El salvaje asesinato de Charlie Kirk horrorizó al mundo entero. Durante uno de sus debates públicos ‘Prove me Wrong’ (‘Demuestra que me equivoco’), armado solo con una silla y un micrófono, fue asesinado de un disparo por Tyler Robinson, un izquierdista radical … de 22 años, frente a miles de asistentes, su mujer y sus dos hijos pequeños. En la bala escribió: «Atrapa esto, fascista».
Si el asesinato conmocionó al mundo por su brutalidad, no menor indignación provocaron las reacciones de parte de la izquierda occidental. Mientras el luto conservador consistió en oraciones y velas, miles de perfiles izquierdistas inundaron las redes sociales celebrando y justificando su asesinato por pensar diferente. Una ‘antifa’ llegó a comercializar camisetas con la imagen de Kirk ejecutado y el lema ‘Debate esto’.
EE.UU. no es ajeno a los asesinatos políticos: Lincoln, Kennedy o Martin Luther King regaron con su sangre el camino de su democracia. La novedad, ahora, es que el panóptico del alma humana que son las redes sociales nos permite, cual autopsia notarial, asomarnos, con horror, al corazón de una izquierda cada vez más radicalizada. Años de criminalización y deshumanización de los ciudadanos conservadores, certificándolos como nazis, predicando que «al fascismo no se le debate, se le combate» y llamando a cordones sanitarios contra quienes piensan diferente, han fabricado, cual eficientes madrasas islamistas, individuos como Tyler Robinson.

Esta ola de violencia ya se manifestó en los intentos de asesinato de Trump, uno de los cuales estuvo a centímetros de lograrlo y mató a un bombero, o las ejecuciones de empresarios que inició Luigi Mangione, actos todos ellos celebrados por esta izquierda radicalizada. Igualmente se han cometido crímenes contra figuras demócratas, como el asesinato de una legisladora de Mineápolis y su pareja; el lanzamiento de bombas incendiarias contra la casa de Josh Shaphiro, gobernador de Pensilvania; el intento de secuestro de Gretchen Whitmer, gobernadora de Míchigan; o el ataque contra el marido de Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes.
En España conocemos bien estas dinámicas. ETA asesinó a mil personas y forzó el exilio de 200.000 vascos, el mayor de Europa Occidental desde la Segunda Guerra Mundial, mientras algunos brindaban con champán. Hoy, la izquierda abertzale blanquea su historia y coloca a antiguos pistoleros en listas electorales.
La pregunta es inevitable: ¿puede una democracia sobrevivir si parte de sus ciudadanos celebran el asesinato de quienes piensan distinto? ¿Qué futuro nos aguarda como sociedad si al disidente sólo se le tolera en dos estados: callado o muerto?
Necesitamos recordarnos como sociedad que justificar un crimen convierte en cómplice moral, y que acallar a alguien no sólo es un ataque contra esa persona, sino contra toda la comunidad a la que se usurpa su derecho a escuchar otras ideas, confrontar opiniones, debatir y rebatir, y llegar, eventualmente, a una mejor comprensión de la realidad.
Por ello, el asesinato de Charlie para silenciarle no quería sólo destrozar a un hombre y a su familia, sino también secuestrar intelectualmente a toda una civilización a la que considera su propiedad para que no sea libre. Es una agresión contra la esencia del ser humano. Un ataque contra todos nosotros. Y sólo si logramos no ceder ante la censura y las coacciones, ante la criminalización y la violencia, lograremos sobrevivir como civilización.
Descanse en paz.

SOBRE EL AUTOR
Juan Luis López Aranguren
Profesor de Relaciones internacionales y Derecho internacional público en la Universidad de Zaragoza

