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Consumidores: los más afectados con impuestos a e-commerce

Aumentar el ICA al comercio electrónico, afectaría a los consumidores y va en contra de las políticas de digitalización.

La Andi, los Call Centers, Fedesarrollo y algunos congresistas criticaron la idea de aumentar el ICA al comercio electrónico, pues afectaría a consumidores y va en contra de las políticas de digitalización.

La propuesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López de aumentar el ICA a las plataformas de comercio electrónico, tiene sorprendidos a varios gremios de comerciantes en Colombia, a representantes a la Cámara y Concejales de la ciudad pues consideran que va en contravía de la lógica de transformación digital que deben adelantar hoy las empresas.

Dentro del Plan Marshall, anunciado por López el miércoles, está el aumento al Impuesto de Industria y Comercio ICA a las plataformas que ofrezcan comercio al por menor a través de internet o por correo.
La propuesta que se llevará a debate en el Concejo de Bogotá, busca que plataformas como Rappi, Uber Eats, PSE, PayU o Domicilios.com, paguen la tarifa máxima de 13,8 por mil, cuando hoy la tarifa está entre 4,14 y 6,9 por mil.

Según la alcaldesa, a las plataformas de comercio electrónico les está yendo muy bien y por eso deben aportar más. Si bien celebra su éxito y reconoce que han sido clave en esta coyuntura ya que permiten hacer compras sin generar riesgo de aglomeraciones, se benefician de la ciudad y del espacio público y por eso es justo que contribuyan más.

Asegura que estas compañías en vez de reducir sus ingresos como la mayoría de actividades económicas, los han aumentado. Según algunos analistas, esto es un castigo al éxito en tiempos de crisis, lo que desincentiva el crecimiento empresarial.

“Haremos un cruce solidario para que quienes más han ganado, contribuyan más para subsidiar a quienes menos lo han hecho”, indicó.

La mayor crítica está en la confusión que genera al afirmar que el incremento no es para los compradores ni para las empresas que comercializan sus productos sino para las plataformas que son intermediarias entre el proveedor y el comprador.

Consumidores pagarían más

La Cámara de Comercio Electrónico se opuso a la propuesta pues con el cierre de establecimientos comerciales, son muchas las empresas que hoy solo pueden vender por internet.

El representante a la Cámara del Centro Democrático, Gabriel Santos, criticó el hecho de que cuando los consumidores no tienen más alternativas que comprar por internet, se aumenten los impuestos.

Desde la cuenta de Twitter de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, le dieron una respuesta al Representante que generó más confusión.
Desde @HaciendaBogota le aclararon que no se está gravando al comercio electrónico sino a los intermediarios, es decir a las plataformas.


Varios usuarios en Twitter cuestionaron esa respuesta porque consideran que gravar a una parte del comercio electrónico, afecta a toda la cadena, impactando en el precio que pagará el consumidor.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, fue uno de los que cuestionó la respuesta e hizo énfasis en que un principio de la economía reza que la carga de un impuesto no siempre recae sobre el que está gravado, así que en este caso se trasladará el aumento a los usuarios.

Audiencia pública

Santos logró que se aprobara una audiencia pública para escuchar a los actores involucrados que serían afectados con el incremento en el ICA, tanto las plataformas de comercio electrónico como los productores de material de desinfección y farmacéutico.

Para Santos, es un contrasentido aumentar el ICA (que es un impuesto que va directamente las ventas, no a las utilidades) a estas plataformas pues hoy son el único canal viable para que los comerciantes distribuyan sus productos.

También cuestionó la idea de aumentar el ICA a bienes de primera necesidad como los desinfectantes del hogar y la industria y la fabricación de productos farmacéuticos.

Todos los esfuerzos de los gobiernos deberían ir justo en la vía contraria, haciendo que resulte más económico para los ciudadanos hacer compras electrónicas y comprar artículos como desinfectantes en plena pandemia, asegura.

