Vida Gerente

Estados Unidos lleva meses golpeando a Irán desde el aire y esta semana ha decidido apretar en otro frente, precisamente en el que puede hacerle perder más dinero. El Tesoro estadounidense acaba de lanzar una nueva ofensiva para cortar las vías que permiten a Teherán vender petróleo y recuperar después el dinero, aunque Washington se encuentra de nuevo con un problema que lleva años intentando resolver. El crudo iraní sigue encontrando compradores y el camino que utiliza para cobrarlo se ha vuelto cada vez más largo, más caro y también más difícil de cerrar.La nueva campaña, bautizada como Operation Economic Outcast, eleva esa presión un escalón más porque el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegura que Washington ha identificado las redes, empresas y canales financieros que utiliza Irán para mover su petróleo y quiere atacar ahora cada uno de esos eslabones. La ofensiva llega después de que la fuerza militar estadounidense haya castigado las capacidades iraníes sin conseguir eliminar la fuente de ingresos que permite al régimen seguir comprando, fabricando y moviendo material militar.¿Dónde está entonces uno de los principales puntos de salida para ese petróleo? En China, que compra aproximadamente el 90% del crudo que exporta Irán, según el propio Tesoro estadounidense, y donde buena parte de esos barriles termina en pequeñas refinerías independientes que se han convertido en una vía esencial para un productor al que muchos de los grandes compradores internacionales evitan por el riesgo de quedar expuestos a las sanciones estadounidenses.El gran compradorPara Irán, esas refinerías permiten mantener abierta su principal fuente de divisas; para las compañías chinas, el atractivo está en acceder a petróleo que durante años ha tenido que venderse en condiciones favorables para compensar el riesgo de comprarlo. Washington intenta romper precisamente esa relación. En abril sancionó a Hengli, una de las mayores refinerías independientes, después de atribuirle compras de productos petroleros iraníes por miles de millones de dólares. Pero conseguir comprador no resuelve todo el problema, porque antes de cobrar hay que conseguir que el barril llegue a destino.Ahí entran los petroleros que cambian de bandera, las sociedades interpuestas y una flota que Estados Unidos lleva años intentando desmontar. Solo en una de las operaciones lanzadas esta primavera, el Tesoro señaló a unas 40 compañías navieras y buques vinculados al transporte de petróleo iraní. Irán recibe buena parte de esas ventas en yuanes y las casas de cambio iraníes resultan esenciales para transformar después esos ingresos en dólares, euros, dirhams y otras monedas con las que puede pagar fuera de sus fronteras.El 30% se queda por el caminoEl centro de estudios estadounidense Carnegie Endowment for International Peace calcula que convertir esos ingresos petroleros en dólares y euros puede llegar a costar entre el 30% y el 50% del valor de mercado del petróleo, debido a la acumulación de intermediarios, conversiones de moneda y estructuras destinadas a ocultar el vínculo directo con Teherán. Ese coste permite entender hasta qué punto las sanciones han alterado el negocio sin llegar a detenerlo, porque el petróleo continúa saliendo y el dinero continúa moviéndose, aunque una parte considerable pueda perderse simplemente para conseguir que termine en un lugar donde el régimen pueda utilizarlo.Irán acepta ese peaje porque la alternativa sería dejar el crudo bajo tierra y renunciar a una fuente de financiación que la Administración de Información Energética de Estados Unidos sigue considerando relevante para los ingresos públicos del país. Las redes que permiten mantener ese circuito abierto tampoco se han construido de un día para otro. El Tesoro estadounidense documentó ya en 2024 cómo la casa de cambio iraní Sadaf Exchange mantenía dinero del Ministerio de Defensa fuera del país, recuperaba ingresos procedentes de ventas de petróleo y transfería fondos a cuentas y proveedores en China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y otros mercados.Ese tipo de entramados es precisamente el que Washington intenta alcanzar ahora con las sanciones secundarias, extendiendo la presión a las compañías financieras, los intermediarios y los socios que participan en las operaciones una vez vendido el crudo. La ofensiva deja así de concentrarse únicamente en el comprador o en el petrolero y se desplaza hacia quienes permiten que el dinero atraviese distintas jurisdicciones y termine disponible para Teherán.Ese recorrido financiero es precisamente el que mantiene abierta una de las principales vías de presión para Estados Unidos. Carnegie señala que, aunque Irán puede vender petróleo fuera de los canales tradicionales y cobrarlo en yuanes, una parte de sus pagos internacionales sigue necesitando dólares y euros que circulan por sistemas financieros sobre los que Washington conserva capacidad de actuación.

Estados Unidos acaba de meterse directamente en uno de los debates más espinosos de los mercados financieros. ¿Comprar deuda para hacer bajar los tipos de interés o alterar el precio que debería fijar libremente el mercado?La pregunta ha aparecido después de que el bono estadounidense a 30 años alcanzara la semana pasada una rentabilidad del 5,337%, su nivel más alto desde 2007, y apenas unas horas después el Tesoro anunciara que duplicará sus recompras de deuda a largo plazo. La reacción fue inmediata. El rendimiento cayó casi diez puntos básicos, hasta el 5,187%, y dejó como primera evidencia que una decisión del departamento del Tesoro que dirige Scott Bessent puede mover con fuerza un mercado que determina buena parte del precio del dinero en todo el mundo. ¿Cuánto dinero hace falta para provocar ese movimiento? Bastante menos de lo que podría sugerir el tamaño del mercado estadounidense, porque a partir del 9 de septiembre el Tesoro elevará desde un máximo de 2.000 millones hasta al menos 4.000 millones de dólares cada operación de recompra sobre bonos con vencimientos de entre diez y treinta años. Washington sostiene que el objetivo es mejorar la liquidez allí donde los inversores muestran mayor interés por vender. El problema es el momento, porque las recompras se amplían justo después de que las rentabilidades de la deuda larga hayan alcanzado máximos de casi dos décadas y, cuando una intervención coincide de esa manera con una caída inmediata de los tipos, la frontera entre mejorar la liquidez e influir sobre el precio empieza a alimentar la discusión. Una de las voces que ha llevado esa discusión más lejos conoce especialmente bien a Bessent. Stanley Druckenmiller trabajó con el actual secretario del Tesoro durante su etapa en Soros Fund Management y fue una figura central en su formación como inversor macro. Ahora considera que las recompras están dejando de parecer una simple herramienta destinada a mantener ordenado el mercado y empiezan a acercarse a una gestión deliberada del precio de los bonos. En un artículo publicado esta semana calificó la decisión de “error” y advirtió de que puede erosionar la credibilidad del que sigue siendo el mercado de deuda más importante del mundo. Más de 40 billones detrás del 5% ¿Por qué preocupa tanto que el bono a 30 años alcance el 5,337%? Porque detrás de esa rentabilidad hay una deuda pública estadounidense superior a los 40 billones de dólares y cada subida de los tipos encarece progresivamente la financiación de esa montaña de pasivos precisamente cuando Washington necesita seguir colocando enormes cantidades de deuda nueva.Solo en agosto, el Tesoro ha subastado otros 42.000 millones de dólares en títulos a diez años y 25.000 millones a treinta años, y por ahora mantiene esos volúmenes sin cambios. Es decir, Washington seguirá vendiendo deuda larga mientras empieza a recomprar una parte mayor de los títulos que ya circulan en el mercado.El problema aparece dependiendo de cómo se interprete el 5,337%. Para el Tesoro, recomprar títulos antiguos puede facilitar que compradores y vendedores encuentren contrapartida y evitar episodios de tensión innecesaria. Para Druckenmiller, esa rentabilidad está diciendo algo bastante distinto, ya que los inversores exigen más dinero para prestar a un país con más deuda, una inflación todavía elevada y enormes necesidades de financiación.Las dos explicaciones llevan a respuestas completamente diferentes. Si el problema es de liquidez, las recompras pueden ayudar a que el mercado funcione mejor. Si el problema es que los inversores quieren cobrar más por financiar a Estados Unidos, comprar bonos después de una subida de las rentabilidades puede terminar suavizando precisamente la señal que esos inversores están enviando.¿Y qué hizo el mercado cuando Washington anunció las recompras? El rendimiento del bono a 30 años cayó casi diez puntos básicos y parte de los inversores empezó inmediatamente a preguntarse qué ocurrirá si vuelve a acercarse a máximos. Según eToro, las operaciones ya están siendo interpretadas por algunos participantes como un intento de contener los costes de financiación a largo plazo. Y si el Tesoro consigue mover el bono a 30 años, el efecto no termina en el mercado de deuda.Del bono a Wall Street Una rentabilidad del 5,3% en el bono estadounidense a treinta años ofrece al inversor una alternativa cada vez más atractiva frente a la Bolsa y, al mismo tiempo, eleva el tipo utilizado para valorar los beneficios futuros de las empresas. Cuanto más sube esa rentabilidad, mayor es la presión sobre las compañías con valoraciones elevadas y más cara se vuelve también la financiación que llega desde las hipotecas hasta el crédito corporativo. El Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) advertía después del anuncio de que de que la venta de bonos largos empezaba a trasladarse a otros mercados. Wall Street afronta unas valoraciones exigentes justo cuando las grandes tecnológicas están levantando cantidades crecientes de deuda para financiar la expansión de la inteligencia artificial, de manera que el inversor que mira el bono a 30 años ya no está siguiendo únicamente cuánto le cuesta financiarse a Washington. También está mirando una de las variables que pueden determinar cuánto está dispuesto a pagar por las acciones.Hay además otro mecanismo capaz de amplificar cualquier movimiento. Parte de los fondos que siguen tendencias mantiene posiciones bajistas relevantes sobre la deuda larga, de modo que una caída brusca de las rentabilidades puede obligarlos a recomprar bonos para cerrar esas apuestas. Esas compras empujarían de nuevo los precios al alza y las rentabilidades a la baja, prolongando el mismo movimiento que comenzó después del anuncio del Tesoro.Así que 4.000 millones de dólares de recompras pueden terminar teniendo un efecto superior a esos 4.000 millones si consiguen poner en marcha compras adicionales del propio mercado. Y ahí vuelve a aparecer la pregunta inicial: ¿el Tesoro está proporcionando liquidez o está empezando a condicionar el precio?Scott Bessent insiste en que Estados Unidos no dejará de emitir deuda larga para ocultar el problema. Las subastas ordinarias continuarán y las recompras convivirán con nuevas colocaciones, porque Washington sigue necesitando captar dinero incluso mientras compra algunos de sus propios títulos que ya están en circulación. ¿Y qué ocurre si vuelven a subir las rentabilidades? Esa pregunta importa todavía más cuando la Reserva Federal (Fed) sigue lidiando con una inflación por encima de su objetivo y el Tesoro intenta mejorar el funcionamiento de un mercado en el que las rentabilidades largas se han disparado. El 9 de septiembre comenzarán las recompras ampliadas y entonces el mercado podrá medir qué capacidad tienen operaciones de al menos 4.000 millones de dólares frente a una deuda pública que ya supera los 40 billones. Pero la prueba llegará si el bono a 30 años vuelve a acercarse al 5,337%, porque entonces Washington tendrá que decidir si mantiene el tamaño de las recompras, vuelve a aumentarlo o deja que esa rentabilidad siga subiendo. Y será precisamente ahí donde el mercado empiece a responder a la pregunta que Druckenmiller ha puesto sobre la mesa: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Tesoro si el precio que fijan los inversores vuelve a ser un 5,3%? 

