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La diáspora venezolana celebra el Nobel de la Paz a María Corina Machado con una marcha global

Lina es venezolana y tiene 67 años. De ellos, los últimos 18 años ha vivido en España. Confiesa que dejó su país «por motivos políticos». Geóloga de profesión, fue despedida junto a otras 21.000 personas en 2003, durante el Gobierno de Hugo Chávez. El … motivo: «Protestar», explica a ABC, mientras espera que arranque, en Madrid, la Marcha por la Paz y la Libertad, convocada por el partido Vente Venezuela, que lidera la opositora María Corina Machado.
La cita es global. La organización ha logrado que participen en ella 130 ciudades de más de 31 países, explica José Antonio Vega, uno de los coordinadores del Comando Vzla España. Se esperaba gran afluencia. «Mayor que la de las anteriores convocatorias», asegura Gabriela Olavarría, otra coordinadora, que reconoce que la gente «tiene miedo a salir por sus familias» que siguen en Venezuela. Miedo a la represión del régimen que ha metido en prisión a un millar de personas por disentir.
Este sábado se conocía precisamente la muerte del exgobernador del estado de Nueva Esparta Alfredo Díaz durante una «injusta condena» en la cárcel de El Helicoide de Caracas, según comunicó la Plataforma Unitaria Democrática, en su cuenta de la red social X. Díaz, de 55 años, murió tras un año encarcelado y en situación de aislamiento, apuntaba el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, también en X.

«Pero estamos tan cerca de alcanzar la libertad que la gente ha vencido el miedo», indica Gabriela, que define esta marcha como un «símbolo de paz y de esperanza para los venezolanos. No es una celebración, sino el reconocimiento a 27 años de lucha», los que lleva el chavismo en el poder. Una lucha «no solo liderada por María Corina Machado», aunque reconoce que el Nobel de la Paz avala el trabajo de la líder opositora. Otro disidente histórico, Leopoldo López, encabezaba la marcha por las calles de Madrid.
Sobre el anuncio este mismo sábado por parte del Instituto Nobel de que Machado viajará a recoger el galardón, una incógnita que ha sobrevolado desde la concesión del premio, Gabriela se muestra cauta: «Nosotros no tenemos constancia. Es un tema de seguridad, que es lo prioritario». Vega, por su parte, maneja esa información con «prudencia y responsabilidad. Los detalles se darán en su momento», afirma.
Lina, sin embargo, no puede ocultar su «emoción» ante la posibilidad de que Machado vaya a Oslo. Sobre la justicia del galardón, no tiene dudas: «Gracias a su liderazgo empezó a conocerse nuestra causa –destaca–. Le ha dado visibilidad. Ella ha aglutinado nuestras esperanzas».

Con Machado y contra Maduro
El opositor Leopoldo López encabeza la marcha en Madrid, donde estuvo muy presente la imagen de María Corina Machado y abundaban los carteles contra el dictador chavista
Tania Sieira

A su lado está su marido, Bruno, de 67 años, despedido en la misma purga que ella. Preguntando sobre la posibilidad de que Machado, si sale, pueda regresar a Venezuela, asegura que «si no pudiera yo no la juzgaría. Ha gastado mucho tiempo de su vida, su mensaje seguirá vigente». «Ella nos ha hecho entender todo el peligro que se corre», apostilla Lina, que también ha vivido «en carne propia» la represión. «Tengo un primo militar detenido desde hace un año; y con mi familia de allí hablo con códigos porque revisan los móviles», explica. Palabras como «Trump» o «invasión» pueden llevar a la cárcel.

«Gracias a su liderazgo empezó a conocerse nuestra causa. Le ha dado visibilidad. Ella ha aglutinado nuestras esperanzas»

En otro lugar de la marcha, dos mujeres, las dos se llaman Carolina, no se muestran de acuerdo sobre sí María Corina Machado ya está fuera o no de Venezuela. Una de ellas, de 55 años, lleva casi 25 años en nuestro país. «Ganó Chávez, ahorré y me vine. No le veía buen fondo». Ser hija de españoles le facilitó la salida. Como muchos, considera que el Nobel de la Paz no es de una persona, «sino de todos los venezolanos que están en esta lucha».
Mientas hablamos, una persona de la organización reparte carteles con eslóganes como «El Nobel es nuestro», «El Nobel es mío». Entre la marea de banderas venezolanas se ven otros con lemas como «El Nobel es de los que están injustamente presos», «Justa paz», «Paz y libertad en Venezuela» y «¿Maduro? ¡Podrido!».

