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¿Se rehúsa a vacunarse? Obligatoriedad, la medida que crece en el mundo para combatir el COVID-19

El escepticismo en algunos países ha llevado a sus autoridades a endurecer posturas y a adoptar medidas que, si bien no instauran la vacunación obligatoria, limitan a personas no inoculadas.

Foto: AFP

Francia implementó la exigencia de inmunización a los trabajadores de la salud y se convirtió en el último país en instaurar una medida en este estilo. Esa nación sigue los pasos de otras, como Italia o Grecia, que ya han aplicado acciones similares. Pero también existen algunos países que han decretado la obligatoriedad de la vacunación para frenar la propagación del Covid-19.

La obligatoriedad de las vacunas, una medida siempre controversial, está creciendo en el mundo. El fuerte repunte de los casos por la propagación de las variantes del coronavirus (principalmente la Delta, altamente contagiosa) y una desaceleración en las campañas de vacunación han llevado a algunos gobiernos a tomar medidas que implican la exigencia de inmunización para parte de la población.

Pese a las acciones de difusión para promover la vacunación, el escepticismo en algunos países ha llevado a sus autoridades a endurecer sus posturas y a adoptar medidas que, si bien no instauran la vacunación obligatoria, limitan la capacidad de acción de las personas que no han sido inoculadas. Francia es el último país en sumarse a ese grupo.

Más allá ha ido un puñado de naciones, que decretaron la vacunación obligatoria contra el Covid-19 para todos los mayores de 18 años.

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Francia, tras los pasos de Italia, Grecia y Reino Unido

El 12 de julio, el presidente francés Emmanuel Macron presentó una serie de medidas y restricciones para hacer frente al avance de los casos de Covid-19 en el país y acelerar la vacunación en la nación más escéptica del mundo a la inmunización.

En el plan de acción se estableció que todo el personal sanitario deberá estar vacunado antes del 15 de septiembre. Los trabajadores que no estén inmunizados una vez cumplida esa fecha no podrán acudir a sus puestos de trabajo y no cobrarán.

La otra gran medida fue extender el uso del pasaporte sanitario en múltiples lugares públicos. A partir del 21 de julio, el certificado será necesario para entrar en teatros, cines y espacios culturales que reúnan a más de 50 personas, mientras que en agosto esta solicitud se expandirá a bares, restaurantes, centros comerciales y transporte público. La normativa tuvo una rápida repercusión, con más de un millón de pedidos de turnos para vacunación y un récord de inmunizaciones en un solo día, con 792.339 dosis aplicadas.

Estos cercos a la vida pública y exigencias a ciertos sectores poblacionales se están extendiendo en otros países europeos. Grecia, el mismo 12 de julio, también decretó la obligatoriedad de la vacunación para el personal de hogares de ancianos con efecto inmediato y para todos los trabajadores de la salud desde septiembre. Además, solo las personas vacunadas podrán ingresar a bares, cines, teatros y otros espacios cerrados.

A todos ellos se había anticipado Italia, que implementó en abril la vacunación obligatoria de sanitarios y farmacéuticos, bajo amenaza de cese de funciones o suspensiones de sueldo para aquellos que se nieguen.

Mapa de países que obligan a trabajadores de la salud o de hogares de ancianos a ser vacunados. © France 24

 

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El sábado 3 de julio, Tayikistán fue taxativo al anunciar la vacunación obligatoria de toda la población adulta (mayores de 18 años), aunque las autoridades no explicaron cómo harán cumplir el mandato en un país con una campaña de vacunación muy demorada.

Turkmenistán se sumó el 7 de julio, al disponer la vacunación obligatoria de todos los mayores de 18 años, con excepciones para aquellas personas que presenten contraindicaciones médicas a la vacunación, indicó France24 en su página web.

En una situación similar está el Vaticano. Desde febrero, la ciudad-estado ha establecido posibles sanciones a empleados que rechacen la vacunación sin motivos de salud comprobables, incluyendo el despido. Una medida criticada, a la que el gobierno de la Santa Sede tuvo que salir a matizar, aclarando que el decreto buscaba un balance entre la protección de la salud y el respeto a la libertad de elección individual.

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