Vida Gerente

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha salido en defensa del proyecto de real decreto que impone nuevas exigencias a los desarrolladores de centros de datos tras el aluvión de críticas que han suscitado en el sector las nuevas condiciones. En una tribuna publicada en Bloomberg, el jefe del Ejecutivo ha reivindicado la necesidad de regular la expansión de los centros de datos ante el creciente consumo de energía y agua asociado a estas instalaciones, que considera un activo estratégico para el desarrollo de la inteligencia artificial y la economía digital.Sánchez sostiene que el debate sobre el impacto «medioambiental, económico y social» de los centros de datos es necesario porque la economía digital depende de una infraestructura física que «ocupa suelo, consume energía, usa agua y requiere inversiones cada vez mayores». El presidente advierte de que la expansión del sector ya está generando tensiones en otros países. En Irlanda, los centros de datos representaron el 21% del consumo eléctrico en 2023 y podrían alcanzar el 32% este año, mientras que en Estados Unidos su participación en la demanda podría pasar del 4% en 2023 al 12% en 2028. «No es de extrañar, entonces, que esto sea una fuente de creciente preocupación política y pública», señala Sánchez, que cita una encuesta de Gallup según la cual el 71% de los estadounidenses se opone a la construcción de centros de datos en su comunidad.Sánchez también apunta a otros efectos locales asociados a estas instalaciones. Investigadores de la Universidad de Cambridge han identificado lo que denominan un «efecto isla de calor de los centros de datos», mientras que un estudio de investigadores de Yale y la Universidad de Chicago relaciona la construcción de nuevos centros de datos con un aumento de los precios de la vivienda en las zonas próximas. Ante este escenario, Sánchez plantea que la cuestión no es «si los centros de datos son necesarios -lo son-, sino cómo se desarrollan». El presidente también plantea dos preguntas: «¿Qué tipo de centros de datos necesitamos? ¿Y quién gobernará su expansión?»Sánchez defiende una regulación anticipada frente a una intervención posterior. «La experiencia económica enseña una lección sencilla: que la regulación proactiva es más eficaz que la intervención reactiva», afirma. Según el presidente, disponer de normas claras desde el principio permite separar «los proyectos responsables de los insostenibles», alinear los incentivos privados con los intereses públicos y proteger los recursos y las comunidades.España, según el presidente, todavía está lejos de afrontar una presión similar sobre su sistema eléctrico. Sin embargo, señala que la fortaleza de la economía española y su capacidad de generación renovable han generado «un enorme interés inversor» por la construcción de centros de datos, por lo que sus necesidades energéticas «están destinadas a superar las expectativas». Las estimaciones actuales sitúan en hasta 4 gigavatios la demanda de electricidad asociada a la capacidad informática para 2030, mientras que las solicitudes y permisos concedidos para este tipo de instalaciones «superan varias veces ese objetivo». Sánchez reconoce que muchos de esos proyectos probablemente no llegarán a materializarse, pero considera que «la rápida tendencia al alza es evidente». «Nos estamos acercando a un punto de inflexión y debemos actuar para adelantarnos», afirma.El presidente cita de nuevo la experiencia internacional. Irlanda endureció sus normas después de que los centros de datos se convirtieran en una fuente importante de presión sobre la red eléctrica, mientras que Nueva York ha aprobado una moratoria temporal y algunos proyectos han sufrido retrasos o cancelaciones ante el aumento de la oposición local. «La lección no podría ser más clara: no planificar y regular desde el principio acaba siendo más costoso y menos eficaz», sostiene Sánchez. El Gobierno español lanzó en agosto una consulta pública sobre un nuevo marco regulatorio para los centros de datos. La propuesta contempla estándares de eficiencia energética y de uso del agua y obligará a los centros de datos a comunicar indicadores clave de rendimiento para poder «evaluar y comparar su uso de los recursos y desalentar el despilfarro».El acceso a la red eléctrica es, según Sánchez, «un activo estratégico escaso» y no debería quedar bloqueado por proyectos que carezcan de «credibilidad, viabilidad o una contribución significativa a la economía y la sociedad». El marco también establece que cualquier aumento de la demanda eléctrica deberá ir acompañado de capacidad renovable adicional. Sánchez sostiene que una parte significativa del consumo de los centros de datos deberá estar respaldada por «proyectos de energía limpia de nueva construcción». La lógica, afirma, es tanto económica como medioambiental. «Los grandes nuevos consumidores de electricidad no deberían competir con la demanda existente ni impulsar una mayor dependencia de los combustibles fósiles; deberían ayudar a catalizar la inversión en la transición energética.»Sánchez también presenta los centros de datos como un activo estratégico para Europa. El marco propuesto combina garantías sobre «cómo se controlan los datos -y cómo se gestiona la infraestructura-» con incentivos destinados a ampliar el sector tecnológico europeo y reforzar la soberanía del continente. «Nuestro objetivo debe ser comerciar con bytes, no con vatios», afirma Sánchez. El presidente sostiene que España quiere «capturar plenamente las oportunidades» creadas por los centros de datos y la inteligencia artificial, pero añade que el reto consiste en garantizar que la infraestructura crezca de acuerdo con la capacidad del sistema eléctrico y que los recursos energéticos se destinen a proyectos útiles. «El objetivo no es ralentizar el crecimiento ni limitar la innovación», afirma Sánchez. «Todo lo contrario: se trata de garantizar que sigan siendo económicamente sostenibles y medioambiental y socialmente justos.» Según el presidente, los países que comprendan esta necesidad estarán mejor posicionados para liderar la próxima fase de la economía digital.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/notas/ruben-blades-vuelve-a-la-salsa-brava-sin-dejar-atras-su-conciencia-social/ De Rubén Blades se han dicho muchas cosas, y con razón: que es el compositor de algunos …

