Cuenta atrás para la reunión del Banco Central Europeo (BCE) que, con toda probabilidad, ejecutará la primera subida de los tipos de interés oficiales en casi tres años -situará su tasa de referencia en el 2,25%- y en la que presentará sus nuevas perspectivas económicas. El organismo cuenta con información más detallada sobre el impacto de la guerra en Oriente Próximo en la economía de la zona euro. La actividad en la región se contrajo un 0,2% entre enero y marzo en su primer retroceso desde el cuarto trimestre de 2022, en plenos coletazos de la invasión rusa de Ucrania. Al mismo tiempo, la inflación escaló al 3,2% el mes pasado, su nivel más alto desde septiembre de 2023. De Pimco a Vanguard, las grandes gestoras mundiales dan por hecho que el de mañana no será un movimiento aislado, sino el inicio de un ciclo de endurecimiento de la política monetaria. Esto, traducido a la economía real implica un crédito más caro que obligará a familias y empresas a ir con pies de plomo a la hora de endeudarse para invertir o para adquirir bienes de consumo duradero como un coche o un electrodoméstico. Tanto el consumo como la inversión han ejercido de motores de la economía europea, de ahí que el BCE no pueda permitirse ser demasiado agresivo en sus movimientos. Necesita que la actividad se enfríe para que los precios no suban demasiado, pero no tanto como para provocar un estancamiento. «Endurecer la política monetaria de forma demasiado agresiva corre el riesgo de estrangular una recuperación ya frágil», explican desde Vontobel.De momento, las firmas de referencia en el mundo de la inversión prevén que habrá otra subida adicional de los tipos de interés de aquí a final de año, así como una tercera antes de que concluya el primer trimestre de 2027. “Creemos que el BCE subirá el tipo de la facilidad de depósito en 25 puntos básicos, hasta el 2,25%”, sostiene Konstantin Veit, de Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo. La facilidad de depósito es la tasa que marca la evolución del euríbor de las hipotecas, del coste de los préstamos o del de las tarjetas que ofrecen los bancos.»En esta fase, no esperamos que el BCE suba los tipos de forma agresiva, y consideramos menos probable que haya más de dos subidas», añade el experto de Pimco. Analistas y gestores parecen coincidir en que ese segundo incremento llegaría después del verano. Dada la incertidumbre política sobre la guerra en Irán y la volatilidad de los precios del petróleo, «seguimos esperando una nueva subida de tipos en septiembre, ya que tanto la inflación como las expectativas de inflación han repuntado», apunta Karsten Junius, de J. Safra Sarasin Sustainable AM. Sin embargo, el economista no contempla una tercera subida de tipos este año y considera que las previsiones del mercado que apuntan en esta línea son «demasiado agresivas». El BCE necesita actuar de forma más decidida para contener tanto las presiones inflacionistas directas como sus efectos de segunda ronda (la subida de precios genera un incremento de los salarios que vuelve a tensar los precios), en opinión de David Zahn, de Franklin Templeton. En comparación con la respuesta relativamente prudente que mostró en 2022 tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, «esperamos una postura de endurecimiento monetario más agresiva en esta ocasión», añade el experto.Dos subidas de tipos «preventivas» Las expectativas de los consumidores son la clave de lo que está por venir. La encuesta sobre precios al consumo del BCE revela que los hogares esperan que los precios suban un 4% en los próximos doce meses, antes de moderarse hasta el 2,9 % en un horizonte de tres años, cifras que se sitúan claramente por encima del objetivo a medio plazo del 2% del BCE, tal y como recuerdan desde Muzinich&Co. En Vanguard consideran que las dos alzas previstas este año deben interpretarse como subidas preventivas, destinadas a contrarrestar el riesgo de efectos de segunda ronda y de un desanclaje de las expectativas de inflación tras la crisis energética. Aunque la zona euro parte de una posición más favorable que en 2022, «el reciente cambio en la comunicación sugiere que el Consejo de Gobierno ya no se encuentra en una mera actitud de espera y está dispuesto a actuar a medida que resurjan los riesgos de inflación», precisan desde Vanguard, la segunda mayor gestora del mundo por activos. En su caso, contemplan que el ciclo de endurecimiento siga siendo limitado y reversible, con una nueva flexibilización de la política monetaria en 2027 a medida que el choque energético vaya remitiendo.

