Denuncian irregularidades en manejo de recursos para la Emergencia

Publicado: abril 14, 2020, 6:55 pm

No paran de conocerse casos sobre malos manejos de los recursos destinados a favorecer a la población más vulnerable en medio de la emergencia que atraviesa el país a causa de la llegada del Coronavirus.

De hecho, el procurador Fernando Carillo mencionó que su entidad ha recibido alrededor de 200 denuncias hasta el momento, así que decidió adelantar investigaciones en los departamentos de Arauca, Casanare y Valle, pero la lista podría ampliarse.

Antes de estas declaraciones, la Fiscalía ya había anunciado que se había creado una comisión especial para hacerle seguimiento a los casos de corrupción relacionados con contratos para atender la crisis social y económica actual.

Actualmente, se adelantan no solo interrogatorios a los denunciantes para que amplíen la información sobre el desvío de recursos públicos, sino además investigaciones de carácter penal.

Para no ir más allá, el órgano de vigilancia revisa la denuncia contra el Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por el delito de prevaricato por omisión agravado. Según informa la FM, el funcionario no habría girado $4 millones al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, de Santa Marta.

El Ejército también se ha salpicado por el escándalo, BLU radio conoció unos documentos que probarían que el Comando de Adquisiciones Central Administrativa y Contable Regional de Medellin CENAC, adscrito a la Fuerzas Militares, habría pagado $30.400 de más por cada unidad de tapabocas N95 que se compraron recientemente y este insumo tan solo es la punta del iceberg.

Adicional a los temas de contratación, se han presentado irregularidades en las cédulas inscritas para recibir ayudas por parte del Gobierno. La Registraduría encontró que más de 16.000 cédulas de personas que buscaban ser beneficiarias de los programas no aparecían en el archivo nacional, no estaban expedidas o fueron canceladas.

Partiendo de esta desconfianza, el Departamento Nacional de Planeación envió a revisión casi tres millones de números de cédulas para ser validadas con el fin de garantizar que las personas que reciban la ayuda sean los que de verdad lo necesitan.