Vida Gerente

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha anulado el despido disciplinario de un comercial que cogió una baja laboral por ansiedad, al considerar que la empresa no demostró que la incapacidad temporal no se debiera a ese motivo. La sentencia desestima íntegramente el recurso de suplicación interpuesto por la compañía y confirma la resolución dictada por el Juzgado de lo Social 2 de Murcia, que declaró nulo el despido por discriminación y condenó a la readmisión del trabajador, al abono de los salarios de tramitación, a una indemnización de 6.000 euros por daños morales y al pago de cantidades salariales pendientes, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).La resolución recuerda que el trabajador inició la incapacidad temporal por ansiedad y que fue despedido al día siguiente mediante una carta en la que la empresa le imputaba una disminución voluntaria y continuada del rendimiento, cifrada en un 30% respecto de otros comerciales del centro de trabajo.La Sala comparte que la empresa no acreditó la existencia real de esa disminución del rendimiento ni aportó datos concretos que permitieran al trabajador conocer y rebatir la comparación efectuada. En este sentido, subraya que «no solo no se dice en la carta de despido cuál fue esa disminución más allá de decir que era de un 30% en relación con otros trabajadores al no hacer un estudio comparativo», sino que tampoco quedó acreditado que esa bajada de rendimiento existiera.Al resolver el recurso, la Sala reproduce la doctrina que ya había fijado en anteriores resoluciones sobre la aplicación de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, junto con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de despidos vinculados al estado de salud.La sentencia recuerda que el artículo 2.2 de la citada ley incorpora la enfermedad o la condición de salud entre las circunstancias respecto de las que «nadie podrá ser discriminado» y que el artículo 30 establece que, cuando la parte actora aporta indicios fundados de discriminación, corresponde a la parte demandada acreditar «una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad».En el caso analizado, la Sala considera que «nuestra doctrina es enteramente aplicable al caso que examinamos», ya que, aunque la empresa presentó el cese como un despido disciplinario por disminución del rendimiento, nada de ello fue «real». Razona que en la carta de despido no se concreta cuál fue esa disminución más allá de afirmar que alcanzaba el 30% respecto de otros trabajadores, sin realizar un estudio comparativo que permitiera al trabajador conocer el rendimiento de quienes desempeñaban las mismas funciones y recuerda que la magistrada de instancia declaró que tampoco quedó acreditada la existencia de esa disminución del rendimiento.Con base en esas consideraciones, la Sala concluye que «el despido obedeció a un propósito discriminatorio por razón del estado de salud del trabajador que condujo a la incapacidad temporal», por lo que confirma íntegramente la sentencia recurrida al no apreciar las infracciones jurídicas denunciadas por la empresa.La resolución desestima igualmente las alegaciones procesales formuladas por la empresa respecto a la admisión del recurso y confirma íntegramente la sentencia recurrida, imponiendo además las costas de la suplicación a la mercantil, con una cuantía de 800 euros por los honorarios de la representación letrada del trabajador. Contra la sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/notas/kevin-gabriel-demuestra-que-la-salsa-sigue-viva-y-joven/ En un momento en que una nueva generación de cantantes busca abrirse espacio dentro de la salsa, …

El acceso a la vivienda es cada vez más complicado para una parte creciente de la población. La crisis habitacional afecta de lleno a quienes buscan un piso para alquilar, que se topan con precios que no dejan de crecer. Los nuevos contratos son los que soportan ese aumento de los precios. Se firman de media un 10,9% por encima de lo que un inquilino promedio paga en España, según datos de la Agencia Tributaria (AEAT). Esa distancia se ensancha en las zonas más tensionadas, donde la escalada de los precios llega a situar los nuevos acuerdos entre propietario e inquilino más de un 20% por encima de la media.La estadística de viviendas declaradas en el IRPF publicada recientemente por la Agencia Tributaria —elaborada a partir de las declaraciones de la renta presentadas en 2025— refleja que el alquiler medio pagado por los inquilinos en 2024 fue de 691 euros. No obstante, al excluir del cálculo los contratos antiguos en vigor y observar únicamente los firmados en ese mismo año, la marca sube hasta los 766 euros, lo que supone que una persona con un contrato recién rubricado pagaba de media 75 euros más al mes.La zona en la que más diferencia se registra entre los precios con los que se topan los inquilinos con nuevos contratos y el resto es Baleares, donde la brecha llega al 23,2%, con alquileres de media a 869 euros mensuales y nuevos contratos a 1.071 euros, es decir, 202 euros por encima. La sigue la provincia de Valencia, donde los inquilinos que entran a un nuevo piso o que firman nuevas condiciones con sus caseros pagan de media 784 euros al mes, un 22,1% por encima de la media de 642 del conjunto global de alquileres. En Valencia capital la brecha escala un poco más hasta el 25,5%, con nuevos contratos a 945 euros al mes, casi 200 euros más caros que la media (753).También en las otras dos provincias de la Comunidad Valenciana y en Madrid la brecha supera el 15%. Esta última es la región con alquileres más costosos y la única, junto con Baleares, donde el precio de los nuevos contratos supera los 1.000 euros al mes. En concreto, alcanza los 1.079 euros, un 15,9% por encima de los 931 pagados de media por los inquilinos en la comunidad capitalina. Las cifras son ligeramente más altas en Madrid capital (1.012 y 1.167 euros respectivamente). Detrás de estas dos comunidades, la siguiente zona más cara para los nuevos inquilinos es la provincia de Barcelona, donde los nuevos contratos alcanzan los 948 euros mensuales, un 12,6% por encima de la media. Bajando al detalle municipal, en Barcelona capital el alquiler medio sí supera la barrera de los 1.000 euros y los nuevos contratos llegan a los 1.145, 137 euros mensuales por encima de la media.Entre las cuatro grandes comunidades, Cataluña y Andalucía se sitúan más en línea con la media nacional, con una brecha de un 10,8% y un 11,6% respectivamente entre el precio de los nuevos contratos (853 y 701 euros) y la media global de lo declarado en el IRPF (770 y 628 euros). Andalucía se caracteriza por la heterogénea situación dentro de su territorio. Málaga es la tercera provincia de España donde mayor brecha se detecta entre ambas marcas, con nuevos contratos a 914 euros, un 18,2% por encima de la media. En cambio, en Sevilla la diferencia es de apenas un 8,8% en el conjunto de la provincia (717 y 659 euros respectivamente) y un 8,5% en la capital (731 y 793 euros).Nuevas viviendasEsta diferencia de precios refleja que el encarecimiento de los alquileres castiga a quienes firman un nuevo contrato. El último informe anual del Banco de España también detecta este fenómeno. En concreto, señala que el precio medio de las viviendas que no estaban alquiladas previamente sino que entraban de nuevas al mercado se situó en 2024 un 16,5% por encima del precio medio del stock total de alquileres. La brecha ha ido creciendo con el tiempo. En 2020 era de un 6,2%. Del mismo modo, el precio de los nuevos contratos de pisos que ya estaban en el mercado creció de media en 2024 un 4,6%, mientras que el de aquellos que habían sido firmados previamente se mantuvo prácticamente estable, con un mínimo descenso de un 0,1%.»El aumento de los precios se produce en el momento de la firma de un nuevo contrato, mientras que los precios del alquiler de las actualizaciones se encuentran por debajo de la inflación durante la duración del contrato», indica el informe del Banco de España, que apunta a que las revisiones anuales que se producen durante la vigencia de los contratos apenas suelen conllevar variaciones en la renta pagada por el inquilino —están limitadas por ley—, a diferencia de lo que ocurre cuando se firma un nuevo contrato. «Los precios marginales de entrada son cada vez mayores, mientras que los inquilinos con contratos vigentes se encuentran protegidos temporalmente de las subidas durante la duración de los contratos», añade.En esa misma línea, informe anual de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria también concluye que la práctica más habitual es subir el alquiler únicamente cuando se rubrica un nuevo acuerdo entre casero e inquilino, no en las actualizaciones anuales. Según sus datos, más de la mitad de los propietarios de inmuebles alquilados como vivienda habitual durante todo el año y sin cambio de inquilino no incrementaron el alquiler a sus arrendatarios entre 2019 y 2023. En 2024 esa proporción bajó ligeramente, pero siguió siendo mayoritaria.»Esta evidencia sugiere un proceso de capitalización de rentas futuras del alquiler en el momento de la firma del contrato por parte de los propietarios», explica el informe del Banco de España sobre el precio notablemente más alto de los nuevos contratos, agregando que el objetivo de los propietarios es cubrirse ante las regulaciones que limitan los aumentos por debajo de la inflación y que reducen el rendimiento real esperado del alquiler. «Este hecho endurece las condiciones de acceso de los nuevos entrantes, que se enfrentan a esfuerzos más elevados en el momento de la firma del contrato del alquiler», advierte el análisis, que añade que la cuota de mercado de los contratos renovados y el peso relativo de las nuevas viviendas que entran al mercado de alquiler ha disminuido progresivamente en los últimos años, lo que sugiere una disminución de la oferta de pisos disponibles.

