La candidata derechista Keiko Fujimori volvió a situarse este miércoles por delante del candidato izquierdista Roberto Sánchez al alcanzarse el 98,20% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el pasado domingo. A falta de contar menos del 2 % de los votos, Fujimori obtiene el 50,001 % de los votos válidos al recibir 9.032.189 sufragios, frente al 49,999 % de Sánchez, que suma 9.031.723 votos, lo que deja a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) encaminada a ser la nueva presidenta de Perú por un estrechísimo margen. El lunes, el candidato de Juntos por el Perú había tomado la delantera y consiguió alcanzar una ventaja de hasta 42.000 votos, pero la candidata de Fuerza Popular ha logrado revertir esa diferencia gracias al sufragio desde el extranjero, donde es la más votada. La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) puede, de esa manera, lograr el objetivo que había perseguido en las últimas tres elecciones donde había sido derrotada en la segunda vuelta (2011, 2016 y 2021) y que apunta a conseguir en su cuarta candidatura presidencial. Los votos que restan por escrutarse pertenecen a los emitidos en el exterior y a actas impugnadas, la mayoría de la capital Lima, donde en ambos casos la derechista es la más votada, lo que previsiblemente puede darle el triunfo por unos pocos miles de votos sobre su rival, que compitió en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022). Se trata de la tercera elección consecutiva en Perú que se va a decidir por un margen exiguo de unas decenas de miles de votos, después de que Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo derrotaran a Keiko Fujimori por apenas 40.000 votos en 2016 y 2021, respectivamente.El probable triunfo de Fujimori en esta ocasión supondría el retorno del fujimorismo al gobierno de Perú después de 26 años de la dimisión de su padre por fax desde Japón, tras un decenio donde se afianzó en el poder con un autogolpe de Estado en 1992 y que terminó en medio de un gigantesco escándalo de corrupción. La candidata realizó una campaña de reivindicación total del legado de Alberto Fujimori al prometer gobernar como él, quien según afirma asentó las bases de la estabilidad económica y comercial que permitieron el crecimiento del país en últimas tres décadas, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados el domingo a las urnas para escoger entre Fujimori y Sánchez a la opción que tendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política al haber tenido ocho presidentes, debido a una sucesión de destituciones presidenciales promovidas por el Parlamento. 

La crisis abierta durante meses en el seno del Gobierno británico por la financiación de las Fuerzas Armadas desembocó este jueves en la dimisión del ministro de Defensa, John Healey, quien abandonó el gabinete de Keir Starmer tras rechazar el acuerdo presupuestario que Downing Street … y el Tesoro habían preparado para el futuro Plan de Inversión en Defensa.
En una carta remitida al primer ministro, Healey justificó su decisión al considerar que la propuesta económica presentada por el Gobierno no proporciona los recursos necesarios para responder al deterioro del entorno de seguridad internacional ni para ejecutar los compromisos estratégicos asumidos por Reino Unido en los últimos meses. «Después de explicarle que no podría aceptar un acuerdo para el Plan de Inversión en Defensa que no proporcionara a nuestras Fuerzas Armadas los recursos que necesitan, no me queda otra opción que presentar mi dimisión como ministro de Defensa», escribió.

La salida de Healey constituye el episodio más significativo de una disputa que se arrastra desde la publicación del documento estratégico divulgado por el Ejecutivo laborista el pasado junio con el objetivo de redefinir la política de defensa británica para la próxima década.

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Rosalía Sánchez

Esta revisión establece las líneas maestras para modernizar las Fuerzas Armadas, reforzar la preparación militar del país, acelerar la incorporación de nuevas tecnologías y adaptar las capacidades británicas a un escenario internacional marcado por la guerra en Ucrania, la creciente actividad militar rusa y el incremento de las tensiones en distintos puntos del continente europeo y Oriente Próximo.
Sin embargo, el documento que debía concretar cómo financiar esos objetivos nunca llegó a publicarse, bloqueado por las discrepancias entre el Ministerio de Defensa, el Tesoro y Downing Street acerca del volumen de gasto adicional que el país puede asumir.
Según explica Healey en su carta, los trabajos técnicos concluidos en enero identificaron un aumento de las necesidades operativas y presupuestarias. El exministro sostiene que desde entonces la presión sobre la defensa británica no ha dejado de crecer debido a nuevas responsabilidades internacionales asumidas por Londres, entre ellas el liderazgo de operaciones multinacionales en el estrecho de Ormuz, nuevas misiones vinculadas a la seguridad del Ártico dentro de la OTAN y el mantenimiento del apoyo militar a Ucrania.

