Publicado: diciembre 18, 2018, 8:44 pm
Colombia está viviendo el proceso de transición de la facturación física a la electrónica. Una coyuntura sobre el que existe una gran expectativa tanto en entidades del sector público como en el empresarial. Esto porque desde ya se anuncia que el cambio ofrecerá garantías para la optimización de procesos, aumentar la productividad, ahorrar costos y generar trazabilidad.
Este es un proceso en el que otros países de la región han avanzado significativamente. Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, y México, son algunas de las naciones que vale la pena destacar debido a los usos que se han asignado a la facturación electrónica. Un reciente estudio dado a conocer recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (Ciat), destaca los aportes e impacto que la transición ha tenido en cada una de estas economías.
El caso de Argentina es muy pertinente debido a la importancia que la factura electrónica ha tenido en las contribuciones a la seguridad social y el impuesto a la renta en el país. Este ha sido un factor determinante para centralizar y validar la información la información existente sobre el impuesto y las devoluciones proporcionadas por los empleadores.
Así mismo, el Servicio Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha podido eliminar inconsistencias en la información, simplificar las tareas de los empleadores, hacer que la relación empleado-empleador sea más transparente y, lo más importante, ha facilitado el control de los pagos y las contribuciones a la seguridad social.
Otro caso destacable es el de Chile. La obligatoriedad del proceso de transición de la facturación electrónica impulsó el desarrollo debido a las condiciones de seguridad y rapidez con la que se pueden realizar las transacciones en relación con la facturación física. Esto facilita el acceso de los contribuyentes a la financiación, ya que permite que las transacciones sean inmediatas y facilita el intercambio de información y las actividades comerciales.
En consecuencia, el factoring en éste país ha aumentado considerablemente en los últimos cuatro años, creciendo un 50% en promedio, hecho que ha impactado principalmente a las Pymes en Chile, lo que les permite acceder a más fuentes de financiamiento.
Por su parte México ha dado importantes pasos en el desarrollo de un sistema tributario más confiable. La digitalización ha permitido agilizar procesos de pago ya que ha puesto en manos de los contribuyentes nuevas y mejores opciones para cumplir con sus obligaciones con el estado. Este factor ha sido determinante para la seguridad de los procesos en cuanto permite realizar un control y seguimiento más efectivo de la gestión de recaudo.
“La facturación electrónica, permite a las autoridades gestionar y recopilar información fundamental para garantizar la competencia efectiva y otorgar incentivos fiscales. Es un factor que apoya el diseño de políticas públicas para identificar nodos de producción nacional y mejorar el impacto de la inversión pública y los incentivos fiscales. Esto con el fin de adaptarlos a aquellas actividades con mayor componente nacional y efecto multiplicador” afirma Juan Miguel Tirado, Director Regional de Marketing de Gosocket.
Uno de los objetivos que tiene la nación es mejorar las políticas fiscales tradicionales en el diseño de la inversión pública y los incentivos fiscales, para llegar a tener los resultados que ya tienen los países vecinos. Es por esto que en el 2019 la obligatoriedad de la factura electrónica será gradual, con el fin de que la implementación sea exitosa, pues le permitirá a más de 1.000 empresas ajustar sus procesos complejos en facturación y logística, a la operación del nuevo modelo de facturación electrónica.
Un informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) señala que en Colombia ya se ha avanzado en la migración a la facturación electrónica. Según la entidad en octubre 2.606 contribuyentes ya estaban facturando electrónicamente. Por el momento el plazo máximo para que los grandes contribuyentes hagan la transición se fijó para el próximo 1ro de enero del 2019.
