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La emergencia habitacional ha desatado un terremoto social y político en los últimos días, con el desahucio de Maricarmen y el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda como telón de fondo. Según el CIS, la ciudadanía considera que la crisis de la vivienda es el principal problema de España. La situación se ha recrudecido en los últimos años hasta llevar los precios a niveles récord. La necesidad de vivienda es elevada en un país con cada vez más población y en el que ha crecido el uso de los inmuebles para fines no residenciales, como los pisos turísticos. Mientras tanto, la construcción sigue lastrada por las heridas de la burbuja inmobiliaria y no llega a cubrir los nuevos hogares que se crean cada año, a la par que el volumen de viviendas sociales sigue estando a la cola de Europa.El precio de una vivienda equivale actualmente en España a 8,4 años íntegros de ingresos de un hogar promedio, según el Banco de España. Es el nivel de esfuerzo más elevado para comprar una casa desde principios de 2011. Se acerca mucho al registrado durante 2005, cuando la burbuja inmobiliaria todavía ebullía. Hace dos años este indicador de accesibilidad apenas superaba los 7 años de ingresos. En esa misma línea, las familias tienen que destinar ya de media el 38% de su renta para pagar una hipoteca, por encima del umbral recomendado.Este creciente esfuerzo para poder comprarse una casa es el resultado de unos precios que crecen más rápido que los salarios. De acuerdo con los datos del INE, en los tres últimos años el precio de la vivienda ha subido casi el triple de rápido que los sueldos. Los inmuebles llevan una década encareciéndose de forma ininterrumpida hasta superar ya en un 12% los máximos de la burbuja —sin descontar la inflación—.La escalada se ha acelerado en los últimos tiempos. Desde 2021 el precio de la vivienda se ha disparado un 52,6% y solo en el último año se ha incrementado un 12,2%. En cambio, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos para este año apenas pasa del 3%. Según datos del Ministerio de Vivienda, un piso de 80 metros cuadrados ronda de media los 188.500 euros. Este monto es muy superior en las grandes ciudades, que concentran la emergencia habitacional, junto a las zonas vacacionales. En Madrid y Barcelona, por ejemplo, un piso de estas características alcanza los 433.500 y 368.000 euros respectivamente.Ese mismo desfase en comparación con el precio de los sueldos se repite también en los alquileres, que se han encarecido un 5,6% en el último año, según Idealista. El alza es del 43,8% desde 2021. Arrendar una vivienda de las características de 80 metros cuadrados supera actualmente los 1.200 euros de media en España. Pese a los precios desorbitados, vivir de alquiler es una fórmula que ha ganado peso en los últimos años, ante la imposibilidad para muchos de pensar en comprar un piso. Es el caso especialmente de los jóvenes, que se encuentran entre los colectivos más golpeados por la emergencia habitacional. Según el INE, la mitad de los hogares menores de 30 años y un tercio de los de 30 a 44 años son inquilinos. Hace dos décadas eran el 31,5% y 15% respectivamente. La tasa de emancipación se ha retrasado un año en la última década y supera ya los 30 años.Esta escalada de los precios es fruto del desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda. El número de habitantes de España ha pasado de 47,4 millones en 2021 a 49,8 millones en 2026, según el INE. En los últimos cinco años se han formado de media 240.000 hogares nuevos al año. En cambio, en ese mismo periodo se han empezado a construir una media de 121.600 viviendas al año y se han terminado unas 93.600. La construcción ha empezado a levantar el vuelo en los últimos años tras el desplome sufrido con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria —pasaron de finalizarse más de 600.000 inmuebles en 2008 a apenas 36.000 en 2013—, pero sigue todavía lejos de cubrir el volumen de nuevos hogares. El Banco de España calcula que solo entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit de hasta 750.000 viviendas.A esto se suma que una parte del parque inmobiliario ya existente ha dejado de destinarse a uso residencial, en busca de mayores rentabilidades por parte de los propietarios. En pleno boom turístico, destaca la proliferación de pisos turísticos —según el INE, existen 341.000—, en algunos casos de forma ilegal. El Banco de España calcula hay cerca de 900.000 inmuebles en manos de extranjeros no residentes o destinadas a alquiler vacacional.Otra fuga de viviendas está siendo el alquiler de temporada, que se ha convertido en foco de fraudes tras la aprobación de la ley de vivienda. Algunos propietarios recurren a esta fórmula para sortear las restricciones del alquiler residencial y fijar precios más altos, presentando como temporales contratos que en realidad no lo son. Según datos de Idealista, los anuncios de alquileres de temporada se han más que duplicado desde 2023, mientras que la oferta de alquileres residenciales se ha reducido un 20%. En esa misma línea, el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro calcula que el número de pisos disponibles para arrendar ha descendido en los últimos cinco años de 1,05 millones en 2021 a 660.993 en 2026.En medio de este escenario, la crisis habitacional ha puesto de manifiesto una de las grandes tareas pendientes de España en materia de vivienda: la falta de un parque de vivienda social robusto que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables. Según el último informe el Ministerio de Vivienda destinado a este asunto —de 2025—, en España los alquileres sociales representan apenas un 3,3% del parque inmobiliario, lo que equivale a menos de 1,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes. Son cifras muy lejanas a los países que llevan la delantera en Europa. En primer lugar se sitúa Países Bajos, con un 29% de viviendas sociales. Lo siguen Austria (24%), Dinamarca (20%) y Francia (17%).