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El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, ya ha debutado en Jackson Hole. Lo ha hecho con un discurso en el que expresa su preocupación por el repunte de la inflación y deja la puerta abierta a una posible subida de los tipos de interés desde el rango del 3,5-3,75% en el que están anclados en el momento actual. «Aunque las cifras de PCE (el indicador de referencia) y de IPC de este verano fueron mejores de lo esperado, no me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado de forma significativa», ha comentado para añadir que «la tarea de los responsables de política económica consiste en captar la tendencia subyacente de la inflación, es decir, el cambio generalizado de los precios en la economía, descontando los factores idiosincrásicos». En este sentido, ha dicho que queda «trabajo por hacer» hasta tener la certeza de que la tasa subyacente -que excluye el precio de los alimentos y la energía- se mueve hacia su objetivo con «claridad» y a una «velocidad suficiente». «Ese es nuestro trabajo…nuestro mandato… y nuestra responsabilidad que debemos cumplir», ha indicado. Tras recordar que realiza este discurso en su día 100 en el cargo, en sustitución de Jerome Powell, el presidente del organismo ha remarcado que la Fed debe actuar con humildad y «nunca ingenua», porque «desempeña un papel esencial en la economía y los mercados», mensajes que van encaminados a apagar el cuestionamiento de su independencia como banco central. Warsh ha mostrado su predisposición a encaminar a la Fed hacia un banco central de perfil más discreto en sus comunicaciones, como ya avanzó hace unos meses. Entre las medidas estrella se encuentra la eliminación de las  comunicaciones públicas de la denominada ‘orientación futura’ -forward guidance- que brindaba a los mercados una idea de las expectativas sobre los tipos de interés. «La transparencia en las comunicaciones sobre futuras decisiones no es una virtud por sí misma. Las comunicaciones deben estar al servicio de la responsabilidad primordial de la Fed: hacer bien la política monetaria», ha detallado. Así, recuerda que la citada práctica de orientación futura fue adoptada durante la crisis financiera global de 2008 como una herramienta «esencial» en aquel momento, pero al igual que ocurre en otros legados, «ha permanecido más tiempo del conveniente». «En tiempos normales, el papel de la orientación figura debería ser limitado y estar claramente acotado. De lo contrario, corre el riesgo de crear ambigüedad en nombre de la claridad. Compartir en exceso las deliberaciones y comprometerse demasiado con decisiones futuras puede llevar a los mercados, las empresas y los hogares por el camino equivocado», ha puntualizado. Warsh considera que para hacer política monetaria se debe «establecer correctamente la relación entre los mercados financieros y el banco central». «Es improbable que los participantes del mercado asuman los mayores costos del problema de la distorsión de la realidad. El daño más grave probablemente recaerá sobre quienes carecen de activos financieros. Si la Reserva Federal se equivoca con la inflación y evalúa erróneamente la economía, ¿quiénes serán los más perjudicados? No los magnates financieros. Los estadounidenses que trabajan arduamente serán quienes tengan que lidiar con una inflación excesiva o empleos que de repente parecen menos seguros», ha expuesto. De forma paralela, en su discurso también ha hecho referencias a la inteligencia artificial, que emerge como una nueva variable -potencialmente un nuevo factor de producción- que tendrá consecuencias tanto para la economía como para la conducción de la política monetaria. La Fed se reunirá a mediados de septiembre para dirimir sobre la tasa de referencia del dinero en un momento crítico para la economía estadounidense, pues el favorable comportamiento de la economía y la robustez del mercado laboral se topan con un incremento de precios por encima del deseado. Además, en pocas semanas Trump se juega el control del Congreso con las elecciones de medio mandato. En el último año había presionado a Jerome Powell para que bajase los tipos. El BCE apuesta por la tokenizaciónEl foro de Jackson Hole se celebra en un paraje idílico en las montañas de Wyoming y sirve para congregar a los principales gobernadores de los bancos centrales del mundo, aunque este año no han viajado ni el responsable del Banco de Japón, Kazuo Ueda, ni la líder del Banco Central Europeo (BCE). En su lugar lo ha hecho Isabel Schnabel, la representante alemana en el Comité Ejecutivo del organismo.Precisamente, en su intervención, ha apelado a la tokenización, que consiste en convertir un bono u otro activo en unidades digitales llamadas tokens, como una solución para abordar la fragmentación financiera en Europa, dado que los beneficios pueden ser «particularmente pronunciados» en la región. En concreto, ha destacado que esta tecnología podría mejorar la eficiencia del mercado, así como ayudar a superar la histórica fragmentación de las infraestructuras financieras. Pero para su despegue es necesario contar con un activo de liquidación seguro y escalable, ecuación en la que no entrarían las criptomonedas. «Lo ideal es que lo proporcionen los propios bancos centrales», ha añadido. Para Schnabel, un activo de liquidación debe ser seguro y contar con una oferta necesaria para su expansión automática si aumenta la liquidez. A este respecto, una criptomoneda podría ser segura, pero su emisor no tiene capacidad para expandir la liquidez en situaciones de tensión en los mercados de financiación. El BCE tiene previsto impulsar el proyecto Pontes a finales del tercer trimestre con el objetivo de liquidar transacciones mayoristas de activos tokenizados en dinero del banco central.

