Las autoridades de Minnesota -un estado dominado por los demócratas- anunciaron este viernes que iniciarán su propia investigación de la muerte de una activista de Mineápolis a manos de un agente de la policía de inmigración y aduanas (ICE, en sus siglas … en inglés). Lo comunicaron el mismo día en el que se reveló el vídeo de la cámara del teléfono del agente que disparó a la víctima, Renee Nicole Good, estadounidense, de 37 años y madre de tres hijos.
El incidente, que ha redoblado la tensión en esa ciudad y otras de fuerte implantación demócrata por la mano dura migratoria de Donald Trump, iba a ser investigado en un principio por el FBI -que depende de la Administración Trump- y la Oficina de Persecución Criminal de Minnesota (BCA). Pero el fiscal federal del distrito afectado -también dependiente del Gobierno federal- decidió después que la investigación quedaría únicamente en manos del FBI. Con ello, las autoridades locales no podrían tener acceso a las pruebas, documentos e interrogatorios de la investigación federal.

Esa decisión ha provocado la indignación de las autoridades locales, que han decidido emprender su propia investigación, como anunciaron tanto el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, como la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty.
BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0— Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026
La decisión de la Administración Trump se toma en medio de visiones antagónicas sobre lo ocurrido en el incidente. Contra lo que mostraron los vídeos tomados por testigos, el Departamento de Seguridad Nacional -del que depende ICE- ha mantenido que se trató de un caso de «terrorismo doméstico» perpetrado por Good, a la que acusan de haber tratado de embestir y matar al policía. Los líderes locales han calificado esta postura de «propaganda» o «narrativa basura».

En una reunión este viernes en la Casa Blanca, Donald Trump ha exigido a un grupo amplio de ejecutivos del sector petrolero invertir al menos 100.000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolera venezolana y cumplir su objetivo de «revivir» el sector. … Según su planteamiento, Estados Unidos vendería durante un largo periodo el crudo venezolano, generando ingresos suficientes para enderezar el país y, de paso, reducir los precios del petróleo a escala mundial. Es una visión ambiciosa, con ecos de grandes reconstrucciones del pasado, pero que no termina de convencer a quienes deberían ejecutarla.
Sobre la mesa hay una promesa presidencial de inversión masiva y, al mismo tiempo, un listado preciso de condiciones que las grandes petroleras consideran imprescindibles antes de comprometer capital, personal y tecnología en uno de los entornos más inestables del mercado energético global.
En la reunión han estado representadas grandes petroleras con historial en Venezuela y otras interesadas en entrar si cambian las condiciones. Entre las citadas por fuentes del sector figuran Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell, Valero, Marathon, Halliburton, Trafigura, Vitol, Eni y la española Repsol, además de compañías medianas y de servicios energéticos. La Administración busca ampliar el abanico ante las reticencias de las ‘majors’ a asumir compromisos inmediatos de inversión.

Repsol mantiene una presencia histórica en Venezuela a través de empresas mixtas con PDVSA, y en proyectos de gas como Cardón IV. El país concentra una parte relevante de sus reservas y producción, aunque su actividad ha estado condicionada por sanciones y licencias. La compañía acude con el interés de preservar activos, reactivar exportaciones y clarificar el marco legal y fiscal antes de cualquier aumento de inversión.
En la reunión, el presidente Trump ha saludado, entre otros, al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. A continuación, ha defendido sus acciones en Venezuela al afirmar que, de no haber intervenido Estados Unidos, «China o Rusia habrían tomado el control del sector». Trump ha añadido que no ve necesaria «una segunda ronda de ataques», al considerar que la presencia naval estadounidense en la zona es suficiente. «Tenemos una enorme armada allí, la gente del país se lleva muy bien con nosotros y lo están haciendo bien, así que no hay que usar esos barcos que tenemos desplegados», ha afirmado.
Después ha dado la palabra a los máximos directivos de tres grandes empresas del sector con intereses históricos en Venezuela: Mark Nelson, de Chevron; Darren Woods, de Exxon Mobil; y Ryan Lance, de ConocoPhillips. Los tres han coincidido en que los recursos del país son «enormes» y «muy ricos», y han expresado su disposición a regresar si se ofrecen garantías claras. Woods ha subrayado en particular la necesidad de «seguridad para las inversiones y para los accionistas».
En el grupo de 23 directivos invitados ha habido representantes de compañías como Marathon Oil, Halliburton o Hilcorp. Su estimación es que podrían entrar a explotar recursos en Venezuela en cuestión de semanas.

