La guerra de Irán es el mejor ejemplo de que el eslogan ‘América Primero’ de Donald Trump debería traducirse en realidad como ‘América Sola’. Washington ha contado en este conflicto con el apoyo militar de Israel, que le ha marcado los objetivos y los tiempos … . Pero ningún país europeo ni asiático ha acudido a la llamada del presidente estadounidense para entrar en el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz. Ante una guerra ilegal, mal planificada y no consultada, muchos socios de la UE han limitado el uso de su espacio aéreo y sus bases militares. Los países del Golfo sufren atónitos las consecuencias de la destrucción de la región.
Las capacidades militares exorbitantes de EE.UU. —el 50% de todas las del mundo— y su clara ventaja tecnológica animan a Trump a no enmendar unos modos neoimperiales. Pero los resultados negativos del conflicto de Irán, tanto en el plano internacional como en el doméstico, deberían servir para repensar en algún momento si merece la pena matizar el unilateralismo agresivo. Hay poderosos argumentos para avanzar hacia una colaboración más útil con los países con los que se comparten intereses y valores occidentales.

La OTAN sale muy dañada de la guerra de Irán, acusada por Trump de inacción, y con un secretario general que sobre todo aspira al favor de la Casa Blanca. Esta alianza solo debe actuar en conflictos como el de Irán si uno de sus miembros es atacado —en el caso de Turquía lo fue levemente—.

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En los demás supuestos, es necesaria la unanimidad de sus 32 miembros y, para ello, Estados Unidos debe argumentar, persuadir y consultar, una labor que no ha hecho. Por el contrario, Trump entiende hasta ahora las interdependencias con sus socios como vulnerabilidades, que puede explotar y monetizar. David Rennie ha descrito gráficamente esta mentalidad depredadora hacia los aliados: «Estáis solos y más os vale hacer lo que yo os diga».

El acuerdo para la devolución del archipiélago de Chagos a Mauricio, presentado en octubre de 2024 como un paso decisivo en la resolución de una de las disputas coloniales más prolongadas del Reino Unido, se encuentra ahora bloqueado por factores geopolíticos y estratégicos que van … más allá del marco bilateral.
Lo que en febrero se describía en términos políticos como una pausa, y que el propio Gobierno británico evitaba reconocer formalmente, ha adquirido ahora un carácter inequívoco. El Ejecutivo de Keir Starmer ha optado por archivar ‘de facto’ la iniciativa legislativa tras constatar que no cuenta con el apoyo de Estados Unidos ni con margen en el Parlamento para aprobarla a tiempo.

Según informa la BBC, el Gobierno ha decidido «dejar en suspenso el acuerdo sobre las islas Chagos en medio del deterioro de las relaciones con Donald Trump, después de que Estados Unidos no haya confirmado formalmente su aprobación».

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La decisión responde a una combinación de factores que ya eran visibles en febrero, pero que ahora se han materializado en términos operativos. Por un lado, Estados Unidos no ha formalizado el intercambio de notas diplomáticas necesario para actualizar el tratado bilateral de 1966 que regula el uso de las islas. Dicho requisito es un paso jurídico imprescindible para garantizar la continuidad de la base militar y permitir la entrada en vigor del acuerdo entre Londres y Mauricio. Por otro, el calendario parlamentario británico ha cerrado la ventana de oportunidad para aprobar la legislación correspondiente. Fuentes gubernamentales admiten que «se ha agotado el tiempo para aprobar la ley antes de que el Parlamento sea prorrogado en las próximas semanas», mientras que ya se da por hecho que el proyecto no figurará en el discurso del Rey previsto para mayo.
En el acuerdo, el Reino Unido se comprometía a transferir la soberanía del territorio, conocido oficialmente como British Indian Ocean Territory (Territorio Británico del Océano Índico) a Mauricio. Al mismo tiempo, garantizaría la continuidad de la base militar conjunta con Estados Unidos en la isla de Diego García mediante un contrato de arrendamiento a largo plazo, con un coste estimado de unos 101 millones de libras (116 millones de euros) al año. Sin embargo, la viabilidad política de ese diseño ha quedado comprometida por la posición estadounidense.
Donald Trump, que en fases anteriores había respaldado el planteamiento británico, ha pasado a criticarlo abiertamente. En enero lo calificó como un «acto de debilidad total» y, en febrero, instó públicamente a Starmer a no «entregar Diego García». Como reconoció un portavoz del Gobierno, «siempre hemos dicho que solo seguiremos adelante con el acuerdo si cuenta con el apoyo de Estados Unidos».

Un enclave estratégico

La base de Diego García es central en el acuerdo. Utilizada de forma conjunta por el Reino Unido y Estados Unidos, constituye un enclave estratégico en el océano Índico, clave para operaciones militares y de inteligencia. «Diego García es un activo militar estratégico clave tanto para el Reino Unido como para Estados Unidos. Garantizar su seguridad operativa a largo plazo es, y seguirá siendo, nuestra prioridad; esa es precisamente la razón de ser del acuerdo», señaló el mismo portavoz.
La dimensión geopolítica se ha intensificado en paralelo al deterioro de las relaciones entre Londres y Washington, derivadas de la guerra con Irán y del uso de bases británicas por parte de Estados Unidos.
Lord Simon McDonald, exsecretario permanente del Ministerio de Exteriores británico, afirmó en declaraciones a la prensa que «el Reino Unido tenía dos objetivos: uno era cumplir con el derecho internacional y el segundo reforzar la relación con Estados Unidos». Pero, «cuando el presidente de Estados Unidos se muestra abiertamente hostil, el Gobierno tiene que replantearse la situación, por lo que este acuerdo, este tratado, quedará en el congelador por el momento».

Estados Unidos e Irán se dan cita este sábado en Pakistán para lanzar un nuevo proceso de negociación que ponga fin a la guerra y devuelva la libre navegación al Estrecho de Ormuz, en medio de las líneas rojas mutuas y de las dudas sobre el alcance del alto el fuego pactado ‘in extremis’ cuando expiraba el ultimátum dado por Donald Trump para arrasar con la infraestructura civil iraní y sus amenazas de «borrar una civilización».El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha condicionado el comienzo de las negociaciones al levantamiento de sanciones y a la extensión de la tregua a Líbano, mientras que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha señalado que hay «directrices claras» de Trump sobre cómo negociar con Teherán y ha advertido a la parte iraní que no trate de «engañar» a Washington.El régimen de Teherán acude a este encuentro con «total desconfianza», en palabras del ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, presente en Islamabad para las conversaciones. Asimismo, el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, ha afirmado que si Estados Unidos prioriza sus intereses en las negociaciones de paz que tendrán lugar en Islamabad es «probable» alcanzar un acuerdo «beneficioso para ambas partes y para el mundo». Sin embargo, Aref ha añadido que «si nos enfrentamos a representantes de ‘Israel Primero’, no habrá acuerdo».Las delegaciones están encabezadas respectivamente por el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab, y por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. De los aspectos técnicos se encargarán Araqchi y los asesores del presidente Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff.