Publicado: marzo 8, 2020, 1:20 am
Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en enero de 2020 se presentaron 71 casos de homicidios (posibles feminicidios) en los que las víctimas fueron mujeres. Asimismo, durante este mes, se recibieron 2.471 reportes de lesiones por violencia interpersonal y 3.942 por violencia intrafamiliar.
María Camila Correa, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, explica que, desde el ámbito jurídico, Colombia ha avanzado en normas, como la Ley 1257 de 2008, en la que se incluyen disposiciones para la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, que se establecieron en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –conocida como Convención de Belém do Pará–.
“En el último informe del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), el comité resaltó que Colombia sanciona casi todas las tipologías de violencia contra la mujer en su Código Penal. Sin embargo, señala que estas normas, si bien están en la legislación nacional, son poco aplicadas y los índices de violencia contra la mujer han seguido aumentando a lo largo de los años”, comenta.
Violencia física, psicológica y económica
Desde su especialidad, que es el derecho penal, la profesora Correa explica que, en ocasiones, se ha evidenciado que la Fiscalía realiza de manera incorrecta las imputaciones y no tiene en cuenta diversas manifestaciones de violencia y, debido a que la imputación es la base para la acusación y un eventual juicio, al no considerar todas las formas de abuso, estos delitos no son sancionados y se genera una posible impunidad.
Esto también ha sido evidenciado desde la Clínica Jurídica Contra la Violencia Intrafamiliar y de Género (VIG) del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, en donde se brinda apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar, discriminación y violencia de género, con el fin de que reconozcan, defiendan y se concienticen de sus derechos.
Carmen Lilia Uribe, coordinadora de la Clínica, destaca que el 90% de los casos atendidos “son mujeres cabeza de familia que luchan por conseguir los alimentos de sus hijos, que han sido agredidas por sus compañeros permanentes, esposos o exparejas, o han sido víctimas de violencia física, psicológica y económica”.
En la Clínica, además de realizar acompañamiento, solicitar protección inmediata ante las comisarías de familia, remitir los casos al área penal y brindar atención psicosocial, se han interpuesto derechos de petición a las diferentes entidades Estado, se han adelantado acciones de tutela debido a que varias de las medidas de protección no se tramitan adecuadamente e, incluso, se han solicitado procesos disciplinarios contra funcionarios públicos que no atienden los casos de violencia de manera correcta.
Entre esas faltas se destacan, por ejemplo, que no se gestiona oportunamente los trámites de expedientes y que la comisaría de familia clasifica como conflicto familiar casos que en realidad sí implican violencia, por lo que no se garantizan los derechos, las medidas y la protección que requiere la mujer.
Para avanzar frente a esta problemática, María Camila Correa sostiene que lo primordial es fortalecer la capacitación de funcionarios judiciales y de investigación, y sensibilizar a la sociedad.
“La violencia contra las mujeres no es solo el feminicidio y las agresiones sexuales, día a día, en diferentes ámbitos, se presentan micromachismos, situaciones que son replicadas tanto por hombres como por mujeres, tales como el acoso callejero, el comentario hiriente, la actitud morbosa, y todo eso reproduce la violencia; por eso, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es una fecha de celebración, se debe pensar como una jornada de reflexión para analizar en qué estamos y qué nos falta”, indica.
