En el último debate presidencial, antes de la segunda vuelta que tendrá lugar el domingo 14 de diciembre, los candidatos presidenciales chilenos coincidieron en el hecho de que Nicolás Maduro, debe abandonar el poder y enfrentar la justicia.Tanto el republicano José Antonio Kast … y la oficialista Jeannette Jara concordaron que Maduro debe hacerse responsables de los crímenes cometidos durante su mandato e ir a la cárcel. «Para la amnistía es una injusticia», dijo Jara, mientras que Kast señaló que no le importaba si Maduro se iba a Cuba o Nicaragua, pero a prisión.
A cinco días de la segunda vuelta, los últimos sondeos conocidos el lunes confirman que Kast se impondría por un 57% sobre un 43% de Jara. Este jueves ambos candidatos realizarán los cierres de campaña en regiones.

En un duro enfrentamiento televisado, los postulantes a La Moneda abordaron la situación de Venezuela ante la próxima entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Ambos sostuvieron que el gobernante venezolano era un dictador que realizó fraude en el último proceso electoral y mientras Jara se mostró partidaria de que Maduro deje el poder gracias a medidas que promuevan la transición, Kast aseguró que a partir del 11 de marzo habrá un cambio de actitud en la conducción de la política internacional y pondrá «presión» para que Maduro caiga, requiriendo la acción de todos los organismos internacionales «manipulados por la izquierda».

Corredor humanitario

El candidato presidencial opositor, José Antonio Kast, reclamó nuevamente al presidente Gabriel Boric la creación de un «corredor humanitario» para facilitar la salida de los inmigrantes irregulares que quieren irse de Chile.
Durante el debate se abordó nuevamente la situación de los inmigrantes ilegales que se encuentran en el país, ocasión en la que la abanderada oficialista Jeannette Jara criticó la tardanza con la que el Gobierno ha enfrentado el problema que se ha presentado en la frontera norte del país, donde Perú ha dificultado la entrada de extranjeros indocumentados.

Kast reiteró que en su administración no se va a empadronar ni regularizar a ningún inmigrante irregular y por ello los invita a salir voluntariamente del país ahora. «Les quedan 92 días» dijo, haciendo referencia al día del cambio de mando, el 11 de marzo de 2026. Ante la solicitud de precisión a sus acciones, Kast señaló que, si los ilegales no salen voluntariamente, cada vez que soliciten un beneficio del Estado se les negará e invitará a irse o verán las medidas para su expulsión con la confiscación de sus bienes.
Jeannette Jara lo enfrentó indicando que sus medidas no son realistas e insistió que se debe empadronar a los irregulares para poder saber quiénes son los que están en Chile, incluyendo aquellos que ya tienen hijos de nacionalidad chilena ya que la Corte Suprema ha fallado reiteradamente en contra de órdenes de expulsión de padres con hijos chilenos. Jara también retruco a Kast que no tendrá ningún efecto crear un corredor humanitario si los demás países no abren sus fronteras para recibir a quienes salgan de territorio chileno.

Simultáneamente con las operaciones militares en el teatro ucraniano, la diplomacia de alto nivel está vigorizando el escenario geopolítico. Fue el plan de paz de 28 puntos de Trump, presentado el 20 de noviembre, lo que abrió una ventana a la esperanza de paz, … originando una cascada de encuentros internacionales rastreando tal ilusión.
Con ese telón de fondo, resultan particularmente contradictorias las manifestaciones por un lado de Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania, el 6 de diciembre, en el Foro de Defensa Nacional Ronald Reagan (Simi Valley, California) sugiriendo que las negociaciones de paz estarían en su etapa final. Y, por el otro, los resultados deducidos de la cumbre de Londres, en la mañana del pasado lunes, de Zelenski con Starmer, Macron y Merz para coordinar su apoyo a Ucrania e iniciar planes alternativos para el caso de un acuerdo de paz impuesto a Kiev. Cumbre que fue inmediatamente seguida, en la tarde de ese mismo día, en Bruselas, de Zelenski con Ursula von der Leyen, António Costa y Mark Rutte.
De tal frenesí político-diplomático caben destacar dos posturas. Una, de Zelenski, quien pretende utilizar a Europa como escudo frente a los deseos de Trump de una rápida finalización de las hostilidades. La otra, de la troika europea y por extensión la UE, aceptando esa función tutelar de los intereses ucranianos. Compleja situación que podría llevar a Trump a caer en la tentación de cerrar el grifo de los apoyos estadounidenses a Ucrania, entre los que la inteligencia y los armamentos/municiones (pagados por Europa) son esenciales para que Kiev pueda mantener su esfuerzo bélico.

