Vida Gerente

Renault ha anunciado que entre 2026 y 2030 invertirá 600 millones de euros en las plantas españolas de Palencia y Valladolid para impulsar una nueva etapa industrial que contará con cinco nuevos modelos a fabricar en las líneas de Castilla y León. Todo ello tiene lugar en el marco del plan estratégico futuREady anunciado por la marca, tal y como ha confirmado este jueves la enseña en un comunicado. El desembolso se destinará a «reforzar el proceso industrial en el país, mejorar la competitividad de sus plantas, acelerar el desarrollo de tecnologías del futuro y apoyar la transformación de sus operaciones en todo el territorio nacional», ha detallado la compañía, que ha decidido apostar por la electrificación haciendo de España una de sus piedras angulares. Una decisión que se ha llevado a cabo por las cualidades del territorio, al que consideran «un polo estratégico de innovación, ingeniería y excelencia industrial». La asignación ha sido posible después de que a inicios del mes de junio Renault y las organizaciones sindicales firmaran un acuerdo para ratificar su nuevo convenio colectivo, aunque no fue sencillo. Tras 11 reuniones y parones por una negociación que llegó a enquistarse, finalmente llegaron a un consenso para el periodo 2026-2028 que permite asegurar 6.000 empleos, la puesta en marcha de una nueva plataforma para vehículos eléctricos o los cinco nuevos modelos, tal y como apuntó entonces la enseña gala. Dada la situación, en Palencia se elaborarán tres nuevos vehículos, dos multienergy platform y uno hybrid long life. Mientras tanto, otros dos híbridos del mismo tipo también se producirán en la fábrica vallisoletana, que también albergará una nueva línea de montaje de baterías. El acuerdo incluye, además, la adjudicación de la nueva plataforma eléctrica RGEV Medium 2.0. Un sistema que ya venía contemplado en el último plan estratégico y que abre la puerta a la fabricación de los primeros vehículos 100% eléctricos de la marca en nuestro país. Ofrecerá motores con hasta 750 kilómetros de autonomía WLTP en eléctrico y hasta 1.400 en rango extendido.Tras la firma del nuevo convenio, que fue clave para el desarrollo de la estrategia, los representantes de UGT se mostraron felices, tal y como apuntó entonces a este medio Adolfo Arnáez, secretario general. «Tenemos que estar contentos, porque vemos cómo está el sector del auto y no hay casi ninguna empresa con subidas ligadas al IPC, etc», y añadió: «Es un convenio que recupera derechos y cesiones que se hicieron en anteriores acuerdos. No se han guardado nada (Renault) y al final se ha alineado todo perfectamente para que la empresa se moviera, y lo han hecho».

El Ministerio de Defensa ha vuelto a confiar a Telefónica las riendas de su ‘megacontrato’ de telecomunicaciones, el acuerdo marco con el que el ministerio renovará la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D) bajo encargos valorados en torno a 260 millones de euros. Según consta en las actas consultadas por este periódico, la ‘teleco’ que preside Marc Murtra se ha impuesto en cinco de los ocho lotes, tanto en solitario como de la mano de socios estratégicos como Hisdesat. En concreto, Telefónica se ha adjudicado el eje del acuerdo marco, el primer lote, que comprende la definición, implantación, mantenimiento y gestión de una red de datos multiservicio para la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), una red única, global y de altas prestaciones que conectará las distintas sedes del ministerio. La ‘teleco’ ha concurrido junto a Sphera con una oferta de 83 millones de euros, la más baja de las recibidas. En esta pugna también participaron Orange España y Vodafone España, quien ha corrido más suerte en el segundo lote, dedicado a las comunicaciones, móviles de voz, datos y mensajería durante tres años, prorrogables por uno más, por un importe de 28 millones.Telefónica, que ya se adjudicó contratos por más de 100 millones en la licitación que ahora se renueva, ha asestado un golpe de autoridad en su estrategia de tomar posición en el ‘boom’ de la inversión en defensa. En esta hoja de ruta, la compañía nunca ha escondido su ambición de estrechar sus lazos con Indra y así lo ha puesto de manifiesto este concurso. De la mano de Hisdesat, controlada por Indra, el grupo se ha adjudicado el tercer lote, que cubre los servicios de telecomunicaciones por satélite para las unidades del ministerio que los necesiten en sus misiones, tanto en España como en el extranjero, a cambio de una oferta de 23 millones.Asimismo, Telefónica se ha adueñado del octavo lote, el segundo más cuantioso del concurso. Lo ha hecho, cabe recalcar, sin competencia, con una oferta cercana a los 44 millones de euros que canaliza a través de varias filiales. Este encargo contempla el apoyo técnico y logístico a los servicios e infraestructuras de la I3D del ministerio, incluyendo las tareas de explotación, desarrollo técnico, mantenimiento y control de la seguridad de las comunicaciones y de los servicios asociados a su red terrestre. Tal y como se expone en el plan estratégico ‘Transform&Grow’, uno de los objetivos de la compañía para su negocio en España es «aumentar la presencia en el sector de Defensa», una línea de trabajo que se reafirma a la vista del resultado de esta licitación. De hecho, Emilio Gayo, consejero delegado del grupo, remarcó en el marco de un encuentro reciente en Esade, la importancia de erigirse como principal vía de acceso de ese sector a las tecnologías digitales: «La defensa es una de las grandes oportunidades de crecimiento, aunque son proyectos de larga duración y maduración compleja»Junto a otros lotes menores, como los servicios de acceso a internet o las infraestructuras de telemedicina, Telefónica ha sumado a su cartera contratos por más de 150 millones de euros a los que ya aspiraba desde el pasado septiembre, cuando la primera licitación del ‘megacontrato’ acabó anulada después de que las propias empresas advirtieran de que la Plataforma de Contratación no permitía presentar toda la documentación exigida en las ofertas.El resto de lotes de este ramillete de contratos que la cartera que dirige Margarita Robles volvió a tramitar a comienzos de año con carácter urgente han caído en manos de TRC y Zelenza, a cambio de 12,4 y 8,6 millones. La primera asumirá así el despliegue de una nueva plataforma de videoconferencia segura para las Fuerzas Armadas, mientras que la segunda se hará cargo del soporte y la atención a los usuarios de los sistemas tecnológicos de Defensa.

