1 de cada 3 financiadores de campañas, obtienen contratos con el Estado

A nivel territorial, los contratos fueron entregados a través de contratación directa (80%) seguida por contratos celebrados bajo la figura de Régimen Especial (11%) y licitación (6%). La modalidad de concurso de méritos es casi inexistente entre quienes aportaron a las campañas.

La tercera parte de los financiadores (empresas y personas naturales) de las campañas territoriales de 2015 celebraron contratos con el Estado después de haber entregado aportes, es decir entre enero de 2016 y septiembre de 2019, y el 80% de los mismos fueron adjudicados de manera directa.

Así lo revela el primer informe de análisis de la plataforma Elecciones y Contratos, elaborado por Transparencia por Colombia, después de cruzar datos de financiación privada de campañas (Cuentas Claras) y contratación pública (SECOP).

Con esta información, que requirió la revisión de más de 10 millones de datos, Transparencia realizó el primer informe de análisis, donde se tiene en cuenta la relación entre financiación de campañas y obtención de contratos una vez elegido el candidato, identificando quiénes forman parte de este grupo de personas naturales y jurídicas que aportaron a campañas y celebraron contratos, las principales modalidades de contratación y los montos de los aportes y de los contratos.

Como resultado del análisis, se encontró que la tercera parte de los financiadores (empresas y personas naturales) de las campañas territoriales de 2015, celebraron contratos con el Estado después de haber entregado sus aportes.

A nivel territorial, los contratos fueron adjudicados en su mayoría a través de contratación directa (80%) seguida por contratos celebrados bajo la figura de régimen especial (11%) y licitación (6%). 

La principal modalidad de contratación para aquellos que aportaron a las campañas al Congreso fue el régimen especial (93%), que aplica a entidades que cuentan con excepciones para no usar el régimen de contratación estatal. 

En segundo lugar, se ubica la contratación directa (4%) seguida por licitación, selección abreviada y mínima cuantía con el 1% respectivamente. La contratación por concurso de méritos no alcanza a representar el 1%. 

Para el caso de la Presidencia de la República, se debe tener en cuenta que para las elecciones presidenciales están prohibidos los aportes de personas jurídicas por lo que no aparece en este análisis. 

Tanto en Senado como en Cámara, 42% de este grupo de financiadores, celebraron contratos con el Estado durante los años 2018 y 2019.

Antioquia es el departamento que más concentra contratación con aportantes de campañas. A nivel municipal se ejecutaron 3.067 contratos por valores que superaron el billón y medio de pesos, mientras que, a nivel departamental, se encuentran registrados 518 contratos por $160.243 millones adjudicados a los financiadores del Gobernador y de los Diputados de Antioquia.

Le siguen Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander, con la mayor cantidad de recursos y contratos celebrados con financiadores a campañas.

Y aunque la financiación que realizan empresas y personas a las campañas y partidos en Colombia es un derecho legítimo, que debe promoverse en un marco de plena transparencia, “este análisis nos demuestra que para que sean efectivas las medidas que buscan lograr un mayor control en la relación entre financiamiento de campañas y obtención de contratos públicos, es necesario trabajar más fuerte para cerrar los riesgos de corrupción en la financiación de campañas”, explicó Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.