En el juicio por el plan de ataque con explosivos contra la Embajada israelí en Berlín que ha comenzado este lunes en la capital alemana, el refugiado de 19 años ruso de origen checheno, identificado como Akhmad E., ha reconocido los hechos y … su intención terrorista, pero ha mostrado remordimiento y ha alegado problemas de identidad propios de la adolescencia. Su abogado ha decidido jugar la baza de la inmadurez. «Estaba atrapado en una profunda falta de estructura», ha asegurado la defensa ante el Tribunal de Apelación de Berlín. «Mi perspectiva se estrechaba, mis pensamientos se volvían cada vez más radicales», ha justificado el acusado sus deseos manifiestos de «luchar contra los infieles por fines religiosos».
Según esta declaración, veía el atentado desde una perspectiva infantil, como una «especie de aventura militar con amigos». Ha reconocido que había hablado en un chat sobre posibles planes de ataque, motivo por el que fue detectado, y que de haber conseguido todos los materiales necesarios estaba decidido a llevar a cabo el atentado.
Era simpatizante de Daesh, también lo reconoce, y siguió las instrucciones que la organización terrorista proporciona a través de internet sobre cómo preparar una bomba casera y sobre qué objetivos son los más deseables para la organización, pero insiste en que todo ello fue porque «quería hacerme el importante, para que me tomaran en serio».

La Fiscalía Federal considera al joven «partidario de la milicia terrorista Estado Islámico» y, entre otras cosas, le acusa de «apoyar a una organización terrorista en el extranjero y de preparar un grave acto de violencia que pondría en peligro al Estado». Fue arrestado el 20 de febrero en el aeropuerto BER de la capital alemana, cuando intentaba huir a Pakistán, y desde entonces está bajo custodia. Uno de los datos más preocupantes revelados durante la investigación es que estuvo trabajando para Daesh como traductor, pasando al ruso y al checheno documentos e instrucciones terroristas.
Nacido en Austria y tras pasar un tiempo en un albergue de refugiados en Potsdam, asegura que se radicalizó en Alemania a través de las redes sociales. Su intención después del intento de atentado era unirse a Daesh en Pakistán y recibir allí formación militar. Poco antes, había enviado un vídeo con un juramento de lealtad a un presunto miembro Daesh en el extranjero. Tras su detención, una oleada de comentarios en redes defendió sus intenciones desde círculos propalestinos y hostiles con Israel en Alemania.

Nacido en Austria y tras pasar un tiempo en un albergue de refugiados en Potsdam, asegura que se radicalizó en Alemania a través de las redes sociales

«La situación de los judíos en Alemania sigue siendo muy tensa, con un alto número de incidentes y delitos antisemitas, animados por estos intentos mediáticos de agresión», asegura el presidente del Consejo Central de Judíos en Alemania Josef Schuster, tras la reunión del consejo en Fráncfort celebrada el domingo.
La asamblea de los 90 delegados de las 23 asociaciones estatales y grandes comunidades trató sobre el trabajo y la situación de las más de cien comunidades judías en Alemania ante invitados como el ministro de Estado de Cultura, Wolfram Weimer, y el embajador de Israel, Ron Prosor. Weimer elogió que el nuevo Gobierno alemán quiera establecer una clara «señal de stop contra la relativización y la trivialización», pero ha señalado que «no es solo deber del gobierno federal y mío personalmente, sino también de toda la sociedad alemana, la necesidad más profunda de fortalecer y proteger la vida judía de hoy».
«Los soviéticos ya dijeron sionistas y se referían a judíos, hoy estamos observando el mismo patrón otra vez. Si no oponemos resistencia a este patrón de disfrazar el antisemitismo como antisionismo hoy, sentiremos las amargas consecuencias mañana», ha declarado por su parte Prosor, tras seguir personalmente en la sala el inicio del juicio.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han tratado de distanciarse del episodio que sacude a la Casa Blanca y que ha provocado la apertura de investigaciones en el Congreso: la operación militar en la que … el ejército de EE.UU. remató a dos supervivientes en el ataque a una narcolancha.
Trump y Hegseth apuntan a lavarse las manos y a dejar la responsabilidad en manos del comandante militar de esa operación, el almirante Frank ‘Mitch’ Bradley, que está al frente de la Comandancia Sur. Pero los demócratas y republicanos del Congreso han impulsado pesquisas para determinar lo ocurrido y la legalidad de la decisión. Y que podrían poner en riesgo la figura de Hegseth, envuelto en la polémica desde que Trump le eligió para el cargo.
La Casa Blanca confirmó este lunes que hubo dos lanzamientos de misiles contra un barco en aguas internacionales del Caribe, lo que concuerda con la revelación que realizó ‘The Washington Post’ la semana pasada: el primer impacto dejó dos supervivientes, que después fueron liquidados por un segundo misil.