El drástico incremento en las bajas laborales que ha vivido España en los últimos años ha reavivado un debate que los empresarios sitúan dentro del marco del «absentismo», mientras que los sindicatos colocan como una cuestión exclusivamente de salud pública. Aunque este auge se ha visto también en la gran mayoría de países europeos, lo cierto es que el caso de España tiene escaso parangón dentro del Viejo Continente. Según reflejan los datos tanto de Eurostat como de la OCDE, España es el país donde más ha crecido la incidencia de bajas laborales en la última década y desde la pandemia. Un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la mutua Umivale publicado a principios de año sitúa España como el país europeo con mayor tasa de bajas laborales por trabajador.El análisis, elaborado a partir de microdatos de la EPA europea de 2024, refleja que el 4,5% de los empleados españoles no acudió a su puesto en la semana de referencia en que se elabora la encuesta al estar de baja médica. Una tasa que se ha incrementado en 1,9 puntos desde el año 2018 y que sitúa a España como el país con mayor porcentaje de trabajadores de baja de toda la UE en 2024 tras subir cinco puestos en el escalafón.  
La tasa del 4,5% de ocupados en edad de trabajar en situación de incapacidad temporal supera la de Eslovenia (4,3%), Bélgica (4,1%), Francia (3,9%), Portugal (3,6%), Alemania (3,2%), República Checa (2,8%) o Austria (2,7%), que son los países con mayor incidencia de bajas. Además, la tasa de España supera claramente el promedio europeo del 2,5%.  Encuesta ENCUESTA | ¿Has conocido en tu trabajo algún caso de fraude con una baja laboral o un absentismo no justificado? Esta encuesta no es científica y sólo refleja la opinión de aquellos lectores que han elegido participar. Los resultados no representan necesariamente la opinión de los internautas en general o de los lectores al completo. Esta tendencia también se muestra si se analizan las cifras de los países de la OCDE, un grupo de Estados principalmente de renta alta o media-alta. Así, en el año 2015, España era el noveno país con mayor incidencia de incapacidad temporal de la OCDE con 2,4 semanas de baja anuales de media contabilizadas por cada trabajador. Una década más tarde, en 2015, España ocupaba el tercer puesto, con una incidencia que alcanza las 5 semanas de incapacidad temporal por empleado y año. Es decir, el doble, que hace diez años. 
Dentro de la OCDE, solo Noruega y Eslovenia presentan una incidencia superior. En el caso del país nórdico es importante destacar que siempre ha ocupado los primeros puestos del escalafón, dado que tiene uno de los sistemas de protección social más generosos del mundo, con amplias coberturas, bajas parciales y también tasas de desempleo muy reducidas.
En el otro lado del espectro aparecen países como Grecia, donde el número de meses de baja pagada posibles está vinculado a los años trabajados y tiene un máximo de seis meses. O Italia, donde hay un máximo de 180 días de baja pagada por año y trabajador. El drástico repunte en la incapacidad temporal que se ha vivido en España obedece a diferentes factores. La Airef, que ha hecho uno de los análisis más completos sobre el fenómeno, enumera varios factores. El primero, es la falta de control y seguimiento por parte de la Seguridad Social, en una prestación que tiene un conflicto de competencias: los médicos de la sanidad pública (competencia autonómica) son quienes conceden las bajas, pero la prestación corre a cargo de el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).Además, la autoridad fiscal señala que hay una serie de mejoras normativas que se han introducido en los últimos años -convenios que complementan hasta el 100% del salario o la retirada de la penalización retributiva a empleados públicos- que también pueden haber influido. La Airef también destaca que el buen momento económico del país influye en el incremento en la incapacidad temporal. De igual modo, destacan que la saturación del sistema sanitario y el incremento en las listas de espera dilatan los procesos y agravan la situación.La cara B: millones de personas van a trabajar enfermasAunque la incapacidad temporal no ha parado de aumentar desde la pandemia, paralelamente, el fenómeno convive con una tendencia de signo inverso: millones de trabajadores acuden a su puesto de trabajo estando enfermos. Según un estudio de Eurofund, cuyo contenido adelantó El País,  la agencia de la UE encargada de estudiar la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, el 31% de los trabajadores europeos sostienen haber acudido a trabajar estando enfermos en los últimos doce meses o desde que empezaron su empleo.  Además, uno de cada cuatro empleados en España asegura sentirse físicamente exhausto por su trabajo, mientras que un 14% manifiesta esa misma opinión, pero en el plano emocional. 

El precio de la vivienda en España tiene margen para seguir subiendo muy por encima de la inflación prevista lo que queda de década. Lo apunta un informe de la agencia de calificación S&P Global, que estima un aumento medio del coste de los pisos del 7% anual de aquí a 2029, ambos ejercicios incluidos. El mayor incremento se registrará este año (9,1%) y a partir de aquí el alza se irá suavizando algo, si bien en 2029 el aumento será todavía del 5,4%.El análisis que ha elaborado la firma estadounidense compara la evolución de los precios a nivel nacional con la que se registrará en otras grandes economías de la Unión Europea (Alemania, Francia o Italia) y con Reino Unido. España liderará el encarecimiento de los inmuebles tanto en 2027 como en 2028 y 2029 y únicamente se verá superada este año por Portugal, para la que prevén una subida del 10%. La agencia recuerda que la inversión residencial «permanece prácticamente estancada desde principios de 2019, mientras que el crecimiento económico figura entre los más sólidos de la zona euro». A esto añade el hecho de que la fortaleza del mercado laboral, con una intensa creación de empleo y un sólido crecimiento de los salarios, «ha incrementado el poder adquisitivo y favorecido la inmigración, ampliando el desequilibrio entre la oferta y la demanda», explica. Frente a este contexto, que favorece un aumento de la demanda, S&P señala que las barreras administrativas existentes en el sector de la construcción continúan lastrando el desarrollo de nuevas viviendas. Cita como ejemplo la aprobación en abril del Plan Estatal de Vivienda 2026-30, dotado con 7.000 millones de euros -cuyo objetivo es incrementar la oferta de vivienda, mejorar su asequibilidad y ampliar la regulación aplicable a los alquileres de temporada y de corta duración-, pero advierte de que si bien la reciente intensificación de la actividad regulatoria es positiva, responde principalmente a una reacción frente a los problemas existentes.»Es poco probable que estas iniciativas resuelvan las dos principales fricciones del lado de la oferta: la inflación de los costes de construcción y la escasez de mano de obra», advierte la calificadora. Sus expertos también se pronuncian sobre medidas como los límites al incremento de los alquileres o la ampliación de los programas públicos de garantía hipotecaria y asegura  pueden, «de forma no intencionada», intensificar las presiones por el lado de la demanda. De ahí que sus previsiones sigan reflejando una insuficiencia estructural de la oferta, lo que mantendrá una tendencia alcista de los precios nominales de la vivienda en Europa hasta 2029. Una subida media de los precios del 4% este año en la UEDesde S&P Global esperan que los precios de la vivienda en Europa aumenten, en promedio, alrededor de un 4% en 2026 y más del 3% el año que viene, tras haber actualizado al alza sus previsiones a corto plazo para la mayoría de los mercados individuales.»Unos tipos hipotecarios reales inferiores a los que anticipábamos respaldarán los precios a largo plazo, mientras que el aumento del desempleo y el deterioro de la confianza en algunas zonas de Europa actuarán como factores de presión a la baja», señalan sus economistas.En un escenario macroeconómico más benigno, en el que el proceso de desinflación fuese más rápido y el empleo mejorase, los precios de la vivienda en Europa se situarían, al cierre de 2028, ligeramente por encima de sus previsiones del escenario central.A nivel europeo, los desafíos son muy similares a los que aprecian en el caso español, de modo que el ritmo de inicio de nuevas viviendas continúa siendo demasiado reducido para «aliviar de forma significativa» las presiones sobre los precios. Así, aunque los nuevos paquetes legislativos nacionales reconocen la escasez de inmuebles, los incrementos sustanciales de la oferta tardarán años en materializarse. 