Nuevo mazazo para los conductores españoles en lo que se refiere al precio de las gasolinas, que alcanzan un nuevo máximo anual y acarician los dos euros por litro. Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, que reflejan el coste medio de los combustibles hasta el 21 de septiembre, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,928 euros, tras encarecerse un 3,32% con respecto a la semana anterior, lo que supone sumar su undécima semana consecutiva de subidas, para tocar un nuevo máximo anual. En concreto, este combustible acumula una subida de un 30% desde finales de junio y mantiene el sorpasso que llevó a cabo hace dos semanas, al superar al precio del litro de diésel por primera vez desde marzo.Por su parte, el precio medio del litro del gasóleo, que hace dos semanas registró su primer descenso en más de dos meses, ha repuntado un 4,58% con respecto a la pasada semana, para situarse en los 1,918 euros.No obstante, el comentado descenso recogía los cambios en el impuesto especial de hidrocarburos (IEH), que en el caso de este combustible desde el 1 de septiembre elevó su rebaja a 20 céntimos por litro debido a la fuerte subida de su precio en julio, mientras que en el caso de la gasolina se actualizó la rebaja de 10 céntimos a 5 céntimos por litro. De esta manera, en apenas dos semanas el precio en los surtidores del litro de diésel ha visto evaporarse por completo la rebaja que registró por la reactivación de la rebaja de 20 céntimos por litro a inicios de septiembre.Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 105,49 euros, unos 28 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,55 euros. Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 106,04 euros, unos 25 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,4 euros.Desde el estallido de la guerra en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros. No obstante, al ritmo de las subidas que están protagonizando en las últimas semanas las gasolinas y si los descuentos del Gobierno no se prorrogan más allá del próximo 30 septiembre, pronto se superarán los precios máximos alcanzados hace cuatro años. Los empresarios reclaman la vuelta del IVA al 10%Ante esta escalada en los precios de los carburantes, los empresarios del sector han advertido que si el Ejecutivo no adopta medidas más contundentes, a partir del 1 de octubre el coste medio de venta al público «experimentará un incremento drástico». En concreto, calculan el diésel subirá aproximadamente 24,20 céntimos por litro (resultado de sumar los 20 céntimos de incremento bruto más IVA); y la gasolina se encarecerá hasta en 6,05 céntimos por litro (resultado de aplicar los 5 céntimos anunciados más IVA).»La presión es extraordinariamente intensa en los mercados de productos refinados, con precios de la gasolina fuertemente disparados y un encarecimiento sin precedentes en el gasóleo», aseguran desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES). «Esta insostenible coyuntura está tensionando de forma extrema los costes de aprovisionamiento de las estaciones de servicio españolas, impactando de manera directa en los precios de venta al público (PVP) y amenazando tanto la viabilidad económica de las empresas del sector como el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad de la economía nacional», afirman.Por ello, la CEEES solicita al Gobierno la «adopción urgente de medidas extraordinarias similares a las implementadas con éxito entre el 22 de marzo y el 30 de junio». De esta forma, reclama el retorno inmediato de la aplicación de un tipo impositivo reducido del 10% en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los combustibles de automoción, así como la rebaja temporal del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH).Hay que recordar que el pasado 29 de junio el Gobierno eliminó la rebaja del IVA del 21 al 10% en los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis de marzo y la sustituyó por una bonificación en el impuesto de Hidrocarburos. Esta bonificación supuso una rebaja de 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos a partir del pasado 1 de agosto y, en principio, estaba previsto que se redujera a cinco céntimos en septiembre. Sin embargo, como hemos comentado la fuerte subida de la inflación de los combustibles ha llevado al Gobierno a elevar el descuento a 20 céntimos por litro en el caso del gasóleo desde el pasado 1 de septiembre.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cultura/notas/angel-borroto-diaz-construye-una-utopia-antillana-entre-naves-espaciales-paisajes-y-lienzos/ Más allá de las fronteras geográficas, el Caribe comparte una historia, una sensibilidad cultural y una riqueza …

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este miércoles que el Gobierno aprobará un nuevo paquete con medidas de apoyo por la guerra en Irán la semana que viene. El Ejecutivo dará luz verde a nuevas medidas en el Consejo de Ministros el próximo martes antes de que decaigan las actuales el próximo 1 de octubre. Aunque Cuerpo no ha precisado cuál será el contenido del decreto que se está preparando.Así lo ha trasladado el número dos en el Gobierno de Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde ha acudido esta mañana para responder a dos preguntas parlamentarias. Posteriormente, ya por la tarde, Cuerpo ha comparecido en comisión para dar cuenta del impacto que están teniendo los aranceles de Trump y ha aportado más datos sobre la situación de la economía española. El ministro ha revelado que las medidas de apoyo económico introducidas desde marzo hasta finales de septiembre han supuesto un gasto de más de 10.000 millones de euros. Entre ellas, cabe recordar la rebaja fiscal a los carburantes y el recibo de la luz que estuvo vigente hasta el 1 de julio que, posteriormente, fueron sustituidas por descuentos directos a las gasolinas que se han ido reduciendo desde entonces. Sin embargo, el agravamiento de la crisis energética durante el verano tanto en lo que respecta a la luz y el gas como los carburantes, han ido diluyendo el impacto de las medidas de apoyo. Cuerpo ha destacado que las medidas han permitido que el Estado absorba la mitad del incremento en el precio del gasóleo y la gasolina que, de otro modo, hubieran pagado directamente los hogares. Además, ha añadido que durante varios meses las medidas han provocado una reducción de hasta un punto porcentual en la tasa de inflación.El vicepresidente primero ha destacado que las medidas «están surtiendo efecto y ayudando a compensar la enorme subida de costes» y ha recogido el guante de los agentes sociales y los sectores económicos, que han pedido al Gobierno que amplíe el paquete de ayudas más allá de septiembre.El números dos del Gobierno ha reconocido que la crisis energética no tiene visos de mejorar en el corto plazo. La guerra en Irán sigue todavía sin visos de encontrar una salida, un fenómeno al que se suma también el recrudecimiento en la guerra de Ucrania, con ataques a refinerías que suponen un elemento extra, ha señalado Cuerpo. «Es muy probable que vengan más shocks energéticos», ha resumido el vicepresidente primero. El impacto de los arancelesEn esa intervención vespertina, el ministro ha reconocido que la situación comercial «todavía no está plenamente normalizada» desde que Estados Unidos impusiera aranceles a la UE en abril del año pasado. El Tribunal Supremo estadounidense los anuló en febrero de este año, Trump volvió a imponerlos temporalmente y actualmente se sitúan en torno al 10% en términos efectivos, según destaca Economía.Según el informe que ha presentado Cuerpo, desde que Trump impuso las tarifas las importaciones de Estados Unidos de productos españoles ha caído en torno a un 9%. Un extremo que el vicepresidente ha atribuido a que Estados Unidos ha cambiado la composición de sus importaciones: ahora compra de fuera más componentes tecnológicos, como ordenadores, servidores, teléfonos… un mercado en el que España tiene una cuota muy baja. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado este miércoles en sociedad su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la agencia de la ONU para el mundo del trabajo y uno de los organismos multilaterales más antiguos que existen. El organismo celebrará elecciones el próximo 16 de noviembre, en las que Díaz se medirá al actual director general, el togolés Gilbert F. Houngbo, y a Javier González-Olaechea, exministro de Exteriores de Perú. En una audiencia pública en celebrada en Ginebra, en la que ha tenido que responder a preguntas de diferentes miembros de la organización, Díaz se ha presentado a sí misma como una mujer «pragmática» y «con experiencia en la gestión», avalada por sus años como ministra. «He sido una ministra que ha tenido que gestionar muchas crisis en un país en que el PIB ha caído 11 puntos», ha destacado Díaz en su intervención inicial, que ha sacado a relucir en varias ocasiones su historial en el Gobierno.»Emprendí reformas clave que hoy permiten que España tenga récord de ocupación y sea la economía de la OCDE que más crece», ha defendido la vicepresidenta. Un historial en el que ha mencionado la reforma laboral -la única que ha funcionado y con acuerdo tripartito, según ha dicho- o los «30 acuerdos de diálogo social» que ha patrocinado durante su mandato. «Soy mujer, sé lo que es estar al mando de un mundo en crisis, fui capaz de gobernar y gestionar crisis increíbles», ha trasladado la ministra. Más allá de su historial en el Ejecutivo, Díaz se ha presentado como defensora de una OIT «en peligro» y que vive una «emergencia de máxima gravedad». La ministra se postula como alternativa ante «el continuismo» del actual director general, el togolés Gilbert F. Houngbo y promete relanzar y modernizar la organización.Uno de los temas que ha centrado las preguntas que ha recibido la vicepresidenta segunda ha sido la delicada situación económica que atraviesa el organismo desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera recortar en 107 millones de dólares la contribución del país a la OIT. Actualmente las cuentas de la OIT arrojan un déficit de 363 millones de dólares, que ha llevado a la dirección actual a proponer el despido de 120 trabajadores del organismo. Sobre esto, Díaz ha cuestionado que los problemas de liquidez que afronta el organismo se deban exclusivamente al recorte de financiación de Estados Unidos, que también han sufrido otros organismos multilaterales. «Lo que han hecho otros organismos fue anticiparse, gobernar bien», ha expresado. «El mandato de la OIT no puede basarse solo en planes de ajuste y no tener un proyecto de futuro», ha añadido.Díaz ha señalado que la OIT recibe menos fondos de los bancos de inversión regionales y del Banco Mundial en comparación con otras agencias de la ONU como la OMS o la FAO. Y se ha comprometido a negociar para conseguir que las entidades financieras aporten regularmente entre 40 y 45 millones de dólares más de lo que reciben ahora.  Respecto a las prioridades más acuciantes que afronta el organismo, Díaz ha destacado el descenso de productividad que se observa en el mundo. «Es una tarea para el mundo del trabajo y de las empresas recuperar la productividad global», ha señalado. Un elemento que ha ligado con la inteligencia artificial, cuya gobernanza debe tener «supervisión y control humano», ha dicho. Finalmente, la vicepresidenta se ha comprometido a liderar la organización desde lo colectivo y con diálogo social para resituar a la OIT «en el centro del sistema multilateral que hoy está en crisis». «Quiero dirigir la OIT porque creo en ella, es la casa de los trabajadores y las empresas. El crecimiento de las empresas se tiene que traducir en trabajo decente. Tenemos una gigantesca oportunidad» ha trasladado. «La OIT tiene que ser un fato de esperanza en el mundo para los trabajadores, para las empresas y para las personas migrantes», ha concluido.

