Publicado: agosto 11, 2021, 12:18 pm
A partir del 2023 se reducirá en Colombia la jornada laboral de 48 a 47 horas semanales y de allí hasta llegar a 42 horas en el 2026, esto ha generado incertidumbre tanto entre los analistas como en los empresarios.
Según motivos del proyecto, esta reducción busca generar e incentivar la productividad, así como generar nuevo empleo. Así mismo, plantea la necesidad de implementar cambios que logren armonizar más la relación entre vida laboral y la personal, buscando que los trabajadores pasen mayor tiempo en familia, ampliando sus conocimientos en temas educativos y logrando un mejor descanso, y en consecuencia mejorando la productividad.
Aunque la ley de reducción de la jornada laboral parte de buenas intenciones, el estado actual del sistema de protección social haría que opere como otro impuesto implícito al empleo formal, según lo describe Andrés Ham y Juanita Ruiz, de la Escuela de Gobierno, de la Universidad de los Andes.
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“Dado que hay varios de esos impuestos implícitos actualmente en vigencia, esta ley puede llegar a contribuir a un aumento de la informalidad laboral si no se complementa con aumentos en la productividad”, expresaron los académicos.
Una afirmación que espera ser el punto de partida de una discusión sobre los potenciales efectos positivos y negativos de esta nueva medida. Se trata de la Ley 212 de 2019 (en el Senado) o la Ley 489 del 2020 (en la Cámara) que fue recientemente aprobada y que disminuirá la jornada semanal obligatoria de 48 a 42 horas de forma gradual los próximos cinco años.
De acuerdo con datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane para el primer trimestre de 2021, el 46,6 % de los trabajadores en el país labora menos de 48 horas y 53,4 % lo hace la jornada completa o más horas. Es decir que alrededor de la mitad estaría siendo afectado por esta medida y a su vez generando cambios en las empresas y en los sectores formales, en un país donde la tasa de informalidad supera el 60 %.
Un recorrido por estos datos también revela que se afectarán en gran parte hombres jóvenes, de zonas urbanas y con educación técnica y tecnológica o menos. En contraste, los trabajadores informales suelen trabajar menos de 48 horas semanales, en su mayoría son mujeres, tienen menor nivel educativo y habitan en zonas rurales.
En su columna “Trabajadores afectados por reducción de la jornada laboral”, los investigadores señalan que se podría generar altos costos para las empresas, especialmente en el sector formal: esto dado por la reducción de horas trabajadas mientras los salarios permanecen constantes.
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En un ejercicio, con fines ilustrativos, Ham y Ruiz estimaron el costo aproximado de la medida en pesos y como porcentaje del PIB para el sector formal: Si todos los trabajadores mantienen sus empleos y su mismo salario, pasar de 48 a 42 horas semanales implica un costo total mensual de 29.000 millones de pesos (0,0029 % del PIB 2020).
“Este costo total sería escalonado a través de varios años, ya que la ley indica que se pasa de 48 a 47 horas en 2 años, desde la entrada en vigencia de la ley, a 46 horas en 3 años, a 44 horas en 4 años y a 42 horas en 5 años”, describe el artículo que además aclara que se trata de cifras sugestivas, porque el costo real está sujeto a otros factores que no se consideran en este análisis.
La consecuencia de este costo, agregan los expertos, es que a largo plazo podría existir una destrucción de empleos. De ahí la importancia de complementar la nueva medida con aumentos en la productividad. Una propuesta que se pone sobre la mesa en este camino que plantea la nueva ley para Colombia.
