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España destruye 163.000 empleos en agosto y el paro sube en 44.000 personas

La Seguridad Social perdió 162.839 afiliados el pasado agosto, un mes en el que es habitual que se destruyan puestos de trabajo, mientras que el paro se incrementó en 44.000 personas, la mayor subida desde 2019. Así lo reflejan los datos que han publicado este miércoles los ministerios de Seguridad Social y Trabajo, respectivamente. Pese a la pérdida de cotizantes, la caída en la afiliación es la más reducida de los últimos cinco años. Habría que remontarse a agosto de 2021 -un mes todavía muy afectado por el rebote económico tras el confinamiento- para encontrar un dato más bajo. En concreto, se han destruido unos 30.000 puestos de trabajo menos que la media de los cuatro años anteriores.En este dato más benigno de lo habitual tiene mucho que ver la regularización masiva de migrantes que concluyó el pasado 30 de junio. Los datos que maneja el Gobierno reflejan que el proceso ha aflorado ya 337.917 cotizantes extranjeros, de los cuales muchos, previsiblemente, ya trabajaban aunque lo hacían fuera del radar protector de la Seguridad Social y no computaban en la estadística. El auge de las afiliaciones por la regularización ha elevado a 3.551.759 los cotizantes extranjeros, que ya suponen el 15,9% de los trabajadores del país. Así, España cerró agosto con 22.345.226 puestos de trabajo, casi 680.000 más que a estas alturas del año pasado y un nuevo máximo histórico para este mes. De hecho, el dato desestacionalizado refleja un incremento de 83.844 empleos, aunque también está inflado por el efecto de la regularización. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha celebrado un dato que ha calificado como «histórico». «Llevamos más de cinco años y medio sumando afiliados mes a mes en la serie desestacionalizada; nuestro mercado laboral goza de muy buena salud», ha expresado. En una línea similar se expresó el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien tachó el dato de «muy positivo», subrayando que el crecimiento interanual del empleo se ha acelerado gracias a la regularización y la «inercia positiva» de la economía. No obstante, analistas como Funcas -el centro de estudios de las antiguas cajas de ahorro- apuntan a que, descontando el efecto de la regularización, los datos de agosto muestran una ralentización en la creación de empleo. En el caso de los parados registrados en las oficinas del SEPE, la cifra asciende a 2.355.918 personas, un nuevo mínimo desde el año 2007. No obstante, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que la regularización ha incrementado el dato de desempleo de agosto por encima de lo habitual, dado que muchos migrantes se registran por primera vez como demandantes de empleo. «El paro en España se ha reducido en el último año en 70.593 personas, esto es un 2,9% menos, y tenemos 710.000 parados menos en el mercado laboral que en 2019», ha destacado la vicepresidenta.Educación, fijos discontinuos y despidos por vacacionesA diferencia de lo que pueda parecer a simple vista, el descenso del empleo en agosto no tiene nada que ver con el fin de la campaña turística de verano. De hecho, la hostelería es uno de los pocos sectores que incorpora trabajadores: el mes pasado la afiliación se incrementó en más de 7.000 ocupados en el sector. Este dato solo superan la sanidad y los servicios sociales, actividad que sumó 17.226 afiliados. En este caso, el incremento se debe a las contrataciones temporales que se hacen en sanidad para cubrir las vacaciones del personal, dado que es un sector que no puede permitirse parar en verano. En cambio, la mayoría de los sectores de actividad pierden afiliación en agosto, fundamentalmente por el parón en la actividad económica que se produce este mes en particular. Casi la mitad del descenso en el empleo se explica por el sector educativo, donde la afiliación se redujo en 78.272 cotizantes. Los empleos que se pierden son contratos temporales que finalizan al caer la actividad en agosto y trabajadores fijos discontinuos que pasan a la inactividad, pero que después volverán a activarse cuando comience el curso escolar.El descenso en el empleo es notable también en otros sectores, como las actividades administrativas y servicios auxiliares (-18.083), en las actividades profesionales, científicas y técnicas (16.924), en la industria manufacturera (16.417), en actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento (-15.238), construcción (-12.653) o en el comercio (-10.180). 

Cirsa se alía con Lottomatica para crear un gigante mundial del juego: de la venta a Blackstone a su salida a Bolsa

La multinacional de juego y casinos, Cirsa, ha dado un vuelco en su estrategia tras anunciar un acuerdo con la italiana Lottomatica para gestar la segunda mayor compañía del sector a nivel mundial. El grupo catalán controlado por Blackstone será absorbido por la firma transalpina y dejará de cotizar en la Bolsa de Madrid, a la que regresará una vez se haya materializado la integración, prevista para el segundo trimestre de 2027. El grupo fundado en 1978 en Terrasa (Barcelona) pondrá fin tal y como se le conoce a su corta andadura bursátil, que arrancó el verano pasado con su estreno en el mercado continuo. Debutó a un precio de 15 euros por acción, nivel que no ha recuperado hasta este miércoles después de dispararse más de un 18% por el anuncio de este acuerdo. En el día previo cerró en 13,64 euros por título. Desde el toque de campana el 9 de julio de 2025 hasta ayer contabilizaba una caída del 9%. Los términos acordados para esta unión recogen que los accionistas de Lottomatica tendrán el control con un 67,5% del capital, mientras que el 32,5% estará en manos de los accionistas de Cirsa, de los cuales el citado fondo estadounidense poseerá cerca del 24%. Reduce así su participación desde el 74,23% que ostenta en el momento actual, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El conocido como uno de los grandes ‘caseros’ de España se hizo con el 100% de la compañía en 2018 tras cerrar un acuerdo con su fundador, Manuel Lao, cuyo importe nunca fue revelado. Cirsa opera en trece mercados, ubicados principalmente en Europa y América Latina. Además de España, entre sus mercados figuran Italia, Marruecos, México, República Dominicana o Puerto Rico. No obstante, el grueso del negocio está en España, que representa alrededor del 40% de su actividad con seis casinos, 40 bingos y 237 salones de juego. Cirsa ha pasado de posición compradora a ser comprada en cuestión de meses. El pasado julio cerró la adquisición de una participación mayoritaria en Sociedade Figueira Praia, propietaria y operadora de Casino Figueira en Portugal, un icono de los casinos en la Península Ibérica. Las cuentas correspondientes al segundo trimestre arrojan un beneficio operativo de 202 millones, superando por primera vez la barrera de los 200 millones. Destaca la división de juego ‘online’ y apuestas deportivas, que experimentó un crecimiento de los ingresos del 14,9% en comparativa interanual, registrando un récord histórico de usuarios activos y captación al calor de la Copa del Mundial de Fútbol. Desde el lado de Lottomatica, este movimiento para ampliar su presencia geográfica supone un cambio de estrategia, ya que con anterioridad había priorizado las compras complementarias dentro de Italia. La operación también podría ayudar a estas empresas a hacer frente a los retos planteados por las plataformas dedicadas a la predicción, que dejan apostar por todo tipo de acontecimientos, desde elecciones hasta ganadores de premios, y que están empezando a ganar terreno a las apuestas deportivas.Los analistas de Banca Akros ven este movimmiento con buenos ojos, sobre todo, para Cirsa, que abre la puerta a un potencial desarrollo para Cirsa. Los accionistas recibirán 0,668 títulos de nueva emisión de Lottomatica por cada título, lo que implica una prima del 21% con respecto al cierre del martes, hasta los 16,55 euros, ya que la integración se acometerá a través de un canje de acciones. La empresa resultante contará con un resultado bruto de explotación ajustado (Ebitda ajustado) de aproximadamente 2.000 millones. Lottomatica corrige más de un 10% en la Bolsa de Milán. 

