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Como si de un terremoto se tratase, la guerra en Irán ha provocado una crisis energética que se extiende por el mundo en forma de ola que va ganando envergadura. El incremento en los precios del petróleo y el gas está calentando los precios del consumo, un fenómeno que ya se observa claramente en varios países. Sin embargo, este nuevo brote inflacionario no está llegando igual de rápido a todo el mundo. Como ya sucediera con la crisis de precios iniciada en el 2021, la ola parece haber alcanzado a España antes que a la mayoría de Estados de la eurozona. El último Índice de precios de consumo armonizado (IPCA) europeo, publicado el pasado jueves, refleja que se está abriendo una nueva brecha inflacionaria entre España y el conjunto de países del euro. En agosto, el coste de la vida se disparó un 4,6% en comparación con el mismo mes del año pasado, frente al 3,2% que se registró en la eurozona. Esta última lectura sitúa a España como el quinto país de la UE donde más rápido está aumentando la inflación -solo por detrás de Rumanía, Lituania, Chipre y Bulgaria- y el tercero donde más se ha aceleró entre julio y agosto. Esto ha provocado que se ensanche aún más la brecha de precios que existe entre España y la eurozona, que ya es de 1,4 puntos porcentuales. Para encontrar una diferencia mayor hay que remontarse a agosto de 2022, cuando el shock inicial de la guerra en Ucrania todavía coleaba.
Esta brecha es relevante porque puede acabar restando competitividad a la economía española si se mantiene durante mucho tiempo. Los consumidores de bienes y servicios que se producen en España pueden acabar sustituyéndolos por los de otros países que ofrezcan mejores precios. Máxime cuando el diferencial de inflación entre España y las grandes economías europeas -Alemania, Francia e Italia- está por encima de la media. Mientras que España registra un IPCA del 4,6%, Italia tiene la inflación en el 3,2%; Alemania, en el 2,9% y Francia, en el 2,6%.
La llegada de la ola inflacionaria más rápido a España que a otros países europeos recuerda a lo que ya sucedió hace cinco años. La crisis inflacionaria de 2021 (la peor en 40 años), que se vio agravada por la guerra en Ucrania, se empezó a notar antes en España que en el resto de la UE. No obstante, la inflación también se redujo antes y más rápido que en el conjunto de países del euro. La energía y una subyacente que ya estaba ‘caliente’ son los sospechosos Los factores que explican por qué el coste de la vida está subiendo más rápido en España que en otros países europeos tienen mucho que ver con los precios de la energía y con lo que se conoce como inflación subyacente. El IPCA europeo muestra que España es uno de los países que peor ha logrado contener el subidón en los precios de la energía. En agosto, esta rúbrica se disparó un 17,1% en España, el quinto país donde más aumentó del Viejo Continente. Aunque Italia iguala el dato, el incremento es superior al de Francia (16,5%), Alemania (9,4%) y la media de la eurozona (14,3%).
Esta diferencia se debe fundamentalmente a la factura de la luz y no a los combustibles. En el caso de España, esta rúbrica se ha encarecido un 9,2%, más del triple que en el conjunto de la eurozona (2,8%). Los carburantes, que son el producto más afectado por la guerra en Irán se dispararon un 23,9% en agosto. Sin embargo, aunque la subida es dramática, es algo inferior a la media de países del euro (24,5%), Alemania (27,5%) o Francia (27,4%).A la cuestión de la energía hay que añadirle que el estallido de la guerra en Irán pilló a España con una inflación subyacente superior a la de la eurozona. Este indicador mide las subidas de precios, pero sin tener en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados, que son muy volátiles. Esta medida sirve para conocer hasta qué punto los precios más estables se están calentando, es una suerte de termómetro que muestra hasta qué punto una subida de precios que es coyuntural se puede acabar convirtiendo en algo más serio. En España, la inflación subyacente era del 3,2% en agosto (dos décimas menos que en julio), claramente por encima del 2,1% del conjunto de la eurozona o el 1,2% de Francia, 1,2% de Italia o 2,3% de Alemania. Si cogemos el bisturí y diseccionamos lo que está ocurriendo en ese enorme cajón que es la inflación subyacente se observa que los servicios tienen mucho que ver. El precio de los servicios se incrementó un 4% en agosto frente al 3% en la eurozona. Y en particular, dentro de los servicios llama la atención la fuerte subida en los precios del alojamiento turístico (hoteles, hostales, pensiones…) que se dispararon un 9,4% en agosto frente a un 4,7% en la eurozona.Más allá de ello, España supera al conjunto del euro en la mayoría de grandes grupos de bienes y servicios. Es el caso de los alimentos (2,3% en España frente a un 0,7% en Europa); la ropa y el calzado (2,3% y 0,6%, respectivamente); los muebles y artículos para el hogar (1,3% y 0,6%); la información y las comunicaciones (3,2% y 1,8%) o las finanzas y seguros (3,4% y 2,8%).
Llenar un depósito de 50 litros con diésel cuesta ya cerca de 90 euros en España, incluso después de que el Gobierno haya aplicado durante septiembre una rebaja fiscal temporal de 20 céntimos por litro. El precio medio ronda los 1,79 euros, frente a niveles sensiblemente inferiores hace apenas unos meses, y el gasóleo acumula una subida interanual superior al 30%. La ayuda termina el 30 de septiembre si no se prorroga, de manera que parte del colchón que ahora contiene el precio podría desaparecer justo cuando hogares y empresas empiezan a asumir una factura energética mucho mayor.Un trabajador que recorra 40 kilómetros diarios entre ida y vuelta al trabajo durante 22 días al mes hará unos 880 kilómetros. Con un coche que consuma seis litros cada 100 kilómetros necesitará aproximadamente 53 litros mensuales, de modo que una subida de 20 céntimos por litro añade algo más de 10 euros al mes y unos 127 euros al año. El cálculo aumenta rápidamente en hogares con dos vehículos, trayectos más largos o coches con mayor consumo, pero sigue representando únicamente la parte del encarecimiento que aparece directamente en el surtidor.Los camiones que recorren decenas de miles de kilómetros cada año convierten unos pocos céntimos adicionales por litro en miles de euros de sobrecoste. El Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera utiliza el combustible como una de las principales partidas para calcular cuánto cuesta mantener en funcionamiento un vehículo pesado, porque el diésel representa una parte muy relevante de sus gastos operativos. Cuando esa factura aumenta, las empresas pueden absorberla durante un tiempo reduciendo márgenes, pero mantener indefinidamente el mismo precio del transporte resulta mucho más difícil.Del camión a la compraAlimentos, ropa, electrodomésticos, materiales de construcción, medicamentos o pedidos de comercio electrónico recorren una parte de su camino hasta el consumidor por carretera. El aumento del combustible puede pasar así del transportista a la empresa que contrata el servicio, después al distribuidor o al comercio y finalmente al precio que paga el consumidor, aunque ese traslado no sea inmediato ni tenga por qué realizarse en su totalidad.Frutas, verduras, carne, pescado y lácteos soportan además una cadena especialmente dependiente de la energía porque muchos necesitan transporte rápido y refrigeración constante. Un producto perecedero no puede permanecer almacenado durante meses esperando a que baje el combustible y, cuando la mercancía debe reponerse continuamente, los cambios en los costes logísticos pueden llegar pronto al establecimiento.Antes de subir al camión, muchos