Aumentar la producción

Del lado de la Administración, lo que se pide a las empresas es claro: una implicación sostenida, a gran escala y con rapidez. Washington busca compromisos que permitan aumentar la producción en cientos de miles de barriles diarios, reconstruir campos maduros, rehabilitar refinerías, puertos, oleoductos y sistemas eléctricos, y devolver a Venezuela una capacidad exportadora cercana a la de antes del colapso del sector. Todo ello con la expectativa de que las compañías asuman riesgos iniciales elevados a cambio de acceso privilegiado a las mayores reservas probadas de crudo del planeta.
La Casa Blanca también espera algo más que inversión. Pretende que las petroleras actúen como ancla de estabilidad, generen empleo, aporten tecnología y contribuyan a normalizar el funcionamiento de PDVSA bajo un nuevo marco político. En el discurso oficial, la entrada del capital privado serviría como palanca para consolidar una transición, reforzar el control institucional y reducir la influencia de actores externos considerados adversarios de Estados Unidos.

La Casa Blanca pretende que las petroleras actúen como ancla de estabilidad, generen empleo, aporten tecnología y contribuyan a normalizar el funcionamiento de PDVSA

Frente a ese planteamiento, las empresas han llegado a la reunión con un enfoque mucho más prudente. La consigna compartida era evitar promesas firmes y ganar tiempo. Los ejecutivos no discuten el atractivo geológico de Venezuela ni el potencial de rentabilidad a largo plazo, pero subrayan que el contexto actual no justifica compromisos inmediatos de decenas de miles de millones de dólares. Para ellos, el problema no es el petróleo, sino todo lo que rodea al petróleo.
La primera exigencia es el Estado de derecho. Las compañías reclaman garantías de seguridad jurídica, protección de activos, respeto a los contratos y un marco legal estable que no pueda revertirse con cada cambio político. Recuerdan que el sector fue militarizado, que las instalaciones han sufrido robos sistemáticos y que existe un historial de detenciones arbitrarias y toma de rehenes. Sin un entorno mínimamente previsible, enviar personal y equipos a zonas remotas del país es, a su juicio, una apuesta excesiva.

Estabilidad política

La segunda condición es la estabilidad política. Los proyectos necesarios para recuperar la producción exigirían más de una década y una inversión anual superior a los 10.000 millones de dólares. Ese horizonte supera con creces el ciclo político estadounidense y obliga a pensar en gobiernos futuros, tanto en Washington como en Caracas. Las petroleras dudan de que las garantías ofrecidas por una sola Administración basten para proteger inversiones a tan largo plazo si no existe un consenso político amplio y duradero.
Un tercer punto clave es el marco fiscal y regulatorio venezolano. Las empresas consideran disuasorio el actual sistema de empresas mixtas obligatorias, con regalías del 30% y un impuesto sobre la renta del 60%. A eso se suma la necesidad de levantar sanciones y facilitar el acceso a diluyentes y suministros esenciales para procesar el crudo pesado venezolano. Sin cambios profundos en esas reglas, el retorno de la inversión resulta poco atractivo frente a otras opciones globales.
También pesa el pasado. Varias de las grandes petroleras presentes este viernes —o invitadas— fueron expropiadas en 2007 y aún reclaman decenas de miles de millones de dólares en compensaciones. Para ellas, cualquier regreso pasa por aclarar cómo y cuándo se saldarán esas deudas. La idea de que las indemnizaciones se paguen con futuros ingresos petroleros controlados por Estados Unidos no disipa todas las dudas, sobre todo a corto plazo.

Las protestas en Irán entran en su tercera semana y la cifra de muertos oscila entre los 28, certificados por Amnistía Internacional, los 40 registrados por organizaciones de derechos humanos como HRANA, con base en Estados Unidos, o los 51 contabilizados por Iran Human Rights, … con sede en Noruega. Al hilo de las manifestaciones, el fiscal de Teherán ha amenazado con que «aquellos que cometan sabotaje, quemen propiedad pública y participen en enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad se enfrentarán a la pena de muerte».
La noche del jueves registró las movilizaciones más concurridas y violentas y el Líder Supremo, Alí Jamenei, compareció ante la nación en un discurso televisado en el que arremetió contra los manifestantescalificándolos de vándalos y acusándolos de intentar «complacer» a Donald Trump. Jamenei lamentó que «hay personas cuyo trabajo consiste únicamente en la destrucción» y, sobre los altercados de la noche, aseguró que «un grupo de vándalos dañó edificios que pertenecen a su propio país solo para complacer al presidente de los Estados Unidos».
Día a día más personas se suman a unas movilizaciones que suelen ser pacíficas protestas por la grave situación económica durante la tarde, que se vuelven violentas manifestaciones anti régimen por la noche. La cúpula del sistema islámico está divida entre la llamada al diálogo del sector reformista, liderado por el presidente Masoud Pezeshkian, que pidió no intervenir ante las movilizaciones pacíficas, y la mano dura defendida por la Guardia Revolucionaria para cortar el problema lo antes posible. El Líder Supremo adelantó que no tolerarán que la gente se comporte como «mercenarios a las órdenes de extranjeros».