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, apuesta por ampliar la movilización ciudadana por la vivienda a los salarios, en un contexto en el que su organización ha venido advirtiendo sobre la llegada de un otoño «de precios altos», ante la inflación generada por la guerra en Ucrania y Oriente Próximo, que ha disparado el precio de las gasolinas a máximos anuales y que «va a morder los sueldos de la gente».Si bien no descarta la posibilidad de una huelga general, Sordo considera que hay que medir la respuesta a esta crisis porque la situación no es la misma en las grandes ciudades, las zonas turísticas o la de la España vaciada. En una entrevista en Radio Euskadi de la que se hace eco Europa Press, Sordo se ha referido a la movilización en las calles en respuesta por el desahucio de Maricarmen, de 87 años, y ante el rechazo el pasado viernes por una mayoría del Congreso de los Diputados a los dos decretos de vivienda promovidos por el Gobierno.Sordo reconoce que la reivindicación «es bastante transversal», pero recuerda que «el tema de la vivienda no afecta igual en las grandes ciudades, en las zonas turísticas, en las islas o en la España vaciada». «Por tanto, hay que medir también en ese sentido la respuesta», ha subrayado. El líder sindical considera, no obstante, que se abre un escenario propicio para una confluencia de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE de cara a elecciones, si bien les recuerda que «no queda» mucho tiempo.»Todo esto tiene que aglutinar algún tipo de movilización de carácter amplio», ha destacado, para indicar CCOO prevé impulsar jornadas de ‘lucha’ mediante la confluencia con otros agentes. De hecho, el pasado viernes ya anunció una reunión con UGT y otras organizaciones sindicales, sociales y de inquilinos para estudiar movilizaciones y «jornadas de lucha» frente a la «agresión» de la derecha a las condiciones de vida «de millones de personas» por la vivienda. Desde su perspectiva, en este contexto tan difícil para muchas familias es necesaria una subida salarial «muy relevante». Así incide en que las empresas tienen «más beneficios que nunca».En cuanto a un eventual adelanto de las elecciones generales y la posibilidad de una confluencia de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, Unai Sordo ha dicho que se abre un escenario propicio para ello. «La vivienda moviliza mucho a la gente joven, que es la que más lo sufre, y en ese terreno sí es una oportunidad. En todo caso, cada uno tiene que hacer sus deberes y yo siempre he tenido claro que ese espacio finalmente va a llegar a un consenso sobre cómo concurrir a elecciones, lo que pasa es que mucho tiempo no queda», ha subrayado.Las advertencias de Garamendi sobre la huelga generalLas consideraciones de Sordo se producen después de que el líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, asegurase el sábado que la convocatoria de una huelga general por la vivienda no estaría «dentro de la legalidad» por no tratarse de un «conflicto laboral». En el marco del Foro La Toja Vínculo Atlántico, que se celebró esta semana en la localidad pontevedresa de O Grove, Garamendi ha reconocido que hay un problema real en España, una crisis habitacional, si bien ha incidido en que una huelga total, si finalmente se planteara, afectaría a la economía de las empresas.
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¿Puede Europa estar gastando más que nunca en defensa y seguir sin tener las armas que necesita? La pregunta ha dejado de ser teórica esta misma semana. El pasado 30 de septiembre, Rusia advirtió formalmente a la OTAN de que podría recurrir incluso a armas nucleares si la Alianza intenta aislar Kaliningrado, el enclave ruso situado entre Polonia y Lituania que alberga importantes capacidades militares y cuya posición lo convierte en uno de los puntos más sensibles del Báltico. La escalada de tensión llega cuatro años y medio después de la invasión de Ucrania y cuando Europa ya ha abierto mucho más el grifo del gasto militar. Los Veintisiete gastaron 418.000 millones de euros en defensa en 2025, alrededor de un 75% más que en 2021, y la Agencia Europea de Defensa calcula que esa cifra puede alcanzar los 454.000 millones este año.Con semejante aumento, lo lógico sería pensar que Europa dispone hoy de muchos más medios para defenderse que cuando comenzó la guerra. Sin embargo, ocurre justo lo contrario en algunas de las categorías más importantes. La consultora McKinsey calcula, a partir de datos del International Institute for Strategic Studies, que el stock total de equipamiento militar de los países europeos de la OTAN sigue por debajo del nivel de 2021, después de las entregas a Ucrania, la retirada de sistemas antiguos y los largos plazos de entrega de los nuevos pedidos. El continente sigue teniendo menos obuses de 152 y 155 milímetros, menos aviones de combate tácticos y menos submarinos que antes de la invasión, mientras mantiene importantes carencias en inteligencia, vigilancia, defensa aérea y capacidad para atacar a larga distancia. Quince tanques, un problemaEl dinero está creciendo mucho más rápido que las armas y una de las razones aparece cuando se compara cómo compran Europa y Estados Unidos. Los ejércitos europeos utilizan alrededor de 15 modelos distintos de carros de combate, frente a uno principal estadounidense, 27 tipos de obuses frente a dos y 26 modelos de fragatas y destructores frente a cuatro. Según McKinsey, esa fragmentación hace que las fuerzas europeas de la OTAN operen con más de cuatro veces la variedad de sistemas que Estados Unidos.Mantener tantos modelos significa fabricar series más pequeñas, repartir los pedidos entre más compañías y sostener cadenas distintas de repuestos, mantenimiento y formación, justo cuando los gobiernos necesitan hacer lo contrario y producir mucho más en mucho menos tiempo. Esa dispersión ayuda a explicar por qué los presupuestos pueden crecer un 75% desde 2021 sin que los arsenales lo hagan al mismo ritmo.Tener tantos modelos distintos sale caro y complica mucho las cosas. Hay que fabricar menos unidades de cada uno, comprar piezas diferentes, mantener cadenas de suministro separadas y formar a los ejércitos para manejar sistemas que muchas veces ni siquiera son compatibles entre sí. Justo lo contrario de lo que Europa necesita ahora, que es fabricar más y más rápido.La forma más evidente de fabricar más y abaratar costes sería que varios países compraran juntos los mismos sistemas, pero cuando Europa ha intentado hacerlo los intereses nacionales han complicado muchas veces el resultado. El FCAS, el gran proyecto impulsado por Francia, Alemania y España para