alimentos ya han consumido diésel. Tractores, cosechadoras y otra maquinaria agrícola dependen de él, mientras que la pesca incorpora combustible directamente al coste de salir a faenar. En Alicante, ASAJA calcula que el gasóleo agrícola ha pasado de 1,211 euros por litro en febrero a 1,694 euros en septiembre, una subida de 48 céntimos que golpea especialmente a cultivos intensivos en maquinaria como cereales, olivar y hortalizas de invierno.En Baleares, las organizaciones agrarias estiman un sobrecoste anual de 1,7 millones de euros únicamente por la subida del gasóleo agrícola, después de que el precio haya pasado de unos 90 céntimos a cerca de 1,70 euros desde comienzos de año. Las explotaciones de las islas consumen alrededor de 3,4 millones de litros anuales, lo que permite comprobar cómo una variación aparentemente pequeña en una gasolinera adquiere otra dimensión cuando se multiplica por millones de litros.Del surtidor al IPCEl IPC español alcanzó el 4,3% en agosto, siete décimas más que en julio y su nivel más elevado desde febrero de 2023. El transporte registró una inflación interanual del 9,5%, más de tres puntos por encima del mes anterior, debido principalmente al encarecimiento de combustibles y lubricantes para vehículos personales. Solo durante agosto, este grupo subió un 3,3% y aportó 0,534 puntos a la variación mensual del IPC.El gasóleo se encareció alrededor de un 30% interanual en agosto, mientras que la gasolina subió cerca de un 17%, unas variaciones suficientemente grandes para que la energía vuelva a ocupar una posición central en la evolución de los precios. Los alimentos todavía muestran una subida mucho más contenida, del 2,3%, lo que significa que una parte del incremento energético todavía no se ha trasladado de forma generalizada a la cesta de la compra.Una familia que no tenga un coche diésel tampoco queda aislada de ese proceso. El combustible utilizado para cultivar una verdura, capturar pescado, refrigerar un alimento o llevar un electrodoméstico hasta una tienda no figura por separado en el ticket, pero forma parte del coste que soportan las empresas que intervienen en cada etapa. Cuanto más tiempo permanezca elevado el gasóleo, mayor será la presión para que una parte de esos costes termine avanzando por la cadena.30 de septiembreLa rebaja fiscal que permite reducir actualmente en 20 céntimos por litro el precio del diésel expira a finales de septiembre, salvo que el Gobierno decida prolongarla. La medida explica además que el gasóleo vuelva a costar algo menos que la gasolina pese a haberse encarecido mucho más durante el último año: la bonificación aplicada al diésel es superior a la de cinco céntimos vigente para la gasolina.Si esa protección desaparece mientras los precios internacionales y los márgenes de los combustibles continúan elevados, octubre puede añadir otra presión sobre transportistas, agricultores, empresas y conductores. Funcas y BBVA ya contemplan que la inflación pueda acercarse al 5% en septiembre, después del salto registrado durante agosto.Si transportistas, agricultores y distribuidores no pueden trasladar íntegramente el encarecimiento a sus clientes, la presión termina apareciendo en márgenes más estrechos, menos inversión, renegociación de contratos o cierres de las empresas más débiles.El precio del diésel puede dejar así de ser únicamente un problema de inflación para convertirse también en un problema de rentabilidad empresarial.
La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/notas/nawat-itsaragrisil-amenaza-con-demandar-si-turismo-no-responde-antes-del-25-de-septiembre/ Por las pasadas semanas, el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil ha alzado la voz públicamente para dejar saber …
Dario Amodei, fundador y consejero delegado de Anthropic, la empresa que está detrás de Claude, lleva días avisando de que quizá ha llegado el momento de levantar un poco el pie del acelerador con la inteligencia artificial (IA). Y no está solo. Sam Altman, máximo responsable de OpenAI, y Elon Musk, fundador de xAI, también han advertido sobre los riesgos de seguir construyendo modelos cada vez más potentes sin tener completamente claro cómo controlarlos. Pero una pausa de Estados Unidos no sirve de mucho si China no hace lo mismo.Y China no tiene ninguna intención de parar. Entonces lo que parecía una medida de seguridad empieza a parecerse bastante a regalarle tiempo a tu principal competidor. Ese es precisamente uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo Washington. Desde Pekín, además, la historia se ve exactamente al revés.El Global Times, un periódico respaldado por el Estado chino, llegó a acusar a Amodei de utilizar la seguridad de la IA para promover una especie de «guerra fría silenciosa» que permitiría a Estados Unidos conservar su ventaja tecnológica. Desde China, por tanto, frenar la IA no se ve únicamente como una cuestión de seguridad, sino también como una forma de impedir que sus empresas sigan recortando distancias.Estados Unidos lleva años limitando el acceso de China a algunos de los chips más avanzados del planeta. Sus empresas dominan los modelos más potentes. Y justo cuando China empieza a acercarse, Washington plantea que quizá todos deberían correr un poquito menos. No hace falta ser especialmente desconfiado para entender por qué los chinos levantan una ceja.El problema es que esto nos lleva a una situación en la que Estados Unidos podría reducir algunos riesgos frenando la IA, pero si frena solo, ayuda a China. Así que podría seguir acelerando para que China no le alcance. Además, se trata de una carrera en la que la distancia entre ambos países ya no es tan enorme.Hace no demasiado tiempo se hablaba de una China situada varios meses por detrás de Estados Unidos en los modelos más avanzados. Ahora, dentro de la industria estadounidense existe el temor de que esa distancia continúe reduciéndose.Sin moratoriaPor eso Washington no parece demasiado dispuesto a correr el riesgo de detenerse. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y una de las figuras republicanas más importantes del Congreso, rechazó esta semana una moratoria obligatoria. Su argumento, simplificando mucho, es que si las empresas quieren ir más despacio, que vayan más despacio, pero el Gobierno estadounidense no debería obligarlas a hacerlo mientras China continúa avanzando. Porque entonces, según Johnson, Estados Unidos podría perder su ventaja tecnológica y convertir un problema de seguridad de la IA en otro problema de seguridad nacional.Visto así, parece bastante sencillo, hasta que miramos el problema desde China. Pekín no necesita la IA únicamente para competir con Estados Unidos, sino también para intentar solucionar uno de los mayores problemas que tiene dentro de casa, como es el envejecimiento. Durante décadas tuvo una cantidad gigantesca de trabajadores que alimentaron sus fábricas y ayudaron a convertir al país en la gran potencia industrial que conocemos. Sin embargo, ahora esa población envejece y la fuerza laboral empieza a reducirse, y eso significa que China necesita encontrar alguna manera de producir más con menos personas. Aquí entran la automatización, la IA y, sobre todo, los robots.Se trata de máquinas capaces de trabajar en fábricas, almacenes y otras tareas que hoy siguen necesitando personas. China cuenta ya con más de 150 empresas dedicadas a desarrollar robots humanoides, y sus administraciones gastaron al menos 230 millones de dólares en comprarlos y desarrollar tecnologías relacionadas durante la primera mitad de 2026. Para Pekín, por tanto, la IA no es simplemente tener un chatbot mejor que ChatGPT, sino intentar conseguir que una fábrica produzca más.China todavía está lejos de conseguir que esos robots