La nueva jubilación flexible que el Gobierno aprobó el pasado mes de mayo echa a andar este viernes con novedades importantes. Esta modalidad de retiro, que permite que quienes ya se jubilaron puedan reengancharse al mercado laboral con trabajos a tiempo parcial y compaginarlos con su pensión, no estaba teniendo el éxito que esperaba el Ejecutivo. El número de solicitudes llevaba tiempo estancado, a diferencia de otras modalidades que permiten conciliar trabajo y pensión, como la jubilación activa, la parcial o la flexible, que sí han despegado en los últimos años.Para tratar de potenciar esta figura, el Gobierno ha introducido novedades en la regulación. Entre ellas, más incentivos económicos para quienes decidan acogerse a ella, el fin de la moratoria que se exigía para solicitarla tras jubilarse o la posibilidad de que sea posible compaginar la jubilación con una actividad por cuenta propia. Algo que, hasta ahora, no estaba permitido.El requisito principal para poder disfrutar de la jubilación flexible no varía: es necesario haber causado derecho a una pensión. Eso sí, como novedad ya no será necesario esperar un periodo de ‘cuarentena’ para acceder, se podrá desde el mismo momento en que se empiece a percibir una prestación.La nueva norma amplía el abanico de reducción de jornada permitida, de tal forma que quienes se reincorporen podrán hacerlo con contratos parciales entre el 33 y el 80% de una jornada completa equivalente, en lugar del 25-75% vigente hasta ahora. Como ya sucedía con la normativa anterior, la persona jubilada verá reducida su pensión de forma proporcional a la jornada que realice. Sin embargo, la nueva regulación introduce un incentivo económico para quienes se acojan a la jubilación flexible al menos seis meses después de retirarse de la actividad laboral. Para quienes se reenganchen al trabajo con jornadas de entre el 55 y el 80% de un tiempo completo, se incrementará la pensión un 25% mientras dure la relación laboral. Un porcentaje que se reduce al 15% para quienes tengan jornadas entre el 33 y el 55%.Por primera vez, también para los autónomosOtra de las grandes novedades de la reforma es que, por primera vez, se podrá compaginar esta modalidad de jubilación con la actividad por cuenta propia. Una persona que se retire podrá reengancharse como empleado por cuenta propia, aunque esta posibilidad está limitada a quienes no hayan estado dados de alta en el régimen de autónomos en los tres años anteriores a la fecha de su retiro. Quienes opten por esta vía podrán percibir hasta el 25% de la pensión que les corresponde mientras desarrollan su actividad.Además, la regulación permite que las personas que se jubilaron anticipadamente de forma involuntaria y con una edad menor a la de retiro ordinario puedan aprovechar este reenganche al mercado laboral para mejorar su pensión. De tal forma que los periodos que coticen en jubilación flexible les permitirán recalcular su pensión inicial al alza y así compensar la pérdida de prestación que les pudo haber causado ese retiro anticipado. El decreto se aplica a todos los regímenes de Seguridad Social salvo los regímenes especiales de los funcionarios Civiles del Estado, las Fuerzas Armadas y el personal al servicio de la Administración de Justicia.Según señaló en su momento la ministra encargada de la Seguridad Social, Elma Saiz, el resto de vías para compaginar pensión y trabajo cada vez son más demandadas. Así la jubilación demorada ha pasado de suponer el 4,8% de las jubilaciones en el año 2021 al 10,9% el año pasado. Mientras que las jubilaciones activas se han incrementado en 5.602 pensionistas en un año.En esa misma línea, las jubilaciones anticipadas se han reducido desde un 43% de las registradas en 2018 a un 30% en la actualidad, después de que el Gobierno endureciera los requisitos. Al mismo tiempo que se ha reducido el tiempo en que se adelanta la edad de retiro. En 2021, el 46% de las jubilaciones anticipadas se daban a la mínima edad permitida (24 meses antes de la edad ordinaria), un porcentaje que el año pasado era del 14,5%. 

Los precios del consumo se han disparado en agosto a niveles que no se veían desde el año 2023, cuando el shock inicial de la guerra en Ucrania todavía estaba reciente. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado este viernes de que la inflación ha repuntado hasta el 4,3% este mes, un incremento que se debe, en esencia, a la subida en los precios de las gasolinas en un contexto de guerra en Irán sigue enquistada. La lectura del Índice de precios de consumo (IPC) de agosto refleja que la inflación ha repuntado siete décimas en solo un mes y ha alcanzado su registro más elevado desde febrero de 2023. Entonces, el IPC marcaba un 6% y la tendencia era justo la contraria: a la baja, a medida que se fue absorbiendo el primer golpe que supuso la invasión rusa de Ucrania.Además, el dato de agosto ha sorprendido al alza las previsiones de los analistas. En Funcas, el centro de estudios de las antiguas cajas de ahorros, preveían una inflación del 3,7% en su escenario más probable y del 4% en un segundo escenario en el que los precios del petróleo subían más de lo previsto. De hecho, sus pronósticos -elaborados a mediados de julio- apuntaban a que la inflación tocará su pico en los meses de septiembre y octubre, para después irse normalizando progresivamente.  El principal causante de este rebrote inflacionario son los carburantes. Prueba de ello es que el indicador de inflación subyacente -aquel que descuenta del cálculo los precios de la energía y los alimentos no elaborados, que son más inestables- se ha reducido una décima en agosto en agosto y se ha situado en el 2,9%. Este indicador permite ver hasta qué punto la subida de precios es algo coyuntural que afecta a unos pocos productos o se está convirtiendo en algo más persistente que se ha contagiado al resto de la cesta de consumo. Cuanto mayor sea la duración de la crisis energética, más elevadas son las probabilidades de que acabe extendiéndose a otros productos, como pueden ser los alimentos. Las subidas de los precios de la energía, si se prolongan en el tiempo, pueden acabar provocando que las empresas trasladen el incremento en los costes que sufren -en este caso, fundamentalmente por el transporte- a los precios de venta. Aunque el INE no da detalles de cuánto ha subido cada producto -habrá que esperar a mediados de septiembre para saberlo-, los datos de las gasolineras que monitoriza el Ministerio de Transición Ecológica reflejan que el precio del diésel se ha disparado un 21% entre principios de julio y finales de agosto, mientras la gasolina ha escalado un 13% en ese mismo periodo. El incremento en los precios del petróleo que se ha registrado en ese periodo por el conflicto en Oriente Próximo, sumado al fin de la rebaja fiscal a los carburantes el 30 de junio -que fue sustituida por un sistema de descuento en los repostajes- explican el alza de precios de los carburantes. Ante esta tesitura, el Gobierno ha recordado que en septiembre se ampliarán los descuentos al diésel -el combustible que más se ha encarecido-, que pasarán a ser de 20 céntimos por litro repostado en lugar de los 10 céntimos por litro actualmente vigentes. La razón es que se ha activado la salvaguarda que estaba prevista en el real decreto de medidas aprobado antes de las vacaciones para reforzar los descuentos si los precios se disparaban por encima del 15%. En el caso de la gasolina, como la subida ha sido menor, la bonificación descenderá a cinco céntimos por litro cuando arranque septiembre la semana que viene.

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Cuando llega agosto, cunde la sensación de que el país se paraliza. Calles vacías en las grandes ciudades, persianas echadas en los comercios… incluso los juzgados solo quedan operativos para lo más urgente. Una imagen que contrasta con las playas abarrotadas, las colas para cenar en restaurantes y lugares turísticos que multiplican su población durante varias semanas. Pero, ¿es cierta, realmente, esa imagen de parálisis vacacional?Los datos muestran que, a excepción de los sectores más cercanos al turismo, la actividad se ralentiza sustancialmente en agosto a lo largo y ancho de la economía española. La facturación y la producción de las empresas se reduce, el comercio exterior se frena, y las horas no trabajadas por vacaciones se acumulan.Uno de los indicadores que quizá mejor reflejan el parón de agosto es la facturación de las empresas. La estadística de ventas diarias que recopila la Agencia Tributaria (AEAT) muestra que en agosto, las empresas facturan en torno a un 25% menos cada día que el resto del año.