La guerra en Oriente Próximo y el giro de la Fed empujan la rentabilidad de la deuda mundial a máximos desde 2008

La rentabilidad de la deuda se convierte en un nuevo foco de tensión para los mercados en el inicio de septiembre. El Bloomberg Global Government Bond Index, que mide el rendimiento de los bonos soberanos de todo el mundo, ha escalado hasta el 3,72%, su nivel más elevado desde mediados de 2008. El recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo, con un nuevo ataque por parte de Estados Unidos y el tono más restrictivo de la Reserva Federal en Jackson Hole, en el que su presidente, Kevin Warsh, abrió la puerta a retomar las subidas de los tipos de interés, impulsa al alza dicho rendimiento, con la consecuente caída de su precio. En estas últimas dos semanas, el bono americano a 30 años ha repuntado hasta el 5,31%, un nivel inédito desde 2007, mientras que el rendimiento del bono a diez años ya se mueve en el 4,8%, máximos desde enero de 2025 años. En la misma línea, al otro lado del Atlántico, el ‘bund’ alemán, la referencia en el Viejo Continente, alcanza el 3,34%, máximos desde 2011, mientras que en el caso español se dispara al 3,8%, su cota más alta desde finales de 2023. «La intervención militar se une a las sanciones económicas anunciadas por EEUU y eleva la tensión en Oriente Próximo. Como consecuencia inmediata, el petróleo repuntó situándose por encima de la barrera psicológica de los 90 dólares el barril. Un petróleo más elevado implica inflaciones superiores, lo que añade más presión a los bonos y penaliza las valoraciones de las bolsas», precisan los analistas de Bankinter. La cotización del petróleo se ha disparado por la tarde del martes ante la mayor preocupación porque el conflicto se extienda más de lo previsto. El Brent, la referencia en Europa, ha cerrado este martes con una subida del 4,6%, hasta los 94,65 dólares el barril, máximos desde el pasado mayo. En la misma línea, el West Texas Intermediate (WTI) supera de nuevo los 90 dólares tras rebotar un 5,7% ante un nuevo ataque de EEUU a Irán, el segundo en 48 horas. La situación en el mercado de deuda se ha dado la vuelta a partir del pasado viernes con el discurso de Warsh, en el que enfatizó en la necesidad de priorizar el control sobre la inflación. Tras esto, la probabilidad de un alza de tipos en septiembre ha aumentado hasta el 60%, sin descartar que el aumento desde el rango objetivo del 3,5-3,75% se produjera en el encuentro de septiembre. «Creemos que ha dejado pocas dudas de que los datos de inflación del índice de precios del consumo (IPC) de agosto, que se publicarán en apenas unos días antes de la reunión de la Fed de septiembre, serán cruciales», señala Richard Clarida, asesor económico de PIMCO y exvicepresidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Esta situación se da con un volumen de deuda pública en máximos históricos en Estados Unidos, después de que haya rebasado los 40 billones de dólares. Como receta, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha defendido el crecimiento y la desregulación como única vía para reducir los volúmenes de deuda, y señala como principales obstáculos las cargas regulatorias excesivas, los sistemas fiscales mal diseñados y la insuficiente inversión pública y privada. En Japón, el interés de la deuda ha sobrepasado el 3%, máximos de tres décadas, impulsado también por las expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) acelere con una subida de los tipos de interés. Concretamente, la cifra más elevada desde 1996. La intervención conjunta entre Japón y Estados Unidos para frenar la depreciación del yen en el mercado de divisas en julio ha tenido una intervención limitada, ante lo que algunos analistas defienden que el banco central nipón podría dar un paso al frente. Este martes se ha conocido además la tasa de inflación en la Eurozona, que ha repuntado hasta el 3,3% por los precios energéticos y da vía libre para que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés en la cita de la próxima semana, tal y como espera el mercado. Entre los argumentos para ese movimiento en el precio del dinero figuran los precios energéticos, que han subido cuatro puntos por encima del 10,3% registrado en julio. «El repunte de la tasa de inflación general justifica una subida de tipos en septiembre. Sin embargo, la persistente moderación de la tasa subyacente debería dar lugar a un debate interesante sobre un repunte posterior», apunta el analista de ING Bert Colijn.

El Gobierno aprueba bonificaciones permanentes en Sociedades e IRPF para Ceuta y Melilla en un paquete de 309 millones

El Gobierno ha movilizado un paquete económico de 309 millones de euros de apoyo y dinamización para Ceuta, cuando se cumple un mes desde que estalló la crisis migratoria y humanitaria en la ciudad autónoma. El Real Decreto-ley de medidas urgentes incluye un refuerzo de los servicios esenciales, de la seguridad, de la financiación asociada a los menores acogidos y medidas de apoyo a las empresas y a los trabajadores. Entre ellas destaca un paquete fiscal con bonificaciones permanentes en el impuesto sobre Sociedades y en el IRPF que se extenderá a la ciudad autónoma de Melilla.  El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el plan pretende atender a las peticiones de los agentes sociales y de la ciudad autónoma en el último mes. «El objetivo principal es dar confianza y tranquilidad tanto a empresas como a trabajadores (…) Es el principio que explica este plan de choque», ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El plan de apoyo a Ceuta cuenta con cuatro ejes. En primer lugar, contempla un refuerzo de los servicios esenciales (Sanidad, Educación o tratamiento del agua, entre otros) por valor de 21 millones de euros; incorpora, además, un refuerzo de la seguridad por más de 90 millones de euros destinado a Defensa, Policía y Guardia Civil. El Ejecutivo incrementa también la dotación para la acogida de menores y la atención humanitaria en 118 millones; y, finalmente, anuncia 80 millones de euros en apoyo a las empresas y a los trabajadores. Las ayudas directas podrán solicitarse desde el día 14 El también ministro de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que esos 80 millones «superan con creces la estimación de pérdidas que había hecho la Cámara de Comercio», que rondaban los 30 millones en el conjunto del mes, y equivalen al 4% del PIB de la ciudad autónoma. Entre las medidas de respaldo al tejido productivo se incluyen 36,6 millones en ayudas directas que gestionará la Agencia Tributaria (AEAT) y que se articularán de forma parecida a como se hizo en Valencia con la Dana. Estas incluyen ayudas de 5.000 euros por cada autónomo y de entre 10.000 y 150.000 euros por empresa, en función del volumen de facturación que podrán solicitarse a partir del lunes 14 de septiembre, en la propia web de la Agencia Tributaria, con el objetivo de iniciar los pagos a principios de octubre. Cuerpo prevé que esta actuación beneficie a 2.600 autónomos y 1.400 empresas. Moncloa anuncia, además, 14 millones en ayudas directas para contribuir a recuperar la actividad económica y empresarial de Ceuta y reforzar la confianza de consumidores, visitantes y empresas en modo de bonos de consumo y al turismo, descuentos al transporte de no residentes o de campañas específicas… Dos de las medidas ‘estrella’ del paquete son fiscales y tienen carácter permanente. Se trata de la bonificación del Impuesto de Sociedades, que pasará del 50% al 60% para entidades residentes en ambas ciudades autónomas y para las que mantienen actividad y los puestos de trabajo en la ciudad. A esta se suma una mejora en la tributación del IRPF para los autónomos que supone la ampliación de la deducción de gastos de difícil justificación en el IRPF. Las dos, que están cuantificadas en unos 12 millones de euros, se extienden a Melilla. Avales del ICO y bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad SocialA todas las actuaciones anteriores se suman un millón de euros para el Plan Ceuta Exporta, que ICEX pondrá en marcha, así como otro millón de euros para una campaña específica de promoción internacional de Ceuta como destino turístico. Carlos Cuerpo ha incidido en que el paquete suma una línea de avales del ICO por hasta 50 millones; así como exenciones en cuotas a la Seguridad Social para las empresas que hayan visto interrumpida o limitada su actividad y se vean obligadas a recurrir a un ERTE.En el ámbito laboral se aprueban también una prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, una bonificación permanente en la cuota empresarial a la Seguridad Social del 50% actual al 75% (se cuantifica en 12,2 millones para cuatro meses) destinada a los trabajadores con contrato indefinido en Ceuta y Melilla y vinculada a que desarrollen actividades formativas. Por último, habrá ayudas de 650.000 euros para la formación de trabajadores a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La inflación de la Eurozona se dispara al 3,3% por la energía y da vía libre a un alza de tipos del BCE en septiembre

