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El Gobierno no prolongará más allá de este año las ayudas a los fertilizantes, pero garantiza el apoyo al sector en 2027

Los ministros de Economía y Agricultura, Carlos Cuerpo y Luis Planas, han mantenido un encuentro este lunes con los representantes de la industria agroalimentaria, los fabricantes de fertilizantes y los de piensos para alimentación del ganado, así como de los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y UGT. Una reunión que se enmarca en la ronda que está manteniendo el vicepresidente primero del Gobierno, para abordar las medidas destinadas a paliar los efectos del conflicto en Oriente Próximo más allá del 30 de septiembre. En la misma, el Ejecutivo ha garantizado su apoyo al sector agroalimentario después de que caduque el actual paquete de medidas. En conversación con ‘La Información Económica’ el presidente de la Confederación Nacional de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFC), Fernando Antúnez, ha confirmado que los ministros no contemplan prolongar las actuales ayudas a la compra de fertilizantes – de 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y de hasta 38,33 euros para los de secano – más allá de este año. Fuentes del Gobierno han asegurado tras la reunión que han trasladado al sector agroalimentario «la voluntad  de seguir apoyándole tras finalizar la vigencia del actual Plan de Respuesta al impacto de la guerra de Irán». Esto es, a cierre de este artículo, el próximo 30 de septiembre. A principios de este mes, el Ministerio de Agricultura anunció el abono de 494,57 millones de euros por este concepto a 249.000 agricultores.En la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) hablan de un sobrecoste energético de cerca de 7.400 millones de euros para la industria manufacturera y se posicionan a favor de prorrogar las medidas por la guerra en Irán más allá del próximo 30 de septiembre, «especialmente las vinculadas al transporte y los combustibles profesionales». Entre las propuestas que han realizado a ambos ministros «ayudas directas para que las empresas eviten que los sobrecostes energéticos, logísticos o aseguradores puedan comprometer su actividad», así como reforzar y adaptar los «instrumentos públicos de apoyo a la internacionalización» que ofrezca a las empresas alternativas para su financiación, así como avales y liquidez en un contexto en que el riesgo aumenta. «Preocupación» por la escalada del gasóleo El representante de los fabricantes de piensos para la alimentación animal y presidente de Cesfac, aplaude todas los apoyos a los productores adoptados hasta la actualidad en lo relacionado con insumos como los fertilizantes. Sin embargo, ha mostrado su «preocupación» por la escalada del gasóleo. Antúnez añade que este repunte coincide con «mala cosecha de cereal nacional, que incrementa nuestra dependencia del exterior». Antúnez (Cesfac) lamenta que esta situación se produzca «con la segunda mejor cosecha mundial de la historia» aunque con un repunte de los precios por la compleja geopolítica actual caracterizada por los conflictos de Estados Unidos con Irán y la guerra en Ucrania, que ya está afectando a infraestructuras por las que exporta su grano este último país. El presidente de la asociación que agrupa a los fabricantes de piensos anima apunta que traer materia prima es cada más complejo. «No hay suficiente soja, por ejemplo. Estimamos un sobrecoste de 40 euros por tonelada en la carne de porcino y hasta 15 euros en la de pollo», apunta Antúnez.Un polémico reglamento . También han pedido una prórroga que les permita adaptarse al nuevo Reglamento Europeo, que impedirá desde el 1 de enero importar materias primas y derivados de territorios desforestados después de 2021 en el caso del ganado bovino, el café, el chocolate o la madera. «Muchos importadores nos dicen que faltan mercados», advierte Antúnez.  Según el ‘Balance de Cereales’ del Ministerio de Agricultura para la campaña 2025-2026 España tendrá unas necesidades estimadas de 37,66 millones de toneladas de las que 27,71 millones se dedicarán a alimentación animal. Las estimaciones de cosecha de cereal para 2025-2026 en España se sitúa en 18,6 millones de toneladas, esto es por debajo de la media de las cinco campañas precedentes (19,47 millones de toneladas).Ronda de contactos de Cuerpo La reunión se ha produce dentro de los encuentros de Cuerpo con diferentes sectores económicos para abordar las medidas contra el repunte de precios más allá del 30 de septiembre, cuando está previsto que venza el actual paquete de medidas. Ambos han recordado que el actual plan tiene un capítulo agro específico de 1.107 millones de euros, incluida a la ayuda a la compra de fertilizantes. A la cita con los titulares de Economía y Agricultura han acudido la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación Española de Fertilizantes (ACEFER), la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE) así como de la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA). También han acudido miembros de la Confederación Nacional de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC), la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE) y de los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras. 