La oposición venezolana anuncia la muerte en prisión del exgobernador del estado de Nueva Esparta Alfredo Díaz

La oposición venezolana ha anunciado este sábado la muerte del exgobernador del estado de Nueva Esparta Alfredo Díaz durante una «injusta condena» en la cárcel de El Helicoide de Caracas.«Hoy, lamentablemente, fallece injustamente en prisión un líder inocente», ha lamentado la … principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, en su cuenta de la red social X.

Díaz, de 55 años, ha muerto tras un año encarcelado y en situación de aislamiento, según ha informado el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, también en su cuenta de X, antes de pedir explicaciones inmediatas al Gobierno venezolano como «responsable de la salud de la persona bajo su custodia», como también lo ha hecho en redes sociales su viuda Leynys Malavé.

Asimismo, el líder opositor Leopoldo López también ha condenado la muerte de Díaz antes de denunciar maltratos y abusos por parte de las autoridades penitenciarias. «Muere en el centro de tortura Helicoide Alfredo Díaz, ex alcalde, amigo, patriota y luchador. Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron, lo mataron. Es otra víctima de la dictadura», ha indicado.

Escándalo en la Administración Petro tras confirmarse vínculos entre el Estado y la disidencia de las FARC

Colombia se encuentra sumida en una profunda crisis de confianza institucional tras la revelación de presuntos vínculos entre altos funcionarios del Estado y las disidencias de las FARC, lideradas por Alexander Díaz, alias Calarcá.Este escándalo ha desatado una ola de investigaciones que … afectan tanto al Ejército como a la Inteligencia nacional y ha puesto en el centro del debate público la política de ‘Paz Total’ impulsada por el Gobierno actual, generando una profunda inquietud sobre la integridad de las instituciones y la eficacia de los controles internos.
Los hechos se encuentran bajo investigación desde julio de 2024, cuando un retén militar inspeccionó un vehículo en el que se transportaba la delegación del grupo armado designada para establecer diálogos con el Gobierno y fueron incautados teléfonos móviles, ordenadores y discos duros.

Posteriormente, la unidad de investigación del canal local Caracol accedió a correos, chats y documentos que mencionaban nexos entre la disidencia de las FARC y altos funcionarios del Estado, entre ellos el general del Ejército Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Ambos se enfrentan a procesos disciplinarios y judiciales por presuntos contactos y acuerdos con la organización liderada por Calarcá. El Ministerio de Defensa ha anunciado medidas preventivas, incluyendo la suspensión temporal del general Huertas y la apertura de una inspección exhaustiva sobre su gestión, mientras se realizan las investigaciones formales.

Entre los aspectos más polémicos está la posibilidad de que el grupo armado haya financiado campañas electorales

El debate político se ha intensificado en el Senado, donde algunos legisladores han cuestionado la eficacia de los controles internos y han exigido respuestas claras sobre si la infiltración fue producto de negligencia o de acuerdos deliberados entre sectores del Estado y el narcoterrorismo.
La senadora Paloma Valencia, del uribista Centro Democrático, lideró un debate en el que planteó interrogantes sobre la posibilidad de que la infiltración de las disidencias en instancias clave de seguridad y defensa haya sido parte de un pacto político, lo que ha generado tensiones profundas en torno a la política de paz y a la gestión de la seguridad nacional.

Petición de EE.UU.

Las investigaciones no se limitan al ámbito militar. La Procuraduría General ha abierto procesos contra los funcionarios señalados, mientras la DNI realiza indagaciones internas y externas, incluyendo una investigación independiente dirigida por el inspector general, designado directamente por el presidente.
Estados Unidos, aliado clave en materia de seguridad, ha pedido a Colombia que investigue a fondo los vínculos señalados, dada la importancia estratégica de la cooperación bilateral.
El informe periodístico que desató el escándalo reveló datos sobre comunicaciones, transferencias de información y supuestos acuerdos políticos y financieros entre funcionarios y miembros de las disidencias.