La inflación se disparó en la Eurozona al 3,3% en agosto, el nivel más alto desde que se inició la guerra en Irán. El coste de la vida sube muy por encima del 2% que el Banco Central Europeo (BCE) tiene marcado como objetivo a medio plazo, lo que empobrece a las familias y resta competitividad a las empresas. El dato avanzado, que ha dado a conocer este martes Eurostat, allana el camino para que la entidad anuncie una nueva subida de los tipos de interés en septiembre, la segunda en lo que va de año.La guerra en Irán se prolonga ya por más de medio año, la tensión entre Estados Unidos e Irán no afloja y la cotización del petróleo ha vuelto a escalar en los mercados internacionales. El barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, se encarece cerca del 41% en lo que va de año. En este contexto, los precios energéticos subieron un 14,3% interanual en agosto, frente al 10,3% al que se habían incrementado un mes antes. La inflación de servicios aumentó un 3%, tres décimas menos que en julio. Esta tasa preocupa especialmente al BCE porque indica si la inflación se está estancando y puede generar efectos de segunda ronda, la temida espiral inflacionista. Esto es, cuando la inflación se eleva, lo hacen también los salarios, la demanda aumenta ante la expectativa de que los precios sigan subiendo y todo vaya a estar mucho más caro en un futuro y esto genera una nueva subida de los precios de bienes y servicios. Es un escenario que los bancos centrales temen porque en él es muy complicado controlar el alza de los precios sin dañar la economía -una subida demasiado brusca o fuerte de los tipos puede lastrar la inversión y el consumo al encarecer demasiado la financiación-. La tasa subyacente, el otro termómetro que indica si el alza de precios es temporal o se está enquistando, se moderó una décima hasta el 2,1%.El precio de los alimentos frescos sube másLos datos que ha publicado la oficina de estadísticas europea reflejan que  los bienes industriales no energéticos se encarecieron un 1,2%, tres décimas más que en julio; y la subida en los alimentos, el alcohol y el tabaco se mantuvo estable en el 1,2%. Sin embargo, los alimentos frescos subieron un 2,7%, más que en julio. Este es otro tema que preocupa a los organismos internacionales. Los efectos del rally del petróleo y de la escasez de fertilizantes por el bloqueo del Estrecho de Ormuz pueden empezar a reflejarse en unos meses en los lineales de los supermercados. Por países, las mayores subidas de precios se registraron en Lituania (5,8%) y en Bulgaria (5,1%), mientras que en Estonia el alza fue del 1,3%, la más baja. En España, la inflación armonizada, dato que Eurostat toma como referencia para poder hacer comparaciones entre los distintos países, se disparó al 4,5%, por encima de la media. Esto resta competitividad a la economía nacional frente a sus principales socios, que son precisamente las grandes economías del área del euro. «Los precios de la energía podrían volver a subir, las sequías están afectando a las cadenas de suministro y la economía sigue funcionando razonablemente bien, lo que facilita que se repercutan en costes más elevados», advierten los analistas de ING. En la entidad recuerdan que los indicadores de crecimiento salarial han empezado a repuntar por lo que, si bien la situación actual es favorable, «cabe esperar que la inflación subyacente siga aumentando en los próximos meses».

Los trabajadores de Airbus deciden mantener la huelga indefinida con un 81% de votos a favor

Los trabajadores de Airbus han decidido por una mayoría muy holgada continuar con la huelga indefinida que empezaron el pasado 25 de agosto para exigir mejores condiciones laborales. La plantilla estaba convocada este lunes a una votación para decidir si suspendían temporalmente las movilizaciones para seguir negociando con la empresa, una propuesta que ha sido rechazada por un 81,2% de los votos y que solo ha tenido el respaldo del 16,4% de los empleados (el 2,4% restante se ha abstenido). Airbus cuenta en España con unos 14.000 trabajadores repartidos entre las plantas de Getafe —9.000 empleados—, Illescas (Toledo), Albacete, Cádiz y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo. Las plantas de Albacete y Cádiz no han votado este lunes, pero han afirmado que se adherirán al resultado de la mayoría, por lo que tampoco pausarán las movilizaciones. Solo los empleados de Illescas votaron a favor de pausar la movilización. Los sindicatos y la empresa se volverán a reunir el próximo martes en una nueva sesión de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), aunque la empresa ha condicionado la continuidad de las negociaciones a una suspensión temporal de la movilización. Las organizaciones sindicales han señalado que acudirán mañana a esta nueva reunión en el SIMA y «veremos si la empresa cumple o no con sus amenazas».Durante la reunión del pasado jueves, la dirección de Airbus España rechazó la propuesta de subidas salariales que presentaron los sindicatos convocantes de la huelga, aunque introdujo algunas mejoras a su planteamiento inicial.En un comunicado interno remitido posteriormente a la plantilla, Airbus defendió el pasado viernes su última propuesta presentada a la representación social que prevé la vinculación del salario al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo perdido del 7,6% en un periodo de 5 años hasta 2030.Asimismo, Airbus se compromete a un incremento del 0,5 % para la revisión salarial anual (RSI) y del 0,5 % para las promociones y compensar el denominado «efecto abril» con un pago excepcional de 2.000 euros en enero de 2027.En su misiva, la empresa asegura que su objetivo es encontrar «un acuerdo común que sea bueno para todos, para los empleados y para Airbus en España» y que lo quiere encontrar «a través del diálogo y una negociación que se lleve a cabo en un entorno tranquilo y respetuoso».A su juicio, su última oferta presentada a los mediadores establece «una base sólida para un acuerdo duradero» que corresponde a los puntos que fueron puestos sobre la mesa por los interlocutores sociales y los trabajadores, tanto en el aspecto económico como en el no económico.Sin embargo, advierte de que la continuación de la huelga está creando «una situación crítica tanto para nuestro negocio como para nuestros clientes», de algunos de los cuales ha recibido «claros mensajes de preocupación», así como de diferentes partes interesadas que necesitan continuidad de negocio y fiabilidad. Por ello, Airbus ha condicionado la finalización de su oferta a la desconvocatoria o suspensión de la huelga.El resto de sindicatos de Airbus España, que no han convocado la huelga —CCOO, SIPA y ATP— indicaron tras la reunión del pasado jueves que iban a analizar la propuesta de la compañía de cara a la nueva reunión, aunque de forma interna.