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, saca su lado más ‘halcón’ y deja claro al mercado que perseguirá con mano de hierro la estabilidad de precios. Durante su intervención tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), que ha aprobado una subida de los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el rango objetivo del 3,75-4%, el máximo responsable del organismo ha confirmado su postura hacia una política monetaria más restrictiva, aunque eso implique un pulso con Donald Trump. Despeja así el camino a posibles subidas de los tipos de interés en caso de ser necesarias y elimina los rumores que apuntaban a que con su elección como sucesor de Jerome Powell adoptaría un giro expansivo, marcado por las bajadas del precio del dinero, dada la cercanía a Trump. «La inflación es demasiado alta y lo ha sido durante demasiado tiempo»,  ha expresado tras poner el foco en la tasa subyacente, que no tiene en cuenta los precios energéticos ni de los alimentos, que no ha experimentado una mejora significativa. Los últimos datos sobre el IPC estadounidense correspondientes a agosto muestran que aunque dicha tasa permaneció sin cambios en el 3,4% interanual tras las bajadas de junio y julio, el dato subyacente apenas se redujo en una décima, hasta el 2,4%. Warsh ya anticipó algunas pistas acerca de la línea que adoptaría el banco central durante su intervención en Jackson Hole, que también lo centró en la necesidad de controlar el avance de los precios, especialmente, con un coste del petróleo por encima de los 100 dólares.  En palabras de Warsh, este movimiento al alza implica retirar una «dosis de comodidad» de cara a que las condiciones financieras sean más consistentes en un escenario marcado por la volatilidad y la incertidumbre del curso del conflicto en Oriente Próximo. «La medida adoptada empieza a demostrar que nos tomamos esto en serio y que cumpliremos con nuestro objetivo de estabilidad de precios», ha remarcado. Asimismo, ha explicado que el hecho de que su postura sea ahora más clara con respecto a la cita de julio radica en que era necesario esperar para contar con más información antes de dar un paso al frente. Según Warsh, además de que la economía se ha fortalecido en medio de la inestabilidad geopolítica. Cabe destacar que Warsh ha sido el único de los 19 miembros del Comité que no ha participado en la elaboración del diagrama de puntos, conocido en la jerga financiera como ‘dot plot’, que recoge las expectativas de los miembros del Comité acerca de las previsiones de los tipos de interés, dando una elevada probabilidad a que se produzca otro ajuste al alza antes de acabar el ejercicio. El nuevo presidente es poco partidario de esta medida bajo el argumento de que si bien fue una herramienta útil durante la gran recesión de 2008, ya no ve sentido a que siga en vigor. El hecho de que la subida se haya aprobado por unanimidad confiere a Warsh el respaldo institucional después de que la independencia del mismo haya sido cuestionada. El rendimiento bono americano a diez años ha vuelto a sobrepasar el umbral del 5% ante la decisión, consolidando los máximos desde 2007, antesala de la crisis financiera global. A lo que sí se ha negado Warsh es a desvelar el contenido de sus conversaciones con el líder del Ejecutivo en EEUU y ha remarcado que no es un «redactor de newsletter de Wall Street». Los analistas han destacado que la función de reacción ha resultado ahora más «fácil de interpretar». «La inflación continúa por encima del objetivo, la actividad económica se mantiene resiliente y la inversión empresarial continúa siendo sólida. Mientras esa combinación no cambie, nuevas subidas de tipos siguen siendo una posibilidad», indican desde Fidelity.

El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el real decreto ley de medidas de apoyo a Ceuta que prevé movilizar 309 millones de euros con el apoyo de todos los grupos de la cámara salvo Vox, que ha votado en contra, y Junts, que se ha abstenido. La norma, que seguirá su tramitación como proyecto de ley recoge también nuevas bonificaciones fiscales permanentes a la contratación y en IRPF y Sociedades. La regulación que ha recibido 304 votos a favor, 33 en contra y 7 abstenciones, es «clave» para dar pasos para «devolver Ceuta a la normalidad», ha afirmado el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la defensa del texto.El real decreto, que ahora se tramitará como proyecto de ley, incluye medidas para movilizar 309 millones de euros en lo que queda de año, sobre todo para menores y atención humanitaria (118 millones), seguridad (90 millones) y ayudas a empresas y trabajadores (80 millones), entre otras.Dentro de esta última partida, la norma crea un fondo de 36,6 millones en ayudas directas para autónomos y empresas -5.000 euros para autónomos y entre 10.000 y 150.000 para empresas-, gestionado por la Agencia Tributaria, que desde este lunes ha recibido 633 solicitudes, ha avanzado Cuerpo, que espera que se empiecen a abonar el 6 de octubre.Además, la norma destina 14 millones a revitalizar el pequeño comercio y el sector turístico, con medidas como un bono al consumo, y, en materia laboral, ofrece la posibilidad de solicitar un ERTE con exenciones del 100 % para las empresas que hayan visto interrumpida su actividad, prestaciones extraordinarias por cese de actividad y aplazamiento de cuotas al 0,5 %.Asimismo, aprueba medidas permanentes que también se aplicarán a Melilla: una subida del 50 % al 75 % de la bonificación por contratación indefinida, un aumento del 50 % al 60 % de las bonificaciones en el impuesto de sociedades para entidades residentes y mayores facilidades para que los autónomos se deduzcan los gastos de difícil justificación en el IRPF.Críticas de socios y oposiciónEl decreto ha recibido duras críticas del PP, que lo ha tachado de «propagada» porque no devuelve la normalidad a los ceutíes, y Vox, porque a su juicio la única forma de resolver la crisis es retornar los inmigrantes a Marruecos, así como de Junts, que ha acusado al Gobierno de dedicar «cientos de millones de euros para tapar su incapacidad».También los socios del Gobierno han mostrado sus reticencias a pesar de apoyar el texto, ya que Bildu cree que las medidas «no son acertadas», PNV ha pedido «rapidez, transparencia y sencillez en la gestión» de las ayudas, Podemos ha lamentado que se hable «poco de la clase trabajadora» y Coalición Canaria ha cuestionado si será suficiente.