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Las bajas laborales han sido de nuevo objeto de debate político y social en los últimos tiempos después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificara el «absentismo laboral» como «un cáncer» que «cuesta más de 30.000 millones de euros» y asegurase que si llega a ser presidente del Gobierno tomaría medidas para atajarlo. Un reciente estudio por la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) concluye que el número de procesos de baja médica laboral se ha incrementado hasta un 60% entre 2017 y 2024. A este incremento del absentismo en el trabajo se une que los procesos son también más largos: la duración media de la incapacidad temporal se ha incrementado un 15%, pasando de 40 días en 2017 a 45,9 en 2024. La realidad es que la incapacidad temporal —término técnico con el que se conoce a las bajas laborales— es un serio problema para las empresas, que en muchas ocasiones desconfían de determinados empleados por su continuado absentismo. En este escenario, es habitual la contratación por parte de las compañía de agencias de detectives que investiguen en profundidad si una determinada baja está justificada o se trata de un fraude. Con 40 años de profesión, Antonio Labrador, presidente de la  Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), la más representativa del sector, explica en una conversación con La Información Económica de 20minutos que la investigación de un posible fraude en las bajas laborales de los trabajadores es ya «un clásico dentro las agencias», aunque asegura que ha habido un destacado incremento en los dos últimos años. «El 80% de los servicios que entran en nuestros despachos están relacionados con el  absentismo laboral y más concretamente con las bajas laborales», sentencia. ¿Han aumentado los encargos para investigar el absentismo y bajas laborales en los últimos tiempos?El tema de las bajas laborales es un clásico dentro las agencias de investigación. Pero si es cierto que a partir de la pandemia, a partir del año 2020, ha habido un incremento considerable en la petición de este tipo de servicios por parte de las empresas. Y también es cierto, si tenemos que ir ya a una franja temporal concreta, que posiblemente en los últimos dos años ese incremento se ha hecho todavía más evidente.¿Qué porcentaje de los trabajos que realizáis representan en la actualidad las bajas laborales?Me consta por los informes que tenemos de nuestra asociación -la APDPE- a nivel nacional que aproximadamente el 80% de los servicios que entran en nuestros despachos relacionados con el absentismo laboral y más concretamente con las bajas laborales.¿Se confirman las sospechas de fraude en la mayoría de los casos?Cuando las empresas contratan un servicio de investigación normalmente es porque el expediente del trabajador, en muchos casos, ya denota determinadas incidencias que hace pensar que esa baja pudiera ser fingida. Por ejemplo, si un trabajador lleva diez años en una empresa y acumula periodos de baja por cuatro o cinco años en distintos tramos pues es para sospechar. Cuando las empresas contratan el servicio normalmente es porque hay un histórico de bajas que induce a pensar que el trabajador no esté siendo totalmente sincero. El porcentaje de éxito que podemos tener los detectives privados en estos casos puede acercarse también al 80%.Por su experiencia, ¿cuál es el perfil de este tipo de defraudadores?Nunca hay un perfil específico. Si me pides que trace un perfil pues no lo puedo situar ni el sector industrial ni en el de servicios. Lo que sí es cierto es que dentro del colectivo de autónomos prácticamente no hay bajas laborales. Sin embargo, entre los trabajadores que están en el régimen general de la Seguridad Social se dan muchas circunstancias. Y si bien es cierto que puede influir el ámbito de la seguridad laboral, como muchas veces dicen los sindicatos en los medios de comunicación; no es menos cierto que el fraude existe y que se le ha ido de las manos a la administración.¿Existe la figura del ‘profesional de la baja’?Desgraciadamente sí existe. No podemos criminalizar a todas las personas que están de baja porque todos en algún momento de nuestra vida laboral necesitamos darnos de baja por motivos físicos o psicológicos, pero es evidente que un señor que acumula cuatro o cinco años de baja durante diez años cuando los médicos no encuentran una patología concreta o que su dolencia sea compatible con una baja de tan larga duración y en tantos periodos estamos hablando de un profesional de la baja. Hay muchísimos.¿Recuerda algún caso que haya sido especialmente llamativo?En una larga trayectoria como la mía hay pocas cosas que no haya visto y te puedo decir que hay trabajadores que son muy buenos actores. Te puedo contar la anécdota del falso ciego, un señor que debido a un accidente queda con una limitación visual prácticamente al 15-20% y que, por tanto, tiene limitadas ciertas actividades, como conducir. Luego hemos comprobado que esos falsos ciegos también conducen, leen el periódicos y van a la piscina sin usar ningún medio de los que puede utilizar una persona ciega. Con estas características hay verdaderos actores, verdaderos profesionales que a pesar de las dificultades que implica hacer eso en el día a días son capaces simular el engaño para conseguir una prestación de la Seguridad Social. ¿Cómo se montan este tipo de operativos?Para eso los detectives contamos con determinadas técnicas que se van aprendiendo tanto en la universidad como en el día a día con la experiencia. Es una labor de equipo y muy concienzuda en la que durante muchos días y en determinados horarios una persona es observada de una forma meticulosa siempre sin invadir su esfera íntima y personal ni por supuesto vulnerando ningún tipo de derecho. Cuando un detective realiza una investigación respeta los derechos fundamentales del sujeto investigado. Primero porque nos obliga la ley; y segundo porque si tenemos que llegar a sede judicial no queremos que ese informe pueda ser impugnado ni anulado.¿Qué tipo de pruebas específicas se consideran legales y válidas ante un tribunal?Las pruebas válidas son todas aquellas que el ordenamiento jurídico nos autoriza. Nuestra actividad está regulada por la Ley de Seguridad Privada 04/15 que nos da un campo muy amplio de investigación pero que es muy restrictiva en relación a cómo se deben realizar. Toda investigación que sea realizada en exteriores y en lugares que no se consideran reservados es competencia del detective. Para ello se nos permite usar todos los medios homologados de grabación a nuestro alcance, como una cámara de vídeo, de fotos o un teléfono móvil. Luego esas imágenes las podemos incluir en el informe final que se lleva a la sede judicial para instar un despido ante la jurisdicción social. El detective no puede vulnerar en ningún momento el derecho a la intimidad, el honor o la propia imagen del investigado. Las pruebas siempre deben estar en el contexto legal para que puedan ser usadas en sede legal.¿Cuál es el procedimiento si la baja finalmente es fraudulenta? ¿Hay despido inmediato?Lo normal es que una vez que nosotros entregamos el informe al cliente, este se lo haga llegar a sus servicios jurídicos para que comprueben si contiene información suficiente para poder aplicar el régimen normativo. Lógicamente, una situación de estas característica siempre nos lleva a aplicar la máxima sanción, que es el despido. Con el informe, el abogado se encargaría de convocar la audiencia previa y entregar la carta de despido al trabajador.Normalmente, existiendo pruebas contundentes en su contra, ¿el trabajador suele aceptar el despido?No siempre, aunque sería lo ideal porque se evitaría perder mucho tiempo y dinero. Yo, que también soy abogado, soy partidario de abrir siempre una negociación entre las partes, y más tal y como está ahora nuestro sistema judicial, que está colapsado.

