Irán festeja como una victoria el acuerdo de paz con Estados Unidos después de más de tres meses de guerra por el control del estratégico estrecho de Ormuz. Y tiene razones para hacerlo. Los países árabes del Golfo, que han sufrido en sus carnes las … represalias y contraataques iraníes a los bombardeos occidentales, también se felicitan por una paz que les asegura estabilidad y su principal fuente de riqueza: el libre tránsito del petróleo y el gas por el golfo Pérsico.
En los últimos mensajes que ha subido a su red social, el presidente Trump ha insistido en que el ‘momentum’ debe ser aprovechado para establecer un nuevo marco de convivencia en la región. Una nueva atmósfera que para él se concreta en un término casi mágico: los llamados Acuerdos de Abraham. Dicho pacto, impulsado por el propio Trump en 2020, al final de su primer mandato en la Casa Blanca, empujó a que cuatro países de la región de mayoría musulmana -Emiratos Árabes Independientes (EAU), Baréin, Marruecos y Sudán- reconocieran por primera vez el Estado de Israel.

El objetivo más preciado de ese marco de cooperación en Oriente Próximo es, sin duda, el cambio de orientación en Arabia Saudí. El régimen, que desde hace años dirige el príncipe heredero y primer ministro, Mohamed bin Salman, estuvo muy cerca de suscribir los Acuerdos y de dar un paso de gigante en la historia de la región. No obstante, primero la guerra en Gaza -hace tres años- y ahora la guerra contra Irán, han congelado el proyecto. Bin Salman ha declarado varias veces -la última cuando se vio con Trump en la Casa Blanca en noviembre de 2025- que solo reconocerá el Estado de Israel cuando en los Acuerdos de Abraham figuren la ‘solución de dos Estados’ para el pueblo palestino.

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Mikel Ayestaran

El otro gran premio que anhela la diplomacia de Trump en la región es Turquía. El régimen de Ankara fue el primer país musulmán del mundo en reconocer a Israel en 1949, y en intercambiar embajadas con el Estado hebreo. Pero las relaciones turco-israelíes han conocido siempre fluctuaciones. Y en los últimos años son pésimas. El líder turco, Tayip Erdogan, aspira a ser el portavoz mundial del antisionismo, y -desde la óptica israelí- se ha convertido en el primer país protector de Hamás, el movimiento radical palestino que estuvo en la génesis de la guerra en la Franja de Gaza.
Donald Trump parece ajeno a estas realidades, y en sus intervenciones del pasado fin de semana, tras anunciar el acuerdo de paz con Irán, afirmó que había hablado con los líderes árabes y con Erdogan para explicarles el acuerdo, y para pedirles de paso que suscriban los Acuerdos de Abraham. En otras palabras, que reconozcan a Israel y abran un nuevo capítulo de la historia en la región.
Turquía ya reconoce formalmente a Israel. Y Egipto -protagonista de todas las guerras árabes del siglo XX contra el Estado sionista- hizo las tareas con los Acuerdos de Camp David de 1978, con los que también reconoció a Israel. En la lista de otros candidatos destacan, junto a Arabia Saudí, Qatar, Jordania y Pakistán. «Si no firman los Acuerdos demostrarán que sus intenciones no son buenas», destacó Trump en el mensaje en su red social el pasado lunes.

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El presidente norteamericano deslizó que incluso Irán debería formar parte del pacto que incluye el reconocimiento de Israel, cuando aún humean los ataques de la aviación israelí contra las infraestructuras de la nación persa. Ni la posibilidad de un acercamiento al Estado hebreo figura en la agenda de prioridades del régimen de los ayatolás -que desde Jomeini es oficialmente antisionista radical-, ni es tema siquiera de debate político en Israel. Todo el espectro político hebreo considera que el pacto de Trump con Irán para volver a liberar el paso de los petroleros por Ormuz es una derrota en toda regla de Estados Unidos, después de casi cuatro meses de guerra desde el aire con la entusiasta colaboración israelí.
La insistencia del presidente norteamericano en solicitar a los Estados musulmanes el reconocimiento de Israel ha despertado un cierto clima de sorpresa y mofa en las capitales árabes. Algunos de sus dirigentes, de modo anónimo, han deslizado que Trump solo pretende tranquilizar a los ‘halcones’ de su partido republicano dando a entender que el acuerdo con Irán traerá beneficios para Israel y para la región. Pero las capitales árabes tienen el mismo problema con sus súbditos, aunque no tengan que responder ante ellos en las urnas. Para los países del Golfo, Estados Unidos e Israel han fracasado en su propósito de doblegar al régimen chií de Teherán, que sale de la crisis en apariencia fortalecido y no renuncia a ser una amenaza para los intereses árabes.