Ocurrió el 2 de septiembre, en el episodio inaugural de la campaña de ataques contra narcolanchas decretada por la Administración Trump. La Casa Blanca defiende que esas operaciones militares son legales porque EE.UU. está en guerra contra los narcos y porque Trump ha designado a varios cárteles como organizaciones terroristas. Pero muchos dentro y fuera de EE.UU. cuestionan esa legalidad. Y mucho más si se trata de rematar a dos supervivientes aferrados a un barco que acaba de ser bombardeado.
Un asunto central es qué papel tuvo Hegseth en el segundo ataque. Según las revelaciones del ‘Post’, la orden del secretario de Defensa era «matar a todo el mundo». Y que el almirante Bradley la ejecutó.
En un principio, Hegseth no confirmó que hubo dos ataques y solo insistió en la legalidad de la operación.
Pero la posición de la Casa Blanca empezó a cambiar cuando el domingo por la noche el propio Trump se distanció del lanzamiento de ese segundo misil. En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, dijo que no sabía nada del asunto, se le notó incómodo sobre el asunto. «No sé nada sobre ello», dijo en un primer momento. Luego aseguró que Hegseth le dijo que él no dio la orden «de matar a esos dos hombres». Y acabó por decir: «Yo no hubiera querido un segundo ataque». Pero insistió en que tiene «total confianza» en Hegseth.
Al día siguiente, este lunes, su portavoz, Karoline Leavitt, fue la que confirmó la existencia de los dos ataques. Y empezó a apuntar a Bradley como autor de la decisión, que también defendió como legal.
«El 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a realizar esos ataques», dijo Leavitt en un comentario que leyó a la prensa. «El almirante Bradley actuó dentro de su autoridad y de la ley, dirigiendo la operación para asegurar que el barco se destruyó y que la amenaza a EE.UU. había sido eliminada».
Cuando los periodistas le insistieron si la orden vino de Hegseth, Leavitt volvió una y otra vez a esta posición.
Poco después fue el propio Hegseth quien retrató la decisión como cosa del almirante. «Dejemos algo claro: el almirante Mitch Bradley es un héroe estadounidense, un verdadero profesional y tiene mi apoyo al 100%», escribió en un mensaje en redes sociales. Pero añadió: «Le apoyo a él y a las decisiones de combate que tomó, tanto en la misión del 2 de septiembre como las demás desde entonces».
El propio Hegseth aseguró en su día que siguió la operación contra esa narcolancha de forma directa. «Vi el ataque en vivo», aseguró a ‘Fox News’ cuando se reveló a comienzos de septiembre. Entonces no se sabía que había habido supervivientes y que se tomó la decisión de lanzar un nuevo ataque.
Más de 80 personas han muerto en la campaña contra las narcolanchas. En al menos otro ataque también hubo supervivientes, pero el ejército de EE.UU, los rescató y permitió la devolución a sus países de origen.
Ese segundo ataque para ‘rematar’ a supervivientes se ha convertido en una bomba política. Este lunes, tanto la Cámara de Representantes como el Senado anunciaron la apertura de investigaciones para determinar lo ocurrido, con apoyo tanto de demócratas como de republicanos. En ambos casos, han asegurado que van a realizar una «supervisión rigurosa» de las circunstancias del ataque. Algunos han asegurado que van a exigir registros de vídeo del ataque y el audio de las conversaciones entre mandos.
«Vamos a abrir una investigación. Vamos a tener comparecencias públicas. Vamos a poner a esas personas bajo juramento», dijo el senador demócrata Mark Kelly sobre los responsables del ataque. «Y vamos a descubrir qué pasó».
Los problemas con el segundo ataque vienen también de republicanos, donde apenas hay voces que cuestionen las decisiones de la Administración Trump. «Si eso ocurrió, sería algo muy serio», dijo el diputado Mike Turner. «Y sería un acto ilegal».
Los demócratas utilizan expresiones más gruesas. «Es muy posible que se haya cometido un crimen de guerra», ha defendido el senador Chris Van Hollen. Eso sería aceptando que el ataque está dentro de los límites de la legislación bélica, lo que él pone en cuestión. De lo contrario, «sería un simple asesinato», dijo.
«Queremos saber qué ha pasado, cuáles fueron las órdenes, cuáles son las reglas de combate, cómo encaja esto en la legalidad y queremos ir hasta arriba en la cadena de mando», advirtió el demócrata Adam Smith. «No sé cómo esto puede ser aceptable», reconoció el republicano Jim Justice.
El episodio pone el foco en Hegseth, una figura muy criticada desde su nombramiento por su limitada experiencia en defensa y seguridad nacional (tuvo una carrera militar modesta y se desempeñó como presentador de televisión durante muchos años). Nada más llegar a su cargo, ejecutó cambios drásticos en el Pentágono, donde ha reemplazado a buena parte del Estado Mayor. Entre otras decisiones, despidió a abogados del Departamento de Defensa que consideraba que serían un «obstáculo» a las órdenes del comandante en jefe, es decir, de Trump.
El almirante Bradley tendrá que comparecer esta semana en el Congreso, en medio de una creciente incomodidad entre los militares del Pentágono por la posibilidad de que sea él -y no Hegseth- quien tenga que asumir la responsabilidad por esa operación en el Caribe.
Trump celebrará este martes una nueva reunión de su Gabinete. En las anteriores, Hegseth ha estado sentado a su lado. No hay duda de que el secretario de Defensa será uno de los protagonistas.