La tendencia escapista de Washington ha ofrecido recientemente dos ausencias relevantes. Una, la del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el pasado 3 de diciembre, no acudiendo a la reunión del Consejo Atlántico a nivel de ministros de asuntos exteriores, con la que se pretendía escenificar un frente común de apoyo a Kiev; Rubio estuvo representado por Christopher Landau, uno de sus subsecretarios.
La otra es la desaparición de la mención de Rusia como amenaza directa para la seguridad norteamericana, en la nueva estrategia nacional de seguridad estadounidense, del 4 de diciembre. Supresión sustancial al colisionar abruptamente contra la pieza clave de la bóveda atlántica: el concepto estratégico de la OTAN (Madrid, 2022). Este, en el punto 5, fija que «la Federación Rusa es la amenaza más importante y directa para la seguridad de los Aliados y para la paz y la estabilidad en el área euroatlántica».
Aquella eliminación, por tanto, es un torpedo apuntando bajo la línea de flotación aliada, quizás para disuadir a la UE de poner palos en la ruedas del proceso de paz avalado por el presidente norteamericano.

El encuentro Putin-Modi ha servido para desmentir radicalmente la visión eurocéntrica del «aislamiento» ruso

El fragor de la efervescencia geopolítica originada por la guerra en Ucrania también alcanza a Asia. El último ejemplo es la cumbre Putin-Modi, en Nueva Delhi, el 4 de diciembre pasado. Más allá de los acuerdos sobre defensa, energía y comercio que ambos líderes pudieran alcanzar, tal encuentro bilateral ha servido, por un lado, para desmentir radicalmente la visión eurocéntrica del «aislamiento» ruso derivado de la veintena de paquetes sancionadores. Y, por el otro, para evidenciar la robustez del vínculo militar y energético euroasiático.

La reunión Putin-Orbán, el remate

Como remate, al día siguiente, en Moscú, se produjo la reunión Putin-Orbán en la que este último reiteró la oferta de Budapest como plataforma para la suspendida cumbre Trump-Putin, enfatizando además la postura de colaboración de Hungría con Rusia. En fin, a la creciente brecha entre EE.UU. y Europa se añade el agrandamiento de una dolorosa fisura en el seno de la UE.
En conclusión, el actual escenario europeo de seguridad se cimbrea sobre cuatro voluntades de difícil compatibilidad. La de Trump, que aspira a apuntarse la victoria política y diplomática de lograr un pronto acuerdo de paz en Ucrania. La de Putin, que ambiciona apuntalar sus ganancias territoriales en Ucrania, que son objetivos ‘sine qua non’ para la paz. La de Zelenski, que sueña con la supervivencia de Ucrania como estado soberano y derivadamente con su propia subsistencia. Y, finalmente, la de algunos líderes europeos que, como conjunto, ansían dejarse ver como copartícipes de la paz, y no solamente como comparsas y meros paganos de los trastos rotos durante la guerra.

