El Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR), que se va aplicar progresivamente desde esta semana, supondrá novedades para el consumidor. Los envases en contacto con alimentos verán limitadas las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas ( o PFA), que se conocen como ‘químicos eternos’ por ser muy contaminantes. A lo que se sumarán, entre otras cosas, un sistema de etiquetado armonizado para todos los envases de la Unión Europea (UE) en 2 años y la implantación, hasta el 1 de enero de 2029, de un sistema de recogida de envases. También desaparecerán gran parte de las monodosis en restaurantes y hoteles.El nuevo reglamento también supondrá que, a la hora de comprar comida o bebida para llevar, el consumidor pueda llevar su propio envase así como tener la alternativa de un envase reutilizable. Además, de cara a 2030, se obligará reducir los envases excesivamente grandes, los falsos fondos y las capas que den una apariencia de mayor volumen. El espacio vacío en los envases colectivos, para comercio electrónico y el transporte, no podrá superar el 50%.   Límites a sustancias químicas contaminantes «Los consumidores irán cambiando sus hábitos y adaptándose», confía el  portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García. El representante de esta organización de consumidores resalta la relevancia de la limitación de los PFA en los envases para alimentos, ya que «son miles de sustancias químicas que impactan muy negativamente en el medio ambiente». García exige que no se aproveche la nueva normativa para elevar los precios de venta al público. Tanto Enrique García (OCU) como Fernando Bretón (UNIE Universidad) temen que la nueva normativa se traduzca en la subida de precios de algunos alimentos al repercutirse las inversiones realizadas   Expertos como el profesor de UNIE, Fernando Bretón, comparten esta inquietud y admiten «un riesgo de repercusión en el ticket de la compra, especialmente en productos con poco margen» al repercutirse las inversiones realizadas. Sobre la desaparición de los envases monodosis en la hostelería en 2030, Bretón advierte que obligará a «reformular formatos y cambiar las dinámicas de servicio». Para la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), todas estas normas, deben servir para «racionalizar el uso desmedido de envases». Inversiones desde 2004 Para Enrique García, de OCU, otro aspecto importante de la nueva normativa es la reducción del embalaje excesivo «por el enorme problema de residuos que representa». Incluso, sostiene, que la obligación de que el espacio en los envases colectivos para el comercio online y el transporte no sea superior al 50% «reducirá el precio de las mercancías». En el lado de los fabricantes dibujan un sector altamente regulado y muy innovador frente a una normativa cada vez más prolija. La responsable de envases en la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP), Cristina Galán, afirma que «la introducción de esta legislación no significa que los envases empiecen a revisar su composición desde ahora». Galán añade que las inversiones en nuevas tintas o composiciones se remontan a 2004. La representante de la industria plástica exige seguridad jurídica y vigilar que las importaciones de terceros países cumplan las mismas reglas.  «La introducción de esta legislación no significa que los envases empiecen a revisar su composición desde ahora», avisa Cristina Galán desde la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP) Un difícil aterrizajeEl Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que deberá estar listo para enero de 2029, es otra de las novedades y servirá tanto para la recogida como el retorno de envases. En la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) subrayan que «el nuevo sistema conlleva inversiones muy altas así como cambios en sus modelos de negocio». Algo que corrobora Bretón, de UNIE Universidad, quien habla de «un rediseño logístico muy importante» en los puntos de venta.  