Una jornada electoral marcada por el caos, la tensión y las proclamaciones de victoria anticipadas desde el poder terminó con un desenlace que pocos en Honduras habían imaginado al amanecer: los votantes hondureños castigaron con claridad al Gobierno y al entramado político conocido como ‘ … el familión’, que quedó relegado a la irrelevancia. Tras horas de fallos técnicos, denuncias de cierre anticipado de urnas y choques en centros clave, los últimos votos que se contaban en la capital y en varios departamentos correspondían, sobre todo, a bastiones de la derecha, inclinando el escrutinio hacia un resultado adverso para el oficialismo.
Ya este lunes, con el 56% de las mesas escrutadas, los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral reflejaban un vuelco inesperado. El candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, alcanzaba el 40% de los votos, unos 735.703 sufragios, después de haber pasado del tercer lugar en las encuestas al primero impulsado por el respaldo explícito del presidente estadounidense Donald Trump. Muy cerca quedaba el candidato de centroderecha Salvador Nasralla, con 39.78% y 731.527 votos. En contraste, la candidata oficialista, Rixi Moncada, se desplomaba hasta el 19.18%, con 352.836 votos.
En el llamado búnker de la candidata del Gobierno, la escena era de desolación e incredulidad. Rixi Moncada no compareció durante toda la noche electoral. Su discurso de resistencia, de enfrentamiento con las élites y de denuncias contra una supuesta injerencia estadounidense no logró calar. Tampoco ayudó que, a lo largo de la jornada, se proclamara ganadora en varias ocasiones antes de que cerraran las urnas, insistiendo en que la oposición no tenía ninguna posibilidad. El resultado la desmintió con una enorme contundencia.

Honduras, donde un presidente sólo puede servir un único mandato, se suma al giro a la derecha que en los últimos años ya habían marcado Ecuador, Argentina y Bolivia. Para muchos votantes, este resultado es una corrección directa al rumbo que tomó el país bajo el oficialismo de Xiomara Castro y Manuel Zelaya, marcado por su acercamiento político a Nicolás Maduro en Venezuela y al castrismo en Cuba.
En Honduras se conoce como el ‘familión’ al círculo de poder que rodea al expresidente Zelaya, depuesto en un golpe en 2009, y a la actual mandataria, su mujer. El término se popularizó porque varias posiciones estratégicas del partido Libre y del Gobierno quedaron en manos de familiares directos o figuras muy próximas al núcleo Zelaya-Castro. Su hijo Héctor Manuel Zelaya ocupó puestos de dirección y estrategia; y otros parientes y allegados de variado pelaje alcanzaron responsabilidades de peso en el aparato estatal. Para la oposición, el ‘familión’ resume un proyecto político basado en la concentración familiar del poder bajo la apariencia de políticas de progreso.