Juan Manuel Doncel es la persona encargada de administrar el puerto de Ceuta desde hace siete años. Un fondeadero pequeño en comparación con otros del resto del país, pero en fuerte crecimiento y crucial para la ciudad en el que el Gobierno ultima los preparativos para instalar a más de un millar de migrantes que cruzaron a Ceuta a finales de julio. Doncel atiende a La Información Económica por teléfono poco después de reunirse con la delegación del Gobierno para tratar este asunto. Señala que la ocupación de los dos campamentos que se están desplegando es «inminente» y se confiesa «muy preocupado» por cómo puede afectar la situación a la seguridad y el buen funcionamiento del puerto. Una terminal marítima a la que ve mucho futuro en un punto clave para el tráfico marítimo internacional como es el Estrecho de Gibraltar. «Si el puerto de Ceuta paraliza la actividad o decae la actividad estaríamos hablando de unas pérdidas cuantiosas, que se podrían cifrar en torno a 147 millones de euros, no es algo baladí», advierte Doncel, a quien el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, designó para el puesto en el año 2019. Un cálculo, que escalaría hasta los 600 millones si las carpas para el refugio de los migrantes se mantienen también en 2027, sostiene. De hecho, la crisis migratoria ya ha empezado a hacer mella en la actividad del puerto, con menor llegada de cruceros, traslada. El presidente de la autoridad portuaria reconoce la necesidad de dar respuesta a la crisis migratoria, pero no cree que el puerto sea la instalación más adecuada para ello. «Nadie discute la necesidad de atender a quienes están sin alojamiento, pero una cosa es hacer frente a esta situación, que es excepcional, y otra es comprometer uno de los principales núcleos económicos productivos de la ciudad», explica.Según estima Doncel, el puerto supone el 25% del valor añadido que produce la economía de la ciudad autónoma y genera en torno a 7.100 puestos de trabajo entre empleos directos o indirectos. Dicho de otro modo, uno de cada cuatro afiliados a la Seguridad Social de Ceuta está vinculado a la instalación. «Es un activo estratégico para la ciudad, es una parte fundamental de su engranaje territorial de la ciudad y, al final, es el cordón umbilical que nos une con la península para el transporte y para el abastecimiento», cuenta a este periódico.Una de las cuestiones que más inquieta al máximo responsable de la gestión del puerto es la seguridad. «Estamos muy preocupados, lo venimos manifestando en las reuniones que seguimos manteniendo con el Gobierno», cuenta Doncel, que confía en que el Ejecutivo sea capaz de garantizar la seguridad tanto de los migrantes como del personal del puerto.El despliegue de las carpas ha obligado al Ejecutivo a elevar a nivel 2 de protección portuaria (en una escala de tres) en Ceuta. Esto se traduce en mayores controles o más inspecciones, algo que también afecta a los barcos que fondean en sus aguas, que podrían verse disuadidos de hacerlo por esta razón.Doncel sostiene que el Gobierno no le ha informado debidamente de cuestiones como el dispositivo de seguridad, la fecha en que llegarán los migrantes, quién va a gestionar el campamento o los informes gubernamentales que avalan la instalación. «No sabemos absolutamente nada, estamos esperando respuestas», apunta en conversación con este diario.»Yo tengo que defender a la comunidad portuaria. No me niego a la colaboración institucional, de hecho le estoy agradecido a Puertos del Estado por las inversiones que se han canalizado en el puerto de Ceuta», sostiene Doncel. «Pero para hacer frente a esta situación excepcional no se puede generar un perjuicio que puede ser irreparable para una institución como el puerto de Ceuta», añade.Un puerto estratégico en un mundo cambianteEl Puerto de Ceuta está acostumbrado a las crisis. El cierre del paso del Tarajal en el año 2018 provocó una fuerte caída en el tráfico de mercancías, poco después la pandemia frenó las llegadas del barco y ya tuvo que afrontar una crisis migratoria en 2021, que llegó a paralizar las operaciones de avituallamiento y repostaje durante varios días. Sin embargo, Doncel es optimista con el porvenir. «Tenemos que aprovechar la situación del puerto, pero no es fácil. Estamos en uno de los cuatro corredores marítimos del mundo, el Estrecho de Gibraltar, que mueve unos 300 barcos al día», señala el presidente de la autoridad. «El puerto de Ceuta tiene que desempeñar también un papel importante y posicionarse en este en este corredor», añade. «Tenemos que abrir nuevas líneas de negocio, aprovechar sinergias, avanzar en consolidar nuestros tráficos, sobre todo el comercial, el pasaje y el bunkering [el repostaje de navíos que circulan por el estrecho], que son los principales que que tenemos y, sobre todo, también tenemos que aprovechar las ventajas del régimen económico y fiscal que tiene la ciudad al objeto de hacer atractiva la la la inversión». 

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cultura/notas/feria-de-sevilla-aterriza-en-puerto-rico-con-musica-sabor-y-tradicion/ Todos los años, en abril, el área Real de la Feria en el barrio de Los Remedios, …

Bruselas aspira a que el mercado laboral europeo sea homogéneo en cuanto al reconocimiento de los méritos y los derechos; que tampoco haya fronteras en la movilidad laboral, y por eso este martes ha presentado en Estrasburgo un paquete de medidas en este sentido. Por ejemplo, la Comisión Europea quiere acelerar la homologación de títulos profesionales y reforzar la vigilancia del trabajo ‘en negro’ en toda la Unión. Y es que  la Ley de Portabilidad de Cualificaciones plantea que los títulos universitarios y profesionales se puedan expedir en un formato digital estandarizado integrado en la Cartera de Identidad Digital de la UE. Además, la plataforma europea Europass incorporará una herramienta en línea gratuita de comparación de títulos, que conectará las bases de datos nacionales para dar claridad a empleadores y trabajadores sobre el contenido y la equivalencia de los estudios.Por otro lado, el Ejecutivo comunitario propone una reforma de la Directiva sobre Cualificaciones Profesionales, que, dicen, reducirá drásticamente los plazos de homologación de profesiones reguladas, como médicos, enfermeros, ingenieros y profesores, recortando el tiempo de espera de tres meses a solo cinco semanas en casos de reconocimiento automático, y de cuatro meses a once semanas para los demás procedimientos. Para atajar la escasez de personal sanitario, se aprobó el primer marco común de formación para fisioterapeutas, extendiendo el reconocimiento automático a esta profesión y sentando las bases para abarcar progresivamente otros diez sectores con alto déficit de mano de obra.Respecto a las titulaciones obtenidas fuera de la Unión Europea, la nueva directiva que se plantea establecer normas comunes para homologar cualificaciones de profesionales de terceros países, reduciendo los periodos de tramitación de un promedio de catorce meses a tan solo cuatro. Este procedimiento recortará hasta la mitad los costes administrativos de contratación para los empleadores y aplicará un reconocimiento automático para programas de formación específicos en profesiones críticas como medicina, odontología, veterinaria o arquitectura, siempre que cumplan con rigurosos controles de calidad a nivel europeo.Por otro lado, Bruselas quiere reforzar el mandato de la Autoridad Laboral Europea (ELA), dotándola de mejores instrumentos para apoyar a los inspectores nacionales y realizar evaluaciones de riesgo de inspección basadas en el análisis de datos europeos. Para mejorar la supervisión sobre el terreno, se creará la figura de los oficiales de enlace de inspección nacional en cada Estado miembro y se ofrecerán subvenciones a organizaciones que asesoren a trabajadores y empresas sobre sus derechos y obligaciones transfronterizas.Una de las ampliaciones clave en la ELA será la capacidad de intervenir en abusos contra trabajadores de terceros países residenciados en la UE, persiguiendo prácticas ilegales como el trabajo no declarado, el pago de salarios inferiores al mínimo legal o el falso trabajo autónomo. La norma contempla reforzar las inspecciones conjuntas y concertadas de carácter voluntario entre países y simplificar los procedimientos de mediación para resolver disputas laborales sin llegar a los tribunales.Entre las medidas destaca, al mismo tiempo, la creación del Pase Europeo de Seguridad Social (ESSPASS, por sus siglas en inglés), un mecanismo que permitirá a los ciudadanos solicitar y recibir de forma íntegramente telemática sus documentos de cobertura social y sanitaria. A través de la Cartera de Identidad Digital de la UE, los trabajadores podrán almacenar y presentar en su teléfono móvil la Tarjeta Sanitaria Europea y el documento portátil para trabajadores desplazados. De esta forma se facilita «una verificación instantánea y segura por parte de los inspectores y administraciones públicas», insiste la Comisión. Es decir, los trabajadores reclamar la seguridad social y el seguro de enfermedad en cualquier país de la UE.El proceso de digitalización documental y el uso de firmas digitales prevé generar importantes ahorros económicos a lo largo de un periodo de 12 años: Bruselas calcula un beneficio de 64 millones de euros para las empresas, 69 millones para los proveedores de atención médica y 72 millones para las inspecciones de trabajo. Asimismo, las nuevas herramientas de seguridad tecnológica «permitirán evitar fraudes por valor de hasta 277 millones de euros en el mismo plazo, al tiempo que se mantendrá la opción de emitir formatos en papel provistos de elementos físicos de seguridad comprobables para quienes lo soliciten», termina el comunicado del Ejecutivo comunitario.»Este paquete supondrá un cambio profundo y positivo para el mercado único. Para los europeos, se trata de una mayor autonomía: vuestra elección, vuestros derechos, vuestras competencias. Las personas deberían poder trabajar en toda Europa con sus derechos sociales protegidos y sus cualificaciones reconocidas más rápidamente», reconoce la vicepresidenta de la Comisión Europea Roxana Minzatu, encargada de los Derechos Sociales. «La movilidad laboral justa debe funcionar para todos, tanto si deciden conocer otras partes de Europa como si deciden quedarse en su país de origen».