Desde la OCU, Enrique García, espera que el Gobierno dé luz verde este otoño al real decreto ley que lo desarrollará y destaca que estamos ante «un incentivo más directo para el consumidor» en línea con los países nórdicos. Este experto critica que, con el actual sistema de reciclaje, «el consumidor paga por el reciclaje y no se entera del coste». ¿Misión Imposible para industria y distribución? No hay todavía estimaciones sobre el impacto económico de la nueva regulación, apuntan desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS). Su directora de Sostenibilidad, Ana Rivas, lo justifica en la complejidad de formatos comerciales y categorías de productos. Rivas defiende que su cumplimiento supone «revisar y gestionar información asociada a un elevado número de productos y proveedores».»Las empresas están destinando recursos a la modernización de procesos productivos, el desarrollo de envases más ligeros y eficientes», apunta Paloma Sánchez Tello (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB) Su homóloga en FIAB, Paloma Sánchez Pello, añade que «las empresas están destinando recursos a la modernización de procesos productivos, el desarrollo de envases más ligeros y eficientes». Además de formar a sus equipos humanos para el cambio. Sin embargo, Sánchez Tello ve algunas de las medidas del Reglamento «técnicamente difíciles de llevar a cabo» sino se incluyen periodos transitorios. Expertos como Fernando Bretón, de UNIE Universidad, defienden que hubiera sido mejor empezar por «productos y sectores críticos», a través de «pruebas piloto» para desplegar la nueva normativa. En la patronal de los fabricantes de productos plásticos, Cristina Galán confía en la «versatilidad» del plástico para adaptarse a los cambios y se muestra convencida de que «indudablemente habrá más inversiones». ¿Una responsabilidad de la industria? Desde el lado del consumidor, la responsable de Sostenibilidad de CECU Eva Kreisler defiende «controles de cumplimiento estricto» y cree que la responsabilidad de que los consumidores no estén expuestos a sustancias tóxicas, a través de envases de alimentos,  «no debe recaer en los consumidores sino en la industria» .Desde la organización de consumidores CECU creen que la responsabilidad de que los consumidores no estén expuestos a sustancias tóxicas «no debe recaer en los consumidores sino en la industria» Diseñando nuevas solucionesPero, ¿en qué están empleándose industria y distribución, exactamente? La responsable de Sostenibilidad de la patronal de los supermercados ASEDAS asegura que «la cadena de valor lleva años trabajando para adaptarse a este escenario regulatorio». Lo que, aclara, no se limita a la sustitución de materiales sino que, para reducir el impacto medioambiental, «implica nuevas soluciones de diseño, nuevos modelos de uso, sistemas de reutilización, mejoras en la gestión de residuos y nuevas alternativas tecnológicas».Desde la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Kreisler propone fomentar sistemas de rellenado (refill) y de envases retornables en el súper y la hostelería «que pueden contribuir simultáneamente a reducir la generación de residuos, proteger el medioambiente y aliviar los costes para los consumidores». 

Almaraz seguirá funcionando, al menos hasta 2030. El Gobierno ha renovado la autorización de explotación de los dos reactores de la central nuclear extremeña. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. De este modo, las unidades I y II de la Central Nuclear de Almaraz  podrán seguir operativas al menos hasta el 8 de junio de 2030.El cierre escalonado de la central nuclear estaba fijado inicialmente para el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II, de acuerdo con el protocolo establecido en su día por las compañías energéticas y Enresa, la empresa pública que se encarga de la gestión de los residuos radiactivos. Almaraz no seguirá pues, de momento, el camino de la central de Santa María de Garoña (Burgos), cuyo desmantelamiento se inició en 2023 y está previsto finalice en 2033.Junto con Bélgica, España es el segundo país de la Unión Europea con más reactores nucleares en activo. La distancia respecto al primero de la lista, que es Francia, es enorme. El país vecino cuenta con 56 centrales nucleares y prevé construir entre seis y ocho más en los próximos años.España cuenta con siete reactores nucleares, en cinco centrales. Son Almaraz (I y II), Ascó (I y II), Cofrentes, Vandellós II (en 1989 se cerró Vandellós I) y Trillo. Según el Miteco, la potencia eléctrica instalada entre todas es de 7.398,77 megavatios (MW).¿Por qué sigue Almaraz?El Gobierno ha decidido prolongar la vida de Almaraz hasta junio de 2030, tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. En la orden publicada este viernes en el BOE se dice que el actual contexto de incertidumbre energética internacional aconseja adoptar medidas que contribuyan a reforzar la resiliencia del sistema eléctrico español. Según la resolución, la extensión de operación contribuirá a reducir en torno a un 7% la generación eléctrica con gas natural respecto al escenario de referencia considerado. El texto asegura que esta medida no compromete los objetivos nacionales de energías renovables ni las metas europeas de descarbonización.Almaraz ha venido aportando casi un tercio de la energía nuclear que se genera