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La Copa del Mundo se despidió de México la semana pasada para afrontar su desenlace en Estados Unidos. Concluyó así un recorrido que comenzó nueve años atrás, cuando el país aceptó, por primera vez, compartir el papel de anfitrión mundialista junto a sus vecinos de Norteamérica. Renunció a la exclusividad que gozó en las ediciones del 70′ y el 86′, pero, a cambio, se convirtió en el primer país en organizar tres Mundiales. Así lo consumó en el verano de 2018, con la designación de la FIFA a la candidatura encabezada por EEUU durante el primer mandato de Trump, que se constituyó entre tensiones por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.No fue menor el resquemor que despertó su decisión entre la opinión pública por el desigual reparto del torneo: frente a los doce estadios que acogieron en el 86′, la actual edición redujo la presencia mexicana a tres sedes: Guadalajara, con el Estadio Akron; Monterrey, con el BBVA; y Ciudad de México, con el histórico Estadio Azteca. Tampoco lo ha sido el impacto económico del campeonato que empiezan a reflejar los primeros balances. Según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, el Mundial ha regado las arcas mexicanas con 2.247 millones de euros y ha atraído a 1,1 millones de turistas durante los 13 encuentros disputados en el país. La competición ha generado, además, alrededor de 105.000 empleos, con gran incidencia en el sector turístico.No obstante, más allá del impacto económico inmediato, la huella que deja en el país una cita de la magnitud de un Mundial es una herencia más difícil de cuantificar; es más bien «un legado». Y así lo interpretaron desde una de sus sedes, la ciudad de Monterrey. «Siempre lo vimos así, como una oportunidad para dejar un legado» reconoce a este periódico la secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez. «Queríamos contagiar la pasión del Mundial a toda la ciudadanía y para ello nos inspiramos en lo que sucedió con los Juegos Olímpicos de 1992 y la campaña ‘Barcelona, Ponte Guapa’, donde toda una ciudad -gobierno, iniciativas privadas, universidades, organismos de la sociedad civil- se unió en torno al destino para ponerlo guapo» explica.A los mandos de Samuel García Sepúlveda, el Gobierno del Estado de Nuevo León bautizó su iniciativa como ‘Ponte Nuevo, Ponte Mundial’ y puso en marcha un plan de infraestructuras con más de 30 proyectos enfocados a responder al crecimiento urbano del estado e hizo una llamada a las iniciativas privadas para formar parte del plan. «Por ejemplo, Berel, una empresa de pintura regiomontana, donó miles de litros de pintura para pintar casas y murales por toda la ciudad; lo que llamamos trazos mundialistas» explica Martínez. Como Berel hubo «más de cien iniciativas en las que empresas, organizaciones y universidades se sumaron para lograr que el Mundial fuera un éxito, como lo fue».Entre las artífices del plan se encontraba precisamente Martínez, quien destaca la movilidad, la seguridad turística, la promoción del destino, la innovación y la capacitación como los pilares de su hoja de ruta mundialista. Esta última acción puso el foco en la primera toma de contacto que el turista recibe cuando llega a la ciudad. «Pusimos en marcha una plataforma digital que cuenta con cursos de inglés y servicio al turista con el objetivo de que el personal que tiene el primer contacto con los visitantes -como los taxistas o los camareros- puedan platicarle de todo lo que hay en Nuevo León y brindar una mejor atención» comenta.»Esperábamos alrededor de 300.000 turistas y recibimos en torno a 420.000″Basta con asomarse a los ventanales de la planta 31 de la Secretaría de Turismo de Nuevo León para seguir el rastro que ha dejado el Mundial en la ciudad. Desde allí se distinguen las nuevas infraestructuras de movilidad -algunas todavía en ejecución-, las zonas reforestadas y el nuevo complejo de la Fuerza Civil, convertido durante el torneo en el centro de coordinación desde el que las autoridades estatales y la FIFA han supervisado el operativo de seguridad. Todo ello, cualquiera diría que es sólo fútbol, para albergar cuatro partidos de siete países distintos (Suecia, Túnez, Japón, Sudáfrica, República de Corea, Países Bajos y Marruecos).Cuatro encuentros -tres de fase de grupos y uno de dieciseisavos- que han traído bajo el brazo un impacto de 5.000 millones de pesos (en torno a 250 millones de euros al cambio) para todo el sector del comercio y el turismo de la región, según los datos facilitados por su propia Secretaría de Turismo. «Ha superado todas las expectativas», reconoce Martínez, quien cifra en 2.000 millones de pesos (100 millones de euros) su previsión inicial. También se han desbordado sus perspectivas turísticas: «Esperábamos alrededor de 300.000 turistas y recibimos en torno a 420.000». Cifras que explican por qué los hoteles de la región han disfrutado de una ocupación del 85% durante la cita mundialista.No todos, sin embargo, han tenido la oportunidad de presenciar un partido en directo. En algunos encuentros, como el México-Inglaterra disputado en el Azteca, las entradas oscilaron entre 39.000 (1.950 euros) y 281.000 pesos (14.000 euros). Para esa inmensa mayoría, Monterrey ha habilitado sus principales espacios -como el Parque Fundidora- en aras de celebrar la fiesta del fútbol con pantallas gigantes, conciertos de artistas locales e internacionales y actividades para toda la familia durante todo el torneo. 

Si miramos el gráfico de Volkswagen durante los últimos cinco años, cuesta creer que estemos ante el mayor fabricante de automóviles de Europa. Sus acciones preferentes rondan los 76 euros, el nivel más bajo desde julio de 2010, después de perder cerca del 70% desde los máximos alcanzados en marzo de 2021. Volkswagen ya vale en bolsa menos que durante el ‘Dieselgate’, el escándalo que hundió sus títulos desde los 170 euros hasta menos de 100 en apenas unas semanas y estuvo a punto de destruir la reputación de la compañía hace una década.Esta vez no hay motores trucados. Los beneficios del grupo en China cayeron más de un 80% en la última década, sus márgenes globales se redujeron a la mitad desde 2021 y la marca cayó del primer al tercer puesto en el mercado automovilístico más grande del mundo. El imperio industrial sufre por exceso de fábricas, exceso de modelos y falta de rentabilidad. Sobran fábricas, sobran modelos y falta rentabilidad. ¿Cómo ha llegado uno de los mayores imperios industriales del mundo a discutir qué plantas debe cerrar?La explicación habitual apunta a la energía cara, los salarios alemanes, la burocracia de Bruselas y unas normas de emisiones que obligaron a invertir miles de millones antes de que el mercado estuviera preparado. Todo eso ha elevado los costes, pero las últimas cifras añaden un problema mucho más serio. Volkswagen vendió un 8,6% menos de coches durante el segundo trimestre y sus entregas en China se hundieron un 36,6%. BMW tampoco escapó y sus ventas globales bajaron un 4,9%, mientras que en China cayeron casi un tercio.China ha dejado de ser el motor de las marcas alemanas. Durante dos décadas, la expansión de su clase media permitió vender allí más unidades y con mejores márgenes que en el mercado doméstico. El modelo de intercambio donde las plantas europeas exportaban ingeniería mientras Pekín compraba ha terminado. Las marcas chinas fabrican sus propios vehículos, bajan los precios, exportan hacia los mercados tradicionales de sus antiguos rivales y ahora se disponen a fabricarlos en pleno suelo europeo.Europa reaccionó tarde al cambio Durante un siglo, Europa construyó su ventaja alrededor del motor de combustión. Un fabricante podía tardar años en perfeccionar una plataforma porque el cliente pagaba por ingeniería