Mañana entra en vigor el nuevo sistema de notificaciones del INSS para las incapacidades temporales o permanentes

Este martes, 1 de septiembre, la Seguridad Social introduce un cambio en las notificaciones para todas aquellas personas que hayan solicitado una incapacidad temporal o permanente. A partir de entonces, las cartas desaparecerán con el fin de dar paso a la vía electrónica para comunicar resoluciones o requerimientos. La modificación hace parte del esfuerzo de la Administración Pública para introducir herramientas de digitalización que puedan simplificar procesos burocráticos. Las notificaciones electrónicas se contemplan en la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, que modifica la anterior Orden ISM/903/2020 relativa a las notificaciones y comunicaciones electrónicas de la Seguridad Social. La propia normativa se justifica en que los solicitantes de incapacidad, «por estar incorporados al mundo laboral o profesional (…), cuentan con conocimientos y medios suficientes para recibir las comunicaciones y notificaciones por estos medios». Cabe aclarar que la Administración no se olvida de quienes pueden presentar dificultades con el avance de la digitalización, como lo son, por ejemplo, las personas mayores o de zonas muy alejadas de los núcleos urbanos. De esta manera, «se introducen ciertas salvaguardas para garantizar que las actuaciones administrativas llegan a la persona destinataria». Cómo funcionan las nuevas notificaciones del INSSLa Seguridad Social podrá utilizar los datos de contacto disponibles para enviar un aviso al interesado cuando tenga una comunicación pendiente. Ese aviso puede llegar mediante SMS o correo electrónico. Pero ojo ahí: este mensaje sirve para informar de que existe una comunicación que debe consultarse; el documento con efectos legales estará disponible a través de los canales habilitados por la Administración, como lo es la sede electrónica de la Seguridad Social. Cabe recordar que, para que las notificaciones se lean a tiempo, se ha implementado un sistema de alertas para verificar el correo electrónico personal o el número de teléfono en las bases de datos de la entidad. En los casos en los que no se haya realizado esa gestión, las personas podrán ser atendidas presencialmente en una oficina. Para poder acceder a las comunicaciones, será necesario identificarse mediante alguno de los sistemas disponibles. Entre ellos se encuentran Cl@ve, el certificado digital y el DNI electrónico.Plazos para revisar las notificaciones La Administración Pública comunicará tanto la denegación, la prórroga o el reconocimiento de las prestaciones por incapacidad temporal o permanente; pero también las solicitudes de documentos. A partir de ahí, los solicitantes disponen de 10 días naturales para leer dichas notificaciones. 

Yolanda Díaz encara su último año de legislatura con el registro horario, el SMI y el despido pendientes y la cabeza en la OIT

Yolanda Díaz afronta los últimos compases de la legislatura como vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo. Tras casi siete años encargada de la política laboral del Ejecutivo, Díaz, abogada laboralista de profesión, apura sus últimos meses en el Consejo de Ministros con la vista puesta ya en su candidatura a presidir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).La votación se celebrará en noviembre y en caso de resultar elegida tomaría posesión en octubre del año próximo. Pero antes deberá dejar zanjados varios expedientes que se acumulan en los despachos del ministerio, la Moncloa y el Congreso de los Diputados. La legislatura expirará, como tarde, el 22 de julio del año próximo y el Ministerio de Trabajo tiene todavía sobre la mesa varias carpetas. La reforma del registro horario, del despido, el estatuto del becario, la ampliación del permiso por fallecimiento o una nueva subida del salario mínimo -con cambio incluido en las reglas de compensación y absorción de los complementos retributivos- aparecen entre las más destacadas. El nuevo registro horario está, probablemente, en el primer lugar de la lista en el orden de prioridades. Tras el pinchazo de la ley de reducción de jornada a finales del año pasado, el Ministerio de Trabajo decidió impulsar una norma separada para endurecer el registro horario. La idea es acabar con las anotaciones de jornada en papel y que el registro sea totalmente digital y accesible en tiempo real por la Inspección de Trabajo. De esta forma, el ministerio confía en reducir las horas extra fraudulentas y provocar así una reducción de jornada de facto. Sin embargo, la norma no ha llegado a tramitarse todavía pese a que se empezó a impulsar por separado hace ya casi un año. La oposición frontal de la patronal y las dudas del Ministerio de Economía, con quien el equipo de Díaz ha vuelto a chocar, han frenado la medida. Hecho que ha disgustado a los sindicatos, que han amenazado con levantarse de todas las mesas de negociación si el texto no va a Consejo de Ministros este mes. Antes del parón político estival, Trabajo y Economía acordaron dejar este expediente para la vuelta de vacaciones, para terminar de pulir los detalles, especialmente después del duro revés que recibió el texto tras pasar por el Consejo de Estado. El órgano consultivo emitió un dictamen en el que cuestionó la falta de adaptación sectorial de la medida, su impacto en las pymes y el recurso a una norma sin rango de ley. Esto último, pensado deliberadamente para esquivar la situación de bloqueo en el Congreso.La reforma del salario mínimoUna vez solventada la cuestión del control de jornada, el Ejecutivo tendrá que empezar a pensar en el salario mínimo interprofesional (SMI). Las conversaciones para perfilar una nueva subida de cara al año próximo arrancarán en otoño, con el telón de fondo de un nuevo repunte inflacionario impulsado por la guerra en Irán. Más allá de la cifra que se decida, este año el protagonismo volverá a estar en la cuestión de la compensación y absorción de los complementos retributivos y en si el SMI seguirá sin tributar. Trabajo tiene otra norma ya elaborada con la que pretende que no se puedan compensar ni absorber determinados complementos cuando el salario mínimo sube. Esta práctica es habitual en muchas empresas con empleados con una nómina cercana, pero superior al SMI. Cuando la subida del salario mínimo eleva el sueldo base, el empleador les descuenta ese incremento de los complementos, de tal forma que su salario total no se ve afectado por la mejoría del SMI. El Ministerio de Trabajo pactó con los sindicatos acabar con este mecanismo para que las subidas del SMI empujen el resto de sueldos, pero la patronal rechaza frontalmente la idea y amenaza con recurrir el texto a los tribunales si finalmente se aprueba.Ampliación de los permisos de fallecimientoOtro de los frentes abiertos que tiene el Ministerio de Trabajo es la ampliación del permiso remunerado por fallecimiento hasta los diez días, así como la creación de un nuevo permiso por cuidados paliativos y eutanasia. Trabajo llegó a un acuerdo con los sindicatos -de nuevo, con el rechazo de la patronal- para impulsar esta medida en diciembre del año pasado y Yolanda Díaz trasladó su intención de tramitarla como real decreto ley para testar la voluntad del Congreso. Sin embargo, el texto todavía no ha llegado a audiencia previa y no hay novedades desde hace meses. Más allá de la cuestión de los permisos, el ministerio se ha comprometido también a abordar una reforma del sistema de despido español para elevar las indemnizaciones, en particular en el despido improcedente, y también reforzar la causalidad en los supuestos de extinción del contrato. Actualmente, la cuestión se está negociando en una mesa de diálogo social en la que la patronal amagó con levantarse de la mesa, pero finalmente permaneció.Y la recta final de la legislatura será clave también para esclarecer si sale a la luz el estatuto del becario, una norma que Trabajo acordó en diálogo social con los sindicatos durante la legislatura anterior. Tras diferentes vaivenes, el texto llegó al Congreso, donde lleva aparcado en un cajón desde marzo de este año. 

