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Hacienda retrasa por tercera vez el lanzamiento de Verifactu y pospone un año su puesta en marcha

Hacienda retrasa por tercera vez el lanzamiento de Verifactu y pospone un año su puesta en marcha

La Agencia Tributaria ha decidido aplazar la implantación de ‘Verifactu’ hasta la entrada en vigor de la factura electrónica para todos los obligados tributarios, es decir, en octubre de 2028, según se desprende de una nota informativa publicada por el Ministerio de Hacienda.El Gobierno ya había retrasado un año, hasta 2027, la entrada en vigor del sistema ‘Verifactu’, que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas. En concreto, estaba estipulado que el sistema fuera obligatorio a partir del 1 de enero de 2027 para empresas declarantes del Impuesto sobre Sociedades y a partir del 1 de julio de 2027 para el resto de autónomos y empresas.Sin embargo, con el objetivo de favorecer la máxima convergencia posible entre los sistemas de facturación electrónica y el Reglamento de sistemas informáticos de facturación (Verifactu), tanto desde el punto de vista normativo como técnico, se ha considerado conveniente alinear los calendarios de implantación de la normativa de facturación electrónica para pymes y autónomos y del Reglamento de sistemas informáticos de facturación.Se ha procedido, por tanto, al aplazamiento de las obligaciones pendientes de aplicación del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, –que incluye el reglamento de Verifactu– hasta octubre de 2028, para hacerlas coincidir con la obligatoriedad de la factura electrónica para empresarios y profesionales cuya facturación anual no supere los 8 millones de euros.Según apunta Hacienda en la nota recogida por Europa Press, una vez aprobada dicha alineación de los calendarios de implantación, se abordará una modificación centrada en conseguir la convergencia de los ámbitos de aplicación y ciertos aspectos técnicos de la normativa vigente teniendo en cuenta los futuros requisitos de reporte digital derivados de la directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age o IVA en la Era Digital).En todo caso, las exigencias establecidas en el reglamento de ‘Verifactu’ en materia de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, así como las restantes garantías técnicas del sistema, se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes a los previstos en su desarrollo normativo actual.Los asesores fiscales celebran que el calendario se alineeLa Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha recordado a través de un comunicado que presentó en junio de este año una propuesta de hoja de ruta para la transición de la factura electrónica – Verifactu – SII y la Directiva VIDA, propuesta elaborada por el grupo de expertos en impuestos indirectos que se presentó tanto a los medios de comunicación como a todos los grupos políticos con representación parlamentaria.»Esta acción de Aedaf derivó en que se debatiera una propuesta de modificación en el Senado, lo que ha propiciado la decisión de la Agencia Tributaria», ha recordado la Asociación. Según fuentes de Aedaf, el objetivo que perseguía la Asociación con su propuesta de hoja de ruta era buscar una transición ordenada hacia un modelo armonizado que redujera costes, evitara duplicidades y reforzara la eficiencia del sistema tributario, objetivo que se ha conseguido.»Esta coordinación permitirá, además, alinear progresivamente el sistema español con el modelo de información digital que será obligatorio en el ámbito de la Unión Europea a partir de 2030 y que hasta ahora no estaba siendo suficientemente contemplado, evitando así sucesivas adaptaciones de los sistemas de facturación en un periodo muy reducido de tiempo», ha destacado la asociación.

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Los sindicatos plantean movilizaciones sin descartar una huelga general

Los sindicatos plantean movilizaciones sin descartar una huelga general

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO), los principales sindicatos españoles, han asegurado en las últimas horas que plantean realizar movilizaciones por la vivienda y los salarios en próximas fechas sin descartar que haya una huelga general debido al creciente descontento ciudadano, desatado tras el intento de desahucio de Maricarmen, de 87 años, y ante el rechazo el pasado viernes por una mayoría del Congreso de los Diputados a los dos decretos de vivienda promovidos por el Gobierno, lo que ha llevado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales el próximo 29 de noviembre. Así, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que el sindicato tiene previstas a lo largo de este lunes reuniones internas para ver «cómo dar soporte» a la movilización social en favor del derecho a la vivienda, sin descartar una eventual huelga general.»Vamos a continuar trabajando con las movilizaciones, tenemos reuniones para ver cómo dar soporte al movimiento social», ha afirmado en declaraciones a la Cadena Ser, donde le han preguntado expresamente si UGT convocaría una huelga general.Al respecto, «no descartamos nada», ha contestado Álvarez que, en todo caso, ha dicho que la decisión se tomará de manera conjunta en unidad de acción sindical con CC OO. La convocatoria de elecciones generales adelantadas no ha sorprendido al líder de UGT, que ha confiado en que la campaña electoral entre a fondo en los problemas de los ciudadanos, no solo en materia de vivienda, sino también de salarios y derechos laborales.En la misma línea se ha mostrado este pasado domingo Unai Sordo. El secretario general de CC OO aseguró que no descarta la posibilidad de una huelga general, al tiempo que apostó por ampliar la movilización ciudadana por la vivienda a los salarios, en un contexto en el que su organización ha venido advirtiendo sobre la llegada de un otoño «de precios altos», ante la inflación generada por la guerra en Ucrania y Oriente Próximo, que ha disparado el precio de las gasolinas a máximos anuales y que «va a morder los sueldos de la gente».Sordo reconoció que la reivindicación «es bastante transversal», pero recordó que «el tema de la vivienda no afecta igual en las grandes ciudades, en las zonas turísticas, en las islas o en la España vaciada». «Por tanto, hay que medir también en ese sentido la respuesta», ha subrayado. El líder sindical consideró, no obstante, que se abre un escenario propicio para una confluencia de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE de cara a elecciones, si bien les recuerda que «no queda» mucho tiempo.»Todo esto tiene que aglutinar algún tipo de movilización de carácter amplio», destacó, para indicar CC OO prevé impulsar jornadas de ‘lucha’ mediante la confluencia con otros agentes. De hecho, el pasado viernes ya anunció una reunión con UGT y otras organizaciones sindicales, sociales y de inquilinos para estudiar movilizaciones y «jornadas de lucha» frente a la «agresión» de la derecha a las condiciones de vida «de millones de personas» por la vivienda. Desde su perspectiva, en este contexto tan difícil para muchas familias es necesaria una subida salarial «muy relevante». Así incide en que las empresas tienen «más beneficios que nunca».En cuanto a un eventual adelanto de las elecciones generales y la posibilidad de una confluencia de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, Unai Sordo ha dicho que se abre un escenario propicio para ello.

