La debilidad se apodera del Gobierno del primer ministro Ilie Bolojan debido a varios escándalos de corrupción que afectan a varios de sus ministros. El viceprimer ministro Dragos Anastasiu, en su cargo desde el 23 de julio, se ha visto obligado a dimitir … tras publicarse varios informes sobre irregularidades en sus empresas. Entre esas ilegalidades, destacan impuestos no pagados sobre los salarios de los empleados a través de la Agencia Nacional de Administración Fiscal (ANAF), que el propio Anastasiu debía supervisar y reformar como parte de sus funciones en el Gobierno.
Una de las empresas afectadas es Touring Euopabus Romania SRL. También han aparecido sobornos a funcionarios de Hacienda para evitar controles. «Fue un soborno de supervivencia […] no un soborno para enriquecerse», se ha justificado Anastasiu tras asegurar que entró en el Gobierno con un deseo de ayudar.
Según una investigación de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), las empresas de Anastasiu pagaron más de 150.000 euros en sobornos, disfrazados de servicios de consultoría y viajes ficticios, a un inspector de la ANAF entre 2009 y 2017 para evitar sanciones. El inspector ha sido condenado a cinco años de prisión. Anastasiu declaró durante el juicio que el funcionario había amenazado con no realizar la devolución del IVA correspondiente, como amenaza de extorsión, pero la Fiscalía ha demostrado que la devolución se había efectuado correctamente antes de los hechos.
Al tratarse de un puesto de confianza nombrado personalmente por Ilie Bolojan, sobre el primer ministro rumano recae una responsabilidad moral. Del escándalo ha tratado de distanciarse el recién electo presidente de Rumanía, Nicusor Dan, quien se ha apresurado a declarar que no tenía información alguna sobre las irregularidades en las empresas de Anastasiu. «Fue asesor honorario del señor Ilie Bolojan y obtuvo el certificado ORNISS», ha resumido sus credenciales. «En mi opinión, las comprobaciones que se realizan para obtener este certificado son aquellas vulnerabilidades que provienen de diferentes formas de asociación con aquellas personas que no son amigas del Estado rumano (…) o con aquellas personas que tienen cargos penales. Con Anastasiu era más un problema de imagen», ha señalado Dan.
También varios informes han desvelado que Ciprian Serban, el ministro de Transporte, ha pagado sobornos al menos en seis ocasiones, según medios como ‘ReporterIs.ro’, ‘Ziaru’l y ‘Free Europe’. En 2017, tres empleados del Distrito Forestal de Raducaneni fueron juzgados por haber cobrado sobornos del 3% por la adjudicación de contratos de servicios y, desde entonces, la prensa local ha demostrado que quien los pagó fue el joven diputado del Partido Socialdemócrata de Rumanía (PSD), ahora titular de Transporte, Ciprian Serban.
Posteriormente, para evitar ser imputado, denunció voluntariamente a los tres acusados, que fueron condenados a prisión con sentencia suspendida. El pasado mes de mayo, además, el Tribunal Supremo de Rumanía condenó a Liviu Dragnea, el poderoso líder del PSD, que gobierna en coalición con el Partido Naconal Conservador Liberal (PVL) y el proeuropeo USR-Plus, a tres años y medio de prisión por un caso de corrupción relacionado con trabajos falsos para empleados del partido. Dragnea utilizó su influencia para crear empleos ficticios en el sector público para dos mujeres que ya trabajaban para el PSD en ese momento. Considerado el político más poderoso de Rumanía, había recibido previamente una sentencia suspendida por un referéndum amañado, por lo que no pudo convertirse en primer ministro después de que el PSD ganara las elecciones de 2016 con el mejor resultado de su historia.
«La corrupción no solo roba dinero, roba futuro. Y cuando el Estado acosa a quienes la denuncian, estamos en peligro», ha denunciado la periodista de investigación Emilia Sercan. Cristian Ghinea, exministro de Fondos Europeos, ha lamentado por su parte que «el sistema político rumano está diseñado para proteger a los corruptos y necesitamos una reforma radical, no cosmética».