Reforma tributaria camuflada

Andrés Forero, Concejal de Bogotá, dijo que el anuncio de la alcaldesa no es un alivio sino una reforma tributaria encubierta. Criticó que la alcaldesa quiera aumentar impuestos a uno de los pocos canales que ha permitido que las pequeñas y medianas empresas sigan vendiendo.

En contravía con la digitalización

Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI cuestionó las medidas de López, pues no contribuyen al proceso de transformación digital que adelanta el país.

Dice que hasta ahora varias empresas están encontrando una oportunidad en el comercio electrónico en medio de la crisis y esta decisión envía un mensaje confuso a quienes piensan digitalizarse o a las empresas que tienen en la mira a Bogotá para instalarse.

El mensaje negativo no es solo para las empresas de comercio electrónico sino para las firmas de telecomunicaciones y outsourcing como call centers.

Dijo que la ciudad no puede ir en otro sentido mientras el país avanzó en una política de comercio electrónico, ya que paradójicamente ayer se publicó para comentarios, el documento Conpes de Política Nacional de Comercio Electrónico.

La presidenta de la Asociación de Operadores TIC, Asotic, Galé Mallol, dice que la decisión es un desacierto pue la pandemia ha demostrado que la empresas deben ir hacia la digitalización y no se pueden aumentar las cargas a este sector.

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay también criticó los anuncios de López. Primero porque encuentra pretencioso que denomine “Plan Marshall” a sus propuestas pues este nombre se le otorgó a la estrategia de reconstrucción de Europa occidental después de la segunda guerra mundial y en el plan de la alcaldesa no hay más que una reforma tributaria en el momento más inoportuno.

Segundo, porque es injusto que se castigue con más impuestos a las plataformas de comercio justo cuando se está buscando que las empresas se digitalicen.

Y tercero porque no encuentra un propósito claro en el endeudamiento del distrito por once billones de pesos pues no son para infraestructura sino para gastos recurrentes. Esto no genera desarrollo ni empleo.

Juanita Rodríguez, vicerrectora de Innovación de la Universidad EAN, dice que la propuesta desconoce la importancia del comercio electrónico para la reactivación económica de la ciudad.

Rappi a la espera de análisis

Rappi no ha hecho un pronunciamiento concreto sobre el tema. Voceros de la compañía dijeron a Gerente: “Respecto a la propuesta realizada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá relacionada con el incremento en los impuestos al comercio de productos por plataformas digitales, no conocemos aún la propuesta ni sus detalles. Estamos haciendo los análisis correspondientes y una vez tengamos claro su alcance, haremos un pronunciamiento al respecto”.

La empresa ha venido trabajando de la mano con la Alcaldía de Bogotá para capacitar y certificar a sus rappitenderos en temas de cuidado y prevención.

Call centers preocupados

Para la Asociación Colombiana de BPO, BPrO, la propuesta de incrementar a 11.6 por mil el ICA, para los servicios de Contact Centers, desincentiva la inversión en la ciudad y pone en riesgo los actuales empleos del sector que son cerca de 275.000.

El gremio destaca que según el Dane , la población más afectada por el desempleo con la crisis actual, son las mujeres y los jóvenes y justamente son ellos quienes predominan en este sector donde 60% son mujeres y 80% son jóvenes.

“Desde el inicio de la crisis sanitaria, una de las prioridades para los BPO ha sido proteger y mantener el empleo de sus colaboradores, a pesar del decrecimiento en un 53% de los ingresos del sector”, dijo el gremio en un comunicado.

Durante la actual crisis, el sector ha destinado 80.000 millones de pesos adicionales a su presupuesto de 2020 en protocolos sanitarios como el traslado de más de 90.000 personas a trabajo remoto.

“El Plan Marshall tendría un efecto negativo en la atracción de nuevas inversiones del sector en Bogotá y podría llevar a las empresas de Contact Center, tanto nacionales como multinacionales que hoy están radicadas en la ciudad, a ampliar sus operaciones en otras ciudades y buscar alternativas diferentes”, concluyen.

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