La ola de inflación por Irán llega antes a España y abre una nueva brecha de precios con el resto de la UE

Como si de un terremoto se tratase, la guerra en Irán ha provocado una crisis energética que se extiende por el mundo en forma de ola que va ganando envergadura. El incremento en los precios del petróleo y el gas está calentando los precios del consumo, un fenómeno que ya se observa claramente en varios países. Sin embargo, este nuevo brote inflacionario no está llegando igual de rápido a todo el mundo. Como ya sucediera con la crisis de precios iniciada en el 2021, la ola parece haber alcanzado a España antes que a la mayoría de Estados de la eurozona. El último Índice de precios de consumo armonizado (IPCA) europeo, publicado el pasado jueves, refleja que se está abriendo una nueva brecha inflacionaria entre España y el conjunto de países del euro. En agosto, el coste de la vida se disparó un 4,6% en comparación con el mismo mes del año pasado, frente al 3,2% que se registró en la eurozona. Esta última lectura sitúa a España como el quinto país de la UE donde más rápido está aumentando la inflación -solo por detrás de Rumanía, Lituania, Chipre y Bulgaria- y el tercero donde más se ha aceleró entre julio y agosto. Esto ha provocado que se ensanche aún más la brecha de precios que existe entre España y la eurozona, que ya es de 1,4 puntos porcentuales. Para encontrar una diferencia mayor hay que remontarse a agosto de 2022, cuando el shock inicial de la guerra en Ucrania todavía coleaba. 
Esta brecha es relevante porque puede acabar restando competitividad a la economía española si se mantiene durante mucho tiempo. Los consumidores de bienes y servicios que se producen en España pueden acabar sustituyéndolos por los de otros países que ofrezcan mejores precios. Máxime cuando el diferencial de inflación entre España y las grandes economías europeas -Alemania, Francia e Italia- está por encima de la media. Mientras que España registra un IPCA del 4,6%, Italia tiene la inflación en el 3,2%; Alemania, en el 2,9% y Francia, en el 2,6%. 
La llegada de la ola inflacionaria más rápido a España que a otros países europeos recuerda a lo que ya sucedió hace cinco años. La crisis inflacionaria de 2021 (la peor en 40 años), que se vio agravada por la guerra en Ucrania, se empezó a notar antes en España que en el resto de la UE. No obstante, la inflación también se redujo antes y más rápido que en el conjunto de países del euro. La energía y una subyacente que ya estaba ‘caliente’ son los sospechosos Los factores que explican por qué el coste de la vida está subiendo más rápido en España que en otros países europeos tienen mucho que ver con los precios de la energía y con lo que se conoce como inflación subyacente. El IPCA europeo muestra que España es uno de los países que peor ha logrado contener el subidón en los precios de la energía. En agosto, esta rúbrica se disparó un 17,1% en España, el quinto país donde más aumentó del Viejo Continente. Aunque Italia iguala el dato, el incremento es superior al de Francia (16,5%), Alemania (9,4%) y la media de la eurozona (14,3%). 
Esta diferencia se debe fundamentalmente a la factura de la luz y no a los combustibles. En el caso de España, esta rúbrica se ha encarecido un 9,2%, más del triple que en el conjunto de la eurozona (2,8%). Los carburantes, que son el producto más afectado por la guerra en Irán se dispararon un 23,9% en agosto. Sin embargo, aunque la subida es dramática, es algo inferior a la media de países del euro (24,5%), Alemania (27,5%) o Francia (27,4%).A la cuestión de la energía hay que añadirle que el estallido de la guerra en Irán pilló a España con una inflación subyacente superior a la de la eurozona. Este indicador mide las subidas de precios, pero sin tener en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados, que son muy volátiles. Esta medida sirve para conocer hasta qué punto los precios más estables se están calentando, es una suerte de termómetro que muestra hasta qué punto una subida de precios que es coyuntural se puede acabar convirtiendo en algo más serio. En España, la inflación subyacente era del 3,2% en agosto (dos décimas menos que en julio), claramente por encima del 2,1% del conjunto de la eurozona o el 1,2% de Francia, 1,2% de Italia o 2,3% de Alemania. Si cogemos el bisturí y diseccionamos lo que está ocurriendo en ese enorme cajón que es la inflación subyacente se observa que los servicios tienen mucho que ver. El precio de los servicios se incrementó un 4% en agosto frente al 3% en la eurozona. Y en particular, dentro de los servicios llama la atención la fuerte subida en los precios del alojamiento turístico (hoteles, hostales, pensiones…) que se dispararon un 9,4% en agosto frente a un 4,7% en la eurozona.Más allá de ello, España supera al conjunto del euro en la mayoría de grandes grupos de bienes y servicios. Es el caso de los alimentos (2,3% en España frente a un 0,7% en Europa); la ropa y el calzado (2,3% y 0,6%, respectivamente); los muebles y artículos para el hogar (1,3% y 0,6%); la información y las comunicaciones (3,2% y 1,8%) o las finanzas y seguros (3,4% y 2,8%).

