La caída de Nicolás Maduro ha puesto fin a más de dos décadas de alianza estratégica entre Venezuela y Rusia y abre una fase de repliegue de Moscú en América Latina. El desenlace combina una iniciativa diplomática del Kremlin que … no prosperó, el mal desempeñó de los sistemas militares rusos desplegados en el país durante la operación estadounidense y una reacción política posterior marcada por la extrema cautela de Moscú.
En los meses previos a la operación de Estados Unidos, Rusia concentró su actuación en el terreno diplomático. A través del Vaticano y con la mediación del cardenal Pietro Parolin, trasladó a Washington una propuesta para facilitar la salida de Maduro del poder. La oferta incluía asilo en territorio ruso y garantías personales de seguridad con respaldo directo del presidente Vladímir Putin. Según fuentes diplomáticas, la iniciativa se extendía a otros altos cargos del chavismo y buscaba evitar una intervención militar de Donald Trump, contener la inestabilidad en la zona y preservar márgenes de interlocución con Estados Unidos en otros asuntos internacionales, incluida Ucrania.
La propuesta no prosperó. Maduro rechazó la opción por desconfianza sobre su situación personal en el exilio y por el riesgo de perder el control sobre activos financieros en el exterior. Exigía inmunidad y garantías para mantener un nivel de vida acomodado fuera de Venezuela. Con la vía diplomática cerrada, la crisis entró en una fase operativa centrada en su captura.

La operación estadounidense que culminó con la detención de Maduro se desarrolló con un despliegue aéreo y tecnológico amplio. Más de 150 aeronaves participaron en acciones coordinadas que incluyeron ataques selectivos, guerra electrónica, inteligencia y vigilancia, así como el uso de helicópteros en el centro de Caracas. Las defensas aéreas venezolanas, basadas en sistemas de fabricación rusa como el S-300, el Buk-M2 y el Pantsir, no lograron derribar aeronaves estadounidenses. El presidente Donald Trump confirmó que un avión fue alcanzado, sin detallar el sistema empleado, y que continuó operativo. Estados Unidos no registró bajas ni pérdidas materiales relevantes.

Sistemas neutralizados

Desde el Pentágono se informó de que los sistemas destinados a proteger la capital fueron neutralizados en las primeras fases de la operación. Mandos militares estadounidenses indicaron posteriormente que las capacidades de radar, mando y control, así como los lanzadores, fueron desactivados o inutilizados con rapidez.
Venezuela había adquirido durante años material militar ruso considerado avanzado en el momento de su compra. Parte de ese equipamiento no correspondía a las versiones más recientes. También existían dudas sobre el estado de mantenimiento, la integración efectiva de los distintos sistemas y el nivel de formación de los operadores. La eficacia de una defensa aérea depende de la coordinación, la cadena de mando y la capacidad de reacción, además del armamento desplegado.

Maduro rechazó la opción por desconfianza sobre su situación en el exilio. Exigía inmunidad y garantías para mantener un nivel de vida acomodado fuera de Venezuela

Tras los ataques en Caracas, la reacción política de Moscú fue contenida. El Kremlin confirmó que Vladímir Putin no tiene previsto comunicarse a corto plazo con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez. Portavoces oficiales señalaron que los contactos diplomáticos continúan a nivel técnico, sin anunciar iniciativas políticas de alto nivel ni pronunciamientos públicos sobre la nueva etapa en Venezuela.
La ausencia de un contacto directo contrasta con la relación mantenida durante años entre Putin y Maduro, caracterizada por encuentros frecuentes y respaldo político explícito. Coincide además con una reducción progresiva del peso ruso en otros escenarios de Oriente Próximo, como Siria, donde Moscú ha priorizado la preservación de sus posiciones militares y la gestión del conflicto con recursos limitados.

Mayor interlocución entre Caracas y Washington

En paralelo, el nuevo Gobierno en Caracas ha intensificado su interlocución con Washington. Delcy Rodríguez ha cumplido las condiciones fijadas por la Administración Trump y ha recibido a responsables estadounidenses, incluidos altos cargos de Inteligencia. Estados Unidos ha asumido un papel central en la fase inicial de la transición venezolana.
Venezuela había sido durante años el principal socio político y militar de Rusia en América Latina. Desde Caracas, Moscú proyectaba influencia a través de acuerdos de armamento, cooperación energética y respaldo diplomático a gobiernos críticos con Estados Unidos. La caída de Maduro reduce de forma significativa esa plataforma.
Rusia mantiene relaciones con otros países latinoamericanos, pero ninguna con el nivel de integración estratégica que tuvo con el chavismo. La pérdida de Venezuela limita su capacidad para actuar como actor de peso en el hemisferio occidental y refuerza la centralidad de Estados Unidos en la región.
En el plano diplomático, el fracaso de la oferta de evacuación y la falta de un gesto político posterior hacia el nuevo poder en Caracas reflejan un ajuste de prioridades del Kremlin, condicionado por su implicación en Ucrania. Moscú ha evitado una confrontación directa con Washington y ha optado por una postura de bajo perfil, centrada en la continuidad de contactos técnicos y en la gestión de otros frentes internacionales.