«¡Los centros en Albania fun-cio-na-rán! Aunque tenga que trabajar cada noche hasta el final de mi Gobierno», había gritado contra viento y marea la primera ministra, Giorgia Meloni, hace ahora justo un año, en la fiesta anual de su partido … Hermanos de Italia, celebrada en Roma. Durante dos años, Meloni ha sufrido durísimas críticas de los líderes de la oposición, que la acusaban de malgastar alrededor de mil millones de euros en los dos centros construidos por Italia en Shengjin y Gjader (Albania) para retener a los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo y repatriarlos posteriormente a sus países de origen.
Pero este lunes el llamado ‘modelo Albania’ recibió un respaldo explícito en Bruselas por parte de los ministros de Interior, que aprobaron un paquete de medidas migratorias para gestionar retornos y solicitudes de asilo fuera del territorio comunitario. El Gobierno italiano lo vivió como una validación política decisiva, tras los duros ataques de la oposición y dudas sobre la operatividad del proyecto.
Según el nuevo reglamento, que aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo pero que se da por aprobado, los Estados miembros podrán establecer centros de tramitación de asilo y de retorno en países terceros, siempre que existan acuerdos bilaterales o de la UE con esos Estados.

Es la primera vez que la legislación comunitaria recoge esta posibilidad de forma tan directa. Para el Ejecutivo italiano, significa que Europa adopta por primera vez un modelo que Roma impulsó en solitario y que había sido calificado por la oposición como ilegal, ineficaz y extremadamente costoso.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, no tardó en valorar la decisión europea como «un paso histórico que confirma la línea italiana» y afirmó que los nuevos mecanismos «harán más eficaces los retornos y aliviarán la presión sobre los sistemas de acogida de los Estados miembros».
En su entorno hablan abiertamente de «una gran victoria», convencidos de que el reglamento europeo permitirá reactivar, con una cobertura jurídica más sólida, el acuerdo firmado con Albania en noviembre de 2023.
La satisfacción del Gobierno contrasta con la campaña crítica que la oposición italiana ha mantenido desde el inicio contra el proyecto. El Partido Democrático, el M5S y parte del tercer polo centrista habían denunciado reiteradamente no solo el coste estimado, que algunos cálculos sitúan cerca de los 900 millones de euros, sino la escasa eficacia operativa del modelo.

Aval a una política polémica

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que permitió a los jueces nacionales supervisar individualmente las expulsiones hacia terceros países, fue interpretada entonces como un golpe casi definitivo al plan albanés de Meloni. En Italia, la oposición llegó a describir el proyecto como «un monumento al despilfarro» y habló de estructuras en Gjader o Shengjin «prácticamente vacías» pese a la inversión realizada.
El aval europeo no elimina de raíz esas críticas, pero sí cambia la narrativa política. Para Meloni, la adopción de mecanismos similares en toda la UE demuestra que su visión, externalizar parte de la gestión migratoria y acelerar los retornos mediante acuerdos con terceros países, se ha impuesto en el debate continental.

La oposición sostiene que el Gobierno «vende como éxito lo que ha sido un fracaso operativo»

El Gobierno insiste en que, una vez entre en vigor el reglamento, Italia podrá aplicar el acuerdo con Albania «de manera más funcional y con menos obstáculos jurídicos». La oposición, por su parte, sostiene que el Gobierno «vende como éxito lo que ha sido un fracaso operativo» y que el modelo europeo no garantiza que los tribunales nacionales no vuelvan a bloquear deportaciones si existen dudas sobre la seguridad de los países receptores.
La decisión europea también incluye una nueva lista de «países seguros», entre ellos Marruecos, Egipto, Bangladés, India, Túnez, Colombia y Kosovo, que permitirá acelerar la inadmisión de solicitudes de asilo procedentes de esos Estados.
España fue el único país que manifestó abiertamente su oposición al paquete migratorio. En el conjunto de la UE, Italia percibe que su posición ha ganado peso: Meloni llevaba meses reclamando una política europea más dura en retornos y más abierta a la externalización, y ahora Bruselas la incorpora a su normativa.
Políticamente, Meloni puede presentarse ante su electorado como la dirigente que ha logrado mover a Europa hacia su modelo. Y en un país donde el debate migratorio ha marcado la agenda durante años, ese argumento tiene un gran peso que el Gobierno aprovechará políticamente.