sustituyan a un trabajador, pero el avance continúa. Spirit AI, una startup valorada en 2.900 millones de dólares, calcula que los primeros grandes avances en el «cerebro» de los humanoides pueden llegar a mediados de 2027. La empresa ha levantado más de 670 millones de dólares y cuenta con alrededor de 1.000 personas recogiendo datos reales para entrenar sus sistemas.China también tiene miedo a la IATodo esto podría llevar a pensar que Pekín simplemente está dispuesto a asumir cualquier peligro con tal de seguir avanzando, pero tampoco encaja del todo con lo que está haciendo dentro de sus fronteras. China obliga a etiquetar contenido generado por IA, controla determinados algoritmos y ha endurecido las reglas sobre el uso y el entrenamiento de los modelos, mientras sus expertos participan en conversaciones con Estados Unidos sobre sistemas autónomos, ciberataques y posibles límites militares. Es decir, Pekín también ve riesgos.Simplemente parece que intenta solucionarlos de otra manera. Mientras Amodei y otros responsables estadounidenses plantean reducir temporalmente la velocidad de los modelos más avanzados, Pekín prefiere seguir desarrollando la tecnología y controlar después cómo se utiliza. A eso se añade que cualquier acuerdo exigiría confiar en que el otro país también cumple, algo especialmente complicado cuando Washington restringe desde 2022 el acceso chino a los chips más potentes y acusa a empresas del país de copiar modelos estadounidenses mediante técnicas de destilación, acusaciones que China rechaza.Mientras tanto, Donald Trump y Xi Jinping tendrán precisamente la oportunidad de discutirlo el próximo 24 de septiembre en Washington, donde la IA estará entre los asuntos de una reunión que también incluirá comercio, Taiwán y las restricciones tecnológicas. Pekín quiere que Estados Unidos rebaje algunos de sus controles, mientras Washington busca compromisos sobre los riesgos de los sistemas más avanzados.En esta carrera, el problema ya no es solamente quién llega primero. Es que quizá los dos saben que están corriendo demasiado rápido. Y aun así, ninguno se atreve a mirar al otro y decir: «frena tú primero».
La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/notas/asi-dalvin-la-melodia-culmino-sus-seis-historicos-conciertos-en-puerto-rico/ El cantante de bachata dominicano Dalvin “La Melodía” se despidió de Puerto Rico en la noche del …
Hubo un tiempo en el que ver un Toyota, un Nissan o un Kia por las calles españolas era algo casi exótico. Desde hacía décadas las marcas francesas, alemanas e italianas dominaban el mercado europeo del automóvil y la entrada de estas enseñas asiáticas empezó a producirse sin prisa, pero sin pausa. Fue un proceso más paulatino que el que ha permitido a las marcas chinas conquistar casi un 20% de cuota en los últimos cinco años, con un gran número de marcas y a un ritmo de vértigo. Varias décadas separan la llegada a territorio nacional de gigantes japoneses como Toyota o Nissan (años 90) y de las coreanas Hyundai o Kia (años 2000) del desembarco reciente de MG, BYD, Omoda & Jaecoo o Geely y el contexto poco tiene que ver, como explica a La Información Económica Raúl Morales, director de la patronal de concesionarios Faconauto. «Son procesos totalmente diferentes, sobre todo porque los chinos están acaparando una importante cuota de forma muy rápida debido a unos precios muy competitivos», explica. «Entonces el comprador era muy fiel a una marca, pero ahora se mueve sobre todo por el precio», recalca. En unos años en los que las cifras macro han brillado pese a la incertidumbre global, el coste de la vida ha dejado a los hogares con menos margen de maniobra para afrontar un gasto tan importante. El encarecimiento de la cesta de la compra (la inflación subió un 2,9% el año pasado) se ha ‘comido’ buena parte del incremento de los sueldos, del 3,4% de media, en un momento en el que las familias han tenido que ajustarse también el cinturón para pagar la vivienda, con los precios de los alquileres en máximos y los de las compraventas muy cerca. Todo esto provoca que el usuario sea muy sensible a los precios, donde las marcas chinas son altamente competitivas. «Por eso a los japoneses y coreanos les costó mucho más asentarse», añade. El precio y la tecnología, factores claveLa diferencia, sin embargo, no solo tiene que ver con el bolsillo. Mientras Kia u Honda apostaban por una alternativa con equipamiento similar al que producían las líneas de fábricas europeas, China llega con ‘algo más’, tal y como confirma a este medio el economista Javier Santacruz: «El ritmo de llegada de los chinos es mucho más alto por la gran innovación tecnológica que están trayendo». Pone el foco así en la gran sofisticación que conquista a España y con la que cuentan otras firmas como Xpeng o Dongfeng: «Lo que traen no es, ni de lejos, lo que tenían los japoneses o coreanos». Para hacerlo han llevado a cabo un intenso trabajo de fondo en el que han invertido tiempo, tal y como recalca Morales, que pone el foco en su ardua labor de marketing y publicidad: «Están haciendo un esfuerzo enorme para posicionarse muy rápido». Una tarea que ha sido clave para el intenso ritmo de desarrollo de sus redes de distribución, algo que claramente les diferencia de lo que hicieron sus vecinos hace décadas. «Han formado redes muy rápido y son muy amplias. Para ello han apostado por concesionarios establecidos y con experiencia», defiende el responsable de la patronal, recordando que los desembarcos anteriores se hicieron mediante el mismo modus operandi, «aunque de forma mucho más tranquila y escalonada». Estos factores son claves para comprender unas cifras de ventas inéditas para un periodo tan corto de tiempo. Según datos de Anfac, la diferencia en el número de ventas se va estrechando cada vez más con la líder mundial Toyota (96.290), una Nissan en horas bajas (34.711) y con las constantes Hyundai (68.568) o Kia (61.708). Frente a estas, BYD, que acumula 29.950 matriculaciones en lo que va de 2026, ha puesto su techo anual en 50.000. Mientras tanto, en los primeros ocho meses del año, MG también ha alcanzado las 31.356 entregas. Un futuro incierto A pesar de que su techo parece difícil de cuantificar, puede que no logren mantener este ritmo de crecimiento durante mucho tiempo, apunta Santacruz: «En mi opinión, no van a poder hacerlo. Tienen un margen muy escaso y por eso hay muchas que están entrando en números rojos». En su opinión, esta política de precios se trata de una estrategia comercial para llegar al mercado y alcanzar cierta cuota. En la misma línea se posiciona Francisco García, Decano del Colegio de Economistas de Aragón, quien cree que estos precios no podrán mantenerse. «Es insostenible, por lo que, si los precios con el resto de marcas se van igualando, quizá dejen de ser un atractivo. Sin embargo, esto podría cambiar por completo cuando empiecen a producir sus vehículos en España, tal y como sucede ya con Ebro en Zona Franca, o como prevén hacer MG en Galicia o Leapmotor en Madrid (entre otras): «Entonces ensamblarán aquí sus coches, que ya serán europeos, y podrán librarse de los aranceles y multiplicar las ganancias». Su futuro también podría depender de otros factores, tal y como apuntan fuentes de Ganvam a este medio: «Su reto va a estar en la fidelización. La clave entonces no será si consiguen vender más, sino si podrán darle confianza al cliente en la postventa». Las opiniones son dispares. Morales, por su parte, apunta a que, teniendo en cuenta su evolución actual «lo normal sería pensar que seguirán creciendo». Sin embargo, cree que un mercado tan competitivo como es el español podría ser decisivo: «Puede que algunas marcas no cubran las expectativas y decidan dar un paso atrás».