mecánica, fiabilidad, seguridad y marca. Las grandes marcas alemanas no necesitaban tener la mejor pantalla del mercado, sino fabricar un coche que siguiera funcionando cuando el resto empezaba a fallar.El vehículo eléctrico ha desplazado buena parte de esa ventaja hacia la batería, el software, la electrónica, la velocidad de carga y el precio. Los fabricantes europeos y estadounidenses suelen trabajar con ciclos de desarrollo de entre 40 y 80 meses. Algunas compañías chinas pueden lanzar un modelo en menos de 24. Y si una marca tarda cinco años en responder a un rival que renueva su gama cada dos, el coche europeo puede llegar al concesionario con tecnología antigua y un precio más alto.China ya no necesita traer el coche en barcoLa parálisis de la demanda interna en China acelera la ofensiva exterior. Las ventas domésticas de turismos cayeron un 23,4% en junio y encadenaron nueve meses de descensos, lo que obliga a los fabricantes del país a redirigir su exceso de capacidad hacia el mercado europeo. Bruselas intentó contener esa avalancha con aranceles sobre los eléctricos fabricados en China. ¿Qué hacen los fabricantes chinos? Empezar a producir en Europa.La primera planta europea de BYD empezará a producir en Hungría durante el cuarto trimestre de 2026, mientras estudia hacerse con una planta ya existente en España o Francia para acelerar su expansión. Sus ventas en Europa crecieron un 270% en 2025, hasta rozar los 188.000 vehículos, y superaron las 100.000 unidades solo durante los cinco primeros meses de este año.España ya forma parte de ese desembarco. Chery controla el 40% de la sociedad conjunta con Ebro que fabrica en la antigua planta de Nissan en Barcelona. Allí ya se montan cuatro modelos de la marca española y la producción de vehículos de Chery comenzará previsiblemente a finales de 2026 o durante el primer trimestre de 2027. El proyecto aspira a alcanzar los 150.000 coches anuales en 2029 y permitiría a Chery evitar los aranceles europeos aplicados a los eléctricos importados desde China.SAIC, propietaria de MG, ha elegido además Ferrol para levantar su primera fábrica dentro de la Unión Europea. El plan contempla una inversión inicial de unos 200 millones de euros, 1.000 empleos directos y una capacidad de hasta 120.000 automóviles al año. La planta todavía necesita autorización del Gobierno y no comenzaría a operar antes de 2028, pero la dirección del movimiento está clara. El coche chino puede dejar de venir de China. Puede fabricarse en Hungría, ensamblarse en España, utilizar proveedores europeos y contratar trabajadores que antes producían para una marca occidental. También puede evitar parte de los aranceles diseñados para frenar las importaciones y presentarse ante los gobiernos como una inversión capaz de salvar empleo industrial. Volkswagen y las grandes marcas europeas discuten si sus respectivos países pueden mantener toda su capacidad y los empleos, mientras BYD y sus competidores chinos preguntan qué fábricas pueden comprar.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cultura/notas/una-tarde-con-luis-rafael-sanchez/ El maestro espera sentado. La camisa amarilla que lleva puesta como chaleco sobresale cual rayo de sol …

Después de pagar un 2,409% a seis meses y un 2,523% a doce meses en la subasta del 7 de julio, el Tesoro volverá al mercado el 14 de julio con Letras a 3 y 9 meses. El verano ya no permite mirar solo el tipo de interés y comprarLa siguiente cita llegará el4 de agosto, con Letras a 6 y 12 meses, y entre ambas subastas se reunirá el Banco Central Europeo (BCE) el 23 de julio. El ahorrador tendrá que elegir entre asegurar ya una rentabilidad próxima al 2,5% o esperar con más información. Aunque la rentabilidad vuelva a situarse en esos niveles, esa cifra no se cobra igual en todos los plazos porque el interés de las Letras se expresa siempre en términos anuales. Una Letra a tres meses no deja ese porcentaje completo al vencimiento, sino la parte proporcional al tiempo transcurrido.  Una inversión de 10.000 euros a tres meses con un tipo del 2,5% no reportará 250 euros de beneficio, sino una cuarta parte, apenas 62,5 euros antes de impuestos, debido a que el capital solo trabaja durante una cuarta parte del año. Ese factor temporal altera por completo la estrategia de inversión de cada hogar.El vencimiento cambia la decisión La Letra a tres meses, con fecha de retorno fijada el 9 de octubre de 2026, destaca como la alternativa idónea para quienes necesiten disponer de su liquidez tras las vacaciones o prefieran no comprometer sus ahorros hasta 2027. Esta disponibilidad inmediata, sin embargo, traslada al ahorrador el riesgo de quedarse al descubierto en otoño, un momento en el que se verá obligado a buscar un nuevo destino para su dinero en un mercado que podría ofrecer intereses mucho más bajos si los bancos centrales levantan el pie del acelerador. En ese punto, Nacho Zarza, de Auriga Bonos, señala que, si las presiones inflacionistas pierden fuerza y el mercado deja de descontar nuevas subidas del BCE, “el peor escenario sería tener que ir renovando vencimientos a plazos cortos”. Comprar a tres meses da libertad, aunque también obliga a volver al mercado antes y aceptar la rentabilidad que exista entonces. Al analizar el tramo a nueve meses, el capital permanece inmovilizado hasta el 9 de abril de 2027. La espera compensa la falta de liquidez inmediata si la subasta mantiene una prima frente a los plazos más cortos, como ocurrió en junio, cuando este vencimiento se situó cerca del 2,51%.Agosto permite esperar, pero no garantiza mejores tipos Para acceder a vencimientos de seis y doce meses habrá que esperar al 4 de agosto. El tramo de seis meses extenderá el calendario de inversión hasta febrero de 2027, mientras que la Letra a un año retendrá los fondos hasta el verano del próximo ejercicio. La referencia más cercana está en los tipos adjudicados el 7 de julio. El Tesoro pagó entonces un 2,409% a seis meses y un 2,523% a doce meses, dos niveles que siguen funcionando como escaparate para el ahorro conservador. Esperar a agosto puede tener sentido si las tensiones de mercado mantienen las rentabilidades altas. También puede restar atractivo si el petróleo se calma, el BCE no endurece el mensaje y la deuda empieza a descontar una menor presión sobre la inflación. En opinión de Fortuna SFP, el principal riesgo está en los plazos largos y prefiere duraciones cortas, deuda corporativa de alta calidad e instrumentos ligados a la inflación en un entorno de tipos todavía altos. Esa idea no invalida las Letras a nueve o doce meses, pero sí obliga a mirar el vencimiento con más cuidado ante las últimas alertas geopolíticas.  El petróleo vuelve a meter presión Cuando la tregua en Irán parecía suficiente para enfriar el crudo y relajar las rentabilidades, Donald Trump volvió a sembrar dudas al afirmar que el alto el fuego en Irán “se acabó”. El Brent llegó a subir más de un 5% hasta la zona de 78 dólares. La respuesta de la deuda soberana fue inmediata, con el bono estadounidense a diez años cerca del 4,6% y los inversores otra vez pendientes del impacto del petróleo sobre la inflación. Esa tensión no se traslada de forma automática a las Letras españolas, pero sí condiciona el precio del dinero. Las firmas de inversión de referencia, como Amundi, ya habían detectado esas señales de alerta al advertir que el mercado de crudo “descontaba un escenario de paz que la renta fija y el dólar se resistían a validar”. Federated Hermes advierte también de que la inflación “sigue siendo difícil de prever” tras los últimos shocks de energía, aranceles y mercado laboral. Esa incertidumbre mantiene a los bancos centrales pendientes de los datos y evita que el ahorrador pueda dar por hecho que las próximas subastas pagarán más o menos que las actuales. 

