Publicado: febrero 10, 2019, 8:21 pm
A través de un extenso documento, el gobierno del presidente Iván Duque dio a conocer el Plan de Desarrollo 2018 a 2022, a través del cual establece las políticas y estrategias que pondrá en marcha para mitigar el impacto de los principales problemas que aquejan a la sociedad colombiana en todos los ámbitos: político, económico y social.
Una de las grandes problemáticas, que aunque no es reciente, sí se ha mimetizado en diferentes aspectos es la economía ilegal y como las diversas actividades criminales han permeado el actuar de los colombianos afectando no solo la seguridad nacional sino también la economía y diferentes aspectos sociales.
De acuerdo con el informe del DNP, en cuanto al lavado de activos, según los resultados obtenidos en estimaciones de trabajos académicos, los ingresos totales provenientes de la venta de cocaína en Colombia durante el año 2008 fueron aproximadamente $13.6 billones (2,3% del PIB), con un valor mínimo de $9.4 billones (1,6% de PIB) y un valor máximo de $18 billones (3% del PIB) (Unidad de Información y Análisis Financiero, 2018). El dinero ilícito genera impactos importantes en la economía legal receptora.
La venta de drogas es quizá uno de los problemas más graves del país. Se debe señalar, por ejemplo, que para el año 2016, la DIAN determinó que el contrabando técnico y abierto representó 5.109 millones de dólares, cerca al 2% en términos del PIB o el 12% de las importaciones totales de ese año. El contrabando, adicionalmente, puede presentarse en asocio con otras actividades ilegales como el hurto y el desvío de sustancias.
Por esta razón, el Gobierno propone la creación de un ente regulador que, en un trabajo mancomunado entre diferentes instancias del estado puedan acabar con el lavado de activos.
Según el plan, » se creará el Centro de Coordinación contras las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo como una instancia permanente, con el objetivo de perseguir y desmantelar las redes de dinero y bienes de origen ilícito o empleados en actividades ilícitas, lavado de activos y financiación de terrorismo. El Centro también deberá contribuir al análisis de los sistemas de economías ilícitas para formular iniciativas orientadas a lograr su disrupción.
El Centro permitirá el trabajo conjunto y coordinado de la Fuerza Pública, los organismos que realizan actividades de inteligencia y contrainteligencia, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales, en el marco de cada una de sus competencias. El proceso de creación legal e implementación será coordinado por la Presidencia de la República mediante la Consejería de Seguridad Nacional».
Con este plan, y una veeduría constante, se buscará acabar con las economías ilegales en el país desde todos los ámbitos.