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Cómo hemos llegado hasta aquí: vivienda a precios récord, construcción estancada y a la cola de Europa en alquiler social

Cómo hemos llegado hasta aquí: vivienda a precios récord, construcción estancada y a la cola de Europa en alquiler social

La emergencia habitacional ha desatado un terremoto social y político en los últimos días, con el desahucio de Maricarmen y el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda como telón de fondo. Según el CIS, la ciudadanía considera que la crisis de la vivienda es el principal problema de España. La situación se ha recrudecido en los últimos años hasta llevar los precios a niveles récord. La necesidad de vivienda es elevada en un país con cada vez más población y en el que ha crecido el uso de los inmuebles para fines no residenciales, como los pisos turísticos. Mientras tanto, la construcción sigue lastrada por las heridas de la burbuja inmobiliaria y no llega a cubrir los nuevos hogares que se crean cada año, a la par que el volumen de viviendas sociales sigue estando a la cola de Europa.El precio de una vivienda equivale actualmente en España a 8,4 años íntegros de ingresos de un hogar promedio, según el Banco de España. Es el nivel de esfuerzo más elevado para comprar una casa desde principios de 2011. Se acerca mucho al registrado durante 2005, cuando la burbuja inmobiliaria todavía ebullía. Hace dos años este indicador de accesibilidad apenas superaba los 7 años de ingresos. En esa misma línea, las familias tienen que destinar ya de media el 38% de su renta para pagar una hipoteca, por encima del umbral recomendado.Este creciente esfuerzo para poder comprarse una casa es el resultado de unos precios que crecen más rápido que los salarios. De acuerdo con los datos del INE, en los tres últimos años el precio de la vivienda ha subido casi el triple de rápido que los sueldos. Los inmuebles llevan una década encareciéndose de forma ininterrumpida hasta superar ya en un 12% los máximos de la burbuja —sin descontar la inflación—.La escalada se ha acelerado en los últimos tiempos. Desde 2021 el precio de la vivienda se ha disparado un 52,6% y solo en el último año se ha incrementado un 12,2%. En cambio, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos para este año apenas pasa del 3%. Según datos del Ministerio de Vivienda, un piso de 80 metros cuadrados ronda de media los 188.500 euros. Este monto es muy superior en las grandes ciudades, que concentran la emergencia habitacional, junto a las zonas vacacionales. En Madrid y Barcelona, por ejemplo, un piso de estas características alcanza los 433.500 y 368.000 euros respectivamente.Ese mismo desfase en comparación con el precio de los sueldos se repite también en los alquileres, que se han encarecido un 5,6% en el último año, según Idealista. El alza es del 43,8% desde 2021. Arrendar una vivienda de las características de 80 metros cuadrados supera actualmente los 1.200 euros de media en España. Pese a los precios desorbitados, vivir de alquiler es una fórmula que ha ganado peso en los últimos años, ante la imposibilidad para muchos de pensar en comprar un piso. Es el caso especialmente de los jóvenes, que se encuentran entre los colectivos más golpeados por la emergencia habitacional. Según el INE, la mitad de los hogares menores de 30 años y un tercio de los de 30 a 44 años son inquilinos. Hace dos décadas eran el 31,5% y 15% respectivamente. La tasa de emancipación se ha retrasado un año en la última década y supera ya los 30 años.Esta escalada de los precios es fruto del desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda. El número de habitantes de España ha pasado de 47,4 millones en 2021 a 49,8 millones en 2026, según el INE. En los últimos cinco años se han formado de media 240.000 hogares nuevos al año. En cambio, en ese mismo periodo se han empezado a construir una media de 121.600 viviendas al año y se han terminado unas 93.600. La construcción ha empezado a levantar el vuelo en los últimos años tras el desplome sufrido con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria —pasaron de finalizarse más de 600.000 inmuebles en 2008 a apenas 36.000 en 2013—, pero sigue todavía lejos de cubrir el volumen de nuevos hogares. El Banco de España calcula que solo entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit de hasta 750.000 viviendas.A esto se suma que una parte del parque inmobiliario ya existente ha dejado de destinarse a uso residencial, en busca de mayores rentabilidades por parte de los propietarios. En pleno boom turístico, destaca la proliferación de pisos turísticos —según el INE, existen 341.000—, en algunos casos de forma ilegal. El Banco de España calcula hay cerca de 900.000 inmuebles en manos de extranjeros no residentes o destinadas a alquiler vacacional.Otra fuga de viviendas está siendo el alquiler de temporada, que se ha convertido en foco de fraudes tras la aprobación de la ley de vivienda. Algunos propietarios recurren a esta fórmula para sortear las restricciones del alquiler residencial y fijar precios más altos, presentando como temporales contratos que en realidad no lo son. Según datos de Idealista, los anuncios de alquileres de temporada se han más que duplicado desde 2023, mientras que la oferta de alquileres residenciales se ha reducido un 20%. En esa misma línea, el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro calcula que el número de pisos disponibles para arrendar ha descendido en los últimos cinco años de 1,05 millones en 2021 a 660.993 en 2026.En medio de este escenario, la crisis habitacional ha puesto de manifiesto una de las grandes tareas pendientes de España en materia de vivienda: la falta de un parque de vivienda social robusto que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables. Según el último informe el Ministerio de Vivienda destinado a este asunto —de 2025—, en España los alquileres sociales representan apenas un 3,3% del parque inmobiliario, lo que equivale a menos de 1,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes. Son cifras muy lejanas a los países que llevan la delantera en Europa. En primer lugar se sitúa Países Bajos, con un 29% de viviendas sociales. Lo siguen Austria (24%), Dinamarca (20%) y Francia (17%). 