En el promedio del periodo 2023-2025, las ventas de las empresas que monitoriza la AEAT promediaron los 5.201 millones de euros diarios en agosto, una cifra que contrasta con los 6.107 millones por jornada que facturaron de media mensual en ese periodo.

El descenso en la facturación se observa en prácticamente todos los sectores con una sonora excepción: la hostelería. Las empresas del sector incrementan sus ventas un agosto un 89% respecto a las de un mes habitual. Un auge que se debe, casi exclusivamente al sector del alojamiento, que triplica cifras, mientras que bares y restaurantes apenas varían en un mes en el que muchos hacen el agosto y otros cierran por vacaciones. Otras actividades como las gasolineras o la fabricación de bebidas y tabaco también incrementan sus ventas, aunque muy levemente. En cambio, el resto de sectores reflejan un parón considerable en las ventas los meses de agosto. Uno de los más llamativo es el de la construcción de edificios, donde la facturación se reduce a la mitad de lo que sería lo habitual en un mes normal, aunque como sucede en otras actividades, hay un pico de ventas muy acusado en diciembre. En la industria el parón es especialmente acusado en la fabricación de automóviles y en la producción de maquinaria y bienes de equipo, donde la actividad se reduce también a la mitad de un mes habitual. Sin embargo, actividades como el refino de petróleo, la industria química o la alimentaria registran descensos más moderados, de entre el 6 y el 11% respecto al promedio mensual. También son significativas las caídas en sectores como la información y las comunicaciones (42% menos de ventas respecto al promedio mensual del año) o las actividades profesionales y administrativas (-37%). Y, en menor medida, descensos en el comercio (-21%) o el transporte y almacenamiento (-14%).

Las cifras de comercio internacional también se resienten los meses de agosto, que tradicionalmente son el periodo más flojo tanto en exportaciones como en importaciones de productos extranjeros. Más concretamente, las exportaciones disminuyen un 21% respecto al promedio mensual del año y las importaciones lo hacen un 15%. 

El efecto letárgico de agosto también se nota en la producción y no solo en las ventas. Los índices de producción industrial y del sector servicios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) cada mes también reflejan una caída en los meses de agosto respecto del resto del año. Aunque en este caso es mucho más acusada en la industria (un 21,4% menos de producción respecto al mes promedio) que en los servicios (apenas un 7,3%).

El ritmo relajado de agosto también se puede observar en el consumo de electricidad empresarial. Red Eléctrica elabora un índice que refleja las oscilaciones en la demanda de las compañías del sector servicio y de la industria. En el caso de las fábricas, el consumo energético llega a caer hasta un 16% en agosto respecto al promedio anual, mientras que en los servicios el impacto es más modesto, un 6,1% menos.Las vacaciones son para el veranoEl parón de la actividad en agosto se puede observar muy bien en el mundo laboral. La estadística trimestral de costes laborales refleja que las horas no trabajadas por vacaciones y festivos se concentran particularmente en el tercer trimestre del año, el que engloba la mayor parte del verano. En concreto, en el periodo entre junio y septiembre, se registran 23 horas no trabajadas por trabajador y mes, frente a las 15 que se observan en el cuarto trimestre o las 10 en los primeros.  

Además, en los meses de verano el número de personas que tiene empleo pero que no trabaja ninguna hora se incrementa notablemente. La Encuesta de Población Activa (EPA) del INE refleja que en el promedio de terceros trimestres del periodo 2023-2025, uno de cada cuatro ocupados no trabajó ninguna hora en la semana de referencia de la encuesta. Un porcentaje sustancialmente más elevado que el resto del año, donde la tasa oscila entre el 8,3 y el 9,6%.  

Finalmente, los datos de afiliación a la Seguridad Social de agosto son también reflejo del parón en la actividad del mes. Agosto es un mes en el que tradicionalmente se destruye empleo y, a diferencia de lo que pueda parecer, no es porque concluya la campaña turística estival (que lo hace en septiembre). El descenso está más vinculado al parón de actividad y es generalizado en la mayoría de sectores, pero especialmente en la educación, donde decenas de miles de trabajadores fijos discontinuos pasan a la inactividad por el cierre de los centros.

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El mercado da por hecho que el Banco Central Europeo (BCE) subirá los tipos de interés en la próxima cita de septiembre. Sin embargo, algunos miembros del Consejo de Gobierno hubieran adelantado este movimiento a julio, cuando hizo una pausa en el 2,25%. Así lo revelan las actas del último encuentro publicado este jueves, al considerar que una respuesta tardía de política monetaria a los efectos de la guerra en Oriente Próximo podría retrasar que la inflación regrese al 2%.Respaldan esta decisión en el hecho de que los datos recibidos desde la reunión de junio había reforzado los argumentos a favor de un mayor endurecimiento de la política monetaria. «Una respuesta tardía de la política monetaria podría retrasar el retorno de la inflación al 2%, afectar a las expectativas de inflación de manera más persistente y exigir un endurecimiento aún mayor de la política monetaria posteriormente, perjudicando tanto a los hogares como a las empresas», exponen, al tiempo que advierten de que los acontecimientos recientes habían demostrado la rapidez con la que las tensiones geopolíticas podían volver a intensificarse. En opinión de este ala, el precio del dinero debería situarse en un terreno ligeramente restrictivo, dado que consideraban que los tipos actuales no estaban frenando la economía y aunque los efectos de segunda ronda aún no se habían manifestado, la política monetaria debía actuar antes de que aparezcan para evitar quedarse rezagada. El impulso de la actividad económica se ve corroborada por la aceleración del crecimiento del crédito a empresas y hogares. No obstante, se mostraron dispuestos a respaldar la decisión de mantener los tipos oficiales siempre que en el comunicado se destacara el compromiso del organismo de orientar la «política monetaria de manera que la inflación se estabilizara en el objetivo del 2% a largo plazo. La cuestión sigue siendo determinar si el aumento de los precios refleja una perturbación de la oferta de manera transitoria o si, por el contrario, indica presiones subyacentes más amplías. En este sentido, el BCE todavía no disponía de la suficiente visibilidad para determinar cuál de estos dos escenarios era más probable. «La incertidumbre en torno tanto a la evolución del conflicto como a su impacto económico hacía que ambos escenarios siguieran siendo plausibles», especifican. Es que incluso durante el alto el fuego, el precio de los futuros del petróleo se ha mantenido en cotas elevadas a medio plazo.Precisamente, la representante alemana en el Comité Ejecutivo del organismo, Isabel Schnabel, se pronunció al respecto ayer en una entrevista con Bloomberg, en la que apuntó a la necesidad de que los tipos suban de nuevo, ya que el prolongado conflicto y la fortaleza de la economía de la eurozona plantean riesgos al alza para la inflación. «La economía está más fuerte de lo esperado», indica a la vez que señala factores como la política fiscal, el incremento del gasto en defensa y el auge mundial de la inteligencia artificial. El BCE fue el primer gran banco central del mundo en dar un paso al frente y elevar los costes de financiación. En la cita de septiembre está previsto que actualice sus previsiones económicas tras revisar a la baja el crecimiento. El escenario de referencia en promedio es del 0,8% en 2026, del 1,2% en 2027 y del 1,5% en 2028. En la práctica implica una reducción con respecto al 0,9% y el 1,3% que se anticipaba para 2026 y 2027, respectivamente, mientras que mejora en una décima al siguiente año. En contraste, ahora prevé un IPC del 3% para 2026, cuatro décimas más; del 2,3% en 2027 (tres décimas más) y del 2% en 2028, frente al 2,1% que proyectaba hace unos meses. 

