corredores marítimos del mundo, el Estrecho de Gibraltar, que mueve unos 300 barcos al día», señala el presidente de la autoridad. «El puerto de Ceuta tiene que desempeñar también un papel importante y posicionarse en este en este corredor», añade. «Tenemos que abrir nuevas líneas de negocio, aprovechar sinergias, avanzar en consolidar nuestros tráficos, sobre todo el comercial, el pasaje y el bunkering [el repostaje de navíos que circulan por el estrecho], que son los principales que que tenemos y, sobre todo, también tenemos que aprovechar las ventajas del régimen económico y fiscal que tiene la ciudad al objeto de hacer atractiva la la la inversión». 

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Bruselas aspira a que el mercado laboral europeo sea homogéneo en cuanto al reconocimiento de los méritos y los derechos; que tampoco haya fronteras en la movilidad laboral, y por eso este martes ha presentado en Estrasburgo un paquete de medidas en este sentido. Por ejemplo, la Comisión Europea quiere acelerar la homologación de títulos profesionales y reforzar la vigilancia del trabajo ‘en negro’ en toda la Unión. Y es que  la Ley de Portabilidad de Cualificaciones plantea que los títulos universitarios y profesionales se puedan expedir en un formato digital estandarizado integrado en la Cartera de Identidad Digital de la UE. Además, la plataforma europea Europass incorporará una herramienta en línea gratuita de comparación de títulos, que conectará las bases de datos nacionales para dar claridad a empleadores y trabajadores sobre el contenido y la equivalencia de los estudios.Por otro lado, el Ejecutivo comunitario propone una reforma de la Directiva sobre Cualificaciones Profesionales, que, dicen, reducirá drásticamente los plazos de homologación de profesiones reguladas, como médicos, enfermeros, ingenieros y profesores, recortando el tiempo de espera de tres meses a solo cinco semanas en casos de reconocimiento automático, y de cuatro meses a once semanas para los demás procedimientos. Para atajar la escasez de personal sanitario, se aprobó el primer marco común de formación para fisioterapeutas, extendiendo el reconocimiento automático a esta profesión y sentando las bases para abarcar progresivamente otros diez sectores con alto déficit de mano de obra.Respecto a las titulaciones obtenidas fuera de la Unión Europea, la nueva directiva que se plantea establecer normas comunes para homologar cualificaciones de profesionales de terceros países, reduciendo los periodos de tramitación de un promedio de catorce meses a tan solo cuatro. Este procedimiento recortará hasta la mitad los costes administrativos de contratación para los empleadores y aplicará un reconocimiento automático para programas de formación específicos en profesiones críticas como medicina, odontología, veterinaria o arquitectura, siempre que cumplan con rigurosos controles de calidad a nivel europeo.Por otro lado, Bruselas quiere reforzar el mandato de la Autoridad Laboral Europea (ELA), dotándola de mejores instrumentos para apoyar a los inspectores nacionales y realizar evaluaciones de riesgo de inspección basadas en el análisis de datos europeos. Para mejorar la supervisión sobre el terreno, se creará la figura de los oficiales de enlace de inspección nacional en cada Estado miembro y se ofrecerán subvenciones a organizaciones que asesoren a trabajadores y empresas sobre sus derechos y obligaciones transfronterizas.Una de las ampliaciones clave en la ELA será la capacidad de intervenir en abusos contra trabajadores de terceros países residenciados en la UE, persiguiendo prácticas ilegales como el trabajo no declarado, el pago de salarios inferiores al mínimo legal o el falso trabajo autónomo. La norma contempla reforzar las inspecciones conjuntas y concertadas de carácter voluntario entre países y simplificar los procedimientos de mediación para resolver disputas laborales sin llegar a los tribunales.Entre las medidas destaca, al mismo tiempo, la creación del Pase Europeo de Seguridad Social (ESSPASS, por sus siglas en inglés), un mecanismo que permitirá a los ciudadanos solicitar y recibir de forma íntegramente telemática sus documentos de cobertura social y sanitaria. A través de la Cartera de Identidad Digital de la UE, los trabajadores podrán almacenar y presentar en su teléfono móvil la Tarjeta Sanitaria Europea y el documento portátil para trabajadores desplazados. De esta forma se facilita «una verificación instantánea y segura por parte de los inspectores y administraciones públicas», insiste la Comisión. Es decir, los trabajadores reclamar la seguridad social y el seguro de enfermedad en cualquier país de la UE.El proceso de digitalización documental y el uso de firmas digitales prevé generar importantes ahorros económicos a lo largo de un periodo de 12 años: Bruselas calcula un beneficio de 64 millones de euros para las empresas, 69 millones para los proveedores de atención médica y 72 millones para las inspecciones de trabajo. Asimismo, las nuevas herramientas de seguridad tecnológica «permitirán evitar fraudes por valor de hasta 277 millones de euros en el mismo plazo, al tiempo que se mantendrá la opción de emitir formatos en papel provistos de elementos físicos de seguridad comprobables para quienes lo soliciten», termina el comunicado del Ejecutivo comunitario.»Este paquete supondrá un cambio profundo y positivo para el mercado único. Para los europeos, se trata de una mayor autonomía: vuestra elección, vuestros derechos, vuestras competencias. Las personas deberían poder trabajar en toda Europa con sus derechos sociales protegidos y sus cualificaciones reconocidas más rápidamente», reconoce la vicepresidenta de la Comisión Europea Roxana Minzatu, encargada de los Derechos Sociales. «La movilidad laboral justa debe funcionar para todos, tanto si deciden conocer otras partes de Europa como si deciden quedarse en su país de origen».