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/notas/kedward-aviles-representara-a-puerto-rico-en-el-world-food-forum-2026/ El cantante, actor y cantautor puertorriqueño Kedward Avilés continúa su proyección internacional tras ser seleccionado como Anthem …

La Comisión Europea reconoce que el aumento de la rentabilidad de los bonos soberanos a niveles que no se veían desde hace décadas, y que ha resucitado el temor a una crisis de deuda como la vivida durante la pasada crisis financiera, supone un riesgo para la región. «Creo que es evidente para todos que la situación no es buena», ha reconocido la Comisaria Europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercado de Capitales, Maria Luís Alburquerque, en un encuentro con la prensa en Estrasburgo. La política portuguesa ha asegurado que ninguna de las señales que llegan de los mercados resulta tranquilizadora, al ser preguntada por la situación de la renta fija y la posibilidad de que la tormenta vaya a más en los mercados financieros.»La inflación está aumentando, los precios de la energía siguen subiendo, las tensiones geopolíticas, las guerras comerciales y la deuda soberana, que se encuentra en niveles muy elevados tras diversos acontecimientos, incluida la Covid, están contribuyendo a un entorno donde los riesgos son mayores que los que teníamos antes», ha asegurado Alburquerque, quien también ha puesto en valor los avances y todo lo aprendido desde la ‘Gran Crisis’.En concreto, ha apuntado a los cambios en la regulación del sector bancario donde, si bien reconoce que queda trabajo por hacer, la UE cuenta con un sistema «mucho más sólido». Ha citado como ejemplos que los bancos estén mejor capitalizados, que la supervisión sea más eficiente y esté más armonizada, así como el hecho de que los Veintisiete cuenten con un Mecanismo Único de Supervisión y con un mecanismo de resolución dotado para hacer frente a posibles necesidades en caso de que alguna entidad esté en problemas. «Diría que estamos mucho mejor preparados para afrontar cualquier crisis que antes», ha zanjado a preguntas de los medios, para incidir en que queda aún trabajo por hacer. Alburquerque ha incidido en que en momentos en los que, como actualmente, gran parte de lo que sucede en el entorno «escapa completamente» al control de los socios europeos y «Europa no puede hacer nada al respecto», los Veintisiete deberían centrarse en avanzar en lo que depende exclusivamente de sí mismos, como profundizar en el mercado único. «Si seguimos trabajando en integrar nuestros mercados para beneficiarnos de la escala europea y convertirnos en un actor capaz de competir en igualdad de condiciones a nivel internacional, estaremos mejor preparados para afrontar cualquier imprevisto», ha dicho. Las palabras de Alburquerque llegan en un momento en el que la rentabilidad del bono español a 10 años supera de nuevo el 4%, situándose en el nivel más alto desde 2013, en plena crisis financiera. Las tensiones en el mercado de deuda -que afectan a EEUU, Alemania o Francia…- responden a que los inversores se muestran más reticentes a financiar a los estados. El motivo es que las principales economías del mundo, también en la Eurozona, están cada vez más endeudadas, acumulan importantes desequilibrios fiscales y los mercados financieros dan por hecho que el mundo se mueve hacia un periodo de tipos de interés altos, puesto que el impacto del conflicto de Oriente Próximo sobre la inflación será más prolongado de lo previsto. Los estados deben dedicar cada vez más recursos al pago de los intereses de la deuda y esto, unido a la incertidumbre política, lleva a los inversores a reclamar intereses más altos para seguir comprando bonos.Hacen falta bancos «realmente grandes» para competir a escala globalAlburquerque trabaja en un plan integral de reforma bancaria y financiera de la Unión Europea para reducir la fragmentación de los mercados nacionales, simplificar la regulación y eliminar las trabas burocráticas a las fusiones transfronterizas, es decir, entre bancos de distintos países de la UE. Preguntada sobre el tamaño ideal que debieran tener estas entidades (durante la pasada crisis financiera llegó a acuñarse la expresión «demasiado grande para caer»), la política lusa ha incidido en que la clave está en cuál se considere su mercado relevante. «No es nuestra tarea definir la escala o el tamaño de un banco», ha defendido, para incidir en que depende de dónde quiera competir, qué tipo de actividades quiera desarrollar y cuáles sean sus objetivos. Si bien, ha dejado claro que «si el mercado relevante es el global, estamos hablando de entidades realmente grandes». Así, ha puesto como ejemplo la dimensión de los principales bancos internacionales estadounidenses. «Nuestro banco más grande representa apenas una pequeña parte del tamaño de cualquiera de los grandes bancos que tenemos en Estados Unidos», ha añadido. La crisis de vivienda y el papel de la bancaAl ser preguntada por el papel que la banca debe jugar en la actual crisis de acceso a la vivienda, Maria Luís Alburquerque considera que hay que entender bien las causas de la crisis actual y ha advertido de que el problema sólo se agravará si se actúa por el lado de la demanda. «La crisis de la vivienda tiene muchos orígenes diferentes, pero uno de ellos es también que no contamos con mercados financieros plenamente funcionales y eficientes», ha detallado.Alburquerque ha recordado cómo desde la pasada crisis financiera y durante un periodo prolongado en el que los tipos de interés estuvieron muy bajos, los inversores buscaron rentabilidad en el ladrillo. A esto se suman factores como el desplazamiento de la población hacia las ciudades, los cambios en la estructura familiar o la falta de mano de obra, entre otros. «No esperaría que la solución al problema viniera del sector financiero, porque ese tampoco es el origen del problema», ha zanjado.