desarrollar un caza de sexta generación, nació precisamente con esa idea y un presupuesto que rondaba los 100.000 millones de euros, pero las disputas sobre qué país fabrica cada parte, quién controla la tecnología y cómo se reparte el trabajo han ido acumulando retrasos hasta poner en duda el calendario previsto.Y mientras algunos de esos grandes programas avanzan con dificultad, los pedidos siguen entrando mucho más deprisa de lo que la industria puede entregarlos. Rheinmetall cerró junio con una cartera de pedidos y acuerdos marco de 80.500 millones de euros, frente a 56.000 millones un año antes, Leonardo acumulaba otros 56.800 millones y Saab recibió solo entre abril y junio encargos por 68.393 millones de coronas suecas. Son ventas futuras, no armas disponibles hoy.Europa llega tarde dos vecesY ahí aparece un segundo problema. Europa todavía está esperando buena parte del material que empezó a encargar tras la invasión mientras la guerra ya está cambiando qué tipo de armamento necesita. Los primeros años obligaron a reponer munición, vehículos y sistemas convencionales, pero Ucrania ha convertido la defensa aérea, los drones, los radares, la inteligencia, la vigilancia y los ataques de largo alcance en prioridades mucho más urgentes. El continente corre así el riesgo de llegar tarde dos veces, primero porque tarda años en recibir lo que compra y después porque parte de sus necesidades militares cambia antes de que esos pedidos hayan llegado.Ese desplazamiento del gasto empieza además a modificar qué empresas están mejor colocadas para captar la siguiente oleada de contratos. Rheinmetall mantiene una fuerte exposición a munición, vehículos y defensa antiaérea, mientras Leonardo, Saab, Thales o Hensoldt tienen más peso en electrónica, sensores, radares y sistemas de vigilancia, precisamente algunas de las áreas donde Europa sigue mostrando mayores carencias.La próxima fase del rearme europeo se juega así en capacidades que todavía no están disponibles en la cantidad necesaria y que tardarán años en desplegarse por completo. Rusia acaba de elegir Kaliningrado para volver a recordar hasta qué punto pueden importar esas carencias.
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La caída de los dos decretos de vivienda en el Congreso han asestado un golpe que puede resultar definitivo al Gobierno y, por tanto, a la legislatura. Ante un escenario incierto, el presidente Pedro Sánchez, el único con potestad para convocar elecciones generales, abre un fin de semana en el que reflexionar sobre cómo abordar la situación a partir de ahora, teniendo en cuenta lo ocurrido este viernes y cómo puede reaccionar la calle, muy combativa en la última semana pidiendo soluciones a la crisis habitacional. Eso sí, desde Moncloa no descartan ningún escenario.Desde que Junts confirmó el jueves que votaría en contra de los dos decretos, los rumores sobre un posible adelanto electoral han sobrevolado los pasillos del Congreso durante los debates parlamentarios. Y en su intervención por sorpresa en el hemiciclo, fue el propio Sánchez el que los alimentó al dejar una advertencia: «La historia les juzgará antes de lo que creen y con mayor contundencia de lo que imaginan».En Moncloa no prevén movimientos a lo largo de este fin de semana. Su intención, mientras analizan el nuevo escenario que se abre tras la caída de los decretos, es tratar de mantenerse en la «pantalla» de que son las bancadas de la derecha las que han impedido la aprobación de medidas para hacer frente a la crisis habitacional. Fuentes gubernamentales cargan contra las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont, con el objetivo de que el foco no se aparte de ellos, y consideran que no han medido las consecuencias de votar en contra de unas medidas que iban a amortiguar el principal problema que sufre el país. «Lo veremos en las urnas», señalan, dando por hecho que esta decisión les pasará factura electoral.También explican desde Moncloa que quieren tomar el pulso de la calle este fin de semana. El sábado hay convocadas manifestaciones por la vivienda en más de 50 ciudades y Sánchez estará muy pendiente de la movilización ciudadana en las calles para tomar una decisión.A la espera de saber la respuesta que pueda dar Sánchez, es la propia oposición la que le exige que apriete el botón electoral, dadas las encuestas que les sitúan con opciones más que probables de lograr una mayoría suficiente para gobernar. Es el desafío que le ha lanzado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: «Tiene la coartada, ponga la fecha, disuelva las Cortes, convoque elecciones y que hablen los españoles».
Los mismos problemas que ayer, pero menos que mañana… si nada lo remedia. El mercado de la vivienda transita la primera jornada después de que el Congreso tumbase el viernes los dos decretos aprobados por el Gobierno que contenían medidas como la prorroga de los alquileres, los topes a las rentas, la limitación de compra a los «fondos buitre» y beneficios fiscales para caseros e inquilinos, entre otras. Lejos de sosegarse, el debate en la calle se ha intensificado, pero también entre los expertos. De un lado, el sector inmobiliario considera que la Cámara Baja ha frenado una respuesta equivocada al problema y ha reclamado una respuesta «útil» a la crisis habitacional a través de un Pacto de Estado por la Vivienda. De otro, el Consejo General de Economistas (CGE) ha incidido en que la coyuntura actual supone uno de los mayores problemas que enfrenta el país y ha recordado que, de acuerdo con los cálculos del Banco de España, acumula un déficit de unas 750.000 viviendas que serían necesarias para responder a la creación de hogares de los últimos años -y que pueden elevarse hasta un millón antes de que concluya la década-.Por ello, en el CGE consideran necesaria la protección de las personas vulnerables y valoran positivamente algunas medidas incluidas en los decretos, como los préstamos para financiar la entrada de la primera vivienda, los avales para alquiler social y asequible, el apoyo a la construcción industrializada o determinadas ventajas fiscales.Efectos indeseados sobre un mercado rotoAl mismo tiempo inciden en que, dado que el principal problema es la escasez de vivienda, las medidas propuestas podían redistribuir sus efectos, pero difícilmente solucionarían el déficit estructural de oferta. Los economistas recuerdan que alrededor del 92% de las viviendas alquiladas a precio de mercado pertenecen a particulares. Así, sostienen que determinadas limitaciones sobre contratos, rentas y desahucios podían provocar que algunos propietarios retirasen viviendas del alquiler, las destinasen a la