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/notas/kedward-aviles-representara-a-puerto-rico-en-el-world-food-forum-2026/ El cantante, actor y cantautor puertorriqueño Kedward Avilés continúa su proyección internacional tras ser seleccionado como Anthem …

La Comisión Europea reconoce que el aumento de la rentabilidad de los bonos soberanos a niveles que no se veían desde hace décadas, y que ha resucitado el temor a una crisis de deuda como la vivida durante la pasada crisis financiera, supone un riesgo para la región. «Creo que es evidente para todos que la situación no es buena», ha reconocido la Comisaria Europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercado de Capitales, Maria Luís Alburquerque, en un encuentro con la prensa en Estrasburgo. La política portuguesa ha asegurado que ninguna de las señales que llegan de los mercados resulta tranquilizadora, al ser preguntada por la situación de la renta fija y la posibilidad de que la tormenta vaya a más en los mercados financieros.»La inflación está aumentando, los precios de la energía siguen subiendo, las tensiones geopolíticas, las guerras comerciales y la deuda soberana, que se encuentra en niveles muy elevados tras diversos acontecimientos, incluida la Covid, están contribuyendo a un entorno donde los riesgos son mayores que los que teníamos antes», ha asegurado Alburquerque, quien también ha puesto en valor los avances y todo lo aprendido desde la ‘Gran Crisis’.En concreto, ha apuntado a los cambios en la regulación del sector bancario donde, si bien reconoce que queda trabajo por hacer, la UE cuenta con un sistema «mucho más sólido». Ha citado como ejemplos que los bancos estén mejor capitalizados, que la supervisión sea más eficiente y esté más armonizada, así como el hecho de que los Veintisiete cuenten con un Mecanismo Único de Supervisión y con un mecanismo de resolución dotado para hacer frente a posibles necesidades en caso de que alguna entidad esté en problemas. «Diría que estamos mucho mejor preparados para afrontar cualquier crisis que antes», ha zanjado a preguntas de los medios, para incidir en que queda aún trabajo por hacer. Alburquerque ha incidido en que en momentos en los que, como actualmente, gran parte de lo que sucede en el entorno «escapa completamente» al control de los socios europeos y «Europa no puede hacer nada al respecto», los Veintisiete deberían centrarse en avanzar en lo que depende exclusivamente de sí mismos, como profundizar en el mercado único. «Si seguimos trabajando en integrar nuestros mercados para beneficiarnos de la escala europea y convertirnos en un actor capaz de competir en igualdad de condiciones a nivel internacional, estaremos mejor preparados para afrontar cualquier imprevisto», ha dicho. Las palabras de Alburquerque llegan en un momento en el que la rentabilidad del bono español a 10 años supera de nuevo el 4%, situándose en el nivel más alto desde 2013, en plena crisis financiera. Las tensiones en el mercado de deuda -que afectan a EEUU, Alemania o Francia…- responden a que los inversores se muestran más reticentes a financiar a los estados. El motivo es que las principales economías del mundo, también en la Eurozona, están cada vez más endeudadas, acumulan importantes desequilibrios fiscales y los mercados financieros dan por hecho que el mundo se mueve hacia un periodo de tipos de interés altos, puesto que el impacto del conflicto de Oriente Próximo sobre la inflación será más prolongado de lo previsto. Los estados deben dedicar cada vez más recursos al pago de los intereses de la deuda y esto, unido a la incertidumbre política, lleva a los inversores a reclamar intereses más altos para seguir comprando bonos.Hacen falta bancos «realmente grandes» para competir a escala globalAlburquerque trabaja en un plan integral de reforma bancaria y financiera de la Unión Europea para reducir la fragmentación de los mercados nacionales, simplificar la regulación y eliminar las trabas burocráticas a las fusiones transfronterizas, es decir, entre bancos de distintos países de la UE. Preguntada sobre el tamaño ideal que debieran tener estas entidades (durante la pasada crisis financiera llegó a acuñarse la expresión «demasiado grande para caer»), la política lusa ha incidido en que la clave está en cuál se considere su mercado relevante. «No es nuestra tarea definir la escala o el tamaño de un banco», ha defendido, para incidir en que depende de dónde quiera competir, qué tipo de actividades quiera desarrollar y cuáles sean sus objetivos. Si bien, ha dejado claro que «si el mercado relevante es el global, estamos hablando de entidades realmente grandes». Así, ha puesto como ejemplo la dimensión de los principales bancos internacionales estadounidenses. «Nuestro banco más grande representa apenas una pequeña parte del tamaño de cualquiera de los grandes bancos que tenemos en Estados Unidos», ha añadido. La crisis de vivienda y el papel de la bancaAl ser preguntada por el papel que la banca debe jugar en la actual crisis de acceso a la vivienda, Maria Luís Alburquerque considera que hay que entender bien las causas de la crisis actual y ha advertido de que el problema sólo se agravará si se actúa por el lado de la demanda. «La crisis de la vivienda tiene muchos orígenes diferentes, pero uno de ellos es también que no contamos con mercados financieros plenamente funcionales y eficientes», ha detallado.Alburquerque ha recordado cómo desde la pasada crisis financiera y durante un periodo prolongado en el que los tipos de interés estuvieron muy bajos, los inversores buscaron rentabilidad en el ladrillo. A esto se suman factores como el desplazamiento de la población hacia las ciudades, los cambios en la estructura familiar o la falta de mano de obra, entre otros. «No esperaría que la solución al problema viniera del sector financiero, porque ese tampoco es el origen del problema», ha zanjado.

La posibilidad de revivir la pesadilla pandémica que sacudió el planeta en el año 2020 es elevada. La OCDE, una organización que engloba a países de renta alta o media-alta, estima que la probabilidad de vivir de nuevo una pandemia en los próximos 25 años es del 50%. Rojo o negro. Un escenario en el que la economía sufriría otro revés como el que ya se vivió hace siete años. El organismo ha publicado este martes un exhaustivo informe de más de 300 páginas en el que explora el escenario sanitario y económico que supondría una nueva pandemia y los costes de preparación, entre otras materias. La OCDE calcula que, en el caso de España, la aparición de un nuevo patógeno de alcance mundial podría asestar un golpe al PIB del país de entre el 2,1% y el 16,3% en función de la gravedad. Cifras que, traducidas a euros de 2025, implicarían una pérdida de producción de entre 35.000 y 275.000 millones de euros, respectivamente.Los investigadores dibujan cinco arquetipos de posibles pandemias para analizar las consecuencias que podrían tener en la economía. El más leve, sería precisamente una, crisis sanitaria global causada por un patógeno con las características del SARS-CoV-2, con transmisión asintomática, un nivel de gravedad vinculado a la edad y una tasa de mortalidad relativamente reducida. 
En este escenario, el PIB español retrocedería un 2,1% en los primeros nueve meses de contagio en ausencia de medidas de apoyo económico como planes de protección del empleo (tipo ERTE) o medidas para suavizar la política monetaria del BCE. España sería el sexto país de los 50 que analiza la OCDE que sufriría menos impacto en este hipotético caso.Otra de las posibilidades que contempla el informe es una pandemia de un virus con las características del Ébola. Un patógeno con tasas de transmisión bajas, pero casos de gravedad extrema, que pondrían a prueba la capacidad del sistema sanitario de abordar muchos casos críticos. En este escenario, la economía española retrocedería un 2,5% en los primeros compases de la infección, el octavo país con menor caída del medio centenar analizado.El tercer tipo de pandemia que contempla la OCDE es un brote mundial de gripe aviar que fuera capaz de infectar a humanos con altas tasas de hospitalización y mortalidad. En este caso, el PIB español caería un 2,6% en los primeros tres trimestres del episodio, la sexta menor caída de todas. La OCDE apunta a que el incremento de casos documentados de infección en humanos de este tipo de patógenos ha elevado la preocupación de que la próxima pandemia sea de este tipo. 