en España, según Red Eléctrica Española. En la primera mitad de 2024, de los más de 125.000 gigavatios hora de energía creados en España, el 19% (24.476) vino de la energía nuclear. De ese 19%, 7.430 gigavatios hora se produjeron en Extremadura (el 30%).Cinco centrales nucleares, siete reactoresLa central extremeña prolonga su vida, al menos, hasta 2030 y seguirá integrando el parque nuclear español. Estas son las centrales en servicio y los planes que hay para ellas.Almaraz IUbicación: Almaraz (Cáceres) Año inicio explotación comercial: 1983 Explotación: hasta junio de 2030 Titular: Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) Propietario: Iberdrola Generación Nuclear (52,7%), Endesa Generación (36,0%) y Naturgy Energy Group (11,3%) Potencia eléctrica: 1.049,40 MWAlmaraz IIUbicación: Almaraz (Cáceres) Año inicio explotación comercial: 1984 Explotación: hasta junio de 2030 Titular: Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) Propietario: Iberdrola Generación Nuclear (52,7%), Endesa Generación (36,0%), Naturgy Energy Group (11,3%) Potencia eléctrica: 1.044,50 MWAscó IUbicación: Ascó (Tarragona)Año inicio explotación comercial: 1984 Explotación: hasta octubre de 2030 Titular: Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV) Propietario: Endesa Generación S.A. (100%) Potencia eléctrica: 1.032,50 MWAscó IIUbicación: Ascó (Tarragona) Año inicio explotación comercial: 1986 Explotación: hasta octubre de 2031 Titular: Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV) Propietario: Endesa Generación (85%) e Iberdrola Generación Nuclear (15%) Potencia eléctrica: 1.027,21 MWCofrentesUbicación: Cofrentes (Valencia) Año inicio explotación comercial: 1985 Explotación: hasta noviembre de 2030 Titular: Iberdrola Generación Nuclear Propietario: Iberdrola Generación Nuclear Potencia eléctrica: 1.092,02 MWVandellós IIUbicación: Vandellòs i L’Hospitalet de l´Infant (Tarragona) Año inicio explotación comercial: 1988 Explotación: hasta julio de 2030 Titular: Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV) Propietario: Endesa Generación (72%) e Iberdrola Generación Nuclear (28%) Potencia eléctrica: 1.087,14 MWTrilloUbicación: Trillo (Guadalajara) Año inicio explotación comercial: 1988 Explotación: hasta mayo de 2035 Titular: Centrales Nucleares Almaraz-Trillo Propietario: Iberdrola Generación Nuclear (49%), Naturgy Energy Group (34,5%), EDP HC Energía (15,5%) y Endesa Generación (1%) Potencia eléctrica: 1.066,00 MWEn casi todos los casos se repite una fecha: 2030. Es el año en que, según lo previsto, acabará su explotación. Las excepciones son las centrales nucleares de Ascó II y Trillo cuyo cierre se apunta para 2031 y 2035, respectivamente.

Detrás de la alianza estratégica entre Washington y Rabat se esconde un complejo tablero geopolítico que sitúa a España ante un escenario delicado. Los motivos que empujan a la primera potencia mundial a respaldar los intereses marroquíes responden a una red de acuerdos militares, comerciales y de inteligencia con impacto directo en la seguridad del norte de África y el área del Estrecho.Esta relación de beneficio mutuo se ha acelerado en los últimos años, consolidando a Marruecos como un socio prioritario de la Casa Blanca en la región. Mientras este eje se refuerza mediante contratos multimillonarios de armamento de última generación y el reconocimiento diplomático estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, Madrid gestiona la situación condicionado por su posición de aliado de Washington y por la presión vecinal en su frontera sur. El peso diplomático de los actores refleja un desplazamiento en los equilibrios tradicionales en materia de control migratorio, aguas territoriales y la situación de Ceuta y Melilla. Con un Marruecos respaldado por la política exterior estadounidense, el marco geopolítico regional entra en una fase de revisión que afecta de manera directa a la posición estratégica de España en el norte de África. Ormuz y los fosfatos La velocidad con la que se ha estrechado este lazo responde en gran medida a factores de urgencia macroeconómica en Oriente Medio. La escalada bélica con Irán ha añadido un motivo de peso para que Estados Unidos asegure su relación con Rabat: el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz ha convertido a los fosfatos en un punto de encuentro crítico entre ambas naciones. Como medida de emergencia frente a esta crisis de suministro, Donald Trump suspendió temporalmente parte de los aranceles que Estados Unidos aplicaba a los fertilizantes fosfatados procedentes de Marruecos. La Casa Blanca reconoció que la producción agraria estadounidense no bastaba para cubrir las