venta o recurrieran al alquiler temporal o por habitaciones. Otro efecto no deseado sería que los propietarios fijasen rentas iniciales más elevadas para anticiparse a futuras restricciones. En su análisis recuerdan cómo en 2024, las viviendas que entraban por primera vez en el mercado del alquiler tenían una renta media un 16,5 % superior a la del conjunto de viviendas ya alquiladas.Los economistas consideran, además, que el impacto de las medidas propuestas no sería igual para todos. Quienes ya cuentan un contrato podrían beneficiarse de una mayor estabilidad, mientras que jóvenes, trabajadores que necesitan cambiar de ciudad y hogares con ingresos irregulares podrían enfrentarse a una menor oferta y a mayores exigencias por parte de los propietarios. El CGE relaciona esto último con la movilidad laboral, puesto que si cambiar de ciudad implica perder un contrato protegido y acceder a un mercado más caro, podrían reducirse los incentivos para desplazarse por motivos profesionales.En relación a las empresas del sector, el Consejo advierte de que el marco planteado podía aumentar la prudencia inversora y hacer que algunos proyectos destinados al alquiler se orientasen hacia la venta. Por todo ello, los economistas defienden la necesidad de un marco estable que favorezca tanto la oferta pública como la privada.Otro elemento central de su análisis pasa por la seguridad jurídica. El CGE considera que la modificación prácticamente simultánea de normas sobre la misma materia podía generar incertidumbre, problemas interpretativos y mayor litigiosidad. También destaca los posibles costes financieros y administrativos para las comunidades autónomas y la necesidad de concretar adecuadamente su compensación estatal.“Lo que les faltaba (a los decretos) sigue teniendo tanto o más peso que las medidas que se proponían”, recalcan en su informe, al tiempo que ponen sobre la mesa medidas necesarias como movilizar suelo, agilizar licencias, reducir los largos plazos urbanísticos, actuar sobre la falta de trabajadores en la construcción, así como impulsar la vivienda industrializada y el aumento del parque público y social. Este último representa, según el documento, aproximadamente el 1,7 % de los hogares en vivienda pública y el 3,5 % en alquiler social, en sentido amplio.Finalmente, el Consejo interpreta la no convalidación como una oportunidad para elaborar una política de vivienda “más amplia, estable y estructural”, con debate suficiente, evaluación económica y social y participación de los distintos agentes. Los economistas reclaman que se proteja a los hogares vulnerables mediante recursos públicos suficientes, garantizar la seguridad jurídica y, sobre todo, combinar esas medidas con un “verdadero plan de incremento de la oferta”. Su principal conclusión es que la vivienda debe convertirse en una “política de Estado”, para lo que deberían combinarse la protección social, la seguridad jurídica y los incentivos económicos para aumentar sostenidamente la oferta.
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Los países del G7, un grupo formado por las principales potencias económicas y geopolíticas del planeta, han acordado liberar hasta 100 millones de barriles de sus reservas de emergencia de petróleo y diésel con la intención de enfriar unos precios disparados después del estallido de la guerra en Irán. Según ha informado Bloomberg, la medida está coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y se llevará a cabo durante los próximos cuatro meses. Así lo ha trasladado el presidente francés, Emmanuel Macron, -actual presidente del G7- en declaraciones a los medios.Los precios del diésel en Europa y los futuros del crudo Brent se desplomaron tras la noticia, pero después rebotaron borrando casi por completo el impacto. Así, al filo de las 18.00 h de la tarde en la Península, el barril de Brent cotizaba a 101,4 dólares, apenas un 1% por debajo de su nivel de cierre el día previo. La decisión llega después de que EE. UU. planteara la posibilidad de una prohibición de exportar diésel, de graves consecuencias, si los países europeos no liberaban más suministros. Una medida así amenazaría una fuente de suministro crucial para el continente, que depende en gran medida de las importaciones para cubrir su déficit de producción de diésel.La AIE ya coordinó en marzo un plan para liberar 400 millones de barriles poco después de que estallara la guerra de Irán, pero el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha criticado a Europa por no poner esos barriles a disposición con la suficiente rapidez. Un comunicado posterior del G7 sugirió que los 100 millones de barriles podrían incluir barriles que aún no se han puesto a disposición dentro de la liberación de marzo.»Todos nos hemos comprometido conjuntamente a liberar estas reservas estratégicas en las proporciones que he mencionado, con especial atención al diésel. Y todos nos hemos comprometido a garantizar que no haya prohibiciones de exportación, y el presidente Trump, en particular, fue muy claro en este punto», dijo Macron.Trump afirmó el viernes en una publicación en redes sociales que acogía con satisfacción la última medida. «Europa acaba de acordar liberar una cantidad masiva de su diésel, del que tiene grandes existencias», dijo Trump. «El proceso comenzará de inmediato», añadió. La prima del diésel sobre el crudo, un indicador de la fortaleza del mercado muy vigilado, se hundió hasta los 69 dólares por barril, frente a los 76,77 del jueves, según los datos de valor razonable recopilados por Bloomberg. Aunque la guerra de Irán ha impulsado el precio del crudo, ha presionado aún más los precios de productos derivados como el diésel y la gasolina. Esto se debe a que el conflicto, junto con la guerra de Rusia en Ucrania, ha provocado una escasez de refinerías en funcionamiento capaces de abastecer al mercado.El diésel se ha disparado hasta un récord de 6,50 dólares por galón en el surtidor en EE. UU., lo que perjudica a los agricultores del país y ha llevado a Trump a decir que apoyaría una prohibición de exportaciones. En Europa, los precios de los futuros han llegado a superar en ocasiones los 200 dólares por barril, un nivel que, según los operadores, es lo bastante alto como para presionar la demanda.Europa consume más diésel del que produce, por lo que a menudo lo importa de lugares lejanos. Sin embargo, la amenaza de EE. UU. de prohibir las exportaciones y la decisión de China de cancelar algunos cargamentos de combustible en octubre, además de las dos guerras en Irán y Ucrania, hacen que actualmente haya pocas opciones para aumentar la oferta aparte de la liberación de reservas.