Los dos escenarios más graves son una pandemia con un patógeno tipo gripe A y otra con una infección global de un virus como el sarampión. En el primero, estaríamos hablando de la expansión de un virus muy transmisible pero con menor gravedad, un ejemplo clásico de pandemia que se extiende rápido. En este escenario, el PIB caería un 5,1% en los primeros compases del contagio.La hipótesis más extrema sería una epidemia mundial de un virus con las características del sarampión. Un patógeno hiperinfeccioso en una población no inmunizada y con una tasa de mortalidad altísima del 20%. En este caso, el PIB nacional sufriría un desplome del 16,2% en los primeros nueve meses. Un hundimiento sin precedentes. Según el informe de la OCDE, los sectores que más sufrirían ante una nueva pandemia serían los que más precisan de la presencia humana. En concreto, señalan el transporte, las manufacturas y los servicios profesionales. El coste de llegar a tiempoAunque el panorama es poco halagüeño, la OCDE estima que el coste que supondría prepararse para una futura pandemia es relativamente bajo. En el caso de España, el organismo estima que bastaría dedicar unos 228 millones de euros al año (el informe habla de 263 millones de dólares ajustados por poder de compra). Es decir, apenas 0,016 puntos de PIB cada ejercicio o unos cinco euros per cápita. El organismo estima que el retorno de la inversión sería «enorme» si se tiene en cuenta las pérdidas que podrían ocasionarse en caso de no actuar. «Frente a pérdidas potenciales de esta magnitud y un riesgo creciente de enfrentarlas en el plazo de una generación, el argumento económico para priorizar las medidas de preparación y respuesta resulta convincente», sostienen.  

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España se anotó un nuevo récord de empleo extranjero el pasado agosto gracias a la regularización de migrantes que ha acometido el Gobierno este año. Los datos de afiliación extranjera a la Seguridad Social que el Ejecutivo ha difundido este lunes reflejan que ya hay 3.551.759 ocupados de de nacionalidad distinta a la española, que suponen un 15,9% de la fuerza de trabajo del país. Una población que ha crecido vertiginosamente desde la pandemia y, en particular, en el último año. Entre 2025 y 2026 la Seguridad Social ha incorporado casi medio millón de empleos extranjeros, lo que supone un incremento del 15,7% en solo doce meses. En ese mismo periodo se han sumado unos 200.000 empleos de personas con nacionalidad española, un aumento del 1,1% que es mucho menor, en buena medida, al tratarse de un grupo sustancialmente más grande. Así, el 71% de todos los cotizantes que ha ganado la Seguridad Social en el último año son extranjeros.Si se toma como referencia la pandemia, España ha incorporado 1,4 millones de afiliados nacidos fuera del país, lo que representa casi la mitad de todo el empleo registrado en ese periodo. Si omitimos 2026, que está muy distorsionado por el efecto de la regularización, el empleo extranjero ha crecido a un ritmo de unos 200.000 cotizantes al año, una velocidad sin precedentes al menos desde antes de la gran crisis financiera de 2008. Para poner estas cifras en contexto, en el periodo anterior de siete años (2012-2019) la afiliación foránea se incremento en 386.000 empleos, casi tres veces más despacio que en la actualidad. Solo este agosto, España ganó 39.535 afiliados extranjeros en un mes en el que lo habitual es que se destruya empleo por el bajón en la actividad económica. De hecho, se trata de la única vez que esto ha sucedido desde que hay registros con la única excepción del año 2020, un dato muy distorsionado por el rebote de actividad tras levantarse el confinamiento estricto por la pandemia. Como es evidente, el efecto de la regularización administrativa de migrantes tiene mucho que ver con las cifras que se están registrando este año. Seguridad Social estima que desde que concluyera el proceso el pasado 30 de junio se han dado de alta 337.917 afiliados extranjeros procedentes de la regularización. Una cifra que, previsiblemente, seguirá aumentando en los próximos meses dado que durante el proceso se recibieron 1,2 millones de solicitudes y aún no se han resuelto todas. Hay que tener en cuenta que, previsiblemente, buena parte de estas afiliaciones son de personas que ya estaban trabajando en la economía sumergida, pero que, al obtener permiso administrativo, empiezan a hacerlo por los cauces legales. Es decir, contribuyendo económicamente al sistema de la Seguridad Social y protegidos también por su paraguas en forma de prestaciones por desempleo, incapacidad temporal o derecho a una pensión futura, por ejemplo.Latinoamericanos y jóvenes, el perfil más habitualLos datos de afiliación de agosto reflejan que los afiliados que más crecieron el mes pasado fueron los procedentes de países latinoamericanos y los más jóvenes. Así, la nacionalidad que más cotizantes ganó fue la colombiana (21.434 empleos más), seguida por la peruana (7.465), la hondureña (3.494) y la paraguaya (3.494). También se incrementaron los afiliados procedentes de Senegal (3.214), de Pakistán (2.431), de China (1.478), de Argentina (1.461), de la India (1.367), Venezuela (1.341), Nicaragua (1.338), Malí (1.183), Bangladés (1.171) o Brasil (1.099).Una imagen a medio plazo da una idea más precisa de qué nacionalidades han contribuido más al tirón del empleo extranjero. Así, si se compara con el agosto del año pasado, los colombianos (116.351), marroquíes (64.020) y venezolanos (44.559) fueron los que más empleos aportaron a la estadística. Seguidos por los peruanos (41.389), paraguayos (19.622), hondureños (17.302), senegaleses (14.031), chinos (11.490), argentinos (10.541) y pakistaníes (10.010). En cuanto a grupo de edad, el número de cotizantes foráneos creció en todos, pero lo hizo especialmente entre los menores de 35 años, que sumaron 22.385 afiliados, algo más de la mitad de todo el aumento registrado en agosto. Tras ellos, aparecen los de edad mediana (35 a 54 años), que sumaron 14.118 cotizantes, y los mayores de 54 años, que apenas ganaron 3.034.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/television/notas/premios-emmy-2026-donde-ver-la-ceremonia-y-cuales-son-los-favoritos-para-ganar/ En la noche de hoy, lunes, 14 de septiembre el Peacock Theater en Los Ángeles, California, será …

La vuelta de las vacaciones de verano trae hipotecas más caras. El euríbor a doce meses, el índice de referencia del mercado hipotecario, ha repuntado este lunes al 3,3% en tasa diaria -máximos de agosto de 2024- y empuja la media mensual en el 3,109% de manera provisional, niveles no vistos en dos años. El alza en 0,152 puntos con respecto al viernes es el tercero mayor registrado en lo que va de ejercicio. Las otras dos se produjeron en marzo, justo al inicio del conflicto en Oriente Próximo. La subida se produce tras la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del pasado jueves, en la que elevó el precio del dinero en 25 puntos básicos, situando la tasa de referencia en el 2,5%. La intervención de la presidenta del organismo, Christine Lagarde, divide a los analistas entre quienes prevén que habrá más incrementos y quienes apuestan por una pausa en el corto plazo.Lo cierto es que la política francesa no cerró la puerta a otro alza de tasas, aunque sí remarcó su negativa a dar pistas sobre cualquier movimiento a futuro. El avance del euríbor anticipa hipotecas más caras. La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) calcula que el euríbor podría cerrar septiembre en el 3,2%. En caso de confirmarse, una familia que tenga que revisar con una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de un punto, verá encarecida su cuota en alrededor de 1.000 euros, unos 84 euros más al mes. La cifra es de 756 euros en caso de que la revisión tenga carácter semestral, equivalente a unos 52 euros más al mes. Hace justo un año, este indicador se movía sobre el 2,172%, por lo que de mantener la tendencia, experimentará un salto de alrededor de 100 puntos básicos en comparativa interanual, su mayor incremento desde noviembre de 2023. El estallido de la guerra en Oriente Próximo el pasado 28 de febrero ha dinamitado las previsiones y la hoja de ruta del BCE, que tuvo que adelantar las esperadas subidas de tipos y ha desencadenado una escalada del euríbor, que acumula siete meses consecutivos en ascenso. 