Moncloa y Roma entran en la batalla por el control de Deoleo

El proceso de venta de Deoleo, el fabricante de Carbonell, Hojiblanca o Koipe, se está convirtiendo en una pugna abierta por el liderazgo del sector del aceite de oliva. La pelota está ahora en el tejado de la italiana Coricelli que, a través de su holding con sede en Sevilla Farmers Elite, ha presentado una oferta de 500 millones por la compañía. Como alternativa permanece el gigante cooperativo DCOOP, que facturó el año pasado 1.421 millones de euros, y ofrece por la cotizada 470 millones. Hay un tercer pretendiente, Acesur (La Española y Coosur) que pagaría hasta 460 millones. Tanto el Gobierno español como el italiano se han pronunciado sobre una operación que afecta a un sector estratégico… y han mostrado sus cartas. Fuentes del Ministerio de Agricultura han confirmado a La Información Económica su preferencia de cara a que «el posible adquiriente (de Deoleo) fuera una entidad española, en el marco del cuadro legal vigente y el cumplimiento de las condiciones de mercado», como ha avanzado este jueves la agencia EFE. En el departamento de Luis Planas recuerdan que la operación afectará al sector agroalimentario español, como primer productor de aceite de oliva del mundo.  Las fuentes de Agricultura han abundado en que estarían a favor de «una opción que preserve nuestros intereses industriales», al mismo tiempo que han añadido que «deberían respetarse estrictamente los intereses de nuestros olivicultores».Hace unos días, fuentes de Moncloa aseguraban a este medio que «el Ejecutivo no entra en operaciones empresariales concretas» y comentaban que eran las empresas las que debían tomar sus decisiones, así como le correspondía a Competencia analizar cualquier movimiento. Sí deslizaban una idea: «El sector agroalimentario y el aceite de oliva son sectores estratégicos para España», concluían. «Nosotros no nos vamos a deslocalizar» Fuentes de DCOOP consultadas se felicitan de la toma de posición del Ministerio de Agricultura y sostienen que «sería malo para el sector oleícola que otro operador terminara en manos no españolas». Van más allá y se preguntan si un debate de este tipo se produciría en un país como Francia.  «Nosotros no nos vamos a deslocalizar», argumentan los mismos interlocutores, y advierten del riesgo de que prevalezcan «los intereses de un país competidor». Estas fuentes razonan que sería «bueno para el sector que una compañía como Deoleo quedara en manos de los agricultores». Además, insisten en que su camino es apostar por la calidad y la trazabilidad, así como por la lucha contra el fraude. Algo que aseguran compartir con los actuales gestores de Deoleo. Roma comienza a moverse Medios italianos como ‘Italia Oggi’ también han destacado que ejecutivo de Meloni también sigue con interés el proceso de venta de Deoleo, aunque sin pronunciamientos explícitos. Lo que sí asegura este periódico es que hay movimientos entre bambalinas. En llamadas con el sector, el ministro de Agricultura italiano, Francesco Lollobrigida, habría hecho un llamamiento para no dividir la candidatura italiana. Lo que, siempre según este relato, habría impulsado a Coricelli frente a otras opciones planteadas, como una hipotética alianza entre DCOOP y el grupo agroalimentario italiano Bonifache Ferraresi (BF) a través de Carapelli y Bertolli.Movimientos y tanteos Cada aspirante a hacerse con Deoleo juega sus bazas. En un contexto de movimientos y de posible desgajamiento de algún activo de Deoleo para evitar eventuales problemas con Competencia, CincoDías apuntaba que el gigante cooperativo español DCOOP estaría pensando en vender el 50% de la compañía propietaria de Pompeian a sus socios marroquíes, la familia Devico. Se trata de una de las marcas de aceite con mayor penetración en Estados Unidos. Preguntados por este extremo, fuentes de Dcoop se han limitado a asegurar que en su estrategia tienen «contemplados todos los posibles problemas que pudieran surgir y las soluciones… los posibles escenarios». Sin embargo, apuntan que no sería el único pretendiente (Coricelli y Acesur) que pudiera enfrentarse con las autoridades de Competencia en mercados como España o Estados Unidos. Tampoco se han pronunciado sobre una hipotética contraoferta frente a Coricelli. 

Crisis del pequeño comercio: «En 10 años habrán desaparecido la mitad de las tiendas por falta de relevo generacional»