Exministro de Asuntos Exteriores, constituyente del 77 y veterano del Parlamento Europeo, José Manuel García-Margallo (Alicante, 1944) mantiene intacta la convicción liberal y el gusto por el diagnóstico sin anestesia. Cree que Trump no inventó el repliegue estadounidense, solo lo explicitó; que el … sistema internacional se reordena según lógicas de Westfalia y Viena (1648 y 1815); que la Unión Europea (UE) vive por debajo de su talla; y que España lleva demasiados años a la defensiva, también en Gibraltar. Prepara un nuevo libro, sobre geopolítica, y su análisis es imprescindible para entender lo que pasa.
-¿Trump ha cambiado el orden mundial o solo destapó grietas que ya estaban ahí?
-Trump no es un meteorito. Su método está escrito desde los años ochenta: negociar desde posiciones máximas, tensar y luego retroceder hasta el objetivo real. No va a invadir Canadá ni anexionarse Groenlandia, pero sí fuerza reequilibrios comerciales, acceso a materias críticas -pienso en tierras raras y vigilancia del Ártico- o ventajas regulatorias. Segunda característica: él habla a lo grande, mientras el resto discute en pequeño. Y tercera: no quiere ser «jugador» en la tragaperras; quiere la máquina, porque la banca siempre gana. Por eso los aranceles no son para él un simple instrumento comercial: también son palanca de presión política. Su programa conecta con tres problemas reales de Estados Unidos: déficit comercial, déficit fiscal y deuda pública -gran parte en manos extranjeras-. Cuando sube aranceles, encarece importaciones, intenta mejorar la balanza y, de paso, sustituye ingresos fiscales que promete rebajar.
-Es decir, Trump cabalga una corriente previa.
-Exacto. La pulsión de replegarse a áreas de interés no empieza con él. Obama ya anuncia la retirada de Irak, es tibio en Siria tras su línea roja, y la culmina Biden en Afganistán. Trump acelera y verbaliza sin complejos: que los europeos se ocupen de lo suyo y que América concentre recursos donde está el duelo estratégico: en Asia y el estrecho de Taiwán. La novedad es el descaro y el uso transversal del arancel como arma para casi todo.

-¿En qué deja eso a Europa?
-En una encrucijada que ya no admite autoengaños. Estados Unidos quiere cerrar el frente ucraniano con un alto el fuego para mover efectivos a Asia y exige a los europeos que asuman su seguridad. El vínculo atlántico seguirá, pero con un reparto de cargas mucho más duro para Europa. Nos tocará financiar la reconstrucción de Ucrania, garantizar su defensa y aceptar que Washington prioriza el Indo-Pacífico.
-¿Ucrania acabará, como dice, «congelada» al estilo de Corea o Chipre?
-Es el desenlace más probable: un alto el fuego -no un tratado- que congele líneas. Putin no puede volver a Moscú con las manos vacías; Zelenski no puede legitimar la amputación. Resultado: frontera dura, ejército ucraniano reforzado -el segundo de la región tras Polonia-, y una UE que paga, arma y ancla. Esa ‘Corea europea’ nos obliga a pensar a décadas vista.
-Dibujaba un mundo de bloques y «estados civilizacionales». ¿Qué es eso en 2025?
-Es una vuelta a Westfalia y al Congreso de Viena: soberanías fuertes, no injerencia -al menos en la retórica- y equilibrio entre grandes potencias. Esa es la música. La letra dice que hay polos que se reivindican más allá de sus fronteras por afinidades culturales o históricas. Putin lo usa para justificar Ucrania; China lo practica con su visión de centro y periferia; y Estados Unidos, con toda su tradición universalista, también tiene áreas de influencia. Al final, cristalizan bloques: el G-7 y sus aledaños; los BRICS ampliados; la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)… Hay tres ‘Berlines’ contemporáneos donde chocan placas: Palestina, Ucrania y Taiwán.
-¿La ONU es irrelevante?
-Sería injusto decirlo así. Ochenta años sin guerra nuclear y solo nueve potencias atómicas es un éxito histórico. Pero sufre parálisis por vetos y burocracia, igual que la UE sufre la unanimidad en política exterior. Con reglas que bloquean la decisión, lo normal es la impotencia.
-Hablemos de la UE. Usted afirma que, si sigue así, «desaparecerá políticamente».
-Sí. Llevamos años eligiendo Comisiones débiles porque a los gobiernos no les gusta un ‘segundo ojo’ fuerte en Bruselas. Y, mientras, perdemos el tren tecnológico e industrial. El diagnóstico que han hecho Draghi y Letta es certero: seguimos anclados en sectores maduros -automoción tradicional y farmacia- mientras EE.UU. se nos escapa en automoción eléctrica, hardware, robótica y servicios digitales. No creamos megaempresas nuevas, los unicornios emigran, la energía es más cara, no existe un verdadero mercado único de capitales ni una unión bancaria completada, y la I+D carece de masa crítica. Sin escala ni decisión, la política industrial es un ‘powerpoint’.
-¿Ve riesgo de ruptura interna?
-El Brexit es una vacuna. Romper la UE sería un disparate, y la mayoría lo sabe. El peligro no es la ruptura, es la irrelevancia: una Europa que no decide, que no gasta en defensa cuando todos los incentivos estratégicos dicen lo contrario, y que renuncia a su propio tamaño de mercado por mantener 27 normativas que se estorban. Sin defensa, sin capitales unificados y sin política tecnológica, seremos un museo caro.
-¿Hay ‘trampa de Tucídides’ entre EE.UU. y China?
-Hay dos tesis. Una sostiene que veremos competencia total salvo guerra. Otra ve riesgo de choque si Taiwán queda bloqueada económicamente, porque no puede vivir sin comercio. Lo inquietante es que podría darse un ‘Múnich’ de esferas de influencia: Ucrania para unos, Taiwán para otros. No es inevitable, pero es verosímil con la lógica de bloques.
-¿Dónde debe situarse España si escalan EE.UU. y China?
-Con Estados Unidos y con Europa. Con todos los reproches que uno pueda hacerle a Washington, las diferencias con el modelo chino son sustantivas: Estado de derecho, separación de poderes, libertades civiles. Nuestros dos anclajes son irrenunciables: la UE y la relación transatlántica.