El petróleo por encima de 100 dólares y el bloqueo en las negociaciones para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán apuntan a otra posible subida en diciembre y presiona al euríbor una vez que ha sobrepasado el umbral del 3%. «Su evolución refleja un cambio de expectativas que tiene su origen, principalmente, en la inflación», explica Josep Soler, Fundador y consejero ejecutivo de la Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA) España. Hay que tener en cuenta que el euríbor actúa como termómetro. Sube porque el mercado ha empezado a descontar que el ‘guardián del euro’ moverá ficha de nuevo para evitar una crisis de inflación que empobrecería a los hogares de la eurozona, al mermar todavía más su poder adquisitivo. Sin embargo, este movimiento no es inocuo, dado que encarece el coste de financiarse en la región. Así, no sólo pagarán más quienes ya tienen contratada una hipoteca a tipo variable, sino también quienes opten a nuevos préstamos, dado que la banca irá elevando los intereses para acompasarlos al precio oficial del dinero. En la última actualización de previsiones económicas, el organismo ha mantenido la previsión de IPC en el 3% para 2026, pero ha elevado dos décimas la del año que viene hasta el 2,5% y una décima la de 2028 hasta el 2,1%. A la espera de conocer el avance de precios de septiembre, en agosto el IPC se colocó en el 3,3%. Todo apunta a que en el noveno mes del ejercicio podría ser superior. El encarecimiento no parece frenar el apetito hipotecario, que se encamina a cerrar uno de los mejores ejercicios desde los años de la burbuja inmobiliaria en materia de concesión. Los últimos datos publicados por el Banco de España (BdE) correspondientes a julio arrojan un monto aprobado por valor de 8.078 millones, un nivel que no alcanzaba durante el séptimo mes del ejercicio desde 2008, justo antes de la quiebra de Lehman Brothers. En esta evolución ha contribuido el comportamiento del precio de la vivienda, en zona de máximos históricos. 

No superar el periodo de prueba al inicio de un contrato se ha convertido en una realidad sospechosamente habitual en España desde que entró en vigor la reforma laboral en el año 2022. Hasta cierto punto, es esperable que al haber más personas trabajando también aumente el número de ellas que no superan esos meses en los que la empresa puede cesar la relación laboral a coste cero. Pero las cifras muestran, desde hace tiempo, indicios claros de un uso fraudulento del periodo de prueba, lo que ha llevado al Ministerio de Trabajo a poner la lupa sobre esta práctica. Desde el año 2019 (el último que no está distorsionado por el efecto de la pandemia ni de la reforma laboral) el número de ceses por no superar la prueba ha pasado de 675.555 a superar el millón por primera vez en la historia el año pasado. Un incremento del 51,5%.Sin embargo, esta cifra esconde dos realidades muy diferentes. Mientras que los ceses por este motivo en contratos temporales se han reducido a la mitad-siguiendo la línea de la propia temporalidad, que quedó muy restringida con la reforma laboral-, en las relaciones indefinidas se han disparado exponencialmente. En concreto han pasado de 132.534 en 2019 hasta 723.763 el año pasado. O lo que es lo mismo, se han más que multiplicado por cinco. 
Solo los ceses por agotamiento de incapacidad temporal -cuando se supera los 545 días de baja médica, el máximo que permite la ley- y los provocados por paso a la inactividad de fijos discontinuos se han incrementado más entre los indefinidos. Los dos casos anteriores se pueden explicar parcialmente por el brusco incremento en los afiliados de baja médica y de los que trabajan con contrato fijo discontinuo. Y aunque en el caso del periodo de prueba también hay una parte que se justifica porque hay más gente trabajando con este tipo de contratos desde la reforma laboral (un 46% más), los números no cuadran. El año pasado se registraron 5,35 ceses durante el periodo de prueba por cada 100 afiliados a la Seguridad Social con contrato indefinido, una tasa muy superior a los 1,4 por cada 100 ocupados que se veían en 2019. 
Además, el brusco incremento en los ceses durante el periodo de prueba se produjo muy bruscamente justo en los meses posteriores a la entrada en vigor de la reforma laboral (produjo plenos efectos a partir de abril de 2022). Aunque la tendencia desde entonces ha seguido al alza, el gran salto fue casi automático con el cambio legislativo. Asimismo, los despidos durante la prueba empezaron a mostrar un patrón estacional más marcado que no se veía antes de la reforma laboral. Desde 2022, se concentran particularmente en los meses de junio, julio y agosto, mientras que se han reducido en el periodo invernal (enero a marzo), donde la actividad laboral es más baja. Un patrón que ya se veía en los contratos temporales antes de que cambiara la legislación. Como es altamente improbable que los trabajadores españoles hayan sido víctimas de una ola de incompetencia colectiva, todo apunta a que detrás de este incremento en los ceses se esconden casos de temporalidad fraudulenta. Que algunas empresas han encontrado en el periodo de prueba un subterfugio para esquivar las restricciones a la temporalidad que introdujo la reforma. Díaz vigilará más de cerca los periodos largosAnte esta tesitura, el Gobierno aprobó la semana pasada una norma con la que busca que las empresas tengan más difícil aplicar periodos de prueba especialmente largos. Según el Estatuto de los Trabajadores, este tiempo solo puede superar los seis meses en los trabajadores técnicos titulados y los dos meses en el resto salvo que se pacte lo contrario por convenio.Con el decreto, que todavía no ha entrado en vigor, las empresas tendrán que explicar con mayor precisión los motivos que justifican ampliar el periodo de prueba más allá de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, la estadística de convenios colectivos muestra que los periodos de prueba ‘extendidos’ son bastante poco habituales entre los trabajadores. En concreto, de los convenios firmados en 2025 con cláusulas cualitativas conocidas, solo el 6% utilizaban periodos de prueba superiores a los que fija el Estatuto de los Trabajadores. De hecho, es más habitual encontrar acuerdos colectivos que reducen la duración respecto a lo que establece la ley. El 8,8% de los convenios que incluían información sobre cláusulas cualitativas firmados el año pasado estaban en esa situación. 