Es una de las calles comerciales de referencia en la ciudad. Son las 8:30 de la mañana de un martes y los empleados llegan con cuentagotas a su puesto de trabajo. La tienda es una franquicia de regalos. Su espacio lo ocupaba antes una mercería «de las de toda la vida». La regentaba Helena, que se jubiló hace medio año. Tiene dos hijos, Alba y Sergio, pero ninguno de los dos quiso heredar el negocio familiar. A unos 300 kilómetros al Noreste se repite la misma operación casi a la vez: calle céntrica y dos empleados llegan al local de una gran cadena que antes fue una librería, la de Carlos. Tuvo que cerrar hace unos meses porque el alquiler era inasumible y las cuentas ya no salían. Una hora después y poco más al Sur, en una ciudad más pequeña, la persiana metálica de una ferretería de barrio sigue echada. Lleva así desde enero.El comercio cuenta hoy con 9.201 autónomos menos que hace un año. La cifra podría pasar desapercibida de no ser porque el conjunto del trabajo por cuenta propia ha sumado 60.000 cotizantes en ese mismo periodo, según las cifras que maneja UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. No es un buen momento para las tiendas de toda la vida, aunque ninguna crisis lo fue… y han pasado por muchas, de la financiera a la pandemia. Son uno de los primeros eslabones de la cadena en percibir que algo no marcha en la economía. La cara visible de la «confianza del consumidor», uno de los principales indicadores que los expertos toman para medir el pulso de la actividad. En un momento en el que la inflación sube un 4,3%, al mayor ritmo en tres años por el encarecimiento de los combustibles, y cuando gastos como la factura de la luz o el alquiler obligan a ajustarse el cinturón, el principal problema que afronta el comercio de proximidad es, sin embargo, estructural y no una consecuencia directa de la guerra en Oriente Próximo: la falta de relevo generacional. «En los próximos 10 años, incluso antes, la mitad de los comercios que hoy existen habrán desaparecido por este motivo», explica a La Información Económica Carlos Moreno-Figueroa, quien fue vicepresidente de la Confederación Española del Comercio (CEC) durante años.»A la gente le está costando mucho encontrar personal para trabajar en el comercio por los horarios y el tema de la atención al público (…) La gente joven no quiere dedicarse a ello», añade. Desde UPTA advierten de que esas vacantes sin cubrir generarán un problema económico a medio plazo. Calculan que más de 600.000 autónomos se jubilarán en los próximos cinco años, casi uno de cada 6 profesionales por cuenta propia. «Sin un relevo generacional efectivo, miles de negocios, muchos de ellos en zonas rurales, podrían desaparecer, poniendo en peligro empleo, actividad económica y la cohesión territorial», coinciden.El cierre de un pequeño establecimiento tiene un impacto físico evidente, al margen del efecto ‘emocional’ en el barrio o la zona donde se ubica. En grandes ciudades como Madrid o Barcelona su espacio suele ocuparlo, cada vez más, una franquicia. En localidades de menor tamaño, allí donde «no llegan» las grandes cadenas, ese local puede permanecer vacío durante meses o años. Unos 2.980 euros al mes por mantener abierto el negocioSólo el hecho de mantener abierta la tienda implica un coste fijo que para muchos pequeños emprendedores cada vez es más difícil de asumir. Un autónomo sin trabajadores y con un local alquilado afronta unos pagos estructurales de unos 2.980 euros al mes de media, 125 euros por jornada de trabajo, según cálculos de UPTA. El alquiler es el gasto más cuantioso en esa cuenta, dado que ronda los 1.500 euros mensuales. A esta cantidad se suman los 300 euros mensuales de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), otros 250 euros de la factura de la luz y alrededor de 830 euros mensuales en comunicaciones, gestoría, seguros, servicios bancarios y digitales, mantenimiento, limpieza, seguridad, tasas y demás costes necesarios para mantener la actividad. Para hacerles frente no basta con vender.Así y, aunque los datos más macro reflejan en muchas ocasiones un crecimiento interanual de las ventas, que se miden a través del Índice de Comercio Minorista del INE, el problema suele ser de rentabilidad. «Estamos viviendo una inflación de costes más difícil de absorber para una tienda independiente que para una gran compañía porque la pequeña empresa tiene mucha menos capacidad para generar productividad y escala», recuerda Carlos Moreno-Figueroa.La carga burocrática, simplemente por la diferencia del impacto que suponen las exigencias administrativas o medioambientales para un pequeño comercio con respecto a una gran superficie, también genera preocupación en el comerciante. La suma de todos los factores anteriores ha tenido un impacto visible a pie de calle en el último año. Sólo en 2025 se perdieron más de 13.000 comercios en lo que supuso el peor ejercicio desde que hay registros.

China gasta mucho menos en IA que Estados Unidos, pero ¿Quién gasta mejor cada dólar?

La carrera estadounidense por la inteligencia artificial (IA) empieza a medirse en billones, porque Morgan Stanley calcula que los cinco grandes grupos tecnológicos del país (Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft y Oracle) invertirán cerca de 800.000 millones de dólares este año y alrededor de 1,2 billones en 2027, casi el triple de lo que la propia firma esperaba hace apenas un año.¿De dónde sale todo ese dinero? Una parte cada vez mayor empieza a llegar también desde el mercado de deuda, porque esas mismas compañías han emitido más de 150.000 millones de dólares en bonos corporativos durante los primeros meses de 2026, en su mayor parte destinados a financiar esa expansión. Cuanta más capacidad de cálculo quieren construir, más capital necesitan, y cuanto más capital necesitan, mayor es la presión para que toda esa infraestructura termine generando ingresos.China está muy lejos de esas cifras. Goldman Sachs calcula que sus principales compañías de internet invertirán más de 70.000 millones de dólares en 2026 para alimentar centros de datos, desarrollar nuevos chips y ampliar sus capacidades de IA, una cantidad equivalente a apenas el 15% o el 20% del gasto que esperaba entonces de los hiperescaladores estadounidenses.Y desde aquellas estimaciones el listón de Estados Unidos ha seguido subiendo, de manera que la distancia entre ambos países no deja de ampliarse. Estados Unidos puede construir mucha más capacidad, pero cuanto mayor sea esa capacidad, mayor será también la cantidad de capital que tendrá que generar ingresos suficientes para justificarla.La diferencia ya era enorme cuando Goldman hizo ese cálculo y desde entonces las previsiones de Estados Unidos han seguido aumentando. Así que el país norteamericano puede comprar más chips, levantar más centros de datos y desplegar mucha más capacidad, pero también tiene que rentabilizar una cantidad de dinero que crece mucho más deprisa.1,3 billones y una infraestructura cada vez más caraJ.P. Morgan calcula que los grandes hiperescaladores destinaron unos 715.000 millones de dólares a inversión entre 2023 y 2025 y que gastarán otros 629.000 millones solo en 2026, un 35% más de lo previsto al comenzar el año, con lo que en apenas cuatro ejercicios el desembolso supera los 1,3 billones de dólares.Ahora bien, ¿1,3 billones invertidos significan 1,3 billones destinados a construir más capacidad? Cada vez menos, porque mientras las tecnológicas aumentan el gasto, también están subiendo los precios de algunos de los componentes que necesitan para construir esa infraestructura.Microsoft prevé gastar unos 190.000 millones de dólares en inversión este año, pero alrededor de 25.000 millones responderán únicamente al encarecimiento de los componentesMorgan Stanley señala que determinados componentes de memoria cuestan entre un 150% y un 300% más que hace un año y que una turbina de gas necesaria para alimentar esos centros de datos se ha encarecido alrededor de un 50%. Las compañías gastan más, pero una parte de ese dinero ya no compra más servidores, más GPU o más capacidad de cálculo, sino los mismos componentes a precios más altos.Microsoft, por ejemplo, prevé gastar unos 190.000 millones de dólares en inversión este año, pero alrededor de 25.000 millones responderán únicamente al encarecimiento de los componentes. Son 25.000 millones adicionales que engordan la factura sin añadir por sí solos nueva capacidad de cálculo.¿Y los ingresos crecen al mismo ritmo que la factura? J.P. Morgan señala que el negocio de Microsoft relacionado con la IA ya supera los 37.000 millones de dólares de ingresos recurrentes anuales, un 123% más que un año antes, mientras las suscripciones de Copilot han crecido un 250%.Los ingresos crecen, por tanto, con mucha fuerza, pero aquí aparece otro problema: ¿Cuánto beneficio está generando realmente la IA? Microsoft no lo publica por separado y tampoco lo hacen Meta, Alphabet, Amazon u Oracle, mientras buena parte de los centros de datos sirve al mismo tiempo a Azure, AWS, Google Cloud y otros servicios tradicionales.Por eso tampoco basta con dividir los beneficios de cada compañía entre toda su inversión y llamar al resultado rentabilidad de la IA, porque se estarían atribuyendo a la inteligencia artificial ingresos que también proceden de otros negocios. ¿Qué mira entonces el mercado?Morgan Stanley se fija, entre otras cosas, en cuánto se está utilizando realmente toda esa capacidad de cálculo y recurre para ello a OpenRouter, una plataforma que permite acceder a distintos modelos de IA y cuyo tráfico utiliza como indicador de demanda. Desde comienzos de 2026, el consumo semanal a través de la plataforma ha pasado de unos seis billones de tokens a 28 billones, aproximadamente un 350%.China también está gastando más, pero sigue haciéndolo desde una escala muy inferior a la estadounidenseLa demanda, por tanto, está creciendo muy deprisa. Pero si Estados Unidos necesita cientos de miles de millones para atenderla y China está invirtiendo una fracción de esa cantidad, la comparación deja de depender únicamente de quién construye más y pasa también por cuánto consigue producir cada uno con lo que tiene.China compite con menosChina dispone de bastante menos capital, tiene menos acceso a los chips más avanzados y además soporta las restricciones impuestas por Washington, así que Alibaba, Tencent y el resto de su ecosistema tecnológico tienen menos margen para resolver el problema simplemente comprando más capacidad. Tienen que aprovechar mejor la que consiguen desplegar.Eso no significa que China haya dejado de construir, porque Goldman Sachs espera que la capacidad eléctrica de sus centros de datos aumente alrededor de un 30% hasta alcanzar 30 gigavatios, mientras la inversión de sus proveedores cloud crece cerca de un 65%. China también está gastando más, pero sigue haciéndolo desde una escala muy inferior a la estadounidense.Y si no puede responder dólar por dólar a Meta, Microsoft o Amazon, ¿Dónde puede recortar la distancia? En el rendimiento que consiga sacar de cada dólar que sí puede invertir.Morgan Stanley prevé que las inversiones relacionadas con IA en China podrían alcanzar el punto de equilibrio en 2028 y ofrecer un retorno sobre el capital invertido del 52% en 2030, apoyadas en menores costes, una utilización más eficiente del cálculo y una adopción creciente de modelos abiertos.Ahí está la cifra que puede cambiar la comparación, porque la firma estima además que el mercado chino de IA y sectores relacionados podría alcanzar un valor de 1,4 billones de dólares al final de la década. Ese 52% corresponde al retorno sobre el capital invertido (ROIC) que Morgan Stanley prevé para 2030 y no significa que China esté obteniendo hoy 52 centavos de beneficio por cada dólar que invierte.Pero si ese retorno termina materializándose, la diferencia con Estados Unidos ya no podrá medirse únicamente contando cuánto ha gastado cada uno. Habrá que mirar cuánto crecimiento y cuánto beneficio ha conseguido comprar cada dólar, y ahí es donde se decidirá si gastar muchísimo más termina significando también gastar mejor.