Agenda para Europa
«1) Abandonar la unanimidad, 2) cerrar la unión bancaria y relanzar el mercado de capitales, 3) política industrial moderna y 4) gasto sostenido en defensa»

José Manuel García-Margallo

-Usted pinta a España demasiado pasiva. ¿Somos actor o espectador?
-Podemos ser actor medio si aportamos en vez de pedir. Energía: con dos gasoductos y siete regasificadoras, España tenía opciones de aliviar la dependencia europea del gas ruso; faltó interconexión con Francia y sobra retórica del hidrógeno cuando aún no hemos resuelto los cuellos de botella reales. Defensa: anunciar que no se subirá el gasto ‘para 2035’ es enviar el mensaje de que la seguridad común no es una prioridad. Iberoamérica y Magreb exigen estrategia, no bandazos tácticos.
-A propósito de bandazos: Gibraltar. ¿Por qué critica el acuerdo con el Reino Unido?
-Porque consolida un ‘offshore’ a la puerta de casa y aleja la recuperación de soberanía. El derecho internacional habla de descolonización por negociación entre Madrid y Londres, con reintegración final del territorio; no de autodeterminación. Gibraltar sólo se explica por un régimen fiscal y societario que actúa de imán. Si abres la verja sin condiciones y facilitas acceso al mercado europeo vía acuerdo UE-Reino Unido, ¿quién invierte en el Campo de Gibraltar? Nuestra propuesta era otra: cosoberanía en exteriores, defensa e inmigración (para cumplir el marco europeo), autogobierno interno, doble nacionalidad y una zona económica especial que incluyera el Peñón, el Campo, Ceuta y Melilla. Eso atacaba la raíz del problema y ordenaba el conjunto.
-Volvamos a Ucrania: ¿Europa tragará con una partición ‘de facto’?
-Tragar no es la palabra, pero aceptará un alto el fuego si no hay alternativa. Y tendrá que convertir a Ucrania en un Estado militarmente disuasorio, ayudar a su reconstrucción y acelerar la ampliación hacia los Balcanes antes del ingreso ucraniano. Eso abre mercados y obliga a que nuestras empresas miren al Este con ambición y no con miedo.
-Usted habla de ‘Westfalia 2.0’. Explíquelo para lectores no juristas.
-Westfalia (1648) cerró la guerra de los Treinta Años con tres ideas: soberanía de cada Estado dentro de sus fronteras, no injerencia y equilibrio de poder para evitar hegemonías. En 1815, tras Napoleón, las monarquías pactan en Viena una estabilidad basada en esas lógicas y en intervenir donde haga falta para sostener el orden. Hoy, con otros instrumentos y vocabulario, asoma algo parecido: potencias con zonas de influencia, una ONU atascada, y una UE que duda entre ser sujeto o ser objeto.
-¿Qué haría mañana para que Europa deje de dudar?
-Cuatro cosas: 1) abandonar la unanimidad en política exterior y defensa; 2) culminar la unión bancaria y lanzar de verdad el mercado único de capitales; 3) política industrial tecnológica que concentre recursos en hardware, robótica, semiconductores, IA y defensa; 4) gasto sostenido en defensa con capacidades europeas interoperables con la OTAN. A partir de ahí, lo demás -desde la energía hasta la regulación digital- es más fácil.
-¿Y qué haría con España pasado mañana?
-Definir prioridades y alinear instrumentos. Energía: interconexiones ya. Defensa: cumplir compromisos no como un castigo, sino como inversión en influencia. Iberoamérica y Magreb: política de Estado, no péndulo partidista. Gibraltar: estrategia que no eternice un paraíso fiscal. Y un mensaje simple: España llega a las mesas con algo que ofrecer.