Se amarillean las venas de las hojas, se deforma tanto esta como el fruto, que pierde calibre y calidad. Incluso, de forma ocasional, aparecen mancha y, en el envés de las hojas, las nervaduras se pudren. Así actúa en los limoneros, naranjos amargos y limas, la gran preocupación de los citricultores de Alicante y Murcia: la clorosis nervial amarilla de los cítricos (Potexvirus Citrilafviavenae, CYVCV). Este virus, que transmiten pulgones o insectos, se detectó en Pakistán durante 1988 y, desde 2022, ha viajado a California e Italia. Su presencia en España se detectó, por primera vez, en diciembre. Una amenaza para la producción española de limón, líder en la Unión Europea, y que lleva años entre las mayores del mundo. El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, habla de unas 38.000 árboles enfermos y cree que «llegaremos a entre 50.000 o 60.000″(en España, estima, hay 4 millones de árboles). Andreu cuenta la historia de un joven citricultor alicantino que ha tenido que «empezar de cero», tras arrancar la plantación de limoneros heredada de su padre – recientemente fallecido – por la aparición del virus.  «Llegaron infectados todos, porque no se debieron cumplir ciertos protocolos de bioseguridad», lamenta el presidente de Asaja Alicante José Vicente Andreu quien señala hacia los plantones de ciertos viveros como el origen del foco Los árboles más jóvenes, ¿origen del foco? El representante de Asaja señala que no hay todavía una solución para este agente patógeno y pone su esperanza las investigaciones de nuevas variedades de limonero del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). Andreu sospecha que el origen del foco de clorosis en España está en plantones (plantas jóvenes) de viveros del sur de Tarragona y el norte de Castellón. «Llegaron infectados todos, porque no se debieron cumplir ciertos protocolos de bioseguridad», sostiene. Según la Asociación Interprofesional Limón y Pomelo, AILIMPO, los plantones vendidos en la campaña 2023-2024 superaron los 800.000. En la Unió de Llauradors, su secretario general Carles Peris, teme «una reducción de la producción de entre el 20 y 30%» y destaca que, a pesar de que «los mandarinos y naranjos son solo portadores», también se les está arrancando para evitar que contaminen a los limoneros. «La Generalitat Valenciana está aplicando un protocolo estricto y severo», comenta. Peris apuesta por más controles en frontera, así como por habilitar líneas de ayudas al arranque y pérdida de capacidad productiva. Además de investigar nuevas variedades variedades resistentes a la enfermedad. El peso de España en el mercado del limón España produjo en la campaña 2024-2025 (que va de septiembre a septiembre del año siguiente), 1,016 millones de toneladas, según el Ministerio de Agricultura (-13% respecto a 2023-2024). AILIMPO, lo eleva a 1,25 millones incluyendo la fruta procesada y las mermas por frío. Desde la Plataforma Tierra, citando fuentes estadounidenses, calculan para 2025-2026 una cosecha mundial de 10,1 millones de toneladas. Esto es un 6,6% menos. «La Generalitat está aplicando un protocolo estricto y severo», reconoce Carles Peris (Unió de Llauradors)Destaca el desplome de la producción en Turquía, del 52,6% según estas estimaciones, y coloca a España en las 828.000 toneladas (-9,6%) con una superficie similar a la del año anterior.. A nivel de exportaciones España, líder en la UE, vendió en el exterior 618.934 toneladas en 2024-2025 por un valor de 866 millones de euros (+21%). Los principales mercados fueron Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia. Arranque de plantaciones obligatorio Fuentes oficiales de la Consellería de Agricultura de la Generalitat de Valencia defienden a ‘La Información Económica’ que han tenido en cuenta el peso de la producción de limón en zonas de Alicante y Castellón, por lo que han aplicado el «principio de precaución» y, desde la resolución publicada el 21 de abril, establecieron «medidas urgentes de erradicación y control» dirigidas a la Vega Baja y el Baix Vinalopó (Alicante) aplicando tratamientos contra los insectos portadores del virus, y al arranque de las plantaciones afectadas. A lo que se añade una labor de vigilancia para asegurarse que, los plantones (plantas jóvenes nacidas de una semilla y listas para trasplantarse) comercializados este año por los viveros, estén libres del patógeno. Solo se ha autorizado la comercialización de aquellos en los que no se ha detectado la enfermedad. Las fuentes consultadas aseguran que «la Consellería indemnizará tanto a los viveristas como a los agricultores afectados por las medidas obligatorias de erradicación».»La Consellería indemnizará tanto a los viveristas como a los agricultores afectados por las medidas obligatorias de erradicación» , aseguran fuentes oficiales de la Generalitat ValencianaMurcia exige la intervención de Planas La Región de Murcia es la otra gran afectada por este virus. Según la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (ALIMPO) ya se han detectado casos positivos en 48 explotaciones, aunque estas estimaciones serán actualizadas por la Consejería de Agricultura la próxima semana en una reunión con el sector. El gobierno murciano dio un paso más este martes en la Conferencia Sectorial de Agricultura, cuando exigió al Ministerio de Agricultura que coordine los esfuerzos  para evitar la dispersión de la clorosis y obligue a los viveros a facilitar los datos de trazabilidad de sus plantas. El consejero murciano de Agricultura advirtió que siguen entrando en esta región plantones afectados por el patógeno.Fuentes oficiales consultadas recuerdan que la Clorosis Nervial Amarilla se declaró oficialmente como enfermedad vegetal en Murcia el 27 de mayo, aunque el arranque de plantaciones es solo una recomendación. Sí se han adoptado tratamientos fitosanitarios y realizado prospecciones para tener una fotografía real de la situación. De las 700 previstas, se han tomado 525 muestras y analizado en laboratorio 392. Lo que ha resultado en 28 positivos, todos en plantaciones jóvenes.  38.000 plantones afectados solo en Alicante Hasta la fecha, estiman las fuentes consultadas, la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana ha realizado 325 inspecciones en explotaciones con nuevas plantaciones. Lo que ha dado lugar a  34 positivos, de las que 25 corresponden a limonero, cinco a naranjo, dos a clementino, una a lima y otra a pomelo. Lo que suman alrededor de 89 hectáreas y unos 38.000 plantones en comarcas del Baix Vinalopó y la Vega Baja. Además el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) ha examinado 787 plantas madre iniciales, sin detectar el virus. En el departamento que dirige Miguel Barrachina defienden que han actuado «con responsabilidad, transparencia y anticipación», desde «las primeras sospechas en Cataluña» de Clorosis en diciembre del año pasado. Las mismas fuentes destacan la coordinación con el Ministerio de Agricultura y el resto de comunidades autónomas afectadas. A lo que suman la interlocución con el sector y las acciones divulgativa desde organismos como el Servicio de Sanidad Vegetal.    

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El Ministerio de Hacienda ha remitido a primera hora de este viernes el esperado borrador con su propuesta de reforma de la financiación a las comunidades autónomas. El departamento que dirige Arcadi España ha hecho llegar a los gobiernos autonómicos el texto que llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 29 de julio en el que se debatirá la propuesta, cuyas líneas principales presentó el Gobierno el pasado enero. El Gobierno insiste en que mantiene su «mano tendida» a todas las comunidades para seguir debatiendo el modelo en las próximas reuniones y traslada que está «abierto al diálogo».  Las comunidades autónomas llevaban meses reclamando al Ejecutivo que les enviara un documento en el que se vieran las ‘tripas’ del modelo que presentó María Jesús Montero -predecesora de Arcadi España- el pasado enero. El documento, al que ha tenido acceso La Información Económica recoge los detalles técnicos que ya había adelantado Hacienda en enero.Una vez se discuta la propuesta en el CPFF de finales de julio -que previsiblemente saldrá adelante porque el Gobierno tendría suficiente con el más que probable voto a favor de Cataluña-, el Ejecutivo llevará un texto normativo ya articulado a Consejo de Ministros después de verano. Superado este trámite, la idea es que la norma llegue rápido al Congreso  para que pueda estar aprobada antes de que acabe el año. Algo que se antoja difícil, dado que en este momento el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos parlamentarios suficientes para sacarla adelante. El objetivo es que la ley pueda estar en vigor según empiece 2027. Pero esto no es condición suficiente para que se aplique. Las comunidades que quisieran adherirse al nuevo sistema (es voluntario) tendrían que firmar un acuerdo de aceptación en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales correspondiente. Además, sería necesario que se apruebe una ley de régimen de cesión de tributos del Estado a cada autonomía, que recoja el alcance y las condiciones de dicha cesión. 21.000 millones más para las autonomías… y una alteración sustancial del repartoEn líneas generales, la reforma que pretende el Gobierno cedería unos 21.000 millones de euros que actualmente corresponden al Estado para aumentar la financiación de las comunidades autónomas. De esta forma, se conseguiría que ningún territorio pierda recursos con la actualización del modelo. Este incremento de recursos se lograría mediante una mayor cesión del Estado de los dos grandes impuestos del sistema tributario español: el IRPF y el IVA. Así, el porcentaje cedido en el impuesto a la Renta pasaría del 50% actual al 55%, mientras que el del IVA pasaría del 50 al 56,5%. De igual modo, pasarían a formar parte de los recursos del sistema el impuesto sobre el Patrimonio, el tributo sobre los depósitos bancarios, el juego y los residuos en vertederos. A estos recursos se sumaría también otra aportación del Estado para reducir las diferencias entre las comunidades que reciben más recursos por habitantes y las más perjudicadas por el sistema. Además, se plantea un mecanismo para que las autonomías que lo deseen puedan recibir directamente una parte del IVA que generan las pymes en su territorio, se crea un fondo climático para aportar un extra de financiación a las autonomías del Mediterráneo y un fondo que garantiza que ningún territorio empeora su situación financiera respecto al sistema actual. También se prevé la posibilidad de sustituir el actual sistema de entregas a cuenta, a través del cual el Estado entrega anticipos de la financiación esperada para cada territorio que después liquida dos años después del cierre del ejercicio presupuestario, por uno de transferencia de fondos «inmediata». Sin embargo, el sistema que ha diseñado Hacienda altera sustancialmente el reparto de fondos por habitante en cada territorio. Según estimaciones de Fedea en base a la propuesta del Ejecutivo -que siempre se ha negado a aportar cálculos de financiación por habitante ajustado- Cataluña sería la comunidad que más financiación por habitante ganaría con el nuevo sistema. En concreto, mejoraría sus recursos en unos 500 euros por habitante, pasando de ser la octava comunidad con mayor financiación a la tercera con más recursos, solo por detrás de Baleares y Canarias. La propuesta también mejoraría sustancialmente los recursos que reciben Comunidad Valenciana (496 euros más por habitante), Murcia (468 euros), Baleares (450), Madrid (409 euros), Andalucía (367 euros) o Castilla-La Mancha (301 euros).Sin embargo, las cuatro autonomías que forman el bloque de las autodenominadas ‘infrafinanciadas’ -porque reciben menos recursos por habitante que la media- seguirían estando por debajo del promedio nacional. 

