Estados Unidos llegó a su gran liturgia anual con el ruido de una campaña permanente metida en la Cámara. Donald Trump entró en el hemiciclo este 24 de febrero de 2026 como si el discurso del estado de la unión fuera, a la vez, … un parte militar, un mitin y un ajuste de cuentas. Dijo al abrir que ese estado es «más fuerte que nunca», y a partir de ahí se dedicó a construir un relato de victoria en un momento frágil de su segundo mandato, con las encuestas dañándole y con el Tribunal Supremo sentado a pocos metros, días después de tumbar buena parte de sus aranceles. En el centro, Venezuela, como éxito militar, como fuente de crudo y hasta como momento de telerrealidad a la medida de su carrera ante las cámaras.
La escena era política y, a la vez, tensa. Los jueces John Roberts, Elena Kagan y Amy Coney Barrett, tres votos en contra de sus aranceles, aparecieron en primera fila, visibles para el objetivo de las cámaras y, por tanto, para el presidente. En el fondo, la paradoja del discurso era esa. Trump pedía autoridad y obediencia en una sala diseñada para recordar la separación de poderes. En ese decorado, el presidente convirtió la captura de Nicolás Maduro en columna vertebral emocional y estratégica, el centro de gravedad de una noche que acabó siendo histórica también por duración. Cerró a las 22.59, tras una hora y 48 minutos, el discurso más largo de la era televisiva.

Trump quiso empezar combativo sin gastar su primer cartucho en el Supremo. Lo reservó como amenaza latente, como constante sin ataques frontales. Y se fue directo a su repertorio. Fuerza, frontera cerrada, enemigos internos, una narrativa de rescate. La primera mitad del discurso avanzó entre cifras económicas, anuncios sobre inmigración y secuencias pensadas para circular en redes. El núcleo, el tramo que buscó aplauso disciplinado y transversal, fue Venezuela.

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David Alandete

Lo presentó como una operación limpia y sin bajas propias. La redada de Caracas de principios de enero, ordenada para capturar a Maduro, la describió como demostración de dominio hemisférico y como advertencia a quienes, según su discurso, combinan violencia, drogas, terrorismo e injerencia extranjera. Fue la pieza que le permitió coser seguridad nacional, migración, energía y propaganda en un solo relato. Cuando habló de restaurar la seguridad y la primacía de Estados Unidos en el continente americano, defendía una presidencia basada en el golpe de efecto y en la proyección de fuerza.
A ese relato le añadió petróleo. Dijo que la caída del líder chavista había permitido a EE.UU. tomar «más de 80 millones de barriles» procedentes de «nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela», y citó a Delcy Rodríguez. No explicó el criterio de esa cifra ni su traducción en acuerdos, contratos o transferencias. Pero la intención era clara. Presentar una operación exterior como un beneficio material, medible, vinculado a la energía y al bolsillo. El mensaje era el de un presidente que impone orden y obtiene resultados.
En ese mismo tramo llegó la escena del preso liberado. Trump anunció que en la sala estaba Enrique Márquez, opositor venezolano excarcelado, y lo hizo aparecer como sorpresa para su familia, sentada en la galería. La ovación fue total. El gesto obligaba a la Cámara a aplaudir un hecho humanitario sin matices. Fue una de esas secuencias en las que el hemiciclo funciona como plató, la cámara busca el rostro, el abrazo, el llanto, la reacción del público. Trump sabe que ese plano vale más que una explicación sobre sanciones o sobre arquitectura institucional.
Sin dejar que esa emoción se enfriara, encadenó la segunda imagen. Señaló al piloto de helicóptero Chinook Eric Slover, herido múltiples veces durante la operación de extracción de Maduro, y lo condecoró con la Medalla de Honor. El hemiciclo se puso en pie. Hubo una ovación prolongada, cerrada, sin fisuras. La secuencia completaba el círculo del relato que Trump estaba construyendo desde el inicio, captura, liberación, sacrificio, honor. Venezuela pasaba de ser política exterior a convertirse en una historia doméstica de autoridad, con un héroe identificable y un aplauso obligatorio.