La posibilidad de revivir la pesadilla pandémica que sacudió el planeta en el año 2020 es elevada. La OCDE, una organización que engloba a países de renta alta o media-alta, estima que la probabilidad de vivir de nuevo una pandemia en los próximos 25 años es del 50%. Rojo o negro. Un escenario en el que la economía sufriría otro revés como el que ya se vivió hace siete años. El organismo ha publicado este martes un exhaustivo informe de más de 300 páginas en el que explora el escenario sanitario y económico que supondría una nueva pandemia y los costes de preparación, entre otras materias. La OCDE calcula que, en el caso de España, la aparición de un nuevo patógeno de alcance mundial podría asestar un golpe al PIB del país de entre el 2,1% y el 16,3% en función de la gravedad. Cifras que, traducidas a euros de 2025, implicarían una pérdida de producción de entre 35.000 y 275.000 millones de euros, respectivamente.Los investigadores dibujan cinco arquetipos de posibles pandemias para analizar las consecuencias que podrían tener en la economía. El más leve, sería precisamente una, crisis sanitaria global causada por un patógeno con las características del SARS-CoV-2, con transmisión asintomática, un nivel de gravedad vinculado a la edad y una tasa de mortalidad relativamente reducida. 
En este escenario, el PIB español retrocedería un 2,1% en los primeros nueve meses de contagio en ausencia de medidas de apoyo económico como planes de protección del empleo (tipo ERTE) o medidas para suavizar la política monetaria del BCE. España sería el sexto país de los 50 que analiza la OCDE que sufriría menos impacto en este hipotético caso.Otra de las posibilidades que contempla el informe es una pandemia de un virus con las características del Ébola. Un patógeno con tasas de transmisión bajas, pero casos de gravedad extrema, que pondrían a prueba la capacidad del sistema sanitario de abordar muchos casos críticos. En este escenario, la economía española retrocedería un 2,5% en los primeros compases de la infección, el octavo país con menor caída del medio centenar analizado.El tercer tipo de pandemia que contempla la OCDE es un brote mundial de gripe aviar que fuera capaz de infectar a humanos con altas tasas de hospitalización y mortalidad. En este caso, el PIB español caería un 2,6% en los primeros tres trimestres del episodio, la sexta menor caída de todas. La OCDE apunta a que el incremento de casos documentados de infección en humanos de este tipo de patógenos ha elevado la preocupación de que la próxima pandemia sea de este tipo. 

Los dos escenarios más graves son una pandemia con un patógeno tipo gripe A y otra con una infección global de un virus como el sarampión. En el primero, estaríamos hablando de la expansión de un virus muy transmisible pero con menor gravedad, un ejemplo clásico de pandemia que se extiende rápido. En este escenario, el PIB caería un 5,1% en los primeros compases del contagio.La hipótesis más extrema sería una epidemia mundial de un virus con las características del sarampión. Un patógeno hiperinfeccioso en una población no inmunizada y con una tasa de mortalidad altísima del 20%. En este caso, el PIB nacional sufriría un desplome del 16,2% en los primeros nueve meses. Un hundimiento sin precedentes. Según el informe de la OCDE, los sectores que más sufrirían ante una nueva pandemia serían los que más precisan de la presencia humana. En concreto, señalan el transporte, las manufacturas y los servicios profesionales. El coste de llegar a tiempoAunque el panorama es poco halagüeño, la OCDE estima que el coste que supondría prepararse para una futura pandemia es relativamente bajo. En el caso de España, el organismo estima que bastaría dedicar unos 228 millones de euros al año (el informe habla de 263 millones de dólares ajustados por poder de compra). Es decir, apenas 0,016 puntos de PIB cada ejercicio o unos cinco euros per cápita. El organismo estima que el retorno de la inversión sería «enorme» si se tiene en cuenta las pérdidas que podrían ocasionarse en caso de no actuar. «Frente a pérdidas potenciales de esta magnitud y un riesgo creciente de enfrentarlas en el plazo de una generación, el argumento económico para priorizar las medidas de preparación y respuesta resulta convincente», sostienen.  

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/notas/grupo-frontera-ya-nos-habiamos-tardado-demasiado-en-llegar-a-puerto-rico/ Hace apenas cuatro años los integrantes principales del Grupo Frontera tenían trabajos comunes como ganaderos, vendedores de …

España se anotó un nuevo récord de empleo extranjero el pasado agosto gracias a la regularización de migrantes que ha acometido el Gobierno este año. Los datos de afiliación extranjera a la Seguridad Social que el Ejecutivo ha difundido este lunes reflejan que ya hay 3.551.759 ocupados de de nacionalidad distinta a la española, que suponen un 15,9% de la fuerza de trabajo del país. Una población que ha crecido vertiginosamente desde la pandemia y, en particular, en el último año. Entre 2025 y 2026 la Seguridad Social ha incorporado casi medio millón de empleos extranjeros, lo que supone un incremento del 15,7% en solo doce meses. En ese mismo periodo se han sumado unos 200.000 empleos de personas con nacionalidad española, un aumento del 1,1% que es mucho menor, en buena medida, al tratarse de un grupo sustancialmente más grande. Así, el 71% de todos los cotizantes que ha ganado la Seguridad Social en el último año son extranjeros.Si se toma como referencia la pandemia, España ha incorporado 1,4 millones de afiliados nacidos fuera del país, lo que representa casi la mitad de todo el empleo registrado en ese periodo. Si omitimos 2026, que está muy distorsionado por el efecto de la regularización, el empleo extranjero ha crecido a un ritmo de unos 200.000 cotizantes al año, una velocidad sin precedentes al menos desde antes de la gran crisis financiera de 2008. Para poner estas cifras en contexto, en el periodo anterior de siete años (2012-2019) la afiliación foránea se incremento en 386.000 empleos, casi tres veces más despacio que en la actualidad. Solo este agosto, España ganó 39.535 afiliados extranjeros en un mes en el que lo habitual es que se destruya empleo por el bajón en la actividad económica. De hecho, se trata de la única vez que esto ha sucedido desde que hay registros con la única excepción del año 2020, un dato muy distorsionado por el rebote de actividad tras levantarse el confinamiento estricto por la pandemia. Como es evidente, el efecto de la regularización administrativa de migrantes tiene mucho que ver con las cifras que se están registrando este año. Seguridad Social estima que desde que concluyera el proceso el pasado 30 de junio se han dado de alta 337.917 afiliados extranjeros procedentes de la regularización. Una cifra que, previsiblemente, seguirá aumentando en los próximos meses dado que durante el proceso se recibieron 1,2 millones de solicitudes y aún no se han resuelto todas. Hay que tener en cuenta que, previsiblemente, buena parte de estas afiliaciones son de personas que ya estaban trabajando en la economía sumergida, pero que, al obtener permiso administrativo, empiezan a hacerlo por los cauces legales. Es decir, contribuyendo económicamente al sistema de la Seguridad Social y protegidos también por su paraguas en forma de prestaciones por desempleo, incapacidad temporal o derecho a una pensión futura, por ejemplo.Latinoamericanos y jóvenes, el perfil más habitualLos datos de afiliación de agosto reflejan que los afiliados que más crecieron el mes pasado fueron los procedentes de países latinoamericanos y los más jóvenes. Así, la nacionalidad que más cotizantes ganó fue la colombiana (21.434 empleos más), seguida por la peruana (7.465), la hondureña (3.494) y la paraguaya (3.494). También se incrementaron los afiliados procedentes de Senegal (3.214), de Pakistán (2.431), de China (1.478), de Argentina (1.461), de la India (1.367), Venezuela (1.341), Nicaragua (1.338), Malí (1.183), Bangladés (1.171) o Brasil (1.099).Una imagen a medio plazo da una idea más precisa de qué nacionalidades han contribuido más al tirón del empleo extranjero. Así, si se compara con el agosto del año pasado, los colombianos (116.351), marroquíes (64.020) y venezolanos (44.559) fueron los que más empleos aportaron a la estadística. Seguidos por los peruanos (41.389), paraguayos (19.622), hondureños (17.302), senegaleses (14.031), chinos (11.490), argentinos (10.541) y pakistaníes (10.010). En cuanto a grupo de edad, el número de cotizantes foráneos creció en todos, pero lo hizo especialmente entre los menores de 35 años, que sumaron 22.385 afiliados, algo más de la mitad de todo el aumento registrado en agosto. Tras ellos, aparecen los de edad mediana (35 a 54 años), que sumaron 14.118 cotizantes, y los mayores de 54 años, que apenas ganaron 3.034.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/television/notas/premios-emmy-2026-donde-ver-la-ceremonia-y-cuales-son-los-favoritos-para-ganar/ En la noche de hoy, lunes, 14 de septiembre el Peacock Theater en Los Ángeles, California, será …