Ha pasado cerca de un año desde que se consumase el fracaso de la opa de BBVA por Banco Sabadell y el goteo de reclamaciones siguen llegando a los buzones de Transparencia. Las últimas en ser estimadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) vuelven a poner el foco sobre el Ministerio de Economía y lo hacen apenas unas semanas después de que el mismo organismo ordenara a la cartera que dirige Carlos Cuerpo a desvelar el informe de la Abogacía del Estado con el que justificó su intervención en la operación.Mientras Economía debe dirimir si entregar esta documentación, Transparencia le ha puesto más deberes. En concreto, según las actas consultadas por este periódico, el CTBG ha estimado parcialmente en agosto la reclamación de un particular al instar al ministerio a revelar tanto el expediente completo de la consulta públicasobre los criterios de interés general afectados por la operación como la documentación de la intervención del Consejo de Ministros que autorizó la concentración el pasado 24 de junio de 2025 con condiciones como congelar la fusión al menos tres años y prohibir los despidos.El origen de la reclamación se remonta a esa misma fecha, cuando un ciudadano pidió a Economía acceso íntegro a ambos expedientes y se topó con una doble negativa del ministerio. Por un lado, inadmitió el acceso a la consulta pública alegando que se trataba de información «auxiliar o de apoyo» y, en segunda instancia, denegó el acceso al expediente de la operación amparándose en la Ley de Defensa de la Competencia. A la negativa de Economía, según consta en la documentación, se sumó la de Banco Sabadell, quien presentó un escrito detallado oponiéndose frontalmente a la entrega de estos papeles, argumentando que estimar la reclamación supondría publicar de forma indiscriminada cientos de documentos enviados en la confianza de que se mantendrían confidenciales, e invocando jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre presunciones de confidencialidad en procedimientos de control de concentraciones. BBVA, en cambio, no formuló oposición alguna al acceso.En su resolución, el organismo que preside María de la Concepción Campos Acuña desmonta ambas líneas de defensa del ministerio, aunque con matices. Respecto a la consulta pública, recuerda que ya resolvió un caso prácticamente idéntico en marzo y reitera que las aportaciones recibidas en ese trámite ya sirvieron para valorar si elevar o no la operación al Consejo de Ministros y, por ende, son relevantes para conocer la motivación real de la decisión. Ordena su entrega, eso sí, respetando la privacidad de las personas que participaron.Sobre el expediente de la operación, Transparencia distingue entre las dos primeras fases del procedimiento -tramitadas por la CNMC, con información de alta sensibilidad comercial como valoraciones empresariales o proyecciones financieras- y la tercera fase, la de la intervención del Consejo de Ministros, que considera de naturaleza distinta. El órgano concluye que Economía aplicó la confidencialidad de forma genérica y sin justificación individualizada documento por documento, algo que la doctrina del Tribunal Supremo exige expresamente. Tampoco admite como suficiente la mera publicación en la web ministerial del Acuerdo del Consejo de Ministros, al entender que publicidad activa y derecho de acceso no son equivalentes. En cualquier caso, Economía puede recurrir ambas peticiones ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses.