El INE revisa dos décimas a la baja el crecimiento de 2025 por el menor empuje de consumo e inversión

La economía española creció menos de lo previsto el año pasado. Lo hizo un 2,6%, dos décimas menos de lo que había estimado hasta ahora el Instituto Nacional de Estadística, porque el consumo de los hogares empujó con menos fuerza. Con todo, el avance siguió siendo robusto, en un contexto internacional marcado por la guerra de aranceles desatada por Donald Trump, los efectos de la invasión rusa en Ucrania y la incertidumbre. El INE ha publicado este viernes la revisión del producto interior bruto (PIB) anual del periodo que va de 1995 a 2025. Esta actualización eleva dos décimas el crecimiento del ejercicio 2024, hasta el 3,7%, al tiempo que fija como definitiva la evolución del año 2023 y la sitúa en el 2,4%, una décima inferior a la que había calculado hasta la fecha. Con todos estos cambios, el PIB anual a precios corrientes alcanzó los 1,693 billones de euros en el último año, un 0,5% superior al nivel calculado inicialmente.El año pasado la demanda interna (consumo e inversión) aportó 3,4 puntos porcentuales al crecimiento económico y no 3,5, como se pensaba. Pese a que España superó los 22 millones de ocupados y la tasa de paro se situó en torno al 10% de la población activa, el encarecimiento del coste de la vida y sobre todo de la vivienda se hizo sentir en los presupuestos familiares.Así, el consumo de los hogares se revisa tres décimas a la baja, hasta el 3,1%; el de las administraciones públicas se mantiene en el 2,4% y destaca el comportamiento de la inversión, que se eleva dos décimas hasta el 6%. Por su parte, la demanda externa, que incluye las exportaciones y las importaciones, resta una décima más respecto al cálculo anterior (0,8 puntos frente a 0,7), ya que el incremento de las exportaciones se desaceleró un punto al 2,6% en medio de la incertidumbre global. En el caso de las importaciones, aumentaron un 5,5%, frente al 6,2 % estimado.Noticia en ampliación…

Banco Santander contempla un ERE para sus filiales tecnológicas

Banco Santander prosigue con su estrategia de reducir costes para ser más eficiente y planea acometer un proceso de reestructuración de plantilla en dos sociedades tecnológicas, en las que trabajan alrededor de 13.000 personas a nivel mundial. Se trata de Santander Digital Services (SDS) y Santander Global Technologies and Operations (SGTO), que se fusionaron en julio, y Gravity, cuyo tamaño es más reducido. Fuentes sindicales trasladan a La Información Económica que la entidad se ha dirigido a los representantes de los trabajadores para iniciar las conversaciones. La entidad enmarca el proceso en la necesidad de eliminar duplicidades de puestos que ha generado la citada fusión, así como la finalización de algunos proyectos tecnológicos y que han derivado en que ahora haya sólo una plataforma tecnológica común para todos los mercados del banco y no varias, como ocurría antes. Ambas compañías prestan servicios a las filiales del Grupo Santander en todos los mercados en los que opera. Sin embargo, el banco ahora necesita menos proyectos y servicios tecnológicos, ya que el despliegue de Gravity, la plataforma tecnológica en la nube del Santander, acabará de implantarse en todos los países en los que el Grupo está presente a finales de este año una vez se materialice su despliegue en Brasil. En cualquier caso, todavía no se ha constituido la mesa negociadora ni se conoce el número aproximado de bajas que planean. Es el primer ERE que Banco Santander presenta desde la pandemia de Covid-19. En aquella ocasión se saldó con una reducción de la plantilla de unas 4.000 personas, alrededor del 13% de la plantilla de ese momento, así como el cierre de más de 900 sucursales y la recolocación de unos 1.000 empleados.En paralelo a esto, la entidad liderada por Ana Botín también está inmersa en un plan de prejubilaciones para mayores de 55 años, que no cuenta con una cifra concreta de salidas, sino que persigue crear un marco para acogerse de manera voluntaria. No obstante, hace unos meses se cifró en entre 2.000 y 3.000 personas las bajas. En la práctica esto da al banco poder para vetar ciertas salidas y los trabajadores no están obligados a acogerse a dicho plan. Las condiciones negociadas con los representantes de los trabajadores ofrecen hasta el 74% del sueldo para empleados de entre 55 y 57 años, siendo del 76% para mayores de 58 años. En este sentido, el banco asumirá el coste del convenio especial hasta los 63 años y seis meses, y brinda la posibilidad de ampliarlo hasta los 64 a través del prorrateo de la asignación económica. El objetivo pasa por facilitar el acceso a la jubilación con hasta el 95% de la pensión. Como parte de las condiciones, la entidad se ha comprometido a mantener el seguro de vida colectivo, las aportaciones al plan de pensiones hasta que la jubilación se haga efectiva y las condiciones del acuerdo sobre préstamos, que permite a los empleados acceder a financiación en condiciones más ventajosas en hipotecas y créditos personales. Cuando se cerraron los requisitos del acuerdo, que estará vigente hasta 2028, Comisiones Obreras estimó entre 800 y 1.000 salidas anuales. Dos meses después, la organización precisa que sigue habiendo más solicitudes para acogerse al plan de los que pueden irse.