Delcy sigue entregando jerarcas chavistas a EE.UU. y el exvicepresidente El Aissami figura entre los próximos

Estados Unidos ha logrado garantías de que las autoridades venezolanas entregarán a nuevos dirigentes y antiguos colaboradores de Nicolás Maduro, después del traslado a territorio estadounidense del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, también extraditado. Bloomberg adelantó que entre los nombres … reclamados por Washington figuran el exvicepresidente y exministro del Petróleo Tareck El Aissami y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno. Según ha podido confirmar ABC por fuentes propias, las autoridades estadounidenses, con la participación del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), ultiman las gestiones para conseguir ambas entregas.
Al ser preguntado por ABC el lunes por si se esperaban más extradiciones, el presidente Trump dijo que dejará que la Justicia siga su curso, pero que en cualquier caso «lo ocurrido en Venezuela es todo un éxito». La información confirma la línea de cooperación judicial que este periódico adelantó el pasado 21 de febrero, cuando reveló que la Administración Trump había presentado al Gobierno interino de Delcy Rodríguez una relación de nueve personas de interés para las investigaciones estadounidenses. Aquella lista incluía a Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente; El Aissami; Alex Saab; Raúl Gorrín; Samark López; Walter Gavidia Flores y Pedro Luis Martín Olivares, entre otros.

La exigencia estadounidense no se limitaba a solicitar extradiciones. Washington reclamaba acceso a los investigados, interrogatorios, documentación financiera y cooperación para reconstruir las operaciones de blanqueo de capitales, corrupción y narcotráfico atribuidas a las estructuras del antiguo régimen.

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David Alandete

Según las fuentes consultadas por ABC, esa cooperación sigue adelante y las autoridades estadounidenses han obtenido garantías para avanzar en nuevas entregas. Aunque todavía no existe una fecha confirmada para los traslados de El Aissami y Moreno, en Washington se considera que podrían producirse rápidamente, a pesar de que la Constitución venezolana impide la extradición de nacionales. Cuando se envió a Estados Unidos a Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, se alegó que en realidad eran colombianos, aunque el primero tenía pasaporte diplomático venezolano y hasta había sido ministro.
La operación se desarrolla con especial discreción, entre otras razones por esas dificultades jurídicas y por las suspicacias que pueda haber en el chavismo ante estas entregas por parte del régimen de Delcy Rodríguez. La entrega de Pulido representa un nuevo avance de ese proceso. El empresario, detenido en Venezuela desde 2023 por su presunta implicación en el escándalo de corrupción conocido como PDVSA-Cripto, comparece este martes ante un tribunal federal de Miami.

Tramas de corrupción y CLAP

Pulido afronta dos acusaciones presentadas en 2019 y 2021 por presuntas operaciones multimillonarias de blanqueo de capitales y sobornos relacionadas con contratos públicos venezolanos. Los fiscales estadounidenses le atribuyen su participación en tramas vinculadas a la construcción de viviendas y al programa de distribución de alimentos CLAP, mediante las cuales se habrían desviado cientos de millones de dólares.

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Su traslado se produce después de la entrega de Alex Saab, quien se declaró culpable de conspiración para cometer blanqueo de capitales y aceptó colaborar con las autoridades estadounidenses.
El siguiente nombre que concentra la atención de Washington es El Aissami. El antiguo vicepresidente y ministro de Petróleo fue uno de los hombres más poderosos del chavismo hasta su caída en desgracia. Detenido en Venezuela desde abril de 2024, había sido acusado previamente por Estados Unidos de mantener vínculos con el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses llegaron a ofrecer hasta diez millones de dólares (8,9 millones de euros) por información que permitiera localizarlo.

EE.UU. acusa a Pulido de corrupción inmobiliaria y de lucrarse a través del programa de distribución de alimentos CLAP

Moreno, presidente del Tribunal Supremo entre 2017 y 2022, también figura entre los objetivos de la Justicia estadounidense de hace tiempo. Fue acusado en 2020 de blanqueo de capitales y de aceptar sobornos a cambio de influir en decisiones judiciales. Washington ofreció cinco millones de dólares (4,4 millones de euros) por información que facilitara su detención.

Cooperación total entre Delcy y Trump

La entrega del empresario Pulido, que compareció ante el juez el martes, constituye, en cualquier caso, otro resultado verificable de las exigencias formuladas por Washington a Delcy Rodríguez. Desde la captura de Maduro el pasado 3 de enero, la cooperación judicial se ha convertido en uno de los instrumentos de la nueva relación entre ambos gobiernos.
La Administración Trump mantiene abiertas investigaciones contra numerosos integrantes de las estructuras políticas, judiciales y financieras del chavismo. La nueva acusación presentada el 8 de octubre contra Maduro y Cilia Flores, que incorpora delitos relacionados con las torturas a ciudadanos estadounidenses, ha ampliado además el alcance de las actuaciones judiciales.
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El Aissami y Moreno ya figuraban en el cartel titulado ‘Régimen venezolano corrupto’, presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 26 de marzo de 2020, durante la primera Administración Trump. Aquel documento, que reunía fotografías de catorce altos cargos y antiguos funcionarios chavistas junto a Nicolás Maduro, situaba al entonces presidente venezolano en el centro, flanqueado por Moreno y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. También aparecían Diosdado Cabello, El Aissami, el antiguo jefe de la inteligencia militar Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, el general Clíver Alcalá Cordones, el responsable de las criptomonedas Joselit Ramírez y el exministro de Energía Eléctrica Luis Motta Domínguez, entre otros. La presentación acompañó el anuncio de una batería de acusaciones por narcoterrorismo, narcotráfico, corrupción y blanqueo de capitales contra integrantes del aparato chavista.

EE.UU. atribuyó a los 14 antiguos miembros chavistas cargos por narcoterrorismo, narcotráfico, corrupción y blanqueo de capitales

Desde entonces, varios de los protagonistas de aquel cartel han acabado ante la Justicia estadounidense. Dos de los casos más relevantes son los de Carvajal y Alcalá, que ya han alcanzado acuerdos de culpabilidad con la Fiscalía federal. Carvajal, extraditado desde España en 2023, se declaró culpable en junio de 2025 de cuatro cargos relacionados con el narcoterrorismo, el tráfico de cocaína y las armas. Alcalá, por su parte, admitió en 2023 haber proporcionado apoyo material y armamento a las FARC y fue condenado en abril de 2024 a 260 meses de prisión, casi 22 años. Ambos formaban parte de la estructura del denominado cartel de los Soles descrita por los fiscales estadounidenses.