La sucesión de vaivenes geopolíticos y catástrofes naturales de los últimos meses han puesto a prueba a una demanda turística que, tras el shock pandémico, venía pulverizando registros y recuperando con fuerza su pulso. Desde una posición privilegiada para valorar este reto se encuentra la industria de los seguros de viajes, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años a medida que el viajero ha ido incorporando la protección como parte de su planificación frente a un mundo más imprevisible. Al pie del cañón, como cofundador y co-CEO de Heymondo, se encuentra Ricard Doménech, quien atiende a La Información Económica para hacer balance de un año que ha obligado al sector a adaptarse a un escenario tan incierto.Para Doménech, si algo ha definido al sector travel ante los cisnes negros que han sobrevolado el negocio este año ha sido la «resiliencia». El ejercicio, recuerda, arrancó con «muy buenas tendencias», pero la escalada bélica en Oriente Próximo de finales de febrero provocó un rápido encarecimiento del transporte y «se paralizó un poco la demanda». El impacto fue especialmente severo durante Semana Santa, en un periodo muy intenso también de catástrofes naturales, aunque la recuperación llegó con rapidez: «El verano ha recuperado con muy buenas sensaciones, con unos números muy buenos». Ahora, asegura, «la tendencia otra vez muy positiva y se ha recuperado el terreno perdido en el segundo trimestre».Este escenario, inevitablemente, ha transformado también al cliente que acude a este tipo de plataformas, ahora mucho más exigente y consciente de los riesgos asociados al viaje. Así lo explica Doménech, quien asegura que «el cliente cada vez es más consciente del riesgo desde el Covid y muy conocedor de cualquier potencial riesgo que pueda haber» y que, por ello, «puede estar dispuesto a pagar más, pero siempre dentro de una horquilla». Una evolución que también está elevando las exigencias sobre las propias pólizas: «Los servicios tienen que ser un poquito más flexibles, las coberturas tienen que ser más profundas, más amplias». En este contexto, los seguros de viaje están registrando un incremento de alrededor del 5% anual.Es en esta necesidad de contar con una red de protección ante los imprevistos del viaje donde descansa la propuesta de Heymondo. «El seguro está para protegerte de aquellas cosas que te puedan repercutir económicamente» ante cualquier imprevisto, explica Doménech. «Hemos pagado siniestros de más de un millón de euros» y, cada mes, «tenemos siniestros de 200, 300 o 400.000 euros». De ahí que, señala, «si no tienes un seguro, tu patrimonio se ve afectado, te puedes incluso arruinar». «El seguro está para darte esa tranquilidad que te cuesta cerca de un 1% del budget de tu viaje», aunque «menos de un 8% de las personas que contratan el seguro acaban teniendo una incidencia».Está propuesta que ha encontrado un mercado cada vez más receptivo fue la que supieron vislumbrar Ricard Doménech y David Pérez cuando dieron vida a esta ‘insurtech’ del 22@ de Poblenou que ahora cuenta los meses para soplar las velas de su primera década. Y lo hace, admite su cofundador, en «un momento muy dulce». La plataforma barcelonesa mantiene «un crecimiento muy sólido» y prevé para este año un incremento de las primas de alrededor del 40%, después de haber crecido «casi un 70%» entre 2024 y 2025. En términos de volumen, la previsión para este año es superar los dos millones de viajeros asegurados. En el acumulado histórico, la compañía calcula que ya ha asegurado a más de tres millones de viajeros.Sobre esta base, Heymondo articula su crecimiento a través de dos vías: consolidarse en los mercados donde ya cuenta con una posición definida y seguir ampliando su huella internacional. «En España, Italia, Francia tenemos una posición relevante y ahí reside un vector de crecimiento», explica Doménech. La segunda palanca pasa por los nuevos mercados: «El otro vector de la compañía son los nuevos mercados». Tras su desembarco en Rumanía a finales del año pasado y su presencia en Portugal, Heymondo mantiene Europa como principal foco de expansión. «En el roadmap de compañía está seguir abriendo nuevos mercados», señala.En el plano financiero, esta estrategia está sustentada, además, por JC Flowers, el fondo de inversión estadounidense que entró en su capital el año pasado y, a ojos de Doménech, «ha venido para apoyar el crecimiento”. Dentro de esta estrategia, la firma ya analiza oportunidades de adquisición fuera de España si encuentra «activos muy concretos» que aporten capacidad o diferenciación, aunque el crecimiento orgánico continúa siendo su principal palanca de desarrollo.