Un tribunal de Tiflis (Georgia) ha condenado este viernes a siete personas a sendas penas de prisión por el asalto al palacio presidencial que tuvo lugar en octubre de 2025 durante las fuertes protestas contra el Gobierno en plena crisis política por la apertura de … un cisma entre el Ejecutivo y la que fuera autoproclamada líder ‘de facto’ de la oposición favorable a Bruselas, Salomé Zurabishvili, expresidenta del país.
El juez Georgi Gelashvili ha dictado así cinco años de prisión para varios de los acusados, identificados como Georgi Chajunashvili, Konstantin Kokaya, David Sturua, Kajaber Mzhavanadze, David Zhgenti y Zakro Albutashvili, mientras que Iya Darajvelidze tendrá que pasar tres años en prisión, según informaciones del portal de noticias Civil.

La Fiscalía había acusado a los siete imputados de intento de asalto de recintos estratégicos pertenecientes al Gobierno durante la jornada de aquel 4 de octubre en la que se produjo un fuerte aumento de la tensión después de que el partido gubernamental, Sueño Georgiano, obtuviera el 81,6% de los apoyos en las elecciones municipales de Tiflis.

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Aquella misma noche, la oposición convocó una protesta que derivó en enfrentamientos con la Policía dejaron a varios manifestantes y agentes heridos. Además, los manifestantes irrumpieron en el patio de la residencia del presidente georgiano, Mijail Kavelashvili, tras derribar las vallas metálicas de seguridad.
El primer ministro, Irakli Kobajidze, responsabilizó entonces de la violencia al partido opositor Movimiento Nacional Unido y calificó los desórdenes como un «fallido golpe de Estado».

La peor crisis económica en décadas y las presiones de Washington han terminado doblegando al régimen cubano y demostrando quiénes imponían el mayor bloqueo al desarrollo interno. Este jueves fue aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular -una entidad que responde al Partido … Comunista- un paquete de 176 medidas económicas y sociales que abren la puerta a la venta de activos estatales, mayores libertades para la iniciativa privada, más espacio para mecanismos de mercado, así como facilidades para la inversión extranjera.
Entre los cambios anunciados resaltan la autorización de bancos y servicios financieros privados, inversión privada y extranjera en el mercado inmobiliario, el fin del monopolio estatal sobre gran parte del comercio exterior; la compra de acciones de empresas públicas por personas naturales y jurídicas; la entrada de franquicias, cadenas internacionales y nuevas formas de comercio; más autonomía para productores agrícolas, incluyendo exportaciones directas e importación de insumos, apertura a operadores privados en sectores como turismo, transporte y servicios; y la flexibilización de la importación de vehículos y mercancías con fines comerciales.

Una de las medidas de mayor alcance para el sector privado es la autorización para abrir cuentas bancarias en el exterior con derecho a realizar extracciones. Las transformaciones suponen igualmente el fin definitivo de la libreta de racionamiento (quedando reservada solo para grupos vulnerables), la cual durante años no lograba cubrir las necesidades básicas, pero que constituía un símbolo del modelo castro-socialista.

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Antonio Ramírez Cerezo

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, expuso que se trata de transformaciones económicas y sociales que «impactarán en el perfeccionamiento del sistema de gestión de la economía cubana». Aunque varias de las medidas suponen una apertura al sistema capitalista, Marrero insistió en que ello no significa una renuncia al socialismo.
Por su parte, el mandatario Miguel Díaz-Canel defendió el giro económico como una respuesta de emergencia ante la crisis. En su discurso de clausura del Pleno Extraordinario del Comité Central del PCC, afirmó: «La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella».
«Hay trabas que no vienen de afuera, ni del bloqueo. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado. Lo que depende de nosotros, tenemos que cambiarlo nosotros, y tenemos que cambiarlo ahora», añadió.

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Díaz-Canel pidió igualmente «confianza vigilante» hacia el régimen: «No estamos en momentos de pedir confianza ciega; les pido una confianza vigilante: confíen, pero exíjannos. Acompáñennos, pero fiscalícennos».

¿Fin del socialismo?

El régimen cubano presentó el paquete en medio de la peor crisis económica en décadas, marcada por cortes prolongados de electricidad -de hasta tres días consecutivos-, inflación creciente y declive de los ingresos en divisas, además de un aumento del descontento social que se evidencia en protestas diarias en contra del sistema.
De igual forma, ocurre tras semanas de presiones por parte de Washington a La Habana. Recientemente, la administración Trump sancionó al corazón del poder del castrismo: GAESA (Grupo de la Administración Empresarial S.A.). Decenas de socios extranjeros y compañías hoteleras se han estado marchando en las últimas semanas y el turismo, una de las principales fuentes de financiamiento, ha colapsado.
Pese al alcance de las medidas, el problema de fondo sigue siendo el mismo: el castrismo y su élite corrupta se mantiene en el poder. El régimen insistió en que no abandonará el control político ni el «carácter socialista» del sistema.
Con este giro, quienes durante décadas han frenado la iniciativa privada y expropiado y conducido al país a la miseria extrema y a una emergencia humanitaria, pretenden maquillar con reformas un sistema fallido, que no ha sido capaz ni siquiera de garantizar los servicios esenciales.