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El petróleo vuelve a superar los 100 dólares, pero el combustible que mueve los camiones, la agricultura y buena parte de la industria europea está subiendo mucho más deprisa. El margen del diésel sobre el crudo acaba de alcanzar un récord de 112,17 dólares por barril en Estados Unidos, mientras en Europa llegó a 98 dólares a comienzos de septiembre, más del doble de los 44,75 dólares de media registrados en junio. Una brecha que empieza a lanzar una señal preocupante justo cuando Europa se prepara para entrar en el otoño.El Brent ronda los 104 dólares por barril, mientras las interrupciones de suministro en Rusia y Oriente Medio reducen la disponibilidad de combustibles refinados y las plantas que continúan operativas trabajan cerca de sus límites. La Agencia Internacional de la Energía ha advertido, además, de que las pérdidas de suministro mundial serán mayores de lo previsto. El problema, por tanto, no está únicamente en cuánto cuesta el petróleo, sino en la capacidad para transformarlo en los productos que necesita la economía.Europa ya comprobó en 2022 qué puede ocurrir cuando una fuente de energía esencial comienza a escasear antes del invierno. Entonces el problema estuvo en el gas ruso y terminó disparando la electricidad, la inflación y los costes de buena parte de la industria. Cuatro años después, la tensión aparece en otro punto de la cadena.El cuello de botellaLa situación resulta especialmente delicada para Europa por su dependencia del diésel en el transporte pesado, la maquinaria agrícola, la construcción y numerosas actividades industriales. En España, la tensión internacional ya ha llegado a las gasolineras: el gasóleo convencional se mueve cerca de 1,90 euros en numerosas estaciones, las variedades premium rozan o superan los dos euros y el agrícola alcanza una media aproximada de 1,61 euros por litro.Pero ¿Cuánto de esa subida procede realmente del petróleo? El Banco Central Europeo calcula que los costes y márgenes de refino llegaron a sumar alrededor de 35 céntimos por litro al precio del diésel en julio, frente a unos 10 céntimos antes de la última escalada energética. La presión llega, además, con la inflación española disparada al 4,3% en agosto y con la energía de nuevo entre las principales preocupaciones del banco central, que acaba de elevar los tipos de interés.El problema ha llegado también a la Casa Blanca. Donald Trump reunió a finales de agosto a responsables de algunas de las principales compañías de refino de Estados Unidos, entre ellas Marathon Petroleum, Valero, PBF Energy, Delek US y Chevron, para abordar cómo elevar la producción. Ahora bien, las plantas estadounidenses funcionan prácticamente a plena capacidad y los inventarios se encuentran un 13% por debajo de la media de los últimos cinco años. Pedir más combustible es relativamente sencillo, sin embargo, producirlo rápidamente, bastante menos.Esa combinación ha disparado el llamado crack spread, la diferencia entre el precio de los productos refinados y el coste del crudo utilizado para obtenerlos. El indicador sirve como referencia del margen bruto de una refinería y permite entender la otra cara de esta tensión energética. Cuanto más se encarece el combustible respecto a la materia prima, mayor es el beneficio potencial de las compañías capaces de mantener sus instalaciones a pleno rendimiento.Márgenes récordY las cuentas ya empiezan a reflejarlo. La petrolera austriaca OMV elevó un 85% el resultado operativo de su negocio de combustibles en el segundo trimestre, hasta 446 millones de euros, después de que su margen indicador de refino aumentara un 152%, hasta 20,33 dólares por barril.En España, Repsol obtuvo 1.683 millones de euros de resultado ajustado en su negocio Industrial durante el primer semestre, frente a apenas 235 millones un año antes. La compañía, que opera cinco refinerías en el país, atribuyó buena parte del salto a la mejora del refino y llegó a destinar 2.400 millones durante el periodo a incrementar sus inventarios de crudo y productos para aprovechar las condiciones del mercado.La Bolsa también ha empezado a recoger ese cambio de escenario. Repsol se acerca a los 29 euros por acción, alrededor de un 9% por encima de los niveles de finales de agosto, y ya había avanzado un 3,6% el pasado 23 de julio después de presentar unos resultados trimestrales muy superiores a los del año anterior, impulsados, entre otros factores, por la fortaleza de su negocio Industrial.¿Hasta qué punto puede beneficiarse si esta situación continúa? Cada dólar adicional por barril en el margen de refino aporta a Repsol alrededor de 200 millones de euros anuales de flujo de caja operativo, según las sensibilidades publicadas por la propia compañía. Además, aproximadamente el 55% de la producción de sus plantas corresponde a destilados medios como el diésel y el queroseno, dos productos que Europa necesita importar. El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, considera que existen razones para que este escenario favorable se prolongue durante 2027.En el caso de Estados Unidos, Valero y Marathon Petroleum acumulan subidas bursátiles superiores al 100% en 2026, mientras el ETF VanEck Oil Refiners gana alrededor de un 66%, después de años en los que buena parte de la industria occidental redujo capacidad.Europa ha cerrado 35 refinerías desde 2009 y ha perdido aproximadamente el 20% de su capacidad de refino, un ajuste que apenas llamaba la atención mientras sobraba combustible, pero que adquiere otra dimensión cuando desaparecen suministros procedentes de Rusia y Oriente Medio.El otro y el invierno encontrarán, por tanto, al viejo continente en una situación diferente a la de 2022, aunque con algunos ingredientes conocidos: dependencia exterior, inventarios bajo presión, poca capacidad para incrementar rápidamente la oferta y una fuente de energía esencial encareciéndose mucho más deprisa de lo habitual.