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La cita entre las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones) y el ministro de Agricultura Luis Planas ha terminado con un importante anuncio y una nueva fecha a señalar en todos los calendarios del campo español. Las ayudas al gasóleo agrícola, de 20 céntimos por litro en la actualidad, serán prorrogadas hasta el  31 de diciembre. Esta medida se aprobará en el Consejo de Ministros del martes que viene, en lo que será el tercer paquete contra los efectos del conflicto en Oriente Próximo, que estalló el pasado mes de febrero.  El titular de Agricultura ha abierto también las puertas a elevar la cuantía de este apoyo por encima de los 20 céntimos por litro actuales. «Vamos a hacerlo teniendo en cuenta los márgenes actuales, que hasta ahora eran de 20 céntimos por litro y el límite máximo de compensación del 70% del sobrecoste tanto en gasóleo como en fertilizantes, que autorizó la Comisión Europea (CE9 el pasado 29 de abril». Planas ha añadido que España recibirá 50,17 millones de euros de la Reserva Agrícola de la Política Agraria Común (PAC), que su Ministerio ya ha repartido entre las comunidades autónomas. «Estamos en fase de discusión interna para llevar al Consejo de Ministros este paquete y continuar apoyando al sector, a nuestros agricultores y ganaderos», ha apuntado el ministro quien también ha abierto la puerta estudiar algunos temas de ámbito fiscal que impactan en el sector agrícola. Planas ha anunciado la disposición de Agricultura para estudiar, junto a la Agencia Tributaria, el mecanismo de compensación del gasóleo agrícola dentro del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), así como en el IVA. Tampoco excluyen aplicar un pago más directo de este tipo de ayudas sin vincularlas a estos dos tributos, así como analizar la relación del gasóleo y los fertilizantes en el régimen simplificado del IVA y la tributación por módulos. «Vamos a estudiar la forma en que contribuir fiscalmente para compensar este sobrecoste en materia de gasóleo y fertilizantes», ha insistido el titular de Agricultura en referencia a una situación geopolítica que describe como «extraordinaria». El uso de fertilizantes cae hasta un 30% Planas, que ha descrito la reunión como «positiva y constructiva» destacando el diálogo regular que mantiene con las organizaciones agrarias, no ha aclarado si los apoyos a la compara de fertilizantes también se prorrogarán. Sí ha alertado el ministro sobre una utilización de entre un 2 5 y 30% inferior a la de campañas anteriores. El ministro ha asegurado que «no es una buena noticia» con las ayudas existentes y subrayado que las subvenciones actuales son temporales y extraordinarias. El titular de Agricultura ha remitido al Plan Nacional de Fertilizantes y a la búsqueda de formas para ahorrar en el uso de estos insumos. Las agricultores seguirán con las movilizaciones La reacción de las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA, Unión de Uniones y Cooperativas Agroalimentarias) a las palabras de Luis Planas se han movido entre el escepticismo y la decepción, a la espera de lo que aprueba el Consejo de Ministros en una semana. Entre los más escépticos el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien se ha limitado «a valorar la voluntad y el próximo martes valoraremos el contenido» en referencia al siguiente Consejo de Ministros. Tanto Barato como el resto de organizaciones han coincidido en que las movilizaciones anunciadas – aunque aún sin calendario concreto- se mantienen. El presidente de Asaja también ha pedido que, si en el contexto actual, no se puede ser competitivo les hagan la vida más fácil a los agricultores y ganaderos en el ámbito de la Política Agraria Común (PAC). Un planteamiento similar ha puesto sobre la mesa el secretario general de COAG Andrés Góngora, quien ha reconocido que «veníamos con mucha esperanza después de la semana pasada y puedo decir que nos vamos un poco desilusionados». El máximo responsable de COAG insta a implicar a otros ministerios como Economía y Hacienda, así como a las comunidades autónomas. Góngora ha advertido que «el incremento brutal de los costes de producción en determinados productos puede dejar sin sembrar miles de hectáreas con un impacto en el precio de la alimentación y en la soberanía alimentaria». Un punto en el que el representante de COAG cree que España necesita «recuperar soberanía» ante las decisiones de algunas potencias, que impactan en el día a día de la sociedad española «y también en su cesta de la compra». Por todo lo anterior, insta a que el próximo paquete de medidas sea «importante» y con medidas medio y largo plazo. En una línea similar se mueven tanto el secretario general de UPA, Cristóbal Cano como el coordinador nacional de Unión de Uniones, Luis Cortés. El primero ha instado a la continuidad de la ayuda a la compra de gasóleo de 20 céntimos por litro, así como a que se aplique una deducción cuando se tribute por estimación objetiva «de al menos el 35% en el caso de la factura del gasóleo y del 15% de la de los fertilizantes». También cree que es «una buena noticia» la liberación de 50,17 millones de la reserva de crisis de la PAC para EspañaEl rol de las comunidades autónomas Cano ha recordado que las comunidades autónomas pueden complementar «hasta en un 200%» esta ayuda europea. «Seremos muy beligerantes con las comunidades autónomas para den ese paso y ayuden a resarcir al sector de una situación de crisis por el aumento de los costes de producción», ha aseverado. También ha apostado por establecer «un tope máximo al precio del gasóleo agrícola» para transformarlo definitivamente en un gasóleo profesional.Críticas a las administraciones públicas Cortés, de Unión de Uniones, se ha mostrado «defraudado» tras la reunión con Planas y lamentado que «no vemos más que buena voluntad ya que quienes tienen que aprobar realmente las medidas son Economía y Hacienda que brillan por su ausencia». El coordinador nacional de Unión de Uniones ha reprochado que un gasóleo agrícola a 2 euros el litro «genera el doble de ingresos» y considera que las administraciones públicas se enriquecen en este contexto. 

