La minería en el país es de amores y odios. Por una parte, el Gobierno asegura que es uno de los sectores que más jalona la economía del país y que es fundamental para hacer cre­cer el PIB de Colombia, otros atacan las prácticas mineras por el poder de esta industria para afectar las áreas ambientales y sociales.

Prueba de ello es el referendo de Cajamarca donde se votó negativa­mente a la construcción de una mina de oro a cielo abierto. Los habitantes del municipio se negaron a la obra debido a los problemas ambientales que podría tener.

Por otra parte, se puede resaltar el caso del páramo de Santurbán donde la comunidad ha sido enér­gica en rechazar la construcción de la mina de oro cerca de la zona. Para esto, la Sociedad Minera de Santander -MINESA- firmó ante el gremio de industriales, autoridades nacionales y locales, el compromiso de oro para desarrollar un proyecto de minería que cumpla con los más altos estándares de sostenibilidad ambiental y de responsabilidad social.

En este sentido, y a pesar de las contradicciones sociales, el Gobierno aseguró que espera que se alcancen 7.500 millones de dólares en inver­sión en los próximos siete años.

“Tenemos las condiciones para seguir garantizando la llegada de capital. En estos siete años de Gobierno nos hemos esforzado por hacer de Colombia un país más atractivo a la inversión, y nuestro buen desempeño económico es testi­monio de eso”, señaló el mandatario

Santos dijo también que el cre­cimiento del sector es alentador, por lo que le alegra “que la apuesta del sector para este año es un crecimien­to del 5 % del PIB minero”, añadió el documento.

Asimismo, informó que se están reforzando las medidas respecto de la minería ilegal, adicionales a las acciones tomadas por las autoridades al respecto.

Entre las medidas se encuentra el proyecto de ley que busca que la explotación ilícita de minerales sea considerada una actividad que finan­cia el terrorismo, además de que los delitos contra el medioambiente estén relacionados con el lavado de activos.

“Estamos fortaleciendo las herra­mientas que tienen las autoridades para decomisar, movilizar y destruir maquinaria incautada, así como el control que se ejerce sobre los insu­mos de toda la actividad minera”, agregó el jefe de Estado.

En lo que va del año se captura­ron casi 700 personas relacionadas con la minería ilegal, así como se intervinieron aproximadamente 400 minas, indicó la información.

NEGATIVO:
El panorama que enfrenta el sector minero es desafiante ya que la opinión pública cada vez cuestiona más la minería legal y sus empresas, y es más tolerante a la extracción ilícita.

POSITIVO:
El país recibió el año pasado unos US$13.600 millones de inversión directa extranjera y tuvo una tasa más alta que algunos países latinoamericanos.

CIFRA:
De los municipios mineros sólo el 36% de los habitantes tienen una imagen positiva de las empresas.