Tras la condena del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria, su partido, el Centro Democrático, y su círculo cercano han convocado a una marcha para el próximo 7 de agosto. La sentencia, dictada en primera instancia, lo encuentra responsable … de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esta decisión judicial se produce mientras Colombia se prepara para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
Mediante un comunicado, el partido fundado por Uribe expresó su respeto por las instituciones y la justicia colombiana. No obstante, aseguraron estar convencidos de que «hoy se está condenando a un hombre inocente: el presidente Álvaro Uribe Vélez, el líder que salvó a Colombia«. El documento califica la movilización como »el clamor de millones de compatriotas«.
La fecha elegida para la marcha tiene un doble propósito: enviar un mensaje al país de cara a las próximas elecciones, afirmando que «estamos a poco más de un año de poner fin a la noche oscura». También coincidirá con el Día de la Independencia de Colombia y el inicio del último año de gobierno del presidente Gustavo Petro, dándole un carácter simbólico para los seguidores de Uribe.
Además de la condena, Uribe, de 72 años, recibió una multa superior a los 822.000 dólares y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante los próximos ocho años.

Fallo con presuntas «irregularidades»

Tomás Uribe, hijo del expresidente, denunció supuestas irregularidades en la elaboración del fallo. A través de su cuenta de X, solicitó al «activismo ciudadano» investigar la autoría del documento. «El archivo de la sentencia contra Álvaro Uribe no es el original. Los metadatos muestran que sólo transcurrió un minuto y 11 segundos entre creación y edición», escribió.
También cuestionó que la jueza Sandra Heredia redactara una sentencia de 1.115 páginas en tan solo 15 días, y afirmó que el contenido es «idéntico a la teoría del magistrado Reyes», según citó la revista Semana.
Por su parte, Jerónimo Uribe, también hijo del expresidente, advirtió que Petro busca «perpetuar un Estado narcosocialista» en Colombia. En un comunicado, aseguró que el actual mandatario estaría desarrollando una ley para «beneficiar a narcos». Además, afirmó que Petro tiene «tres estrategias: 1) Acuerdos con organizaciones narco para controlar la votación en zonas cocaleras, 2) Acuerdo con Venezuela para permear zonas fronterizas, 3) Destruir opositores combinando instigación a la violencia y lawfare en contra de sus líderes».

Al respecto, el presidente Petro respondió en X que los señalamientos de Jerónimo Uribe son una «calumnia» y que su «estrategia» es la libertad de su padre. «Quien construyó la estrategia para la condena del expresidente Álvaro Uribe fue el mismo expresidente que inició el proceso denunciando a Iván Cepeda, y luego se puso en manos de la juez, al renunciar al Senado».

Reacciones de aliados políticos

Los aliados políticos de Uribe han reaccionado en redes sociales, aludiendo a intereses políticos detrás de la condena. La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático) comentó en X: «Dicen que le darán detención domiciliaria al presidente Uribe. De ser así, queda muy clara la intención política de sacarlo de la campaña. Se hace claro el propósito político».
El director nacional del partido, el excongresista Gabriel Jaime Vallejo, declaró que «los colombianos y el mundo deben saber que hoy se está condenando a un hombre inocente». Agregó que «queda claro que la justicia ha sido instrumentalizada con fines políticos. Queda claro que quieren arrasar con la oposición».
Por su parte, el expresidente Iván Duque (2018-2022) manifestó su indignación, declarando en su cuenta de X que «el terrorismo tiene a la justicia de su parte. ¡Miserables!». Añadió que «los consentidos del terrorismo se quejan ante la ONU y las organizaciones socialistas porque EE. UU. les impide perseguir a la oposición. Es mejor que busquen abogados para el 2026, porque responderán por crímenes de estado, persecución y vínculos con el narcotráfico».