Abucheos, interrupciones y réplicas

El choque con los demócratas no fue un accidente, fue parte de la noche. Hubo abucheos, interrupciones y réplicas. El momento más simbólico llegó cuando el congresista Al Green fue escoltado fuera de la sala tras exhibir un cartel que decía «los negros no somos simios», en alusión a un episodio racista reciente asociado al propio presidente, que compartió y luego retiró un vídeo en el que los Obama aparecían retratados como simios. La expulsión, con republicanos coreando «USA», resumió el clima, una parte del país celebrando la humillación del otro en directo.
El estado de la unión, convertido en prueba de fuerza entre los dos grandes partidos. Medio centenar de demócratas se ausentó, de más de 250. Trump, lejos de rebajar la tensión, buscó la confrontación como combustible. En el tramo central planteó una especie de examen en vivo. Pidió a los legisladores que se pusieran en pie si estaban de acuerdo con que «la primera obligación del Gobierno de Estados Unidos es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales». La pausa se hizo larga, teatral. Señaló a quienes no se levantaban y los reprendió. La escena estaba pensada para el anuncio electoral del día siguiente. En el lado demócrata, la respuesta fue también a gritos.
Ilhan Omar y Rashida Tlaib le replicaron desde sus escaños, vinculando la política migratoria con muertes recientes, las de Alex Preti y Renee Goode, a manos del ICE, la policía migratoria. El objetivo no era persuadir al centro, sino fijar un marco de antagonismo en horario de máxima audiencia.
La noche tuvo además un subtexto de guerra, aunque Trump administró el tiempo con cuidado. Mencionó Irán, reiteró su afirmación de que su programa nuclear quedó «destruido» tras los ataques de junio e insinuó que podría volver a golpear. Pero Irán no ocupó el espacio esperado. Pasó como amenaza y como recordatorio de músculo, sin detalle estratégico. El foco de potencia, cuando quiso elegir un trofeo, estuvo más cerca. América Latina y el hemisferio como patio de operaciones, con Caracas como argumento principal.
Hubo economía y muchas cifras. Trump recitó inflación, gasolina, hipotecas, huevos, mercado bursátil. Volvió a su idea de que los aranceles son herramienta de riqueza nacional, aunque el Supremo acababa de recortarle el margen arancelario. Se refirió al fallo como «desafortunado», con un tono más comedido que sus ataques previos, pero con la tensión visible por la presencia de los magistrados a pocos metros. El mensaje implícito era que seguirá intentando, por otras vías, aunque esa puerta se haya cerrado.
El hilo de Venezuela, en cambio, le permitía escapar de las contradicciones del debate doméstico. En política interior, cada cifra se discute y cada promesa se coteja. En una operación exterior, la imagen manda. Trump explotó ese terreno. Caracas como prueba de eficacia, Maduro como enemigo capturado, el opositor liberado como legitimación moral, y el petróleo como recompensa. Fue el tramo más redondo de su guion.
El discurso dejó, sin embargo, una cuestión sin respuesta. Qué ocurre después. Trump habló del éxito operativo y del efecto simbólico, no de la arquitectura posterior. No describió una hoja de ruta para Venezuela más allá de la celebración del golpe. Y en la Cámara, esa ausencia convivió con el hecho central de la noche. El presidente usó Venezuela para ordenar el resto de su mensaje, justificar dureza migratoria, exhibir autoridad militar y construir escenas que obligaran a la sala entera a acompasarse.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no es solo una organización criminal: es una maquinaria transnacional del narcotráfico con operaciones en al menos 40 países y más de 19.000 integrantes. Durante años consolidó su poder gracias a la complicidad de funcionarios mexicanos de … todos los niveles de gobierno.
Además de México, el cártel cuenta con otras tres sedes clave: Estados Unidos, por ser el país con mayor número de consumidores de droga en el mundo,; Colombia, donde controla producción de cocaína; y España que desde hace años se ha convertido en puerta de entrada del CJNG para el mercado europeo.

El domingo 22 de febrero, su líder, Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fue asesinado en un operativo encabezado por Estados Unidos y fuerzas militares mexicanas. Su caída desató una reacción feroz, coordinada y simultánea, inédita incluso para un país que lo ha visto todo a causa de la violencia extrema de los cárteles.

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Milton Merlo

Hubo bloqueos carreteros y vehículos incendiados en 20 de los 32 estados que conforman la república. Mientras que fuentes de inteligencia de la Secretaría de Marina consultadas antes de publicar este texto aseguran que la respuesta criminal dejó más de una centena de muertos entre elementos de la Guardia Nacional, personal naval y policías locales, aunque oficialmente el gobierno reconoce mucho menos.