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La caída de los reales decretos-ley de vivienda en el Congreso de los Diputados ha abierto un nuevo escenario en el debate sobre el mercado del alquiler. Desde el sector inmobiliario, críticos desde un inicio con el alcance de estas normativas, han recibido con los brazos abiertos la decisión parlamentaria que, a su juicio, «evita profundizar en un mercado del alquiler a dos velocidades». Es el mensaje que ha trasladado la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), antes de advertir de que la votación no incrementa la oferta ni resuelve las dificultades de acceso y exige una alternativa inmediata.Desde la patronal inmobiliaria sostienen que las medidas finalmente rechazadas podían aumentar la incertidumbre entre los propietarios y contribuir a endurecer las condiciones exigidas a determinados perfiles de inquilinos. Entre los colectivos que, según la organización, podrían verse especialmente afectados se encuentran los jóvenes, las familias, los autónomos y los trabajadores con ingresos variables. Fadei reclama ahora que el debate no quede limitado a la derogación de las medidas y que Gobierno y grupos parlamentarios trabajen en una nueva estrategia para incrementar el número de viviendas destinadas al alquiler. Entre sus propuestas figura la creación de un sistema de aval público que cubra al inquilino durante la vigencia del contrato, así como incentivos fiscales para los propietarios que ofrezcan viviendas a precios considerados asequibles. La organización también plantea establecer mecanismos específicos de apoyo para jóvenes y hogares vulnerables.Otro de los ejes de su propuesta pasa por agilizar los procedimientos relacionados con el alquiler. La patronal defiende vías administrativas y judiciales más rápidas para resolver los incumplimientos contractuales y recuperar una vivienda cuando corresponda legalmente. A ello suma la petición de acelerar la concesión de licencias urbanísticas, movilizar suelo público y promover la colaboración entre las administraciones y el sector privado para aumentar el parque de vivienda en alquiler.»Hoy se ha frenado una propuesta equivocada, pero todavía no se ha aprobado una respuesta útil», ha afirmado su presidente, Miguel Ángel Gómez Huecas. «El Gobierno y los grupos parlamentarios no deberían leer este resultado como otra batalla entre propietarios e inquilinos. Ambos necesitan más oferta, contratos seguros y reglas estables. Mañana debe comenzar la construcción de una política de vivienda que sume pisos y reparta los riesgos de forma equilibrada» ha apuntado.Por último, la patronal ha reclamado un Pacto de Estado por la Vivienda con objetivos anuales, evaluación pública y estabilidad regulatoria. «El rechazo de los decretos evita cerrar más el mercado, pero no abre todavía ninguna puerta. Si la política se limita a celebrar quién gana una votación, los ciudadanos seguirán perdiendo oportunidades de acceso. El éxito debe medirse por cuántas viviendas se incorporan y cuántas personas pueden firmar un contrato» ha sentenciado Gómez Huecas.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha ofrecido a Junts tramitar los decretos que se votan este viernes en el Congreso como proyecto de ley para incluir «las correcciones que algunos grupos reclaman» a cambio de su apoyo o, como mínimo, su abstención. Así se lo ha pedido la ministra directamente a los posconvergentes desde la tribuna del hemiciclo, durante su defensa del primero de los decretos, el que incluye el grueso de las medidas. La portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha admitido que estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo pero ha rechazado la propuesta de la ministra e insiste en la retirada de los decretos para elaborar nuevos textos que sí «persigan a los fondos». «Hace unas semanas entregaron al presidente el borrador de un decreto ley. Y sobre ese texto se ha trabajado también este decreto ley. El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente está recogido hoy en el BOE», ha señalado Rodríguez dirigiéndose a los escaños de Junts y mientras Pedro Sánchez asentía desde su asiento. La ministra ha admitido que es cierto que «no se han incorporado todas» las medidas reclamadas por el partido de Carles Puigdemont, como ha ocurrido con «todos» los partidos, pero que durante «meses de trabajo» se ha conseguido llegar «a un equilibrio posible» que satisfaga a todas las partes del espectro político. La intervención de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha estado repleta de referencias directas a la ministra y de reproches, pero no ha reaccionado a la oferta hecha por Isabel Rodríguez. La voz de Carles Puigdemont en el Congreso ha insistido en la retirada del decreto para trabajar en un nuevo texto «que ponga soluciones reales a los problemas», y hacerlo «a puerta cerrada, sin pensar en titulares». Asimismo, se ha referido a la propuesta que ha puesto sobre la mesa su formación la mañana de este viernes como punto de partida, resaltando que no «está cerrada». «Construyámosla entre todos», ha reivindicado, para resumir su receta: «Dureza con los fondos, ninguna familia en la calle y ninguna familia sin recibir lo que es suyo». La titular de Vivienda ha conminado a Junts a alejarse del PP y Vox, reclamándoles que «demuestren que en este país y en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que le importa a la gente». De hecho, ha acusado especialmente a los populares de ser «la peor derecha de Europa» y de estar «con los buitres». Sin embargo, para Nogueras los decretos que se votan en el Congreso «permiten que los fondos sigan comprando, especulando y se siga desahuciando» y lo hacen, en su opinión, porque el Gobierno «no se ha atrevido» a legislar contra estas empresas pero sí lo ha hecho «con miles de familias que se esfuerzas y aguantan ahogadas un coste de la vida cada vez más alto». La portavoz de Junts ha resumido su negativa a convalidar los dos textos porque «provocarán el efecto contrario de lo que pretenden», y aboga por incrementar la oferta y generar seguridad jurídica, además de perseguir a los «fondos buitre». Para Nogueras, «están haciendo lo peor que puede hacer un político: alimentar una mentira» cuando «lo que hacía falta era rectificar las políticas que nos han traído esta escalada de precios, no ser reincidentes en ellas». Durante su primera intervención, la ministra ha recordado unas palabras del exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba para asegurar que «gobernar en democracia exige escuchar a muchos, respetar a todos y finalmente decidir con responsabilidad», y ha señalado que Maricarmen, la anciana desahuciada del piso en el que vivía desde hacía 70 años y ha desatado una ola de movilizaciones, «representa hoy en la lucha por el derecho a la vivienda lo que Ramón Sampedro en el derecho a una muerte digna o Ana Orantes en la lucha contra la violencia de género». Rodríguez ha agradecido a ERC, Bildu, PNV, Podemos, CC y BNG por haber decidido votar a favor del primer decreto (el segundo, que contempla el establecimiento de contratos de alquiler indefinidos, no cuenta con los apoyos necesarios, por haberse «comprometido con la solución». En cambio, se ha preguntado «qué ofrecen los fondos buitre al PP para que estén con ellos y no con la gente», y ha vuelto a cargar contra el partido de Alberto Núñez Feijóo por su «incomparecencia» en cada medida de vivienda que el Gobierno ha llevado al Congreso. «Este decreto no es solo del Gobierno, incluye medidas transversales fruto de la responsabilidad de los partidos de esta Cámara, es un llamamiento a ponernos de acuerdo. Hoy se les va a juzgar por cada uno de sus votos. Hoy se juzga tamb ién la democracia española», ha apostillado la ministra, antes de una votación que será por llamamiento, es decir, a viva voz y de manera individual, diputado a diputado, tras haberlo solicitado así tanto el PSOE como Sumar.