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Sordo (CCOO) pide ampliar la movilización ciudadana por la vivienda a los salarios

Sordo (CCOO) pide ampliar la movilización ciudadana por la vivienda a los salarios

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, apuesta por ampliar la movilización ciudadana por la vivienda a los salarios, en un contexto en el que su organización ha venido advirtiendo sobre la llegada de un otoño «de precios altos», ante la inflación generada por la guerra en Ucrania y Oriente Próximo, que ha disparado el precio de las gasolinas a máximos anuales y que «va a morder los sueldos de la gente».Si bien no descarta la posibilidad de una huelga general, Sordo considera que hay que medir la respuesta a esta crisis porque la situación no es la misma en las grandes ciudades, las zonas turísticas o la de la España vaciada. En una entrevista en Radio Euskadi de la que se hace eco Europa Press, Sordo se ha referido a la movilización en las calles en respuesta por el desahucio de Maricarmen, de 87 años, y ante el rechazo el pasado viernes por una mayoría del Congreso de los Diputados a los dos decretos de vivienda promovidos por el Gobierno.Sordo reconoce que la reivindicación «es bastante transversal», pero recuerda que «el tema de la vivienda no afecta igual en las grandes ciudades, en las zonas turísticas, en las islas o en la España vaciada». «Por tanto, hay que medir también en ese sentido la respuesta», ha subrayado. El líder sindical considera, no obstante, que se abre un escenario propicio para una confluencia de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE de cara a elecciones, si bien les recuerda que «no queda» mucho tiempo.»Todo esto tiene que aglutinar algún tipo de movilización de carácter amplio», ha destacado, para indicar CCOO prevé impulsar jornadas de ‘lucha’ mediante la confluencia con otros agentes. De hecho, el pasado viernes ya anunció una reunión con UGT y otras organizaciones sindicales, sociales y de inquilinos para estudiar movilizaciones y «jornadas de lucha» frente a la «agresión» de la derecha a las condiciones de vida «de millones de personas» por la vivienda. Desde su perspectiva, en este contexto tan difícil para muchas familias es necesaria una subida salarial «muy relevante». Así incide en que las empresas tienen «más beneficios que nunca».En cuanto a un eventual adelanto de las elecciones generales y la posibilidad de una confluencia de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, Unai Sordo ha dicho que se abre un escenario propicio para ello. «La vivienda moviliza mucho a la gente joven, que es la que más lo sufre, y en ese terreno sí es una oportunidad. En todo caso, cada uno tiene que hacer sus deberes y yo siempre he tenido claro que ese espacio finalmente va a llegar a un consenso sobre cómo concurrir a elecciones, lo que pasa es que mucho tiempo no queda», ha subrayado.Las advertencias de Garamendi sobre la huelga generalLas consideraciones de Sordo se producen después de que el líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, asegurase el sábado que la convocatoria de una huelga general por la vivienda no estaría «dentro de la legalidad» por no tratarse de un «conflicto laboral». En el marco del Foro La Toja Vínculo Atlántico, que se celebró esta semana en la localidad pontevedresa de O Grove, Garamendi ha reconocido que hay un problema real en España, una crisis habitacional, si bien ha incidido en que una huelga total, si finalmente se planteara, afectaría a la economía de las empresas.

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La amenaza nuclear de Rusia obliga a Europa a mirar su rearme ¿dónde están las armas?

La amenaza nuclear de Rusia obliga a Europa a mirar su rearme ¿dónde están las armas?