El apoyo de la comunidad internacional

El líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, defendió a Uribe, asegurando que es «un hombre íntegro» que ha luchado por su país. «Siempre ha defendido a Colombia de sus adversarios de manera democrática. La justicia no debe utilizarse para presionar a la oposición», escribió en X.
El apoyo de Feijóo se suma al de un grupo de 26 expresidentes de 13 países iberoamericanos, incluyendo a los expresidentes españoles José María Aznar y Mariano Rajoy. La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo Idea), envió una carta a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA).
La carta, dirigida a Volker Türk (Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos), Margaret Satterthwaite (Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU), Albert Randim (Secretario General de la OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicita que «asuman la histórica responsabilidad de salvaguardar el Estado constitucional y de derecho en Colombia». Destacan que la sentencia penal está «plagada de anomalías, que ahora han derivado en una condena judicial de primera instancia».
Entre los firmantes se encuentran expresidentes de Argentina (Mauricio Macri), Bolivia (Carlos Mesa y Jorge Quiroga), Chile (Eduardo Frei), Colombia (Iván Duque), Costa Rica (Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez), Ecuador (Jamil Mahuad y Lenin Moreno), El Salvador (Alfredo Cristiani), México (Vicente Fox y Felipe Calderón), Panamá (Nicolás Ardito, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez), Paraguay (Mario Abdo Benítez, Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy), República Dominicana (Hipólito Mejía) y Uruguay (Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti). Por Venezuela, firmó el opositor Juan Guaidó.

Entre rechazos y celebraciones

Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, reaccionó el lunes, antes de conocerse la pena, rechazando lo que consideró una persecución contra Uribe. Rubio escribió en X: «El único delito del expresidente ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante».
En contraste, el gobierno venezolano y figuras como Diosdado Cabello celebraron el miércoles la condena en su programa de televisión, comparando a Uribe con el jefe mafioso Al Capone. «Uribe paraco, por soborno, Al Capone, pues, asesinatos, narcotráfico», expresó Cabello. El número dos del gobierno de Nicolás Maduro también arremetió contra los opositores venezolanos que defendieron al exmandatario.

01/08/2025

Actualizado a las 19:54h.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, visitó este viernes la Franja de Gaza, arrasada por la guerra, y prometió un aumento de la ayuda humanitaria, después de que la ONU denunciara que las fuerzas israelíes dispararon contra cientos de palestinos que esperaban comida.
El viaje de Witkoff coincide con un aumento de las presiones contra Israel frente a la crisis humanitaria y la actuación de sus tropas.

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos informó este viernes que más de 1.370 palestinos murieron en Gaza desde el 27 de mayo en entregas de ayuda, 105 en los últimos dos días.

«La mayoría de estos asesinatos fueron cometidos por el ejército israelí», indicó la oficina de la ONU, que reportó que 859 personas murieron cerca de las instalaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), un organismo apoyado por Israel y Estados Unidos, y 514 a lo largo de las rutas de los convoyes de alimentos.

El arancelazo de Donald Trump golpeó con fuerza este viernes a los países que rehusaron o demoraron el firmar acuerdos bilaterales. El peso de la nueva política comercial norteamericana se dejó sentir en todo el mundo, con estragos inmediatos en mercados, puertos y gobiernos. … De Asia a África, las naciones que no cerraron pactos con Washington se enfrentan en una semana a aranceles de hasta el 41%, marcando un giro radical en la estrategia de libre comercio que rigió el bloque occidental durante décadas.
El efecto de la revolución comercial de Trump 2.0 es un arancel medio en Estados Unidos por encima del 18%, según estimaciones de la Universidad de Yale. Esto supone que en 2025 la primera potencia económica tiene los impuestos a las importaciones más altos desde 1933. Es decir, de antes de la II Guerra Mundial, de la formación del nuevo sistema internacional de naciones y la popularización del libre comercio y la globalización. En enero, el arancel medio de Estados Unidos era de apenas el 2,3%.
Los más castigados hoy: Siria (41%), Myanmar (Birmania) y Laos (40%) y, de forma inesperada, Suiza (39%). A Canadá podría aplicársele un 35% en las próximas semanas si no renuncia a reconocer de forma unilateral el Estado de Palestina. Brasil queda en un limbo: aunque su impuesto oficial es del 10%, más de la mitad de sus exportaciones pagarán un 50% en represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro, con excepciones para sectores clave como aeronaves, energía, café, zumo de naranja, metales preciosos y fertilizantes.