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La Comisión Europea ha informado este jueves de la apertura de un procedimiento de infracción contra España por no haber remitido todavía la actualización de su plan de preparación ante apagones eléctricos, para lo que tenía un plazo que expiró el pasado 5 de enero. Como lo ha excedido, ha abierto un expediente que, en último término podría llevar a una condena por parte del Tribunal de Justicia de la UE y a la imposición de una multa económica.La Comisión Europea ha incluido a España en su periódico «paquete de infracciones» de la ley europea por parte de los países de la UE, en este caso por haber incumplido su obligación de presentar un plan actualizado contra los apagones.Como también ha hecho con Francia, la Comisión ha enviado al Gobierno una carta de apercibimiento, informando del motivo del expediente. España tiene ahora dos meses para responder y si la respuesta es satisfactoria y, por ejemplo, España presenta el plan antiapagones o un borrador del mismo, Bruselas cerrará el expediente. Si no, le enviará una carta motivada -como ya ha hecho con Bélgica- en la que especificará concretamente qué medidas tiene que tomar el Gobierno. En caso contrario, trasladará el expediente al Tribunal de Justicia de la UE, que podría condenar a España por incumplir las normas de la UE en materia de Energía y Clima e imponerle una sanción económica.Herramienta para la «máxima preparación»La Comisión recuerda que el plan de preparación de riesgos de apagón es «una importante herramienta para asegurar la máxima preparación en el sector eléctrico», que debe establecerse «para evitar una disrupción del suministro eléctrico o para mitigar sus efectos, si este ocurre».En él, los países de la UE deben fijar «todas las medidas» que tengan planificadas o vayan a tomar «para prevenir, prepararse y mitigar crisis eléctricas», que recuerda que pueden suceder debido a «muchos motivos», como condiciones climáticas extremas, ciberataques o escasez de combustible. «Cuando estas situaciones de crisis suceden, habitualmente tienen efectos transfronterizos» y pueden afectar a varios países de la UE, recalca. Por eso, desde 2022 los Estados miembros tienen obligación de elaborar y actualizar cada cuatro años planes de preparación. Deberían haber remitido la segunda versión -y primera actualización- el 5 de enero de este año, pero España -como tampoco Francia y Bélgica- no lo han hecho.Por eso, la Comisión pide a España y los otros dos países que «cumplan con la regulación sin demora». Tiene dos meses para responder a esta carta de apercibimiento. «En ausencia de una respuesta afirmativa, la Comisión decidirá si envía una carta motivada», advierte.Un paso más en el expediente sobre reciclaje de paneles socialesPor otra parte, Bruselas ha dado un paso más en otro expediente que ya tenía abierto contra España con el envío de un dictamen motivado para que trasponga totalmente la Directiva sobre residuos eléctricos y de equipamiento electrónico debido que todavía no ha trasladado a la legislación nacional las normas para el reciclaje de paneles fotovoltaicos.El expediente -en el que España, Bulgaria, Chequia, Chipre, Polonia y Rumania ya han respondido insatisfactoriamente a la carta de apercibimiento- tiene su origen en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en 2022 que enmendó la Directiva para establecer que los productores de los paneles solares instalados antes de 2005 en todos los países de la UE debían hacerse cargo del coste de reciclarlos.»La trasposición total de las reglas enmendadas es clave para asegurar seguridad jurídica en el pago de la gestión de ciertos residuos», apunta la Comisión que recuerda que ya envió una carta de apercibimiento en noviembre de 2025 y que, como los otros seis países expedientados, España «sigue sin notificar medidas para trasponer totalmente la directiva». Por eso, le da dos meses para «tomar las mediadas necesarias». «Si no, la Comisión decidirá si lleva el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
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Antonio Garamendi ha estrenado este jueves su tercer mandato al frente de la gran patronal CEOE. Lo ha hecho por aclamación, con las filas de la organización -antaño enfrentadas- unidas, sin ningún rival y con el horizonte despejado en los próximos cuatro años. Con este telón de fondo el empresario vasco ha inaugurado mandato con un discurso en el que ha cargado con dureza contra el Gobierno por los últimos decretos sobre vivienda impulsados y ha lamentado el incremento de los costes laborales. «La responsabilidad del grave problema de acceso a la vivienda es de la administración y nunca debe derivar en una invasión de la propiedad privada», ha señalado Garamendi en su discurso, respecto a la normativa sobre vivienda que el Ejecutivo buscará convalidar el viernes. «Lo que se pretende es atacar a la propiedad privada y a los pequeños ahorradores, no se puede arreglar un derecho rompiendo otro», ha añadido, más tarde, en conversación con los periodistas.El líder empresarial vasco ha reprochado al Gobierno su «inacción», a la hora de construir vivienda y ha calificado de «vergonzosa» para el país la imagen que ha dado el Ejecutivo con la cuestión de los decretos. «Resulta grotesco, por no decir triste, que una parte del Gobierno llame a manifestarse contra el propio Gobierno», ha señalado, haciéndose eco de unas declaraciones recientes de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Garamendi ha pedido explícitamente el voto en contra de la convalidación de los decretos, de los que ha rechazado específicamente el llamado ‘escudo antidesahucios’. «Hay que hacer los deberes, hay que atender a Maricarmen», ha defendido el presidente de CEOE, pero no a costa de cargarlo al sector privado, ha agregado. Deterioro institucionalEl discurso inaugural