necesidades de su campo y que expandir la capacidad interna requeriría un margen de tiempo inexistente en mitad de las hostilidades internacionales. Antes del conflicto, un tercio de la urea comercializada en el mundo y casi la mitad del azufre transportado por vía marítima transitaban por las aguas de Ormuz. El cierre de esta vía alteró los flujos logísticos globales e impactó de lleno en la industria de los fertilizantes, que dependen del azufre para su fabricación. Aunque el acuerdo provisional firmado entre Washington y Teherán el pasado 15 de junio permitió reactivar algunos cargamentos, la acumulación de barcos atrapados evidencia que la normalización total sigue siendo compleja.En este escenario de vulnerabilidad en los suministros, Marruecos destaca al poseer la mayor concentración de reservas mundiales de fosfato del planeta. A través de la corporación estatal OCP, el país ejerce un papel clave en los mercados internacionales, mostrando un músculo financiero que permitió a la compañía colocar 1.500 millones de dólares en su primer bono híbrido internacional, una emisión ejecutada a pesar de la parálisis temporal del mercado de deuda en Oriente Medio por la volatilidad iraní. Una alianza militar de primer orden Los fertilizantes explican el decreto arancelario, pero la profundidad de la relación bilateral abarca acuerdos estructurales más amplios. Marruecos ostenta la condición de Major Non-NATO Ally (Aliado importante no miembro de la OTAN) de Estados Unidos desde el año 2004. Este estatus facilita al país el acceso a programas avanzados de cooperación militar, manteniendo programas de entrenamiento conjunto estables entre ambos ejércitos.El mayor exponente de esta sintonía militar es el ejercicio African Lion 2026, las maniobras anuales más importantes que el Pentágono despliega en el continente africano y que reunieron el pasado mes de marzo a más de 5.600 efectivos procedentes de 40 países. De ese contingente, unos 5.000 soldados operaron en territorio marroquí, participando en maniobras de fuego real que incluyeron operaciones terrestres, marítimas, aéreas y de fuerzas especiales.A través de esta cooperación, Washington asegura un socio estable en la región en términos de inteligencia, acceso militar y lucha antiterrorista. Por su parte, la Casa Blanca respalda la posición de Rabat en el Sáhara Occidental no solo en el plano diplomático, sino también mediante financiación económica sobre el terreno.Prueba de ello es que la U.S. Trade and Development Agency aprobó una partida de 5,7 millones de dólares para financiar los estudios de viabilidad de una futura planta de amoniaco en el Sáhara Occidental, valorada en 4.500 millones de dólares.Esta medida constituye la primera financiación de la administración estadounidense para un proyecto privado en el territorio disputado, seis años después de que el Gobierno de Estados Unidos reconociera formalmente la soberanía marroquí sobre la antigua colonia.Madrid ante el eje Washington – RabatEsta implicación económica directa de Estados Unidos difiere de la posición mantenida por España respecto al conflicto saharaui. Si bien Madrid considera desde 2022 que el plan de autonomía propuesto por Rabat es la base “más seria, realista y creíble” para una solución, no ha realizado un reconocimiento jurídico formal de soberanía, un umbral que Washington ya ha superado al acompañar su discurso político con capital sobre el terreno.Esta diferencia de enfoque coincide con momentos de fricción en las relaciones hispano-marroquíes. La frontera de Ceuta registró tensiones debido a intentos de entrada masiva de personas desde Marruecos, una situación que se sumó a las declaraciones del Gobierno marroquí reivindicando la soberanía sobre Ceuta y Melilla, una postura que el Ejecutivo español rechazó de forma tajante.No obstante, la fricción política coexiste con compromisos mutuos obligatorios, siendo el más destacado la organización conjunta del Mundial de Fútbol de 2030 junto a Portugal. Con la vista puesta en esta cita, Rabat ejecuta un plan de infraestructuras de 20.000 millones de dólares que incluye la construcción del estadio Hassan II, diseñado con capacidad para 115.000 espectadores con el objetivo de albergar la final del torneo. Los acontecimientos indican que la estrategia exterior de Estados Unidos no requiere elegir entre su relación histórica con Españay su socio estratégico en el norte de África. La crisis en el estrecho de Ormuz ha operado como un recordatorio de que, ante fallos en los suministros globales y tensiones geopolíticas, Marruecos cuenta con recursos y posiciones que Washington considera esenciales dentro de su esquema de seguridad.