En la serie Aquí no hay quien viva, bastaba convocar una junta de vecinos para que cualquier asunto aparentemente sencillo terminara convertido en una batalla campal. Todos compartían edificio, todos necesitaban que aquello siguiera funcionando, pero ponerse de acuerdo sobre quién pagaba qué y cómo era desastroso.Salvando las distancias, algo parecido ocurre ahora con las cuentas públicas europeas, aunque la discusión se mide en billones de euros. Defensa, pensiones, sanidad y transición energética podrían elevar el gasto público en cerca de cinco puntos del PIB de aquí a 2040, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y conseguir el dinero para pagarlo vuelve a ser cada vez más caro. El bono alemán a diez años ha llegado a superar el 3,5%, niveles que no se veían desde hace unos 15 años, mientras Francia se financia en el entorno del 4,45%, máximos desde 2008.Alguien tiene que hacerse cargo de la factura, y es precisamente cuando las urnas empiezan a complicar las cuentas. Alternativa para Alemania (AfD) acaba de rozar el 44% de los votos en Sajonia-Anhalt, mientras Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, propone cancelar el 18% de la deuda pública francesa, unos 636.000 millones de euros.La deuda también se votaEl canciller alemán, Friedrich Merz, tiene que reformar las pensiones, el mercado laboral y el gasto público mientras AfD sigue ganando terreno. Las pensiones muestran hasta dónde pueden cruzarse ambos asuntos, porque el Gobierno quiere eliminar incentivos que todavía permiten abandonar antes el mercado laboral y una comisión de expertos ha planteado vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, lo que podría acercarla progresivamente a los 70 años.Algunas corrientes de AfD defienden, mientras tanto, pensiones más generosas y fuertes rebajas fiscales. Las propuestas llegan cuando Alemania se prepara además para aumentar con fuerza su endeudamiento para financiar defensa e infraestructuras. El Gobierno ha puesto en marcha un fondo de 500.000 millones de euros para infraestructuras y prevé elevar el gasto militar, lo que incrementará sus necesidades de financiación durante los próximos años.Francia permite llevar la discusión bastante más lejos. ¿por qué no eliminar parte de la deuda y liberar ese dinero para otras políticas? Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ya ha advertido de que una medida semejante sería “financieramente peligrosa” y contraria a los tratados europeos, mientras el gobernador del Banco de Francia sostiene que equivaldría a un impago y terminaría elevando el coste de financiación del país.¿Y por qué tendría que subir ese coste? Francia necesita volver una y otra vez al mercado para refinanciar una deuda que supera el 116% del PIB. Si los inversores empiezan a pensar que existe una mayor probabilidad de que una parte de lo que han prestado pueda no devolverse, la respuesta más lógica es exigir una rentabilidad mayor para seguir comprando bonos franceses.Ese encarecimiento de la financiación elevaría a su vez el dinero que el país tiene que dedicar al pago de intereses, reduciría el margen presupuestario disponible para otras partidas y complicaría los ajustes necesarios para contener el déficit.El mapa cambiaLo llamativo es que esa presión sobre Francia y las nuevas dudas en torno a Alemania coinciden con el movimiento contrario en varios países que protagonizaron la anterior crisis del euro. Portugal encadena mejoras de rating, Grecia ha reducido de forma drástica su endeudamiento desde los máximos de 2020 y España mantiene una evolución que los inversores están premiando, hasta el punto de que los rendimientos de la deuda de Irlanda, Portugal y España se encuentran ya por debajo de los franceses.Italia necesita un capítulo aparte porque su deuda continúa siendo enorme y vuelve a crecer en relación con el PIB, aunque incluso su caso permite apreciar cuánto ha cambiado la fotografía. En algunos vencimientos largos, Francia ha llegado a financiarse prácticamente al mismo coste o incluso ligeramente por encima de Italia, algo difícil de imaginar cuando los PIGS concentraban buena parte de los temores sobre la propia supervivencia del euro.2027 entra en el precioSi el coste de financiación se ha convertido en una de las variables que más vigilan los inversores, ¿qué puede ocurrir cuando varios de los grandes países europeos vuelvan a las urnas? Victoria Torre, responsable de Oferta Digital de Self Bank, señala que “el mercado comienza a cotizar que en 2027 habrá elecciones en Francia, Italia y España, con los ajustes fiscales sin hacer, y con probable repunte de las primas de riesgo soberanas”. Según Torre, esa presión podría terminar frenando las Bolsas española y europea.La cuestión es qué ocurrirá si varios de esos países llegan a las urnas con buena parte del trabajo todavía pendiente. Francia podría hacerlo con una deuda superior al 116% del PIB y fuerzas políticas que plantean soluciones radicalmente diferentes para reducirla; Italia, con una de las mayores cargas de deuda de Europa; y España, pese a disfrutar ahora de unas condiciones de financiación relativamente favorables, tampoco queda al margen de unos ajustes fiscales que serán cada vez más difíciles de aplazar.Trabajar más años, contener determinadas partidas de gasto, reformar prestaciones o elevar algunos impuestos puede ayudar a cuadrar las cuentas sobre el papel, pero cada una de esas decisiones tiene un coste político que aparece inmediatamente en las urnas. Y cuanto más fragmentado esté el electorado, más difícil resulta para un gobierno conseguir suficiente apoyo para aprobar precisamente las reformas que pueden tranquilizar al mercado.

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En 2030 España tendrá que dedicar 60.000 millones de euros de sus presupuestos anuales a pagar los intereses de la deuda, una cifra récord que implica que, para entonces, este gasto se habrá disparado un 50%. El cálculo lo ha publicado este miércoles la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y responde a varios factores que convergen entre sí. Por un lado, el endeudamiento de las administraciones no ha dejado de aumentar y en junio superó los 1,76 billones de euros, el equivalente al 101,5% del PIB. A esto se suma que hay previstas nuevas subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo para controlar una inflación al alza. Y un tercer factor es que los mercados se muestran cada vez más reticentes a financiar la deuda pública a nivel global. El problema es que España afrontará esta situación con una economía menos dinámica por la persistencia del conflicto en Oriente Próximo y que, por ello, contará con menos margen para afrontar este gasto financiero. Hasta ahora el hecho de que el PIB hubiera crecido con fuerza había compensado el aumento de la deuda pública. Esto, sin unos nuevos presupuestos «que permitan adaptar las prioridades a los grandes desafíos» que encara el país. En caso de mantenerse los tipos en los mismos niveles que en 2025 (es decir, en torno al 3,2% los de largo plazo y el 2,2% los de corto plazo), los pagos por intereses se situarían en 2030 en unos 57.000 millones de euros, es decir, 17.000 millones más que el pasado ejercicio. En torno a la mitad de ese incremento, algo más de 8.000 millones, serían los intereses de la nueva deuda que se emitirá, como consecuencia de los déficits esperados para los próximos años. La otra mitad provendría de la refinanciación de la deuda que vencerá a tipos de interés superiores a los que fue emitida.Si a esto se añade la subida de los tipos de interés por parte del BCE -alrededor de medio punto en relación con 2025, mantenido a lo largo de todo el periodo-, la factura por intereses aumentaría en otros 3.600 millones en 2030, hasta situarse algo por encima de los 60.000 millones.Los hogares pierden poder adquisitivoDesde Funcas advierten de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán se está enquistando y tendrá un impacto más duradero de lo previsto, lo que estrechará el margen de maniobra de la política macroeconómica. «La preocupación más inmediata radica en la subida del IPC, con un incremento interanual del 4,3% en agosto y un diferencial con la Eurozona que ha tendido a ampliarse», sostienen. Esto resta competitividad a la economía nacional frente a sus principales socios comerciales, que son los países de la Eurozona. El aumento del coste de la vida y la subida de tipos del BCE para hacerle frente frenarán el ritmo de expansión de la economía española. El motivo es que los salarios están aumentando en promedio un 3%, por debajo de lo que suben los precios, restando poder adquisitivo a los hogares. Esto puede hacer que frenen su consumo, al tiempo que aumentan también los costes de financiación y se encarecen las hipotecas por el alza del euríbor. Por otra parte, a políticas constantes, el incremento de la factura por intereses impedirá que el déficit de las administraciones baje del 3% en los próximos años, incluso si el ciclo expansivo se prolonga.“Más allá de estos efectos, lo que está en juego es un cambio de paradigma de la política macroeconómica, por el estrechamiento de margen de maniobra de los Estados, una situación que, además, coincide con necesidades crecientes de inversión y de respuesta a todo tipo de shocks», sostienen desde Funcas. Por ello, llaman al Gobierno a aprovechar el ciclo expansivo para generar margen de maniobra y así reducir la vulnerabilidad ante futuras crisis. Agitación en la deuda públicaEn la fundación se muestran preocupados por las turbulencias que están registrando los mercados de deuda en todo el mundo. En EEUU el bono a diez años roza el 5% y en Alemania el 3,5% por primera vez desde la crisis financiera. En Japón, el rendimiento ha pasado de casi cero al 3%, algo que en el país no veían desde los años 90. El bono español se mueve en la misma dirección y su rentabilidad ronda el 3,8%, medio punto más que a principios de año.En los mercados financieros se extiende la idea de que los gobiernos son incapaces de contener el deterioro de los desequilibrios presupuestarios y de prevenir una acumulación insostenible de deuda. “Lo que está en el fondo de este sentimiento de los inversores es, por una parte, la presión sobre el gasto provocada por los programas de rearme, las ayudas para paliar los efectos de los conflictos geopolíticos y el coste del envejecimiento, cada vez más visible», señala el informe. Y, por otra parte, la dificultad para generar ingresos suficientes para financiar ese gasto.