Fuentes de inteligencia de la Secretaría de Marina consultadas antes de publicar este texto aseguran que la respuesta criminal dejó más de una centena de muertos, aunque el Gobierno reconoce menos

Mal presagio para un país que en pocos meses será la sede inaugural de la Copa Fifa 2026.
Las imágenes de un México en llamas dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos. La reacción de las huestes del Mancho expuso algo más profundo: la fragilidad de un Estado que engendra a los monstruos que lo devoran. Durante décadas, distintas autoridades han convivido —y en ocasiones pactado— con los cárteles, un acuerdo tácito que ha sobrevivido a cinco alternancias presidenciales en lo que va del siglo.
Así, desde hace 23 años la vida cotidiana de los mexicanos trascurre entre jefes de la droga que se disputan México como si fuera propiedad privada dejando a su paso cuerpos desmembrados, cadáveres colgando de un puente y balaceras a plena luz del día que han obligado a escuelas de diferentes partes del país a enseñar a los niños no solo las materias curriculares, sino también como tirarse al suelo ante un enfrentamiento.

En las escuelas, a los niños se les ha enseñado no solo las materias curriculares, sino también como tirarse al suelo ante un enfrentamiento

Tensión tras la llegada de Trump

El pacto mafioso comenzó a tensarse con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En los primeros días de su mandato, designó a los principales clanes del narcotráfico mexicano, incluido el CJNG, como organizaciones narcoterroristas. Y acusó abiertamente al Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, de mantener una alianza «intolerable» con los cárteles.
A inicios de 2026, Trump redobló la presión: aseguró que Sheinbaum no gobierna México, sino los narcos. La mandataria lo negó como lo han hecho sus antecesores, pero días después un botón de muestra fue suficiente para probar la acusación de EEUU: fue detenido el alcalde de Tequila (Jalisco), Diego Rivera Navarro, acusado de extorsionar a empresarios de la poderosa industria tequilera y de mantener vínculos con el CJNG.
Rivera Navarro milita en Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el mismo partido de Sheinbaum y de su antecesor,(AMLO). Fue postulado a la alcaldía en 2024, pese a que desde 2021 arrastraba señalamientos de vínculos con el crimen organizado. Su caso es solo uno de miles.

A inicios de 2026, Trump redobló la presión: aseguró que Sheinbaum no gobierna México, sino los narcos. La mandataria lo negó

El propio exsecretario de gobernación y coordinador de la campaña presidencial de Sheinbaum, en 2024, Adán Augusto López, miembro de la cúpula de Morena, es señalado desde 2020 en documentos elaborados por el Ejército Mexicano por su complicidad con el CJNG a través de la célula criminal conocida como La Barredora.
Tras dos décadas de investigar a los grupos criminales en México, la evidencia apunta a una conclusión incómoda: los infames carteles de la droga no son la causa, sino la consecuencia de una enfermedad mayor, un sistema criminal con raíces profundas en el aparato del Estado. Un sistema que ha contaminado amplios sectores de la vida pública en una de las quince economías más grandes del mundo.

Redes de complicidad

Amparados por redes de complicidad que alcanzan todos los niveles de gobierno y por una economía integrada a Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, los clanes criminales aprovechan los mismos corredores comerciales que movilizan bienes lícitos para traficar drogas a escala global y así alimentar la insaciable demanda de estupefacientes tan dañina como la corrupción.
Esa globalización que ha permitido a México crecer económicamente es la misma que ha ayudado al CNJG a ampliar su imperio criminal. Además de droga se dedican a la explotación laboral y sexual, el robo y tráfico hidrocarburos, explotación ilegal de minas, y saqueo del erario con la ayuda de los cómplices que ellos mismos colocan en cargos públicos.
Al entender la dinámica que permite la impunidad y el amplio control territorial de los carteles en México como periodista he focalizado mis esfuerzos en indagar sobre los funcionarios públicos que están al servicio de los narcotraficantes. He consultado informes de inteligencia civil y militar, expedientes judiciales de cortes federales en Estados Unidos y he hablado cara a cara con integrantes de la delincuencia organizada y sus cómplices. Así he podido descubrir y revelar los nombres de gobernadores, secretarios de estado, senadores, diputados, empresarios, artistas, e incluso presidentes de México coludidos a diferentes escalas con grupos criminales, desde el Cartel de Sinaloa hasta el CJNG.
La penetración del crimen organizado no distingue credo ni ideario político, abarca a todos los partidos políticos existentes en México sin excepción: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó en el siglo pasado por 70 años ininterrumpidos, el partido de derecha Acción Nacional (PAN), Morena, que se autodefine de izquierda, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano.