El líder de la oposición ha anunciado ante empresarios vascos que, si gobierna, recortará salario y prestaciones a las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal, con acuerdo sindical o sin él. Para justificarlo recurrió a una expresión tan desafortunada como reveladora: calificó el absentismo de «cáncer». El problema es que, cuando se mezclan deliberadamente el absentismo, los permisos retribuidos y las bajas médicas, se acaba trasladando a la opinión pública la idea de que quien enferma constituye un problema económico antes que una persona a la que proteger.No hace falta demasiada imaginación para saber a quién beneficia ese planteamiento. El presidente de la patronal de Castilla-La Mancha se adelantó unos días antes calificando de «memos» a los jóvenes que causan baja por problemas de salud mental porque, según él, «les ha dejado la novia». Pocos recordaron entonces que también dirige una mutua colaboradora con la Seguridad Social. Ahí reside el verdadero debate: hay quienes siguen confundiendo la salud de las personas trabajadoras con una partida de gasto que conviene reducir cuanto antes.»Si de verdad preocupara la salud de los trabajadores, se hablaría de prevención y no de recortes, de reforzar la sanidad pública y reducir las listas de espera, no de sembrar sospechas sobre los partes médicos»Los datos desmontan ese relato. Estar de baja en España no compensa a nadie: los tres primeros días no se percibe prestación alguna y, posteriormente, la cobertura oscila entre el 60% y el 75% de la base reguladora. La negociación colectiva, que la Constitución reconoce y protege y que todo responsable público debería respetar, ha paliado parcialmente esa pérdida de ingresos durante décadas, pero en la mayoría de los casos quien enferma continúa perdiendo salario. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿es razonable que una persona con cáncer, una fractura o pendiente durante meses de una intervención quirúrgica por el colapso de determinados servicios públicos de salud vea además reducido su salario? En el sector del metal, treinta días de incapacidad temporal pueden suponer más de 400 euros de pérdida; en el campo, alrededor del 12% del salario mensual; en los sectores más precarios, varios meses de baja significan miles de euros menos. Nadie escoge enfermar. Lo que sí es una decisión política es penalizar económicamente a quien enferma. Conviene recordar, además, que el supuesto descontrol sencillamente no existe. El artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores permite a las empresas verificar médicamente las situaciones de incapacidad temporal y, cuando existen indicios de fraude, nuestro ordenamiento ya ofrece instrumentos suficientes para combatirlo. «Hay quienes siguen confundiendo la salud de las personas trabajadoras con una partida de gasto que conviene reducir cuanto antes»Las mutuas disponen, desde la reforma de la Seguridad Social de 1994, de amplias facultades de seguimiento y control, una reforma tan lesiva para los derechos de las personas trabajadoras que desembocó en la huelga general convocada contra el Gobierno socialista de la época. En Alemania, por el contrario, la empresa mantiene el 100% del salario durante las seis primeras semanas de baja. Allí nadie plantea que proteger a quien enferma sea un problema para la economía.Por eso, cuando el líder de la oposición habla del «cáncer» del absentismo y determinados dirigentes empresariales califican de «memos» a quienes padecen problemas de salud mental, ambos comparten una misma visión: la enfermedad preocupa únicamente cuando deja de producir beneficios. Ninguno habla de las interminables listas de espera en Traumatología, de que apenas el 5% de las empresas dispone de planes de prevención de salud mental, de que las dieciocho mutuas españolas apenas cuentan con 16 psiquiatras y 70 psicólogos para todo el país, de las cargas excesivas de trabajo, del acoso, del estrés o de las horas extraordinarias que siguen sin pagarse. Hablan del coste económico de la enfermedad. Esa es la diferencia entre gestionar personas y gestionar mercancías.Y existe un riesgo añadido. Este discurso cala especialmente entre una generación que ya soporta salarios insuficientes para emanciparse, enormes dificultades para acceder a una vivienda y una creciente incertidumbre vital. Si además se transmite que quien enferma merece sospecha o incluso castigo económico, el mensaje es devastador: no solo cuesta llegar a fin de mes; también cuesta ponerse enfermo.Si de verdad preocupara la salud de quienes trabajan, se hablaría de prevención y no de recortes, de reforzar la sanidad pública y reducir las listas de espera, no de sembrar sospechas sobre los partes médicos; de actualizar de una vez la Ley de Prevención de Riesgos Laborales —negociada durante diecinueve meses en el diálogo social— y no de anunciar reformas al margen de él. Porque las bajas laborales no se reducen empobreciendo a quien enferma, sino evitando que las personas enfermen. Todo lo demás es, como diría el propio dirigente empresarial, de memos. Pero no precisamente de quienes están de baja.