Sospechas de financiación de campañas

Entre los aspectos más polémicos está la posibilidad de que el grupo armado haya financiado campañas electorales, lo que ha generado rechazo y desconfianza en la opinión pública y entre los sectores políticos.
El Gobierno colombiano insiste en la transparencia y en la aplicación de la «cero tolerancia» ante cualquier acto ilegal, aunque la gravedad de los señalamientos ha abierto un debate sobre la eficacia de los controles institucionales y la vulnerabilidad del Estado frente a la infiltración de estructuras criminales.
La sociedad civil y la comunidad internacional han exigido transparencia y resultados contundentes, dada la importancia estratégica de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
La crisis ha puesto en el centro de la agenda la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar la integridad del Estado, aspectos fundamentales para el proceso de paz y la estabilidad democrática.

El gobierno colombiano insiste en la transparencia y en la aplicación de la «cero tolerancia» ante cualquier acto ilegal

En este contexto, el Gobierno ha anunciado la aplicación de medidas contundentes y la apertura de procesos de investigación exhaustivos, con el fin de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
La sociedad espera respuestas contundentes y medidas que fortalezcan la confianza en las instituciones y garanticen la integridad del Estado, aspectos fundamentales para el proceso de paz y la estabilidad democrática.

Grecia juzga a 24 trabajadores humanitarios por tráfico de personas durante la crisis migratoria

Los hechos tuvieron lugar en 2018, cuando cientos de refugiados sirios llegaban en embarcaciones desde Turquía a Grecia –principalmente a la isla de Lesbos–. Todos los acusados trabajaban o colaboraban como voluntarios en la organización humanitaria Emergency Response Centre International (ERCI), operativa entre 2015 … y 2018, durante los años de la denominada crisis migratoria europea, y que se encargaba, entre otras funciones, de labores de búsqueda y rescate de refugiados en aguas del norte del Egeo.
En un primer momento, se les acusó de los delitos menores de espionaje, falsedad documental y blanqueamiento de capitales, además de los cargos de tráfico de personas y pertenencia a una organización criminal. En 2023, un tribunal de apelaciones retiró los cargos menores, pero mantuvo los de tráfico de personas y pertenencia a una organización criminal, por los que los acusados están siendo juzgados desde este jueves y por los que podrían afrontar penas de hasta veinte años de prisión.
Entre ellos figuran el entonces director de la ONG, Nasos Karakitsos; el buzo y rescatista profesional Sean Binder; el marinero y voluntario holandés Peter Vinterberg; tres ejecutivos de la ONG, y la activista Sarah Mardini, conocida por huir de Siria en 2015 con su hermana Yursa –entonces ambas eran menor de edad– y salvar a decenas de refugiados que viajaban con ellas una embarcación que partió de Turquía rumbo a Grecia.

Tras averiarse el motor, las dos hermanas remolcaron durante horas la barca a nado hasta las costas de Lesbos. Esta historia inspiró la película ‘Las nadadoras’, dirigida por Sally El Hosaini. Algunos de los acusados, entre ellos Mardini, Karakitsos y Binder, fueron detenidos en 2018 y pasaron más de cien días en prisión preventiva a la espera de juicio.
Se trata de un juicio polémico, que ha sido calificado por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y organismos de la ONU como un proceso basado en cargos infundados y motivado por razones políticas. En 2021, el Parlamento Europeo describió este caso como «el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa». Amnistía Internacional, por su parte, ha enviado a Lesbos para seguir el proceso a una decena de observadores para seguir el desarrollo de las vistas.

Un refugiado sirio trata de sostener a sus dos hijos al desembarcar en Lesbos en 2015

Reuters

En su defensa, los acusados, han declarado que lo único que hacían era brindar a los refugiados que llegaban a Lesbos una primera atención médica y psicológica, proporcionarles ropa seca, agua y comida, para luego ponerlos inmediatamente a disposición de la Guardia Costera griega para que pudieran iniciar los trámites de solicitud de asilo. «Éramos los primeros en tomarles el pulso y brindarles la atención necesaria, en lugar de pedirles un pasaporte», afirmó Binder en un comunicado.