La penetración del crimen organizado no distingue credo ni ideario político, abarca a todos los partidos políticos existentes en México sin excepción

En 2006 señale los indicios que apuntaban a que el exgobernador de Tamaulipas, el priista Tomás Yarrington era cómplice del Cártel del Golfo. En 2017 fue detenido en Italia y extraditado a EE.UU., acusado de esa complicidad. En 2010, durante el mandato del panista Felipe Calderón, documenté que su Secretario de Seguridad Publica, Genaro García Luna, y su equipo más cercano estaban en la nómina del Cártel de Sinaloa y recibían millonarios sobornos a cambio de protección y apoyo logístico. Trece años después, una corte federal de Nueva York sentencio al jefe policial a 36 años de prisión por los mismos delitos que yo había descubierto.

Financiación de campañas presidenciales

A inicios de 2024 en mi libro ‘La Historia Secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa’, basado en una indagatoria realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2010 y testimonios directos de los hechos, di a conocer que el Cártel de Sinaloa financió la campaña de López Obrador cuando compitió por primera vez por la presidencia en 2006, y de igual manera hay elementos para señalar que habría financiado sus campañas en 2012 y 2018. En reciprocidad, AMLO encabezó un gobierno cuya máxima era la de ‘abrazos y no balazos’ hacia la delincuencia organizada.
Con ese lastre, Claudia Sheinbaum, respaldada por López Obrador, ganó la elección presidencial en 2024. Además de haber vencido con amplio margen en las zonas bajo el control del Cártel de Sinaloa, ganó en las controladas por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Semanas antes de los comicios, lugartenientes del Mencho alegan haber asistido a una junta criminal llevada a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco, donde su jefe ordenó operar el día de la elección presidencial a favor de Sheinbaum. Oceguera Cervantes afirmo que el gobierno se lo había solicitado y a cambio habría protección al cártel.
Al inicio de su mandato-octubre de 2024-, Sheinbaum aseguró que no habría ningún cambio en la política publica hacia el crimen organizado garantizando ‘de facto’ la continuidad de ‘los abrazos y no balazos’.
Durante los siete años de gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), México ha registrado un aumento en homicidios dolosos, reclutamiento forzado, extorsiones, desapariciones y hallazgos de fosas clandestinas.

Durante los siete años de gobierno de Morena, han aumentado los homicidios, las desapariciones, las extorsiones y el hallazgo de fosas clandestinas

En marzo de 2025, un colectivo de madres buscadoras —mujeres que desde hace años excavan con sus propias manos en busca de sus familiares desaparecidos— localizó en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, un campo de reclutamiento forzado y de exterminio atribuido al CJNG. En el sitio hallaron hornos crematorios improvisados y cientos de prendas de vestir: ropa y calzado de niños, jóvenes, mujeres y hombres que se esfumaron.
Las imágenes, con montones de pertenencias apiladas, evocan a escenas de horror propias de Auschwitz. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum intentó restar gravedad al hallazgo y cuestionó el trabajo del colectivo. Mientras tanto, el presunto responsable de los horrores en Teuchitlán, Hugo Gonzalo Gaytán, alias ‘El Sapo’, no solo permanece prófugo sino que está en busca de un ascenso. De acuerdo con fuentes de seguridad, busca suceder a Rubén Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, en el liderazgo del CJNG, y tiene posibilidades reales de lograrlo.
La corrupción en México es la rueca que teje las pesadillas de los mexicanos. Hoy ha caído El Mencho incendiando el país, al igual que los lideres del Cártel de Sinaloa Ismael Zambada García y Joaquín Guzman Loera, fue derrocado de su trono y será sustituido por otro capo. Mientras la rueca gire seguirá produciendo nuevos narcos que perpetúen el sistema criminal. ¿Hasta cuando los países consumidores asumirán su responsabilidad como parte de ese mecanismo? ¿Hasta cuando lo harán las naciones que sirven como paraísos para lavar el dinero ilegal?, ¿Hasta que vean sus pueblos arder, como ocurre en México?

Anabel Hernández

Escritora y periodista de investigación mexicana, Anabel Hernández ha desvelado durante décadas, a través de reportajes y numerosos libros, los vínculos de los distintos gobiernos méxicanos con los cárteles. Eso le llevó a sufrir un ataque en su propia casa, del que acusó al que fuera secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, hoy encarcelado en EE.UU.. Ha recibido numerosos premios por su labor periodística.

