El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras Marlon Ochoa, designado por el oficialismo, ha denunciado este jueves un «fraude» en las elecciones generales del que ha culpado tanto al resto del órgano como al «bipartidismo» que conformarían el Partido Liberal, … representado en los comicios por el conservador Salvador Nasralla, y el Partido Nacional, cuyo candidato es el ultraderechista Nasry Asfura.
Ochoa, vinculado al Partido Libertad y Refundación (Libre), ha asegurado en una comparecencia ante los medios «un fraude electoral organizado, perpetrado criminalmente por el bipartidismo», al que ha acusado también de pretendiente «imponer un sistema de transmisión de resultados electorales fraudulento».

Asimismo, ha señalado a la actual presidenta del CNE, Ana Paola Hall, del Partido Liberal, y a la restante consejera, Cossette López-Osorio, del Partido Nacional, responsabilizándolas de haber propuesto un sistema «diseñado para ejecutar un fraude electoral».
«El pueblo hondureño (…) no permitirá un nuevo fraude electoral», ha asegurado en una intervención en la que ha alegado que el sistema de contabilización acomete «fraude automatizado (y) transferencia de votos entre candidatos y partidos».

Un nuevo ataque del ejército estadounidense contra una lancha que supuestamente estaba cargada de droga en el océano Pacífico oriental provocó la muerte de cuatro personas el jueves, en medio de una creciente controversia sobre una ofensiva que ha dejado al menos 87 muertos.
El secretario de Defensa Pete Hegseth y la administración del presidente Donald Trump han sido especialmente criticados por un incidente el 2 de septiembre en el que las fuerzas estadounidenses atacaron los restos de una embarcación que ya había sido impactada, matando a dos sobrevivientes.

Un destacado legislador demócrata que vio imágenes de ese incidente el jueves dijo que mostraban un ataque estadounidense a «marinos naufragados», mientras que otros lo han descrito como un posible crimen de guerra.

El jueves, el Comando Sur de Estados Unidos informó en X que «los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental». «Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron», añadió.

En la explosiva carta que ya está en manos de Donald Trump, Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, el antiguo jefe de la Inteligencia Militar de Venezuela, describe el origen y uso de una empresa tecnológica creada en Caracas y dedicada al recuento electrónico de votos … llamada Smartmatic. Carvajal sostiene que, desde su nacimiento, la compañía funcionó, según él mismo alega, como una herramienta del chavismo para asegurar el control político.
Los servicios de esa empresa se han utilizado en numerosos procesos electorales, el más reciente en Honduras el domingo, en unos comicios en los que la oposición temía un fraude que permitiera perpetuar a la izquierda afín al chavismo. En dichos comicios, ABC detectó fallos en el sistema de registro biométrico. La derrota del oficialismo venezolano, sin embargo, fue de tal magnitud que no había margen para revertirla.
No hay evidencias de fraude electoral y, en casos anteriores, Smartmatic ha negado servir a interés político alguno. Eso es lo que la empresa defiende en un litigio contra Fox News por haberla señalado en el recuento de las elecciones estadounidenses de 2020, en las que Trump denunció por varios medios ser víctima de un fraude.

Estas denuncias de Carvajal ante Trump añaden un elemento nuevo al debate sobre la fiabilidad de la tecnología electoral y sobre la supervisión de las empresas que operan en ese sector. Hay de hecho una imputación en Miami que señala prácticas de soborno, pagos opacos y uso de estructuras internacionales por parte de la empresa señalada para asegurar contratos públicos, lo que expone vulnerabilidades en la contratación de servicios electorales en países con instituciones frágiles.
Para Estados Unidos y para otras democracias que utilizan soluciones tecnológicas de proveedores externos, el procedimiento abre interrogantes sobre controles, auditorías y estándares de integridad. Además, sitúa a Smartmatic bajo un escrutinio más amplio en un momento en que su imagen ya estaba marcada por disputas políticas y litigios previos.
En el texto de Carvajal a Trump, el exjefe de la Inteligencia militar de Caracas afirma que «Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano», y que después se convirtió en «un instrumento para garantizar que el régimen permaneciera en el poder para siempre».
Smartmatic fue proveedor del Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad que organiza los comicios en Venezuela. Carvajal asegura que él mismo intervino en su funcionamiento al «colocar al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral», quien, según dice, le «reportaba directamente» a él. Ese cargo controlaba la parte tecnológica del sistema de votación y el flujo de datos durante los comicios.