-Usted reivindica la ‘democracia liberal’ como patrimonio europeo. ¿Puede la UE ser la reserva de Occidente?
-Debe serlo. Pero no basta con discursos. Hay enemigos externos -Rusia, China y también aliados que prefieren negociar bilateralmente- a los que no les interesa una UE cohesionada, y enemigos internos iliberales que quieren desandar. Sin capacidad de decisión, sin mercado único funcional, sin defensa, esa reserva queda en eslogan. Europa nació para eso: para sostener la libertad, el Estado de derecho y la prosperidad. Si renuncia, otros escribirán las reglas.
-Ha citado varias veces 2014 como error europeo. ¿Por qué?
-Porque cuando saltó Maidán y cayó Yanukóvich, la reacción occidental fue tibia. Moscú leyó que podía redibujar fronteras a bajo coste: Crimea, Donbás… Si no se paga el precio de la disuasión, siempre se paga el de la agresión. Y aquí estamos, once años después, hablando de congelar líneas y sostener un frente durante décadas.
-¿Qué diría a quienes creen que ‘militarizar’ Europa sacrifica el Estado del bienestar?
-Que el primer bien social es la seguridad. Sin seguridad no hay nada: ni escuelas, ni hospitales, ni industria. El ‘dividendo de la paz’ fue real, pero se terminó: energía barata rusa, mercado chino absorbiéndolo todo y seguridad estadounidense subcontratada. Todo eso ya no existe. Negarlo es infantil; adaptarse es adulto.
-Póngase en modo telegráfico: tres frases para un Consejo Europeo urgente.
-Una: cambiar las reglas de decisión o prepararse para la irrelevancia. Dos: completar capitales y banca para financiar escala tecnológica. Tres: gasto en defensa con industria europea y plena interoperabilidad OTAN. Y, de propina, menos regulación que ahoga al pequeño y más foco en ejecución.

La condena de la Primera Sala del Supremo contra Jair Bolsonaro y otros siete acusados por trama golpista ha encendido el tablero político en Brasil y recolocado el foco de la semana en el Congreso. La oposición empuja una amnistía amplia, general e irrestricta … que alcance al expresidente y a los condenados por los ataques del 8 de enero a edificios públicos; el Gobierno rechaza cualquier perdón; y las cúpulas de las dos Cámaras maniobran para frenar o encauzar la iniciativa.
En la Cámara de Diputados, su presidente, Hugo Motta, evita por ahora pautar el asunto; en el Senado, Davi Alcolumbre trabaja un texto alternativo: no un perdón de penas, sino una recalibración de castigos, excluyendo a Bolsonaro según interlocutores parlamentarios. La oposición, reforzada por el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ahora se proyecta como posible candidato en las elecciones del año que viene, quiere llevar el tema al pleno «ya»; el Gobierno, con Lula al frente, ha pedido movilización para barrer la propuesta. Esa pugna –y no el espectáculo de las togas– marcará la agenda de los próximos días.
El alcance del perdón que promueve la oposición es extremo: fijaría como marco el inicio del Gobierno Bolsonaro (2019) y extinguiría la punibilidad de quienes hayan sido investigados o vayan a ser condenados por delitos «contra la democracia», incluyendo mensajes en redes, ofensas a instituciones, apoyo logístico o financiero a protestas e incluso ataques a la soberanía nacional. El plan cuenta con apoyos recientes en el Centrão –bloque mayoritario sin una orientación política concreta– y con un requerimiento de urgencia para llevarlo directamente al pleno de la Cámara, saltando comisiones. Pero ese movimiento solo despega si Motta decide incluir la urgencia en la orden del día, algo que no ha hecho. En el Senado, Alcolumbre resiste y, además, no quiere un texto que incluya a Bolsonaro. La batalla, por tanto, es doble: qué se vota y dónde se empieza a votar.