La escasez de oferta y una demanda en aumento por la creación de nuevos hogares dispararon los precios de la vivienda casi un 9% en junio hasta los 2.114 euros por metro cuadrado. El coste de acceder a una casa en propiedad no ha dejado de aumentar desde el mínimo que marcó durante la crisis financiera (2013) y esto, sumado a las dificultades de muchos hogares para ahorrar para una entrada está empezando a reflejarse en las operaciones que se cierran. Las compraventas de viviendas acumulan ya ocho meses consecutivos de caídas, de acuerdo con los datos que maneja el Consejo General del Notariado. En el sexto mes del año se redujeron un 4% con respecto al mismo mes de hace un año hasta las 67.259. Fue un descenso más moderado que el de los meses anteriores, dado que las operaciones venían de caer un 11,8% sólo en mayo y un 10,2% en abril.En España se publican dos estadísticas de compraventas cuyos resultados no coinciden necesariamente mes a mes. Las de los notarios ofrecen una fotografía más inmediata de lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario, puesto que recogen el momento en que se firma la escritura pública de la transacción. El problema está en que una operación firmada ante notario puede verse afectada por retrasos administrativos e, incluso, no llegar a inscribirse en el Registro de la Propiedad. Ahí es donde entran en juego las cifras que publican los registradores que, si bien pueden tener un desfase de semanas o meses desde que la operación se firmó ante notario -y tardan más en recabarse-, certifican que esta es jurídicamente firme y pública. Fuertes subidas de preciosLa instantánea que muestran los datos publicados por los notarios apunta a que en junio se produjo una subida de precios en quince de las diecisiete comunidades autónomas, si bien la vivienda se encareció con más fuerza en Cantabria (41,6%), en Murcia (22,1%), en la Comunidad Valenciana (21%) y en Madrid (19,5%). Mucho más moderados fueron los aumentos de precios en Extremadura (4,2%), Castilla y León (3,2%), Cataluña (2,1%) y La Rioja (0,8%), mientras que el precio medio se redujo en Navarra (un 0,4%) y en las Islas Baleares, donde bajó un 2%. Esa fuerte subida de los precios y la mejora de las condiciones de financiación -al menos hasta la subida de tipos que el Banco Central Europeo aplicó en junio- son las que han propulsado la firma de hipotecas  hasta niveles que no se veían desde hace dieciséis años y las que, al mismo tiempo, han reducido las compras al contado a mínimos de cinco años. Aunque las operaciones de compraventa cayeron de media en toda España, hubo regiones en las que sí se produjo un alza. Según los notarios estas fueron Navarra (del 18,6%), Comunidad Valenciana (7,9%), Cantabria (5,4%) y Castilla y León (4,8%). La evolución del mercado en estos territorios no permitió compensar las caídas que se registraron en las trece autonomías restantes, que fueron especialmente significativas en el caso de País Vasco, donde las compraventas se redujeron un 14,2%; en La Rioja (-12,5%) y en Baleares, donde el retroceso fue del 11,4%.

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) alertaba, a principios de este mes de julio, sobre la caída de los precios en origen de la patata ‘made in Spain’. Lo atribuían a la entrada masiva de patata francesa de la campaña anterior, que se congela y cuyo precio, por tanto, es más barato, dado que ronda los 15 ó 20 céntimos por kilo para la hostelería y la distribución. Además, desde la organización añadían que las importaciones de patata desde nuestro país vecino se han disparado un 33% en la última década, de 708.000 toneladas en 2016 a 941.000 en 2025. Es decir, casi tres de cada 4 kilos de patatas importadas ya provienen de FranciaLa sequía de nuestro principal proveedor reduce la disponibilidad de patata, en un momento en que el consumo aumenta en España. El año pasado pasó de 25,79 a  26,07 kilos, según el Ministerio de Agricultura. La Unión Nacional de Productores de Patata (UNPT) en Francia, alertó este lunes de una caída de la cosecha del 23% a causa de la sequía extrema que azota al país. Este contexto, que también podría ser tomado como una oportunidad para los productores nacionales llega en un momento complicado a este lado de los Pirineos. La producción nacional no atraviesa un buen momento por las altas temperaturas, entre otros motivos, lo que amenaza con una nueva subida de precios.El complejo contexto de la patata española El responsable de patata de COAG Alberto Duque, se muestra seguro de que «para tener la capacidad necesaria para cubrir la demanda se requerirían 20.000 hectáreas de producción más y, todos los años, bajos alrededor de un 10%». Según el último ‘Avance de Superficies y Producciones Agrícolas’, correspondiente al mes de abril, se estimaba para esta campaña habría disponibles 64.500 hectáreas de patata, por debajo de las más de 66.700 de la anterior. El motivo que habría detrás de esta caída sería la falta de rentabilidad.La producción española rondó los 1,96 millones de toneladas en 2025, según las estimaciones del Ministerio de Agricultura. España es el séptimo productor europeo, en un mercado dominado por China e India A la menor superficie se une una cosecha más o menos estancada. El  Ministerio de Agricultura estima la producción española en 1,96 millones de toneladas, apenas un 0,2% inferior a la del año anterior, proveniente principalmente de Castilla y León (870.604 toneladas), Andalucía (249.456) y Murcia (193.700). Las campañas de patata son anuales y transcurren de finales de abril a últimos de octubre. En términos de valor la cosecha cayó un 12,5% respecto a 2024, y se situó en los 928 millones de euros. Lo que nos consolida como los séptimos productores europeos en un mercado dominado por China e India, que concentran más de un tercio de la producción mundial. Lejos también quedan los tres primeros países comunitarios: Francia (3.208 millones), Alemania (4.205 millones) y Países Bajos (2.434 millones).    ¿Hacia otro repunte de precios? Los problema de nuestro principal proveedor se pueden traducir en una próxima alza de precios. Los precedentes no son positivos. La patata acumula un encarecimiento del 6,8% en el primer semestre de este año, según estimaciones del INE, mientras que un estudio de esta semana FACUA situaba este producto como el alimento con la mayor subida en el último mes (un 14% de promedio) junto a las peras conferencia y los macarrones. «Los beneficiados de los casos español y francés serán los almacenistas, cuando dentro de un mes y medio suban los precios», según el responsable de patata de COAG Alberto Duque»Los beneficiados de los casos español y francés serán los almacenistas, cuando dentro de un mes y medio suban los precios», sostiene Alberto Duque (COAG). El representante de esta organización agraria apunta hacia una caída de la producción en esta campaña y dice sentir «indefensión» respecto a la industria y la distribución.   Sin embargo, Duque, defiende que «algunos supermercados» les «echan una mano e intentan mantener en los lineales patatas de origen español» y añade que España es el «único país europeo» con una patata fresca que se puede conservar 2 meses. Además, calculan en COAG, la diferencia entre lo que perciben los agricultores y pagan los consumidores es del 369%.Fuentes del sector consultadas por este medio recuerdan que «más del 80% de los productos que están en los comercios proceden de producción nacional» y observan que «por razones logísticas y de compromiso, ésta es prioritaria siempre que se den las condiciones necesarias para garantizar el servicio al consumidor».»Las grandes industrias patateras no optimizan la producción nacional y tiran de la foránea», lamenta el presidente de Asaja Segovia César Monjas El presidente de Asaja Segovia, César Monjas, lamenta que «las grandes industrias patateras no optimizan la producción nacional y tiran de la foránea» cuando lo tiene cerca de casa y se han beneficiado de fondos públicos «para construir grandes industrias». Monjas hace un llamamiento al consumidor español para que priorice el consumo de patata nacional «por su mayor calidad y menor huella de carbono».  «El calor ha secado el cultivo de repente» «No lo estamos viendo reflejado en el mercado», coincide en La Información Económica el presidente de Asaja Segovia César Monjas quien lamenta que Francia envíe al resto de Europa «lo que no quieren y, al igual que con la leche, hunden los precios». El responsable de patata de COAG, Alberto Duque, apunta que el clima de estos meses en España tampoco ayuda: «El calor ha secado el cultivo de repente», reconoce Duque que conversa en plena recogida de la patata en su explotación. Falta de rentabilidad El otro gran problema de este cultivo es la rentabilidad. El máximo representante de Asaja Segovia lamenta que a los productores segovianos de patata se les está pagando el kilo a 20 céntimos en esta campaña. «El principal problema es que, en la patata, no hay precio y nos estamos encontrando en los lineales de los supermercados que las están vendiendo entre 1,40 y 1,60 euros por kilo», critica.   Asaja y COAG estiman que el agricultor debe soportar unos costes de entre 10.000 y 14.000 euros por hectárea al año para la patata frente a unos precios que se mueven entre los 20 y 22 céntimos el kilo. El responsable de patata de COAG, estima un precio promedio en origen de entre 20 y 22 céntimos el kilo. Lo que contrasta con unos costes de producción por hectárea que eleva a los 14.000 euros al año por hectárea (en Asaja hablan de 10.000 euros) entre un sembrado que puede llegar a 2.000 euros anuales la hectárea, unos tratamientos aplicados al terreno que pueden costar 100 euros la hectárea, y otros costes como los de personal. «A las personas que tengo aquí recogiendo la patata les pago 150 euros la jornada. Llevan desde las 7 de la mañana agachados y deben tener un sueldo digno», comenta Duque quien apuesta por que la Junta de Castilla y León habilite ayudas para este cultivo en línea con la remolacha. El representante de COAG también apuesta también por incorporar este tipo de apoyo dentro de la Política Agraria Común (PAC).   

