Publicado: marzo 5, 2020, 10:38 am
Un informe elaborado por la Comisión Internacional de la Cruz Roja reveló que los actos violentos en el país se han recrudecido en los últimos meses, a pesarse haberse firmado un acuerdo de paz.
Según los datos registrados, en 2019 hubo al menos un total de 987 violaciones al derecho internacional humanitario en departamentos como Chocó, Nariño, Arauca y Córdoba.
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Los grupos armados al margen de la ley y las disputas por el territorio siguen siendo las principales razones por las cuales las violaciones a los derechos humanos se siguen presentando en el país y van en aumento desde hace tres años.
«El recrudecimiento de las acciones armadas indica que las promesas de paz aún no se han materializado en las regiones más vulnerables donde no ha habido una consolidación integral de la presencia del Estado y donde la llegada de migrantes implica nuevos desafíos», relató el informe.
Del total de violaciones a los derechos humanos cometidas en 2019, el 77% corresponden a amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamientos de menores.
Por ejemplo, en el caso de las desapariciones, el informe reveló que el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 93 casos en 2019. De acuerdo con el balance, la dimensión de las desapariciones incluye a más de 83.000 víctimas y no muestra señales de detenerse. «Aunque tuvimos información sobre 913 de las 2.158 personas que estamos buscando, solo se resolvieron 116 casos, eso evidencia que encontrar a las personas que faltan es una tarea titánica», precisó el balance.
Por otra parte, otro flagelo que afecta a los colombianos de las regiones es el del desplazamiento. El informe reveló que el año pasado los desplazamientos masivos sumaron 25,303 personas, mucho mayor a 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, cuya cifra fue de 13,809.
Finalmente, el informe mostró que los explosivos continúan siendo un grave problema de salud pública. En 2019, el CICR registró 352 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, entre ellas 159 civiles, cifras que a todas luces preocupan al Comité porque «destruyen familias, proyectos de vida y tienen un efecto permanente en la vida de las víctimas».