En paralelo a ese pulso político, el frente judicial no traerá giros dramáticos esta semana. Tras el 4-1 de la Primera Sala (27 años y 3 meses de pena, en régimen inicial cerrado), el Supremo debe cerrar los trámites formales: primero, la lectura del acta del juicio; después, la publicación del acórdão (la sentencia íntegra con votos). Hasta que el acórdão no se publique, no corren los plazos de recurso. Publicado, la defensa tendrá cinco días para presentar embargos de declaración –un remedio para aclarar omisiones, contradicciones u oscuridades que, por regla general, no cambia el resultado–. Esos embargos van al relator, Alexandre de Moraes, se envían a la Fiscalía (PGR) para dictamen en 15 días y regresan a la Primera Sala para su decisión, sin plazo cerrado. Si se rechazan, la defensa podría intentar embargos infringentes; pero, de acuerdo con el criterio vigente, solo caben cuando hubo al menos dos votos absolutorios en el punto impugnado –no ocurrió, solo Luiz Fux votó por absolver–. Traducido a calendario: salvo sorpresa, veremos despachos, borradores y conversaciones de pasillo, no órdenes de encarcelamiento inmediatas.
Tampoco cambia por ahora el estatus de custodia: Bolsonaro sigue en prisión domiciliaria desde el 4 de agosto, en otra causa, la que investiga, entre otros hechos; articulaciones en Estados Unidos para obstruir el juicio. Esa medida fue dictada por Moraes y permanece hasta nueva decisión; no está «atada» a la condena ahora dictada por la Primera Sala. Para el lector práctico: no hay fecha de entrada en presidio por esta condena; eso solo llega con el tránsito en cosa juzgada (cuando se agotan los recursos de la propia Sala).
Sobre el «dónde» cumplir la pena –si llega la ejecución– hay cuatro escenarios en discusión, todos hipotéticos y supeditados a una decisión motivada del relator: la penitenciaría de Papuda (con separación respecto a otros internos), una sala especial en la Policía Federal de Brasilia (un arreglo que recuerda al de Lula en 2018–2019), instalaciones del Ejército (por su condición de capitán retirado) o mantener la domiciliaria por edad/salud. Son posibilidades, no un cronograma.
Vuelto al Congreso, el choque por la amnistía tendrá hitos muy concretos esta semana. En la Cámara, habrá que ver si Motta cede y pauta el requerimiento de urgencia para que el perdón amplio –tal y como lo redacta la oposición– salte a pleno. En el Senado, se espera que Alcolumbre enseñe el esqueleto de su texto alternativo (sin perdón, con recalibración de penas y sin Bolsonaro), y que empiece la cuenta de porotos para una versión restringida. La oposición ya ha elevado la presión con la participación de Tarcísio de Freitas en las gestiones en Brasilia; el Gobierno endurece el discurso –«trabajaremos contra la amnistía», dijo Lula– y moviliza a los suyos para evitar que el tema avance.
Hay, además, una línea roja jurídica que sobrevuela el debate: Alexandre de Moraes sostuvo, durante el juicio, que los crímenes contra la democracia no son amnistiables. Entre bastidores, ese criterio cala en el Supremo: no cabría perdón para delitos que atenten contra la propia Constitución. Si el Senado lograse aprobar un texto restringido y la Cámara insistiera en un perdón general que alcanzase a Bolsonaro y a crímenes democráticos, el choque político sería inmediato y la disputa jurídica, inevitable.
En suma, el centro de gravedad de la semana se desplaza del tribunal a las mesas de negociación del Congreso: ahí se decidirá si hay vía rápida para una amnistía amplia, si cuaja un texto alternativo del Senado y hasta dónde llega el cálculo del Centrão. En el Supremo, el reloj sigue su curso: acta, acórdão, embargos. Y para Bolsonaro, nada de barrotes a corto plazo: domiciliaria vigente y recursos por delante. La política, entretanto, decidirá si el país abre la puerta a un perdón masivo o si, como pronuncia el Supremo, la democracia no se perdona a sí misma.