La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/notas/es-una-montana-rusa-fabiola-mendez-se-adentra-en-una-nueva-etapa-entre-la-maternidad-la-diaspora-y-la-musica/ CARBONDALE, Illinois – Hace 10 meses, Fabiola Méndez comenzó una nueva etapa en su vida personal y …
Donald Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo que los estadounidenses volverían a sentir que su dinero alcanzaba para más. Durante meses presionó para bajar los tipos, defendió una energía más barata y convirtió la inflación en una de sus grandes batallas políticas. El problema es que, cuando faltan menos de siete semanas para las elecciones de medio mandato, la Reserva Federal (Fed) acaba de hacer exactamente lo contrario de lo que él quería y ha vuelto a subir los tipos de interés por primera vez en tres años.La inflación continúa en el 3,4%, el bono estadounidense a diez años ha superado el 5% y 16 de los 18 responsables de la Fed contemplan al menos otra subida antes de terminar el año. En circunstancias normales, semejante combinación debería hacer bastante daño a las acciones, pero el S&P 500 continúa resistiendo después de ganar alrededor de un 11,5% en 2026.Que la Bolsa aguante puede explicarse por los beneficios, por la fortaleza de la economía o simplemente porque buena parte del endurecimiento monetario ya estaba descontado. Pero el tiempo empieza a jugar también su propia partida. El próximo 3 de noviembre, Estados Unidos renueva los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, de modo que Trump afronta unas elecciones decisivas precisamente cuando los mercados entran en uno de los momentos más delicados del año.No hay ninguna prueba de que exista un plan para mantener Wall Street cerca de máximos hasta noviembre. Lo que sí existe es un incentivo político evidente para llegar a noviembre sin una caída brusca de la Bolsa, sin otra escalada del petróleo y sin que el coste de financiación termine asfixiando a familias y empresas.Mientras la Fed endurece las condiciones monetarias, el Tesoro lleva semanas intentando contener otro de los focos de tensión, el mercado de deuda a largo plazo, mediante mayores recompras de bonos. ¿Ha funcionado? De momento, no demasiado. La estrategia no ha impedido que el bono a diez años siguiera escalando hasta máximos desde 2023.El 5% que vuelve a competir con Wall StreetY ese 5% importa mucho más para Wall Street de lo que podría parecer, porque obliga a las acciones a competir contra una alternativa capaz de ofrecer una rentabilidad elevada sin asumir el mismo riesgo empresarial. Durante muchos años, con los bonos pagando prácticamente nada, aceptar múltiplos cada vez más altos tenía bastante menos coste de oportunidad. Ahora un inversor puede obtener alrededor de un 5% prestando dinero al Gobierno estadounidense durante diez años, mientras la Fed avisa de que el dinero podría encarecerse todavía más.Los tipos y los bonos altos ya están empezando a pasar factura a las previsiones de Wall Street. Wells Fargo ha recortado su objetivo para el S&P 500 desde 7.950 hasta 7.700 puntos y calcula que al índice apenas le queda alrededor de un 1% de subida hasta final de año.La tecnología se ha abaratado sin que sus acciones caiganLo curioso es que esta misma semana también están apareciendo argumentos para defender exactamente lo contrario. Truist sostiene que el S&P 500, prácticamente lateral desde junio, combinado con unas previsiones de beneficios crecientes, ha reducido las valoraciones sin necesidad de una gran corrección y ha dejado oportunidades especialmente interesantes dentro de tecnología. En ese sector, el PER esperado habría bajado desde unas 32 veces en octubre hasta alrededor de 21 mientras las estimaciones de beneficios crecían cerca de un 20% en apenas tres meses. Dicho de otra manera: no siempre hace falta que una acción caiga para que se vuelva más barata; también puede ocurrir que el precio se quede quieto mientras los beneficios esperados suben.Wall Street llega así a noviembre atrapada entre dos relatos que no pueden ganar simultáneamente para siempre. Uno sostiene que unos beneficios extraordinarios y la productividad asociada a la IA todavía justifican comprar las correcciones. El otro empieza a preguntarse cuánto tiempo puede seguir pagando el mercado múltiplos elevados cuando se ha acabado el tiempo del dinero barato.Por si faltaba algo, tenemos el petróleo por encima de 100 dólares. Si vuelve a subir con fuerza, aumenta la presión sobre la inflación, y si esta se mantiene elevada, la Fed tiene menos margen para bajar los tipos. Una pieza mueve a la siguiente.El rally necesita que los beneficios corran más que los tiposPero que los tipos sigan altos tampoco implica necesariamente que el rally tenga que terminar, y ahí está precisamente uno de los argumentos que utilizan los alcistas. KKR considera que la Fed está mostrando una confianza poco habitual en la fortaleza de la economía estadounidense, apoyada en el crecimiento, la inversión empresarial y las mejoras de productividad, hasta el punto de que la firma espera que el bono a diez años pueda terminar 2026 alrededor del 5,1%. Es decir, el mercado podría convivir con rentabilidades elevadas siempre que detrás haya una economía capaz de seguir generando beneficios y no simplemente otra oleada de inflación.Las últimas sesiones ofrecen una buena muestra de ese equilibrio. Después de la subida de tipos de la Fed, el S&P 500 cayó un 0,5%, pero apenas un día después rebotó más de un 1% cuando cedieron el petróleo y las rentabilidades de la deuda, con la tecnología recuperando alrededor de un 2%. Los inversores no parecen estar abandonando el mercado, sino aprovechando cualquier alivio para volver a comprar, aunque cada rebote depende cada vez más de que varias piezas encajen al mismo tiempo.Las próximas siete semanas van a servir, por tanto, para comprobar si Trump consigue llegar a noviembre con Wall Street cerca de máximos. El mercado tendrá que demostrar si puede seguir avanzando apoyado en unos beneficios que todavía sorprenden al alza, incluso mientras cambian las condiciones que hicieron posible buena parte del rally. FactSet calcula que el beneficio del S&P 500 crecerá un 28,7% en el tercer trimestre y 72 de las 114 compañías que han dado previsiones han superado las estimaciones de los analistas, muy por encima de la media de los últimos cinco años.
Apenas han pasado tres meses desde que Mercosur y la Unión Europea sellaron uno de los pactos más importantes entre ambas regiones. Un acuerdo histórico que cerró más de 25 años de negociaciones y abrió la puerta de un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del PIB global. El pacto eliminó el 91% de los aranceles a las exportaciones europeas y el 92% a las de Mercosur para algunos productos. Aunque no estuvo exento de polémicas, el 1 de mayo ambas regiones comenzaron a enviar sin restricciones sus principales mercancías. Para Europa, los más beneficiados serán el sector automovilístico, la maquinaria y el vino. Mientras que para Mercosur será la miel, el azúcar y, por supuesto, la carne. Este último, un producto esencial en una parte del mundo en la que se concentran cuatro de los diez exportadores más importantes del planeta: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.Para Argentina esto supondrá un espaldarazo más a una economía en la que el sector exportador se ha convertido en un aliado fundamental para el Gobierno de Javier Milei, que defiende su gestión a través de los resultados macroeconómicos; y donde el superávit comercial es uno de sus datos estrella. «Antes era una economía muy enfocada en el mercado interno, con todas las restricciones económicas posibles, lo que le llevó a un estancamiento total. Aunque está abriéndose, Argentina es todavía la economía más cerrada de la región, por lo que cualquier tipo de acuerdo y alineamiento en ese sentido encaja con esa apertura económica”, explica a 20minutos el economista argentino Fausto Sportorno, que reconoce que, aunque todavía es pronto para hacer un análisis exacto, sí se ha apreciado “una reacción rapidísima de las empresas argentinas”. “A China y Estados Unidos se exportan partes de la vaca que no interesan tanto en Europa, que come el lomo, una de las partes más magras, más ricas y, también, más caras. La carne es uno de los mercados con más potencial del mundo y su industria lo sabe”, añade Spotorno.Las negociaciones entre ambos bloques sufrieron también el rechazo de algunos sectores. El campo europeo puso desde el principio muchas reticencias, ya que ganaderos y agricultores afirmaban que la entrada de carne de Mercosur sin aranceles supondría un peligro sanitario y comercial. Por el contrario, la industria agropecuaria latinoamericana, y en especial la argentina, ha recibido con agrado dicho acuerdo, que lo ven como una oportunidad no solo para ellos, sino también para Europa.