Técnicos, mayoritariamente independientes, empresarios y muy pocos políticos de carrera conformarán el futuro gabinete del presidente electo chileno José Antonio Kast. La noche de este martes el líder opositor dio a conocer oficialmente los nombres de las 24 personas que lo acompañarán en las … tareas de gobierno a partir de marzo. A ellos, al presentarlos Kast les dijo: «No les he pedido lealtad personal, les he pedido lealtad con Chile».
Sin mayores sorpresas, ya que casi la totalidad de los nombres se conocía hace dos semanas, el futuro gobernante resolvió nominar un solo biministro al descartar a última hora el nombre de un empresario del mundo minero que anunció por medio de un comunicado sus nuevas funciones.
Kast resolvió dejar a dos dirigentes de Chile Vamos en el equipo político instalado en La Moneda, entregándole la cartera más importante, la de Interior, al exministro de Piñera y exsenador UDI Claudio Alvarado. Además, nominó al senador RN José Gacría Ruminot en la Secretaría General de la Presidencia, cargo que debe coordinar las relaciones con el poder legislativo.

No obstante, las demás carteras vitales como Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad Pública, Economía, Obras Públicas o Vivienda quedaron en manos de técnicos en el área o empresarios que han dejado sus posiciones para asumir el próximo 11 de marzo.
La conformación de este gabinete, ya denominado de «gerentes», sigue una línea similar a la materializada por Sebastián Piñera en su primer mandato, pero que no repitió en su segundo gobierno debido a los problemas que presentó el primer modelo. Aunque muchos explican este gabinete en la necesidad de dar curso al «gobierno de emergencia» que Kast planteó en la campaña, la baja representación de los partidos que lo apoyaron lo deja en una posición vulnerable, pues los independientes carecen de lazos con los políticos y son los primeros que caen en una crisis debido a que no cuentan con apoyo en ese mundo.
Al presentarlos, en una ceremonia en su comando, Kast no siguió el orden protocolar correspondiente, sino que el de las prioridades que ha fijado. Por ese motivo mencionó primero a los que estarán a cargo de los temas de seguridad, luego los del ámbito social y del sector económico. Al explicitar su «gobierno de emergencia» dijo que no se puede improvisar y la necesidad de terminar con la inercia porque no hay tiempo que perder.

«Este gabinete no nace ni de cuotas, cálculos ni presiones. Nace de una convicción profunda de poner a Chile primero», sostuvo.

Pocos ministros de partidos

De los 25 titulares sólo siete vienen de filas partidarias: 2 del Partido Republicano (PR), y uno para cada colectividad que le dará sustento a su gobierno, Renovación Nacional (RN), la UDI, Evopoli, Demócratas y el Partido Social Cristiano (PSC).
Con el anuncio hecho por Kast se confirmó la decisión del Partido Nacional Libertario (PNL), encabezado por el diputado Johannes Kaiser, de no unirse al futuro gobierno por estar en desacuerdo con el diseño de gabinete impulsado.
La gran sorpresa fue la nominación de un militante del actual oficialista Partido Radical, el exministro de Justicia de Michelle Bachelet, Jaime Campos, quien asumirá en Agricultura, mismo cargo que desempeñó en el gobierno de Ricardo Lagos. Campos fue amenazado ya con su expulsión del partido, pero este será disuelto por ley al no alcanzar la representación necesaria en las elecciones parlamentarias de noviembre.
La futura portavoz será la periodista Mara Sedini, quien desempeñó la misma labor en la campaña, mientras que el Canciller será el empresario Francisco Pérez Mackenna, hasta ahora gerente de uno de los grupos económicos más importantes. Como titular de Defensa asumirá el abogado Fernando Barros, quien fue parte del equipo jurídico que representó a Augusto Pinochet en Londres, ante la petición de extradición hecha por el juez Baltazar Garzón.
Una apuesta acertada, según los analistas, es la designación de la actual fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, como nueva ministra de Seguridad Pública, pues destaca por su efectividad en la persecución del Tren de Aragua en Chile.

