Las lagunas legales que dejaron libre al islamista del atentado de Berlín pese a sus condenas por violencia

El asesinato a manos del islamista Abdul Ballout de una mujer polaca de 65 años, que visitaba con su hija Berlín y celebraba la fiesta de Christofer Street Day, ha sido la crónica de una muerte anunciada. Las autoridades alemanas sabían desde hace tiempo que … el islamista simpatizaba con Daesh y estaba fichado como delincuente violento desde los 16 años. Su intención de atentar era conocida, pero fue considerado un «pretencioso».
Había sido juzgado en Berlín en 2022 y de nuevo en 2026, la primera vez por daño corporal intencionado y la segunda por extorsión depredadora. El veredicto del Tribunal de Distrito de Tiergarten consideró probado que golpeó y pateó a una persona herida en el patio de un colegio. Con un cómplice, obligó a otra persona lesionada a entregarle sus auriculares de alta calidad. Sin estudios y sin trabajo, asistía a «cursos con su imán tres o cuatro veces por semana». Por ser menor de edad, fue condenado a un «curso corto de integración» y a realizar cuarenta horas de «trabajo en tiempo de ocio».

Declaró que «había madurado»

La sentencia no fue más severa porque Ballout no tenía antecedentes penales y los delitos se habían cometido dos años y medio antes del juicio, en otoño de 2019, por lo que el tribunal de menores creyó su declaración, en la que afirmaba que había «madurado». Además, pidió disculpas a la parte perjudicada y el tribunal tuvo «la impresión de que el acusado realmente reconoce su mala conducta y quiere intentar comportarse mejor en el futuro».
En mayo de ese mismo año fue otra vez condenado a 22 meses de detención juvenil por «preparar un acto grave de violencia que ponía en peligro al Estado y violar una prohibición ejecutable bajo la Ley de Asociación», de nuevo en Berlín. Había intentado en varias ocasiones unirse a Daesh, emigrar a Mauritania a través de Turquía e incluso viajó a Líbano para llegar a Siria y unirse al grupo islamista, según la Fiscalía General. En Líbano, entró en contacto con terroristas, fue detenido y deportado a su país, Alemania. Finalmente, obtuvo la libertad condicional en mayo.
Ese último veredicto habla de un joven «decidido» a unirse a Estado Islámico y que difundía propaganda islamista en Instagram. «No se puede esperar que no cometa más delitos», advertía. Pero debido a la «planificación amateur de su proyecto» no fue considerado una «amenaza concreta para los intereses legales protegidos». Se había distanciado de Daesh durante el juicio y era un «ser humano formidable en desarrollo». La Fiscalía General recurrió sin éxito esta decisión del tribunal de menores.
Una vez en la calle, Abdul volvió a tener libertad de acción. Los servicios de inteligencia lo clasificaron como «orientado a la violencia», pero carecían de herramientas legales para placarlo. El jefe de la Oficina para la Protección de la Constitución (BfV), Sinan Selen, advirtió reiteradamente que los lobos solitarios islamistas son instados a atacar con cuchillos o coches contra objetivos «blandos y fáciles». También que gays y lesbianas «atraen especialmente su odio». «LGBTIQ como enemigo islamista» es el título de un capítulo del informe anual de la BfV, que asegura que «el asesinato de personas homosexuales se justifica como ‘castigo divinamente exigido’» entre los islamistas.