¿Puede Europa estar gastando más que nunca en defensa y seguir sin tener las armas que necesita? La pregunta ha dejado de ser teórica esta misma semana. El pasado 30 de septiembre, Rusia advirtió formalmente a la OTAN de que podría recurrir incluso a armas nucleares si la Alianza intenta aislar Kaliningrado, el enclave ruso situado entre Polonia y Lituania que alberga importantes capacidades militares y cuya posición lo convierte en uno de los puntos más sensibles del Báltico. La escalada de tensión llega cuatro años y medio después de la invasión de Ucrania y cuando Europa ya ha abierto mucho más el grifo del gasto militar. Los Veintisiete gastaron 418.000 millones de euros en defensa en 2025, alrededor de un 75% más que en 2021, y la Agencia Europea de Defensa calcula que esa cifra puede alcanzar los 454.000 millones este año.Con semejante aumento, lo lógico sería pensar que Europa dispone hoy de muchos más medios para defenderse que cuando comenzó la guerra. Sin embargo, ocurre justo lo contrario en algunas de las categorías más importantes. La consultora McKinsey calcula, a partir de datos del International Institute for Strategic Studies, que el stock total de equipamiento militar de los países europeos de la OTAN sigue por debajo del nivel de 2021, después de las entregas a Ucrania, la retirada de sistemas antiguos y los largos plazos de entrega de los nuevos pedidos. El continente sigue teniendo menos obuses de 152 y 155 milímetros, menos aviones de combate tácticos y menos submarinos que antes de la invasión, mientras mantiene importantes carencias en inteligencia, vigilancia, defensa aérea y capacidad para atacar a larga distancia. Quince tanques, un problemaEl dinero está creciendo mucho más rápido que las armas y una de las razones aparece cuando se compara cómo compran Europa y Estados Unidos. Los ejércitos europeos utilizan alrededor de 15 modelos distintos de carros de combate, frente a uno principal estadounidense, 27 tipos de obuses frente a dos y 26 modelos de fragatas y destructores frente a cuatro. Según McKinsey, esa fragmentación hace que las fuerzas europeas de la OTAN operen con más de cuatro veces la variedad de sistemas que Estados Unidos.Mantener tantos modelos significa fabricar series más pequeñas, repartir los pedidos entre más compañías y sostener cadenas distintas de repuestos, mantenimiento y formación, justo cuando los gobiernos necesitan hacer lo contrario y producir mucho más en mucho menos tiempo. Esa dispersión ayuda a explicar por qué los presupuestos pueden crecer un 75% desde 2021 sin que los arsenales lo hagan al mismo ritmo.Tener tantos modelos distintos sale caro y complica mucho las cosas. Hay que fabricar menos unidades de cada uno, comprar piezas diferentes, mantener cadenas de suministro separadas y formar a los ejércitos para manejar sistemas que muchas veces ni siquiera son compatibles entre sí. Justo lo contrario de lo que Europa necesita ahora, que es fabricar más y más rápido.La forma más evidente de fabricar más y abaratar costes sería que varios países compraran juntos los mismos sistemas, pero cuando Europa ha intentado hacerlo los intereses nacionales han complicado muchas veces el resultado. El FCAS, el gran proyecto impulsado por Francia, Alemania y España para desarrollar un caza de sexta generación, nació precisamente con esa idea y un presupuesto que rondaba los 100.000 millones de euros, pero las disputas sobre qué país fabrica cada parte, quién controla la tecnología y cómo se reparte el trabajo han ido acumulando retrasos hasta poner en duda el calendario previsto.Y mientras algunos de esos grandes programas avanzan con dificultad, los pedidos siguen entrando mucho más deprisa de lo que la industria puede entregarlos. Rheinmetall cerró junio con una cartera de pedidos y acuerdos marco de 80.500 millones de euros, frente a 56.000 millones un año antes, Leonardo acumulaba otros 56.800 millones y Saab recibió solo entre abril y junio encargos por 68.393 millones de coronas suecas. Son ventas futuras, no armas disponibles hoy.Europa llega tarde dos vecesY ahí aparece un segundo problema. Europa todavía está esperando buena parte del material que empezó a encargar tras la invasión mientras la guerra ya está cambiando qué tipo de armamento necesita. Los primeros años obligaron a reponer munición, vehículos y sistemas convencionales, pero Ucrania ha convertido la defensa aérea, los drones, los radares, la inteligencia, la vigilancia y los ataques de largo alcance en prioridades mucho más urgentes. El continente corre así el riesgo de llegar tarde dos veces, primero porque tarda años en recibir lo que compra y después porque parte de sus necesidades militares cambia antes de que esos pedidos hayan llegado.Ese desplazamiento del gasto empieza además a modificar qué empresas están mejor colocadas para captar la siguiente oleada de contratos. Rheinmetall mantiene una fuerte exposición a munición, vehículos y defensa antiaérea, mientras Leonardo, Saab, Thales o Hensoldt tienen más peso en electrónica, sensores, radares y sistemas de vigilancia, precisamente algunas de las áreas donde Europa sigue mostrando mayores carencias.La próxima fase del rearme europeo se juega así en capacidades que todavía no están disponibles en la cantidad necesaria y que tardarán años en desplegarse por completo. Rusia acaba de elegir Kaliningrado para volver a recordar hasta qué punto pueden importar esas carencias. 