Endurecimiento de las políticas migratorias

Entre 2015 y 2016, punto álgido de la crisis migratoria, más de un millón de personas entraron en Europa a través de Grecia. Lo que empezó como una emergencia humanitaria –proveer alimentación, alojamiento y ayuda a las miles de personas que llegaban a Grecia huyendo de la guerra– terminó convirtiéndose en una crisis política.
Desde su llegada al poder en 2019, Kyriakos Mitsotakisha endurecido la política migratoria del país con medidas como la construcción de una valla en la frontera terrestre con Turquía o la paralización temporal, el pasado verano, de las tramitaciones de asilo para las personas indocumentadas que accedieran al país por la ruta marítima del norte de África.

El derechista Bardella, acusado de contratar un 'entrenador político' con fondos europeos

La Fiscalía nacional financiera (FNF, Parquet national financier) ha abierto una investigación judicial contra Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), el partido de Marine Le Pen, sospechoso de malversación de fondos públicos europeos.La FNF investiga las acusaciones presentadas por … la Association Anti-Corruption (AAC), una organización que se hizo célebre hace años denunciando la corrupción del expresidente Jacques Chirac, durante sus años de alcalde de París. Aquella histórica denuncia precipitó el hundimiento moral y la condena judicial del difunto presidente.
Años más tarde, las acusaciones de AAC y la investigación abierta por la FNF, amenazan con provocar otra crisis política grave.

A primeros de año, el Tribunal de París condenó a Marine Le Pen, fundadora de Agrupación Nacional, a cuatro años de prisión (dos de ellos en firme) y cinco de inhabilitación, con ejecución inmediata, más una multa de 100.000 euros por malversación de fondos públicos europeos en banda organizada. El mismo Tribunal condenó a Jean-Marie Le Pen y otros ocho miembros de su partido a diversas penas.
Marine Le Pen presentó varios recursos, en curso de instrucción penal. Pero ella misma ha reconocido que Bardella es su sucesor y posible candidato de su partido a la próxima elección presidencial, dentro de unos meses o dentro de poco más de un año.
Bardella y Marine Le Pen son los personajes políticos más populares de Francia, con mucho. Las acusaciones de AAC y la instrucción de la FNF pueden convertirse en un «factor político» grave e imprevisible.
A juicio del FNF, Bardella contrató, a partir del 2019, un ‘entrenador político’ consagrado a preparar su carrera política nacional, en la perspectiva de las elecciones generales y presidenciales.

La Fiscalía investiga, entre otros posibles delitos, ñla competencia política ilegal de un dirigente nacional

Ese ‘entrenador político’, Pascal Humeau, ha reconocido que se trabajo «no tenía nada que ver» con el Parlamento Europeo (PE), cuyos fondos fueron utilizados para pagar su trabajo político y mediático, en Francia.
La FNF investiga varios posibles delitos, nacionales y europeos: malversación del dinero del Parlamento Europeo (PE), con objetivos «totalmente ajenos» al trabajo de un eurodiputado; «competencia política ilegal» de un dirigente político nacional, intentando «mejorar» su carrera política con dinero público europeo; «competencia crapulosa» de un partido político, la AN de Marine Le Pen, con el resto de los partidos políticos franceses, cuya financiación es «estrictamente nacional».

Bardella desmiente las acusaciones

Jordan Bardella, por su parte, desmiente «por completo» todas las acusaciones y sospechas, sin prejuzgar la presentación, por su parte, de querellas por los presuntos delitos de difamación.
Bardella es, hoy, el personaje político más popular de Francia, presentado en todos los estudios de opinion como la personalidad «con mayor futuro político». Las acusaciones en curso de instrucción penal abren un paréntesis imprevisible.
Las mismas acusaciones y condena de Jean-Marie Le Pen precipitaron su hundimiento final. Las acusaciones y condena de Marine Le Pen, a la espera de nuevos juicios, son una amenaza grave para la fundadora de AN, el partido heredero de su padre. Las mismas acusaciones, en curso de instrucción, contra Jordan Bardella, son una amenaza potencial difícil de calibrar, inflamable, en el mejor de los casos.