La 'operación Deoleo' agita el mapa mundial del aceite de oliva de EEUU a Australia

El resultado del proceso de venta de Deoleo, el fabricante de Carbonell, Hojiblanca, Koipe o Carapelli, tendrá consecuencias duraderas sobre el futuro del sector del aceite de oliva. Tanto si lo adquiere finalmente la italiana Carapelli, a través de holding familiar ‘Farmers Elite’ con sede en Sevilla, como si la partida la ganan las españolas DCOOP o Acesur (La Española, Coosur) el resultado será un coloso que estaría entre las mayores compañías del sector por facturación.  ¿Quiénes son los homólogos de Deoleo? ¿Quién es quien en esta actividad?      Dominado por compañías españolas e italianas principalmente, el sector tiene un especial atractivo, dado que el consumo mundial se recuperó de forma importante en la anterior campaña, va a seguir creciendo, y ya prácticamente absorbe la producción mundial. El Consejo Oleícola Internacional (COI) estima que la cosecha a nivel global en la campaña 2024-2025, la última completada, alcanzó los 3,57 millones de toneladas para un consumo superior a los 3,21 millones. Esto es un 15,3% más respecto a la inmediatamente anterior.
El mayor productor del mundo continua siendo España con 1,419 millones de toneladas, seguida por Turquía con 505.000 toneladas; de Túnez, que alcanza las 340.000; de Grecia, con 250.000; de Italia con un total de 248.000 toneladas y de Portugal, con 177.000. Las previsiones para la campaña actual apuntan a un alza del consumo del 1% hasta los 3,24 millones. El aceite es cosa de españoles e italianos En la cúspide del sector, según el volumen de facturación y a falta de la suerte que corra Deoleo en la puga entre DCOOP y Coricelli, se sitúa la también española Migasa, fabricante de marcas como Ybarra y La Masía. El año pasado facturó 2.000 millones de euros en ‘oro verde’ en más de 120 países. También están en lo alto del podio el grupo hispano-portugués Sovena, que ingresó el año pasado 1.629 millones y es la responsable de enseñas como Fontoliva, Soleada y Flor de Olivo.  Como compañía puramente aceitera le sigue el otro gran ‘pretendiente’ de Deoleo: el gigante cooperativo DCOOP, que cerró el último año con unos ingresos de 1.421 millones de euros y una producción de aceite de 200.000 toneladas anuales, una de las mayores a nivel mundial por parte de un único operador. Por detrás está Aceites del Sur (Acesur), que saca al mercado marcas como La Española y Coosur e ingresó el año pasado 1.160 millones. El presidente de Acesur, Juan Ramón Guillén Prieto, ostenta además un 5% de participación en Deoleo, la ‘joya de la corona’ por la que la andaluza ha ofrecido 460 millones de euros.  
Deoleo, la ‘deseada’ Justo detrás se encuentra la propia Deoleo (antigua SOS Corporación Alimentaria), propiedad al 95% de los fondos de inversión CVC Capital Partners (presente hasta el pasado mes de mayo en Naturgy) y Alchemy. Este ejercicio ha logrado unas ventas de 821 millones de euros y en su portafolio figuran marcas muy atractivas con ‘tirón’ internacional como Carapelli, Bertolli, Carbonell, Koipe u Hojiblanca. Sus principales mercados son España y Estados Unidos.    Otro actor importante del sector es Borges International Group. La división de aceites del grupo fundado por la familia Pont en 1896, Borges Edible Oils, facturó el año pasado 542,1 millones de euros y logró vender más de 291.000 toneladas. El 62% de todo lo ingresado tuvo su origen en el aceite de oliva. Al margen de DCOOP, la nómina de cooperativas españolas también es relevante aunque en posiciones más discretas: Almazara Subbética y JaenCoop Group que ha logrado abrirse paso en lugares como Japón. Ambas son grandes proveedoras de Mercadona. El peso de Italia Italia también juega un importante rol en el sector. Con sede en el país transalpino destaca Salov Group, responsable de marcas como Filippo Berio y Sagra, que registró una facturación de alrededor de 500 millones de euros el último ejercicio. Fundada en 1867 tiene su sede en la localidad Massarosa en la provincia italiana de Lucca (Toscana). El fabricante italiano exporta a más de 70 países entre los que destacan Estados Unidos, Reino Unido o Rusia. Por su creciente protagonismo y el posible salto que puede dar en las próximas semanas, destaca Coricelli, que tiene su sede en Milán pero el corazón productivo en la ciudad de Spoleto, provincia de Umbría. Fundada en 1939 por Pietro Coricelli, vendió el año pasado por 388 millones de euros y es la responsable de marcas como Pietro, Casa Coricelli, Pietro Coricelli y Ethnos.Sin embargo, la aceitera forma parte de un holding, Farmers Elite, con sede en Sevilla (España) que el año pasado llegó a facturar 750 millones de euros (sus previsiones hablan de hasta 1.000 millones para 2026) e incluye  a Aceites Abasa.  Monini es otra pieza clave, puesto que ingresó 257 millones el año pasado y, aunque su sede se encuentra en Shelton (Connecticut, Estados Unidos) que es su principal mercado, está dirigida en la actualidad por los nietos de su fundador, Zefferino Monini (1891).   De Túnez a Australia Otro actor destacado es el ‘rey’ del aceite tunecino, CHO Group, que tiene su sede en la ciudad costera de Sfax y es responsable de marcas como Terra Delyssa. Solo esta compañía representa el 20% de las exportaciones tunecinas de oro verde. De rey a rey, cierran esta selección los australianos de Cobram Estate Olives Limited que facturaron 149 millones de euros el último ejercicio y que este año han adquirido por 173,5 millones de dólares California Olive Ranch. Los particulares casos de Avril y Savola Group El grupo agroalimentario Avril, la matriz de Lesieur que también se interesó por Deoleo, tiene entre sus actividades fabricación de aceite de oliva. Por la facturación de su división de negocio dedicada a los aceites, la margarina y otros condimentos (Avril Consumer Group), que fue de 1.700 millones euros en 2025, figura con nombre propio en esta selección. Un caso similar encontramos en el grupo industrial saudí Savola Groups, que tiene una división denominada Savola Group Foods. La misma concentra una parte de su actividad en los aceites comestibles (incluido el aceite de oliva), vegetales y grasas de especialidad. Entre ellas, el aceite de oliva. Sus ingresos rondan los 1621 millones de euros aproximadamente. 