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La caída de los decretos de la vivienda asesta un golpe determinante a la legislatura y Sánchez abre un fin de semana de reflexión

La caída de los decretos de la vivienda asesta un golpe determinante a la legislatura y Sánchez abre un fin de semana de reflexión

La caída de los dos decretos de vivienda en el Congreso han asestado un golpe que puede resultar definitivo al Gobierno y, por tanto, a la legislatura. Ante un escenario incierto, el presidente Pedro Sánchez, el único con potestad para convocar elecciones generales, abre un fin de semana en el que reflexionar sobre cómo abordar la situación a partir de ahora, teniendo en cuenta lo ocurrido este viernes y cómo puede reaccionar la calle, muy combativa en la última semana pidiendo soluciones a la crisis habitacional. Eso sí, desde Moncloa no descartan ningún escenario.Desde que Junts confirmó el jueves que votaría en contra de los dos decretos, los rumores sobre un posible adelanto electoral han sobrevolado los pasillos del Congreso durante los debates parlamentarios. Y en su intervención por sorpresa en el hemiciclo, fue el propio Sánchez el que los alimentó al dejar una advertencia: «La historia les juzgará antes de lo que creen y con mayor contundencia de lo que imaginan».En Moncloa no prevén movimientos a lo largo de este fin de semana. Su intención, mientras analizan el nuevo escenario que se abre tras la caída de los decretos, es tratar de mantenerse en la «pantalla» de que son las bancadas de la derecha las que han impedido la aprobación de medidas para hacer frente a la crisis habitacional. Fuentes gubernamentales cargan contra las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont, con el objetivo de que el foco no se aparte de ellos, y consideran que no han medido las consecuencias de votar en contra de unas medidas que iban a amortiguar el principal problema que sufre el país. «Lo veremos en las urnas», señalan, dando por hecho que esta decisión les pasará factura electoral.También explican desde Moncloa que quieren tomar el pulso de la calle este fin de semana. El sábado hay convocadas manifestaciones por la vivienda en más de 50 ciudades y Sánchez estará muy pendiente de la movilización ciudadana en las calles para tomar una decisión.A la espera de saber la respuesta que pueda dar Sánchez, es la propia oposición la que le exige que apriete el botón electoral, dadas las encuestas que les sitúan con opciones más que probables de lograr una mayoría suficiente para gobernar. Es el desafío que le ha lanzado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: «Tiene la coartada, ponga la fecha, disuelva las Cortes, convoque elecciones y que hablen los españoles».

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Los economistas piden recuperar los créditos para la entrada de primera vivienda y los avales al alquiler social tras decaer los decretos

Los economistas piden recuperar los créditos para la entrada de primera vivienda y los avales al alquiler social tras decaer los decretos

Los mismos problemas que ayer, pero menos que mañana… si nada lo remedia. El mercado de la vivienda transita la primera jornada después de que el Congreso tumbase el viernes los dos decretos aprobados por el Gobierno que contenían medidas como la prorroga de los alquileres, los topes a las rentas, la limitación de compra a los «fondos buitre» y beneficios fiscales para caseros e inquilinos, entre otras. Lejos de sosegarse, el debate en la calle se ha intensificado, pero también entre los expertos. De un lado, el sector inmobiliario considera que la Cámara Baja ha frenado una respuesta equivocada al problema y ha reclamado una respuesta «útil» a la crisis habitacional a través de un Pacto de Estado por la Vivienda. De otro, el Consejo General de Economistas (CGE) ha incidido en que la coyuntura actual supone uno de los mayores problemas que enfrenta el país y ha recordado que, de acuerdo con los cálculos del Banco de España, acumula un déficit de unas 750.000 viviendas que serían necesarias para responder a la creación de hogares de los últimos años -y que pueden elevarse hasta un millón antes de que concluya la década-.Por ello, en el CGE consideran necesaria la protección de las personas vulnerables y valoran positivamente algunas medidas incluidas en los decretos, como los préstamos para financiar la entrada de la primera vivienda, los avales para alquiler social y asequible, el apoyo a la construcción industrializada o determinadas ventajas fiscales.Efectos indeseados sobre un mercado rotoAl mismo tiempo inciden en que, dado que el principal problema es la escasez de vivienda, las medidas propuestas podían redistribuir sus efectos, pero difícilmente solucionarían el déficit estructural de oferta. Los economistas recuerdan que alrededor del 92% de las viviendas alquiladas a precio de mercado pertenecen a particulares. Así, sostienen que determinadas limitaciones sobre contratos, rentas y desahucios podían provocar que algunos propietarios retirasen viviendas del alquiler, las destinasen a la venta o recurrieran al alquiler temporal o por habitaciones. Otro efecto no deseado sería que los propietarios fijasen rentas iniciales más elevadas para anticiparse a futuras restricciones. En su análisis recuerdan cómo en 2024, las viviendas que entraban por primera vez en el mercado del alquiler tenían una renta media un 16,5 % superior a la del conjunto de viviendas ya alquiladas.Los economistas consideran, además, que el impacto de las medidas propuestas no sería igual para todos. Quienes ya cuentan un contrato podrían beneficiarse de una mayor estabilidad, mientras que jóvenes, trabajadores que necesitan cambiar de ciudad y hogares con ingresos irregulares podrían enfrentarse a una menor oferta y a mayores exigencias por parte de los propietarios. El CGE relaciona esto último con la movilidad laboral, puesto que si cambiar de ciudad implica perder un contrato protegido y acceder a un mercado más caro, podrían reducirse los incentivos para desplazarse por motivos profesionales.En relación a las empresas del sector, el Consejo advierte de que el marco planteado podía aumentar la prudencia inversora y hacer que algunos proyectos destinados al alquiler se orientasen hacia la venta. Por todo ello, los economistas defienden la necesidad de un marco estable que favorezca tanto la oferta pública como la privada.Otro elemento central de su análisis pasa por la seguridad jurídica. El CGE considera que la modificación prácticamente simultánea de normas sobre la misma materia podía generar incertidumbre, problemas interpretativos y mayor litigiosidad. También destaca los posibles costes financieros y administrativos para las comunidades autónomas y la necesidad de concretar adecuadamente su compensación estatal.“Lo que les faltaba (a los decretos) sigue teniendo tanto o más peso que las medidas que se proponían”, recalcan en su informe, al tiempo que ponen sobre la mesa medidas necesarias como movilizar suelo, agilizar licencias, reducir los largos plazos urbanísticos, actuar sobre la falta de trabajadores en la construcción, así como impulsar la vivienda industrializada y el aumento del parque público y social. Este último representa, según el documento, aproximadamente el 1,7 % de los hogares en vivienda pública y el 3,5 % en alquiler social, en sentido amplio.Finalmente, el Consejo interpreta la no convalidación como una oportunidad para elaborar una política de vivienda “más amplia, estable y estructural”, con debate suficiente, evaluación económica y social y participación de los distintos agentes. Los economistas reclaman que se proteja a los hogares vulnerables mediante recursos públicos suficientes, garantizar la seguridad jurídica y, sobre todo, combinar esas medidas con un “verdadero plan de incremento de la oferta”. Su principal conclusión es que la vivienda debe convertirse en una “política de Estado”, para lo que deberían combinarse la protección social, la seguridad jurídica y los incentivos económicos para aumentar sostenidamente la oferta.