de Garamendi ha sido duro, crítico. El recién reelegido presidente ha dibujado una imagen de España que sufre un «deterioro institucional» y que «ha abandonado los principios fundamentales de la democracia parlamentaria», en una referencia velada -de muchas- al Ejecutivo de coalición. «Vemos la situación actual con profunda preocupación, llevamos cuatro años sin Presupuestos, ¿qué tiene que pasar para que pase algo?, ha lamentado Garamendi. El presidente de CEOE ha pedido «respeto» para la independencia y las decisiones de los jueces y que se reconozca su labor, una reclamación que ha extendido también a las fuerzas y cuerpos de seguridad. «Hay que recuperar la separación e independencia de los poderes del Estado», ha apuntado a renglón seguido, en un nuevo dardo al Gobierno de Pedro Sánchez.Garamendi también ha dedicado unas palabras a la situación en Ceuta y ha celebrado que los Reyes vayan a poder asistir a la ciudad autónoma este mes. Ha calificado la crisis migratoria como de «invasión que no podemos permitir» y ha declarado que «hay gente que quiere desahuciar a 80.000 personas de Ceuta».Reclama «recuperar el diálogo social»Los asuntos laborales han ocupado un segundo plano en el discurso, como el propio presidente ha subrayado en su intervención. En este capítulo, Garamendi ha reclamado «recuperar un diálogo social real». «Queremos volver a aportar algo más que un control de daños ante esta ofensiva normativa y de alto contenido ideológico», ha señalado en referencia al Ministerio de Trabajo, con el que tantos encontronazos ha tenido esta legislatura. El presidente de CEOE ha cuestionado también la subida de los costes laborales y, en particular, de la subida de las cotizaciones sociales para pagar las pensiones, que ha calificado como «una derrama a costa del bolsillo de los trabajadores y empresas». En este sentido, ha pedido deflactar el IRPF y ha recuperado otra vieja reivindicación personal para poner en el foco el coste laboral: que las empresas entreguen a los trabajadores su salario bruto y que sean las administraciones quienes se encarguen de liquidar cotizaciones e IRPF.Garamendi también se ha mostrado dispuesto a negociar para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un marco en el que sindicatos y patronal pactan las directrices en los convenios colectivos de cara a los próximos años. El presidente ha aceptado hablar de salarios, pero también de «absentismo, cotizaciones y fiscalidad».
El primero de los dos decretos que el Gobierno aprobó el martes recoge una reforma fiscal en toda regla sobre la tributación de la vivienda. El texto, de casi 100 páginas, dedica un título entero a medidas fiscales y tributarias, entre las que destacan nuevos incentivos a los caseros, deducciones a inquilinos y penalizaciones a los pisos vacíos y al alojamiento turístico. La primera de las novedades que incluye el texto es una reforma de los beneficios fiscales en el IRPF de que disfrutan los caseros que no sean grandes tenedores de vivienda. En líneas generales, mejoran los incentivos para los propietarios que bajan precios y empeoran las ayudas a quienes, por el contrario, suban la renta a sus inquilinos.La nueva norma deja exenta la tributación del alquiler a los propietarios que renueven el contrato a un inquilino bajándole el precio al menos un 5%. También se perdona el IRPF, en la práctica, a los caseros que alquilen por primera vez si lo hacen por debajo del precio de mercado, es decir, respetando los máximos que define el Ministerio de Vivienda para cada zona y características del inmueble. Al margen de estos casos, el texto introduce también bonificaciones muy amplias (de entre el 70 y el 95%) para el resto de caseros que abaraten el alquiler más de un 5%. Un beneficio fiscal que se intensifica cuando el arrendatario es joven o vive en una zona declarada como tensionada por el Ministerio de Vivienda. «La norma se ha hecho mucho más compleja, se abre un abanico enorme», explica Raquel Jurado, técnica del Servicio de Estudios del REAF-CGE en conversación con La Información Económica. En caso de que el propietario no suba precios, la bonificación fiscal se mantiene: solo tiene que tributar por el 50% de lo que haya ganado por el alquiler, una vez descontados los gastos. Sin embargo, el decreto cambia el sistema para desincentivar y castigar a los caseros que suban los precios. Con la normativa anterior, se les perdonaba la mitad del IRPF por la renta incluso si encarecían la renta. Ahora, la deducción para quienes suban precios se reduce al 40% para quienes incrementen el alquiler menos de un 5% y cae hasta el 15% si lo elevan un 20% o más. Una nueva ayuda para inquilinosAl mismo tiempo que se modifica el sistema de bonificaciones para los caseros, el Gobierno ha introducido una nueva deducción fiscal para los inquilinos de rentas medias-bajas. Así, los arrendatarios con ingresos de 33.007 euros brutos o menos podrán deducirse de su declaración de la renta un 10% del alquiler mensual que paguen, aunque con ciertos límites. El sistema limita la deducción a un máximo de 11.630 euros en mensualidades de alquiler satisfechas a los contribuyentes que ganen menos de 23.000 euros brutos. Lo que se traduce en un ahorro máximo de 1.163 euros al año en la declaración de la renta. En caso de que los ingresos superen los 23.000 euros, la cantidad de alquiler que se puede deducir se va reduciendo a medida que aumentan los ingresos. Esta medida, señala Raquel Jurado, recuerda a una deducción similar que ya se aplicó hace una década, pero que finalmente se acabó liquidando. Fuentes gubernamentales trasladan que el coste fiscal de esta renovada deducción rondará los 950 millones de euros en recaudación perdida. Además, dentro del universo del IRPF, el Gobierno ha decidido dejar exento de tributación las ganancias por vender vivienda a organismos públicos que tengan por finalidad