El debate en España sobre la prohibición del burka y el niqab, fomentado por la propuesta de ley de Vox, cuenta con varios precedentes en Europa. Ocho países en el Viejo Continente prohibieron de manera parcial o total estas prendas promovidas por corrientes ultraconservadoras … del islam (talibanes, salafistas…). Se trata de Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Portugal, Alemania y Bulgaria. El país vecino fue precursor en hacerlo desde octubre de 2010.
Lo ocurrido esta semana en el Congreso en Madrid parece un viaje al pasado de la vida política gala. Desde hace más de 35 años, las polémicas resultan recurrentes en Francia sobre la presencia en instituciones (cámaras legislativas, escuelas, universidades…) o en el espacio público de los distintos velos islámicos, desde aquellos más agresivos respecto al aspecto de la mujer (burka y niqab) hasta otros con un menor impacto.

Tres estudiantes de secundaria fueron expulsadas en septiembre de 1989 de un instituto en Creil, en la periferia norte de París, por haberse negado a quitarse su velo al entrar en el recinto educativo. Ese episodio tuvo un impacto nacional y alimentó acalorados debates hasta 2004. Entonces, la Asamblea Nacional aprobó una ley para prohibir cualquier signo religioso ostentoso –incluía el velo, la kipá y grandes cruces– dentro de las escuelas y los institutos. Francia completó ese arsenal legislativo en 2010 con la legislación sobre el burka y el niqab, que fueron prohibidos en cualquier espacio público.

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Francisco de Andrés

Más de 1.800 mujeres multadas

«El problema del burka no es religioso, sino de libertad y dignidad de la mujer (…). Quiero decir con solemnidad que (el burka) no es bienvenido en el territorio de la República», aseguraba en 2009 el entonces presidente, Nicolas Sarkozy, cuando anunció la medida ante los diputados y senadores reunidos en el Palacio de Versalles. Curiosamente, un representante comunista (André Gerin) resultó clave para que esa propuesta irrumpiera en el debate público en los primeros años de la presidencia del conservador Sarkozy. Gerin estaba harto de las presiones que sufría por parte de salafistas en su circunscripción, en la periferia de Lyon. Y pidió a la Asamblea Nacional que contemplara una medida en ese sentido.
«Cuando Sarkozy afirmó en 2009 que el burka no era bienvenido en la República, solicitó al Consejo de Estado que hiciera un informe sobre ello. Pero ese organismo determinó que no había un fundamento jurídico para prohibirlo directamente, porque en el caso de Francia no representaba un problema para la seguridad», explica a este medio la jurista Lauren Bakir, investigadora en el prestigioso CNRS y especialista en la relación entre derecho y religión. Por ese motivo, el Ejecutivo de Sarkozy apostó finalmente por una ley que no mencionaba directamente el burka ni el niqab, sino las prendas que cubren completamente el rostro, sin responder a una necesidad médica, profesional o lúdica (un disfraz).
El Parlamento la aprobó de manera definitiva el 11 de octubre de 2010. Contó con los votos a favor de los diputados de derechas, del centro y de unos pocos de izquierdas, puesto que la mayoría de los socialistas, comunistas y ecologistas se abstuvieron. En vigor desde la primavera de 2011, incluye multas de 150 euros para las mujeres que no respeten esa decisión, que pueden sustituirse por sesiones de formación a la ciudadanía. También establece una pena de un año de prisión y una sanción de 30.000 euros para los hombres que las obliguen a llevar esas prendas. Hubo poco más de 1.800 personas multadas por la policía durante los seis primeros años desde su entrada en vigor.

La ley establece una pena de un año de prisión y una sanción de 30.000 euros para los hombres que las obliguen a llevar esas prendas

«Una comisión parlamentaria hizo un informe sobre esa cuestión en 2010 y concluyó que solo 1.900 mujeres llevaban burka o niqab en el territorio galo», recuerda Bakir. Actualmente, cuesta ver por las calles de Francia, incluidos los barrios periféricos con una mayoría de población de origen musulmán, a mujeres vestidas de esa manera, aunque sí que resultan mucho más numerosas las que se visten con el velo islámico clásico. ¿Esto se debe a los efectos de esa legislación? ¿O a la poca presencia de inmigrantes procedentes de los países del Golfo –la mayoría de los musulmanes franceses proceden del norte de África–, donde suelen vestirse con esas prendas? Difícil de asegurarlo.