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Anthropic se prepara para protagonizar una de las mayores salidas a Bolsa de la historia, con una valoración que podría alcanzar los dos billones de dólares. Pero apenas unas semanas antes de intentar convencer a los inversores de que merece semejante precio, uno de sus principales investigadores de seguridad ha reconocido públicamente algo difícil de valorar en cualquier folleto de inversión. Evan Hubinger, responsable de Alignment Science de la compañía, estima personalmente en más de un 10% la probabilidad de que una futura inteligencia artificial (IA) pueda acabar con la humanidad durante la próxima década.La advertencia llega después de que Jacob Coxon, antiguo investigador de OpenAI y Anthropic, abandonara esta última denunciando que los grandes laboratorios están acelerando hacia sistemas cada vez más autónomos sin saber todavía cómo mantener bajo control una eventual superinteligencia.Hubinger respaldó públicamente buena parte de esa preocupación, aunque considera bajo el riesgo de los modelos actuales y sitúa el verdadero peligro en futuras inteligencias capaces de aprender, mejorar por sí mismas y volverse cada vez más avanzadas.Esto rebaja bastante el dramatismo inmediato. El problema no sería Claude mañana por la mañana, sino en lo que Claude y otros sistemas similares podrían llegar a convertirse. Entonces, ¿Cómo se valora una compañía que aspira a valer dos billones de dólares mientras algunos de sus propios investigadores contemplan consecuencias extraordinariamente graves derivadas del avance de su tecnología?En condiciones normales, cuando aumenta la incertidumbre asociada a una actividad, los inversores exigen una compensación. Las farmacéuticas descuentan litigios, las petroleras incorporan amenazas regulatorias y las entidades financieras pagan más cuando crece la posibilidad de pérdidas inesperadas. Cuanto mayor es la prima de riesgo, menor debería ser, en teoría, el precio que alguien está dispuesto a pagar.Dos billonesCon Anthropic, sin embargo, las cuentas son bastante menos sencillas. Reuters señala que la compañía espera comenzar a comercializar su oferta a mediados de octubre como pronto y completar la operación antes de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre, aunque el calendario todavía puede cambiar. La cifra que se baraja alcanza los dos billones de dólares, más del doble de los 965.000 millones que llegó a marcar en una ronda privada meses atrás.¿Qué tendría que ocurrir para justificar semejante precio? Mucho. Anthropic necesitaría convertir Claude y sus futuros modelos en una infraestructura utilizada por empresas, programadores y consumidores a una escala difícil de comparar con la de una tecnológica tradicional. Quien compre acciones a esos niveles no estará pagando únicamente por los ingresos actuales, sino por una parte del valor económico que la IA pueda generar durante los próximos años.Ahora bien, cuanto más capaces y autónomos sean esos sistemas, mayores pueden ser también los riesgos asociados a su uso o a una eventual pérdida de control. La propia Anthropic contempla esa relación en su política de seguridad y endurece las salvaguardas exigidas a medida que sus modelos alcanzan capacidades más avanzadas.¿Y qué ocurre si esas preocupaciones salen de los laboratorios y terminan llegando a los reguladores? Entonces el riesgo empieza a ser bastante más fácil de traducir a dólares. Una legislación más dura podría elevar los costes, retrasar nuevos modelos, limitar determinadas aplicaciones y obligar a gastar más dinero en seguridad y cumplimiento normativo. Menores márgenes, más gastos y más restricciones para vender la tecnología. Eso sí sabe ponerlo Wall Street en una hoja de cálculo.Cuanto más capaz, más valiosaEsos mismos avances que pueden elevar los costes y las exigencias regulatorias son también los que podrían justificar una valoración extraordinaria de Anthropic. El escenario que preocupa a Hubinger no parte de una IA con las capacidades actuales, sino de sistemas mucho más avanzados, capaces de mejorar por sí mismos y asumir progresivamente tareas que hoy requieren trabajadores altamente cualificados.Si esos modelos llegan a escribir buena parte del software, acelerar la investigación científica, automatizar procesos empresariales y asumir una porción creciente del trabajo intelectual, su capacidad para generar ingresos sería muy superior a la actual. El riesgo y el potencial económico nacen, por tanto, del mismo avance tecnológico.Wall Street no necesita considerar falsas esas advertencias para justificar una valoración enorme. Podría suceder justamente lo contrario y que una parte de la expectativa económica dependa de que la IA continúe avanzando a gran velocidad, aunque ese mismo progreso obligue a dedicar cada vez más recursos a mantenerla bajo control. Vista así, la advertencia más inquietante de Anthropic contiene también una de las premisas más alcistas para su valoración.En todo caso, el escenario más extremo aparece al intentar introducir el escenario más aterrador en un modelo financiero. Un inversor puede proteger parcialmente una cartera frente a una recesión, una subida de tipos, una caída tecnológica o incluso la quiebra de una compañía. Pero ¿Qué prima de riesgo se asigna a un escenario de extinción?