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El G7 liberará hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo para bajar los precios

El G7 liberará hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo para bajar los precios

Los países del G7, un grupo formado por las principales potencias económicas y geopolíticas del planeta, han acordado liberar hasta 100 millones de barriles de sus reservas de emergencia de petróleo y diésel con la intención de enfriar unos precios disparados después del estallido de la guerra en Irán. Según ha informado Bloomberg, la medida está coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y se llevará a cabo durante los próximos cuatro meses. Así lo ha trasladado el presidente francés, Emmanuel Macron, -actual presidente del G7- en declaraciones a los medios.Los precios del diésel en Europa y los futuros del crudo Brent se desplomaron tras la noticia, pero después rebotaron borrando casi por completo el impacto. Así, al filo de las 18.00 h de la tarde en la Península, el barril de Brent cotizaba a 101,4 dólares, apenas un 1% por debajo de su nivel de cierre el día previo. La decisión llega después de que EE. UU. planteara la posibilidad de una prohibición de exportar diésel, de graves consecuencias, si los países europeos no liberaban más suministros. Una medida así amenazaría una fuente de suministro crucial para el continente, que depende en gran medida de las importaciones para cubrir su déficit de producción de diésel.La AIE ya coordinó en marzo un plan para liberar 400 millones de barriles poco después de que estallara la guerra de Irán, pero el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha criticado a Europa por no poner esos barriles a disposición con la suficiente rapidez. Un comunicado posterior del G7 sugirió que los 100 millones de barriles podrían incluir barriles que aún no se han puesto a disposición dentro de la liberación de marzo.»Todos nos hemos comprometido conjuntamente a liberar estas reservas estratégicas en las proporciones que he mencionado, con especial atención al diésel. Y todos nos hemos comprometido a garantizar que no haya prohibiciones de exportación, y el presidente Trump, en particular, fue muy claro en este punto», dijo Macron.Trump afirmó el viernes en una publicación en redes sociales que acogía con satisfacción la última medida. «Europa acaba de acordar liberar una cantidad masiva de su diésel, del que tiene grandes existencias», dijo Trump. «El proceso comenzará de inmediato», añadió. La prima del diésel sobre el crudo, un indicador de la fortaleza del mercado muy vigilado, se hundió hasta los 69 dólares por barril, frente a los 76,77 del jueves, según los datos de valor razonable recopilados por Bloomberg. Aunque la guerra de Irán ha impulsado el precio del crudo, ha presionado aún más los precios de productos derivados como el diésel y la gasolina. Esto se debe a que el conflicto, junto con la guerra de Rusia en Ucrania, ha provocado una escasez de refinerías en funcionamiento capaces de abastecer al mercado.El diésel se ha disparado hasta un récord de 6,50 dólares por galón en el surtidor en EE. UU., lo que perjudica a los agricultores del país y ha llevado a Trump a decir que apoyaría una prohibición de exportaciones. En Europa, los precios de los futuros han llegado a superar en ocasiones los 200 dólares por barril, un nivel que, según los operadores, es lo bastante alto como para presionar la demanda.Europa consume más diésel del que produce, por lo que a menudo lo importa de lugares lejanos. Sin embargo, la amenaza de EE. UU. de prohibir las exportaciones y la decisión de China de cancelar algunos cargamentos de combustible en octubre, además de las dos guerras en Irán y Ucrania, hacen que actualmente haya pocas opciones para aumentar la oferta aparte de la liberación de reservas.

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Las inmobiliarias respaldan la caída de los decretos y reclaman una respuesta «útil» a la crisis habitacional

Las inmobiliarias respaldan la caída de los decretos y reclaman una respuesta «útil» a la crisis habitacional