La falta de capacidad de la red eléctrica está retrasando la construcción de vivienda en al menos doce provincias españolas. No es el principal problema que explica la escasez pisos de obra nueva, pero sí un obstáculo añadido que contribuye a estrangular todavía más la oferta disponible para una demanda en aumento. Un informe de BBVA Research cifra en más de 80.000 las viviendas previstas que dependen actualmente de la construcción de nuevas infraestructuras eléctricas.»La necesidad de reforzar o ampliar la infraestructura eléctrica está retrasando la ejecución de promociones inmobiliarias y la llegada de nuevas viviendas al mercado», detalla el documento, en el que se explica cómo esta coyuntura no afecta del mismo modo a todos los territorios. Aunque España dispone de capacidad eléctrica suficiente en términos agregados, esta «no siempre se localiza donde existe mayor demanda de vivienda, por lo que numerosas promociones requerirán nuevas subestaciones o refuerzos de la red antes de poder desarrollarse».Así, en el servicio de estudios apuntan a doce provincias donde la capacidad eléctrica disponible resulta insuficiente para abastecer un volumen de viviendas equivalente al déficit residencial acumulado hasta 2025 si no se acometen nuevas inversiones en la red. Entre ellas destacan Madrid, Valencia, Alicante y Murcia, además de otras como Castellón, Toledo, Granada, Cádiz, Almería, Zaragoza, Lleida o Jaén.Entre los ejemplos que BBVA Research ha analizado figuran promociones en la Comunidad de Madrid, Vélez-Málaga, Estepona y Aragón, donde la disponibilidad de capacidad eléctrica condiciona el calendario de ejecución o incluso la entrega de viviendas ya terminadas.Las promociones en marcha que ya están afectadas en Madrid, Valencia o SevillaEn el caso de la Comunidad de Madrid, el suelo previsto para los próximos cinco años permitiría construir 126.000 viviendas, mientras que el déficit residencial acumulado asciende a 116.000. Sin embargo, la capacidad eléctrica firme disponible permitiría abastecer únicamente unas 40.000 viviendas.En la provincia de Valencia, varios de los principales desarrollos urbanísticos previstos -como el PAI del Grao, Parque Central o Malilla Sur- no disponen de capacidad eléctrica suficiente con la red actual, mientras que en el municipio de Valencia solo dos distritos muestran capacidad disponible para nuevas conexiones residenciales.Una situación muy parecida se aprecia en Alicante, donde donde los principales desarrollos previstos en la capital, como PAU 5, Vistahermosa/Nou Nazareth, Benalúa Sur o San Blas, requerirán inversiones adicionales para garantizar el suministro eléctrico de los nuevos hogares.En Sevilla, numerosos desarrollos, entre ellos Palmas Altas-Entrenúcleos, Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra, también precisarán ampliar la capacidad de la red. Mientras que en Murcia, el estudio concluye igualmente que prácticamente todos los grandes desarrollos analizados requerirán nuevas inversiones en infraestructuras eléctricas para poder ejecutarse.El resultado de decisiones que se tomaron durante la crisisLa regulación que el Gobierno aprobó la pasada década, en un periodo en el que la economía trataba de recuperarse del zarpazo de la crisis financiera, limitó el ritmo de inversión en redes para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Esto supone hoy un lastre para responder al aumento de la demanda de acceso eléctrico, según el informe.Aunque desde 2020 se han incorporado hitos, plazos y garantías económicas para evitar el acaparamiento de capacidad y para liberar permisos no utilizados y a partir de este año la vivienda ha pasado a considerarse proyecto estratégico en la asignación del acceso eléctrico, BBVA Research advierte de que la efectividad de este nuevo marco dependerá del desarrollo reglamentario y de que la asignación se base en criterios objetivos y transparentes.La saturación de la red se aprecia en el aumento de los costes para mantener la estabilidad del sistema, en las restricciones técnicas, en los vertidos de energía renovable y en una menor eficiencia en el funcionamiento de la red. La expansión de esta no ha avanzado al mismo ritmo que lo han hecho el despliegue de las renovables y la electrificación, lo que provoca que casi nueve de cada diez nudos de distribución disponga de menos de un megavatio de capacidad firme. Esto «limita la conexión de nuevos proyectos residenciales o económicos de cierta dimensión». El alza prevista de la demanda eléctrica obliga a invertir másBBVA Research advierte de que la electrificación de los hogares, la industria, el transporte y los centros de datos intensificará la competencia por la capacidad disponible. Según el estudio, la demanda eléctrica podría aumentar alrededor de un 45% hasta 2030, lo que hace imprescindible acelerar la inversión en redes eléctricas.El informe considera que el Real Decreto aprobado el 28 de julio de 2026 representa un paso en la buena dirección al movilizar hasta 17.900 millones de euros adicionales para redes eléctricas hasta 2030, favorecer las inversiones anticipatorias e impulsar la digitalización de la red.No obstante, el impacto de estas medidas dependerá de su ejecución efectiva y de una evaluación posterior que permita comprobar cuánto se invierte, con qué eficacia y cuánta nueva capacidad de conexión se genera. Así, pone a las administraciones algunos «deberes», como acelerar la inversión en redes eléctricas y anticiparla al desarrollo urbano; mejorar la coordinación entre la planificación urbanística y la eléctrica; optimizar la asignación de capacidad disponible reduciendo los bloqueos existentes; e impulsar el almacenamiento energético y la flexibilidad del sistema para aprovechar mejor la infraestructura disponible.