Enviar un whastapp, hacer una compra online, teletrabajar… todas estas acciones y muchas más requieren de la transmisión cada vez más rápida de datos en el entorno digital y de su almacenamiento en los centros de datos, infraestructuras de las que depende también el despliegue de herramientas mucho más complicadas como la Inteligencia Artificial y la capacidad de computación que requiere y en la que la UE va perdiendo de lejos la carrera frente a EEUU y sobre todo China, de acuerdo a un reciente informe del prestigioso Instituto Bruegel. Sin embargo, estas infraestructuras, que el Gobierno considera «imprescindibles para la digitalización de la economía», tienen también una cara b, relacionada con un consumo ingente de electricidad y de agua que el Ministerio para la Transición Ecológica quiere «ordenar» mediante un decreto que ha levantado la oposición entre los inversores en centros de datos, que advierten de la fuga a otros países de proyectos por 66.000 millones de inversión y crearán hasta 2.000 empleos de calidad en los cinco años. Pero también del sector renovable y de los ecologistas. Los primeros creen que los estrictos requisitos relacionados con el consumo de electricidad son «inviables» y los segundos, que «se quedan cortos» en cuanto al control del consumo eléctrico y también de agua.La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, pretende que el alto consumo de electricidad que requieren los centros de datos no tenga un efecto adverso ni para la transición hacia energías renovables ni sobre la factura de la luz todos los consumidores. Mientras que gigantes como Meta, Amazon, Tesla o Microsoft expanden sus centros de datos por el mundo y fijan también los ojos en España, quiere asegurar que la electricidad que consuman no eleve la demanda en el sistema eléctrico hasta el punto de tener que recurrir en mucha mayor medida al gas, que, en el sistema marginalista vigente, encarecería el precio de la luz para todos consumidores. Además, esto supondría un paso atrás en la sustitución de fuentes fósiles por renovables para producir electricidad. Se trata, dice el borrador del decreto en ciernes, de «distinguir los proyectos firmes y viables” en un sector que está demostrando tener mucho interés en España. Su patronal, SpainDC, y el Ministerio coinciden en prever que en 2030 habrá instalados unos 2.500MW de capacidad de computación. De momento, Transición Ecológica añade que hay solicitudes por 12.000MW, «concentradas» además en «pocos territorios», como la Comunidad de Madrid o Aragón, en las que el consumo de estas instalaciones duplicará y triplicará su consumo eléctrico actual.Las condiciones de la polémica»En países como Irlanda, Países Bajos o EEUU, el crecimiento desordenado de los centros de datos ha provocado fuertes incrementos del precio de la electricidad, tensiones por el abastecimiento de agua y un fuerte rechazo social», advierten desde el departamento de Aagesen. Para evitarlo, la norma que espera que vea la luz en breve introduce dos polémicas condiciones que deberán cumplir los centros de datos de más de 1MW en España. La primera, que puedan acreditar que el 80% de la electricidad que consuman cada hora -es decir, de manera casi simultánea- viene de plantas de generación renovable y que estas se hayan creado para ello -es decir, que no supongan una disminución de la generación eléctrica renovable para otros consumos- en los 18 meses anteriores. Los distintos sectores implicados rechazan estas condiciones, por «absolutamente ineficiente», porque no aprovecha los megavatios de electricidad verde que se pierde cada año porque no se pueden consumir en el momento o porque se corre el riesgo de crear una «burbuja» de almacenamiento, según advierten desde APPA Renovables. Diversas fuentes avisan también de que los planes de Aagesen obligarán a multiplicar por tres la generación fotovoltaica, eólica y de baterías solo para los centros de datos, que unido a la falta de red eléctrica para conectarse, daría lugar a que queden aislados en «sistemas eléctricos en miniatura».Como tecnólogos, constructores, de los centros de datos, en Hitachi Energy calculan que las exigencias en materia renovable y de almacenamiento suponen «sobredimensionar» los proyectos hasta el punto de que cuesten «cerca de lo que cuesta el propio centro de datos» y, como la patronal del sector, advierte de que hará que la inversión «termine en otros países». SpainDC cree que el texto actual necesita una reconsideración total, duda incluso de su encaje jurídico y critica que supone de facto cerrar el paso en España a los centros de datos, con perjuicios en particular a los que ya han pedido la conexión a la red y han empezado a invertir en terrenos o equipamiento. «La suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable», denunciaba este viernes en rueda de prensa el presidente de SpainDC, Emilio Díaz.Consulta con ‘agostidad’Estas advertencias e intentos de modificar el decreto confluyeron el viernes pasado, cuando concluyó el plazo para presentar alegaciones al borrador de la norma, en un proceso que también ha provocado malestar entre las partes interesadas también por las formas. El Ministerio para la Transición Ecológica abrió consulta pública el 27 de agosto y dio solo dos semanas, todavía en periodo estival, para presentar comentarios y alternativas, hasta el pasado 4 de septiembre. Tras la protesta de los distintos actores interesados, Aagesen amplió el plazo hasta el viernes 10.Una vez cerrado, la vicepresidenta se ha encontrado con hasta 600 peticiones para matizar o cambiar su propuesta pero, según indicaban fuentes de Transición Ecológica este viernes, de momento se mantiene lo dispuesto en el borrador del decreto por lo que respecta a la obligación de que el 80% del consumo eléctrico de los centros de datos sea renovable «en todas sus horas de funcionamiento» o que se haga mediante acuerdos privados de compra (PPA) o autoconsumos en plantas construidas como mucho en los 18 meses previos.Frente a la disposición a suavizar el decreto que trasciende de otras partes del Ejecutivo, Aagesen afronta con la intención de mantener la «máxima ambición» en el ordenamiento de los centros de datos en España de no cruzar sus líneas rojas, entre las que se encuentra principalmente evitar que acaparen el consumo de electricidad y que este escasee para otros usos.  SpainDC mantiene que «la intensidad, acumulación, plazos y penalizaciones» del nuevo régimen lo convierte en «desproporcionado» y que perjudicará la competitividad de España frente al resto de Europa». En el plano energético, APPA Renovables ha pedido flexibilizar los requisitos, de modo que se pase del 80 al 100% de uso de electricidad renovable, pero que el cómputo no sea diario, sino anual inicialmente, aunque luego se pueda ir reduciendo. Esto, apuntan en la mayor asociación del sector renovable, permitiría que los centros de datos aprovechen el 25% de la generación renovable que se pierde todos los años porque no se consume en el momento. En cuanto a las plantas nuevas, plantean elevar el plazo de 18 meses a 36.Agua y soberanía digitalAunque no han levantado tanta polémica, el decreto sobre los centros de datos también incluye requisitos en materia de consumo de agua, para lo que deberán acreditar la máxima categoría dentro de la clasificación europea de eficiencia hídrica.También en materia de «resiliencia y soberanía digital», de modo que tendrán que estar operados por una entidad establecida en la UE, que mantendrá los datos relativos a la operación del centro en territorio comunitario y evitará los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo.Los ecologistas que asesoran a Aagesen también se oponenPor si fuera poca oposición por parte del sector de los centros de datos y del sector renovable, los planes de Aagesen para regular la manera en la que se surten de electricidad y de agua también ha levantado las críticas de los grupos ecologistas, que consideran «insuficientes» las cautelas en materia de electricidad y agua y también para respetar «los límites ambientales y sociales de cada territorio».En un comunicado conjunto, las organizaciones ecologistas que asesoran a Aagesen de manera formal en el llamado G-5 -Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF- y otros colectivos piden límites al consumo de electricidad y agua de estas instalaciones, una decisión sobre «dónde y en qué condiciones» pueden ubicarse, que todo su consumo eléctrico -el 100%- sea renovable y «garantías democráticas», es decir, que «mejorar la transparencia y garantizar una participación pública suficiente y rendición de cuentas antes de autorizar una expansión de esta magnitud».