Honduras se suma al giro a la derecha que en los últimos años ya habían marcado Ecuador, Argentina y Bolivia

También se puso a prueba en Honduras el llamado ‘efecto Trump’. En las calles, tanto en la izquierda como en la derecha existía el temor de que el apoyo tan explícito del presidente de Estados Unidos al candidato del Partido Nacional terminara perjudicándolo. Trump intervino de manera frontal apenas tres días antes de la votación y lo hizo indultando al expresidente Juan Orlando Hernández, que gobernó entre 2014 y 2022 y que fue detenido, imputado, extraditado y condenado por narcotráfico en Estados Unidos durante la Administración Biden. Trump sostiene que Hernández fue víctima de una trampa y decidió perdonarlo, un gesto que marcó la recta final de la campaña y reconfiguró por completo el tablero político hondureño.

Nasralla recorta distancias

Al final, como pasó recientemente en Argentina, con el apoyo a Milei en las legislativas, Asfura pasó a liderar el recuento inicial, aunque su victoria aún está en entredicho. El motivo es que su principal competidor, Salvador Nasralla, fue recortando distancias a medida que avanzó el escrutinio. Entre el primer corte y las actualizaciones de la mañana del lunes, la brecha pasó de más de 20.000 votos a menos de 5.000, según el sistema de resultados del Consejo Nacional Electoral.
En cualquier caso, los dos candidatos que se disputan la presidencia representan un rechazo frontal al oficialismo. Ambos han prometido tomar distancia del Gobierno de Nicolás Maduro en un momento de tensión creciente con Estados Unidos y se reivindican como aliados de Trump, dispuestos a cooperar con Washington en materia migratoria y comercial.
Ese alineamiento tiene una explicación clara y contundente: en un país de poco más de 10 millones de habitantes, alrededor del 26% del PIB hondureño procede de las remesas enviadas desde el exterior y más de 1,2 millones de hondureños residen en Estados Unidos. Esa dependencia convierte cualquier cambio en la política estadounidense en un asunto decisivo para la economía y la estabilidad social de Honduras, y obliga a los candidatos a presentarse como interlocutores fiables ante la Casa Blanca.

Relaciones con EE.UU.

El voto hondureño en Estados Unidos ha sido hasta ahora favorable a Asfura, alimentado por la expectativa de una mejora en las relaciones bilaterales y en la situación de los propios emigrantes. Pero muchos de ellos denunciaron que no pudieron votar: informaron de papeletas insuficientes, centros mal asignados y listados incompletos. El congresista estadounidense Carlos Giménez acusó al Consejo Nacional Electoral de haber dificultado el proceso sobre todo en Miami. Para miles de hondureños en el exterior, la jornada terminó con frustración y sin la posibilidad de hacer valer su voto. En España no se pudo votar por decisión de ese mismo organismo.
La jornada estuvo marcada por atrasos, fallos de los dispositivos biométricos en centros de votación, retrasos en la apertura de mesas y errores en los listados. En varios puntos de Tegucigalpa y San Pedro Sula, grupos afines al oficialismo intentaron bloquear a observadores y presionar a miembros de las Juntas Receptoras, lo que elevó la tensión en las horas críticas del escrutinio. Hubo denuncias de papeletas insuficientes, cambios de último minuto en la ubicación de centros y problemas en el voto en el exterior, donde miles de hondureños informaron de centros erróneos y listados incompletos.
Pese a ese clima, el cierre de la noche dejó claro que el proceso estaba bajo una vigilancia amplia, sobre todo de Washington. La Organización de Estados Americanos (OEA) desplegó una misión completa. A ella se sumaron observadores independientes enviados por organizaciones cívicas regionales, así como una delegación de congresistas demócratas y republicanos de Estados Unidos, que recorrieron centros de votación en Tegucigalpa. Esa combinación de misiones internacionales y supervisión externa añadió una capa de control adicional sobre un proceso ya tenso y decisivo, y finalmente sin sospechas de irregularidades en ese recuento.