Nunca antes los españoles habían tenido que pedir tanto dinero prestado al banco para comprar una casa (178.365 euros de media) y, sin embargo, el ascenso continuado de los precios de la vivienda no está impidiendo que el mercado mantenga su dinamismo. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 10,8% en junio con respecto al mismo mes de hace un año hasta sumar 45.907 préstamos, su mayor cifra para ese mes desde 2010.Los datos que ha hecho públicos este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) constatan que la firma de préstamos hipotecarios retoma las subidas tras haber caído ligeramente en mayo, mes en el que rompió con casi dos años al alza. Con el avance interanual de junio, la firma de hipotecas casi dos años de subidas.El tipo de interés medio al que se concedió ese crédito fue del 2,96%, por inferior al 2,98% de mayo y suma ya diecisiete meses por debajo del 3%, desde febrero del año pasado. En concreto, fue del 3,07% para las hipotecas variables y del 2,89% para las fijas. A la vez, el plazo medio de concesión se mantuvo en los 25 años. En junio no sólo aumentó el importe medio que las familias solicitaron para comprar su casa (un 6% hasta esos 178.365 euros), sino que también se incrementó con fuerza el capital que en conjunto prestaron los bancos hasta los 8.188 euros, un 17,5%. “La actividad hipotecaria continúa mostrando gran fortaleza incluso después de la última subida de tipos del Banco Central Europeo», apunta María Matos, directora de Estudios de Fotocasa. La experta interpreta esta fotografía, en la que el crédito fluye y el volumen de concesiones se mantiene en niveles muy elevados, como un indicador de que la demanda sigue siendo muy activa y de que las entidades financieras continúan compitiendo por captar perfiles solventes. Con todo, advierte de que esta es una imagen que aún «no recoge plenamente el cambio de las condiciones monetarias y financieras que se ha producido en los últimos meses”. Junio vendría a confirma que, «cuando los bancos ajustan sus ofertas y los vendedores muestran una mayor disposición a negociar, la demanda hipotecaria responde de forma inmediata incluso en un contexto de tipos más altos que a comienzos de año», destaca Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria.El tipo fijo sigue siendo la opción mayoritariaAlgo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en junio a tipo variable, mientras que la opción mayoritaria siguió siendo el tipo fijo, al que se firmaron más de seis de cada diez préstamos (61,7%). A lo largo del primer semestre la concesión ha aumentado un 7% con respecto al mismo periodo de hace un año, al tiempo que el capital prestado se ha incrementado un 17,5% y el importe medio de los créditos concedidos lo ha hecho un 9,8%. En opinión de Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, aunque el coste de financiación se mantiene relativamente estable y alejado de los máximos alcanzados durante el anterior ciclo de subidas de tipos, «la evolución reciente apunta a que difícilmente volveremos a los niveles de financiación extraordinariamente bajos que vivimos en años anteriores».Andalucía y Cataluña, las que más viviendas firmanPor territorios, la actividad fue más dinámica en Andalucía (donde se concedieron 9.321 hipotecas), en Cataluña (8.045), Madrid (6.976) y en la Comunidad Valenciana (5.675). En un total de trece autonomías se firmaron más préstamos para adquirir vivienda que en junio del año pasado y fueron Canarias (+31,4%), Castilla-La Mancha (+23,2%) y Comunidad Valenciana (+16,1%) las que registraron un alza mayor. Por contra, la actividad hipotecaria se redujo en Baleares (-10,4%), Cantabria (-9,1%) y Galicia (-7,3%). Más cambios de condicionesEl sexto mes del año un total de 10.261 hipotecas cambiaron sus condiciones, lo que supone una caída considerable con respecto a las que lo hicieron un año antes (-19,1%). De acuerdo con el INE, se produjeron 7.311 novaciones, un 25,3% menos. Estas son las modificaciones se pactan con la misma entidad financiera que concedió el crédito), un 25,3% menos. “El tipo medio del 2,96%, con un 61,7% de las nuevas hipotecas a tipo fijo, refleja un mercado de financiación estabilizado y competitivo. La caída del 25% en las novaciones va en la misma línea: quien tenía que renegociar ya lo hizo”, señala Robin Decaux, portavoz de Equito.A la vez, el número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 672, un 15,4% menos que un año antes. En otros 2.278 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado. Es lo que se denomina subrogaciones al deudor, un tipo de operación que se incrementó un 8,4% anual. La gran mayoría de los préstamos hipotecarios que cambiaron sus condiciones en el sexto mes del año (83,1%) lo hicieron por los cambios en los tipos de interés. 

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Las reservas de oro del Estado español se guardan en el suelo del Banco de España (BdE). Bajo la fuente de la diosa Cibeles, lugar de celebración para los fanáticos del Real Madrid y de las victorias futbolísticas de España, se encuentra la cámara acorazada. Estas instalaciones se construyeron a más de 35 metros de profundidad y para acceder a ellas hay que bajar el equivalente a ocho plantas. Con una superficie de más de 2.500 metros cuadrados de los cuales 1.000 ocupan los muros de hormigón armado, alberga unas 280 toneladas de oro (equivalente a 41.700 millones de dólares, unos 35.700 millones de euros). La cifra se ha mantenido estable desde el ejercicio 2007, cuando el Gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero se desprendió de unas 240 toneladas. Pero lo más increíble de todo es su sistema de seguridad. La cámara acorazada está diseñada para inundarse en casos de emergencia como pudiera ser un hurto. Pese a que series como La Casa de Papel recrean un robo, lo cierto es que el BdE no tiene constancia de ningún intento. Para los curiosos que quieran visitar este espacio tendrán que esperar hasta finales de 2028, cuando está previsto que finalicen las obras de acondicionamiento para su acceso al público. La Información Económica lanza este nuevo episodio de ‘Economía Indiscreta’, una serie de contenidos audiovisuales de carácter divulgativo con la que buscamos contribuir al debate público-económico. En el anterior, publicado hace justo una semana, se abordaba el ‘truco’ de la hucha de las pensiones. 

No ha sido fácil llegar hasta aquí para Shein, pero lo ha conseguido. El fabricante de moda rápida low cost debutará en la Bolsa de Hong Kong el próximo 1 de septiembre a un precio de entre 47,6 y 49,5 dólares hongkoneses, con el que espera recaudar entre 13.328 y 13.860 millones de dólares hongkoneses (1.455 y 1.513 millones de euros al cambio actual). En el folleto de la operación, la compañía ha desagregado sus planes de expansión, especificando a qué destinará el monto captado. De esta cantidad, aproximadamente un 40% será para mejorar las capacidades tecnológicas en un plan que se extenderá por tres años.»Nos comprometemos a seguir reforzando y mejorando nuestra infraestructura tecnológica para respaldar el crecimiento continuo del negocio», subrayan. Esto incluye desde la contratación de servicios en la nube y de servidores, hasta la mejora de la infraestructura tecnológica para dotar a los sistemas de mayor seguridad. El despliegue de iniciativas también incorpora la implementación de modelos y herramientas basadas en inteligencia artificial que refuercen los sistemas de inventario y la cadena de suministro.Para ello, contratará entre 1.500 y 2.000 personas especializadas en tecnología, principalmente, análisis de datos e informática. De ellos, no indica cuántas personas reclutará en Europa, región que le proporciona un tercio de los ingresos. En la misma magnitud, otro 40% de esos 1.500 millones se destinarán al reconocimiento de marca, así como a consolidar su presencia a escala mundial. La estrategia de posicionamiento a nivel global se desarrollará a través de un programa a cuatro años, que incluye inversión en campañas de marketing. «Estas iniciativas van orientadas a captar nuevos clientes e impulsar el crecimiento de la ventas», precisan. Para ello, contratarán personal en sus principales mercados -Estados Unidos y Europa-, así como en otros de potencial crecimiento. De forma paralela, otro 10% irá destinado a proyectos que ayuden a promover la responsabilidad corporativa con acciones dirigidas a promover la descarbonización o reforzar la gobernanza interna a través de un programa de 36 meses de duración. «Adoptaremos materiales preferentes, técnicas de producción innovadoras, iniciativas de descarbonización, programas de circularidad y reducción de residuos», aseguran. La cantidad restante no la especifican. No obstante, Shein admite que la situación en Oriente Próximo podría perjudicar la hoja de ruta del negocio, repercutiendo negativamente sobre los ingresos, como consecuencia de la menor demanda en la región. Si bien puntualiza que los mayores precios del petróleo han incidido sobre los gastos de logística y transporte de mercancías, el efecto se verá «mitigado» a largo plazo. Hasta ahora, Shein no tenía la obligación de ofrecer a los inversores información sobre el negocio, lo que proporcionaba una visibilidad limitada sobre la evolución real del mismo. Sin embargo, las reglas han cambiado con su salto al parqué. En este sentido, las cuentas arrojan un deterioro de la rentabilidad y un crecimiento más lento de la facturación tras contabilizar unas pérdidas de 99 millones de dólares en el primer trimestre del ejercicio frente al beneficio de 395 millones de un año antes. Estos resultados podrían haberse visto perjudicados por la política arancelaria en Estados Unidos tras el fin de la exención de los denominados minimis, normativa que permitía a cualquier persona enviar paquetes al país con un valor inferior a 800 dólares sin pagar una tasa. A estos hay que añadir la eliminación de los derechos de aduana en la Unión Europea para paquetes de menos de 150 euros, cuyo impacto puede ser igual o superior al provocado por el fin de los citados minimis en el país norteamericano. De hecho, la compañía ha advertido de que se verá abocada a subir precios. En este contexto, la firma fundada por Chris Xu ha visto reducida su valoración desde los 100.000 millones de dólares que proyectaba en 2022 al rango de entre 26.000 y 27.000 millones de dólares. Los últimos trimestres no han sido un camino de rosas para Shein, que también ha tenido que lidiar con la proliferación de competidores como Temu, mientras los reguladores intensifican su lupa sobre las operaciones del grupo. Pese a ello, los analistas señalan que dicha valoración debería basarse en unas perspectivas de crecimiento normalizadas a partir de 2027 en lugar de tener en cuenta el valle de 2026, que ven como un descenso temporal de los beneficios. «A medida que remita la volatilidad, los beneficios deberían recuperar terreno, alcanzando los 1.670 millones en 2027», indican desde Bloomberg Intelligence, que anticipan unas tasas de crecimiento de alrededor del 20% hasta 2029. 