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El Congreso de los Diputados estudiará acabar con las penalizaciones económicas que sufren los trabajadores que han cotizado 40 años o más a la Seguridad Social y que adelanten su jubilación. La Cámara Baja ha votado a favor de tramitar una proposición de ley en este sentido presentada por Podemos. La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos a favor de PSOE, Sumar, Podemos y los socios de investidura del Gobierno, incluido Junts. El inesperado respaldo de los socialistas, que el pasado mes de junio habían rechazado una iniciativa similar, ha sido clave para que la iniciativa saliera adelante. El PP, que también se opuso aquella vez, se ha abstenido y Vox, ha votado en contra. La norma que ha presentado Podemos prevé acabar con los coeficientes reductores para los trabajadores que se jubilen anticipadamente con cuarenta años o más cotizados. Tanto si lo hacen voluntariamente, como si se ven abocados a ello tras perder su empleo a pocos años de alcanzar la edad legal de retirarse. Estos coeficientes reducen la pensión inicial en función de cuánto se anticipe el retiro. Con la norma actual, las personas que adelantan su jubilación involuntariamente con más de 41 años cotizados sufren un recorte de su pensión que oscila entre el 26% para quienes la anticipan cuatro años hasta el 0,5% en el caso de hacerlo un mes. Adelantar un año resta un 5% de la pensión, hacerlo dos, un 13% y hacerlo tres, un 19,5%. Esta reducción dura para siempre.En muchos casos, son trabajadores que iniciaron su vida laboral muy jóvenes y en condiciones difíciles y que se quedaron sin trabajo cuando les quedaba poco para jubilarse. Algo que le sucedió a la generación que estaba cerca de jubilarse cuando estalló la crisis financiera de 2008. Además, comparten el denominador común de haber cotizado a la Seguridad Social más de lo exigido legalmente para jubilarse con el 100% de la pensión (en 2027 este periodo será de 37 años).»Son personas que no solo han cumplido con sus familias y con la Seguridad Social, han cumplido con ese país y han sido quienes más tiempo han contribuido al sostenimiento de lo público», ha defendido Ione Belarra, secretaria general de Podemos, que se ha encargado de defender la proposición de ley desde la tribuna en el Congreso. La toma en consideración aprobada este martes implica que los grupos podrán presentar enmiendas para modificar el texto y debatirlas, pero no garantiza su aprobación final. De hecho, no es extraño que las iniciativas acaben metidas en un cajón en las Cortes mientras se prorroga indefinidamente el plazo para enmiendas. Algo particularmente relevante cuando a la legislatura actual le queda menos de un año en el mejor de los casos. Los grupos debatirán la iniciativa, pero introducirán cambiosLos grupos parlamentarios han reconocido la necesidad de abordar la situación de los jubilados con carreras largas que se ven penalizados, pero han discrepado de varios de los puntos de la propuesta de Podemos. Desde el PSOE el diputado Alberto Mayoral ha anunciado el voto positivo de su formación, pero no ha entrado a valorar el fondo del texto. «Vamos a votar que sí porque creemos que hay que hablar de aquellos españoles y españolas que eran muy mayores para reincorporarse al mercado laboral y demasiado jóvenes para no ser penalizados», ha trasladado. No obstante, ha añadido que analizarán con el Pacto de Toledo las herramientas para hacerlo de manera sostenible. En el grupo popular, que se ha abstenido, han reconocido que se producen «muchas injusticias» dentro de este colectivo, pero consideran que el texto, tal y como está planteado, «puede ser inasumible». En concreto, han criticado que se quieran despenalizar también las jubilaciones anticipadas voluntarias y que se recojan «efectos retroactivos amplísimos, aunque reconocen que la penalización actual «es realmente injusta». Por su parte, Vox -que ha votado en contra- ha calificado de «paripé sin escrúpulos» la proposición de ley de Podemos porque «reduce una reclamación seria a siete páginas que no se sostienen», en referencia a la extensión del texto. El grupo parlamentario ha cuestionado que se ponga la frontera en los 40 años cotizados sin explicar por qué y ha criticado que se dispense el mismo trato a quien anticipa cuatro años o cuatro meses. Desde Sumar, hermano menor de la coalición, han respaldado la proposición de ley, pero han señalado que «debe ser mejorada sustancialmente». En concreto, el grupo parlamentario ha criticado que la regla propuesta es «excesivamente rígida» porque quitaría la penalización a los trabajadores con 40 años cotizados, pero la dejaría igual a aquellos que trabajaron 39 años y 11 meses. También han cuestionado que también se busque eliminar la penalización a los trabajadores que se jubilaron voluntariamente. «No se podemos tratar de la misma manera a quien se jubila de forma anticipada que a quien ha sido expulsado del mercado laboral», ha trasladado la diputada Aina Vidal. Entre los socios de investidura del Gobierno, las opiniones también han sido favorables, incluida la de Junts. Desde el PNV han trasladado que las penalizaciones actuales «no son proporcionales y no reflejan el esfuerzo real de quienes han contribuido durante décadas», mientras que EH Bildu ha trasladado que «no es justo, razonable y mucho menos legítimo» que se penalice a quienes han cotizado 40 años o más. El grupo parlamentario de Junts ha trasladado que «trabajar 40 años no merece castigo, sino reconocimiento» y en ERC han recordado que su grupo ya presentó una iniciativa para abordar esta cuestión en 2018 y han trasladado su temor a que la iniciativa no llegue a convertirse en ley. «Nos da miedo que vuelva a pasar lo de siempre», han trasladado. 

Malas noticias de nuevo para los consumidores españoles. A la subida del coste de la vida y el imparable ascenso de las gasolinas, podría añadirse una enorme subida en la próxima revisión de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas, prevista para el próximo 1 de octubreSegún las estimaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el precio del consumo de gas para los hogares acogidos a la modalidad TUR.2, con consumos de entre 5.000 y 15.000 kWh anuales, pasaría de 4,12 a unos 6,95 céntimos por kWh, lo que supone un encarecimiento cercano al 69%.De esta forma, para un hogar con calefacción de gas y un consumo anual de 9.000 kWh, la factura pasaría de unos 600 euros a alrededor de 910 euros al año. «Aunque el incremento del precio de la energía rondaría el 69%, el impacto final sería menor debido al peso de los costes fijos, impuestos y alquiler del contador. Aun así, el sobrecoste anual se situaría en torno a los 310 euros, un 54% más que con los precios actuales», explica la OCU en un comunicado. La principal causa de esta subida está en el sistema de cálculo de la TUR: » En el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gas estacional, que representa cerca del 47% del coste de aprovisionamiento. Los futuros del gas utilizados para calcular esta parte de la tarifa cotizan actualmente en niveles elevados, lo que podría llevar a duplicar prácticamente el coste de la materia prima. Los peajes, cargos regulados y otros componentes también serán revisados a partir del 1 de octubre cuando entra el nuevo año gas, pero tendrían una incidencia limitada en el incremento». Pese a este escenario, este colectivo aconseja «no abandonar precipitadamente la tarifa regulada», ya que «la TUR sigue siendo por ahora más competitiva que las ofertas del mercado libre, con ahorros que hasta ahora alcanzaban al menos el 22% frente a las mejores tarifas de precio fijo y más del 40% respecto a numerosas propuestas comerciales». Eso sí, la OCU recomienda «revisar las condiciones de las tarifas del mercado libre a partir de octubre, ya que algunas ofertas fijas que antes resultaban menos atractivas podrían ganar competitividad si se confirma la subida prevista. Para ello, conviene analizar no solo el precio del kWh, sino también el término fijo, la duración de las condiciones contratadas y la existencia de servicios adicionales».Por otro lado, esta organización recomienda apuntarse a su X Compra Colectiva de Energía, que busca reunir el mayor número posible de consumidores para negociar mejores tarifas de gas y luz con las comercializadoras. La participación es gratuita y sin compromiso a través de la web Quiero pagar menos luz. El año pasado se inscribieron más de 33.000 usuarios que consiguieron un ahorro medio de 75 euros anuales solo en electricidad.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/notas/triurbano-renace-entre-boleros-guitarras-y-nuevas-historias/ Después de varios años de pausa, las guitarras y voces de Triurbano vuelven a encontrarse. Esta agrupación …