Parte del equipo económico estará conformado por el economista independiente Jorge Quiroz, quien desarrolló esa área del programa de gobierno de Kast, el ingeniero y vicepresidente de la mayor patronal del país, Daniel Mas, como biministro de Economía y Minería y la senadora demócrata Ximena Rincón como secretaria de Energía.
Debido a la crisis que enfrenta el país por los voraces incendios en la zona centro sur del país, que han dejado 20 muertos, más de 35 mil hectáreas afectadas y casi mil viviendas destruidas, el futuro titular de Vivienda y Urbanismo, el arquitecto Iván Poduje, ya está trabajando en el plan de reconstrucción de la zona. Esto, luego de que el lunes el presidente Gabriel Boric recibiera en La Moneda a José Antonio Kast con parte de su gabinete para abordar la emergencia.

Incluso en la guerra solía haber normas. Tenían el nombre de Derecho Internacional Humanitario y se dedicaban a regular la conducta durante los conflictos armados, protegiendo a quienes no participan en las hostilidades, basándose en tratados como los Convenios de Ginebra de 1949 y … La Haya.
Pero de un tiempo a esta parte, esas normas parecen haber saltado por los aires y una de estas normas más vulneradas es el ataque sobre instalaciones médicas y personal médico. A fecha de enero de 2026, los ataques contra la asistencia médica en los conflictos armados han alcanzado niveles récord. Las partes beligerantes, incluidos los Estados, eluden cada vez más su obligación, en virtud del derecho internacional humanitario (DIH), de proteger las instalaciones, el personal, los pacientes y los vehículos médicos, según un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras (MSF).
El informe, titulado ‘La atención médica en el punto de mira’, recoge datos de bases de datos internacionales existentes y de la propia experiencia de MSF en conflictos armados. En 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la Organización Mundial de la Salud informó de un total de 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que causaron la muerte de 1.981 personas, pacientes y personal sanitario. Esto supuso un aumento significativo de las muertes entre el personal médico y los pacientes en zonas de conflicto, que se duplicaron con respecto a las 944 registradas en 2024.

El país más afectado es Sudán, con 1.620 personas asesinadas, seguido por Myanmar con 148, Palestina con 125, Siria con 41 y Ucrania con 19 personas asesinadas.
«Las partes beligerantes han cambiado la narrativa de los ‘ataques por error’ a una justificación de que las instalaciones médicas y el personal humanitario ‘han perdido la protección’ que les otorga el DIH. Este cambio refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil», afirma Erik Laan, experto en incidencia política de MSF. En el informe se señala a los Estados como los mayores responsables de los ataques en 2024.
El texto se basa en los últimos datos disponibles de la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos. Según estos datos, se documentaron 3.623 incidentes dirigidos contra la atención sanitaria, un 15% más que en el año anterior y un 62% más que en 2022.
En 2024, cerca del 81% de los incidentes violentos contra la atención sanitaria se atribuyeron a grupos estatales.
«La participación del Estado en los conflictos armados plantea retos específicos para la protección de la atención médica, ya que los grupos estatales son más propensos que los grupos armados no estatales a llevar a cabo ataques aéreos y utilizar explosivos, especialmente en zonas densamente pobladas», afirma Raquel González, coordinadora de MSF España y responsable de la campaña ‘Nuestra Línea Roja’ con la que la organización denuncia los ataques a la misión médica y pide el respeto del Derecho Internacional Humanitario.

Hospitales construidos en búnkeres

Un ejemplo de que cada vez son más las amenazas para las instalaciones y los equipos médicos es la estrategia que ha comenzado a seguir la OTAN: construir hospitales de campaña escondidos en búnkeres y grandes bosques. Aunque tradicionalmente estos hospitales militares móviles se ubicaban en grandes espacios abiertos, la OTAN ahora se está entrenando para construirlos dentro de otras estructuras y ocultarlos así de los drones. Es lo que las guerras en Ucrania y Gaza les han enseñado: ya no vale con tener una cruz roja que señale ese lugar como centros de salud y, por lo tanto, se prohíba atacarlos por el derecho internacional.
Tanto en la guerra de Ucrania como en la de Gaza estos lugares han sido bombardeados indiscriminadamente. En un recuento hecho por la Organización Mundial de la Salud de 2024, desde 2022 se contabilizaron casi 2.000 ataques rusos a instalaciones sanitarias ucranianas. Es decir, Rusia ignora el derecho internacional y que los hospitales y equipos médicos gozan de una protección especial en los conflictos armados. Por eso desde la Alianza Atlántica saben que las reglas del juego han cambiado y toca buscar alternativas: muros antidrones.