La vuelta de las vacaciones de verano trae hipotecas más caras. El euríbor a doce meses, el índice de referencia del mercado hipotecario, ha repuntado este lunes al 3,3% en tasa diaria -máximos de agosto de 2024- y empuja la media mensual en el 3,109% de manera provisional, niveles no vistos en dos años. El alza en 0,152 puntos con respecto al viernes es el tercero mayor registrado en lo que va de ejercicio. Las otras dos se produjeron en marzo, justo al inicio del conflicto en Oriente Próximo. La subida se produce tras la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del pasado jueves, en la que elevó el precio del dinero en 25 puntos básicos, situando la tasa de referencia en el 2,5%. La intervención de la presidenta del organismo, Christine Lagarde, divide a los analistas entre quienes prevén que habrá más incrementos y quienes apuestan por una pausa en el corto plazo.Lo cierto es que la política francesa no cerró la puerta a otro alza de tasas, aunque sí remarcó su negativa a dar pistas sobre cualquier movimiento a futuro. El avance del euríbor anticipa hipotecas más caras. La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) calcula que el euríbor podría cerrar septiembre en el 3,2%. En caso de confirmarse, una familia que tenga que revisar con una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de un punto, verá encarecida su cuota en alrededor de 1.000 euros, unos 84 euros más al mes. La cifra es de 756 euros en caso de que la revisión tenga carácter semestral, equivalente a unos 52 euros más al mes. Hace justo un año, este indicador se movía sobre el 2,172%, por lo que de mantener la tendencia, experimentará un salto de alrededor de 100 puntos básicos en comparativa interanual, su mayor incremento desde noviembre de 2023. El estallido de la guerra en Oriente Próximo el pasado 28 de febrero ha dinamitado las previsiones y la hoja de ruta del BCE, que tuvo que adelantar las esperadas subidas de tipos y ha desencadenado una escalada del euríbor, que acumula siete meses consecutivos en ascenso. 
El petróleo por encima de 100 dólares y el bloqueo en las negociaciones para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán apuntan a otra posible subida en diciembre y presiona al euríbor una vez que ha sobrepasado el umbral del 3%. «Su evolución refleja un cambio de expectativas que tiene su origen, principalmente, en la inflación», explica Josep Soler, Fundador y consejero ejecutivo de la Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA) España. Hay que tener en cuenta que el euríbor actúa como termómetro. Sube porque el mercado ha empezado a descontar que el ‘guardián del euro’ moverá ficha de nuevo para evitar una crisis de inflación que empobrecería a los hogares de la eurozona, al mermar todavía más su poder adquisitivo. Sin embargo, este movimiento no es inocuo, dado que encarece el coste de financiarse en la región. Así, no sólo pagarán más quienes ya tienen contratada una hipoteca a tipo variable, sino también quienes opten a nuevos préstamos, dado que la banca irá elevando los intereses para acompasarlos al precio oficial del dinero. En la última actualización de previsiones económicas, el organismo ha mantenido la previsión de IPC en el 3% para 2026, pero ha elevado dos décimas la del año que viene hasta el 2,5% y una décima la de 2028 hasta el 2,1%. A la espera de conocer el avance de precios de septiembre, en agosto el IPC se colocó en el 3,3%. Todo apunta a que en el noveno mes del ejercicio podría ser superior. El encarecimiento no parece frenar el apetito hipotecario, que se encamina a cerrar uno de los mejores ejercicios desde los años de la burbuja inmobiliaria en materia de concesión. Los últimos datos publicados por el Banco de España (BdE) correspondientes a julio arrojan un monto aprobado por valor de 8.078 millones, un nivel que no alcanzaba durante el séptimo mes del ejercicio desde 2008, justo antes de la quiebra de Lehman Brothers. En esta evolución ha contribuido el comportamiento del precio de la vivienda, en zona de máximos históricos. 