Los ministros de Economía y Agricultura, Carlos Cuerpo y Luis Planas, han mantenido un encuentro este lunes con los representantes de la industria agroalimentaria, los fabricantes de fertilizantes y los de piensos para alimentación del ganado, así como de los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y UGT. Una reunión que se enmarca en la ronda que está manteniendo el vicepresidente primero del Gobierno, para abordar las medidas destinadas a paliar los efectos del conflicto en Oriente Próximo más allá del 30 de septiembre. En la misma, el Ejecutivo ha garantizado su apoyo al sector agroalimentario después de que caduque el actual paquete de medidas. En conversación con ‘La Información Económica’ el presidente de la Confederación Nacional de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFC), Fernando Antúnez, ha confirmado que los ministros no contemplan prolongar las actuales ayudas a la compra de fertilizantes – de 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y de hasta 38,33 euros para los de secano – más allá de este año. Fuentes del Gobierno han asegurado tras la reunión que han trasladado al sector agroalimentario «la voluntad  de seguir apoyándole tras finalizar la vigencia del actual Plan de Respuesta al impacto de la guerra de Irán». Esto es, a cierre de este artículo, el próximo 30 de septiembre. A principios de este mes, el Ministerio de Agricultura anunció el abono de 494,57 millones de euros por este concepto a 249.000 agricultores.En la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) hablan de un sobrecoste energético de cerca de 7.400 millones de euros para la industria manufacturera y se posicionan a favor de prorrogar las medidas por la guerra en Irán más allá del próximo 30 de septiembre, «especialmente las vinculadas al transporte y los combustibles profesionales». Entre las propuestas que han realizado a ambos ministros «ayudas directas para que las empresas eviten que los sobrecostes energéticos, logísticos o aseguradores puedan comprometer su actividad», así como reforzar y adaptar los «instrumentos públicos de apoyo a la internacionalización» que ofrezca a las empresas alternativas para su financiación, así como avales y liquidez en un contexto en que el riesgo aumenta. «Preocupación» por la escalada del gasóleo El representante de los fabricantes de piensos para la alimentación animal y presidente de Cesfac, aplaude todas los apoyos a los productores adoptados hasta la actualidad en lo relacionado con insumos como los fertilizantes. Sin embargo, ha mostrado su «preocupación» por la escalada del gasóleo. Antúnez añade que este repunte coincide con «mala cosecha de cereal nacional, que incrementa nuestra dependencia del exterior». Antúnez (Cesfac) lamenta que esta situación se produzca «con la segunda mejor cosecha mundial de la historia» aunque con un repunte de los precios por la compleja geopolítica actual caracterizada por los conflictos de Estados Unidos con Irán y la guerra en Ucrania, que ya está afectando a infraestructuras por las que exporta su grano este último país. El presidente de la asociación que agrupa a los fabricantes de piensos anima apunta que traer materia prima es cada más complejo. «No hay suficiente soja, por ejemplo. Estimamos un sobrecoste de 40 euros por tonelada en la carne de porcino y hasta 15 euros en la de pollo», apunta Antúnez.Un polémico reglamento . También han pedido una prórroga que les permita adaptarse al nuevo Reglamento Europeo, que impedirá desde el 1 de enero importar materias primas y derivados de territorios desforestados después de 2021 en el caso del ganado bovino, el café, el chocolate o la madera. «Muchos importadores nos dicen que faltan mercados», advierte Antúnez.  Según el ‘Balance de Cereales’ del Ministerio de Agricultura para la campaña 2025-2026 España tendrá unas necesidades estimadas de 37,66 millones de toneladas de las que 27,71 millones se dedicarán a alimentación animal. Las estimaciones de cosecha de cereal para 2025-2026 en España se sitúa en 18,6 millones de toneladas, esto es por debajo de la media de las cinco campañas precedentes (19,47 millones de toneladas).Ronda de contactos de Cuerpo La reunión se ha produce dentro de los encuentros de Cuerpo con diferentes sectores económicos para abordar las medidas contra el repunte de precios más allá del 30 de septiembre, cuando está previsto que venza el actual paquete de medidas. Ambos han recordado que el actual plan tiene un capítulo agro específico de 1.107 millones de euros, incluida a la ayuda a la compra de fertilizantes. A la cita con los titulares de Economía y Agricultura han acudido la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación Española de Fertilizantes (ACEFER), la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE) así como de la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA). También han acudido miembros de la Confederación Nacional de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC), la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE) y de los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras. 

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/notas/tributo-al-legado-musical-de-roberto-carlos-sera-en-caguas/ El romanticismo y la nostalgia se unirán en “Detalles & emociones”, tributo al Rey de la Música …

Como si de un terremoto se tratase, la guerra en Irán ha provocado una crisis energética que se extiende por el mundo en forma de ola que va ganando envergadura. El incremento en los precios del petróleo y el gas está calentando los precios del consumo, un fenómeno que ya se observa claramente en varios países. Sin embargo, este nuevo brote inflacionario no está llegando igual de rápido a todo el mundo. Como ya sucediera con la crisis de precios iniciada en el 2021, la ola parece haber alcanzado a España antes que a la mayoría de Estados de la eurozona. El último Índice de precios de consumo armonizado (IPCA) europeo, publicado el pasado jueves, refleja que se está abriendo una nueva brecha inflacionaria entre España y el conjunto de países del euro. En agosto, el coste de la vida se disparó un 4,6% en comparación con el mismo mes del año pasado, frente al 3,2% que se registró en la eurozona. Esta última lectura sitúa a España como el quinto país de la UE donde más rápido está aumentando la inflación -solo por detrás de Rumanía, Lituania, Chipre y Bulgaria- y el tercero donde más se ha aceleró entre julio y agosto. Esto ha provocado que se ensanche aún más la brecha de precios que existe entre España y la eurozona, que ya es de 1,4 puntos porcentuales. Para encontrar una diferencia mayor hay que remontarse a agosto de 2022, cuando el shock inicial de la guerra en Ucrania todavía coleaba. 
Esta brecha es relevante porque puede acabar restando competitividad a la economía española si se mantiene durante mucho tiempo. Los consumidores de bienes y servicios que se producen en España pueden acabar sustituyéndolos por los de otros países que ofrezcan mejores precios. Máxime cuando el diferencial de inflación entre España y las grandes economías europeas -Alemania, Francia e Italia- está por encima de la media. Mientras que España registra un IPCA del 4,6%, Italia tiene la inflación en el 3,2%; Alemania, en el 2,9% y Francia, en el 2,6%. 
La llegada de la ola inflacionaria más rápido a España que a otros países europeos recuerda a lo que ya sucedió hace cinco años. La crisis inflacionaria de 2021 (la peor en 40 años), que se vio agravada por la guerra en Ucrania, se empezó a notar antes en España que en el resto de la UE. No obstante, la inflación también se redujo antes y más rápido que en el conjunto de países del euro. La energía y una subyacente que ya estaba ‘caliente’ son los sospechosos Los factores que explican por qué el coste de la vida está subiendo más rápido en España que en otros países europeos tienen mucho que ver con los precios de la energía y con lo que se conoce como inflación subyacente. El IPCA europeo muestra que España es uno de los países que peor ha logrado contener el subidón en los precios de la energía. En agosto, esta rúbrica se disparó un 17,1% en España, el quinto país donde más aumentó del Viejo Continente. Aunque Italia iguala el dato, el incremento es superior al de Francia (16,5%), Alemania (9,4%) y la media de la eurozona (14,3%). 
Esta diferencia se debe fundamentalmente a la factura de la luz y no a los combustibles. En el caso de España, esta rúbrica se ha encarecido un 9,2%, más del triple que en el conjunto de la eurozona (2,8%). Los carburantes, que son el producto más afectado por la guerra en Irán se dispararon un 23,9% en agosto. Sin embargo, aunque la subida es dramática, es algo inferior a la media de países del euro (24,5%), Alemania (27,5%) o Francia (27,4%).A la cuestión de la energía hay que añadirle que el estallido de la guerra en Irán pilló a España con una inflación subyacente superior a la de la eurozona. Este indicador mide las subidas de precios, pero sin tener en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados, que son muy volátiles. Esta medida sirve para conocer hasta qué punto los precios más estables se están calentando, es una suerte de termómetro que muestra hasta qué punto una subida de precios que es coyuntural se puede acabar convirtiendo en algo más serio. En España, la inflación subyacente era del 3,2% en agosto (dos décimas menos que en julio), claramente por encima del 2,1% del conjunto de la eurozona o el 1,2% de Francia, 1,2% de Italia o 2,3% de Alemania. Si cogemos el bisturí y diseccionamos lo que está ocurriendo en ese enorme cajón que es la inflación subyacente se observa que los servicios tienen mucho que ver. El precio de los servicios se incrementó un 4% en agosto frente al 3% en la eurozona. Y en particular, dentro de los servicios llama la atención la fuerte subida en los precios del alojamiento turístico (hoteles, hostales, pensiones…) que se dispararon un 9,4% en agosto frente a un 4,7% en la eurozona.Más allá de ello, España supera al conjunto del euro en la mayoría de grandes grupos de bienes y servicios. Es el caso de los alimentos (2,3% en España frente a un 0,7% en Europa); la ropa y el calzado (2,3% y 0,6%, respectivamente); los muebles y artículos para el hogar (1,3% y 0,6%); la información y las comunicaciones (3,2% y 1,8%) o las finanzas y seguros (3,4% y 2,8%).