“Los ganaderos europeos reciben un soporte muy fuerte del Estado, a diferencia de lo que ocurre aquí, y si ves los tamaños de las producciones latinoamericanas y de las producciones europeas te das cuenta de que un productor en Europa con 20 vacas vive, en Argentina necesita por lo menos 200. El nivel de producción es muy distinto en cada uno de los casos, pero lo que no quieren los europeos es competir”, afirma Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).Schiariti defiende que la producción en Argentina cumple con todos los requisitos climáticos y sanitarios necesarios, incluido el balance de carbono que ha sido presentado a la Organización Mundial de la Salud. En el mismo sentido se expresa Carlos J. Colombo, presidente del Mercado de Cañuelas, el principal mercado concentrador de ganado vacuno de Argentina y uno de los más importantes de América del Sur, que reconoce que el acuerdo fomentará la bajada del precio de la carne y la competitividad que el ganadero de la UE está tratando de evitar. “Los aranceles influían en el precio de la carne, que se derramaba en los frigoríficos y el poder de compra del animal en pie, por lo que esto terminará influyendo para bien. Y para Argentina, como país exportador, que se levanten estas barreras es muy importante. Toda la cadena ya lo está notando y el comprador europeo tendrá carne de mejor calidad y más barata”.Para Argentina, como país exportador, que se levanten barreras es muy importante. Toda la cadena ya lo está notando y el comprador europeo tendrá carne de mejor calidad y más barataAun así, Colombo dice entender la reacción del campo europeo, ya que ocurrió algo parecido en Argentina con la importación del cerdo de Brasil. “Siempre está el miedo de que estas aperturas o estos arreglos opaquen el negocio del ganadero, pero creo que no es la idea y por eso se ha puesto el sistema de cuotas y reglas”, agrega, en referencias a las condiciones con las que finalmente se aprobó el acuerdo. La UE, para proteger los intereses de su campo y de posibles perjuicios por la importación de estos productos agrícolas, aprobó medidas de salvaguarda que permiten la suspensión temporal de las preferencias arancelarias si no se cumplen requisitos como: controlar que las importaciones no aumenten un 5% sobre la media de tres años y una cuota máxima con arancel cero. Es por ello que hay un tope de 99.000 toneladas anuales de carne que entrarán libres de aranceles. Además, otra de las condiciones impuestas por la UE es la de aumentar los controles fitosanitarios, una medida que ya se ha cobrado su primera víctima: la carne brasileña.El pasado 3 de septiembre la Unión Europea vetó la importación de carne o productos de origen animal procedentes de Brasil por la falta de garantías del cumplimiento de las normas europeas sobre el uso de antibióticos en el ganado. Esto ha supuesto un revés para Brasil, que ya prácticamente había agotado el cupo de exportaciones de carne sin aranceles que tiene con China, su principal comprador, y estaba compitiendo con el resto de países de Mercosur por entrar dentro de ese cupo máximo de carne sin gravamen con destino Europa.El sistema de cuotas, la gran disputa interna de MercosurDesde que el acuerdo comercial entró en vigencia, la distribución de las cuotas se convirtió en la piedra en el zapato de los países de Mercosur. Todos quieren que sea su producto el que entre con arancel cero, por lo que comenzaron unas negociaciones que, por el momento, no han dado frutos. Entre los países exportadores de carne de Mercosur hay posiciones enfrentadas. Por un lado, Paraguay quiere un reparto a partes iguales, es decir, 25% para cada país; por su parte, Brasil aboga por utilizar el peso comercial en la región de cada país; y por último, Argentina y Uruguay prefieren un sistema basado en el historial de exportaciones, por lo que quien tradicionalmente ha vendido más de un producto a Europa tenga una cuota mayor.Mientras se llega a un acuerdo, el sistema que se está utilizando es el de «primero llegado, primero servido». Esto quiere decir que, una vez aprobado el acuerdo, todos los empresarios se lanzaron a la venta de su producto lo antes posible. En Uruguay, por ejemplo, entre mayo y agosto, se produjo «un rédito neto superior a los 27 millones de dólares» de ahorro que antes se habrían destinado a aranceles, según informó el ministro de Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin. «No estamos hablando de poco dinero. Estamos hablando de resultados potentes de una realidad que apenas nace y que le está dando estos resultados a nuestro país», dijo el canciller en una primera valoración de lo que ha supuesto para su país el acuerdo.Para Miguel Schiariti, pese a lo positivo de este acuerdo, hay que tener en cuenta que dentro de la exportación de carne de Argentina, el mercado europeo no es el principal. “China es el que se lleva más del 60% de la carne que exportamos. Ese es el mercado de mayor volumen. También EEUU e Israel, que es un gran comprador de carne argentina”. De hecho, recientemente Estados Unidos ha aumentado la cuota de importaciones de carne procedente de América Latina, en especial de Brasil y Argentina, para evitar el aumento de precio que estaba sufriendo el país.“Si hay algo en lo que a Argentina le está yendo bien es en las exportaciones”, sentencia Fausto Spotorno. Aunque son los sectores petroleros y mineros los que más beneficio están dando, el economista afirma que este acuerdo con Mercosur traerá beneficios no solo a la industria cárnica, un sector que “ha pasado por momentos complicados en el pasado”, sino también al Gobierno, que podrá seguir mostrando en el exterior las cifras positivas de la balanza comercial.
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El goteo de reacciones de todo el ecosistema que rodea a los centros de datos al proyecto de real decreto con el que el Gobierno pretende regular su desarrollo en España no cesa. Después de que la patronal del sector desenterrase el hacha de guerra con la advertencia de una posible fuga de inversiones multimillonarias por los nuevos requisitos planteados por el Ejecutivo, el debate ha llegado también a las conferencias con inversores, especialmente preocupados por este escenario regulatorio. En pleno tira y afloja entre el sector y el Gobierno, y mientras Moncloa asegura estar en contacto con las empresas para negociar un real decreto «equilibrado», los inversores siguen de cerca una regulación que puede marcar el ritmo de un boom inversor que, según las previsiones de SpainDC, contempla hasta 66.900 millones de euros de inversión en centros de datos en España hasta el final de la década. La propia patronal ha advertido de que las nuevas exigencias podrían comprometer una parte significativa de esos proyectos.La inquietud por el nuevo marco regulatorio ya ha llegado a las conversaciones de las compañías con sus inversores. Así ocurrió en la última conferencia de resultados de Grenergy, en la que su consejero delegado, David Ruiz de Andrés, fue preguntado por el impacto que puede tener en España el proyecto de real decreto sobre centros de datos. «El exceso de regulación que está planteando ahora el Gobierno no es realmente bueno para el desarrollo de la industria de centros de datos en España», respondió el empresario, que añadió que esa es precisamente la impresión que le genera el último borrador presentado por el Ejecutivo.Con otros ojos veía días atrás el proyecto Rafael del Castillo, director de estrategia de TSK, durante otro encuentro con analistas. La compañía, que participa en proyectos energéticos vinculados a centros de datos, considera que el nuevo marco puede abrir oportunidades para su negocio, especialmente por las necesidades adicionales de generación eléctrica que pueden derivarse de los nuevos requisitos. «El real decreto sobre centros de datos, no somos desarrolladores, ni tampoco expertos, pero el proyecto que estamos analizando en España sobre centros de datos se beneficiará de esta regulación», explicaba Del Castillo. «Todos los proyectos de centros de datos en los que estamos involucrados actualmente son los que necesitan energía en España (…) Así que es bueno para nosotros, porque estas oportunidades que estamos analizando contarán con nuevas plantas de energía».Sus respuestas llegan después de que Amazon Web Services, la compañía con el mayor volumen de inversión anunciado en centros de datos en España, también fijase posición sobre el debate regulatorio y defendiese la necesidad de un marco que permita desarrollar el sector y valore a quienes ya han avanzado en sus proyectos. Mientras tanto, el movimiento empresarial no se limita a SpainDC. Otras organizaciones sectoriales han presentado alegaciones al proyecto, entre ellas Apecdata, que ha reclamado cambios para evitar que los nuevos requisitos tengan un impacto desproporcionado sobre los operadores locales. El Gobierno, por su parte, ha abierto la puerta a negociar algunos aspectos del texto para El debate ha terminado por escalar hasta La Moncloa con la entrada en escena de Pedro Sánchez, quien defendía este jueves en un artículo publicado en Bloomberg la necesidad de anticiparse a los efectos del crecimiento de los centros de datos y evitar que su demanda energética y de recursos termine generando costes excesivos: «La experiencia económica enseña una lección sencilla: que la regulación proactiva es más eficaz que la intervención reactiva. Y ciertamente es mucho mejor que la ausencia total de intervención».
