De acuerdo con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, en Colombia existen alrededor de 1.600 empresas prestadoras del servicio de vigilancia privada que facturan aproximadamente 9,8 billones de pesos anuales. Estas compañías emplean a 244.757 personas al año en servicios de seguridad.

Dentro del personal empleado, el 83% corresponde a vigilantes de residencias o empresas, esto quiere decir 203.856 personas, le siguen escoltas (19.140 personas) y supervisores (11.998 personas).

Sin embargo, contratar un servicio de seguridad no es económico. Según las tarifas presentadas por la SuperVigilancia, las viviendas y oficinas de estratos 4, 5 y 6 deben pagar 6.490.000 pesos a los vigilantes mensualmente, los cuales prestan el servicio 24 horas por 30 días al mes.

Además, los vigilantes autorizados a portar armas son los más requeridos en ambos sectores, tanto residencial como empresarial. Según las cifras de la Superintendencia, 1.515 empresas tienen permitido el uso de armas y ellas aportan 6,6 billones de pesos al sector, más del 70% de las ganancias.

Uno de los retos que tiene el sector para 2018 es minimizar el impacto de los ‘carteles’ de vigilancia. A principios de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a 14 empresas de seguridad con más de 15 millones de pesos en multas por haber negociado licitaciones por debajo de lo permitido en la ley.

POSITIVO: Cada vez más viviendas residenciales hacen uso de los servicios de seguridad para prevenir el hurto en las viviendas.

NEGATIVO: Los salarios que se pagan a los vigilantes suelen ser bajos en comparación con las horas de trabajo que a veces se extienden en jornadas de 48 horas seguidas.