La caída de los reales decretos-ley de vivienda en el Congreso de los Diputados ha abierto un nuevo escenario en el debate sobre el mercado del alquiler. Desde el sector inmobiliario, críticos desde un inicio con el alcance de estas normativas, han recibido con los brazos abiertos la decisión parlamentaria que, a su juicio, «evita profundizar en un mercado del alquiler a dos velocidades». Es el mensaje que ha trasladado la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), antes de advertir de que la votación no incrementa la oferta ni resuelve las dificultades de acceso y exige una alternativa inmediata.Desde la patronal inmobiliaria sostienen que las medidas finalmente rechazadas podían aumentar la incertidumbre entre los propietarios y contribuir a endurecer las condiciones exigidas a determinados perfiles de inquilinos. Entre los colectivos que, según la organización, podrían verse especialmente afectados se encuentran los jóvenes, las familias, los autónomos y los trabajadores con ingresos variables. Fadei reclama ahora que el debate no quede limitado a la derogación de las medidas y que Gobierno y grupos parlamentarios trabajen en una nueva estrategia para incrementar el número de viviendas destinadas al alquiler. Entre sus propuestas figura la creación de un sistema de aval público que cubra al inquilino durante la vigencia del contrato, así como incentivos fiscales para los propietarios que ofrezcan viviendas a precios considerados asequibles. La organización también plantea establecer mecanismos específicos de apoyo para jóvenes y hogares vulnerables.Otro de los ejes de su propuesta pasa por agilizar los procedimientos relacionados con el alquiler. La patronal defiende vías administrativas y judiciales más rápidas para resolver los incumplimientos contractuales y recuperar una vivienda cuando corresponda legalmente. A ello suma la petición de acelerar la concesión de licencias urbanísticas, movilizar suelo público y promover la colaboración entre las administraciones y el sector privado para aumentar el parque de vivienda en alquiler.»Hoy se ha frenado una propuesta equivocada, pero todavía no se ha aprobado una respuesta útil», ha afirmado su presidente, Miguel Ángel Gómez Huecas. «El Gobierno y los grupos parlamentarios no deberían leer este resultado como otra batalla entre propietarios e inquilinos. Ambos necesitan más oferta, contratos seguros y reglas estables. Mañana debe comenzar la construcción de una política de vivienda que sume pisos y reparta los riesgos de forma equilibrada» ha apuntado.Por último, la patronal ha reclamado un Pacto de Estado por la Vivienda con objetivos anuales, evaluación pública y estabilidad regulatoria. «El rechazo de los decretos evita cerrar más el mercado, pero no abre todavía ninguna puerta. Si la política se limita a celebrar quién gana una votación, los ciudadanos seguirán perdiendo oportunidades de acceso. El éxito debe medirse por cuántas viviendas se incorporan y cuántas personas pueden firmar un contrato» ha sentenciado Gómez Huecas.

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La ministra de Vivienda pide a Junts que se abstenga y le ofrece tramitar los decretos como proyecto de ley para incluir cambios

La ministra de Vivienda pide a Junts que se abstenga y le ofrece tramitar los decretos como proyecto de ley para incluir cambios

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha ofrecido a Junts tramitar los decretos que se votan este viernes en el Congreso como proyecto de ley para incluir «las correcciones que algunos grupos reclaman» a cambio de su apoyo o, como mínimo, su abstención. Así se lo ha pedido la ministra directamente a los posconvergentes desde la tribuna del hemiciclo, durante su defensa del primero de los decretos, el que incluye el grueso de las medidas. La portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha admitido que estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo pero ha rechazado la propuesta de la ministra e insiste en la retirada de los decretos para elaborar nuevos textos que sí «persigan a los fondos». «Hace unas semanas entregaron al presidente el borrador de un decreto ley. Y sobre ese texto se ha trabajado también este decreto ley. El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente está recogido hoy en el BOE», ha señalado Rodríguez dirigiéndose a los escaños de Junts y mientras Pedro Sánchez asentía desde su asiento. La ministra ha admitido que es cierto que «no se han incorporado todas» las medidas reclamadas por el partido de Carles Puigdemont, como ha ocurrido con «todos» los partidos, pero que durante «meses de trabajo» se ha conseguido llegar «a un equilibrio posible» que satisfaga a todas las partes del espectro político. La intervención de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha estado repleta de referencias directas a la ministra y de reproches, pero no ha reaccionado a la oferta hecha por Isabel Rodríguez. La voz de Carles Puigdemont en el Congreso ha insistido en la retirada del decreto para trabajar en un nuevo texto «que ponga soluciones reales a los problemas», y hacerlo «a puerta cerrada, sin pensar en titulares». Asimismo, se ha referido a la propuesta que ha puesto sobre la mesa su formación la mañana de este viernes como punto de partida, resaltando que no «está cerrada». «Construyámosla entre todos», ha reivindicado, para resumir su receta: «Dureza con los fondos, ninguna familia en la calle y ninguna familia sin recibir lo que es suyo». La titular de Vivienda ha conminado a Junts a alejarse del PP y Vox, reclamándoles que «demuestren que en este país y en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que le importa a la gente». De hecho, ha acusado especialmente a los populares de ser «la peor derecha de Europa» y de estar «con los buitres». Sin embargo, para Nogueras los decretos que se votan en el Congreso «permiten que los fondos sigan comprando, especulando y se siga desahuciando» y lo hacen, en su opinión, porque el Gobierno «no se ha atrevido» a legislar contra estas empresas pero sí lo ha hecho «con miles de familias que se esfuerzas y aguantan ahogadas un coste de la vida cada vez más alto». La portavoz de Junts ha resumido su negativa a convalidar los dos textos porque «provocarán el efecto contrario de lo que pretenden», y aboga por incrementar la oferta y generar seguridad jurídica, además de perseguir a los «fondos buitre». Para Nogueras, «están haciendo lo peor que puede hacer un político: alimentar una mentira» cuando «lo que hacía falta era rectificar las políticas que nos han traído esta escalada de precios, no ser reincidentes en ellas». Durante su primera intervención, la ministra ha recordado unas palabras del exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba para asegurar que «gobernar en democracia exige escuchar a muchos, respetar a todos y finalmente decidir con responsabilidad», y ha señalado que Maricarmen, la anciana desahuciada del piso en el que vivía desde hacía 70 años y ha desatado una ola de movilizaciones, «representa hoy en la lucha por el derecho a la vivienda lo que Ramón Sampedro en el derecho a una muerte digna o Ana Orantes en la lucha contra la violencia de género». Rodríguez ha agradecido a ERC, Bildu, PNV, Podemos, CC y BNG por haber decidido votar a favor del primer decreto (el segundo, que contempla el establecimiento de contratos de alquiler indefinidos, no cuenta con los apoyos necesarios, por haberse «comprometido con la solución». En cambio, se ha preguntado «qué ofrecen los fondos buitre al PP para que estén con ellos y no con la gente», y ha vuelto a cargar contra el partido de Alberto Núñez Feijóo por su «incomparecencia» en cada medida de vivienda que el Gobierno ha llevado al Congreso. «Este decreto no es solo del Gobierno, incluye medidas transversales fruto de la responsabilidad de los partidos de esta Cámara, es un llamamiento a ponernos de acuerdo. Hoy se les va a juzgar por cada uno de sus votos. Hoy se juzga tamb ién la democracia española», ha apostillado la ministra, antes de una votación que será por llamamiento, es decir, a viva voz y de manera individual, diputado a diputado, tras haberlo solicitado así tanto el PSOE como Sumar.

