“No hay forma de detener a un pueblo que tiene hambre, que está muriendo por falta de medicinas, a un pueblo que agoniza porque el Estado no le proporciona los servicios públicos básicos”.
Las palabras del director de Migración Colombia, Christian Krüger, se produjeron luego de que miles de venezolanos irrumpieran en territorio colombiano en busca de ayuda y pasando literalmente por encima de la Guardia Nacional en el puente Simón Bolívar.
#VIDEO | «Responsabilizo al usurpador Maduro por lo que le puede llegar a suceder a toda la población que está transitando diariamente entre los dos países (Colombia – Venezuela)»: Christian Krüger Sarmiento, director General de Migración Colombia https://t.co/InUHb1S2Vt pic.twitter.com/FLlia1rKmH
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) 2 de abril de 2019
En una frontera cada vez más caliente, ayer se produjo además un incidente diplomático luego de que el Embajador de Rusia en Bogotá, Sergei Koshkin, enviara una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, advirtiendo que cualquier tipo de incursión a Venezuela que sea respaldada por los países que han apoyado a la oposición al régimen de Nicolás Maduro –como es el caso de Colombia– será interpretada por Moscú como una amenaza a la paz y a la seguridad internacional.
“El uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros Estados que respaldan a la oposición será interpretado por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia como un acto de agresión contra un Estado soberano y una amenaza a la paz y seguridad internacionales”.
La carta produjo una reacción inmediata del Canciller, Carlos Holmes Trujillo, quien señaló: «El Gobierno de Colombia rechaza enfáticamente la declaración del Consejo de la Federación de la Asamblea Rusa sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela. Las acusaciones contenidas en dicha declaración no corresponden a la realidad y constituyen una distorsión de la posición de Colombia».
Colombia rechaza enfáticamente la Declaración del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela, adoptada en Moscú el 27 de febrero de 2019. pic.twitter.com/L9o0uwltzt
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) 2 de abril de 2019
“Nuestra posición es clara, Colombia no está en el plan de agredir a ningún Estado”, señaló por su parte el presidente, Iván Duque, al reiterar que su gobierno ha sido muy enfático en decirle a la comunidad internacional “que hemos sido consecuentes con la Carta Interamericana para que no existan dictaduras en el continente y por eso tanto en el Grupo de Lima como en la OEA y en todos los foros multilaterales hemos dicho que lo que se debe profundizar es el cerco diplomático».
En un momento en el que el régimen vecino está implosionando y haciendo uso de una fuerza cada vez más desmesurada para mantenerse en el poder, Colombia ha sentido el impacto de la llegada de más de 1 millón de venezolanos.
En efecto, según las cifras oficiales, el costo anual de la inmigración se estima en medio punto del PIB: unos US$1.500 millones o $5 billones.Tan grave se ha tornado la situación, que el gobierno se vio obligado a revisar la Regla Fiscal, una especie de camisa de fuerza en materia de gasto público, contando para ello con el aval del FMI y de la OCDE, dada la magnitud del desafío que plantea la inmigración descontrolada.
Según un análisis del Comité Asesor de la Regla, que sirvió para determinar los nuevos compromisos del gobierno, el flujo migratorio proveniente de Venezuela podría alcanzar un rango entre 2,3 y 2,7 millones de personas, que generan un choque anual sobre el gasto de 0,5% del PIB en promedio.
Por ello, el Comité accedió a suavizar las metas fiscales en un porcentaje equivalente al 0,5% del PIB en los próximos 5 años, lo cual es consistente con las presiones de gasto asociadas a la atención de la población en el corto y mediano plazo.
“El espacio permitido será decreciente en el tiempo, empezando en 0,5% del PIB en 2019 y decreciendo en 0,1 puntos porcentuales cada año hasta 2024, año en el cual -de mantenerse los supuestos sobre los ciclos-, el déficit total deberá converger a la meta estructural de 1,0% del PIB”.