¿Obligación o elección libre?

«Hay una gran confusión entre las que están obligadas a llevar el burka y las que lo llevan libremente. Estudios sociológicos demostraron en 2010 que muchas de las mujeres que lo hacían tenía la nacionalidad francesa y varias de ellas no habían nacido en familias musulmanas y se habían reconvertido al islam», explica Bakir sobre una situación más compleja de lo que parece a primera vista. Aunque Francia es seguramente el país europeo con un arsenal legislativo más denso sobre estas prendas, asociadas a una visión conservadora del islam, las polémicas sobre esta cuestión han sido constantes desde hace 15 años.
«Desde entonces, prácticamente no ha habido un año en que no hubiera una propuesta de ley de este tipo, aunque casi todas ellas no llegaron a ser votadas», explica Bakir. Las únicas medidas que se sumaron a las leyes de 2004 y 2010 fueron, por un lado, una legislación aprobada en 2016 que prohíbe a las trabajadoras de las guarderías que lleven el velo y, por el otro, un decreto en septiembre de 2023 contra la presencia de la abaya (túnica musulmana) en escuelas e institutos.
Las otras sugerencias, en cambio, tuvieron una gran repercusión mediática, pero sin efectos en la realidad. Coincidiendo con la conmoción provocada por el atentado de Niza el 14 de julio (fiesta nacional) de 2016 –hubo 85 víctimas mortales–, varios Ayuntamientos de la Costa Azul prohibieron el burkini en las playas. Pero el Consejo de Estado tumbó esos decretos. El primer mandato del actual presidente, Emmanuel Macron, estuvo marcado por la presión de la mayoría conservadora en el Senado para adoptar una medida que impidiera a las madres llevar el velo durante las excursiones o salidas escolares. Entonces, la mayoría macronista en la Asamblea se opuso y la medida no se concretó.

La multiplicación de propuestas coincidió con el auge en los últimos 15 años de la extrema derecha de Marine Le Pen

Ante algunos casos puntuales de jóvenes que lo llevan cuando juegan al fútbol o a otros deportes, la Cámara Alta aprobó el año pasado un texto para prohibirlo en las federaciones deportivas. Se desconoce, sin embargo, cuándo se debatirá en la Cámara Baja. La derecha tradicional de Los Republicanos presentó en enero una propuesta legislativa para ilegalizar esa misma prenda en las Universidades, aunque no llegó a votarse. Y el ex primer ministro Gabriel Attal, que aspira a presentarse en las presidenciales de 2027, generó controversia al pedir que las menores de 15 años no puedan vestirse de esa manera cuando están en la calle.

Aumento de los actos antimusulmanes
En Francia, el año pasado estuvo marcado por un aumento significativo de los actos racistas contra los musulmanes. Ese tipo de agresiones se incrementaron en un 88% en comparación con el 2024, según datos del Ministerio francés del Interior. Aunque las acciones de odio contra los judíos siguen siendo las más numerosas en el país vecino –hubo 1.320 actos antisemitas, tras una disminución del 16%–, las que afectaron a personas musulmanas subieron hasta 326. La gran mayoría de ellas (un 64%) consistió en agresiones físicas y verbales contra personas de esa confesión religiosa.
El acto antimusulmán más mediático ocurrió a finales de abril con el asesinato de un joven maliense, de 21 años. Se llamaba Aboubakar Cissé y lo mataron mientras rezaba en una mezquita en La Grand-Combe, un pueblo del sudeste del territorio galo. Su asesino se llama Olivier H. y era un francés con raíces bosnias. Poco después de cometer ese homicidio con un cuchillo, publicó un vídeo en que se vanagloriaba por ello exclamando: «¡Tu Alá de mierda! ¡Tu Alá de mierda!», además de expresar su voluntad de convertirse en un asesino en serie. Ese suceso trágico alimentó un acalorado debate sobre si el Ejecutivo galo protege a las personas musulmanas de la misma manera que a las judías o las cristianas.

Esta multiplicación de propuestas coincidió con el auge en los últimos 15 años de la extrema derecha de Marine Le Pen. Su partido no se anda con medias tintas y propone directamente prohibir el velo en cualquier espacio público. Una propuesta que genera numerosas dudas por su difícil aplicación y por su posible inconstitucionalidad. Y, sobre todo, por el riesgo de que tense las frágiles costuras de una sociedad gala cada vez más polarizada.