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Bruselas abre expediente a España por no actualizar su plan de preparación frente a apagones eléctricos

Bruselas abre expediente a España por no actualizar su plan de preparación frente a apagones eléctricos

La Comisión Europea ha informado este jueves de la apertura de un procedimiento de infracción contra España por no haber remitido todavía la actualización de su plan de preparación ante apagones eléctricos, para lo que tenía un plazo que expiró el pasado 5 de enero. Como lo ha excedido, ha abierto un expediente que, en último término podría llevar a una condena por parte del Tribunal de Justicia de la UE y a la imposición de una multa económica.La Comisión Europea ha incluido a España en su periódico «paquete de infracciones» de la ley europea por parte de los países de la UE, en este caso por haber incumplido su obligación de presentar un plan actualizado contra los apagones.Como también ha hecho con Francia, la Comisión ha enviado al Gobierno una carta de apercibimiento, informando del motivo del expediente. España tiene ahora dos meses para responder y si la respuesta es satisfactoria y, por ejemplo, España presenta el plan antiapagones o un borrador del mismo, Bruselas cerrará el expediente. Si no, le enviará una carta motivada -como ya ha hecho con Bélgica- en la que especificará concretamente qué medidas tiene que tomar el Gobierno. En caso contrario, trasladará el expediente al Tribunal de Justicia de la UE, que podría condenar a España por incumplir las normas de la UE en materia de Energía y Clima e imponerle una sanción económica.Herramienta para la «máxima preparación»La Comisión recuerda que el plan de preparación de riesgos de apagón es «una importante herramienta para asegurar la máxima preparación en el sector eléctrico», que debe establecerse «para evitar una disrupción del suministro eléctrico o para mitigar sus efectos, si este ocurre».En él, los países de la UE deben fijar «todas las medidas» que tengan planificadas o vayan a tomar «para prevenir, prepararse y mitigar crisis eléctricas», que recuerda que pueden suceder debido a «muchos motivos», como condiciones climáticas extremas, ciberataques o escasez de combustible. «Cuando estas situaciones de crisis suceden, habitualmente tienen efectos transfronterizos» y pueden afectar a varios países de la UE, recalca. Por eso, desde 2022 los Estados miembros tienen obligación de elaborar y actualizar cada cuatro años planes de preparación. Deberían haber remitido la segunda versión -y primera actualización- el 5 de enero de este año, pero España -como tampoco Francia y Bélgica- no lo han hecho.Por eso, la Comisión pide a España y los otros dos países que «cumplan con la regulación sin demora». Tiene dos meses para responder a esta carta de apercibimiento. «En ausencia de una respuesta afirmativa, la Comisión decidirá si envía una carta motivada», advierte.Un paso más en el expediente sobre reciclaje de paneles socialesPor otra parte, Bruselas ha dado un paso más en otro expediente que ya tenía abierto contra España con el envío de un dictamen motivado para que trasponga totalmente la Directiva sobre residuos eléctricos y de equipamiento electrónico  debido que todavía no ha trasladado a la legislación nacional las normas para el reciclaje de paneles fotovoltaicos.El expediente -en el que España, Bulgaria, Chequia, Chipre, Polonia y Rumania ya han respondido insatisfactoriamente a la carta de apercibimiento- tiene su origen en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en 2022 que enmendó la Directiva para establecer que los productores de los paneles solares instalados antes de 2005 en todos los países de la UE debían hacerse cargo del coste de reciclarlos.»La trasposición total de las reglas enmendadas es clave para asegurar seguridad jurídica en el pago de la gestión de ciertos residuos», apunta la Comisión que recuerda que ya envió una carta de apercibimiento en noviembre de 2025 y que, como los otros seis países expedientados, España «sigue sin notificar medidas para trasponer totalmente la directiva». Por eso, le da dos meses para «tomar las mediadas necesarias». «Si no, la Comisión decidirá si lleva el caso al Tribunal de Justicia de la UE.

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