El Gobierno Meloni busca endurecer la ley contra la okupación: «Un país serio defiende a los ciudadanos honestos»

Órdenes judiciales de desalojos, multas, plazos de pago reducidos y procedimientos de ejecución más sencillos. Son algunas de las medidas contempladas por el Gobierno italiano en el proyecto de ley aprobado junto al Plan de Vivienda, que acelera significativamente los desahucios para liberar las casas … okupadas ilegalmente, devolverlas a sus propietarios y, en consecuencia, aumentar la disponibilidad de inmuebles en el mercado.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha defendido este martes el proyecto de ley al que su Ejecutivo dio luz verde el pasado jueves. «Durante demasiado tiempo, quien alquilaba una casa se ha quedado sin protecciones frente a okupaciones abusivas, morosidad y plazos demasiado largos para recuperar la posesión de su inmueble. Esto ha llevado a muchos propietarios a renunciar a alquilar, agravando la escasez de viviendas y contribuyendo al aumento de los alquileres», ha escrito en sus redes sociales.

«Con las nuevas normas aprobadas por el Gobierno, aceleramos la liberación de los inmuebles y fortalecemos la protección de quien respeta la ley. Un país serio defiende a los ciudadanos honestos: protege los derechos de quien paga regularmente un alquiler y también de quien pone a disposición una propiedad respetando las reglas», ha añadido la dirigente italiana.

Noticia relacionada

El proyecto de ley introduce medidas para agilizar y acelerar el desalojo de propiedades okupadas ilegalmente, incluidos casos de vencimiento del contrato de arrendamiento o impago por parte del inquilino. La norma reduce los plazos de ejecución de los desahucios e introduce un procedimiento de emergencia que exige la emisión de una orden de liberación en un plazo de 15 días.

Per troppo tempo chi metteva in affitto una casa è rimasto senza tutele di fronte a occupazioni abusive, morosità e tempi troppo lunghi per rientrare in possesso del proprio immobile. Questo ha spinto molti proprietari a rinunciare ad affittare, aggravando la carenza di alloggi e…— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026
Antes de la expiración del contrato, el arrendador podrá solicitar una orden judicial, que será efectiva «sin dilación y a partir de la fecha de vencimiento». Asimismo, se aplica un recargo por mora del 1% del alquiler mensual por cada día de okupación posterior al plazo fijado por el juez. Todo ello se establece como medida disuasoria contra conductas obstructivas y para proteger al arrendador.
El proyecto de ley también determina el plazo para tramitar la solicitud de orden judicial de desalojo: el juez emitirá una resolución motivada en un plazo acelerado de 15 días con efecto inmediato. Cualquier objeción por parte del inquilino se podrá presentar posteriormente, sin que ello conlleve la suspensión automática de la ejecución, tal y como detalla el diario italiano ‘Corriere della sera’.
No obstante, existen excepciones. En caso de que los inquilinos sean ancianos, personas con discapacidades graves o enfermos terminales, es posible aplazar la ejecución de la sentencia hasta seis meses. Asimismo, en los trámites de desahucios es obligatorio avisar a los servicios sociales de cualquier situación de vulnerabilidad.
El plazo para pagar el alquiler vencido también se reduce, así como el «periodo de gracia» en los casos en los que no se abona por dificultades financieras, que pasa a la mitad, como explica la agencia de noticias ANSA. Además, los inquilinos podrán presentar una demanda judicial para saldar el monto -inlcuidos cargos adicionales, intereses y gastos- un máximo de dos veces, frente a las tres actuales.