Llenar un depósito de 50 litros con diésel cuesta ya cerca de 90 euros en España, incluso después de que el Gobierno haya aplicado durante septiembre una rebaja fiscal temporal de 20 céntimos por litro. El precio medio ronda los 1,79 euros, frente a niveles sensiblemente inferiores hace apenas unos meses, y el gasóleo acumula una subida interanual superior al 30%. La ayuda termina el 30 de septiembre si no se prorroga, de manera que parte del colchón que ahora contiene el precio podría desaparecer justo cuando hogares y empresas empiezan a asumir una factura energética mucho mayor.Un trabajador que recorra 40 kilómetros diarios entre ida y vuelta al trabajo durante 22 días al mes hará unos 880 kilómetros. Con un coche que consuma seis litros cada 100 kilómetros necesitará aproximadamente 53 litros mensuales, de modo que una subida de 20 céntimos por litro añade algo más de 10 euros al mes y unos 127 euros al año. El cálculo aumenta rápidamente en hogares con dos vehículos, trayectos más largos o coches con mayor consumo, pero sigue representando únicamente la parte del encarecimiento que aparece directamente en el surtidor.Los camiones que recorren decenas de miles de kilómetros cada año convierten unos pocos céntimos adicionales por litro en miles de euros de sobrecoste. El Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera utiliza el combustible como una de las principales partidas para calcular cuánto cuesta mantener en funcionamiento un vehículo pesado, porque el diésel representa una parte muy relevante de sus gastos operativos. Cuando esa factura aumenta, las empresas pueden absorberla durante un tiempo reduciendo márgenes, pero mantener indefinidamente el mismo precio del transporte resulta mucho más difícil.Del camión a la compraAlimentos, ropa, electrodomésticos, materiales de construcción, medicamentos o pedidos de comercio electrónico recorren una parte de su camino hasta el consumidor por carretera. El aumento del combustible puede pasar así del transportista a la empresa que contrata el servicio, después al distribuidor o al comercio y finalmente al precio que paga el consumidor, aunque ese traslado no sea inmediato ni tenga por qué realizarse en su totalidad.Frutas, verduras, carne, pescado y lácteos soportan además una cadena especialmente dependiente de la energía porque muchos necesitan transporte rápido y refrigeración constante. Un producto perecedero no puede permanecer almacenado durante meses esperando a que baje el combustible y, cuando la mercancía debe reponerse continuamente, los cambios en los costes logísticos pueden llegar pronto al establecimiento.Antes de subir al camión, muchos alimentos ya han consumido diésel. Tractores, cosechadoras y otra maquinaria agrícola dependen de él, mientras que la pesca incorpora combustible directamente al coste de salir a faenar. En Alicante, ASAJA calcula que el gasóleo agrícola ha pasado de 1,211 euros por litro en febrero a 1,694 euros en septiembre, una subida de 48 céntimos que golpea especialmente a cultivos intensivos en maquinaria como cereales, olivar y hortalizas de invierno.En Baleares, las organizaciones agrarias estiman un sobrecoste anual de 1,7 millones de euros únicamente por la subida del gasóleo agrícola, después de que el precio haya pasado de unos 90 céntimos a cerca de 1,70 euros desde comienzos de año. Las explotaciones de las islas consumen alrededor de 3,4 millones de litros anuales, lo que permite comprobar cómo una variación aparentemente pequeña en una gasolinera adquiere otra dimensión cuando se multiplica por millones de litros.Del surtidor al IPCEl IPC español alcanzó el 4,3% en agosto, siete décimas más que en julio y su nivel más elevado desde febrero de 2023. El transporte registró una inflación interanual del 9,5%, más de tres puntos por encima del mes anterior, debido principalmente al encarecimiento de combustibles y lubricantes para vehículos personales. Solo durante agosto, este grupo subió un 3,3% y aportó 0,534 puntos a la variación mensual del IPC.El gasóleo se encareció alrededor de un 30% interanual en agosto, mientras que la gasolina subió cerca de un 17%, unas variaciones suficientemente grandes para que la energía vuelva a ocupar una posición central en la evolución de los precios. Los alimentos todavía muestran una subida mucho más contenida, del 2,3%, lo que significa que una parte del incremento energético todavía no se ha trasladado de forma generalizada a la cesta de la compra.Una familia que no tenga un coche diésel tampoco queda aislada de ese proceso. El combustible utilizado para cultivar una verdura, capturar pescado, refrigerar un alimento o llevar un electrodoméstico hasta una tienda no figura por separado en el ticket, pero forma parte del coste que soportan las empresas que intervienen en cada etapa. Cuanto más tiempo permanezca elevado el gasóleo, mayor será la presión para que una parte de esos costes termine avanzando por la cadena.30 de septiembreLa rebaja fiscal que permite reducir actualmente en 20 céntimos por litro el precio del diésel expira a finales de septiembre, salvo que el Gobierno decida prolongarla. La medida explica además que el gasóleo vuelva a costar algo menos que la gasolina pese a haberse encarecido mucho más durante el último año: la bonificación aplicada al diésel es superior a la de cinco céntimos vigente para la gasolina.Si esa protección desaparece mientras los precios internacionales y los márgenes de los combustibles continúan elevados, octubre puede añadir otra presión sobre transportistas, agricultores, empresas y conductores. Funcas y BBVA ya contemplan que la inflación pueda acercarse al 5% en septiembre, después del salto registrado durante agosto.Si transportistas, agricultores y distribuidores no pueden trasladar íntegramente el encarecimiento a sus clientes, la presión termina apareciendo en márgenes más estrechos, menos inversión, renegociación de contratos o cierres de las empresas más débiles.El precio del diésel puede dejar así de ser únicamente un problema de inflación para convertirse también en un problema de rentabilidad empresarial.