No superar el periodo de prueba al inicio de un contrato se ha convertido en una realidad sospechosamente habitual en España desde que entró en vigor la reforma laboral en el año 2022. Hasta cierto punto, es esperable que al haber más personas trabajando también aumente el número de ellas que no superan esos meses en los que la empresa puede cesar la relación laboral a coste cero. Pero las cifras muestran, desde hace tiempo, indicios claros de un uso fraudulento del periodo de prueba, lo que ha llevado al Ministerio de Trabajo a poner la lupa sobre esta práctica. Desde el año 2019 (el último que no está distorsionado por el efecto de la pandemia ni de la reforma laboral) el número de ceses por no superar la prueba ha pasado de 675.555 a superar el millón por primera vez en la historia el año pasado. Un incremento del 51,5%.Sin embargo, esta cifra esconde dos realidades muy diferentes. Mientras que los ceses por este motivo en contratos temporales se han reducido a la mitad-siguiendo la línea de la propia temporalidad, que quedó muy restringida con la reforma laboral-, en las relaciones indefinidas se han disparado exponencialmente. En concreto han pasado de 132.534 en 2019 hasta 723.763 el año pasado. O lo que es lo mismo, se han más que multiplicado por cinco. 
Solo los ceses por agotamiento de incapacidad temporal -cuando se supera los 545 días de baja médica, el máximo que permite la ley- y los provocados por paso a la inactividad de fijos discontinuos se han incrementado más entre los indefinidos. Los dos casos anteriores se pueden explicar parcialmente por el brusco incremento en los afiliados de baja médica y de los que trabajan con contrato fijo discontinuo. Y aunque en el caso del periodo de prueba también hay una parte que se justifica porque hay más gente trabajando con este tipo de contratos desde la reforma laboral (un 46% más), los números no cuadran. El año pasado se registraron 5,35 ceses durante el periodo de prueba por cada 100 afiliados a la Seguridad Social con contrato indefinido, una tasa muy superior a los 1,4 por cada 100 ocupados que se veían en 2019. 
Además, el brusco incremento en los ceses durante el periodo de prueba se produjo muy bruscamente justo en los meses posteriores a la entrada en vigor de la reforma laboral (produjo plenos efectos a partir de abril de 2022). Aunque la tendencia desde entonces ha seguido al alza, el gran salto fue casi automático con el cambio legislativo. Asimismo, los despidos durante la prueba empezaron a mostrar un patrón estacional más marcado que no se veía antes de la reforma laboral. Desde 2022, se concentran particularmente en los meses de junio, julio y agosto, mientras que se han reducido en el periodo invernal (enero a marzo), donde la actividad laboral es más baja. Un patrón que ya se veía en los contratos temporales antes de que cambiara la legislación. Como es altamente improbable que los trabajadores españoles hayan sido víctimas de una ola de incompetencia colectiva, todo apunta a que detrás de este incremento en los ceses se esconden casos de temporalidad fraudulenta. Que algunas empresas han encontrado en el periodo de prueba un subterfugio para esquivar las restricciones a la temporalidad que introdujo la reforma. Díaz vigilará más de cerca los periodos largosAnte esta tesitura, el Gobierno aprobó la semana pasada una norma con la que busca que las empresas tengan más difícil aplicar periodos de prueba especialmente largos. Según el Estatuto de los Trabajadores, este tiempo solo puede superar los seis meses en los trabajadores técnicos titulados y los dos meses en el resto salvo que se pacte lo contrario por convenio.Con el decreto, que todavía no ha entrado en vigor, las empresas tendrán que explicar con mayor precisión los motivos que justifican ampliar el periodo de prueba más allá de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, la estadística de convenios colectivos muestra que los periodos de prueba ‘extendidos’ son bastante poco habituales entre los trabajadores. En concreto, de los convenios firmados en 2025 con cláusulas cualitativas conocidas, solo el 6% utilizaban periodos de prueba superiores a los que fija el Estatuto de los Trabajadores. De hecho, es más habitual encontrar acuerdos colectivos que reducen la duración respecto a lo que establece la ley. El 8,8% de los convenios que incluían información sobre cláusulas cualitativas firmados el año pasado estaban en esa situación. 

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/notas/del-escenario-boricua-a-miss-universe-mexico-el-rol-de-la-modelo-fabiola-aquino/ Para la modelo puertorriqueña Fabiola Aquino, la reciente edición de Miss Universe México 2026 despertó una sensación …

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/peliculas-series/notas/hermano-de-paul-walker-se-expresa-sobre-posible-destino-de-brian-oconner-en-fast-furious/ El futuro de Brian O’Conner, uno de los personajes más recordados de la saga “Fast & Furious”, …

El petróleo vuelve a superar los 100 dólares, pero el combustible que mueve los camiones, la agricultura y buena parte de la industria europea está subiendo mucho más deprisa. El margen del diésel sobre el crudo acaba de alcanzar un récord de 112,17 dólares por barril en Estados Unidos, mientras en Europa llegó a 98 dólares a comienzos de septiembre, más del doble de los 44,75 dólares de media registrados en junio. Una brecha que empieza a lanzar una señal preocupante justo cuando Europa se prepara para entrar en el otoño.El Brent ronda los 104 dólares por barril, mientras las interrupciones de suministro en Rusia y Oriente Medio reducen la disponibilidad de combustibles refinados y las plantas que continúan operativas trabajan cerca de sus límites. La Agencia Internacional de la Energía ha advertido, además, de que las pérdidas de suministro mundial serán mayores de lo previsto. El problema, por tanto, no está únicamente en cuánto cuesta el petróleo, sino en la capacidad para transformarlo en los productos que necesita la economía.Europa ya comprobó en 2022 qué puede ocurrir cuando una fuente de energía esencial comienza a escasear antes del invierno. Entonces el problema estuvo en el gas ruso y terminó disparando la electricidad, la inflación y los costes de buena parte de la industria. Cuatro años después, la tensión aparece en otro punto de la cadena.El cuello de botellaLa situación resulta especialmente delicada para Europa por su dependencia del diésel en el transporte pesado, la maquinaria agrícola, la construcción y numerosas actividades industriales. En España, la tensión internacional ya ha llegado a las gasolineras: el gasóleo convencional se mueve cerca de 1,90 euros en numerosas estaciones, las variedades premium rozan o superan los dos euros y el agrícola alcanza una media aproximada de 1,61 euros por litro.Pero ¿Cuánto de esa subida procede realmente del petróleo? El Banco Central Europeo calcula que los costes y márgenes de refino llegaron a sumar alrededor de 35 céntimos por litro al precio del diésel en julio, frente a unos 10 céntimos antes de la última escalada energética. La presión llega, además, con la inflación española disparada al 4,3% en agosto y con la energía de nuevo entre las principales preocupaciones del banco central, que acaba de elevar los tipos de interés.El problema ha llegado también a la Casa Blanca. Donald Trump reunió a finales de agosto a responsables de algunas de las principales compañías de refino de Estados Unidos, entre ellas Marathon Petroleum, Valero, PBF Energy, Delek US y Chevron, para abordar cómo elevar la producción. Ahora bien, las plantas estadounidenses funcionan prácticamente a plena capacidad y los inventarios se encuentran un 13% por debajo de la media de los últimos cinco años. Pedir más combustible es relativamente sencillo, sin embargo, producirlo rápidamente, bastante menos.Esa combinación ha disparado el llamado crack spread, la diferencia entre el precio de los productos refinados y el coste del crudo utilizado para obtenerlos. El indicador sirve como referencia del margen bruto de una refinería y permite entender la otra cara de esta tensión energética. Cuanto más se encarece el combustible respecto a la materia prima, mayor es el beneficio potencial de las compañías capaces de mantener sus instalaciones a pleno rendimiento.Márgenes récordY las cuentas ya empiezan a reflejarlo. La petrolera austriaca OMV elevó un 85% el resultado operativo de su negocio de combustibles en el segundo trimestre, hasta 446 millones de euros, después de que su margen indicador de refino aumentara un 152%, hasta 20,33 dólares por barril.En España, Repsol obtuvo 1.683 millones de euros de resultado ajustado en su negocio Industrial durante el primer semestre, frente a apenas 235 millones un año antes. La compañía, que opera cinco refinerías en el país, atribuyó buena parte del salto a la mejora del refino y llegó a destinar 2.400 millones durante el periodo a incrementar sus inventarios de crudo y productos para aprovechar las condiciones del mercado.La Bolsa también ha empezado a recoger ese cambio de escenario. Repsol se acerca a los 29 euros por acción, alrededor de un 9% por encima de los niveles de finales de agosto, y ya había avanzado un 3,6% el pasado 23 de julio después de presentar unos resultados trimestrales muy superiores a los del año anterior, impulsados, entre otros factores, por la fortaleza de su negocio Industrial.¿Hasta qué punto puede beneficiarse si esta situación continúa? Cada dólar adicional por barril en el margen de refino aporta a Repsol alrededor de 200 millones de euros anuales de flujo de caja operativo, según las sensibilidades publicadas por la propia compañía. Además, aproximadamente el 55% de la producción de sus plantas corresponde a destilados medios como el diésel y el queroseno, dos productos que Europa necesita importar. El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, considera que existen razones para que este escenario favorable se prolongue durante 2027.En el caso de Estados Unidos, Valero y Marathon Petroleum acumulan subidas bursátiles superiores al 100% en 2026, mientras el ETF VanEck Oil Refiners gana alrededor de un 66%, después de años en los que buena parte de la industria occidental redujo capacidad.Europa ha cerrado 35 refinerías desde 2009 y ha perdido aproximadamente el 20% de su capacidad de refino, un ajuste que apenas llamaba la atención mientras sobraba combustible, pero que adquiere otra dimensión cuando desaparecen suministros procedentes de Rusia y Oriente Medio.El otro y el invierno encontrarán, por tanto, al viejo continente en una situación diferente a la de 2022, aunque con algunos ingredientes conocidos: dependencia exterior, inventarios bajo presión, poca capacidad para incrementar rápidamente la oferta y una fuente de energía esencial encareciéndose mucho más deprisa de lo habitual.