El caso de Suiza, y en particular de su enorme farmacéutica Roche, ilustra el peso de los nuevos aranceles sobre sectores muy sensibles como el médico. Aunque la empresa defiende que los medicamentos deberían quedar exentos para no comprometer el acceso de los pacientes ni obstaculizar la innovación, ya ha afirmado estar preparada para asumir los efectos del nuevo régimen. En un comunicado, Roche aseguró que ha reforzado su capacidad de producción en Estados Unidos, ajustado inventarios y transferido tecnología para evitar interrupciones. La empresa anunció en abril una inversión de 50.000 millones de dólares en EE.UU. en cinco años y ya emplea aquí a más de 25.000 personas. Eso es precisamente lo que Trump busca: más empleos y más producción en su país, a costa de los demás.
La preferencia de la Casa Blanca es dejar una horquilla de aranceles de entre el 10 y el 20%, con un correspondiente 0% para EE.UU., y asegurando cuantiosas inversiones extranjeras. Es, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, que por una intervención in extremis de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se queda con un 15% con promesas de invertir más de 600.000 millones en sectores clave estadounidenses como el energético.

Argelia (30%)

Libia (30%)

Sudáfrica (30%)

Bosnia-Herzegovina (30%)

India (25%)

Vietnam (20%)

Indonesia (19%)

Filipinas (19%)

Japón (15%)

Unión Europea (15%)

Corea del Sur (15%)

Las bolsas abrieron a la baja este viernes, con caídas superiores al 1% en los tres principales índices de EE.UU., y descensos similares en Asia y Europa. Estas turbulencias han hecho ya en el pasado que le temblara el pulso a Trump, pero ya no. La Casa Blanca confirmó que los nuevos aranceles entrarán en vigor el 7 de agosto. Trump mantiene treguas temporales con China y México mientras siguen unas negociaciones a contra reloj.
La economía va bien y el crecimiento se estima del 3% en el segundo trimestre pero hay algunos signos, tenues, de preocupación. EE.UU. creó 73.000 empleos en julio y el desempleo subió al 4,2%, señal de una economía que resiste pero muestra signos crecientes de debilitamiento.
No se puede decir que haya beneficiados. El arancel más bajo, del 10%, quedó reservado para un grupo reducido de países con relaciones comerciales fluidas con Estados Unidos, como el Reino Unido, Botsuana, las Islas Malvinas y Costa Rica. Son excepciones dentro de una ofensiva arancelaria que ha castigado con dureza a gran parte del mundo.
Esta segunda oleada de aranceles sucede y modifica a la de abril que ya estableció otros baremos para la comunidad internacional. Los nuevos impuestos afectan a 82 de los 195 países.
Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, los ingresos por aranceles y aduanas ya superan los 150.000 millones de dólares (130.000 millones de euros) desde que Trump asumió la presidencia, lo que habría permitido cerrar el primer superávit presupuestario en un mes de junio en casi una década. Añadió que esos ingresos se dispararán aún más con la entrada en vigor de las nuevas penalizaciones arancelarias recíprocas.
Los nuevos aranceles podrían quedar en suspenso si prosperan los recursos judiciales presentados contra Trump. El expresidente se ha apoyado en la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional, una norma de 1977 que le permite regular el comercio exterior en situaciones excepcionales, pero que no menciona explícitamente la posibilidad de imponer tarifas. Grupos empresariales, organizaciones civiles y varios estados han llevado el caso ante los tribunales. En mayo, una corte especializada falló que Trump se había excedido en sus competencias.