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/farandula/notas/nawat-itsaragrisil-amenaza-con-demandar-si-turismo-no-responde-antes-del-25-de-septiembre/ Por las pasadas semanas, el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil ha alzado la voz públicamente para dejar saber …

Dario Amodei, fundador y consejero delegado de Anthropic, la empresa que está detrás de Claude, lleva días avisando de que quizá ha llegado el momento de levantar un poco el pie del acelerador con la inteligencia artificial (IA). Y no está solo. Sam Altman, máximo responsable de OpenAI, y Elon Musk, fundador de xAI, también han advertido sobre los riesgos de seguir construyendo modelos cada vez más potentes sin tener completamente claro cómo controlarlos. Pero una pausa de Estados Unidos no sirve de mucho si China no hace lo mismo.Y China no tiene ninguna intención de parar. Entonces lo que parecía una medida de seguridad empieza a parecerse bastante a regalarle tiempo a tu principal competidor. Ese es precisamente uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo Washington. Desde Pekín, además, la historia se ve exactamente al revés.El Global Times, un periódico respaldado por el Estado chino, llegó a acusar a Amodei de utilizar la seguridad de la IA para promover una especie de «guerra fría silenciosa» que permitiría a Estados Unidos conservar su ventaja tecnológica. Desde China, por tanto, frenar la IA no se ve únicamente como una cuestión de seguridad, sino también como una forma de impedir que sus empresas sigan recortando distancias.Estados Unidos lleva años limitando el acceso de China a algunos de los chips más avanzados del planeta. Sus empresas dominan los modelos más potentes. Y justo cuando China empieza a acercarse, Washington plantea que quizá todos deberían correr un poquito menos. No hace falta ser especialmente desconfiado para entender por qué los chinos levantan una ceja.El problema es que esto nos lleva a una situación en la que Estados Unidos podría reducir algunos riesgos frenando la IA, pero si frena solo, ayuda a China. Así que podría seguir acelerando para que China no le alcance. Además, se trata de una carrera en la que la distancia entre ambos países ya no es tan enorme.Hace no demasiado tiempo se hablaba de una China situada varios meses por detrás de Estados Unidos en los modelos más avanzados. Ahora, dentro de la industria estadounidense existe el temor de que esa distancia continúe reduciéndose.Sin moratoriaPor eso Washington no parece demasiado dispuesto a correr el riesgo de detenerse. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y una de las figuras republicanas más importantes del Congreso, rechazó esta semana una moratoria obligatoria. Su argumento, simplificando mucho, es que si las empresas quieren ir más despacio, que vayan más despacio, pero el Gobierno estadounidense no debería obligarlas a hacerlo mientras China continúa avanzando. Porque entonces, según Johnson, Estados Unidos podría perder su ventaja tecnológica y convertir un problema de seguridad de la IA en otro problema de seguridad nacional.Visto así, parece bastante sencillo, hasta que miramos el problema desde China. Pekín no necesita la IA únicamente para competir con Estados Unidos, sino también para intentar solucionar uno de los mayores problemas que tiene dentro de casa, como es el envejecimiento. Durante décadas tuvo una cantidad gigantesca de trabajadores que alimentaron sus fábricas y ayudaron a convertir al país en la gran potencia industrial que conocemos. Sin embargo, ahora esa población envejece y la fuerza laboral empieza a reducirse, y eso significa que China necesita encontrar alguna manera de producir más con menos personas. Aquí entran la automatización, la IA y, sobre todo, los robots.Se trata de máquinas capaces de trabajar en fábricas, almacenes y otras tareas que hoy siguen necesitando personas. China cuenta ya con más de 150 empresas dedicadas a desarrollar robots humanoides, y sus administraciones gastaron al menos 230 millones de dólares en comprarlos y desarrollar tecnologías relacionadas durante la primera mitad de 2026. Para Pekín, por tanto, la IA no es simplemente tener un chatbot mejor que ChatGPT, sino intentar conseguir que una fábrica produzca más.China todavía está lejos de conseguir que esos robots sustituyan a un trabajador, pero el avance continúa. Spirit AI, una startup valorada en 2.900 millones de dólares, calcula que los primeros grandes avances en el «cerebro» de los humanoides pueden llegar a mediados de 2027. La empresa ha levantado más de 670 millones de dólares y cuenta con alrededor de 1.000 personas recogiendo datos reales para entrenar sus sistemas.China también tiene miedo a la IATodo esto podría llevar a pensar que Pekín simplemente está dispuesto a asumir cualquier peligro con tal de seguir avanzando, pero tampoco encaja del todo con lo que está haciendo dentro de sus fronteras. China obliga a etiquetar contenido generado por IA, controla determinados algoritmos y ha endurecido las reglas sobre el uso y el entrenamiento de los modelos, mientras sus expertos participan en conversaciones con Estados Unidos sobre sistemas autónomos, ciberataques y posibles límites militares. Es decir, Pekín también ve riesgos.Simplemente parece que intenta solucionarlos de otra manera. Mientras Amodei y otros responsables estadounidenses plantean reducir temporalmente la velocidad de los modelos más avanzados, Pekín prefiere seguir desarrollando la tecnología y controlar después cómo se utiliza. A eso se añade que cualquier acuerdo exigiría confiar en que el otro país también cumple, algo especialmente complicado cuando Washington restringe desde 2022 el acceso chino a los chips más potentes y acusa a empresas del país de copiar modelos estadounidenses mediante técnicas de destilación, acusaciones que China rechaza.Mientras tanto, Donald Trump y Xi Jinping tendrán precisamente la oportunidad de discutirlo el próximo 24 de septiembre en Washington, donde la IA estará entre los asuntos de una reunión que también incluirá comercio, Taiwán y las restricciones tecnológicas. Pekín quiere que Estados Unidos rebaje algunos de sus controles, mientras Washington busca compromisos sobre los riesgos de los sistemas más avanzados.En esta carrera, el problema ya no es solamente quién llega primero. Es que quizá los dos saben que están corriendo demasiado rápido. Y aun así, ninguno se atreve a mirar al otro y decir: «frena tú primero».

La fuente de la noticia es https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musica/notas/asi-dalvin-la-melodia-culmino-sus-seis-historicos-conciertos-en-puerto-rico/ El cantante de bachata dominicano Dalvin “La Melodía” se despidió de Puerto Rico en la noche del …