Publicado: mayo 3, 2018, 4:06 am
Al cierre de 2017 el panorama de endeudamiento no era tan positivo. La deuda de los hogares colombianos sumó a noviembre del año pasado 184 billones de pesos, abarcando las carteras de vivienda y consumo, sin añadir la del Fondo Nacional del Ahorro y del sector solidario, que sumados podían superar los 192 billones de pesos.
Este panorama activó una alarma para el sistema financiero en Colombia, dado que en un ambiente de crecimiento económico relativamente bajo, la estabilidad financiera se veía enfrentada a riesgos. En un análisis, el Banco de la República considera que una de las principales vulnerabilidades para la estabilidad del sistema financiero está asociada con el riesgo de una desaceleración económica más acentuada o una recuperación más débil, y esto adquiere relevancia en la medida en que desde 2015 se han observado deterioros en los indicadores de calidad de cartera por riesgo y por mora de la deuda de los hogares colombianos (tanto de consumo como de vivienda), acompañados por aumentos en las medidas de carga financiera.
El 69,6% de los hogares colombianos concentran sus obligaciones financieras en créditos de consumo; 23% en créditos de vivienda y 6% en agentes financieros o informales, según el Banco de la República. Por su parte, respecto a los indicadores de calidad de la deuda del sector corporativo colombiano, durante lo corrido de 2017 se registraron deterioros rápidos. Si bien esto ha correspondido principalmente a eventos asociados con un conjunto específico de firmas, en sectores económicos como el de la construcción el deterioro fue general, en relación con la desaceleración económica.
Dado este panorama, en septiembre de 2017 la Superintendencia Financiera estableció la posibilidad de que, sobre aquellos deudores con viabilidad financiera, los establecimientos de crédito pudieran modificar las condiciones originales de los créditos. La opción fue habilitada tanto a los deudores con moras tempranas, como a aquellos que previeran un deterioro potencial en su capacidad de pago.
En los cinco meses de vigencia de la norma el número de deudores beneficiados pasó de 1.307 en octubre a 93.592 en febrero. A diferencia del saldo, mayoritariamente del portafolio comercial, consumo concentra el 94.1% de los deudores que accedieron a la medida (88 % con un saldo medio de 6.3 millones); seguido por microcrédito (3.4%), comercial (2.1%) y vivienda (0.4%).
La implementación de esta medida ha permitido que el 93.5% del saldo modificado se encuentre al día (a febrero de 2018), lo que significa que los deudores han logrado estabilizar y mantener un buen comportamiento de pago. Además, esta opción para regular la deuda ha permitido alinear los incentivos de los establecimientos de crédito y de los deudores. En el caso de los primeros, se pretendía maximizar el recobro de la cartera y, en el caso de los deudores, se buscaba dar viabilidad financiera y que las nuevas condiciones del crédito respondieran a su capacidad de pago efectiva.
La medida no corresponde a un mecanismo que subestima el riesgo de crédito, dado que más del 93% del saldo modificado continúa al día y en fase de monitoreo mientras cumple su periodo de cura correspondiente.