Movimiento de calado en el sector del aceite de oliva esta semana. Los fondos de inversión CVC Capital  Partners  y Alchemy oficializaron este martes lo que era un secreto a voces desde hace semanas: Deoleo, la propietaria de Carbonell, Hojiblanca o Koipe vuelve a estar a la venta.  Ambos poseen el 95% del capital. Así lo confirmó el consejero delegado de la compañía, Cristóbal Valdés, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al afirmar que están analizando «posibles alternativas estratégicas en relación con su inversión». La ‘guerra del aceite’ y un ‘recado’ del Gobierno La que está abierta en canal es la carrera por hacerse con el control de Deoleo, según avanzaron El Economista e Italia Oggi. El grupo cooperativo DCOOP, que representa a 75.000 familias de agricultores y ganaderos, ha puesto sobre la mesa una oferta de compra de 460 millones de euros mientras que la italiana Coricelli habría mejorado su propuesta hasta los 500 millones. La española Aceites del Sur (Acesur), el fabricante de La Española y Coosur, sería la tercera en discordia.  También han mostrado interés, en las últimas semanas, otros actores como New Princess, la francesa Lesieur (Avril) y los australianos de Cobram Estate Olive. Fuentes de Acesur han declinado realizar comentarios sobre la operación, así como desde DCOOP se limitan a señalar a La Información Económica que nunca han negado su interés por nuevas adquisiciones y han lanzado una reflexión: «España tiene que plantearse si dejar de liderar un sector tan estratégico». «España tiene que plantearse si dejar de liderar un sector tan estratégico», apuntan fuentes de DCOOP donde no niegan su interés por hacerse con empresas como Deoleo Preguntados por este medio sobre esta posible operación, fuentes del Gobierno se ponen de perfil por ahora. «El Ejecutivo no entra en operaciones empresariales concretas», apuntan. Las fuentes consultadas añaden que son las empresas las que toman sus propias decisiones y Competencia quien estudiará cualquier movimiento, aunque lanzan un aviso para navegantes: «El sector agroalimentario y el aceite de oliva son sectores estratégicos para España», advierten. Un coloso del aceite de oliva La combinación de DCOOP y Deoleo daría lugar a un auténtico coloso del conocido como ‘oro verde’ con más de 2.200 millones de euros de facturación anuales. A lo que se añade una base productiva estable, aportada por DCOOP principalmente, de unas 200.000 toneladas al año, y un portafolio de marcas muy reconocidas a nivel nacional e internacional como Carbonell, Hojiblanca, Koipe, Aceite Dcoop, Bertolli o Pompeian. La mayoría de Deoleo.  «DCOOP es productor de aceite y envasa para sus marcas y para otros, por lo que lograría hacerse con algunas marcas muy bien posicionadas en los mercados», señala el economista agroalimentario David Ucles, quien añade que una integración de este tipo supondría «añadir al músculo productivo, que ya tiene el grupo cooperativo, el comercial de Deoleo». El profesor de EAE Business School Miguel Ángel López añade que «la suma de ambas capacidades podría permitir invertir más en marca, innovación, calidad, trazabilidad y penetración en mercados donde todavía existe un importante recorrido» en referencia a Estados Unidos o India. Porque en este proceso España se juega mucho: En la actualidad lidera la producción mundial de aceite de oliva y sus comercializadoras ocupan los primeros lugares por facturación. «DCOOP es productor de aceite y envasa para sus marcas y para otros, por lo que lograría hacerse con algunas marcas muy bien posicionadas en los mercados», señala el economista agroalimentario David Ucles sobre la hipotética unión Según el Consejo Oleícola Internacional (COI), la cosecha española fue de 1,419 millones de toneladas en la campaña 2024-2025. Le siguieron Turquía con 505.000 toneladas, Túnez con 340.000 toneladas, Grecia con 250.000, Italia con 248.000 y Portugal con 177.000. Si se toma la facturación como referencia las 3 mayores empresas del sector están en nuestro país: Migasa (2.000 millones de facturación en 2025), DCOOP (1.421 millones) y Acesur (1.106 millones). Del liderazgo productivo al industrial Tanto Ucles como López descartan que, a nivel productivo, el ‘trono’ español peligre: «Donde aún nos ganan los italianos es en el precio de comercialización porque tienen una imagen de calidad que nosotros aún no alcanzamos», reconoce el economista agroalimentario. Este experto advierte que ser más grandes no garantiza convencer al consumidor de que nuestro aceite es mejor. Algo en lo que coincide el profesor de EAE Business School: «El verdadero desafío no es tanto conservar este liderazgo productivo como transformarlo en liderazgo industrial, comercial y de marca», señala. Para este analista, la combinación de ambas compañías no solo la convertiría en un coloso dentro del sector olivarero sino que reforzaría su capacidad de negociación y de plantificación dentro de la cadena de suministro. López cree que «una estructura de mayor dimensión puede facilitar inversiones a largo plazo, una mejor planificación industrial y una estrategia más coordinada» entre los diferentes operadores.  «El verdadero desafío no es tanto conservar este liderazgo productivo como transformarlo en liderazgo industrial, comercial y de marca», Miguel Ángel López (EAE Business School) Mucho más que una cuestión de tamaño El tamaño de esta unión genera polémica en dos mercados clave: España y Estados Unidos. En el primero, donde está la sede de ambas compañías, los representantes de los olivareros mantienen posiciones enfrentadas. El responsable del olivar de COAG, Francisco Elvira, apunta que «el problema es que ya tenemos un oligopolio fuerte» y lamenta que la actividad transformadora quede en pocas manos. Elvira recuerda que cinco grandes grupos ya controlan el 70% del mercado.     El secretario de Desarrollo Rural de Unión de Uniones, Anastasio Yébenes, tiene una opinión muy diferente y reconoce que «la operación puede revolucionar el mercado al dar una estabilidad a los productores». El representante de esta organización agraria recuerda que «de todos los novios de Deoleo DCOOP es el único que es productor» y resalta que para el agricultor «sería una buena noticia porque podría cobrar entre un 10 y 15% más que los precios de cada momento».  Estados Unidos, clave A nivel estadounidense las informaciones aparecidas apuntan a que DCOOP no tendría problema en deshacerse de algún activo (¿Carapellli?) para convencer a las autoridades de Competencia del país ya que, como recuerda López (EAE Business School), «existe un solapamiento especialmente significativo en el aceite de oliva virgen extra», en tanto que marcas con importante penetración allí como Pompeian, Bertolli y Carapelli quedarían en manos del mismo dueño.   «El problema es que ya tenemos un oligopolio fuerte», advierte Francisco Elvira (COAG) mientras que, desde Unión de Uniones, Anastasio Yébenes señala que «de todos los novios de Deoleo DCOOP es el único productor» Solo la primera ya cuenta con un 20% de cuota en el virgen extra y lidera el mercado. Deoleo, por su lado, ha reconocido que Bertolli representó el año pasado el 41% de sus ingresos ordinarios. Con estos mimbres, lo que suceda en Estados Unidos será clave. El profesor de EAE Business School matiza, sin embargo, que este mercado es más amplio y competitivo de lo que parece: «Las marcas blancas tienen un peso muy significativo y existen otros operadores internacionales y estadounidenses con posiciones relevantes», sostiene. 

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