La economía española creció menos de lo previsto el año pasado. Lo hizo un 2,6%, dos décimas menos de lo que había estimado hasta ahora el Instituto Nacional de Estadística, porque el consumo de los hogares empujó con menos fuerza. Con todo, el avance siguió siendo robusto, en un contexto internacional marcado por la guerra de aranceles desatada por Donald Trump, los efectos de la invasión rusa en Ucrania y la incertidumbre. El INE ha publicado este viernes la revisión del producto interior bruto (PIB) anual del periodo que va de 1995 a 2025. Esta actualización eleva dos décimas el crecimiento del ejercicio 2024, hasta el 3,7%, al tiempo que fija como definitiva la evolución del año 2023 y la sitúa en el 2,4%, una décima inferior a la que había calculado hasta la fecha. Con todos estos cambios, el PIB anual a precios corrientes alcanzó los 1,693 billones de euros en el último año, un 0,5% superior al nivel calculado inicialmente.El año pasado la demanda interna (consumo e inversión) aportó 3,4 puntos porcentuales al crecimiento económico y no 3,5, como se pensaba. Pese a que España superó los 22 millones de ocupados y la tasa de paro se situó en torno al 10% de la población activa, el encarecimiento del coste de la vida y sobre todo de la vivienda se hizo sentir en los presupuestos familiares.Así, el consumo de los hogares se revisa tres décimas a la baja, hasta el 3,1%; el de las administraciones públicas se mantiene en el 2,4% y destaca el comportamiento de la inversión, que se eleva dos décimas hasta el 6%. Por su parte, la demanda externa, que incluye las exportaciones y las importaciones, resta una décima más respecto al cálculo anterior (0,8 puntos frente a 0,7), ya que el incremento de las exportaciones se desaceleró un punto al 2,6% en medio de la incertidumbre global. En el caso de las importaciones, aumentaron un 5,5%, frente al 6,2 % estimado.Noticia en ampliación…
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Banco Santander prosigue con su estrategia de reducir costes para ser más eficiente y planea acometer un proceso de reestructuración de plantilla en dos sociedades tecnológicas, en las que trabajan alrededor de 13.000 personas a nivel mundial. Se trata de Santander Digital Services (SDS) y Santander Global Technologies and Operations (SGTO), que se fusionaron en julio, y Gravity, cuyo tamaño es más reducido. Fuentes sindicales trasladan a La Información Económica que la entidad se ha dirigido a los representantes de los trabajadores para iniciar las conversaciones. La entidad enmarca el proceso en la necesidad de eliminar duplicidades de puestos que ha generado la citada fusión, así como la finalización de algunos proyectos tecnológicos y que han derivado en que ahora haya sólo una plataforma tecnológica común para todos los mercados del banco y no varias, como ocurría antes. Ambas compañías prestan servicios a las filiales del Grupo Santander en todos los mercados en los que opera. Sin embargo, el banco ahora necesita menos proyectos y servicios tecnológicos, ya que el despliegue de Gravity, la plataforma tecnológica en la nube del Santander, acabará de implantarse en todos los países en los que el Grupo está presente a finales de este año una vez se materialice su despliegue en Brasil. En cualquier caso, todavía no se ha constituido la mesa negociadora ni se conoce el número aproximado de bajas que planean. Es el primer ERE que Banco Santander presenta desde la pandemia de Covid-19. En aquella ocasión se saldó con una reducción de la plantilla de unas 4.000 personas, alrededor del 13% de la plantilla de ese momento, así como el cierre de más de 900 sucursales y la recolocación de unos 1.000 empleados.En paralelo a esto, la entidad liderada por Ana Botín también está inmersa en un plan de prejubilaciones para mayores de 55 años, que no cuenta con una cifra concreta de salidas, sino que persigue crear un marco para acogerse de manera voluntaria. No obstante, hace unos meses se cifró en entre 2.000 y 3.000 personas las bajas. En la práctica esto da al banco poder para vetar ciertas salidas y los trabajadores no están obligados a acogerse a dicho plan. Las condiciones negociadas con los representantes de los trabajadores ofrecen hasta el 74% del sueldo para empleados de entre 55 y 57 años, siendo del 76% para mayores de 58 años. En este sentido, el banco asumirá el coste del convenio especial hasta los 63 años y seis meses, y brinda la posibilidad de ampliarlo hasta los 64 a través del prorrateo de la asignación económica. El objetivo pasa por facilitar el acceso a la jubilación con hasta el 95% de la pensión. Como parte de las condiciones, la entidad se ha comprometido a mantener el seguro de vida colectivo, las aportaciones al plan de pensiones hasta que la jubilación se haga efectiva y las condiciones del acuerdo sobre préstamos, que permite a los empleados acceder a financiación en condiciones más ventajosas en hipotecas y créditos personales. Cuando se cerraron los requisitos del acuerdo, que estará vigente hasta 2028, Comisiones Obreras estimó entre 800 y 1.000 salidas anuales. Dos meses después, la organización precisa que sigue habiendo más solicitudes para acogerse al plan de los que pueden irse.