Golpe de timón en la venta del gran rival de Ryanair en los cielos europeos, la aerolínea de bajo coste easyJet. La firma de inversión estadounidense Apollo Management ha irrumpido en la puja con una propuesta de adquisición por valor de 5.700 millones de libras (6.669 millones de euros) que ha sido avalada por la compañía británica días después de haber aceptado una oferta del fondo Castlelake. La empresa con sede en Luton (Reino Unido), ha afirmado que la oferta de Apollo ofrece a los inversores un «resultado superior» al de la propuesta anterior de la estadounidense Castlelake. Según easyJet, la oferta de Apollo valora la acción en 7,15 libras (8,3 euros), frente a las 6,90 libras (8 euros) por título que hizo Castlelake, firma que llegó a presentar varias ofertas.No obstante, la oferta recibida este viernes por la aerolínea no implica que se haya confirmado un acuerdo definitivo, ya que se ha fijado un plazo límite para Apollo -hasta las 16:00 horas GMT del 7 de agosto- para presentar una oferta en firme por easyJet o desistir de la operación. Con anterioridad, easyJet calificó el interés inicial de Castlelake como «altamente oportunista» en su primera respuesta del 1 de junio porque el interés de adquisición se produjo en un momento en que el precio de sus acciones se había visto afectado negativamente por la preocupación sobre el impacto de la guerra de Irán en el sector aéreo.easyJet emplea a más de 19.000 personas y opera 1.200 rutas en más de 30 países europeos. Tras la información divulgada hoy, las acciones de easyJet subieron un 14% en la Bolsa de Londres hasta 6,70 libras (7,8 euros). Apollo invirtió anteriormente en el sector de la aviación, incluyendo participaciones en Aeroméxico, la aerolínea de bajo coste Sun Country Airlines y el grupo de carga Atlas Air.Fundada como una alternativa de bajo coste a British Airways (BA), la red de la aerolínea ha crecido hasta convertirse en una de las mayores de Europa, pero el precio de sus acciones ha tenido problemas para recuperarse desde la pandemia de la covid-19. Al igual que en el caso de Castlelake, el acuerdo con Apollo necesita el visto bueno de las autoridades regulatorias. Uno de los matices es que easyJet es una aerolínea europea, por lo que, en virtud de la regulación de la Unión Europea (UE), el 51% tiene que estar en manos de una compañía europea.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cultura/notas/imel-sierra-levanta-bandera-ante-posible-eliminacion-de-su-obra-platanal-en-rio-piedras/ El reconocido artista y arquitecto Imel Sierra hizo un llamado al Municipio de San Juan para que …

El Banco Central Europeo (BCE) pone en práctica las lecciones aprendidas en la anterior crisis financiera. El organismo encabezado por Christine Lagarde trató de evitar dar pistas acerca de una posible nueva subida de los tipos de interés en la reunión del pasado junio al considerar que ésta fue una de las enseñanzas extraídas de 2011. En aquel momento, cuando los problemas de deuda soberana ya eran evidentes en algunos países periféricos de la eurozona, entre ellos, España, acometió dos incrementos de tasas antes de verse obligados a retroceder a finales de ese año.»La lección no es que el Consejo de Gobierno no debe subir nunca los tipos de interés cuando existan riesgos para la estabilidad financiera, sino que debe evitar comprometerse de antemano con futuras decisiones de política monetaria», recoge el documento correspondiente a la cita de junio. En concreto, detallan que el incremento en 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, mientras se seguían vigilando los riesgos para la estabilidad financiera era «coherente». El movimiento al alza fue el primero que el BCE ejecutaba desde 2023 y se convirtió en la primera institución del G7 en endurecer el precio del dinero tras la crisis en Oriente Próximo, al tiempo que extendían la vigilancia frente al auge de las amenazas inflacionistas. Este mensaje pone de manifiesto hasta qué punto los errores del pasado siguen pesando sobre una nueva generación de responsables de política monetaria. «Dada la persistente y elevada incertidumbre, era importante abstenerse de ofrecer orientaciones sobre la futura trayectoria de los tipos. La comunicación debía ser neutral, sin sugerir que la subida fuera la primera ni que se trate de un hecho aislado. Evitar un compromiso previo podía ayudar a afrontar eficazmente los distintos escenarios relativos a la evolución del choque «, precisan. El curso de los acontecimientos parece haberle dado la razón acerca de esta postura, ya que las hostilidades entre Irán y Estados Unidos han remitido parcialmente y el precio del petróleo se ha desinflado, aliviando parte da presión inflacionista. Si bien el decreto del alto el fuego aboca al mercado a pensar que lo peor ya ha pasado, la reanudación de los ataques en los últimos días ha llevado a los diferentes responsables del BCE al convencimiento de que el trabajo todavía no ha terminado. «Los mercados de tipos de interés también apuntaban a riesgos al alza, aunque la incertidumbre en torno a la trayectoria de la política monetaria se había moderado ligeramente en las semanas previas a la presente reunión y seguía siendo menos acusada que durante el repunte inflacionista de 2022-2023», subrayan. Así, aseguran que la función de reacción del BCE parecía ser «bien comprendida» por los mercados, contribuyendo a contener la volatilidad de los tipos de interés, a la vez que reflejaban la preocupación por los denominados efectos inflacionarios de segunda ronda, avisando de que son «una clara posibilidad» y de que el encarecimiento de la energía se puede traspasar a los precios de otros productos.Cabe recordar que el BCE ha revisado su previsión para los próximos ejercicios. En concreto, prevé un IPC del 3% para 2026, cuatro décimas más; del 2,3% en 2027 (tres décimas más) y del 2% en 2028, frente al 2,1% que proyectaba hace unos meses. El mayor avance de los precios va acompañado de una menor previsión de crecimiento. El escenario de referencia en promedio es del 0,8% en 2026, del 1,2% en 2027 y del 1,5% en 2028. Estas proyecciones se complementan con tres escenarios: uno benigno, otro adverso y un tercero severo, que revelan la elevada incertidumbre existente en el momento actual. «Mientras que los escenarios elaborados en marzo estaban vinculados principalmente a distintas hipótesis sobre la duración de la guerra, los de junio se calibraron utilizando distribuciones de probabilidad implícitas en los mercados para los precios de las materias primas», especifican. En cualquier caso, el BCE destaca que la economía de la eurozona ha resistido mejor de lo esperado. 

Banco Santander y los sindicatos terminan la tercera reunión para abordar el plan de prejubilaciones sin acuerdo a la vista. Los representantes de los trabajadores han instado a la entidad a que aplique una mejora de las indemnizaciones para los trabajadores que decidan acogerse a la baja voluntaria. Desde que se sentaron a negociar hace unas semanas, el banco aboga por mantener las condiciones del programa de 2020, generando un punto de fricción entre ambas partes. «Desde CCOO vemos distantes las posiciones para el acuerdo antiguo, cuyas condiciones fiscales eran diferentes y el contexto económico también era muy distinto», subrayan. Esta organización defiende que las jubilaciones anticipadas pactadas durante la pandemia de Covid-19, que se saldaron con la salida de más de 4.000 personas, tenían por objetivo garantizar «la viabilidad y empleabilidad de la empresa». En este sentido, desde el sindicato consideran «fundamental» un incremento de las cuantías económicas, además de dar garantías de que las personas que se acogen al mismo llegan a la edad de jubilación «sin sobresaltos». De manera adicional, esta organización sindical exige como garantía que las salidas de los empleados no impliquen una «mayor carga laboral» para el resto de la plantilla. «Insistimos en incluir una cláusula de relevo generacional en el acuerdo», remarcan. Proponen el 74% del salario base más un 50% de complemento voluntario para la franja de edad de entre 50 y 54 años. De 55 a 57 años el 84% del salario o el 76% más un complemento del 50%; del tramo que abarca de los 58 a los 65 años ofrece el 86% o el 79% al que se añade un 50% del complemento. De forma adicional, pide una prima por antigüedad para aquellos con una vinculación superior a los quince años que abarque de los 19.000 a los 30.000 euros brutos. El rango actual ofrece el 74% del salario bruto para trabajadores de entre 55 y 57 años y del 76% de salario para mayores de 58 años hasta los 63 años. Asimismo, el sindicato reclama otras mejoras, como en el convenio especial con la Seguridad Social, cuyo coste es asumido por el banco, para mantener la base de cotización y que los prejubilados no se vean penalizados en la futura pensión. En el momento actual el convenio llega hasta los 63 años y seis meses, y sus revalorizaciones, es decir, la actualización de la base de cotización para no perder poder adquisitivo, están limitadas al 3%. Desde CCOO plantean que la empresa abone el convenio especial hasta la primera edad de jubilación o hasta los 65 años, además de que no haya limitación en las revalorizaciones y que se actualice anualmente según la inflación. La mesa negociadora se ha emplazado a una reunión el próximo lunes, 13 de julio, a la espera de que sea la definitiva. A la espera de acercar posturas esperan que se acogan a la misma unos 2.500 empleados, cifra que se puede ampliar 3.000. Los sindicatos consideran la reducción de plantilla como un «problema de fondo». En marzo de 2026, el Santander contaba con 185.243 trabajadores repartidos en las diferentes geografías en las que opera, de las que 20.132 se concentran en España, algo más del 10% de su fuerza laboral. Por poner en contexto, en 2019, el ejercicio previo a la pandemia de Covid-19, la cifra ascendía a 196.419 personas, de las cuales 29.078 se ubicaban en España. Esto supone que en seis años ha recortado su fuerza laboral en un 11% y en un 30%, respectivamente.