En la serie Aquí no hay quien viva, bastaba convocar una junta de vecinos para que cualquier asunto aparentemente sencillo terminara convertido en una batalla campal. Todos compartían edificio, todos necesitaban que aquello siguiera funcionando, pero ponerse de acuerdo sobre quién pagaba qué y cómo era desastroso.Salvando las distancias, algo parecido ocurre ahora con las cuentas públicas europeas, aunque la discusión se mide en billones de euros. Defensa, pensiones, sanidad y transición energética podrían elevar el gasto público en cerca de cinco puntos del PIB de aquí a 2040, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y conseguir el dinero para pagarlo vuelve a ser cada vez más caro. El bono alemán a diez años ha llegado a superar el 3,5%, niveles que no se veían desde hace unos 15 años, mientras Francia se financia en el entorno del 4,45%, máximos desde 2008.Alguien tiene que hacerse cargo de la factura, y es precisamente cuando las urnas empiezan a complicar las cuentas. Alternativa para Alemania (AfD) acaba de rozar el 44% de los votos en Sajonia-Anhalt, mientras Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, propone cancelar el 18% de la deuda pública francesa, unos 636.000 millones de euros.La deuda también se votaEl canciller alemán, Friedrich Merz, tiene que reformar las pensiones, el mercado laboral y el gasto público mientras AfD sigue ganando terreno. Las pensiones muestran hasta dónde pueden cruzarse ambos asuntos, porque el Gobierno quiere eliminar incentivos que todavía permiten abandonar antes el mercado laboral y una comisión de expertos ha planteado vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, lo que podría acercarla progresivamente a los 70 años.Algunas corrientes de AfD defienden, mientras tanto, pensiones más generosas y fuertes rebajas fiscales. Las propuestas llegan cuando Alemania se prepara además para aumentar con fuerza su endeudamiento para financiar defensa e infraestructuras. El Gobierno ha puesto en marcha un fondo de 500.000 millones de euros para infraestructuras y prevé elevar el gasto militar, lo que incrementará sus necesidades de financiación durante los próximos años.Francia permite llevar la discusión bastante más lejos. ¿por qué no eliminar parte de la deuda y liberar ese dinero para otras políticas? Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ya ha advertido de que una medida semejante sería “financieramente peligrosa” y contraria a los tratados europeos, mientras el gobernador del Banco de Francia sostiene que equivaldría a un impago y terminaría elevando el coste de financiación del país.¿Y por qué tendría que subir ese coste? Francia necesita volver una y otra vez al mercado para refinanciar una deuda que supera el 116% del PIB. Si los inversores empiezan a pensar que existe una mayor probabilidad de que una parte de lo que han prestado pueda no devolverse, la respuesta más lógica es exigir una rentabilidad mayor para seguir comprando bonos franceses.Ese encarecimiento de la financiación elevaría a su vez el dinero que el país tiene que dedicar al pago de intereses, reduciría el margen presupuestario disponible para otras partidas y complicaría los ajustes necesarios para contener el déficit.El mapa cambiaLo llamativo es que esa presión sobre Francia y las nuevas dudas en torno a Alemania coinciden con el movimiento contrario en varios países que protagonizaron la anterior crisis del euro. Portugal encadena mejoras de rating, Grecia ha reducido de forma drástica su endeudamiento desde los máximos de 2020 y España mantiene una evolución que los inversores están premiando, hasta el punto de que los rendimientos de la deuda de Irlanda, Portugal y España se encuentran ya por debajo de los franceses.Italia necesita un capítulo aparte porque su deuda continúa siendo enorme y vuelve a crecer en relación con el PIB, aunque incluso su caso permite apreciar cuánto ha cambiado la fotografía. En algunos vencimientos largos, Francia ha llegado a financiarse prácticamente al mismo coste o incluso ligeramente por encima de Italia, algo difícil de imaginar cuando los PIGS concentraban buena parte de los temores sobre la propia supervivencia del euro.2027 entra en el precioSi el coste de financiación se ha convertido en una de las variables que más vigilan los inversores, ¿qué puede ocurrir cuando varios de los grandes países europeos vuelvan a las urnas? Victoria Torre, responsable de Oferta Digital de Self Bank, señala que “el mercado comienza a cotizar que en 2027 habrá elecciones en Francia, Italia y España, con los ajustes fiscales sin hacer, y con probable repunte de las primas de riesgo soberanas”. Según Torre, esa presión podría terminar frenando las Bolsas española y europea.La cuestión es qué ocurrirá si varios de esos países llegan a las urnas con buena parte del trabajo todavía pendiente. Francia podría hacerlo con una deuda superior al 116% del PIB y fuerzas políticas que plantean soluciones radicalmente diferentes para reducirla; Italia, con una de las mayores cargas de deuda de Europa; y España, pese a disfrutar ahora de unas condiciones de financiación relativamente favorables, tampoco queda al margen de unos ajustes fiscales que serán cada vez más difíciles de aplazar.Trabajar más años, contener determinadas partidas de gasto, reformar prestaciones o elevar algunos impuestos puede ayudar a cuadrar las cuentas sobre el papel, pero cada una de esas decisiones tiene un coste político que aparece inmediatamente en las urnas. Y cuanto más fragmentado esté el electorado, más difícil resulta para un gobierno conseguir suficiente apoyo para aprobar precisamente las reformas que pueden tranquilizar al mercado.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/notas/jorge-alberti-regresa-a-las-telenovelas-mexicanas-ojala-y-me-quede-mas-tiempo/ El actor puertorriqueño Jorge Alberti regresó a México con la esperanza de quedarse más tiempo en suelo …