Por: Katterine Rodríguez
“Fueron dos o tres años de estar diciéndole a la gente: intentémoslo y cambiemos la forma de trabajar, porque la coca genera ingresos pero no sustento a la familia, ni paz, ni educación”, recuerda Audelino Ordoñez, de la comunidad de San Pablo de Borbur (Boyacá), primer municipio de Colombia que fue declarado libre de cultivos ilícitos en el 2010, mientras enfatiza en que el reemplazo de cultivos ilícitos por cultivos de cacao fue la excusa perfecta para cambiar de cultura y de trabajo. “No fue fácil cambiar la mentalidad de algunas personas que estaban dedicadas cien por ciento a esta labor, y más, cuando sabían que contaban con recursos de una manera rápida y fácil”, agrega.
Audelino representa a la región que inició el reemplazo de cultivos ilícitos por cultivos de cacao, en un proceso que comenzó por el municipio de Otanche, pasando por San Pablo de Borbor y Puana, en el occidente de Boyacá. Hoy cuenta cómo este cambio le ha permitido ser un microempresario, tener tranquilidad familiar y proyectarse de una manera diferente.
“El éxito de la región fue que erradicamos la coca del corazón. Con entidades del Estado, privadas y algunos líderes campesinos que también tomaron la vocería, cambiamos nuestras costumbres y nuestra forma de trabajo. Pudimos ver el contexto, que, aunque había dinero circulante en la región, a la vez habían problemas como delincuencia, prostitución, drogadicción, y todos esos temas eran el destino de nuestra familia”, añade.
Hoy, la región cuenta con 10 productoras de cacao con 1.700 productores y tiene 3.500 hectáreas de cacao sembradas en la región. “El cacao es un medio que nos permite estar unidos, tener familia y hablar de región. Aunque los ingresos no son los mismos, hay algo que obtuvimos, que no tiene precio y que no se compra con nada: la paz. Los ciudadanos se pueden movilizar a cualquier hora del día o de la noche, a cualquier dirección de la región y es fácil llegar; no hay complicaciones de ninguna índole”, agrega.
El mapa de las zonas productoras de cacao son las mismas que las del conflicto, donde por años se ha sembrado coca, lo que indica que existe una posibilidad de incrementar la siembra y la productividad del cultivo para que más personas tengan un vida digna y lícita, por eso, el cacao se proyecta como una opción para la recuperación del tejido social y generar riqueza en zonas rurales de Colombia, pues hay un mercado interno amplio y una importante demanda externa.
En 2017, el país produjo 60.535 toneladas de cacao. Casi 12 mil toneladas fueron exportadas. Efectivamente, se ha demostrado la rentabilidad del cacao, y puede decirse que su demanda “está de moda en el mundo”. A diario, la demanda aumenta y tiene amplios canales de comercialización. Del total de la producción mundial, solo el 5% tiene la categoría llamada de sabor y aroma premium, por su alta calidad y ese es el cacao que se está produciendo en Colombia.
“El sector cacaotero va a seguir siendo un protagonista de primera línea en los años venideros como lo ha sido últimamente, entre otros aspectos, por haber mostrado sus bondades para la sustitución de cultivos ilícitos, para crear arraigo en las familias, para apoyar a los reincorporados a la vida civil, para dinamizar las economías regionales, entre otros aspectos”, dice Eduard Baquero lópez, presidente ejecutivo de Fedecacao.
El dilema de los cultivos de coca
El reto del Gobierno seguirá siendo la erradicación de los cultivos de coca, porque, aunque ha presentado una disminución, la producción continúa. De acuerdo con la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), en 2017 los cultivos de coca en Colombia continuaron la tendencia al alza, aunque con un ritmo menor, llegando al récord histórico de 209.000 hectáreas. Si bien es la cifra más alta de la cual se tiene conocimiento, desde una perspectiva histórica se puede afirmar que el cultivo de coca es un problema crónico, que ha tenido ciclos de aumentos y descensos en los últimos 20 años.
En 2017 el aumento de los cultivos de coca fue proporcionalmente igual al de 2016, pero menor que lo registrado en 2014 y 2015, cuando las hectáreas se incrementaron en un 39% y 50%, respectivamente. Es decir que la tendencia al alza, aunque constante, ha venido perdiendo fuerza en los últimos dos años.
De acuerdo con el reporte de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), a pesar de la percepción de que el país está “inundado” de cultivos de coca, “el aumento de las hectáreas debe ser entendido a partir de una dinámica de concentración en zonas en las que han permanecido cultivadas y se han expandido en los últimos años”.
Según el informe, los sectores de mayor densidad de cultivos han sido los mismos desde 2012 y es probable que hayan permanecido igual en el 2017. Si bien aún no se cuenta con información sobre la distribución de los cultivos para este último año, el trabajo de campo realizado por la FIP en las distintas zonas permite plantear esta hipótesis.
En esta misma línea el estudio plantea desafíos para el próximo Gobierno, como: Dar continuidad a la sustitución de cultivos, apoyando a las comunidades en el tránsito a la economía legal a través de la provisión de bienes públicos, y asegurando que los recursos lleguen a las familias; generar los incentivos y conseguir el compromiso del sector empresarial para invertir regiones que han estado aisladas del desarrollo; y garantizar que las herramientas de carácter represivo se utilicen bajo un enfoque de no daño, disminuyendo al mínimo el riesgo de afectación de las comunidades, entre otros.