El petróleo de Irán sobrevive a las bombas, las sanciones y a un peaje del 30%

Estados Unidos lleva meses golpeando a Irán desde el aire y esta semana ha decidido apretar en otro frente, precisamente en el que puede hacerle perder más dinero. El Tesoro estadounidense acaba de lanzar una nueva ofensiva para cortar las vías que permiten a Teherán vender petróleo y recuperar después el dinero, aunque Washington se encuentra de nuevo con un problema que lleva años intentando resolver. El crudo iraní sigue encontrando compradores y el camino que utiliza para cobrarlo se ha vuelto cada vez más largo, más caro y también más difícil de cerrar.La nueva campaña, bautizada como Operation Economic Outcast, eleva esa presión un escalón más porque el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegura que Washington ha identificado las redes, empresas y canales financieros que utiliza Irán para mover su petróleo y quiere atacar ahora cada uno de esos eslabones. La ofensiva llega después de que la fuerza militar estadounidense haya castigado las capacidades iraníes sin conseguir eliminar la fuente de ingresos que permite al régimen seguir comprando, fabricando y moviendo material militar.¿Dónde está entonces uno de los principales puntos de salida para ese petróleo? En China, que compra aproximadamente el 90% del crudo que exporta Irán, según el propio Tesoro estadounidense, y donde buena parte de esos barriles termina en pequeñas refinerías independientes que se han convertido en una vía esencial para un productor al que muchos de los grandes compradores internacionales evitan por el riesgo de quedar expuestos a las sanciones estadounidenses.El gran compradorPara Irán, esas refinerías permiten mantener abierta su principal fuente de divisas; para las compañías chinas, el atractivo está en acceder a petróleo que durante años ha tenido que venderse en condiciones favorables para compensar el riesgo de comprarlo. Washington intenta romper precisamente esa relación. En abril sancionó a Hengli, una de las mayores refinerías independientes, después de atribuirle compras de productos petroleros iraníes por miles de millones de dólares. Pero conseguir comprador no resuelve todo el problema, porque antes de cobrar hay que conseguir que el barril llegue a destino.Ahí entran los petroleros que cambian de bandera, las sociedades interpuestas y una flota que Estados Unidos lleva años intentando desmontar. Solo en una de las operaciones lanzadas esta primavera, el Tesoro señaló a unas 40 compañías navieras y buques vinculados al transporte de petróleo iraní. Irán recibe buena parte de esas ventas en yuanes y las casas de cambio iraníes resultan esenciales para transformar después esos ingresos en dólares, euros, dirhams y otras monedas con las que puede pagar fuera de sus fronteras.El 30% se queda por el caminoEl centro de estudios estadounidense Carnegie Endowment for International Peace calcula que convertir esos ingresos petroleros en dólares y euros puede llegar a costar entre el 30% y el 50% del valor de mercado del petróleo, debido a la acumulación de intermediarios, conversiones de moneda y estructuras destinadas a ocultar el vínculo directo con Teherán. Ese coste permite entender hasta qué punto las sanciones han alterado el negocio sin llegar a detenerlo, porque el petróleo continúa saliendo y el dinero continúa moviéndose, aunque una parte considerable pueda perderse simplemente para conseguir que termine en un lugar donde el régimen pueda utilizarlo.Irán acepta ese peaje porque la alternativa sería dejar el crudo bajo tierra y renunciar a una fuente de financiación que la Administración de Información Energética de Estados Unidos sigue considerando relevante para los ingresos públicos del país. Las redes que permiten mantener ese circuito abierto tampoco se han construido de un día para otro. El Tesoro estadounidense documentó ya en 2024 cómo la casa de cambio iraní Sadaf Exchange mantenía dinero del Ministerio de Defensa fuera del país, recuperaba ingresos procedentes de ventas de petróleo y transfería fondos a cuentas y proveedores en China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y otros mercados.Ese tipo de entramados es precisamente el que Washington intenta alcanzar ahora con las sanciones secundarias, extendiendo la presión a las compañías financieras, los intermediarios y los socios que participan en las operaciones una vez vendido el crudo. La ofensiva deja así de concentrarse únicamente en el comprador o en el petrolero y se desplaza hacia quienes permiten que el dinero atraviese distintas jurisdicciones y termine disponible para Teherán.Ese recorrido financiero es precisamente el que mantiene abierta una de las principales vías de presión para Estados Unidos. Carnegie señala que, aunque Irán puede vender petróleo fuera de los canales tradicionales y cobrarlo en yuanes, una parte de sus pagos internacionales sigue necesitando dólares y euros que circulan por sistemas financieros sobre los que Washington conserva capacidad de actuación.