Merz sobrevive 'in extremis' a la reforma de las pensiones tras dar un ultimátum a las juventudes de su partido

Minutos antes de la votación, no era todavía seguro que Friedrich Merz contase con el apoyo suficiente de su propio partido para la votación en el Bundestag de la reforma de las pensiones, pilar fundamental de su «otoño de las reformas».El proyecto eleva … las pensiones inmediatas, pero carga la factura a las siguientes generaciones y había levantado en armas tanto a las juventudes de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Junge Union, como a los diputados más jóvenes de la CDU. Dado que la mayoría de la gran coalición de conservadores y socialdemócratas es ajustada, si los 18 diputados más jóvenes de la CDU votaban en contra del paquete de pensiones, Merz no sacaría adelante la ley. En las últimas horas de incertidumbre, el partido radical La Izquierda ofreció su abstención para facilitar así la aprobación del proyecto, pero Merz decidió arreglar el problema en casa y anoche exigió la «mayoría del canciller». Estaba decidido a ganar la votación con votos propios.
En realidad estaba lanzando un ultimátum a los cachorros conservadores en el Bundestag: si fallaba la votación, la única salida era una crisis de gobierno. Los jóvenes disidentes acudieron en bloque, se sentaron juntos, abuchearon la presentación de la reforma e hicieron una crítica descarnada de la misma. Finalmente, Merz obtuvo la aprobación con 319 votos, su propia mayoría, salvando así un obstáculo que ha situado al canciller alemán al borde de su primera gran crisis sólo seis meses después de llegar al cargo.

El momento de mayor tensión, durante el debate parlamentario, tuvo lugar cuando tomó la palabra Pascal Reddig, nacido en 1995, y reprochó a sus colegas de partido más veteranos estar embolsándose gruesas pensiones pagadas por unos jóvenes a los que al mismo tiempo se está condenando a una vejez de pobreza.
«El cambio demográfico no espera a las próximas elecciones. El proyecto de ley va en contra de mis convicciones fundamentales, de la solidaridad generacional. Y por eso he decidido no votar a favor del proyecto de ley», justificó.

«El cambio demográfico no espera a las próximas elecciones, por eso he decidido no votar a favor»

Pascal Reddig
Juventudes de la CDU

Criticó además el hecho de que la reforma contempla costes adicionales de 120.000 millones. «Esto paralizará el presupuesto. Las pensiones continúan así una práctica del pasado. Se decidirían los costes, se pospondrían las decisiones… solo que esta vez ya no va a salir bien», advirtió.
Agradeció a su grupo parlamentario que le permitiese tomar la palabra, aunque votase en contra de la línea de la mayoría, y recibió abundantes aplausos por ello, incluso del líder del grupo parlamentario, Jens Spahn. «El paquete de pensiones debe ir seguido de una gran reforma de pensiones y estaremos encantados de trabajar en eso», añadió con esperanza y dejando entrever la contrapartida del pacto por el que, finalmente, los jóvenes diputados se han plegado a un voto del que Merz no podía prescindir si quería evitar el ridículo.
Lo que hace inaceptable esta reforma para los jóvenes es el «nivel de seguridad antes de impuestos», como lo denomina la ley, una variable matemática que compara el desarrollo de las pensiones con los ingresos del trabajo y establece una pensión estándar en relación con el salario medio. Si el nivel es estable, esta pensión estándar aumenta en consonancia con la evolución salarial. Si el nivel de pensión baja, sube más lentamente que los salarios y sueldo la pensión estándar, que es la que recibe alguien que ha pagado contribuciones durante 45 años como salario medio a tiempo completo y que actualmente alcanza los 1.836 euros al mes.
Esta proporción entre la pensión estándar y los ingresos medios ya ha caído drásticamente en las últimas décadas. A finales de los años 70, aún representaba casi el 60% de los ingresos medios, en 2012 bajó por debajo del 50% por primera vez y ahora queda establecida en el 48%.

La «mayoría de canciller»

Tras conocerse el resultado de la votación, 319 sí, 225 no y 53 abstenciones, con una «mayoría de canciller» por sólo por tres votos, el ministro de Finanzas sonrió e hizo un signo de victoria. El también líder de los socialdemócratas, Lars Klingbeil, el cerebro detrás de la reforma, da así el último golpe a un sistema de pensiones que ya comenzó a desmantelar su colega de partido, el excanciller Gerhard Schröder, con su Agenda 2010.
Merz sobrevive a la resistencia interna e impone el proyecto, pero por muy poco margen de votación y a costa de romper el consenso social sobre la jubilación alemana. El resto de grupos parlamentarios ha brillado por su falta de propuestas al respecto. La extrema derecha se ha limitado a calificar el debate de «caos de las pensiones» y la líder de La Izquierda, Heidi Reichinnek, ha criticado con pasión una ley sobre la que después ha evitado votar en contra.