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La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda y el director de la Oficina de Asuntos Económicos de Moncloa, Manuel de la Rocha han comparecido este martes en el Congreso para dar cuenta de los movimientos de la familia Escribano en Indra. La primera ha admitido este martes que el holding público acabó frenando la fusión entre Indra y EM&E, el negocio familiar de los empresarios madrileños, al considerar insuficientes las medidas adoptadas para aislar el conflicto de interés derivado de la posición de Ángel Escribano, entonces presidente de la compañía tecnológica y de defensa. El segundo ha negado cualquier relación con el nombramiento y cese de Escribano al frente de la cotizada.Durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Gualda ha explicado que la SEPI respaldó inicialmente el «encaje estratégico» de una potencial operación entre Indra y EM&E, una posición que fue trasladada por los consejeros designados por el Estado en una reunión celebrada en diciembre de 2025. Sin embargo, posteriormente el análisis técnico y jurídico del holding público concluyó que el conflicto de interés seguía teniendo una influencia relevante en el proceso. «A pesar de las medidas puestas en marcha, como la comisión ‘ad hoc’, la determinante influencia que el conflicto estaba teniendo en el análisis de la operación hacía necesario que se despejara», ha señalado. Según ha detallado, la SEPI entendió que el trabajo realizado por ese órgano específico «no había sido suficiente para valorar el conflicto de interés que pendía de la toma de decisión», motivo por el que trasladó su preocupación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en marzo. Ambos han comparecido en la comisión a petición de Génova, que reclamó su presencia para pasar revista de las instrucciones trasladadas a los consejeros de Indra designados a propuesta de la SEPI -accionista con el 27,99% del capital- en relación con los ceses y nombramientos en la presidencia de la compañía. Los populares reclamaban explicaciones sobre las instrucciones dadas a los consejeros de Indra designados por el holding público, accionista del 27,99% del grupo, ante los cambios en la presidencia. La comparecencia se ha celebrado después de que tanto Gualda como De la Rocha aplazaran su asistencia a una primera convocatoria, prevista para abril, al alegar que no habían sido informados con suficiente antelación.De la Rocha, por su parte, ha hecho énfasis en desligarse del nombramiento y el posterior cese de Escribano como presidente de Indra. «Entre mis funciones no están las de cesar o nombrar a ningún ejecutivo o CEO en ninguna empresa, pública o privada con participación pública. Esas funciones las realizan los órganos de gobernanza de las empresas de acuerdo a la normativa (…) jamás solicité, amenacé o pedí al señor Escribano su dimisión, jamás he amenazado ni a él, ni a ningún CEO, ni a nadie en mi vida» ha manifestado. Consultados por sus reuniones con el empresario, las ha enmarcado en los contactos habituales que ha mantenido en los últimos meses con responsables de las grandes firmas de defensa como Santa Barbara-General Dynamics, Airbus, Rheinmetall o ITP Aero.Asimismo, la presidenta de la SEPI ha defendido que los conflictos de interés son una circunstancia «habitual» en el ámbito empresarial, aunque ha recalcado que este caso tenía una singularidad evidente porque afectaba al presidente de la compañía. Por ello, ha recordado, se pusieron en marcha medidas extraordinarias, entre ellas un protocolo específico y la creación de una comisión ‘ad hoc’ para analizar la operación. Asimismo, ha insistido en que las operaciones corporativas «se gestan en el seno de las propias empresas» y que los accionistas no participan directamente en ese trabajo. En este sentido, ha asegurado que la SEPI no tuvo oportunidad de pronunciarse en un órgano societario sobre la potencial adquisición hasta diciembre de 2025. «Cuando una compañía analiza una operación, los órganos societarios no hacen ese trabajo», ha afirmado.Gualda defiende la llegada de Simón sin poder ejecutivoEn relación al relevo de Escribano en la presidencia, Gualda ha salido en defensa de la apuesta por Ángel Simón, perfil que la SEPI puso sobre la mesa del consejo, y ha asegurado que abogó por separar las funciones ejecutivas en la presidencia de Indra. Según ha explicado, cuando se produjo el relevo existía un consenso entre el accionista público y la compañía para avanzar hacia una estructura en la que el presidente del consejo no asumiera responsabilidades ejecutivas en la gestión diaria del negocio. En ese contexto, ha defendido que Simón encajaba en el perfil buscado por su experiencia en órganos de gobierno corporativo. «El presidente de un consejo no lleva el negocio», ha señalado, al tiempo que ha recordado que las decisiones corresponden a los órganos societarios. Por ende, ha sostenido que la comisión de nombramientos consideró que el directivo contaba con una experiencia «más que sobrada» para desempeñar las funciones propias de una presidencia no ejecutiva.La SEPI confirma el fin del programa del nuevo caza europeoPor otro lado, la presidenta del ‘holding’ público ha hecho alusión al futuro caza europeo (FCAS) para expresar que harán «lo posible» para que su fracaso «no merme la autonomía de la defensa europea». «Entendemos y esperamos y, desde luego, desde SEPI haremos lo posible como accionista de Indra y de Airbus que pertenecen o que participaban en este proyecto del FCAS, que lo que se planteó no tenga ninguna merma en la autonomía en la industria de defensa europea», ha respondido al ser cuestionada por a decisión de Berlín y París de decidir cancelar el desarrollo conjunto del futuro avión de combate europeo, desarrollado, entre otras, por Airbus e Indra. En esta línea, la SEPI pedirá a Indra un «análisis inmediato» del impacto sobre el negocio de la empresa de la suspensión del proyecto.