Un momento peligroso

El punto de ruptura llegó esta semana. «Su acuerdo financiero para el Plan de Inversión en Defensa, que recibí por primera vez de forma completa el lunes por la tarde de esta semana, se queda muy por debajo de lo que requiere la defensa y de lo que necesita el país en este momento peligroso», explicó el ex ministro, y añadió que «usted no ha sido capaz, y el Tesoro no ha estado dispuesto, a comprometer los recursos que la nación necesita para defender el país en este momento de amenazas crecientes».
Según las cifras conocidas hasta ahora, el plan contemplaba una senda de gasto que elevaría la inversión militar británica hasta el 2,68% del PIB en 2030. El propio Healey defendía que Reino Unido debía fijar como objetivo alcanzar el 3% del PIB en esa fecha, una posición que había trasladado reiteradamente al primer ministro durante las negociaciones. «Otros aliados europeos están dando ese paso», añade la misiva.
En su carta recuerda además que Starmer había advertido recientemente sobre la posibilidad de que Rusia pudiera representar una amenaza directa para la OTAN antes de que finalizara la década. A partir de esa evaluación, argumenta que el nivel de financiación finalmente ofrecido no permite responder adecuadamente a los desafíos identificados. «Sin un Plan de Inversión en Defensa que esté a la altura de este momento, me vería obligado a tomar decisiones que reducirían la preparación de nuestras Fuerzas Armadas, aumentarían el riesgo para el personal desplegado en operaciones y podrían hacer que el país fuera menos seguro», reflexionó.
La dimisión ha provocado reacciones inmediatas en Westminster. La líder conservadora, Kemi Badenoch, afirmó que no le sorprendía la decisión de Healey y sostuvo que «Keir Starmer está destinando menos de la mitad de lo mínimo necesario» en Defensa. Desde los Liberal Demócratas Ed Davey reclamó un mayor esfuerzo presupuestario para las Fuerzas Armadas, y aseguró que «la dimisión de Healey debe servir como una llamada de atención para Starmer». En su opinión, «no podemos permitirnos más años de caos político mientras se pone en riesgo nuestra seguridad nacional».

Este viernes, 12 de junio, entra en vigor el Pacto de Migración y Asilo de la UE. En este Pacto, ansiado por unos y criticado por otros, se introduce el nuevo sistema para la migración, el asilo y la gestión de fronteras y la integración. … Fue en 2024 cuando el pacto entró en vigor, dando inicio a una fase de transición de dos años, pero ahora los gobierno de los países miembros están obligados a implementarlo. Según la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), el pacto «introduce eficiencia en el sistema».
El nuevo pacto, «garantizará que la Unión cuente con fronteras exteriores fuertes y seguras, que se garanticen los derechos de las personas y que ningún país de la UE quede desprotegido ante la presión», según se puede leer en la página web de la Comisión Europea.

Estos son los cuatro pilares de la nueva política de migración y asilo:

Controles fronterizos más estrictos

Esta es la medida estrella: el endurecimiento de los controles en las fronteras exteriores de la UE. Una de las obligaciones va a ser identificar en un plazo máximo de siete días a cualquier persona que cruce de manera irregular una de las fronteras de la UE.
También se reforma Eurodac, una base de datos europea donde recogen las huellas dactilares, y pasará a ser una herramienta de gestión migratoria. Se recogerán imágenes faciales y se rebajara la edad mínima para la toma de datos biométricos de los 14 a los seis años.

Sobre el mecanismo de solidaridad

El Pacto establece un sistema de solidaridad obligatoria para aliviar la presión migratoria sobre los países de primera entrada, especialmente España, Italia, Grecia y Chipre. Los Estados miembros deberán contribuir mediante la acogida de migrantes, apoyo operativo o aportaciones económicas fijadas en 20.000 euros por cada persona que les correspondería reubicar.

Aceleración en el proceso de solicitudes de asilo

El nuevo marco apuesta por acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo mediante un procedimiento exprés que deberá completarse en un máximo de 12 semanas. Durante ese periodo se examinará la petición de protección internacional y, en caso de rechazo, se resolverá también el retorno del solicitante.
Mientras dure el proceso, la persona no será considerada jurídicamente dentro del territorio de la Unión Europea. Este mecanismo se aplicará de forma obligatoria a quienes sean considerados un riesgo para la seguridad o procedan de países cuyos ciudadanos obtengan protección internacional en menos del 20 % de los casos en la UE.

Acuerdos con terceros países

La estrategia europea va más allá de la gestión del asilo. La UE prevé reforzar el control de sus fronteras mediante nuevos sistemas digitales, como EES y ETIAS, destinados a registrar biométricamente a los viajeros y detectar estancias irregulares.
Paralelamente, Bruselas seguirá impulsando acuerdos con países de tránsito y origen, entre ellos Marruecos y Túnez, para contener las salidas migratorias antes de que alcancen territorio europeo.

Más vigilancia tecnológica

Se desplegarán sistemas como: Entry/Exit System (EES), que registrará entradas y salidas de ciudadanos de terceros países. ETIAS, una autorización previa para viajeros exentos de visado. El objetivo es detectar permanencias irregulares y reforzar el control de fronteras.

Fin del sistema improvisado de reparto

Hasta ahora, la reubicación de solicitantes de asilo entre países se hacía mediante acuerdos puntuales y a menudo voluntarios. El nuevo pacto crea un mecanismo permanente para repartir responsabilidades entre los Estados miembros.