El Ministerio de Educación puso en marcha esta entidad cuyo objetivo es derrotar la corrupción política que se había enquistado en los programas de alimentación escolar, que en la actualidad manejan más de $2,3 billones anuales, aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los alimentos.
Los cambios son el resultado de la revisión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que, según el gobierno, necesitaba transformarse, “ya que en muchos lugares del país había contratistas inescrupulosos que, en lugar de darles a los niños los micronutrientes que esperaban, los despachaban con una tajada de plátano y nunca cumplían ni siquiera con las obligaciones contractuales”.
La nueva autoridad es la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, surgida del Plan Nacional de Desarrollo, cuya meta para el cuatrienio es pasar de 5 millones a 7 millones de niños atendidos con alimentación escolar de calidad.
La Unidad se fortalecerá en los territorios las alianzas estratégicas con organismos de control: Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, para garantizar transparencia en la contratación y operación, promoviendo mecanismos de control social.