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Revolut enfila su potencial salida a Bolsa. El consejero delegado de Revolut, Nik Storonsky, ha admitido que valora el salto al parqué de Nueva York y de Londres con la idea de cotizar de manera simultánea en ambos mercados, aunque ha dejado claro que su opción favorita es Wall Street. «Estamos planeando una doble cotización, en la Bolsa de Valores de Londres y en el Nasdaq», ha explicado Storonsky en una entrevista al diario francés Les Échos. El neobanco de origen británico adelanta parte de su hoja de ruta de cara a iniciar su desembarco en el mercado de valores tras un año condicionado por la expansión internacional. Los últimos meses han venido marcados por la aprobación de licencias bancarias en países como Reino Unido, México, Australia, Lituania, Francia o Colombia. Asimismo, ha recibido la aprobación condicional de su carta bancaria en Estados Unidos, una licencia de pagos en Emiratos Árabes Unidos y otra de operaciones en Perú. El último mercado en sumarse a la lista ha sido Suiza, país en el que planea invertir más de 150 millones de francos suizos (unos 159 millones de euros) durante los próximos cinco años. A pesar de su planes de cotización dual, Storonsky ha confirmado que su objetivo principal continúa siendo Estados Unidos, un mercado «más grande» que incluye «inversores institucionales, fondos de cobertura, gestores de fondos y un número considerable de inversores individuales». «Así que tenemos la opción de vender en un mercado pequeño con pocos compradores o en un mercado gigantesco con muchísimos compradores que competirán ferozmente por nuestras acciones. Por lo tanto, sí, preferimos Estados Unidos», ha especificado el CEO de Revolut.Un portavoz de Revolut ha verificado a Europa Press las intenciones de la compañía, aunque ha sostenido que «cabe puntualizar que (Storonsky) lo ha planteado como una opción que estamos evaluando y que, por supuesto, está sujeta a las condiciones del mercado».Acorde al último informe anual de Revolut, la ‘fintech’ obtuvo en 2025 unos beneficios antes de impuestos de 2.300 millones de dólares (1.993 millones de euros) y unos ingresos de 6.000 millones de dólares (5.199 millones de euros), un 46% más en el último caso. En el momento actual, la entidad cuenta con más de 80 millones de clientes y unos depósitos totales de 67.500 millones de dólares (58.489 millones de euros), aunque ha precisado que superará los 100 millones para mediados de 2027.Como mercado, España ocupa un papel prioritario para Revolut, en el que recientemente han superado los siete millones de clientes y esperan llegar a enero con más de ocho. El neobanco vive un momento de transición en España marcado por el nombramiento de Santiago Pérez Olano como director general hace unas semanas
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha salido en defensa del proyecto de real decreto que impone nuevas exigencias a los desarrolladores de centros de datos tras el aluvión de críticas que han suscitado en el sector las nuevas condiciones. En una tribuna publicada en Bloomberg, el jefe del Ejecutivo ha reivindicado la necesidad de regular la expansión de los centros de datos ante el creciente consumo de energía y agua asociado a estas instalaciones, que considera un activo estratégico para el desarrollo de la inteligencia artificial y la economía digital.Sánchez sostiene que el debate sobre el impacto «medioambiental, económico y social» de los centros de datos es necesario porque la economía digital depende de una infraestructura física que «ocupa suelo, consume energía, usa agua y requiere inversiones cada vez mayores». El presidente advierte de que la expansión del sector ya está generando tensiones en otros países. En Irlanda, los centros de datos representaron el 21% del consumo eléctrico en 2023 y podrían alcanzar el 32% este año, mientras que en Estados Unidos su participación en la demanda podría pasar del 4% en 2023 al 12% en 2028. «No es de extrañar, entonces, que esto sea una fuente de creciente preocupación política y pública», señala Sánchez, que cita una encuesta de Gallup según la cual el 71% de los estadounidenses se opone a la construcción de centros de datos en su comunidad.Sánchez también apunta a otros efectos locales asociados a estas instalaciones. Investigadores de la Universidad de Cambridge han identificado lo que denominan un «efecto isla de calor de los centros de datos», mientras que un estudio de investigadores de Yale y la Universidad de Chicago relaciona la construcción de nuevos centros de datos con un aumento de los precios de la vivienda en las zonas próximas. Ante este escenario, Sánchez plantea que la cuestión no es «si los centros de datos son necesarios -lo son-, sino cómo se desarrollan». El presidente también plantea dos preguntas: «¿Qué tipo de centros de datos necesitamos? ¿Y quién gobernará su expansión?»Sánchez defiende una regulación anticipada frente a una intervención posterior. «La experiencia económica enseña una lección sencilla: que la regulación proactiva es más eficaz que la intervención reactiva», afirma. Según el presidente, disponer de normas claras desde el principio permite separar «los proyectos responsables de los insostenibles», alinear los incentivos privados con los intereses públicos y proteger los recursos y las comunidades.España, según el presidente, todavía está lejos de afrontar una presión similar sobre su sistema eléctrico. Sin embargo, señala que la fortaleza de la economía española y su capacidad de generación renovable han generado «un enorme interés inversor» por la construcción de centros de datos, por lo que sus necesidades energéticas «están destinadas a superar las expectativas». Las estimaciones actuales sitúan en hasta 4 gigavatios la demanda de electricidad asociada a la capacidad informática para 2030, mientras que las solicitudes y permisos concedidos para este tipo de instalaciones «superan varias veces ese objetivo». Sánchez reconoce que muchos de esos proyectos probablemente no llegarán a materializarse, pero considera que «la rápida tendencia al alza es evidente». «Nos estamos acercando a un punto de inflexión y debemos actuar para adelantarnos», afirma.El presidente cita de nuevo la experiencia internacional. Irlanda endureció sus normas después de que los centros de datos se convirtieran en una fuente importante de presión sobre la red eléctrica, mientras que Nueva York ha aprobado una moratoria temporal y algunos proyectos han sufrido retrasos o cancelaciones ante el aumento de la oposición local. «La lección no podría ser más clara: no planificar y regular desde el principio acaba siendo más costoso y menos eficaz», sostiene Sánchez. El Gobierno español lanzó en agosto una consulta pública sobre un nuevo marco regulatorio para los centros de datos. La propuesta contempla estándares de eficiencia energética y de uso del agua y obligará a los centros de datos a comunicar indicadores clave de rendimiento para poder «evaluar y comparar su uso de los recursos y desalentar el despilfarro».El acceso a la red eléctrica es, según Sánchez, «un activo estratégico escaso» y no debería quedar bloqueado por proyectos que carezcan de «credibilidad, viabilidad o una contribución significativa a la economía y la sociedad». El marco también establece que cualquier aumento de la demanda eléctrica deberá ir acompañado de capacidad renovable adicional. Sánchez sostiene que una parte significativa del consumo de los centros de datos deberá estar respaldada por «proyectos de energía limpia de nueva construcción». La lógica, afirma, es tanto económica como medioambiental. «Los grandes nuevos consumidores de electricidad no deberían competir con la demanda existente ni impulsar una mayor dependencia de los combustibles fósiles; deberían ayudar a catalizar la inversión en la transición energética.»Sánchez también presenta los centros de datos como un activo estratégico para Europa. El marco propuesto combina garantías sobre «cómo se controlan los datos -y cómo se gestiona la infraestructura-» con incentivos destinados a ampliar el sector tecnológico europeo y reforzar la soberanía del continente. «Nuestro objetivo debe ser comerciar con bytes, no con vatios», afirma Sánchez. El presidente sostiene que España quiere «capturar plenamente las oportunidades» creadas por los centros de datos y la inteligencia artificial, pero añade que el reto consiste en garantizar que la infraestructura crezca de acuerdo con la capacidad del sistema eléctrico y que los recursos energéticos se destinen a proyectos útiles. «El objetivo no es ralentizar el crecimiento ni limitar la innovación», afirma Sánchez. «Todo lo contrario: se trata de garantizar que sigan siendo económicamente sostenibles y medioambiental y socialmente justos.» Según el presidente, los países que comprendan esta necesidad estarán mejor posicionados para liderar la próxima fase de la economía digital.