Modificar resultados sin dejar rastro

Carvajal sostiene que «el sistema Smartmatic puede ser alterado; esto es un hecho». Con ello se refiere a que el software que procesa los votos permitiría, según su versión, modificar resultados sin dejar rastro externo.
Afirma también que esa tecnología fue «exportada al extranjero, incluido Estados Unidos», donde Smartmatic ha trabajado en algunos estados y condados como proveedor de máquinas o servicios electorales. Carvajal dirigió durante mucho tiempo el aparato de inteligencia y espionaje militar del chavismo, hasta su salida a España, de donde fue extraditado a Nueva York.
El exgeneral añade que «operativos del régimen mantienen relaciones con funcionarios electorales y empresas de máquinas de votación» en territorio estadounidense. Con «operativos» alude a personas leales al chavismo que, según él, mantienen contactos con actores del sistema electoral fuera de Venezuela. Carvajal señala además que ya había enviado información previa a las autoridades estadounidenses y que está dispuesto a ampliar lo que sabe.

La empresa tecnológica Smartmatic se fundó en 2000 y desarrolla y opera sistemas de votación electrónica, registro biométrico y gestión electoral

Smartmatic es una empresa tecnológica fundada en 2000 que desarrolla y opera sistemas de votación electrónica, registro biométrico y gestión electoral. Su tecnología se ha utilizado en procesos electorales de Venezuela –su primer y principal mercado–, Filipinas, Brasil, Bélgica, Armenia, Uganda, Zambia, Sierra Leona, Estonia, México, Argentina, Chile, Ecuador, Italia, Bulgaria, Singapur, el Reino Unido y Estados Unidos, donde ha participado en proyectos puntuales como el caucus republicano de Utah en 2016 y el sistema de voto de Los Ángeles.
Se trata además de una empresa que ha tenido contactos en España y ha sido consultada para proyectos en procesos electorales por parte de empresas de este país.
En 2020, tras la derrota de Trump, Smartmatic se vio envuelta en una oleada de acusaciones de fraude electoral difundidas por el propio presidente y por algunos de sus aliados. Figuras como Rudy Giuliani y Sidney Powell afirmaron falsamente que la empresa había manipulado los resultados, pese a que Smartmatic no participó en los estados en disputa de esa elección.
Varios presentadores de Fox News dieron espacio a esas afirmaciones, lo que llevó a la compañía a presentar una demanda por difamación de 2.700 millones de dólares (2.300 millones de euros). El caso sostiene que altos ejecutivos de Fox permitieron la difusión de alegaciones que sabían inciertas, mientras que la cadena defiende que solo informaba sobre declaraciones de asesores de Trump.

El ‘Pollo’ Carvajal, con Maduro en una imagen de 2014

ABC

La disputa judicial ha avanzado con la publicación de mensajes internos y declaraciones en las que algunos empleados de Fox expresaban dudas sobre esas teorías. Smartmatic ya obtuvo precedentes favorables gracias al caso paralelo de Dominion Voting Systems, que terminó en un acuerdo millonario, y ahora busca que un jurado determine los daños causados a su reputación y a su actividad comercial.
Además de la polémica política surgida en 2020 en Estados Unidos, Smartmatic afronta desde 2024 un procedimiento penal abierto en Miami por una trama de sobornos y blanqueo de capitales en Filipinas.
Según la imputación del Departamento de Justicia, la matriz del grupo, SGO Corporation Limited, y varios de sus directivos participaron entre 2015 y 2018 en el pago de más de un millón de dólares (858.000 euros) al entonces presidente de la Comisión Electoral filipina para asegurar contratos y liberar reembolsos tributarios ligados a las elecciones nacionales de 2016.

Ocultación de pagos con contratos ficticios

La acusación sostiene que los implicados inflaron el precio de las máquinas de votación para generar un fondo opaco y que ocultaron los pagos mediante contratos ficticios, lenguaje codificado y transferencias a través de bancos en Asia, Europa y Estados Unidos, incluido el distrito sur de Florida. La empresa y sus ejecutivos afrontan cargos por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y por blanqueo internacional de capitales. Algunos de los acusados permanecen prófugos, y todos se presumen inocentes mientras el caso avanza en los tribunales.
Smartmatic comenzó a crearse en Caracas como un proyecto tecnológico orientado a la automatización del voto y pronto se convirtió en proveedor central del Consejo Nacional Electoral venezolano. Con el tiempo trasladó su sede al exterior, al Reino Unido, mientras expandía sus servicios a decenas de países en procesos de registro biométrico y recuento electrónico.
La investigación abierta en Miami identifica como acusados a la propia matriz, SGO Corporation Limited, y a varios de sus directivos: Roger Alejandro Piñate Martínez, residente en Boca Ratón; Jorge Miguel Vásquez, de Davie, y Elie Moreno, con nacionalidad venezolana e israelí. Se suma Juan Andrés Donato Bautista, expresidente de la Comisión Electoral de Filipinas.
Según la imputación, todos habrían participado en un esquema de sobornos y blanqueo de capitales ligado a los comicios filipinos de 2016. Bautista y Moreno siguen prófugos.