La situación se complica y muestra de ello es que el régimen islámico ha cortado el servicio de Internet en el país, según ‘NetBlocks’, un grupo de monitoreo de Internet, algo que no hacía desde la guerra de 12 días contra Israel de junio. También se ha cortado el servicio de teléfono y mensajes al extranjero. Se vuelve a cumplir una norma que dice que cuanto mayores son los problemas en las calles, menor es la velocidad de Internet. La república islámica se enfrenta al descontento interno, al tiempo que crecen las amenazas externas de Estados Unidos e Israel.

Teherán, en llamas

La noche del jueves registró los incidentes más graves hasta el momento en Teherán donde, quienes pudieron superar el bloqueo de comunicaciones, compartieron videos captados con teléfonos en los que se veían marchas de miles de personas. En medio del apagón de comunicaciones, la televisión nacional ofreció imágenes de varios autobuses, camiones y coches incendiados y de marquesinas y mobiliario urbano destrozado. El canal oficial señaló a «agentes terroristas» como responsables de la espiral de violencia. No hubo un balance de muertos, heridos y detenidos
Ebrahim Azizi, jefe del comité de seguridad nacional y política exterior del Parlamento, denunció que «se ha activado el rompecabezas de la desestabilización; un rompecabezas que la nación iraní no permitirá que se complete». El jefe del poder judicial, Gholam Hossein Mohseni Ejei, fue más allá y declaró a los medios que el Gobierno no mostrará clemencia porque «esta vez es diferente. Esta vez no quedan excusas. El enemigo ha anunciado oficialmente su apoyo. Digo al pueblo y a las familias que esta vez nadie se salvará».
Como ocurriera en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral, el régimen acusa a elementos externos de intentar desestabilizar la situación para propiciar un cambio de régimen, no hay apenas autocrítica por una situación económica límite para los ciudadanos con un rial en caída libre frente al dólar. Además de la capital, Mashhad, Bushehr, Shiraz e Isfahán registraron manifestaciones importantes y los mayores bazares del país permanecen cerrados. Esta revuelta que estalló el 28 de diciembre puede considerarse una especie de «revolución de los bazares», uno de los puntos clave de la vida en Irán.

Sin oposición

El apagón informativo dentro del país contrasta con la fuerte presencia en redes sociales de unas protestas que son la principal noticia en los medios israelíes. El veterano analista Danny Citrinowicz alertó de que «los acontecimientos en Irán son sin duda dramáticos, pero por el momento parece que el régimen, pese al desafío creciente, sigue resistiendo. Cuanto más se prolongue y se vuelva más extremo el episodio, mayores serán las probabilidades de cambios dramáticos dentro del régimen (movimientos de cargos, empezando por el presidente). Dado que no existe una oposición con liderazgo organizado (al menos por ahora), es más probable que veamos primero un cambio dentro del régimen que un cambio de régimen. En cualquier escenario, es dudoso que el régimen renuncie fácilmente a su control sobre Irán».
Cada vez que los iraníes se han echado a las calles en los últimos años, la energía popular se ha ido sofocando por culpa de la represión y falta de liderazgo entre la oposición, aplastada dentro del país y dividida en el exterior. En estos días grupos políticos kurdos, el Consejo de Coordinación de Partidos Azeríes y Reza Pahlavi, hijo del depuesto Sha de Irán han llamado a la gente a salir a las calles. Pahlavi difundió un mensaje de vídeo para pedir que quienes se oponen al gobierno debían salir a las calles a las 20:00 del jueves. Los seguidores del Sha consideraron que la fuerte afluencia de manifestantes se debió a este mensaje y compartieron vídeos en los que se podían escuchar gritos a favor de la monarquía. Los críticos con el monarca mantienen que su popularidad es nula en las calles.
Pahlavi, que reside en Estados Unidos y mantiene estrechos vínculos con Israel, lidera la facción monárquica de la fragmentada oposición iraní. Tras las movilizaciones del jueves por la noche aseguró que «millones» de iraníes se echaron a las calles y escribió en redes sociales su agradecimiento «al líder del mundo libre, el presidente Trump, por reiterar su promesa de exigir responsabilidades al régimen. Ha llegado el momento de que otros, incluidos los líderes europeos, sigan su ejemplo, rompan su silencio y actúen con mayor decisión en apoyo del pueblo de Irán».
El hijo del Sha tenía previsto reunirse con Trump en Mar-a-Lago durante el fin de semana, pero el presidente estadounidense desestimó esta reunión y expresó en el pódcast ‘The Hugh Hewitt Show’ que «creo que deberíamos dejar que todos salgan ahí fuera y ver quién emerge. No estoy seguro de que necesariamente sea algo apropiado de hacer». Parece que Trump no tiene claro que Pahlavi sea la persona indicada para un posible cambio en la república islámica.