promocionar y gestionar vivienda social y asequible. Eso sí, siempre que el importe de la operación sea inferior a los 200.000 euros.Castigo a pisos vacíos y turísticos La parte fiscal del decreto de vivienda también pone el foco en los pisos vacíos y en los inmuebles de uso turístico. En este apartado, la medida más llamativa es que las viviendas que se dediquen a alquiler turístico o de corta duración (menos de 30 noches y salvo que sea la vivienda habitual del arrendador) tendrán que pagar un IVA del 10%. Hasta la fecha, esta actividad estaba exenta de pagar este tributo, algo de lo que se había quejado en varias ocasiones el sector hotelero que sí que tenía que abonar el impuesto. Si el decreto sale convalidado, esta medida entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2026. Dentro del IVA, el Ejecutivo introduce además dos beneficios fiscales importantes que han sido celebrados por el sector inmobiliario. El primero es que las reformas de vivienda para alquiler habitual podrán beneficiarse de un tipo reducido del 10%. Además, los promotores de vivienda protegida con calificación de permanente o indefinida pagarán un IVA superreducido del 4%. En lo que respecta a los pisos vacíos, el Gobierno introduce una novedad dirigida a penalizarlos fiscalmente. El decreto habilita a los ayuntamientos para que puedan establecer recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de entre el 50 y el 150% a las viviendas sin ocupar. La definición de «desocupado» implica que la vivienda tiene que permanecer al menos dos años deshabitada de forma continuada y sin causa justificada y, además, pertenecer a propietarios que tengan cuatro o más inmuebles de uso residencial. Aunque si está en una zona tensionada, el requisito de la multipropiedad desaparece.Esta posibilidad de subir el IBI también se prevé para los alojamientos turísticos que estén en zonas tensionadas. En este caso, los recargos pueden oscilar entre el 50 y el 150% en función del número de pisos vacacionales que tenga el propietario en cuestión. Además, el decreto incluye una disposición aparentemente técnica en el IRPF, pero que puede afectar notablemente a los propietarios de vivienda vacía. La norma prevé un cambio en el sistema de imputación de rentas en el IRPF y de la forma de medir el valor catastral de las viviendas vacías que, en palabras de Jurado, va a provocar que los propietarios de inmuebles vacíos a su disposición que no sean vivienda habitual, esté alquilada o afecta a un negocio paguen más por este impuesto.
La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/peliculas-series/notas/soul-snatchers-el-cine-de-fe-se-encuentra-con-el-horror-en-esta-pelicula-puertorriquena/ Para el cineasta puertorriqueño Julio Román, lo que inicialmente comenzó como una asignación para una clase de …
El euríbor ha cerrado septiembre con una media mensual del 3,24%, lo que supone su nivel más alto desde julio de 2024, cuando se movía sobre el 3,5%. El índice de referencia del mercado hipotecario confirma su escalada tanto en clave mensual, ya que en agostó alcanzó el 2,95%, como interanual. En comparación con el noveno mes del ejercicio pasado, el incremento roza el 50% y confirma así el encarecimiento de las hipotecas vinculadas a dicho indicador. A las familias que les toque revisar su crédito hipotecario con el dato de septiembre deberán hacer frente a un incremento de la cuota de 105 euros al mes y de 1.260 euros más al año en caso de que la actualización sea anual. Si la revisión se hace con carácter semestral, serán unos 67 euros más u 84 euros al semestre. Estos serían los cálculos para una hipoteca media, que según el INE asciende a 180.785 euros, firmada a un plazo de 25 años y con un diferencial de un punto sobre el euríbor. Si el crédito hipotecario asciende a 300.000 euros bajo las mismas condiciones, los hogares deberán hacer frente a una subida de la cuota de casi 172 euros y alrededor de 2.074 euros más al año en el caso de que la revisión sea anual; y será de 112 euros al mes y 672 euros al semestre, para aquellas hipotecas que se firmasen con una actualización semestral.La senda ascendente del euríbor se produce al calor de las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) seguirá con las subidas de los tipos de interés. Tras el alza acometido en la última reunión, la tasa de referencia del dinero se sitúa en el 2,5%. En cualquier caso, la revisión global se produce en el marco de unas expectativas de tipos más alta que se observa con mayor claridad en el mercado de deuda, al calor de las mayores rentabilidades de los bonos. El mercado descuenta que pueden situarse en una horquilla de entre el 3,5% y el 4% para abordar el aumento de la inflación por encima del objetivo del 2% ante la escalada del conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz, que presiona directamente sobre la cotización del petróleo. A la espera de conocer el dato de IPC en la eurozona, la inflación en España se ha disparado hasta niveles cercanos al 5% por los mayores costes energéticos. Se trata del dato más elevado desde julio de 2023. El problema está en la tasa subyacente, aquella que excluye los costes energéticos y los alimentos no elaborados, ha repuntado hasta el 3,1%, también máximos de más de dos años. «El euríbor corre claramente por delante del tipo oficial del BCE. Con la facilidad de depósito en el 2,50% y el euríbor a doce meses alrededor del 3,3%, el mercado está incorporando ya un endurecimiento monetario considerable durante los próximos doce meses», señalan desde Roams. Desde el comparador de servicios básicos, Pablo Vega, explica que un euríbor que sube tres décimas en cuestión de cuatro semanas genera mucha más incertidumbre que un índice que llega a ese mismo nivel después de varios meses. «El mercado hipotecario está teniendo que adaptarse a un cambio extremadamente rápido», agrega.